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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/320341-concentracion-de-medios-colegio-de-periodistas-respalda-denuncia-al-cntv-contra-dueno-de-la-red-y-telecanal/?hl=%2Btelecanal&do=findComment&comment=22578240 10 Octubre 2017 Por eventual obtención ilegal de las concesiones televisivas que denunció El Mostrador CNTV formula cargos contra las empresas de "El fantasma" que controlan Telecanal y La Red La entidad, luego de escuchar los argumentos de ambas sociedades, controladas en la práctica por el empresario mexicano Ángel González, podría determinar sanciones. Desde una multa hasta la caducidad de la concesión. En la sesión del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) del 26 de septiembre, la entidad decidió formular cargos contra dos sociedades ligadas a canales de televisión, Canal Dos S.A., y Compañía Chilena de Comunicaciones S.A., que controlan las estaciones Telecanal y La Red, y cuya doble concesión fue denunciada por El Mostrador. Ángel González, conocido como 'El Fantasma', controla en Chile ambas señales contraviniendo la ley que lo prohíbe y posibilitando –con la migración a televisión digital y la aquiescencia de la Subtel del actual Gobierno– que el grupo transnacional, protagonista de varios escándalos de corrupción en América Latina y listado en los Panama Papers, alcance una inédita y enorme concentración televisiva en nuestro país. La decisión se tomó “por supuesta infracción al artículo 15 y 18 de la Ley Nº18.838, que se configuraría en el procedimiento de otorgamiento de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción. Los Consejeros Roberto Guerrero y María de los Ángeles Covarrubias, estuvieron por desechar la denuncia Ingreso CNTV N° 1835 y archivar los antecedentes. Se deja establecido que la formulación de este cargo no implica prejuzgamiento de culpabilidad y que se queda a la espera de los descargos de la concesionaria, quien tiene el plazo de cinco días para hacerlo. Notifíquese a las concesionarias denunciadas, acompañando en copia simple el texto íntegro de la denuncia objeto de este procedimiento”, según consigna el acta disponible en la web del CNTV. Los hechos se configuran a partir de la denuncia hecha por el abogado Luis Cuello el 26 de julio de este año. A partir de este texto, el CNTV fundamentó su decisión en las siguientes infracciones eventuales a la ley. “[La denuncia] dice relación con dos infracciones legales, la primera, la obtención con infracción de ley, de la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción otorgada a CANAL DOS S.A., pues según el denunciante, se habría omitido el hecho de que COMPAÑÍA CHILENA DE TELEVISIÓN S.A., controla o administra a la primera sociedad, y hoy en día ambas pertenecen a un mismo grupo empresarial, infringiendo de este modo la prohibición del artículo 15° inciso final de la Ley N° 18.838, en los términos de su redacción a la época, y en consecuencia el hecho de haber omitido la concesionaria al momento de su postulación y otorgamiento de la concesión ésta información; enseguida, denuncia además el incumplimiento de la norma del artículo 18 de la Ley N° 18.838, en tanto durante el período de tiempo comprendido entre 11 de abril de 2011 y 18 de abril del mismo año, el Director y representante legal de Canal Dos S.A., habría sido el ciudadano mexicano Juan Salvador González Estrada, lo que en su concepto vulnera la prohibición del artículo 18 recién mencionado, y acarrearía la caducidad de la concesión, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del número 4 del artículo 33 de la Ley N° 18.838”. Tal como detalló El Mostrador, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se entregó una concesión a Telecanal, jurídicamente en regla. Pero que en la práctica implica que el empresario mexicano Ángel Gonzalez, dueño de La Red tenga dos canales en Chile, lo que está legalmente prohibido. Esto sin tener en cuenta el controvertido perfil empresarial de Ángel González, que tiene presencia mediática en varios países de Latinoamérica. “El hecho que la resolución haya obtenido una contundente mayoría demuestra la seriedad de los argumentos y antecedentes que presentamos ante el CNTV. Esta es, a nuestro juicio, una gran oportunidad para que el Consejo restablezca el imperio de la ley. La gravedad de las irregularidades de los dueños de La Red traducida en el uso de testaferros y sociedades en paraísos fiscales para cometer fraude a la ley demandan una respuesta enérgica. La resolución que formula cargos constituye un hecho inédito en la historia de este grupo mediático en América Latina que ha operado, hasta ahora, en completa impunidad”, afirma Luis Cuello. La situación puede resolverse en las próximas sesiones del CNTV que debe evaluar los descargos de ambos canales y luego decidir si sanciona a ambas sociedades. En este caso, el CNTV puede aplicar desde una multa, hasta la caducidad de la concesión de Telecanal, que quedaría sujeta a concurso. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/10/cntv-formula-cargos-contra-las-empresas-de-el-fantasma-que-controlan-telecanal-y-la-red/
  2. 04 Mayo 2017 Salud pidió a Banco Mundial evaluar sistema de concesiones hospitalarias La idea es que organismo analice realidad nacional y entregue un análisis técnico sobre los beneficios y desventajas del modelo. Se indagará experiencia de recintos de La Florida y Maipú. Ministra dijo que se busca estudio “sin sesgo ni miradas políticas”. Expertos y diputados criticaron que revisión se realice al término del gobierno y a tres años del retiro de proyectos concesionados. Un análisis del sistema de concesiones hospitalarias, aplicado a la realidad de Chile encargó el Ministerio de Salud al Banco Mundial. Así lo informó la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien dijo que la idea es tener un pronunciamiento técnico sobre los beneficios y desventajas del modelo. “Ya terminamos el marco de referencia para que el Banco Mundial nos estudie y evalúe si efectivamente Chile es un buen país para tener hospitales concesionados. Alguien objetivo, desde fuera, sin sesgo, sin miradas políticas y sin ninguna señal que pueda interferir con las percepciones personales que pudiéramos tener en el país, y que nos dé una respuesta técnica”, dijo Castillo. La revisión arrojaría resultados durante el segundo semestre de este año e incluirá un análisis de la operación de los recintos concesionados Eloísa Díaz, de La Florida, y El Carmen, de Maipú, además de los tres que se están edificando bajo el mismo modelo: Antofagasta, Salvador Geriátrico y Félix Bulnes. Todo, para obtener “claridad de si vale la pena o no continuar con este método”, añadió Castillo. El anuncio de la cartera generó inmediatas reacciones. Ello, pues el debate en torno a las concesiones ha marcado la actual administración, que a pocos meses de asumir desechó continuar el sistema que impulsó el gobierno pasado, incluso frenando seis hospitales programados para edificarse bajo ese sistema: Quillota-Petorca, Curicó, Linares, Marga-Marga, Chillán y Sótero del Río. Actualmente, a tres años del hecho, sólo los dos primeros han iniciado obras, mientras que el resto está en etapa de licitación. Lo anterior, sumado a las importantes reducciones y retrasos que ha experimentado el plan de inversiones que anunció el gobierno -que comprometió dejar 20 hospitales construidos, 20 en obras y otros 20 en licitación- ha mantenido en tela de juicio la pertinencia y conveniencia de la construcción sectorial, así como las críticas a la suspensión del modelo de concesiones. “Esto demuestra que el gobierno actuó siempre con sesgo ideológico. Primero rechazó las concesiones rotundamente y hoy, con los problemas que tienen en la construcción de hospitales, se abren a ella, después de haber perdido tres años. Es grave”, dijo el diputado Javier Macaya (UDI). En tanto, su par DC Víctor Torres planteó que “la política de concesiones hospitalarias permitió contratos abusivos y perjudiciales para el Estado. Creo que no debemos volver a abrir una puerta en ese sentido. No obstante, quizás debiéramos revisar un mecanismo que sólo involucre la construcción de hospitales y excluya su administración”. Mientras, la diputada (ind.) Karla Rubilar manifestó que “esta es una forma elegante de reconocer que se equivocaron y están buscando herramientas para cambiar de opinión. La promesa de que los hospitales al ser sacados de concesión serían más rápidos y baratos, fue una mentira. Lamentablemente, no es posible devolver el tiempo y reparar estas decisiones”. Por su parte, el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, criticó la oportunidad del anuncio. “Esta evaluación es extemporánea y debieron haberla hecho antes de desechar las concesiones. Es inconsecuente políticamente, porque ya se tomó una decisión y crecieron las listas de espera”. Matías Goyenechea, de la Fundación Creando Salud, sostuvo que la revisión “se tendría que haber realizado hace bastante tiempo” y destacó que “el Banco Mundial es un organismo que sí tiene un sesgo político y no es neutral, ya que se ha pronunciado favorablemente al modelo de concesiones”. Programa Desde Salud informaron que la revisión del modelo de concesiones, para ser aplicado a áreas ajenas a obras viales -como hospitales, cárceles y edificación pública-, estaban considerados en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo cual la solicitud al Banco Mundial vendría a cumplir un compromiso de la administración. Con todo, el debate repite el escenario de fines de 2015, cuando una reducción en el presupuesto de Salud obligó al ministerio a modificar el Plan de Inversiones, dejando mayoritariamente hospitales de mediana complejidad comprometidos para quedar terminados y, dejando “la puerta abierta a las concesiones”, como opinó en su momento el diputado PS Juan Luis Castro. Lo anterior tuvo como desenlace la renuncia de la ex subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, quien había defendido la construcción sectorial y el plan de inversiones original. En tanto, dentro del conglomerado oficialista las concesiones generan opiniones cruzadas. Esta semana, la abanderada DC para las elecciones presidenciales, Carolina Goic, planteó, en un eventual gobierno, recurrir al modelo. “Tenemos que abrirnos a distintas modalidades para la construcción de hospitales. La discusión que hemos tenido sobre la posibilidad de que privados participen en una concesión ha quedado más bien desde la trinchera ideológica negada”, planteó. En tanto, Juan Luis Castro sostuvo que “me llama la atención de por qué ahora pedir una revisión externa si se ha navegado tres años sin eso, aunque estoy de acuerdo con que se hayan sacado las concesiones”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/salud-pidio-banco-mundial-evaluar-sistema-concesiones-hospitalarias/
  3. Los proyectos elegidos y excluidos de la agenda de concesiones a cinco años Plan 2016-2021 tiene 31 obras, entre carreteras, aeropuertos y corredores para transporte público. Entre las iniciativas sin fecha de licitación están la ruta a centros de esquí y el teleférico de Iquique. A comienzos de abril pasado el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, anunció que su cartera dejaría de evaluar para el año en curso proyectos de concesiones -tales como carreteras, aeropuertos, embalses y otros asociados al transporte público- y que, en cambio, elaboraría un conjunto de ideas a desarrollar en un horizonte de cinco años plazo. Así se plantearon 31 obras para licitar entre 2016 y 2021, con una inversión total de US$ 8.289 millones. La Lista, a la que tuvo acceso La Tercera vía transparencia, ya fue presentado para su evaluación al Consejo de Concesiones, ente transversal de carácter consultivo e integrado por profesionales asociados a la infraestructura. Se trata de un grupo de iniciativas priorizadas para ser impulsadas a contar del próximo año, entre las que destaca la Costanera Central y la Conurbación La Serena-Coquimbo. También se incluyeron otros 10 proyectos que, si bien han sido anunciados, no cuentan con fecha para licitación. Entre estos últimos, que en total suman US$ 1.146 millones de inversión, destacan la Ruta G-21, presentada como la primera autopista a los centros de esquí que están en la cordillera de la comuna de Lo Barnechea; el teleférico de Iquique, y los corredores del Transantiago en Independencia y Melipilla, entre otros. El ministro Undurraga explicó que “el hecho de que estén en la planificación (pero sin fecha definida), es porque existe la voluntad de realizarlos, y eso puede suceder de forma inmediata o tardía”. Añadió que el desarrollo de estos proyectos “depende de que se resuelvan los nudos que tienen. Por ejemplo, en la carretera Pie de Monte, en Concepción, hay un tema territorial y medioambiental que resolver; en la G-21 se está revisando el nivel de respuesta que debe tener la empresa (futuro concesionario) ante la caída de nieve. Resolviéndose estos problemas, entran inmediatamente en agenda”. Como la lista de obras irá variando a medida que transcurra la actual administración, pero abarcando un horizonte de cinco años, Undurraga aseguró que al finalizar el gobierno, en 2018, la agenda a presentar será pensada en el período 2018-2024. “La idea es desacoplar esta cartera del ciclo político (...) y gatillar una inversión promedio al año de US$ 2.000 millones”, dijo. La cartera y el nuevo mecanismo a cinco años, fue valorado por Carlos Piaggio, gerente de infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), quien dijo que “el hecho de que el Consejo de Concesiones apruebe estos proyectos le da una validación a esta agenda y confirma el compromiso de que se quieren desarrollar. Sin embargo, da cuenta también de que el sistema tiene un límite de no poder generar más de cinco o siete proyectos anuales”. Período 2016-2017 Para el ciclo en curso, que va de marzo de 2016 al mismo mes de 2017, el MOP priorizó siete proyectos, tales como Américo Vespucio Oriente 2; el teleférico Bicentenario, que unirá Providencia con Huechuraba y Rutas del Loa, cuyo contrato fue finalizado anticipadamente por supuestos incumplimientos de la concesionaria. Este mecanismo a cinco años fue incorporado para convertirlo en ley en dos proyectos: el que crea la Dirección General de Concesiones y el del Fondo de Infraestructura, que están iniciando su trámite en la Cámara de Diputados y en el Senado, respectivamente. www.latercera.com
  4. Salud revalúa modelo de concesiones como opción para el próximo gobierno La ministra Castillo, en su defensa a la acusación constitucional, planteó que "no es necesariamente mejor" el modelo estatal o el privado. Dijo que está evaluando la calidad y eficiencia de los cinco recintos externalizados, como fórmula para la próxima administración. “No es necesariamente mejor construir mediante la modalidad de concesión o que el Estado lo haga. Lo que le importa a la comunidad es que exista un hospital, y la autoridad deberá resolver caso a caso cuál es la mejor manera de proveerlo”, plantea el escrito de defensa de la Ministra de Salud, Carmen Castillo, que busca rebatir los fundamentos de la acusación constitucional presentada en su contra. El documento, de 114 páginas, formula reparos a los postulados de la oposición, y aborda, entre varios ítemes, los plazos de la Ley Ricarte Soto, el cumplimiento del Auge y la ejecución presupuestaria. Y sobre la inversión en infraestructura y la conveniencia de externalizar las obras, afirma que “nuestro foco debe estar en las personas y en cómo podamos proveerles el mejor servicio posible con los recursos disponibles. Para ello no existe una sola receta”. Se añade, además, que el ministerio está revisando la experiencia de los recintos desarrollados bajo el modelo público-privado. “Esperamos evaluar en un plazo prudente los cinco hospitales que ya están concesionados, teniendo en mente la mejor calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad”. Al respecto, Castillo dijo ayer que en el sector hospitalario “siempre hemos tenido concesiones en observación, no existe esa limitación”. Agregó que se busca “no cerrarnos a la posibilidad, pero tenemos claro que durante este gobierno no es posible iniciar una concesión, dado que al menos demora 18 meses iniciar procesos y estaríamos terminando”. Las conclusiones que se sacarán de los que ya existen, explicó, servirá a la próxima administración. “La parte hospitalaria y construcción de atención primaria nos obliga a pensar en una fórmula que quede para el próximo gobierno” y que por ahora “estamos trabajando con el sistema tradicional”. Tras conocer la postura de Salud, el gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Piaggio, enfatizó que “primó la sensatez, y esto demuestra que había una discusión más bien ideológica y no más bien orientadas a obtener soluciones más concretas”. Piaggo, planteó también que “para las personas es indiferente si el hospital se hace vía concesión o fondos públicos. Lo que busca la gente es tener una infraestructura de calidad y por eso celebramos y estamos muy de acuerdo con lo expresado por la ministra, en términos de que no se cierra a reimpulsar o restudiar el sistema de concesiones para infraestructura hospitalaria”. Defensa de la acusación Flanqueada por los ministros de la Secretaria General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, y el vocero, Marcelo Díaz, Castillo negó faltas a la Carta Fundamental y a las leyes. Mientras, su abogado, Javier Couso, defendió su gestión y argumentó una inadmisibilidad jurídica de la acusación, criticando “falta de conocimiento” en el uso de la herramienta y su redacción, “a la rápida”. “Esta acusación carece de un mínimo estándar de fundamentación y con ello viola la Constitución”. Precisó, además, que “no puede ser admitida, no cumple los requisitos formales que exige la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y vulnera los principios del debido proceso”. Entre los cuestionamientos de fondo, Salud informó que el endeudamiento responde, en parte, al Auge y al alza en el precio de los medicamentos y que se logrará llegar al 85% de la ejecución presupuestaria. La diputada independiente Karla Rubilar sostuvo que los argumentos de la defensa para “ningunear” la acusación fueron “básicos”. El presidente de la instancia, Lautaro Carmona (PC), en cambio, dijo que “el abogado se refirió jurídicamente y en detalle a cada uno de los capítulos y eso ayuda a tomar decisiones”. Castillo, planteó que lo spuntos de defensa fueron “de gran potencia” y que “para nosotros no hay sustento” para continuar con la acusación. Ahora, la comisión tiene seis días para elaborar el informe que debe votar la Cámara. www.latercera.com
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