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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326842-caso-luchsinger-mackay-ingresan-tres-recursos-de-nulidad-por-sentencia-absolutoria-del-caso-luchsinger-mackay/?hl=%2Bluchsinger&do=findComment&comment=23005678 02 Diciembre 2017 Juez que absolvió a comuneros en caso Luchsinger: “Es un honor ser calificado de garantista” Hace unas semanas, José Ignacio Rau, miembro del Tribunal Oral de Temuco, liberó a 11 comuneros mapuches que fueron absueltos por el brutal crimen ocurrido en 2013. Vestido con una chaqueta roja, aseguró que no hubo pruebas para “derribar la presunción de inocencia” de los inculpados. Hoy, defiende el fallo, critica la calidad de la investigación en el caso Luchsinger y asegura que fue la fiscalía la que no pudo justificar una condena. “Esa chaqueta roja me la compré en Roma, en mi último viaje a Europa, y la esperaba usar en algún momento. Me gusta el rojo, me gustan mucho los colores. ¡Y es eso! No había ningún otro mensaje detrás en el uso de ese atuendo”. El juez oral de Temuco, José Ignacio Rau Atria, quien presidió las audiencias del segundo juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, afirma a Reportajes que no pensó que su vestimenta el día del veredicto causaría impacto y que -incluso- se abriría lo que califica “un absurdo debate” de cómo un magistrado debe vestir al momento de administrar justicia. “Juramos cumplir con la Constitución y la ley. La dignidad de la magistratura está en ese apego, no en cómo uno vista”, dice. No oculta cierta decepción de que ese día su chaqueta roja haya captado más la atención que la resolución que dictó -junto a los jueces Patricia Abollado y Luis Torres- y en que se absolvió a 11 personas acusadas por la fiscalía de participar en el asesinato del matrimonio ocurrido el 4 de enero de 2013 en el fundo La Granja Lumahue, en Temuco. “Yo me visto de manera distinta, uso pañuelos, humitas de colores celeste, rojo, azul, siempre… Obvio que después me di cuenta de una situación que no preví: muchísima gente se distrajo del fondo trascendente de lo que estaba ocurriendo en ese acto republicano, la culminación después de un juicio larguísimo, con una relevancia muy importante para la manera de investigar casos de esta magnitud”, señala. Rau tiene 49 años. Ingresó al Poder Judicial en 1998, fue juez de letras en Panguipulli, Natales, juez de garantía en Castro y secretario de la Corte de Apelaciones de Temuco, además de dirigente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM). Su labor gremial -según cercanos- la ejerce con intensidad, al igual que la mayor pasión de su vida: la música. Desde hace 40 años canta. Su actividad coral partió a los nueve años y se ha consolidado llegando a ser tenor solista del coro de cámara de la Universidad de la Frontera y participado en festivales internacionales. Es primo del también abogado y militante socialista Fernando Atria, de quien es muy cercano. Crecieron juntos y, pese a estudiar la misma carrera, tomaron caminos muy distintos: “Fernando es un prestigioso abogado constitucionalista y político. Yo, al ser juez, elegí la prescindencia política. Hay respeto y admiración mutua, en algunas cosas coincidimos, en otras no tanto”, dice. En lo que ambos concuerdan y defienden es la relevancia del respeto al debido proceso y el rol que en ello juega el Poder Judicial para resguardar el control de las garantías de los ciudadanos ante el poder del Estado y las policías. Así lo dejaron de manifiesto Rau y sus colegas en el fallo del caso Luchsinger, del 14 de noviembre, y en que asestan una dura crítica al actuar de la fiscalía y Carabineros. El juicio En el fallo señalan que entienden el dolor de la familia. ¿Cómo se explica que un caso como este tenga solo un responsable? Una primera cuestión, y lo digo en lo personal, aunque lo conversamos también con los jueces de la sala, es que este hecho es brutal. Lo vivido en sí por esta familia en esta causa fue desgarrador y espantoso. Ninguna persona en este país, menos nosotros, hubiese querido que esto quedara impune. ¿Qué pasó, entonces? Lo que la gente debe entender es que la labor de los jueces es analizar la calidad de la prueba que se rinde en un juicio para establecer si es posible o no condenar a tales o cuales personas. La labor de un juez no es actuar como justicieros en este país. Es ejercer el último bastión de control de la legalidad de una investigación y del estado de derecho. La fiscalía insiste, pese a la absolución, en que los acusados participaron en el crimen. ¿Qué responsabilidad le cabe al Ministerio Público? La sentencia lo dice claramente. Nosotros evaluamos la prueba y no llegamos al convencimiento de que aquella fuera suficiente para condenar. En esos términos, la investigación no logró su objetivo. Hay que separar lo que es el caso policialmente resuelto de lo que luego se lleva a juicio oral, porque el estándar es distinto. Ahí lo que nos corresponde, no porque queramos, sino por ley, es ejercer el control en la investigación. En este juicio quedó de manifiesto que la investigación de la fiscalía no logró sortear este control. ¿Cuál fue el problema? El problema es que se crean expectativas en la gente, se hacen afirmaciones antes del juicio que nos ponen a los magistrados en una posición incómoda. Se lanzan afirmaciones a la opinión pública con poca responsabilidad. Como jueces, tenemos un rol específico, que no es ser popular, y quizás en eso como Poder Judicial hemos fallado, en que la ciudadanía entienda bien cuál es nuestra función. Los jueces no fallamos según la pretensión o clamor popular. De otro modo, seriamos justicieros, estaríamos a la altura de un superhéroe como los que están de moda en el último tiempo. No. Nuestra labor tiene que ver con un juramento que hicimos cuando asumimos nuestros cargos, que es someternos a la Constitución y a la ley, nada más. Y como se nos exige evaluar la investigación del Ministerio Público, lo hicimos, y los fiscales no lograron superar los estándares para condenar. Y en eso las pruebas fueron clave. En el fallo hablan de pruebas defectuosas, ¿a qué se refieren? En la sentencia consideramos que la información introducida a juicio y respecto de la cual se trabajó en el informe pericial, correspondiente a teléfonos asociados a los acusados, no tenía ninguna explicación racional. No había nada que justificara que esos teléfonos estaban asociados a tales personas, ni que fueran utilizados por ellos. Nunca supimos. Entonces, si no hay claridad respecto del insumo sobre el cual se trabaja en un peritaje, si hay dudas sobre su obtención, el origen, el peritaje en sí es deficiente y genera dudas. Critican a la policía por realizar un levantamiento tardío de evidencia. Parece grave que en un caso como este haya errores de ese tipo… Hay mucha gente que critica nuestra decisión sin haber estado en el juicio ni un día, ni haber leído la sentencia. Llama la atención que ante un hecho tan grave, en el que se produce un incendio con resultado de muerte, se obtenga una evidencia clave vinculada directamente a la manera de producir un incendio, como es un bidón con combustible en su interior varios días después del siniestro. Es decir, se estaba investigando un incendio y no se le dio la relevancia a levantar un bidón con combustible. Ese tipo de situaciones generan dudas acerca de cómo llega esa evidencia a ese lugar y por qué se recoge tan tarde. Siendo un caso emblemático, ¿les sorprendió la deficiencia en la investigación? Una crítica que hacemos internamente es si así se investiga un caso prioritario, ¡qué queda para el resto! Los casos de absolución, en general, tienen que ver precisamente con deficiencias graves en las investigaciones. Y lo grave es que no se vislumbra algún plan de retroalimentación, porque pese a las advertencias que hacemos los jueces en las sentencias, no se ve que las investigaciones mejoren. Incluso, hablan de vulneración de garantías constitucionales en la indagatoria… Sí, fue en uno de los allanamientos de la casa de la machi. La falta de prolijidad en la manera en que se lleva a cabo la diligencia quedó en evidencia cuando se exhibió el video que la policía hizo. Ahí quedó registro de que mientras se hace ingreso y se allana una de las dependencias del domicilio se le impide el acceso libre. El dueño o el ocupante del lugar allanado tiene derecho a estar presente en la diligencia, y eso, por razones de evidente control de lo que se pueda ir encontrando en el lugar. Eso no se lleva a cabo, se les impide el ingreso a la ruca que hay en el lugar, y aparentemente habiendo estado editado el video, aparecen imágenes de lo que estaba en su interior, donde no hay nadie más que policías sacando objetos de un lugar en específico. Eso generó dudas en términos de la legitimidad de ese procedimiento. ¿Ahí se hallaron pruebas? Así es. La pregunta es ¿por qué se graba y se permite el acceso de todas las personas al resto de las dependencias y no a ésta en específico?, que es el lugar donde supuestamente se encuentran evidencias que serían del tipo incriminatorias. Esa diligencia es desprolija y atenta contra normas específicas del Código Procesal Penal que obligan a las policías a facilitar el acceso de los ocupantes del lugar que están siendo allanados. Como jueces, no podemos dejar pasar por alto cosas de ese tipo. También hubo erróneos registros de reconocimientos fotográficos y rutas de huida de los atacantes y operaciones de rastreos de huella que no estaban escritas en ninguna parte. Y qué pasa con el testimonio de uno de los acusados, José Peralino, que era considerado clave por la fiscalía… Lo que pasa es que la información que pudo haber introducido esta persona en la fase de investigación se allega al juicio a través de testigos que estuvieron presentes mientras esta persona hizo su declaración en esa fase. Pero, insisto, esta persona jamás declaró en el juicio. Guardó silencio. Y nosotros valoramos lo que se nos presenta. La información que sí se introdujo a través de policías es lo que él habría dicho, lo que los policías escucharon. Eso se somete a la valoración y es lo que nosotros decimos en la sentencia que fue insuficiente. ¿Cree que hubo prueba fabricada? Eso ya es especulación, pero ante ese riesgo un juez debe actuar y lo hicimos. Lo que quiero es que se entienda que el riesgo de que inocentes hubieran sido condenados en esta causa era muy alto. Con una prueba de esas condiciones se corría ese riesgo. Y el estado de derecho actual no lo permite. El ciudadano Rau Antes de que empezara el juicio lo cuestionaron por unos posteos de Facebook. ¿Qué pasa con sus opiniones de terrorismo antes de un juicio como este? ¿Debió inhabilitarse? Soy de la postura de que los jueces somos ciudadanos. Como tales, tenemos derechos a manifestar nuestra opinión en el ámbito que sea. Luego, yo jamás he hecho comentario alguno sobre causas que me toquen intervenir como juez. Dichas publicaciones en mi cuenta personal de Facebook tenían que ver con situaciones que habían estado ocurriendo con muchísimo tiempo antes de mi designación como integrante en la sala de este juicio. No tenían ninguna vinculación con la causa en concreto, jamás lo he hecho y jamás lo haría. Y sí, efectivamente, jugué con la ironía en algún momento dado. Algún personaje irresponsablemente, y varios en realidad, dicen que en la IX Región no hay estado de derecho. A los pocos días aparece una publicación que da cuenta que la capacidad hotelera de la región ha aumentado en términos muy significativos. Y yo lo que digo en el posteo es que debe ser muy interesante vacacionar en una región donde no hay estado de derecho. Eso es lo que digo de manera irónica. En este juicio, es el estado de derecho, finalmente creo yo, el que prosperó y es el exitoso. Porque a través del estado de derecho, siendo los jueces el último bastión para su defensa, es el que determinó que una investigación como la que vimos que se llevó a cabo por un ente de Estado, el Ministerio Público, no superó los estándares que la ley exige para haber obtenido condena. Entonces, señalar con tanta irresponsabilidad que no opera el estado de derecho en Chile, en algunos casos y en la región particularmente, me parece que es inaceptable. ¿Usted cree que vive en una zona donde hay terrorismo? Vivimos en una zona donde hay situaciones complejas que deben ser resueltas, a veces, de manera política, no judicial. Y hay hechos que podrían calificarse, tal vez, de terrorismo, siempre y cuando tengamos la posibilidad de probarlo, ese es un asunto fundamental. La ley en Chile tiene graves deficiencias al momento de describir conductas terroristas, porque introduce exigencias del tipo subjetivas muy difíciles de probar. En definitiva, eso atenta contra quien pretende invocarla, porque las pruebas no logran finalmente llevar a convicción de aquellas voluntades o ánimos en los perpetradores. Y, por otra parte, esa ley permite que para que a un imputado se le revoque su prisión preventiva, la decisión en la corte deba ser unánime. Creo que debería modificarse en ambos sentidos. Causó revuelo que se anunciara su participación en un seminario sobre la Ley Antiterrorista, uno que se suspendió después, ¿por qué quiso asistir? Fui invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a través de un querido colega, quien me pidió intervenir únicamente en una primera parte del conversatorio, que tenía que ver con la función del juez en el juicio penal. Sin hablar en particular de la Ley Antiterrorista. Se levantó una polémica absurda, por un tema, además, de índole académica, cuestión que no se nos tiene prohibido a los jueces. ¿Se considera usted un juez activista? Si por juez activista corresponde decir que somos aquellos que nos interesa relevar el rol de los jueces en la sociedad y defender a ultranza la independencia judicial, tanto interna como externa, sí soy activista. Soy activista para que la independencia judicial sea un baluarte que sea imposible de derribar acá en Chile. Mi única causa es que la independencia judicial sea respetada siempre. ¿Y garantista? No es una calificación peyorativa ser tildado de garantista, al contrario, es un honor de los jueces en Chile. Insisto, juramos nuestro desempeño en torno a la Constitución y la ley para ser garantistas, para garantizar el derecho de las personas. Pero somos garantistas de los derechos de todos, no sólo del imputado. Después del veredicto, el fiscal nacional visitó a los familiares de las víctimas. ¿Qué le pareció? Escuché que dijo que había fracasado el Estado. A título personal, rebatiría esa opinión haciendo la siguiente afirmación, “pudo haber fracasado una parte del Estado en su pretensión punitiva”. Esa “parte del Estado” se refiere a la fiscalía… Sí, pero prosperó el estado de derecho al haber obtenido la resolución que se obtuvo. Cuestión que no todo el mundo entiende en realidad, y en la cual hay que hacer un reforzamiento, porque, de otro modo, estaríamos retrocediendo a estados más primitivos de la convivencia nacional, como cuando el juez investigaba y fallaba, juez y parte. Esa etapa está superada y tenemos un sistema procesal penal que cumple con los estándares de derecho internacional, de derechos humanos. Y a los cuales el Estado está obligado a respetar. También la fiscalía. El estado de derecho fue, finalmente, el triunfador en este asunto. fuente: http://www.latercera.com/noticia/juez-absolvio-comuneros-caso-luchsinger-honor-calificado-garantista/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326811-la-araucania-incidentes-destruyen-contenedores-y-un-automovil-en-nuevo-ataque-en-region-de-la-araucania/?hl=%2Baraucania 22 Diciembre 2017 Comuneros que habrían quemado contenedor quedan libres Juzgado de Garantía de Victoria sostuvo que, hasta ahora, los peritajes químicos realizados no logran acreditar su participación. El contenedor quemado en el fundo Manzanaco. En libertad, y con prohibición de acercarse al fundo Manzanaco de Victoria, en la Región de La Araucanía, quedaron los dos comuneros que la tarde del martes fueron detenidos tras presuntamente quemar un contenedor en las inmediaciones de un recinto propiedad de Forestal Mininco. Diego Lincopan Romero (23) y Juan Fica Lincopan (33) fueron formalizados hoy por el eventual delito de incendio, en el Juzgado de Garantía de Victoria. Al momento de ser arrestados, la policía encontró en poder de ambos imputados un encendedor, boleadoras y una pañoleta, supuestamente para cubrir el rostro. Ricardo Cáceres Etiens, abogado de la Defensoría Penal Mapuche, en representación de los comuneros, sostuvo que “no había ninguna prueba de que estuvieran concertados, y tampoco no había ninguna prueba de que ellos estuvieran en el lugar, sino que, cuando llegó la policía, fueron ellos a observar qué pasaba”. Según el defensor, los dos sujetos estaban mirando lo que ocurría cuando fueron aprehendidos. La magistrado del tribunal, Evelyn Zelaya, determinó su libertad a raíz de que, según explicó en la audiencia, los peritajes químicos solicitados por la fiscalía y que motivaron la ampliación de la detención de los comuneros, no dieron resultados positivos respecto de la presencia de algún elemento que permitiera acreditar su participación en la quema del contenedor. El fiscal Carlos Obreque había solicitado originalmente la prisión preventiva de ambos sujetos y después pidió el arresto domiciliario total, pero esto último también fue rechazado. De ser hallados culpables por el delito de incendio, los dos imputados se exponen a penas de reclusión que parten en los tres años y un día, pudiendo llegar hasta los diez años. El tribunal decretó, además, un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/comuneros-habrian-quemado-contenedor-quedan-libres/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/323155-huelga-de-hambre-chile-vamos-acusara-a-fernandez-por-no-aplicar-la-ley-en-la-araucania-pagina-3/page-3?hl=%2Bhuelga&do=findComment&comment=22811417 03 Noviembre 2017 Comuneros acusados de quema de iglesia evangélica reanudan huelga de hambre Hermanos Trangol acusan “incumplimiento” del gobierno, que ya desistió de invocar la Ley Antiterrorista en su caso. Comuneros durante una de las audiencias de revisión de cautelares. A fines de septiembre pasado, es decir, hace poco más de un mes, el gobierno anunció que retiraría la invocación a la Ley Antiterrorista de la acusación contra cuatro comuneros. Se trata de los imputados por la quema de una iglesia evangélica en Padre Las Casas, ocurrida en junio de 2016, en La Araucanía, quienes mantuvieron una huelga de hambre que superó los cien días y que finalmente llevó a La Moneda a concretar su determinación. Este jueves, sin embargo, tres de ellos anunciaron que reanudarán la medida de protesta. En rigor, Ariel Trangol nunca depuso la manifestación, pero sí lo habían hecho sus hermanos Pablo y Benito, quienes ahora comunicaron que la retomarán. Alfredo Tralcal, en tanto, es el único acusado del caso que no se ha sumado. Hace un mes, la huelga de hambre fue depuesta tras el anuncio del Ejecutivo de que modificaría la acusación. Incluso, la Presidenta Miche-lle Bachelet se reunió con la madre de los hermanos Trangol. El cambio significó también una crisis en el gabinete, producto de la supuesta molestia del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy. Robinson Trangol, vocero de los comuneros, explicó que en el caso de Benito, “hoy (jueves) inició una huelga seca, por el incumplimiento del gobierno, que no ha respetado su palabra: se los mantiene encarcelados, siendo que no hay pruebas que los involucren. No hay un juicio aún y ni siquiera les han dado la medida de cambio de cautelar”, indicó. Agregó que “esta situación ha generado la molestia de la familia; creemos que es mucho el abuso por parte del gobierno, que no cumple su palabra. Que se recalifique ya, porque están muy complicados en su salud, necesitan estar en su casa esperando el juicio y ser vistos por machis”. Robinson pidió, además, que personal médico especializado revise el estado de salud de los imputados. “Todos están complicados. Queremos hacer un llamado para que los médicos vean cómo se encuentran”, dijo. En esta investigación, la fiscalía no modificó su calificación del delito y mantiene su acusación por incendio de carácter terrorista. El reciente lunes 30 de octubre, la audiencia de preparación del juicio oral en contra de los cuatro comuneros sufrió un nuevo aplazamiento. Esto, según la Fiscalía Regional de La Araucanía, se debió a nuevos requerimientos efectuados por las defensas. Por ello, las audiencias preparatorias fueron reagendadas por el Juzgado de Garantía de Temuco para el 13 de noviembre. Críticas Federico Aguirre, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostuvo que, a su juicio, “el gobierno ha cumplido con lo que se compro- metió, que fue el recalificar desde la condición de querellante los hechos bajo la calificación de terrorista, y eso lo expresó claramente el ministro del Interior”. En lo que respecta a la posible evaluación futura del estado de salud de los huelguistas, Aguirre sostuvo que “podríamos pedir la colaboración de algún médico o la intervención del Departamento de Derechos Humanos y del Colegio Médico; tenemos que evaluarlo, conversar con los comuneros”. Algunos gremios productivos también reaccionaron frente a la decisión de retomar la huelga de hambre. Marcelo Zirotti, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo), afirmó que “es una presión excesiva de parte de los comuneros, ya que tuvieron una huelga de hambre y algo consiguieron. Vemos una debilidad del gobierno; accedieron la primera vez y ahora los imputados saben que van a tener que acceder una segunda. Espero que no”. Para Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, esta nueva huelga de hambre se debe a la “indefinición” del Ejecutivo para tratar estos temas. “Estas personas hacen un uso inteligente de la falta de definición del gobierno”, indicó. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/comuneros-acusados-quema-iglesia-evangelica-reanudan-huelga-hambre/
  4. 17 Septiembre 2017 Felipe Berríos viaja a Temuco a mediar en huelga de hambre de comuneros mapuches El sacerdote jesuita llega este lunes en compañía del Colegio Médico y el Instituto de Derechos Humanos para intentar finalizar los 101 días de protesta “Cualquier persona bien nacida no puede negarse a tratar de aportar algo, sobre todo en una situación tan delicada de salud y donde está en riesgo la vida”, dijo este domingo el sacerdote jesuita Felipe Berríos, tras la petición que recibió del Colegio Médico para actuar como intermediador en la huelga de hambre que, hace 101 días, mantienen cuatro comuneros mapuches. Desde el 9 de junio, Alfredo Tralcal Coche y los hermanos Pablo, Ariel y Benito Trangol Galindo, en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, tras ser vinculados al ataque incendiario a una iglesia evangélica en el sector de Padre Las Casas, en La Araucanía, realizan la medida de presión en protesta por las acusaciones en su contra. Un informe del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico y el Instituto de Derechos Humanos alertaron sobre el “severo deterioro” en el estado de salud de los imputados, por lo que pidieron la intervención de Berríos para lograr un rápido término del conflicto. En conversación con La Tercera, Felipe Berríos explicó que dejará unos días la población La Chimba, en Antofagasta, para “ayudar en la medida que pueda a crear puentes, para eso estoy dispuesto. Tenía cosas pendientes acá, pero todo pasa a segundo plano cuando se trata de ayudar en algo así de delicado”. Berríos aclaró que “no voy a reemplazar la justicia. Los mapuches tienen la suficiente fuerza y habilidad para no necesitar ayuda para plantear sus reivindicaciones. Mi rol es lo que me han pedido: que ayude en esto y el Colegio Médico también lo hizo. Hay una situación muy delicada de salud y a veces, alguien que está totalmente externo al problema concreto puede servir de vínculo para evitar una tragedia”. Se espera que junto al sacerdote jesuita llegue también a la zona el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, y representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Origen de la petición Desde el Colegio Médico explicaron que la intervención de Berríos se pidió de parte de los mismos involucrados, quienes querían una persona “de alto valor moral y social”, y esperan resolver las complicaciones médicas y psicológicas, principalmente de Benito Trangol. “Benito es el más complicado, quien está con encefalopatía por carencia de la vitamina B1, lo que produce un daño en el sistema nervioso que se ha manifestado en problemas motores y de concentración”, aseguró Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico. Desde la entidad explicaron que para evitar futuras complicaciones de salud, el paciente más grave ha sido trasladado en dos oportunidades al Hospital Hernán Henríquez Aravena, de Temuco, donde ha sido evaluado, pero por “problemas de desconfianza al sistema de salud” ha rechazado los medicamentos. Se espera que este lunes Berríos se reúna con los comuneros y, posteriormente, se inicien gestiones con personal de Gendarmería y autoridades de gobierno. En paralelo, el Colegio Médico pedirá que los huelguistas sean trasladados al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/felipe-berrios-viaja-temuco-mediar-huelga-hambre-comuneros-mapuches/
  5. Historia del Topic acá http://foros.fotech.cl/topic/313843-la-araucania-investigacion-ministro-fernandez-admite-hechos-terroristas-en-la-araucania-pero-descarta-decretar-excepcion-constitucional/?hl=%2Baraucania&do=findComment&comment=22298816 17 Agosto 2017 Comuneros mapuche fueron sentenciados a pena de cárcel efectiva en Cañete Seis comuneros fueron condenados por los delitos de incendio y porte ilegal de armas, luego de cometer un ataque incendiario en el sector rural de Cuyinpalihue. Bajo un fuerte contingente policial, se llevó a cabo la lectura de sentencia para seis comuneros mapuche, condenados por los delitos de incendio y porte ilegal de armas y municiones, tras ser detenidos en agosto del año 2016, luego de cometer un ataque incendiario en el sector rural de Cuyinpalihue. La acción judicial se concretó a las 15:30 horas en el Tribunal de Juicio Oral de Cañete, donde Dionicio Quiñelen, Miguel Llanquileo y Rodrigo Meliman fueron sentenciados a 5 años y 1 día de pena efectiva de cárcel por los delitos de incendio y porte ilegal de arma de fuego. A su vez, Juan Meñaco y Nicolás Railaf fueron sancionados con 3 años y 1 día de presidio por incendio, otorgándoles el beneficio de libertad vigilada intensiva por este ilícito. Estos dos últimos también recibieron penas de 541 días de presidio efectivo por el delito de porte ilegal de municiones. Finalmente, el menor R.P. recibió una pena de 1 año de libertad asistida especial, por el delito de porte ilegal de arma. El vocero de la Fiscalía Regional, Mauricio Lartiga indicó “sentir satisfacción por las condenas obtenidas toda vez que se ha hecho lugar a la tesis del Ministerio Público en relación a la participación de estas personas en el ílicito en materia de la acusación, era un caso complejo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/comuneros-mapuche-fueron-sentenciados-pena-carcel-efectiva-canete/
  6. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/314037-la-araucania-atentados-posturas-de-candidatos-presidenciales-sobre-terrorismo-dividen-opiniones-en-ix-region/?hl=%2Baraucania&do=findComment&comment=22296094 06 Junio 2017 Comuneros mapuche tomaron sede de la Conadi en Cañete Los manifestantes denuncian la "militarización" del sur y una "política del terror" hacia los indígenas. Exigen la renuncia del gobernador de Arauco, Humberto Toro. Un grupo de comuneros mapuche tomó este martes la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ubicada en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío. A través de un comunicado difundido en sitios de internet la acción fue reivindicada por "distintos Lov y Comunidades en Resistencia de Arauco", y justificada como "respuesta a la arremetida cobarde y genocida del Estado chileno" en contra de la "nación mapuche". La nota denuncia una "política de ocupación y militarización sin precedentes en tiempos de pseudo democracia", junto con la instalación de una "política del terror a todo aquel que sea mapuche", situación dentro de la que enmarcan casos como el baleo al adolescente Brandon Hernández Huentecol y el de Lorenza Cayuhán, quien dio a luz engrillada. "Como Pueblo-Nación Mapuche exigimos el fin de la Violencia contra nuestros niños, la desmilitarización de nuestro territorio y la renuncia del responsable político en la zona de todos los hechos represivos descritos anteriormente, el gobernador de Arauco Humberto Toro (PS)", agrega el texto, que también demanda "justo y debido proceso" para los "presos políticos". Los manifestantes expresan preocupación por la violencia que sufren los niños que residen en las comunidades mapuche de la zona. Personal de Carabineros concurrió al lugar y el intendente Rodrigo Díaz ha dado instrucciones de dialogar, pero advertido que si las personas no quieren salir por medios pacíficos se va a desalojar el inmueble. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/pueblos-originarios/mapuche/comuneros-mapuche-tomaron-sede-de-la-conadi-en-canete/2017-06-06/162700.html
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