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  1. 10 Junio 2019 Pago de coimas en Brasil hace explotar "bomba" cuyas esquirlas amenazan también a LATAM Henrique Constantino, uno de los dueños de la aerolínea brasileña GOL, habló de una red de pagos y favores a varias compañías aéreas en Brasil, motivados por coimas pactadas a través de la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas (Abear). Estas coimas habrían sido pagadas en conjunto por GOL, LAN, Avianca y Azul. El caso cobra relevancia, dada la frágil situación jurídica de LATAM en Estados Unidos, en relación con las estrictas políticas de cumplimiento (compliance) y buena conducta empresarial que debe seguir esta firma de aeronavegación, luego de haber llegado el año 2016 a un arreglo con el U.S. Department of Justice (DOJ), previo pago de importantes multas, por infracciones al programa anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC), institución equivalente a la chilena Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Delación premiada. Este es el nombre de la figura que uno de los dueños de la aerolínea brasileña GOL, Henrique Constantino, utilizó para cooperar con una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Brasil, en el marco de la investigación a la red de pagos de sobornos a políticos, que desató decenas de aristas tras el caso Lava Jato. Si bien eso sucede lejos de nuestro país, la prensa brasileña tuvo acceso a la filtración de la declaración del multimillonario empresario y, con ello, reventó una bomba que podría alcanzar con sus esquirlas a Latam Airlines, la multinacional de transporte aéreo controlada por la familia chilena Cueto. En específico, según relató la revista Exame, el empresario brasileño reveló el pago de más de 7 millones de reales en coimas a un grupo ligado al expresidente Michael Temer. A cambio, la aerolínea GOL obtuvo 300 millones de financiamiento de la Caja Económica Federal, el banco estatal de Brasil. En el marco de las mismas declaraciones, también se conoció que Constantino delató la existencia de una red de “favores” con aerolíneas en su país, a través de contactos con el parlamentario Rodrigo Maia, motivada por el pago de coimas pactadas a través de la Asociación Brasileña de Empresas Aéreas (Abear). Estas coimas habrían sido pagadas en conjunto por GOL, LAN, Avianca y Azul. La declaración es del 25 de febrero de 2019, pero se conoció recién la semana del 13 de mayo, una fecha que – según cercanos al caso– fue justo en "un momento crucial" para la industria, y la competencia, aérea en Brasil, pues tras la declaratoria de insolvencia de Avianca Brasil, Azul realizó una oferta de 145 millones de reales por los slots de la firma. El caso cobra relevancia en Chile, dada de la frágil situación jurídica de LATAM en Estados Unidos. Esto, en relación con las estrictas políticas de cumplimiento (compliance) que debe seguir la firma después de las importantes multas que aceptó pagar en 2016, luego de conocerse faltas de esta compañía al programa anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC). En tal contexto, LAN reconoció haber realizado, entre los años 2006-2007, pagos por aproximadamente US$1,5 millones a un “consultor” que la “asesoró” ilegalmente en la solución de asuntos laborales en Argentina. Dado este acuerdo extrajudicial, la causa administrativa del Ministerio de Justicia estadounidense quedó en “suspenso”, siendo un requisito para que no se active el que la compañía mantenga una “buena conducta” en sus procedimientos, específicamente que cumpla a cabalidad las estrictas normas de la SEC. La investigación tuvo por objeto indagar si dichos pagos infringían la normativa de anticorrupción de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América (FCPA), la cual: 1) prohíbe pagos por cohecho a autoridades de gobiernos extranjeros con el objeto de obtener una ventaja comercial; y 2) exige a aquellas empresas obligadas por dicha normativa a realizar y mantener registros contables adecuados, así como un sistema adecuado de controles internos. La normativa anticorrupción FCPA le es aplicable a LATAM por su programa de ADRs que tiene en el mercado de valores norteamericano. El acuerdo contempló entonces la celebración de un contrato denominado Deferred Prosecution Agreement (DPA), que es "un contrato público por el cual el DOJ presentó públicamente cargos alegando infracción a las normas relativas a registros contables de la FCPA". Así, en un período de tres años, el DOJ desestimaría los cargos, si LATAM cumple con todos los términos del contrato, siendo muy relevante para que esto ocurra el que la aerolínea no reincida en su infracción. Cosa en que pudo haber incurrido si efectivamente pagó coimas en Brasil, tal como lo delató Henrique Constantino, uno de los dueños de GOL. A cambio de la “suspensión de procedimiento” pactada con el DOJ norteamericano, LATAM acordó una serie de condiciones de compliance y pagar la multa de US$12,7 millones. El acuerdo también contempla la figura de una especie de veedor externo, es decir, un auditor que a partir del acuerdo supervisa las políticas de cumplimiento, por 27 meses seguidos, y otros 9 adicionales, de forma voluntaria. En relación con la SEC, el acuerdo contempló la celebración de una Cease and Desist Order, una resolución administrativa de dicho organismo de cierre de la investigación, por la cual LATAM acepta ciertas obligaciones. Entre estas están una reproducción de las obligaciones relativas al consultor mencionadas y el pago de una multa de US$6.7 millones, más intereses de US$2.6 millones. Allegados a la empresa LATAM explicaron que, pese a que lo que se viralizó sobre este caso, que dice relación con el pago de coimas en Argentina, los expedientes formales apuntan a que se trató del pago de consultorías mal consignadas en la contabilidad de la firma; que la contabilidad de los pagos efectuados al consultor en Argentina fue incorrecta y que, al tiempo en que dichos pagos se efectuaron (años 2006 2007), se carecía de controles internos adecuados, pero que ello no implica haber participado de un esquema de coimas. Por su parte, en sus estados financieros LATAM menciona el caso de la siguiente manera: “Luego de una exhaustiva investigación, el DOJ y la SEC concluyeron que no hubo infracción a las normas de la FCPA que prohíben el pago de cohecho, lo cual es consistente con los resultados de la investigación interna de LATAM. Sin embargo, el DOJ y la SEC estiman que LAN habría registrado incorrectamente los pagos mencionados en su contabilidad y, en consecuencia, que habría infringido aquella parte de la FCPA que exige a las empresas realizar y mantener registros contables exactos". Más allá del debate, la duda es si las declaraciones judiciales de Constantino podrían despertar algún sistema de alarma respecto al programa de cumplimiento y salpicar a los dueños de LATAM, encabezados por Enrique e Ignacio Cueto. La Abear en Brasil señaló, una vez que se le acusó de esta coordinación entre sus socios para el pago de coimas, que desconocía los hechos a los que se refería el empresario y que estaba abierta para cooperar en la investigación. Al respecto, y consultada por El Mostrador, la empresa respondió que "no tiene conocimiento ni detalles sobre esta supuesta acusación. Sin embargo, en caso de ser requerido, colaborará activamente con las autoridades correspondientes". En una columna en La Tercera, el exfiscal Carlos Gajardo se refirió al tema. "Esta semana se ha conocido una delación compensada efectuada en Brasil en que el fundador de la aerolínea GOL, Henrique Constantino, admitió un esquema de sobornos para congresistas brasileños en que –según su confesión– habrían participado también las aerolíneas Avianca, Azul y LATAM, que de esta manera recibe una segunda acusación de este tipo tras lo ocurrido en Argentina. Es deseable que los mecanismos de investigación que establece la Convención en contra del Cohecho Transnacional se activen y el caso sea investigado en nuestro país. Ese es justamente el propósito de la Convención ratificada por Chile hace 17 años", dijo. El caso de Intercargo El otro caso que "pena" a los hermanos Cueto es el que apunta a investigaciones por el supuesto pago de coimas a personeros relacionados con La Cámpora. En particular, el accionista de LATAM y empresario Jorge Said, interpuso una demanda, que ya había adelantado El Mostrador durante el verano. "Los hechos que por este acto describo involucran a miembros del movimiento La Cámpora, en particular el señor Máximo Kirchner y la señora María Cecilia García, frente al ejercicio de acciones coercitivas ejercidas por estos a través de la firma Intercargo en contra de LAN Argentina, durante el año 2013 y que le significaron a esta el desembolso forzoso, según lo reconoció el mismo señor Ignacio Cueto P., hoy presidente de la compañía LATAM, de 18 millones de dólares adicionales a los U$32 millones que ya debía pagarle LAN Argentina a Intercargo". La situación, de confirmarse, también podría levantar las alertas de las autoridades estadounidenses. Al respecto, cercanos a la firma de aeronavegación han reafirmado lo que en ese minuto Ignacio Cueto explicó a la prensa. LAN en ese entonces utilizaba los servicios de Intercargo, la firma estatal argentina que presta apoyo al servicio aeroportuario (handling). La versión de la empresa es que, en 2013, Intercargo cambió unilateralmente las condiciones pactadas en el contrato con LAN Argentina, desconociendo una serie de descuentos que estaban acordados. Con la operación a punto de detenerse en todo ese mercado, Ignacio Cueto viajó al país trasandino y aceptó pagar en cash lo que Intercargo estaba requiriendo, los US$ 18 millones. Todo, con el objetivo de que los aviones no quedaran en tierra. Fuente: https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/06/10/pago-de-favores-que-complican-a-aerolineas-en-brasil-explota-bomba-politica-cuyas-esquirlas-amenazan-tranquilidad-de-latam/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339596-peru-alan-garcia-anuncia-que-reconstruira-su-partido-y-apunta-a-2021/?hl=%2Bperu&do=findComment&comment=23992309 08 Septiembre 2018 Odebrecht vuelve a sacudir Perú por caso coimas Las nuevas revelaciones abren otras líneas de indagaciones para la fiscalía peruana, por presuntos delitos de lavado de activos y corrupción, las cuales deberán ser esclarecidas complicando todavía más el proceso. Nuevos documentos entregados a la justicia brasileña por el empresario Marcelo Odebrecht, han sacado a la luz movimientos financieros ocultos de la constructora en Perú. Según la prensa limeña, se trata de al menos 12 mil páginas con 480 mil correos electrónicos, los que apuntan a presuntos pagos desconocidos relacionados con ocho obras públicas peruanas, en el marco del escándalo Lava Jato en ese país. Así, mientras la compañía intenta cumplir con una serie de requerimientos colaborativos del Ministerio Público de Perú, las transferencias apuntan a proyectos licitados durante los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011). Entre las obras figuran proyectos como la carretera al puerto fluvial de Yurimaguas, Iirsa Norte; el saneamiento de Lima y Callao, Interceptor Norte; el Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis; Chimbote agua potable y Carhuaz, entre otros. Toledo, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos, es investigado por la justicia peruana por supuestamente haber recibido sobornos por US$ 20 millones de Odebrecht, relacionados a la Carretera Interoceánica. Mientras que García es acusado de aceptar coimas relacionadas con la construcción del Metro de Lima. Otro de los salpicados por los nuevos documentos es el expresidente Ollanta Humala. De acuerdo con la investigación, la constructora brasileña declaró el pago de US$ 3 millones a la campaña electoral del exmandatario en 2011. Pero no solo eso, los escritos también probarían que parte de los desembolsos se habrían realizado cuando el líder del Partido Nacionalista ya había asumido el puesto de Presidente de la República, en 2011. Con todo, las nuevas revelaciones abren otras líneas de indagaciones para la fiscalía peruana, por presuntos delitos de lavado de activos y corrupción, las cuales deberán ser esclarecidas complicando todavía más el proceso. Fuente: https://www.latercera.com/mundo/noticia/odebrecht-vuelve-sacudir-peru-caso-coimas/313244/
  3. 16 Junio 2017 El amigo UDI de Cecilia Pérez Mario Zumelzu, el polémico abogado de Evelyn Matthei y el caso coimas en Argentina que podría salpicar a Sebastián Piñera Evelyn Matthei se lo presentó a Jorge Said, empresario que es parte de la familia controladora de Parque Arauco, quien lo contrató para demandar a Latam Airlines acá en Chile, en relación con la investigación por sobornos que se lleva a cabo en Argentina y a las millonarias multas que, por los mismos hechos, se le aplicaron a esta aerolínea en Estados Unidos. Piñera fue socio con los Cueto, además de director de Lan, durante los años en que se hicieron los pagos ilegales en el país trasandino, y este medio ha confirmado una reunión extraoficial entre Piñera y el ex ministro de Transportes de los Kirchner involucrado en los sobornos. Sin embargo, tras una reunión con Cecilia Pérez, la causa judicial perdió ímpetu y el abogado Zumelzu finalmente salió de ella. Ahora representa a Pérez en su disputa con el comediante Daniel Alcaíno (Yerko Puchento), por la rutina de ‘Monga’, que tanta polémica generó. “Lean los diarios poh”, acostumbra decirles Daniel Alcaíno, en su personaje Yerko Puchento, a los asistentes al programa ‘Vértigo’, de Canal 13, cada jueves por la noche. Alcaíno asume que la población no tiene el tiempo para mantenerse al día de las noticias, o no le importan. Aun así, la rutina de Yerko sigue apostando a los temas políticos. Justamente por eso, y porque este año la campaña presidencial concentra las miradas, es que su aparición en el canal de Andrónico Luksic tiene a los políticos nerviosos. El momento más complejo se dio en las últimas semanas, luego que Alcaíno fuera denunciado por la ex vocera de Gobierno de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), por la analogía que aquel hizo de la ex ministra con el personaje ‘Monga’ de Fantasilandia. La reacción de Yerko ha sido reírse de la acusación y responder duramente. Así lo hizo el 12 de mayo, después que se enterara de la acusación de Pérez ante el CNTV. “En los países donde el pueblo descubre que sus autoridades son corruptas, que hacen negocios de pasada, que legislan para el bolsillo propio, que predican con la billetera, hacen leyes para los amigos, los grupos de poder siempre van a odiar al bufón de turno, a los comediantes, porque el humor los denuncia, los ridiculiza y eso los agrede (…). Y cuando lo ven de muy cerca, reaccionan altiro. Por ejemplo, cuando me reí del guatón Dávalos, estaban todos felices, cagados de la risa, el Epidemia con aros era trending topic. En la sede de la UDI almorzaban viendo el video del guatón cagados de la risa, y ahora, con ‘Monga’, debe ser lo mismo, pero en La Moneda. Porque a la gente le gusta mientras no los toca a ellos”, dijo, dándole densidad a su acción burlesca. Coincidencia o no, el cómico parece haber dado en el clavo. Cecilia Pérez acudió al CNTV, que preside el DC Óscar Reyes, para pedir que se sancione con la interrupción de su señal por una semana al canal de Luksic. A la vez, anunció que pediría indemnización de perjuicios y que se querellaría contra Alcaíno. Para hacerlo, la ex vocera recurrió a un amigo –como lo define ella–, el cual sabe de disputas de políticos en tribunales: el abogado UDI, Mario Zumelzu Codelia. Coincidentemente, el mismo que actuó como querellante en el caso Caval, al que aludía Yerko en su rutina. En dicho rol, Zumelzu fue de los intervinientes más activos en la señalada causa, figurando en la prensa y dando permanente connotación política a la misma, caso que terminó golpeando duramente a la imagen y la credibilidad de la Presidenta Bachelet. Pero, en noviembre de 2016, el abogado puso su foco en un político de su propio sector: el ex Presidente Sebastián Piñera. El 8 de ese mes, Zumelzu ingresó a los tribunales una querella contra el ejecutivo Ignacio Cueto, ex CEO de Lan (hoy Latam Airlines), y contra todos los demás que resulten responsables. Evelyn Matthei le presentó al abogado Zumelzu a Jorge Said, empresario que es parte de la familia controladora de Parque Arauco, quien lo contrató para demandar a la aerolínea y a sus principales ejecutivos acá en Chile, en parte inspirado por la investigación por coimas que se sigue en Argentina y por las millonarias multas que se aplicaron en Estados Unidos. Piñera fue socio con los Cueto, además de director de Lan, durante los años en que se hicieron los pagos ilegales en Argentina. Sin embargo, tras una reunión con Cecilia Pérez, en que esta le habría pedido detalles del caso y le habría advertido sobre un potencial efecto adverso contra el ex Mandatario, el empuje ya no fue el mismo, y seis meses después Zumelzu dejó el caso, siendo separado del mismo por Said. Zumelzu niega el hecho, al igual que la ex vocera de Piñera. Pero lo evidente es que hace ya un mes el empresario –accionista minoritario en Parque Arauco y primo del controlador– cambió el patrocinio de la causa y se lo entregó a la abogada que representó a Hugo Bravo –‘garganta profunda’ en el caso Penta–, Carolina Lathrop. Las acciones judiciales de Said Jorge Said está buscando resarcirse de la pérdida de más de US$ 20 millones que tuvo en su patrimonio por la caída en el precio de la acción de la aerolínea entre diciembre de 2010 y diciembre de 2015, responsabilizando de aquello a la alta dirección de la compañía. Para ello ingresó dos acciones. La primera es la señalada querella que presentó Zumelzu el 8 de noviembre de 2016, y la segunda, una demanda civil –interpuesta por el abogado Gonzalo Cruzat– en diciembre del mismo año. La querella, donde pide hasta 10 años de cárcel para Ignacio Cueto y para las demás personas que resulten responsables de entregar información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), al mercado y sus accionistas, es la acción judicial que más podría afectar a Piñera, aunque hasta ahora la causa solo lo tiene como testigo, en cuya condición declaró hace dos años. Y es que la empresa ocultó en sus estados financieros un pago efectuado entre fines de 2006 y comienzos de 2007 a Marcos Vázquez, el testaferro del entonces ministro de Transportes de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime. Dicha acción tenía el objeto de contener demandas sindicales que amenazaban las operaciones de la aerolínea en Argentina. De acuerdo al programa del periodista Jorge Lanata, en realidad se trataría de coimas al Gobierno argentino destinadas a la promulgación de un decreto que abrió la puerta para que Lan operara en Argentina sin tener 50% de capitales locales. Así, según explicó en el programa el periodista Ernesto Tenenbaum, una investigación detallada podría permitir llegar al vínculo entre Piñera y el ex Presidente argentino, el fallecido Néstor Kirchner. Según consigna la demanda, el propio Cueto reconoció la irregular contabilización del pago como un “contrato ficticio” en el acuerdo firmado con las autoridades norteamericanas (donde se multó en US$ 22 millones a la compañía y con US$ 75 mil al CEO de Lan), pese a lo cual la SVS no ha actuado al respecto y la conducta de los ejecutivos y directivos de la empresa no ha sido sancionada en Chile. La querella fue agregada a la investigación que lleva adelante el fiscal Andrés Montes y que ha incluido viajes y gestiones en Argentina para conocer detalles del caso que se sigue en ese país. Y fue justamente desde Argentina que llegó el dato que vincula a Piñera con dicho caso y que ha puesto incómodo al entorno del ex Mandatario. En julio del año pasado, medios argentinos revelaron que en marzo de 2005 Piñera acudió a una reunión con Kirchner, el entonces Presidente de la nación trasandina, donde presentó el proyecto Lan Argentina para ingresar a ese país. Su acompañante en esa ocasión fue justamente Ernesto Ramírez, el ejecutivo de Lan Cargo que negoció el pago a Vázquez. Cabe recordar que el ex Jefe de Estado chileno formó parte del grupo controlador de Lan hasta 2010 y fue director de la compañía hasta julio de 2007, cuando ya se habían hecho los pagos a Vázquez. Además, este medio logró confirmar la desconocida reunión entre Piñera y ex ministro K. El Mostrador pudo establecer que, a fines de julio de 2006, el ex gobernante se reunió en forma extraoficial con Ricardo Jaime. Claudio Stone, presidente del sindicato de Lan en ese momento, y otras tres fuentes afirman que la reunión realmente existió. Zumelzu entra en acción Según revelaron medios locales trasandinos, en septiembre de 2016 visitó Chile el abogado de Marco Vázquez en Argentina, Gonzalo Oliver Tezano, para ofrecer colaboración al fiscal Montes en la causa penal. En ese momento era clave lo que se pudiera investigar en nuestro país, considerando que el origen de los pagos era Santiago, como confirmó la sanción de las autoridades de Estados Unidos un mes antes. No obstante, Tezano reveló en ese momento un dato llamativo: su primera reunión no era con el fiscal Montes, sino con Mario Zumelzu, abogado conocido por involucrarse en causas “políticas”. En ese momento, Tezano indicaba que el profesional podría representarlo en la causa en Chile, dada la relevancia que tomaba en el país. Zumelzu figura reuniéndose con Tezano sin que existiera aún acción legal de Said de por medio. Dos meses después, empero, no solo termina no representando a Tezano, sino que pasa a representar a Said como querellante contra Latam. Altas fuentes vinculadas a la investigación afirman que, aunque a Piñera aún no lo tocan, el entorno del ex Mandatario está atento. Primero, porque lo que ocurra en Chile no necesariamente asegura que quede impune su nombre en Argentina. Y, segundo, porque más allá de su posible responsabilidad en el caso, lo que preocupa es la exposición pública y la crítica política, como ha ocurrido con el caso Exalmar. Dos versiones En enero pasado, Zumelzu Codelia se reunió con Cecilia Pérez, la ex vocera de Gobierno de Piñera. La cita pudo ser anecdótica, pero todo indica que no lo fue. Pocos días después del encuentro con Pérez, Zumelzu reveló la reunión al equipo de Said. Según dos fuentes que conocieron de dichas revelaciones, el abogado aseguró en dicha reunión que la ex vocera de La Moneda le comentó la preocupación del entorno de Piñera por las consecuencias que podía tener la causa que llevaba adelante el también asesor de Evelyn Matthei, particularmente en medio de la campaña presidencial. También, de acuerdo a las mismas fuentes, Zumelzu se lo comentó en privado a Said. Aunque –a juicio de un cercano al empresario– tales dichos podrían ser solo “fanfarronería” propia de un abogado penalista, lo cierto es que la línea del tiempo abre la duda. Jorge Said es conocido de la actual alcaldesa de Providencia, quien fue justamente quien le presentó a Zumelzu. Tanto Cecilia Pérez como Mario Zumelzu admiten la reunión, pero niegan haber hablado de Lan y Piñera. “La pregunta es entonces a qué se juntaron, sabiendo el caso que llevaba adelante Zumelzu”, plantea una fuente que se relacionó con este último en la causa. Y es que los detalles no son menores. Cuando se presentó la querella en noviembre pasado, Zumelzu incluyó como patrocinadores a dos personas de su estudio. Por un lado, figuraba el ex alcalde de Recoleta, el UDI Gonzalo Cornejo; junto a este, Carolina Contreras, también del estudio del ex querellante de Caval. Sin embargo, a las pocas semanas, tanto Cornejo como Contreras desaparecieron de la causa. Cornejo, indica una fuente cercana al caso, fue quien primero se bajó; más tarde, Contreras habría hecho lo mismo, aunque nunca se materializó formalmente ante tribunales. Ambos habrían hecho ver en privado su incomodidad con participar del caso, por los líos que podrían generarle al candidato RN. De hecho, un mes después de ser incluido como abogado en la causa, Cornejo asumió como asesor comunicacional de Matthei en Providencia y también ingresó al directorio de la Fundación Cultural de dicha comuna. El propio Zumelzu se integró a trabajar con Matthei y es el abogado que presenta las causas judiciales del municipio, tal cual hizo cuando, en junio de 2016, se querelló contra la administración anterior, de Josefa Errázuriz, acusándola de fraude al fisco. Incomunicado Zumelzu niega falta de pro actividad en el caso Lan. Sin embargo, según fuentes que trabajaron con él en la causa, desde enero de 2017, dos meses después de iniciada la misma, perdió total contacto con Said y su gente. No responde WhatsApp ni llamadas y nunca ha entregado copia de la carpeta investigativa, como se le ha pedido reiteradamente. Tampoco entregó copia de alguna diligencia o escrito presentado. Sí hizo llegar a este medio un escrito de una carilla y media, aunque este no lo conocían ni siquiera sus clientes y tampoco lleva el timbre de tribunales. Por su parte, cercanos a la Fiscalía no recuerdan haber visto a Zumelzu en las oficinas de Montes y, de hecho, una alta fuente señala que la causa (iniciada en 2014) se ha seguido desarrollando con completa prescindencia de la parte querellante (que se agregó a la investigación en noviembre pasado con la querella de Said y Zumelzu). Con todo, el abogado defiende su labor. “Se solicitaron numerosas diligencias en la querella, las que se están practicando. Conocido el resultado de ellas recién se puede evaluar nuevas peticiones de diligencias. A mayor abundamiento, quien tiene el rol de investigar, sin perjuicio de la colaboración del querellante, es el Ministerio Público”, afirma vía WhatsApp. Las fuentes que conocen del caso aseguran que la pasividad con que Zumelzu tramitó la querella fue evidente, en particular después de reunirse con Pérez. “Le pedíamos una y otra vez que nos enviara los escritos y las diligencias requeridas. Le pedimos la carpeta en enero. A todo decía que sí, pero nunca llegó nada”, sostienen las mismas fuentes. Las consecuencias no han sido triviales. Hace un par de semanas se hizo efectivo ante tribunales el cambio de patrocinio de la querella, siendo Zumelzu relevado de su rol, el cual desde ahora es asumido por la abogada Catherine Lathrop, la misma que –como se señaló– defendió a Hugo Bravo, el ex gerente de Penta que abrió laCaja de Pandora de financiamiento ilegal a la política. “Descarto absolutamente que el entorno de Sebastián Piñera haya hecho gestión alguna relacionada con causa de Lan en que represento los intereses del señor Said. Al mismo tiempo, debo señalar que de acuerdo a los antecedentes de la investigación el ex Presidente Piñera no tiene participación alguna en los hechos materia de la querella”, afirma Zumelzu. En efecto, fuentes que conocen el avance del caso indican que, hasta ahora, fuera de la declaración como testigo de 2015, Sebastián Piñera no figura entre los investigados o posibles imputados en la causa chilena. De hecho, la Fiscalía aún analiza los pasos a seguir al respecto. En estas semanas definirán si requerirán nuevas diligencias en Chile o el extranjero, antes de decidir lo que harán. Según las fuentes, el Ministerio Público ha ido colaborando con Estados Unidos y Argentina y es justamente el devenir de las causas en esos países lo que influirá en determinar su avance en Chile, recordando que existen acuerdos entre estados que impiden dobles sanciones, a propósito de la que afectó a Ignacio Cueto, aunque no es claro que se le persiga penalmente en nuestro país. En la misma línea de Zumelzu, Cecilia Pérez descarta haber abordado con él lo referente al tema Lan-Piñera. “Mario Zumelzu es mi amigo y en esa calidad me ha ayudado en la denuncia interpuesta en contra de Canal 13 ante el CNTV. Nunca me ha comentado información de sus causas particulares, por lo que es falsa cualquier información que haya sido entregada a este medio que me involucre en alguna de las causas que Mario Zumelzu lleve ante tribunales de justicia”, afirma la ex vocera de Gobierno, puntualizando que ni ella le consultó del tema ni Zumelzu le informó nada al respecto. Experto en denuncias Zumelzu es un conocido operador. Su rol en causas y denuncias políticas es prolífico. Además de defender a la diputada Marta Isasi (UDI) en el caso Corpesca, también presentó denuncias contra el ex candidato Franco Parisi en 2013; asimismo, defendió al DC Iván de la Maza en 2010 por acusaciones de fraude en la Intendencia de Valparaíso, y participó en denuncias contra Indap en el 2000, al tiempo que también disparó en el caso MOP-Délano en el Gobierno de Lagos. En 2013, representó al alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, en una querella por injurias contra el diputado Hugo Gutiérrez (PC), el mismo que ha sido importante en impulsar la investigación del caso Exalmar contra Piñera. Zumelzu, además, el año pasado apareció involucrado en la investigación del caso Corpesca, por “asesorías” mientras se tramitaba la Ley de Pesca, aunque el abogado dijo que no había conflicto de interés. Pero el actual foco principal de Zumelzu está hoy ligado a Matthei, su madrina política en la arena nacional, junto al fallecido empresario Beltrán Urenda, ex senador de la UDI. Zumelzu también es recordado por su rol en la denuncia de Francisco Javier Cuadra, en plenos años 90, por consumo de drogas en el Congreso. La otra demanda La segunda causa de Said contra Latam es la demanda civil presentada por el abogado Gonzalo Cruzat, en representación de Inversiones Los Troncos, de propiedad del empresario. En ella se pide indemnización de perjuicios y se sustenta la reclamación en la estrepitosa fusión de Lan con la brasileña Tam, junto con los actos de corrupción por los que la compañía ha sido sancionada en los últimos años. Según Said, el conjunto de pagos de coimas y colusión en Estados Unidos y Brasil, por casi US$ 100 millones, además de la negligencia del “grupo controlador”, directiva y ejecutivos claves en la fusión con la firma brasileña, explican fundamentalmente la caída en el valor de sus acciones. Y entre sus argumentos figuran las multas que la aerolíneas e Ignacio Cueto debieron pagar en Estados Unidos por los pagos ilegales efectuados en Argentina,y que ameritaron la querella que Said y Zumelzu interpusieron en noviembre. La demanda –que hoy está en la etapa probatoria– considera responsables a la empresa, al grupo controlador, a algunos directores y ejecutivos principales (Juan José, Enrique e Ignacio Cueto), Jorge Awad y Ramón Eblen, de no haber tenido control sobre los actos de la firma en casos de colusión y cohecho, además de su negligencia en la fusión con Tam. Fuente: http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/06/16/mario-zumelzu-el-polemico-abogado-de-evelyn-mattei-y-el-caso-coimas-en-argentina-que-podria-salpicar-a-sebastian-pinera/
  4. 17 Mayo 2016 MINISTERIO PÚBLICO ENVIÓ ANTECEDENTES AL CDE Caso Basura: Los pagos secretos de KDM a funcionario del Municipio de Huechuraba Luis Acuña -según la declaración que obtuvo The Clinic Online- reconoció que desde 2006 a 2013, trabajó para la empresa cuyo giro es el retiro de basura, aún cuando era un funcionario municipal, recibiendo un sueldo paralelo. Explicó que desde 2010 a 2013 recibía tres millones de manera trimestral por supuestos trabajos de los que, dijo, no existen registros. Emitía boletas, cobraba el dinero que depositaba en su cuenta e incluso los ahorró para comprarse una casa. Su esposa, dueña de casa, también cobró 9 millones en 2012 por supuestas asesorías a la firma. El fiscal oriente José Antonio Villalobos encontró una nueva arista de posibles actos de corrupción de la empresa Starco-Demarco, compañía que es parte de KDM. La indagatoria vincula a la Municipalidad de Huechuraba, donde la firma pagó al funcionario público Luis Acuña Acuña desde 2006 hasta 2013, a cambio supuestas asesorías relativas a retiro de basura. La suma entregada podría superar los $20 millones e implica que Acuña recibió un sueldo paralelo durante las administraciones de Carolina Plaza (UDI), Eduardo Flores (UDI) y Carlos Cuadrado Prats (PPD), sin que necesariamente los alcaldes supieran de ello. La información que revela The Clinic Online, consta en la declaración que Acuña prestó el pasado 29 de marzo a las 10.30 ante el perseguidor penal, luego de que su nombre apareciera en la contabilidad de la firma. Esta última llegó a Villalobos, pero en el marco de la indagatoria en contra del ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat. Acuña, de acuerdo a sus dichos, trabaja en la sede comunal desde 1992, desempeñando el cargo en la Dirección de Obras hasta 1995. Posteriormente, hasta 2001 trabajó en Aseo y Ornato. Luego hasta 2005 en la Dirección de Tránsito. De allí siguió en Inspección Centralizada como inspector municipal hasta 2010. En este último año volvió a Tránsito hasta 2013. Y en mayo del mismo año se hizo cargo del Departamento de Aseo, fiscalizando las recolecciones domiciliarias. En su testimonio, Luis Acuña reconoció que desde 2010 a principios de 2013 firmó un supuesto contrato de asesoría a KDM por el que recibía 3 millones trimestralmente, emitiendo boletas de honorarios, luego cobraba el cheque que iba a buscar a las oficinas de la empresa, depositándolo posteriormente en su cuenta corriente. Quien reclutó a Luis Acuña fue Juan Carlos Araya Cisterna, quien fungió como gerente general de Starco-Demarco entre 2010 y 2013, previo paso como subgerente de operaciones entre 2007 a 2010. Anteriormente, de 1993 a 2006 se desempeñó como jefe de operaciones. Ambos se conocieron en 1995, cuando Acuña laboraba como inspector de aseo. Acuña declaró: “En el año 2010-2011, aproximadamente, mientras estaba en el Departamento de Tránsito, Juan Carlos me ve que estoy mal, yo le pedí trabajo, quería irme de la municipalidad y él me ofreció ser asesor de la empresa Demarco-Starco y trabajar directamente con él, todo mientras me desempeñaba en la municipalidad en (la Dirección de) tránsito”, apuntó. En todo caso, la “cercanía” entre ambos comenzó en 2000-2001, recordó, cuando la firma aún tenía el contrato de extracción de basura. Hasta ese momento Acuña aseguró que Araya “no me pedía nada”. En ese contexto, aseguró que Araya Cisternas le preguntó “en qué lo podía asesorar y yo le dije que podría asesorar en el momento en que se ganara las licitaciones en confección de manejos de rutas, recorridos, cómo mejorar el tema de los residuos voluminosos y trabajo administrativo en la empresa, por ejemplo, análisis de propuestas y todas esas cosas”. “Me dijo que me podía pagar un millón de pesos mensuales, pero lo dejamos después de manera trimestral, además acordamos que le avisaría cuando estuviera su pago en la Municipalidad. Acordamos que le apuraría los pagos en la municipalidad. Yo para apurarlos llamaba a Tesorería para preguntar sin estaba el pago y le avisaba (…) Era el pago de una factura que se pagaba con un cheque mensual de unos 30 millones aproximadamente”, testimonió. Recuerdo olvidado Acuña, luego de hablar sobre su vínculo contractual entre 2010 y 2013, recordó que su relación venía de mucho antes: “Puede que existan otras boletas para Starco-Demarco de años anteriores, creo que del año 2006-2007-2008-2009, pero eran por montos inferiores a los que percibí a partir del año 2010, por estos años no tenía contrato, pero hacía las boletas. También asesoraba a Juan Carlos, me pagaban de la misma forma con cheque y lo tenía que ir a buscar (…) En ese período de 2006 a 2009 estaba al parecer en Inspección general, pero me pagaban igualmente”. En este punto, la fiscalía sigue investigando, ya que hay piezas que no cuadran. Por ejemplo si Acuña no tenía contrato formal ¿cuáles eran los servicios que prestaba a cambio de dinero? ¿Cómo justificaba la empresa el desembolso de plata? ¿Cuáles eran los montos? Según indicó Acuña, veía con Araya Cisterna, “temas de proyectos y asesorías (…) Me pagaban solamente por estas asesorías”. Hay que recordar que Estarco-Demarco tenía la licitación de la basura, de acuerdo al testimonio de Acuña, “desde 1990 aproximadamente y estuvo hasta el año 2000 ó 2003”. En 2011, la alcaldesa Carolina Plaza (UDI) junto al concejo en pleno rechazaron la renovación automática del contrato con la firma y llamó a licitación para la recolección de residuos. KDM, en 2012, después de varias pujas, quedó fuera. “Hoy se encuentra en la municipalidad la empresa Dimensión (para el retiro de basura), no tengo boletas con ellos”, dijo. De acuerdo a la información del gobierno regional, actualmente KDM sigue manteniendo un vínculo con Huechuraba, ya no para el retiro de la basura, sino con el relleno de Til Til, el cual fue aprobado por el Concejo municipal de la comuna en mayo de 2011. Es decir, mientras la firma tenía vínculos comerciales, siguió pagándole a Luis Acuña por las supuestas asesorías, aún cuando estaba en la Dirección de Tránsito. La fiscalía en ese sentido sigue investigando, ya que hasta ahora la versión entregada por Acuña podría tener otros alcances. Y esto porque no está claro si las contraprestaciones a la empresa fueron solo las asesorías que menciona. Y eventualmente si hubo pagos a otros funcionarios, en momentos que la empresa tenía a cargo la recolección comunal de la basura. Fuentes que conocen del caso indicaron que la fiscalía sospecha de la existencia de un posible cohecho, por lo que la información habría sido derivada de inmediato al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que se trata de un funcionario público. Hay que recordar que la empresa KDM también es investigada por la Fiscalía Occidente, en el llamado caso basura, por pago de coimas. En esta indagatoria se encuentran formalizados desde 2015, el ex gerente de KDM Fernando León por cohecho, el alcalde de Maipú Cristian Vittori por blanqueo de capitales, entre otros. Ahorro para la vivienda No fueron los únicos pagos que recibió Acuña. En 2012, cuando KDM mantenía vínculos con la municipalidad, usó a su esposa, quien es dueña de casa, para recibir más plata de la empresa. “Quiero agregar además que mi cónyuge (…) rut (…), emitió un año boletas para Starco-Demarco, en el año 2012 por los mismos montos casi que los míos. Fueron tres boletas en 2012 por cerca de 3 millones y fracción cada una. También se emitían los respectivos cheques. Esto lo acordé con Juan Carlos Araya para aumentar el tema del trabajo, recibir más plata, (ella) hacía lo mismo para Juan Carlos, las asesorías que ya detallé”, agregó. Según Acuña, los cheques emitidos por KDM los fue depositando en “sus cuentas corrientes”. “Estábamos juntando para comprar una casa y que compramos en (…) Quilicura, la compramos en 2.800 UF, la pagamos con un pie de 20 millones que juntamos en mis cuentas corrientes, en las de ella no, pero también tiene cuenta en el Scotiabank. Además de un crédito hipotecario en el Banco Scotiabank, pagamos un dividendo mensual de $ $ 320.000 aproximadamente”, reveló. Respecto de este punto de la declaración, dijeron fuentes del caso, la fiscalía busca profundizar por qué ese año, precisamente aumentaron los pagos de la empresa a Acuña. De allí que es altamente probable que este último sea citado nuevamente a prestar declaración para aclarar las razones y los servicios contraprestados, ya que no resulta justificable dicho aumento, cuando Acuña trabajaba para la Dirección de Tránsito. Por último, incluso podrían existir eventuales delitos tributarios si es que no existen los informes de asesorías. Ello podría derivar en que las boletas fueran ideológicamente falsas, al menos las emitidas por Acuña entre 2010 a 2013. Respecto a los pagos de 2006 a 2009 que recibió sin que existiera un contrato formal con la empresa, es materia de análisis por el Ministerio Público. Si bien este diario no pudo confirmar oficialmente que la fiscalía haya enviado la información al SII, fuentes que conocen la indagatoria explicaron que ya existen contactos con el tata fisco. Contradicciones El fiscal Villalobos, atendido los dichos de Acuña, interrogó también a Araya Cisterna, el pasado 31 de marzo a las 12.20 pm. Este último reconoció los pagos y señaló que la plana mayor de KDM siempre tuvo conocimiento de los hechos. Según declaró, el pago a Luis Acuña fue decidido por el gerente de la época (a mediado de la década 2000) Luis Izquierdo “y después otro gerente (…) yo sabía que era funcionario de la municipalidad”. “El ayudaba en el análisis de las rutas de los camiones y tiempos. Esto entiendo que lo hacía en horario que no fuera el municipal, usaba sus propios recursos, no iba a la empresa a reunirse conmigo por este trabajo”, dijo, contradiciendo la versión de Acuña. Araya Cisterna aseveró que de la contratación debió estar enterado el gerente general de KDM Fernando León, el mismo que está formalizado por la Fiscalía Occidente por la corrupción en el municipio de Maipú por el delito de cohecho. “De esta contratación debo haber informado a Fernando León en algún directorio y también que era funcionario municipal, no podía obviar eso porque era la realidad, nunca dijo nada Fernando, no hubo contraposición a eso porque además no ocupaba su horario y además creo que parte de su trabajo lo hizo mientras no teníamos contrato con la municipalidad”, indicó. El ex ejecutivo de KDM, reconoció además que Acuña apuraba el pago de facturas, “porque habitualmente se demoraban, pero este trámite se hacía con otros municipios donde había que cobrar”. Mala memoria El fiscal Villalobos interrogó el mismo día a Fernando León en calidad de imputado, quien llegó junto a su abogado Sergio Rodríguez Oro. Como era de esperarse, aseguró no tener “conocimiento” de los dineros a Acuña, ya que sólo se enteraba, dijo, sobre pagos cuyos montos superaran los $ 10 millones. “Respecto del nombre de Luis Acuña no me suena, no lo conozco. Juan Carlos Araya (el ex gerente) nada me informó”, dijo, contradiciendo a este último. “No tengo ni he tenido ninguna vinculación con los alcaldes de la comuna, al alcalde actual ni siquiera lo conozco. A la alcaldesa Plaza la conozco”, declaró. Este diario contactó a Rodríguez Oro para que entregara su versión, pero se excusó de hacer comentarios sobre el testimonio de su cliente. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/17/los-pagos-secretos-de-kdm/
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