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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/310379-codigo-penal-hay-fiscales-que-buscan-figuracion-y-eso-no-me-parece/?hl=%2Bcodigo+%2Bpenal 17 Julio 2018 Cohecho: Justicia acoge propuesta de la oposición El planteamiento buscaba reponer en el debate un nuevo tipo penal, con el fin de evitar que para que se configure ese delito, necesariamente, deba comprobarse una contraprestación como consecuencia del pago recibido por el funcionario público, como ocurre actualmente. Un inesperado acuerdo entre el gobierno y la oposición se dio hoy en la Comisión Mixta que revisa el proyecto que modifica el Código Penal en materia de cohecho y otros delitos de corrupción. Pese a que el Ejecutivo había señalado previamente que no era partidario de incluir ahora en la normativa un nuevo tipo penal de cohecho, finalmente, el ministro de Justicia, Hernán Larraín se abrió a una nueva indicación propuesta por los parlamentarios de oposición Leonardo Soto (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Catalina Pérez (RD) y Gabriel Silber (DC). El planteamiento buscaba reponer en el debate un nuevo tipo penal, con el fin de evitar que para que se configure ese delito, necesariamente, deba comprobarse una contraprestación como consecuencia del pago recibido por el funcionario público, como ocurre actualmente. Así, los parlamentarios ingresaron una indicación en esa línea estableciendo el mero establecimiento de la aceptación de los beneficios recibidos -explícita o tácitamente- para que se configure el delito. Tras un intenso debate en la Mixta, el constitucionalista Héctor Hernández fue quien disipó las dudas del titular de Justicia, quien reiteró la preocupación del gobierno de que una modificación en la norma pudiese “interferir” en casos como Corpesca y SQM. Así, finalmente Larraín propuso que el Ejecutivo, basado en la propuesta de los parlamentarios de oposición, proponga una redacción para incorporar el nuevo tipo penal, aunque rebajando la pena en un grado, lo que fue acogido como un acuerdo por los integrantes de la comisión. A la salida el secretario de Estado sosgtuvo que “habiéndose aclarado que no va a influir en los juicios actuales, el Ejecutivo no va a tener ningún problema en que se apruebe desde ya”. El diputado Soto tildó el acuerdo de “histórico” mientras que la diputada Pérez valoró la voluntad del ministro. La discusión generó roces en el PS. La semana pasada, el senador José Miguel Insulza no votó alineado con Soto, por lo que algunos parlamentarios propusieron de que el timonel Álvaro Elizalde reemplazara a Alfonso de Urresti en vez Insulza, pero éste insistió en asistir. Al encontrarse con Soto antes de la comisión, Insulza lo emplazó por una supuesta falta de diálogo. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/cohecho-justicia-acoge-propuesta-la-oposicion/246980/
  2. 09 Julio 2018 ¿Dar sin recibir? La discusión sobre el cohecho que se abre en el Congreso Mientras algunos parlamentarios proponen elevar las penas para este delito y el de soborno, otros quieren ir más allá y rebajar los requisitos, partiendo por que no se exija acreditar una contraprestación a cambio del pago. No es sólo un asunto de subir las penas y ya. El debate acerca de cómo y hasta dónde modificar la figura penal del cohecho -vulgarmente conocido como coima- y su delito asociado, el soborno, va mucho más allá, al decir de algunos de sus participantes. Por lo pronto, esta tarde se presentarán en el Congreso indicaciones que apuntan a hacer más fácil la persecución de ambos delitos, suprimiendo un requisito: que no se exija acreditar, además del pago que recibe el funcionario público, una contraprestación a cambio. Dicho punto ha destacado al calor de la polémica por la decisión del fiscal Manuel Guerra de recalificar los delitos a la hora de cerrar las aristas del Caso Penta. Guerra -en la entrevista que dio el fin de semana en La Tercera para encarar las críticas que ha recibido-, aseguró que “lo que nosotros sí teníamos acreditado, sin ninguna duda, son los pagos hechos a Wagner”, y “que la debilidad de este caso, que siempre estuvo presente en la interna del Ministerio Público, era el tema de los actos propios del cargo que se exigen en el cohecho”. En simple: la legislación hoy, para perseguir a alguien por cohecho, exige probar no sólo que se coimeó pagándole a alguien, sino que además acreditar que ese alguien cumplió con su parte del trato. Al día de hoy, la discusión legislativa está radicada en la Comisión Mixta, donde la atención se ha centrado en subir las penas (como impulsan los senadores Felipe Harboe y Andrés Allamand), con la idea de que algunas de ellas importen prisión efectiva. Pero con la polémica a raíz de los casos Penta y SQM, algunos quieren subir la vara. Esta tarde, el senador Alfonso de Urresti y el diputado Leonardo Soto, ambos PS, presentarán una indicación para suprimir dicho requisito, ya que -dice Soto, miembro de la mixta-, “hasta este momento no hay indicaciones que busquen rebajar los requisitos del cohecho o establecer una redefinición del tipo penal del cohecho que elimine o que aumente las posibilidades de castigar sin haber una prestación muy clara”. Hasta hoy sí hay un proyecto que lo propone. Es uno presentado por diez diputadas y diputados (Jiles, Bellolio, Hirsch, Boric, Auth, Walker, Pérez, Soto, Alessandri) que propone castigar al funcionario “por el solo hecho de solicitar, ofrecer, demandar, aceptar o convenir en”. Dicho texto, en su presentación, declara que “la definición vigente del delito de cohecho ha demostrado ser completamente ineficiente, pues probar que aquello que primó en la decisión de un funcionario o autoridad fue el interés particular implica generar una prueba prácticamente imposible en juicio”. Otra propuesta que apunta en ese sentido fue la que los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena compartieron con varios legisladores, y que acogieron en el Frente Amplio. “Si este delito hubiese estado vigente en estos años, se podría haber perseguido el cohecho cada vez que un funcionario público hubiese recibido dinero, como en los casos de Pablo Wagner o en otros que no pudieron ser perseguidos como cohecho, como el del senador Iván Moreira”, explica el mismo Gajardo. El diputado Soto detalla que en la mixta se han fusionado tres textos, un mensaje presidencial y dos mociones parlamentarias, uno de los cuales es el de los diez diputados y diputadas. “Creo que sí hay piso para esto, pero nunca se sabe hasta que se sometan a votación los proyectos, y eso ocurrirá a partir de hoy en la tarde”, agrega. Según él, “tenemos que aprender de la experiencia judicial que hemos tenido en el último tiempo, donde se han acreditado de manera fehaciente la entrega de millonarios recursos a funcionarios públicos que no tienen ninguna justificación, y que sólo se explican en cuando buscan cohecharlos; sin embargo, no se ha podido acreditar judicialmente la contraprestación asociada a la entrega de estos recursos, y terminan siendo enjuiciados por delitos menores, como enriquecimiento ilícito”. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/dar-sin-recibir-la-discusion-sobre-el-cohecho-que-se-abre-en-el-congreso/236438/
  3. 10 Junio 2018 Cohecho: el esquivo delito de los casos de platas políticas De las cuatro investigaciones por financiamiento irregular, dos irán a juicio por el presunto soborno a políticos: SQM y Corpesca. En el caso de las pesqueras, el CDE ya descartó querellarse contra la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe. El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, termina su periodo en julio. El investigador lidera el “caso Asipes”, una de las cuatro investigaciones por presunto cohecho que surgieron de los casos por financiamiento irregular de la política que desde hace cinco años investiga la fiscalía. Antes de dejar el Ministerio Público, el fiscal Contardo se propuso decretar algunos términos judiciales. Uno de ellos, y quizás el más esperado, es respecto a una línea investigativa que involucró a la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. La parlamentaria fue investigada luego de que se encontraran correos intercambiados con Luis Felipe Moncada, entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), en que este último sugería indicaciones en plena tramitación de la ley de excepción de la pesca del jurel, en 2014. Respecto de la parlamentaria y el exdirectivo de Asipes, la fiscalía no perseverará e incluso podría pedir sus sobreseimientos definitivos tras establecer que sus conductas no son constitutivas del delito de cohecho. En la misma línea, el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) -tras analizar los antecedentes- ya decidió que no se querellará en el caso. El principal motivo es la exigencia del tipo penal de cohecho en Chile. Tras un análisis de movimientos financieros, realizados a las cuentas corrientes en esa causa -conseguido con alzamientos del secreto bancario decretados por tribunales-, se estableció que no existen pagos ni de Moncada ni de la organización gremial a Van Rysselberghe simultáneos a su periodo como senadora y presidenta de la Comisión de Pesca. Quienes analizaron estos antecedentes sostienen, además, que de haber existido intercambios de dinero o aportes, estos fueron antes de que la timonel UDI llegara al Congreso. Como el tipo penal exige que el beneficio económico sea en la misma época en que dicho funcionario público presuntamente favoreció al particular que le pagó, no se configura el delito y -por ende- no hay forma de formalizar o seguir adelante con el tipo penal actual. Este fue el análisis realizado por el CDE para desestimar hacerse parte en el caso. La renuncia al cohecho El primero en desestimar el delito de cohecho fue el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Y lo hizo en la causa que dio origen al resto de estas investigaciones, el denominado caso Penta, acordando con las defensas recalificar el delito de cohecho por el de enriquecimiento ilícito. Para el miércoles 13 está agendada la audiencia en que se reformalizará el delito imputado al exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, quien hace tres años fue formalizado por el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán por cohecho. Esto, debido a los pagos mensuales que siguió recibiendo del grupo Penta tras ser nominado en la cartera de gobierno. A esto, según se acusó, se sumaron actos del exfuncionario en favor de los empresarios, uno de ellos supuestas gestiones para que Lavín fuera miembro del directorio de Codelco, según se establece en correos incautados en la indagatoria. El exfiscal que indagó este caso, Carlos Gajardo, dijo el viernes 8 que “el fiscal Guerra no cumple su rol de persecución penal”, luego de que La Tercera diera a conocer reparos de la Fiscalía Nacional a la recalificación de los hechos indagados. Sin embargo, pese a la decisión del fiscal Guerra, será el juez de garantía que revise el acuerdo quien finalmente determinará si los hechos dan cuenta del delito de cohecho o enriquecimiento ilícito. Sin acuerdo Tanto el caso SQM, liderado por el fiscal regional Pablo Gómez, y el caso Corpesca, indagado por la fiscal Ximena Chong, serán las investigaciones que sin posibilidad de acuerdo llegarán a juicio oral. Es decir, por primera vez en la Reforma Procesal Penal en Chile se sentará en el banquillo de los acusados a dos altos personeros políticos, como los exsenadores de la UDI Pablo Longueira y Jaime Orpis. Respecto de este último, la fiscalía pidió un total de 21 años de cárcel, seis de ellos por el cargo de cohecho reiterado de la empresa Corpesca y ya está en camino la preparación de juicio oral. En cuando al exsenador Longueira, el equipo de Gómez ya está listo para presentar acusación los primeros días de julio. Conocedores del escrito aseguran que ya van más de 500 páginas del libelo con el que se formalizará ante la justicia la pretensión del Ministerio Público de llevar el caso a juicio oral. Para Longueira, la pena rondará entre los 541 días y los tres años de cárcel. Las negociaciones para una salida alternativa o procedimiento abreviado, en este caso, están cerradas y la indagatoria irá a juicio oral. El martes 12 será clave en el Congreso para que en el futuro se eleven las penas de cohecho en Chile debido a que ese día sesionará la comisión mixta -presidida por el senador DC Francisco Huenchumilla- constituida para zanjar las diferencias existentes entre la Cámara y el Senado respecto del proyecto que eleva las penas en casos de cohecho y soborno. Esta es la iniciativa que más ha avanzado en su tramitación de los proyectos que han buscado legislar este tema y fue presentada por un grupo de senadores en 2016, casi un año después de las conclusiones de la Comisión Engel y como parte de la batería de proyectos de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno de Michelle Bachelet. Será la primera vez que sus integrantes -senadores y diputados- revisen las diferencias entre el Senado y la Cámara, principalmente referidas al aumento de sanciones a ambos delitos, que en el caso de los diputados son inferiores a las aprobadas en el Senado. Desde ya, el diputado Leonardo Soto (PS) junto al senador Alfonso de Urresti (PS) han transmitido su intención de proponer a la comisión que se agregue al proyecto la figura de la delación compensada, junto con otorgar penas de crimen a las figuras más graves de cohecho y soborno. Además, el senador Felipe Harboe (PPD) planteará la propuesta de proyecto que recibió de parte de los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena y que -entre otros aspectos- aumenta el plazo de prescripción de estos delitos y crea nuevas figuras para la configuración del cohecho. Fuente: http://www.latercera.com/reportajes/noticia/cohecho-esquivo-delito-los-casos-platas-politicas/198982/
  4. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/318466-caso-codigo-de-aguas-frente-amplio-por-correos-de-longueira-sobre-codigo-de-aguas-esta-nueva-arista-confirma-que-buena-parte-del-gobierno-de-pinera-actuaron-fuera-de-la-ley/?hl=%2Blongueira&do=findComment&comment=22479605 05 Octubre 2017 Formalizarán a Longueira por gestionar a petición de SQM nuevo Código de Aguas Defensa del ex ministro solicitó al Ministerio Público explicitar las razones por las cuales se le levantarían nuevos cargos. Luego de que se fijara la fecha para una audiencia de reformalización por cohecho y delitos tributarios del ex ministro, Pablo Longueira -el 18 de octubre-, su defensa solicitó al Ministerio Público explicitar las razones por las cuales se le levantarían nuevos cargos. Según se argumentó en el escrito que el fiscal Pablo Gómez ingresó al Octavo Juzgado de Garantía, la reformalización respecto a delitos tributarios se justifica a raíz del hallazgo de nuevos emisores de boletas (que datan de 2009). Del mismo modo, se explica que la imputación de cohecho se debe a “la incorporación de nuevas conductas funcionarias desplegadas por Pablo Longueira que constituirían supuestos cohecho y soborno. A saber, la solicitud realizada por la empresa SQM al entonces senador para gestionar la presentación de un proyecto de ley destinado a modificar el Código de Aguas que finalmente no se materializó”. La fiscalía también mencionó la incorporación de 10 medidas, que incluyeron la reactivación del litio, en la Agenda de Competitividad que lideró como ministro. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/formalizaran-longueira-gestionar-peticion-sqm-nuevo-codigo-aguas/
  5. 31 Marzo 2017 Suspenden evaluación ambiental de Vespucio Oriente 1 Servicio de Evaluación paralizó el proceso por la indagatoria de la Fiscalía por presunto cohecho. Medida pone en duda los plazos del proyecto, que fue adjudicado en febrero de 2014. “Resuelvo: suspender, el proceso de evaluación de impacto ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El Salto – Príncipe de Gales (AVO 1)”. Esa fue la medida que publicó hoy el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la página del organismo (ver extractos), y que deja paralizado cualquier avance, tanto en este proceso evaluativo como en el inicio de obras del proyecto que fue adjudicado en 2014, y que se esperaba pudiera empezar a operar en 2020. La suspensión, añade el SEA, se extenderá hasta que el Ministerio Público resuelva la investigación que lleva contra un funcionario de la División de Evaluación Ambiental de la entidad, por los presuntos delitos de negociación incompatible y cohecho. En el documento emanado este viernes, el SEA argumenta que “en el evento que resultaren efectivos los hechos atribuidos al funcionario público involucrado, ello tendría incidencia en el correcto desarrollo del proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto, en la evaluación del componente aire”. Por ello añade que “a fin de resguardar el debido proceso de evaluación ambiental, la adecuada evaluación y predicción de los impactos ambientales sobre el recurso aire en todas sus fases y en definitiva la calificación ambiental del mismo, esta Dirección Regional estima oportuno suspender la tramitación del proceso de evaluación de impacto ambiental del Proyecto”. Lo anterior deja en una nebulosa el futuro del proyecto, que desarrolla Consorcio OHL Concesiones Chile-Sacyr, y que el jueves pasado había entregado la Adenda número 2, donde precisaba aspectos relacionados con la proyección de emisiones contaminantes a la atmósfera. Consultada la empresa por la decisión del organismo, señalaron, mediante un comunicado, que SEA toma la medida “sin haber analizado los antecedentes presentados ayer (jueves) en la Adenda N° 2”. Según establece el organismo, la concesionaria tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar, es decir hasta el viernes 7 de abril. El consorcio agregó que “sobre el eventual cuestionamiento que realiza el SEA al estudio de emisiones, debe indicarse que a raíz de las observaciones formuladas por los servicios y la ciudadanía, la Adenda presentada este viernes actualizó todos los antecedentes de dicho estudio, por lo que la información en esa materia ya no es objeto de la evaluación, puesto que ha sido superada por esta nueva Adenda”. En diciembre pasado la empresa se hizo parte de la investigación de la Fiscalía con una querella. El funcionario fue denunciado por el SEA, que, además, instruyó un sumario para determinar responsabilidades administrativas. Ante la noticia Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, una de las comunas por donde pasará la autopista, señaló que es “lamentable que sigamos retrasando y postergando proyectos que todos sabemos que deben hacerse sí o sí”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/suspenden-evaluacion-ambiental-vespucio-oriente-1/
  6. 05 Marzo 2017 Sergio Aguiló apunta al presidente de Izquierda Ciudadana: "Él debería dar un paso al costado" El ex presidente de Izquierda Ciudadana tira sus dardos contra Francisco Parraguez, investigado por fraude al fisco, cohecho y negociación incompatible. "Yo siempre he sostenido que es tan grave la situación que afecta hoy a la elite politica de nuestro país, es tal el nivel de desconfianza que existe por parte de la población, que una de las tantas medidas que los partidos deberíamos adoptar, es que cualquier persona que sea investigada por la justicia por algún delito vinculado a hechos de corrupción, debiera dar un paso al costado", argumenta. El diputado Sergio Aguiló criticó duramente al presidente del partido Izquierda Ciudadana, Francisco Parraguez, actualmente investigado por fraude al fisco, cohecho y negociación incompatible. “Yo siempre he sostenido que es tan grave la situación que afecta hoy a la elite política de nuestro país, es tal el nivel de desconfianza que existe por parte de la población, que una de las tantas medidas que los partidos deberíamos adoptar, es que cualquier persona que sea investigada por la justicia por algún delito vinculado a hechos de corrupción, debiera dar un paso al costado”, señaló Aguiló, quien también fue presidente de Izquierda Ciudadana hasta el año pasado. En tanto, puntualizó que, en el caso del partido que encabeza Parraguez, “se deben seguir las mismas reglas que el resto. En la región de O'Higgins hay una investigación en curso, que ya lleva un año y medio, donde una de las personas que es objeto de esa investigación es presidente de Izquierda Ciudadana”. Como alternativas para presidir el partido, Aguiló tiene dos preferencias: Diego Ancalao, vicepresidente del partido; y el embajador de Chile en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/05/sergio-aguilo-apunta-al-presidente-de-izquierda-ciudadana-el-deberia-dar-un-paso-al-costado/
  7. Historia del topic http://foros.fotech.cl/topic/307315-corrupcion-ley-pesca-jacqueline-van-rysselberghe-no-asistio-a-comite-ejecutivo-de-chile-vamos-pagina-2/?hl=+pesca 04 Febrero 2017 Graves acusaciones de cohecho: Jacqueline Van Rysselberghe otra vez en la mira de la fiscalía La situación que vincula a la senadora y líder de la UDI con el sometimiento a la industria pesquera, siendo ella presidenta de la Comisión de Pesca del Senado, no es el primer caso que la liga a delicados asuntos judiciales. Configurar el delito de cohecho no es fácil y de hacerlo su pena es bajísima. Sin embargo, especialistas aseguran que este caso reúne todos los requisitos que la ley exige para que sea formalizada y, de resultar culpable, se trataría de un delito agravado. Pocos días antes que Jacqueline van Rysselberghe fuera electa presidenta de la UDI, ya se sabía que el caso Asipes explotaría. Las conversaciones para intentar retardar los efectos del escándalo para después de las elecciones donde era la candidata del establishment, no evitó que sí se fueran produciendo consecuencias entre los partícipes de lo que llegaría a ser, apenas unos días más tarde, un bullado caso de corrupción. Luis Felipe Moncada, cuatro días antes de la elección, abandonaba en el mayor sigilo la dirección de la Asociación Industriales Pesqueros (Asipes). Ya estaba escrito que las investigaciones de su participación directa en el financiamiento ilegal de la política durante la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca le habían causado un daño casi irreparable, pero esto era distinto: tocaba a su amiga y líder política, la senadora Van Rysselberghe. Fue la gota que rebasó el vaso. A toda escala Una denuncia periodística puso en el tapete uno de los incidentes que amenaza ser el más grave de los casos de corrupción conocidos en el último tiempo. Una serie de correos electrónicos fueron el detonante del escándalo. Luis Felipe Moncada, entonces presidente de Asipes, uno de los líderes de la industria pesquera, instruyó por ese medio a la presidenta de la Comisión de Pesca del Senado cómo legislar en una norma que influía en los intereses de los empresarios del rubro. No solo hubo un caso de opinión aislada; se trató de todo un seguimiento, detallado, de qué debía presentarse y qué no, y la senadora lo hizo a pie juntillas, tal como se le pauteo. No solo le decían qué hacer, sino que ella misma preguntaba qué más les interesaba. ¿Pagos o trucherías? Se afirma que desde Pesquera Camanchaca se habrían entregado $5 millones a la campaña de la senadora en 2013, dineros que habrá de determinar si son o no parte de los aportes reservados que recibió en ese año por la friolera de $278.785.814, lo que sumado al reembolso solicitado al Servel por otros $87.865.938, la transformó en la cuarta senadora que más dinero recibió por esta vía, lo que representó el 59% de su gasto electoral. ¿Los cinco millones fueron aportes reservados o entregados de manera trucha mediante boletas o facturas falsas? Ella niega cualquier uso de esa vía y aduce no saber de dónde llegaron los casi 300 millones a su campaña. Es más, desconoce siquiera haberse juntado con representantes de Camanchaca. Sin embargo un ex trabajador durante su campaña, Joel Chávez, asegura que él debió entregar una boleta falsa por $9 millones para cubrir gastos que no tenían cómo justificar ante el Servel. Tales declaraciones las vertió el 4 de agosto pasado frente al Ministerio Público, encabezado en esta investigación por la fiscal Ximena Chong. Es más: Chávez aseguró que la boleta le fue solicitada por el propio marido de la senadora, Mauricio Pavéz. Van Rysselberghe ha dicho que ese dinero correspondía pagarlo por los trabajos de Chávez efectuados en la campaña. Claro que eso no se condice con los datos entregados al propio Servel, pues en ellos la senadora declaró $109.500.000 por el trabajo voluntario de 214 personas, según una planilla adjunta, en que figuraría ese trabajador. Quién manda a quién "Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban. De todas maneras pedí aumento de plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees necesario presentar además la indicación que me mandaste?", pregunta Van Rysselberghe a Luis Felipe Moncada, quien días antes había rechazado la ley que se tramitaba y que beneficiaba al sector artesanal de la pesca, sus contrapartes desde la industria. Así, tenía línea directa nada menos que con la presidenta de la Comisión que informaría a la sala la conveniencia o no de la mentada ley y a la cual él se oponía. Durante noviembre de 2014 se discutían en el Senado las indicaciones que se presentarían al proyecto donde se establecía una excepción para la pesca artesanal con línea de mano de jurel. Se buscaba que botes artesanales con un tamaño inferior a 12 metros tuvieran acceso a pescarlo en una cuota para consumo humano. Eso no lo quería la industria que representaba Moncada. Antes de vencer el plazo para las indicaciones el jefe de gabinete de la senadora envió desde su cuenta personal un mensaje al mail de Moncada, que está en manos del Ministerio Público: "Indicación/Senadora van Rysselberghe" "Estimado Luis Felipe: Por especial encargo de la senadora van Rysselberghe, adjunto documento con indicación al proyecto de Ley del Boletín Nº 9097-21". La respuesta no se hizo esperar: "Estimada Coca", comienza el correo electrónico en que responde el imputado expresidente de Asipes por el caso Corpesca. Las instrucciones fueron muy efectivas. Tanto, que la propia senadora se desdijo de una indicación presentada por ella y la declaró inadmisible. Lo mismo hizo con todos los cuestionamientos que efectuó Asipes, acogiendo las instrucciones de los industriales. En la mira del fiscal "Esta es una investigación que comenzó hace varios meses con el fiscal (Emiliano) Arias -relata a Cambio21 el abogado Mauricio Daza, querellante en el caso Corpesca-. Eso ocurrió ya hace meses y en parte por antecedentes que existían en la carpeta investigativa de Corpesca, además de otros antecedentes que nosotros mismos le señalamos y que nos habían llegado, vinculados precisamente a lo que sería una red de corrupción, la cual habría montado la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío Bío y que involucraba pagos regulares a autoridades políticas, pagos ilícitos. Ello dio lugar a un conjunto de diligencias y ahora solo estamos conociendo algunos de sus resultados". Agrega que "lo que aquí se pasa a confirmar es una hipótesis, que Asipes es un caso de corrupción importante. De hecho, si se investiga hasta el final, eventualmente va a aparecer como el caso de corrupción más relevante que se haya conocido hasta la fecha. Respecto de la senadora Van Rysselberghe hay nexos innegables, que ni siquiera ella los cuestiona respecto de su figura con la asociación de industriales. Desde un punto de vista penal no basta con que exista un correo electrónico con instrucciones de parte de una asociación de empresarios a una autoridad pública, es necesario además que esta autoridad pública haya actuado en consecuencia de esas instrucciones y que parece que aquí ocurrió, pero además es necesario establecer si aquí existió algún tipo de aporte ilícito". "No he escuchado que se cuestione por parte de la senadora o de su grupo cercano el que obviamente sí han existido aportes de Asipes a sus actividad o campaña, lo que se señala es que estos aportes no serían ilícitos, los que generalmente se concretan a partir del pago de boletas ideológicamente falsas por servicios que nunca se prestaron. No descartaría en lo más mínimo que se den todos los elementos para hacer una imputación penal por cohecho en el mediano plazo en contra de la senadora Van Rysselberghe", concluye. Qué dirá el rey de Roma... A tal punto ha llegado el nivel de manejo por parte de la industria respecto de algunos políticos que, como consta del expediente, siendo diputada Marta Isasi (ex UDI) y cuando le tocó dar cuenta en Sala en la Cámara acerca del trabajo y conclusiones de la Comisión de Pesca durante la tramitación de la Ley de Pesca (Ley Longueira), lo que ella hizo fue leer un documento elaborado por Corpesca. En eso consistían las conclusiones de la Comisión: en lo que había enviado la industria. Las penas asociadas a delitos funcionarios, delitos que pueden cometer justamente quienes legislan, suelen tener penas relativamente bajas, y ese es el caso del cohecho. La básica es de 61 días, pero hay otras figuras que son más complejas y, aunque igual con castigos bajos, son un poco mayores. Ahora, si se agrega a esto reiteración de conductas, atendido a que acá no hubo un solo hecho o acto de cohecho sino varios y prolongados en el tiempo, entonces se puede llegar a penas superiores, además que hay casos donde también se están imputando otros delitos. "¿Qué dirá Piñera, en los debates de la campaña presidencial, cuando se le reproche que uno de los partidos que lo apoyan está dirigido por alguien que mantenía relaciones promiscuas con las empresas que, de acuerdo con la Constitución, debía contribuir a regular? Piñera ya tuvo que padecer varios casos -¿será necesario recordar la vergüenza de Longueira o de Wagner?- de promiscuidad entre los empresarios y la política que él impulsaba. El caso de la senadora Van Rysselberghe, que si sigue en el cargo hasta la campaña presidencial deberá acompañarlo, enlazar sus manos, proclamarlo, aconsejar que se le apoye, no es más que un plomo, un lastre, que lo incomoda y lo expone", se preguntó en su habitual columna en El Mercurio el académico Carlos Peña. Por su parte, el senador y pre candidato presidencial Manuel José Ossandón comentó que "como cuando yo dije -a Cambio21- que en el caso de Exalmar el expresidente (Sebastián Piñera) tenía que mostrar los correos para demostrar su inocencia, la presidenta de la UDI también tiene que transparentar todo, de forma que quede claro que no ha hecho nada incorrecto". De paso, lamentó que Chile Vamos siga "permaneciendo en silencio" frente a este tipo de hechos, los que a su juicio le hacen muy mal al país en general. Cambio21 contactó a la senadora Jacqueline van Rysselberghe para que aclarara las graves acusaciones en su contra, pero ella se excusó de hacerlo manifestando: "no tengo ningún interés". Nada nuevo bajo el sol No es primera vez que la senadora Jacqueline van Rysselberghe se ve enfrentada a investigaciones y querellas criminales. El Consejo de Defensa del Estado presentó ya en noviembre de 2014 una querella criminal en su contra por uso indebido de fondos municipales, delitos que se habrían cometido siendo ella alcaldesa de Concepción entre 2006 y 2010. El fraude fiscal se ejecutó -según el CDE-, a través de la contratación de personas para fines distintos a los asignados, gastos no autorizados y desvío de recursos municipales para la campaña de 2009 para el hoy diputado Enrique van Rysselberghe. De hecho el diputado ha debido comparecer a tribunales sobre el tema. Y un detalle no menor, el referido parlamentario, hermano de la senadora, es también miembro de la Comisión de Pesca, de la Cámara Baja. No es lo único. También mientras se desempeñaba como alcaldesa, los concejales del municipio denunciaron que -bajo su control- se entregaron a funcionarios municipales departamentos que correspondían a damnificados por las inundaciones de 2006 en la zona. "Algunas personas se me acercaron contando que no habían recibido el beneficio de damnificados y pedí la lista de los que recibieron departamentos sin que les correspondiera, por no estar damnificados y ser de otra ciudad", denunció la exconcejala Alejandra Smith. Incluso llegaron a afirmar que pagó lealtades políticas con millonarios montos en horas extras, lo que dio origen a la solicitud de una auditoría en su contra. Jorge Condeza, concejal independiente pro RN, expresó que "esta auditoría de horas extras dio cuenta del pago de montos muy importantes a diferentes personas en la municipalidad con cifras abultadas entre 100 y hasta 300 horas en un solo mes, lo cual -está demostrado- es físicamente imposible de realizar, aunque obviamente se puede legalizar mediante múltiples firmas y decretos. El presupuesto para horas extras en 2010 era de 270 millones y terminaron pagándose 433" afirmó. A tanto llegó el escándalo, que según Condeza un funcionario llegó a ganar durante tres meses cuatro millones de pesos adicionales a su sueldo. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170203/pags/20170203222623.html
  8. 20 Octubre 2016 Sobrino de Longueira dispara contra políticos y empresarios en arista cohecho del caso SQM: “Fuimos abusados… nos hicieron ver como normal situaciones al menos moral y éticamente reprochables” Alfonso Mora Domínguez, hijo de una prima hermana del ex candidato presidencial de la UDI comenzó su declaración como imputado ante la fiscalía enviando un mensaje a los responsables de los casos de platas políticas. Pese al mensaje crítico, el abogado no autorizó levantar su secreto bancario ni permitió al Ministerio Público acceder a la información de su correo electrónico. El pasado 29 de septiembre a las 10 de la mañana, Alfonso Mora Domínguez, llegó con su abogada Sofía Hamilton a la fiscalía para declarar. Lo hizo como imputado y casi tres meses después de haber sido formalizado por delitos tributarios en el caso SQM. El abogado es uno de los denominados “boleteros de Longueira” que emitió dos boletas por un total de 12 millones de pesos entre octubre de 2011 y agosto de 2012 a la minera no metálica. Eso sí, el profesional aseguró ante el Ministerio Público que dichos documentos “no corresponden a servicios reales que yo hubiere prestado a SQM S.A. No conozco a nadie de la empresa SQM S.A., nunca he estado en sus oficinas, ni he tenido relación profesional con esta empresa”. Ante la fiscalía, Alfonso Mora, hijo de María Domínguez Longueira, prima del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, comenzó su testimonio al que tuvo acceso El Mostrador, haciendo una crítica a los responsables de estos eventuales delitos por financiamiento irregular de la política. “Soy familiar del señor Juan Pablo Longueira, quien es primo hermano de mi madre y a quien por mucho tiempo admire como persona y líder político, desde hace dos años que me veo enfrentado a una situación compleja por los hechos en que me vi involucrado debido a la emisión de boletas falsas solicitadas por la señora Carmen Luz Valdivieso Almarza. Creo que yo pertenecí a una generación de jóvenes que en esa fecha éramos estudiantes universitarios y fuimos usados por una generación de profesionales, empresarios, políticos que nos hicieron ver como normal situaciones que son al menos moral y éticamente reprochables, quiero señalar que estoy absolutamente arrepentido de todo lo ocurrido”, aseguró el familiar del ex senador, formalizado en el caso SQM por delito tributario por cerca de 750 millones de pesos y cohecho. Consiguiendo boletas En su testimonio ante la fiscalía, quien fuera formalizado por emisión de boletas falsas, recalcó cómo conoció a Carmen Luz Valdibielso, la mano derecha de Longueira, y cómo esta comenzó a solicitarle documentos tributarios. “En 2011 recibí un llamado de ella preguntándome si tenían boleta de honorarios. Yo le señalé que sí porque como procurador ya emitía boletas. Fue así que ella me solicita si le puedo emitir una boleta y me da los datos de la empresa SQM S.A., la fecha en que debía ser emitida, los montos y la glosa que debía colocar. Esto no me llamó mayormente la atención en primer lugar porque como señale Titi Valdivielso era la mano derecha de Pablo Longueira y como no tenía una relación personal o de amistad con ella, presumí que todo me lo pedía en conocimiento de Pablo Longueira. Nunca pensé que este procedimiento era cuestionable, pensé que era para fines lícitos”, aseguró Alfonso Mora. Pero el sobrino de Longueira, quien se quedaba con la devolución de impuestos de dichos documentos tributarios falsos por servicios que no prestó a Soquimich, no solo emitió boletas si no que por petición de Titi Valdivielso, tuvo que conseguir más boletas, entre ellas, de su hermana. María Loreto quien recibió 16 millones de pesos desde la minera no metálica. “Recuerdo que me señaló que debía ser una persona de confianza, por eso llame a mi hermana María Loreto y le dije que Titi me había solicitado este favor. Le solicite a mi hermana, llamé a mi hermana y le indiqué los datos de la empresa y montos, pues ya los mantenía porque me las había entregado Titi, sé que mi hermana confeccionó la boleta y se la envió al mismo correo”, detalló el abogado. Solicitud de boletas que volvió a concretarse en mayo de 2013 según el sobrino de Longueira, pero ahora eran tres documentos y donde la instrucción era que una de ellas podía ser de su hermana María Loreto, pero que las otras dos debían ser por Asesorías Legales. Por eso Alfonso Mora contactó a dos amigos de la universidad para que boletearan. En su declaración, Mora Domínguez, aclaró que no solo Titi Valdivieso le pidió emitir documentos tributarios si no que Carmen Luz de Castro, mano derecha de Pablo Zalaquet y también formalizada en investigaciones de plantas políticas. El sobrino de Longueira aseguró que Coca de Castro le solicitó dos boletas emitidas por terceros y con profesiones definidas. “Coca de Castro me pregunta si le podía conseguir una boleta de un ingeniero comercial o civil que fuera de confianza, esto debe haber sido porque la Titi le debe haber comentado que yo le había conseguido una boletas, ante esto yo le dije que iba a preguntar a un amigo y le respondía, además recuerdo que me dice que era para SQM y yo le dije que ya tenía los datos. Por esta razón contacte a Diego Coopman quien es ingeniero comercial y es un ex compañero de colegio, lo llamé y le pregunté si tenía boleta y si podía emitir una boleta a SQM y no me hizo mayores preguntas. Creo que el dinero de la boleta era para pagar gastos de deudas o proveedores de la campaña de Pablo Zalaquet, porque a la fecha no había resultado elegido como alcalde”, afirmó Mora. Dentro de los últimos antecedentes que exhibió el sobrino de Longueira fue que Coca de Castro pidió una segunda boleta en diciembre de 2012, solicitando ahora que quien emitiera el documento hacia SQM fuese abogado o estudiante de derecho. Pese a la crítica inicial y el arrepentimiento que Alfonso Agustín Mora Domínguez mostró en su declaración ante la fiscalía, el abogado no autorizó a levantar su secreto bancario ni permitió al Ministerio Público acceder a la información de su correo electrónico personal. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/20/fuimos-abusados-nos-hicieron-ver-como-normal-situaciones-al-menos-moral-y-eticamente-reprochables/
  9. 19 Octubre 2016 Directores de Endesa declaran como testigos por caso de presunto cohecho La fiscal Ximena Chong interrogó a Enrique Cibié, Felipe Lamarca y Jorge Atton, ex subsecretario de Telecomunicaciones de Piñera. Ayer, Pedro Yaconi, ex recaudador de la campaña de Frei, entregó a la PDI antecedentes requeridos. Endesa rectificó sus pagos en 2015. La semana pasada llegaron hasta la Fiscalía Centro Norte dos directores de Endesa y un ex director. La razón: fueron citados a declarar en calidad de testigos por la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad, Ximena Chong, en el marco de la investigación que se abrió por presunto cohecho internacional en contra de la firma. La causa se inició luego de que la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España hiciera un requerimiento internacional a Chile, pidiendo una serie de antecedentes sobre la compañía en relación a este ilícito. Los altos ejecutivos interrogados por Chong fueron los directores Enrique Cibié, ex presidente del directorio de Farmacias Ahumada; Jorge Atton, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera, y el ex director de Endesa, Felipe Lamarca, actual presidente del directorio de Ripley. Según fuentes de la investigación, los tres fueron consultados sobre los eventuales pagos irregulares a Personas Expuestas Políticamente (PEP), rectificados en junio de 2015 por la generadora eléctrica ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). De acuerdo a lo que informó Endesa el año pasado, mediante un comunicado, el monto corregido ante el SII ascendió a $ 276 millones por pagos realizados entre 2012 y 2015, argumentando que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. La decisión se fundamentó en un informe encargado al estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos. Así, el objetivo de los interrogatorios fue que los directivos pudieran identificar quiénes fueron las personas o la persona que contrató y autorizó los servicios que fueron rectificados. Las respuesta de los tres, indicaron las mismas fuentes, fue que no sabían quién o quiénes fueron los responsables de dar curso a estos pagos cuestionados. Entre los pagos rectificados por Endesa el año pasado figuran las empresas del recaudador de campañas presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli; del abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial, Pedro Yaconi, y del ex senador de RN Ignacio Pérez Walker. Consultados respecto de las declaraciones entregadas por los ejecutivos, desde Enel Generación (ex Endesa Chile) dijeron que “reiteramos nuestra disposición y colaboración con las autoridades”. Contactado Rodrigo Zegers -socio del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers & Compañía, que asesoran legalmente a la empresa-, declinó referirse al tema. En tanto, respecto del requerimiento internacional por el cual comenzó este caso, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, dijo que “respondimos el requerimiento de asistencia internacional el 22 de septiembre. En el oficio damos cuenta de las diligencias solicitadas en mayo pasado”. Incautaciones de la PDI Ayer, funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) Metropolitana de la PDI llegó a las 9.45 a la oficina de Yaconi, ubicada en la calle Isidora Goyenechea, en Las Condes. El objetivo de la diligencia era requerir de forma voluntaria los respaldos contables de los pagos realizados por Endesa al ex recaudador de la campaña de Frei, junto con los informes que había realizado a cambio de estos pagos y los correos electrónicos donde se detallan reuniones entre ejecutivos de la eléctrica y la empresa de Yaconi, C2P. Al respecto, el abogado de Yaconi, Francisco Cox, dijo que “hoy (ayer) tuvimos una reunión con los subcomisarios de la Brigada de Delitos Funcionarios y les entregamos más de 102 informes, los contratos y los antecedentes que le fueron entregados por parte de Endesa a Yaconi para que pudiera hacer el trabajo, como las aprobaciones ambientales”. Explicó que Yaconi también prestó asesorías verbales a la compañía, por lo que le pidió a la PDI que requirieran a Endesa los registros de entrada de su cliente, “toda vez que tuvo múltiples reuniones en Endesa, donde se les dio asesoría. Les dimos los nombres de quienes eran la contraparte de los servicios prestados”. El abogado agregó que “seguimos sin entender la razón por la cual Endesa nos puso en esta situación, que daña la imagen de mi representado y dejó de contestar dos cartas en las cuales nosotros les ofrecimos estos antecedentes”. Cox señaló que le pidió una citación a declarar a la fiscal Chong, pero que aún no les dan fecha. En tanto, Claudio Pavlic, abogado de Martelli, agregó que “entregamos (el lunes) de forma voluntaria la información respecto de los trabajos que se realizaron para Endesa”. Detalló que se entregaron a la policía contratos, informes y minutas de reuniones. Pavlic añadió que “no hay ningún problema para que se entregue la información mediante una declaración acerca de las consultas que pueda estimar la fiscal”. Según fuentes ligadas al caso, Pérez Walker también habría entregado la misma información a la PDI. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/directores-endesa-declaran-testigos-caso-presunto-cohecho/
  10. 01 de septiembre del 2016 / 12:40 Hrs Corpesca: Tribunal fija fecha para formalizar a la empresa por responsabilidad penal en delito de soborno La audiencia quedó fijada para el lunes 3 de octubre en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago Acogiendo la solicitud de los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el lunes 3 de octubre a las 9.00 horas la formalización de la empresa Corpesca como persona jurídica por responsabilidad penal en delito de soborno. La audiencia se realizará en la persona del representante legal y gerente general de Corpesca, Arturo Natho Gamboa. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-694913-9-corpesca-tribunal-fija-fecha-para-formalizar-a-la-empresa-por-responsabilidad.shtml
  11. 14 Septiembre 2016 Senado aprueba proyecto que aumenta las penas en casos de delitos por soborno y cohecho Con apoyo unánime, la sala del Senado aprobó en general el proyecto, que aumenta las penas para los delitos de soborno y cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros. El creador del proyecto, Alberto Espina expresó que “estamos hablando de uno de los delitos de mayor gravedad que existen probablemente en una sociedad". Luego de todos los casos de corrupción y financiamiento irregular de la política que han salido a la luz, el Senado aprobó el proyecto que tipifica y castiga los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal, junto a establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. El senador por la región de la Araucanía, Alberto Espina, autor del proyecto junto a los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti, Felipe Harboe y Hernán Larraín, señaló que “cualquier análisis objetivo respecto a estos delitos, demuestra que nuestra legislación está absolutamente desfasada de la realidad. El cambio que propone este proyecto nos pone a la altura de las legislaciones modernas que hay para sancionar los delitos de cohecho y soborno, elevando las penas, y además aumentando las causales por las cuales se configuran estos delitos. Es un buen proyecto, se ha trabajado responsablemente y estamos actualizando nuestra legislación a estándares más altos”. Espina expresó que “estamos hablando de uno de los delitos de mayor gravedad que existen probablemente en una sociedad. Nosotros ponemos siempre, y con alguna razón, el acento en los delitos violentos contra la propiedad”. Pero, agregó, “es evidente que estos delitos tienen a lo menos igual, o mayor gravedad. Aquellos en los cuales un funcionarios público, que ha sido investido de dicha calidad, ya sea por una elección popular, designado por el Presidente de la Republica, o porque ha participado en un concurso público, traicionando los valores éticos más elementales de la función pública, en conjunto con un particular, deciden cometer un delito para recibir un beneficio económico, o bien, otorgar un derecho que no corresponde, en perjuicio del interés común. Eso genera una desconfianza enorme en la sociedad, porque las autoridades deben ser un ejemplo en esta materia”. Además, el senador Espina explicó que, a su juicio, el cambio central viene dado por la sustitución del concepto de lo que se recibe a cambio de la conducta indebida. “Se sustituye el concepto de lo que se recibe por la conducta indebida, denominado beneficio económico, por uno que se dice beneficio indebido. Este concepto de benéfico indebido abarca todas aquellas acciones que tengan por objeto recibir un beneficio que no corresponde, que no tiene justificación, que no dice relación con quien está cumpliendo su labor de funcionario público. Ese es un cambio enorme en la legislación chilena, porque gran parte de las limitantes para perseguir estos delitos, es que se requería que fuera en la práctica dinero, recursos económicos. Pero el beneficio indebido puede no ser dinero. Pudiera ser que mañana a un funcionario público le digan: mira cuando dejes tu actividad, nosotros te vamos a contratar en nuestra empresa, y eso no es un beneficio económico directo. Es un beneficio indebido por que se ha obtenido a través de un procedimiento cuya finalidad es infringir gravemente su obligación de probidad como funcionario público”. Espina durante su intervención detalló algunas de las modificaciones del proyecto, asegurando: “Hoy existe lo que se llama el cohecho impropio, que es cuando el funcionario público recibe recursos para realizar una conducta que no requiere de un pago, una conducta que está dentro de sus atribuciones. Tiene una pena ridícula de 61 a 540 días y se eleva a una pena de 541 a 5 años de cárcel”. Luego explicó el denominado cohecho propio: “Es aquella conducta donde el funcionario público recibe o pide recursos para realizar una conducta que infringe sus deberes, por lo tanto es más grave porque aquí no se trata de realizar algo que estaba dentro de sus facultades para la cual le pagan. Se realiza la conducta para infringir sus deberes y otorgarle un beneficio indebido a un tercero. Las penas eran de 541 días a 3 años y se eleva de 3 años a 10 años de cárcel. Por lo tanto, pasa a ser pena de crimen y va a tener cárcel efectiva”. También se detuvo en el “cohecho para cometer un delito”, dijo que “es una conducta aún más grave. Consiste en ofrecer, recibir o pedir, por parte del funcionario público, un beneficio indebido para realizar una conducta que constituye un delito”. Además, el parlamentario se refirió al delito de soborno, precisando que “esta conducta que se llama cohecho, que es cometida por el funcionario público, tiene su contrapartida: El particular que induce a esta conducta, y en ese caso se llama soborno, donde las penas son equivalente porque es la otra mitad del delito”. Finalmente, el proyecto quedó en condiciones de discutirse en particular por la Comisión de Constitución, para lo cual se fijó plazo el 6 de octubre para presentar indicaciones. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/14/senado-aprueba-proyecto-que-aumenta-las-penas-en-casos-de-delitos-por-soborno-y-cohecho/
  12. 25 de agosto del 2016 / 11:07 Hrs Formalizan a alcalde de Talca por negociación incompatible y cohecho En la audiencia, se determinó que las medidas cautelares de Juan Castro, serán revisadas el próximo 27 de septiembre. La mañana de este jueves, el alcalde de Talca, Juan Castro (IND Chile Vamos), fue formalizado en el Juzgado de Garantía de la ciudad, por cuatro delitos de negociación incompatible, y uno de cohecho. Esto, luego de que se llevara adelante una investigación por ventas y arriendos de terrenos que hizo el edil, el actual candidato a alcalde y administrador municipal, Juan Carlos Díaz (RN) y el jefe de gabinete de Castro, Juan Valdebenito, a las empresas Transportes CTS y Urbana Limitada. Dicha empresa, está a cargo de la limpieza de calles y mantención de áreas vedes de Talca, y cuyo mandante es la Municipalidad. En el marco de esta diligencia, también fueron formalizados, Díaz, Valdebenito y el representante legal de CTS y Urbana, Cristián Tizza. En cuanto a las medidas cautelares de los imputados y como consigna 24Horas, Tizza quedó con arraigo nacional, mientras que las demás, serán revisadas el próximo 27 de septiembre. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-693873-9-formalizan-a-alcalde-de-talca-por-negociacion-incompatible-y-cohecho.shtml
  13. 01 Julio 2016 EL NUEVO DOLOR DE CABEZA DE LA UDI Corpesca: las diligencias que complican a Gonzalo Cornejo y a su esposa, la diputada Claudia Nogueira La fiscal Ximena Chong envió oficios a las dos Cámaras para aclarar si el exalcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, y su exsocio Álvaro Lavín, del Centro de Estudios Sociales Ciudadanos, que emitió dos facturas a Corpesca por $17 millones, habían hecho asesorías parlamentarias. En el Senado le indicaron que no, lo que es correcto. Sin embargo, The Clinic Online descubrió que en la Cámara de Diputados, Lavín trabajó como asesor externo de la diputada Claudia Nogueira, precisamente la esposa de Cornejo. El pasado 21 de junio la fiscal del caso Corpesca Ximena Chong, envió un oficio al Senado y otro a la Cámara de Diputados, en los que solicitó información respecto de si el exalcalde de Recoleta y exasesor de Pablo Longueira en la cartera de Economía, Gonzalo Cornejo, estuvo contratado en ambas corporaciones. Básicamente, Chong buscaba saber si Cornejo prestó servicios como asesor y si emitió informes entre 2005 y 2016. La diligencia incluyó también a Álvaro Lavín Aliaga, quien fue su administrador municipal cuando Cornejo era alcalde de Recoleta. Luego, ambos fueron socios en la empresa Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos (CESC), firma que emitió dos facturas a Corpesca que suman poco más de $ 17 millones. Ambas fueron rectificadas por la firma de los Angelini, ya que carecían de respaldo formal por servicios efectivamente prestados. Pues bien, la petición de Chong al Senado, no entregó resultados positivos, tal como lo establece el oficio enviado el pasado 22 de junio y firmado por el prosecretario y tesorero de la Cámara Alta, José Luis Alliende. Es decir, ni Cornejo ni Lavín prestaron servicios alli. Sin embargo, The Clinic Online estableció que Lavín sí trabajó para el Congreso, pero en la Cámara de Diputados, nada menos que como asesor externo de la parlamentaria UDI Claudia Nogueira, precisamente la esposa de Gonzalo Cornejo, quien en 2009 enfrentó una investigación de la fiscalía de Valparaíso, entonces a cargo del actual fiscal nacional Jorge Abbott, ya que pagaba asesores con dineros fiscales, los que luego eran depositados en la cuenta personal de Nogueira, misma figura usada por Jaime Orpis. La parlamentaria fue formalizada en 2010 por fraude al fisco, luego de ganar las elecciones de ese año por Independencia y Recoleta, pero al devolver $30 millones al congreso, donar cinco palos a Un Techo Para Chile, firmar 18 meses, su papel de antecedentes quedó en blanco . Su abogado, también fue Carlos Cortés. Pues bien, según la sección de transparencia de la Corporación, Lavín efectuó tres asesorías para Nogueira. La primera entre el 3 y el 31 de enero de 2012 por $ 2 millones. El trabajo consistió en un análisis para distintos proyectos de Ley, entre ellos el de choferes de taxis colectivos, modificaciones a normas laborales, cambios al reconocimiento de paternidad por “vicios de consentimiento”, entre otros. En esta fecha, Cornejo seguía trabajando con Longueira en Economía. Existe otra asesoría externa a la misma Nogueira, entre el 1 de abril y el 30 junio, por la cual Lavín cobró $ 5,7 millones. Su labor fue amplia. Desde redacción a mociones parlamentarias, asesorías en la fiscalización de instituciones públicas a nivel distrital, nacional, reconocimiento de temas de conflictos, soluciones de ámbitos económicos, comités de vivienda, entre muchos otros tópicos. Entre 1 julio y el 31 de diciembre de 2012, Lavín vuelve a prestar asesoría Nogueira. Esta vez por $ 9,5 millones, por los mismos motivos de la anterior. De hecho, es la misma redacción para definir el trabajo que se realizaría. En 2013 se repiten las mismas asesorías a Nogueira. Una entre el 1 de enero del 30 de junio de 2013 por $ 11,4 millones y otra entre el 1 octubre al 31 de diciembre por 10,5 millones. Todas las asesorías llevan el rótulo “finalizado”, salvo esta última que en la web de la Cámara señala: “parcial”. Pues bien, 2014 no fue un año distinto para Lavín y Nogueira. Entre mayo y agosto, por $3,6 millones por asesorías a proyectos de ley, “club de adultos mayores, cepas, etc. del distrito”. En paralelo a esta función, en el año 2012 Lavín emite el primer documento tributario del CESC a Corpesca -por $2,25 millones- girado el 2 de febrero, es decir cuando aún Cornejo trabajaba como asesor de Longueira en Economía, precisamente haciendo análisis sobre la Ley de Pesca que se dictó ese mismo año. La descripción del servicio era “Estudio de Clima Interno, propuestas de acción (pago inicial)”. La segunda factura, en tanto, fue por $ 15 millones, por una asesoría comunicacional “integral en Ley de Pesca”, fechada el 11 de septiembre del mismo año. Es decir, a poco más de tres meses que Cornejo hubiera dejado el cargo en la mencionada secretaría de Estado. Esta coincidencia y el rol de Cornejo en el Gobierno de la época es lo que ha levantado sospechas en Fiscalía. Al respecto, cercanos a Cornejo indicaron que cuando el CESC giró esos documentos tributarios, ya no pertenecía a la empresa. Sin embargo, la PDI hizo otro recorrido. Estableció que el CESC inició sus actividades en 2009 como una sociedad anónima cerrada, junto a Darío Chacón, tal como lo establece la escritura pública del 21 de enero de ese año, otorgada por la Tercera Notaría de Santiago. Posteriormente, en abril de 2010 el CESC, en la notaría de Jaime Morandé, otorgó poder “con las más amplias facultades de administración al gerente general de ese entonces Álvaro Lavín”, la que esta signada con el Nº 14.098 en el Registro de Comercio. El 17 de agosto del mismo año, en tanto, hay otra escritura pública, donde Lavín presentó su renuncia al puesto, siendo asumida en propiedad por Cornejo, documento formalizado en la ya mencionada notaría. Ambos poderes, sostiene la PDI, fueron otorgados en la segunda sesión de directorio, celebrada el 31 de marzo de 2010 y formalizada ante el Conservador de Comercio el 5 de diciembre de 2012. Este diario requirió en varias oportunidades al abogado Carlos Cortés, patrocinante de Cornejo, el documento formal donde se acredita que dejó de pertenecer al CESC, pero hasta el cierre de esta edición no entregó una respuesta. Cercanías La fiscal Chong, viene trabajando en la arista de Cornejo y Lavín desde al menos agosto de 2015. El 21 de ese mes, este último prestó declaración en calidad de imputado, ya que existe la sospecha de que Corpesca pudo haber pagado facturas ideológicamente falsas al CESC y el destino del dinero a campañas políticas. Lavín, en agosto de 2015 aseguró que fue representante legal del CESC desde mediados de 2010 hasta diciembre de 2012, coincidiendo con el tramo de tiempo en que Cornejo trabajó en Economía (julio de 2011 a mayo de 2012), según los documentos a los que accedió la Bridef. En segundo término, Lavín admitió que a través de Carlos Feres, en septiembre de 2011, conoció al exgerente general de Corpesca Francisco Mujica, en el café de la calle trasera del Ministerio del ramo. Allí se habría gestado el primer acercamiento que devino en la asesoría. Actualmente, Carlos Feres está fallecido, pero su hijo del mismo nombre, aparece emitiendo boletas a SQM y será formalizado el próximo 6 de julio por delitos tributarios. Mujica, en tanto, está imputado por la fiscalía por soborno en el caso Corpesca y delitos tributarios, toda vez que se encuentra con arresto domiciliario nocturno como medida cautelar adoptada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. En aquella oportunidad, Lavín reconoció varios hechos que derivaron en que Chong -en abril de este año- emitiera una “instrucción particular” a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef), con el fin de profundizar en su vínculo con Cornejo, más allá de lo estrictamente societario. La orden de investigar En la orden de investigar que los detectives de la Bridef entregaron a la fiscal Chong el pasado 27 de mayo, buscaron las direcciones que había fijado el CESC de Lavín y Cornejo. Fueron primero a la comuna de Alhué. En la municipalidad local les indicaron que Avenida Cadaquez Nº208 oficina 22, “no existe”. En Nueva Los Leones en Santiago, tampoco le entregaron información, ya que era un nuevo dueño. En Amunátegui 277, los PDI tuvieron más suerte. Allí hablaron con el dueño de la oficina Octavio Azócar, quien les indicó que nunca funcionó el CESC, sino que en 2012 operó la firma “Conéctate Global”, del propio Álvaro Lavín. Estuvo, dijo hasta fines de 2014. La PDI, en todo caso, señala que el CESC, al menos en Dicom, registra dicho domicilio. No así en la base de datos “cerrada” del Registro Civil. Allí se indica que el CESC tiene como oficina en Napoleón 3565, Las Condes. Los ratis se dirigieron hasta el lugar. La encargada, Soledad Aninat, dijo que el CESC “como empresa” nunca funcionó en el lugar. Los policías continuaron con la instrucción particular emanada de Chong. Llegaron donde Claudia Santana, quien actualmente labora en Conéctate Global, otra empresa de Lavín, ubicada en Rancagua, según dijo, en Maruri 1115 de la misma ciudad. También entregó otra dirección en Santiago, precisamente en Lastarria 429. Los detectives fueron, pero nunca funcionaron allí, estamparon en el documento policial. La mujer, entre 2006 a 2010 laboró con Cornejo y Lavín en la Municipalidad de Recoleta. Posteriormente y luego de un breve paso en otra firma volvió a trabajar con este último en Amunátegui, donde supuestamente funcionaba el CESC. Admitió haber redactado las facturas e ir a dejar documentación a Corpesca, pero no indicó de qué. Las diligencias continuaron con Jessica Titelman, quien fue socia del CESC. La mujer dijo que realizó un supuesto trabajo para Corpesca. Este constaba de dos etapas: primero el levantamiento de información y luego un estudio de clima laboral. Para ello, dijo, contrataron encuestadores en Iquique, documentos que eran analizados en Santiago. Sus dichos, sin embargo, abrieron una nueva duda para la fiscalía. “Es importante señalar que sólo gestó la primera etapa, desconociendo los motivos por tal situación, quedando por desarrollar el estudio de clima laboral”, dijo a la PDI. Los agentes, interrogaron a la hermana de Álvaro Lavín, María Teresa. Ella aseguró que durante una comida familiar durante los primeros meses de 2012, su hermano le propuso un trabajo “que consistía en el seguimiento y monitoreo de la prensa escrita y televisión en relación a la tramitación de la Ley de Pesca”. El trabajo, en tanto, era para Corpesca. Otra persona que habría trabajado en los mismos análisis fue la “socioeconomista” Ruth Ramírez, quien en 2012 recibió $ 5 por analizar el “impacto de las noticias” en la Ley de Pesca. La mujer realizó estas labores, mientras se desempeñaba como encargada de proyectos de inversión en la Municipalidad de La Florida. Anteriormente había trabajado con Lavín y Cornejo, cuando se desempeñaban en la sede edilicia de Recoleta. Este diario intentó obtener una versión de parte del abogado de Cornejo y Nogueira, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/01/542018/ ______________________ Para los usuarios que deseen ver el historial http://foros.fotech.cl/topic/290711-caso-corpesca-fernando-barros-entrego-cheque-por-mas-de-151-millones-de-una-colecta-para-que-orpis-pagara-deuda-con-el-senado/page-2?hl=%2Bcorpesca&do=findComment&comment=20905948
  14. 29 de julio del 2016 / 16:26 Hrs Alcalde de Talca será formalizado por presunto cohecho y negociación incompatible El edil Juan Castro deberá comparecer ante el tribunal de garantía de la ciudad el 25 de agosto. Por cuatro delitos de negociación incompatible, y uno de cohecho, será formalizado el alcalde de Talca, Juan Castro (IND Chile Vamos), en audiencia solicitada por el Ministerio Público. Esta fue fijada para el próximo 25 de agosto, en el tribunal de garantía de esta ciudad. Así lo confirmó el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, quien señaló que “del análisis de la información que el Ministerio Público ha ido recabando, se estimó que hay antecedentes suficientes para formalizar la investigación en contra de esta persona”. Dichos antecedentes surgieron en el marco de una investigación iniciada hace dos años, a raíz de la venta y arriendos de terrenos que hicieron el administrador municipal y actual candidato a alcalde, Juan Carlos Díaz (RN), y el jefe de gabinete de Castro, Juan Valdebenito, a las empresas Transportes CTS y Urbana Limitada, que están a cargo de la limpieza de calles y mantención de áreas vedes de Talca, y cuyo mandante es la Municipalidad. El caso se hizo conocido cuando un ex trabajador de la empresa CTS puso los antecedentes en manos de la Contraloría. Posteriormente, el concejal Sixto González (PC) hizo la denuncia ante la fiscalía, acción replicada por el abogado, Fernando Leal, actual candidato independiente a alcalde por Talca. Luego, el Consejo Defensa del Estado se hizo parte con una querella alertando los presuntos delitos. Según Leal, a Juan Castro se le vincula con el arriendo de unas bodegas que realizó la empresa Santa Malva, de propiedad del edil, a CTS. “La ley de probidad le prohíbe expresamente a los funcionarios públicos hacer negocios con empresas o personas respecto de quienes deban tomar decisiones que los afecten, en este caso Santa Malva es Juan Castro, y esta empresa recibió pagos de CTS mientras se decidía la licitación que finalmente se adjudicó CTS”, explicó el abogado. Al respecto, el alcalde Juan Castro, reconoció que su empresa le prestó dichas bodegas a CTS tras el terremoto, y luego se las arrendó en 500 mil pesos, por 6 meses. Agregó que “yo no tengo nada que temer, todos saben que tengo varias empresas y éstas no tienen ninguna prohibición de vender productos u ofrecer servicios a nadie, salvo a la municipalidad, y en este caso no fue la municipalidad la que arrendó las bodegas, sino una empresa que trabaja para la municipalidad, Me siento muy tranquilo pues sé que la ley está del lado mío. Hemos trabajado por la ciudad de manera muy transparente y tengo la mejor voluntad de apoyar esta investigación, pues confío en la justicia”, puntualizó el edil. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-690729-9-alcalde-de-talca-sera-formalizado-por-presunto-cohecho-y-negociacion.shtml
  15. 14 de julio del 2016 / 04:00 Hrs CDE: "Recibir pagos exige revisar que estos no han incidido en su actividad pública" Juan Ignacio Piña se refirió a los criterios a utilizar en nuevos casos de posible cohecho. Esto, en el marco de indagatorias por vínculos de pesqueras con legisladores de Aysén. A un día de que la fiscalía abriera una nueva causa donde investiga pagos realizados por las Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes) al diputado Iván Fuentes -algunos de los cuales fueron gestionados por el senador DC Patricio Walker-, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, se refirió a los criterios que ocupa la institución para querellarse en este tipo de casos, donde se podrían configurar delitos funcionarios por parte de autoridades en el ejercicio de su cargos, como el cohecho. “Es imprescindible que las autoridades que han recibido o gestionado pagos asuman que toda su actividad sea escrutada. El hecho de recibir pagos adicionales para sí o para terceros inevitablemente exige revisar que ellos no han tenido por objeto incidir en su actividad pública, sea porque en aquellos casos en que puede haber un conflicto se han inhabilitado o porque han cumplido con su deber de abstención”, dijo Piña, consultado por los criterios a utilizar en estos casos, en los que se han visto involucrado también otros parlamentarios, como el ex diputado Jorge Insunza y el diputado DC Roberto León. De hecho, en ambos casos, el CDE ya se encuentra analizando los antecedentes. En particular, se están estudiando gestiones realizadas por el diputado León en la Comisión Cascadas a fines de 2013, que podrían vincularse a los $141 millones que recibió su hijo, Roberto León Araya, por parte de SQM. Este tipo de conducta, podría configurar eventualmente un delito de cohecho, mismo ilícito por el que ya fue formalizado al ex senador Pablo Longueira en el caso SQM y Jaime Orpis en Corpesca. La jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, detalló cuál es la forma en que el Ministerio Público investiga este tipo de ilícitos. “En el ámbito del cohecho realizamos las diligencias tendientes a acreditar si un funcionario público que recibió algún tipo de fondos, lo hizo con el fin de omitir o infringir actos propios de los deberes de su cargo”. Agregó que el “el rol que tiene del Consejo de Defensa del Estado en todo esto es fundamental, es un aliado para nosotros en términos del sostenimiento de la acción penal pública en casos que son complejos”. En cambio, el querellante del caso SQM y Corpesca, representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Carlos Hidalgo, criticó el rol del CDE en estas causas. “La actuación del Consejo de Defensa del Estado, en estos casos, ha sido generalmente tardía e incompleta. El mejor ejemplo es el caso Longueira, donde solo se presentó querella varias semanas después que la primera querella interpuesta por cohecho ya había sido acogida a tramitación por el respectivo juzgado de garantía, y bastante tiempo después que ya se había decretado por el tribunal audiencia de formalización por ese delito”, dijo. En tanto, para el abogado querellante en las mismas causas penales, Matías Ramírez, quien representa al diputado PC Hugo Gutiérrez, “la actividad que pueda tener el CDE en estos casos de corrupción es determinante, en defensa de la probidad administrativa que deben cumplir todos los funcionarios públicos y particularmente los diputados y senadores involucrados en estos casos”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-688726-9-cde-recibir-pagos-exige-revisar-que-estos-no-han-incidido-en-su-actividad.shtml
  16. 18 de junio del 2016 / 03:00 Hrs Procesan a ex oficial que iba a integrar el Alto Mando en caso por fraude en el Ejército El ministro en visita, Omar Astudillo, dejó detenido al coronel ® Juan Carlos Guerra. El magistrado le imputó el delito de cohecho, que habría sido cometido entre 2011 y 2014. En octubre de 2015, el entonces coronel de Ejército Juan Carlos Guerra fue seleccionado para integrar el Alto Mando de la entidad castrense, luego de ser ascendido a general. Sin embargo, un mes después de su nombramiento, renunció a su cargo. ¿El motivo? Fue citado a declarar por la fiscal militar Paola Cofré, quien indagaba el fraude en el Ejército a la Ley Reservada del Cobre, entre 2010 y 2014. Según informó la institución el 10 de noviembre de 2015, “el coronel Guerra resolvió, con esta fecha, presentar su renuncia, para abocarse por completo y sin vínculo con la institución, a preparar su defensa judicial y contribuir al proceso que se lleva adelante. Paralelamente, el Ejército solicitó al Ministerio de Defensa Nacional no cursar el decreto de ascenso del coronel Guerra a General de Brigada, que había sido aprobado el pasado 16 de octubre”. Posteriormente, Cofré dejó la investigación y ésta recayó en el ministro en visita Omar Astudillo, quien procesó al ex oficial y ordenó su detención en el Regimiento Policía Militar, en Peñalolén. Al coronel ® se le imputa el presunto delito de cohecho, el cual, según antecedentes de la causa, habría sido cometido en carácter de reiterado entre 2011 y 2014. De acuerdo a los datos del proceso, Guerra habría recibido pagos del ex suboficial Waldo Pinto Gaete, quien además figura como proveedor del Ejército en la causa por fraude. Hasta el momento, el juez Astudillo habría acreditado el pago de $ 5 millones de Pinto a Guerra, en siete depósitos, luego que se solicitara levantar el secreto bancario del coronel ® para indagar sus cuentas corrientes. Sin embargo, la defensa de Guerra sostuvo que, según fuentes de la causa, las trasferencias correspondían a deudas que el ex suboficial mantenía con él. El vínculo De acuerdo a los antecedentes del caso, el ex alto oficial habría conocido a Pinto en el Ejército, en Arica, cuando era su subalterno en la institución. Luego de cumplir sus años de militar, el ex suboficial habría decidido, en 2004, iniciarse en el negocio de las reparaciones de vehículo de guerra. Fuentes de la causa señalaron que ese mismo año ya figuraba en el registro de proveedores de la institución para prestar servicios de reparación de movilización bélica. Siete años más tarde, de acuerdo a uno de los antecedentes que está en el proceso, Guerra le habría encargado a Pinto la reparación de los vehículos del Ejército, pero con la supuesta condicionante de que tenía que haber un pago extra. Los servicios encargados por la institución para el arreglo de su material provenía de los fondos de la Ley Reservada del Cobre, es por ello, que como proveedor, Pinto entregaba facturas por sus servicios, las que ascenderían a cerca de cien facturas. Las mismas fuentes consultadas aseguraron que, de éstas, poco más de la mitad serían falsas, pues eran emitidas por trabajos no prestados, los que habrían sido utilizados por otros miembros de la entidad castrense para operar el presunto fraude. En el caso del coronel ®, éste no habría recibido facturas irregulares, por ende, no cabría el delito de fraude al Fisco en su caso, por lo que sólo está procesado por cohecho. El encausamiento es el primero a un ex oficial del Ejército, bajo su investigación, y la tercera persona sometida a esta instancia, luego que la semana pasada procesara al cabo 1° Juan Carlos Cruz, ya en prisión, y al funcionario civil de la entidad castrense, Danilo Alarcón Báez. En paralelo a la investigación del juez Astudillo, la fiscal Centro Norte, Ximena Chong, también indaga a los proveedores del Ejército vinculados al fraude a la Ley Reservada del Cobre. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, en 2011. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-685502-9-procesan-a-ex-oficial-que-iba-a-integrar-el-alto-mando-en-caso-por-fraude-en-el.shtml
  17. 10 de junio del 2016 / 22:08 Hrs Senadores presentan proyecto que aumenta penas y plazo de prescripción para el cohecho Iniciativa legislativa pretende pasar de los tres años actuales de prisión hasta los 15. Senadores oficialistas y de oposición piden aumentar la prescripción a diez años. En la Comisión de Constitución del Senado se pondrá en discusión durante las próximas semanas un proyecto de ley que busca aumentar las penas y el plazo de prescripción para los delitos de cohecho y soborno. La iniciativa, de la que ya se dio cuenta en la sala, fue suscrita por todos los miembros de dicha comisión: los senadores Alberto Espina (RN), Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (Indp) y Hernán Larraín (UDI). “La baja penalidad asignada a los delitos de corrupción, en especial al delito de cohecho (...) no permite que haya una sanción proporcionada con la gravedad de las conductas”, se señala en la propuesta. Se advierte que esta realidad “genera insatisfacción por parte de la comunidad, que tiene expectativas de que los agentes públicos que desempeñan torcidamente sus funciones, así como aquellos particulares que los corrompen con el poder del dinero, sean duramente sancionados”. En concreto, la propuesta de los senadores pretende aumentar las penas establecidas para quienes, siendo empleados públicos, “soliciten o acepten un beneficio económico indebido” para ejecutar actos propios del cargo, omitir dichas funciones o cometer delitos como la malversación de fondos, fraude al fisco o prevaricación. Para esto último, el proyecto busca alzar las sanciones actuales que van desde 541 días a tres años de cárcel, para llegar a una pena de 5 a 15 años de presidio. Junto con esto, se pretende establecer una multa “de hasta cuatro veces el provecho solicitado o aceptado”, junto con mantener la sanción de “inhabilitación absoluta y perpetua para cargos u oficios públicos”. La moción busca aumentar las penas en la misma proporción para quienes propicien dichos delitos, es decir, los particulares que intenten persuadir a funcionarios públicos a través de beneficios económicos. En este caso, las actuales sanciones también van desde 541 días a 3 años, y la idea es aumentarlas a entre 5 y 15 años de cárcel. En tanto, para quienes en labor pública acepten un beneficio económico para omitir alguna de sus funciones, la iniciativa establece una pena mínima de entre 3 a 10 años de cárcel, a lo que -al igual que en los casos anteriores- se aplicará una multa de hasta cuatro veces el beneficio percibido y el funcionario quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos. Junto con aumentar las sanciones para diversos delitos de corrupción, la propuesta de los senadores también apunta a ampliar los plazos de prescripción. Esto, se explica en el texto, considerando “que los delitos de corrupción generalmente no son descubiertos en situación de flagrancia, siendo en la mayoría de los casos investigados con bastante posterioridad a su perpetración”. Con el aumento de penas también se pretende cambiar “la naturaleza de la conducta desde un simple delito a un crimen”. Con esto, el plazo de prescripción quedaría en 10 años. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/06/674-684581-9-senadores-presentan-proyecto-que-aumenta-penas-y-plazo-de-prescripcion-para-el.shtml
  18. 18 Mayo 2016 EX GERENTE PATRICIO CONTESSE ENFRENTARÁ DELITO DE SOBORNO Consejo de Defensa del Estado se querella por cohecho contra Pablo Longueira El pleno del organismo tomó la decisión esta tarde y a solo semanas de que el Ministerio Público pidiera la formalización del ex parlamentario de la UDI. De esta manera el organismo se suma a la petición de formalización presentada por la Fiscalía hace algunas semanas. Hay que recordar que el fiscal regional, Pablo Gómez, descubrió una cadena de correos entre Longueira y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, donde este último participó de manera irregular en la redacción de la Ley de Royalty Minero. SQM aportó más de 700 millones a distintas fundaciones de Longueira. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó esta tarde presentar una querella por el delito de cohecho en contra del ex senador de la UDI, Pablo Longueira. La decisión del pleno del organismo se produce a solo dos semanas de que el Ministerio Público solicitara su formalización ante el Octavo Juzgado de Garantía por el mismo ilícito. La decisión del Ministerio Público, como también la del CDE, radican en que el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, intervino para beneficio de la empresa -en conjunto con Longueira- en la redacción de la Ley del Royalty Minero. Respecto de Contesse el organismo resolvió también querellarse en su contra por el delito de soborno. La acción legal del CDE fue analizada, en primer lugar, por el comité penal del organismo y luego el ampliado de consejeros, atendida la importancia y alcance de un libelo de estas características. Hay que recordar que la investigación por cohecho está en manos del Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, y los antecedentes aparecieron en una cadena de correos entre Contesse y Longueira, donde este último permite que el ex gerente de SQM, literalmente, redacte a su favor parte del articulado del cuerpo legal. El libelo del CDE debiera ser presentado mañana o en los próximos días ante el Tribunal de Garantía, que lo proveerá y lo enviará al Ministerio Público para su integración en la carpeta de investigación. Los 730 millones de SQM vinculados a Longueira en el informe de Shearman & Sterling – The Clinic Online Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/18/consejo-de-defensa-del-estado-se-querella-por-cohecho-contra-pablo-longueira/
  19. Lunes 16 mayo de 2016 | Publicado a las 9:24 · Actualizado a las 10:23 Hasta 10 años de cárcel arriesgan imputados en caso CNA por corrupción Tras cuatro años de pesquisas por parte de la Fiscalía Oriente en el caso de corrupción en el proceso de acreditaciones de tres universidades -en la Comisión Nacional de Acreditación- se inicia esta semana la preparación de juicio oral contra tres exrectores y el expresidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz. Los imputados arriesgan penas que llegan hasta los 10 años de cárcel por delitos tributarios, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias. El Ministerio Público en tanto, espera validar este viernes ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la prueba de cargo contra los requeridos, quienes se verán favorecidos por la actual legislación que considera penas de menor entidad respecto al lavado de activos. “El imputado Luis Eugenio Díaz, aprovechándose de su posición y sus funciones públicas desempeñadas dentro de la CNA, en su calidad de comisionado y de presidente interino, se concertó con; el rector de la universidad del Mar, el acusado Héctor Zúñiga; con el rector de la Universidad Pedro de Valdivia, el acusado Ángel Maulén y con el rector de Universidad Internacional Sek, José Shroder, para colaborar indebidamente con ellos en sus respectivos procesos de acreditación institucional, entre los años 2010 y 2011″, detalla la acusación presentada por los fiscales de Alta Complejidad Oriente Calos Gajardo y Pablo Norambuena en el caso de corrupción al interior de la Comisión Nacional de Acreditación respecto a los cuatro imputados en la causa. El Ministerio Público determinó además que los acusados con sus acciones “infringieron gravemente los deberes de su cargo, a cambio de pagos por dicha labor ilícita y de beneficios a favor de terceros”. Tras cuatro años de investigación los persecutores deberán acreditar en un tribunal oral los delitos de corrupción relacionados a Díaz, Zúñiga, Maulén y Schroer, para lo cual tendrán que validar una multiplicidad de pruebas en la audencia de preparación de juicio oral fijada para este viernes a las 09:00 horas. La Fiscalía Oriente estableció que el expresidente de al CNA, recibió una paga de más de $300 millones, con el fin de que facilitara la acreditación de las tres universidades referidas, configurándose en su contra el delito de cohecho. Además intentó esconder el origen ilícito del dinero emitiendo boletas ideológicamente falsas, suscribiendo contratos por asesorías a través de su empresa, que usaba como fachada a Sociedad Gestión Ltda. Se busca probar contra Díaz delitos tributarios, tráfico de influencias, lavado de activos y revelación de secreto, lo que lo exponen a una pena de 10 años de presidio. Por su parte Maulén, Zúñiga y Shroeder, arriegan seis años de cárcel. La penas son menores que las consideradas en la primera acusación presentada en 2015, debido al cambio en la ley de lavado de activos, tal como lo explicó el fiscal Gajardo, cuando se presentó la acusación. El abogado Juan Carlos Manríquez, defensa de Zúñiga, dijo que están preparados para enfrentar un juicio oral tras estudiar la acusación de la Fiscalía. Explicando que cuestionan la calidad de funcionario público de Díaz. Pero antes de entrar a la discusión de fondo, el jurista detalló que se tienen que definir cuestiones previas, como la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado, alternativa a la que se mostró abierto. Fuente: http://www.biobiochile.cl/2016/05/16/hasta-10-anos-de-carcel-arriesgan-imputados-en-caso-cna-por-corrupcion.shtml
  20. Según Ernesto Silva el delito de cohecho no aplica a los parlamentarios Una polémica declaración hizo el diputado gremialista, Ernesto Silva, al sostener que la figura legal de cohecho sólo es aplicable a los funcionarios con roles administrativos y que “no existe el cohecho respecto a la votación de los parlamentarios”. Silva hizo estas declaraciones para criticar la iniciativa que promueve el PC y que busca anular la Ley de Pesca, ya que a juicio de los comunistas, dicha ley carece de legitimidad por las acusaciones de cohecho que recaen sobre Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi y que están siendo investigadas por la justicia. Pese a lo planteado por el ex presidente de la UDI, al senador Orpis, que ya fue desaforado, la Fiscalía le imputa los cargos de cohecho, lavado de activos, facilitación de boletas falsas y delito tributario. Específicamente, el caso del delito del cohecho, la Fiscalía acusa que el senador recibió financiamiento para su campaña por parte de la empresa Corpesca, en el mismo periodo en el que se votaba la Ley de Pesca, la que afectaba directamente a la empresa de Angelini. En entrevista con CNN Chile, Silva comentó que “la votación en el Congreso siempre es una articulación de intereses” y que en ningún caso un parlamentario debería votar mandatado por un tercero, sino siguiendo sus propias convicciones. También tuvo palabras para defender a Jaime Orpis, Silva insistió en que cree en la libertad de conciencia con que habría votado el senador Orpis en la ley de pesca, mientras recibía dineros de Corpesca. “La figura jurídica que aplica para estos casos no es la misma que para los funcionarios”, recalcó, apelando a que existen otras sanciones por faltar al principio de probidad, como la pérdida del cargo. www.theclinic.cl
  21. Fiscal Gajardo asume investigación de denuncia de cohecho en contra de senador Girardi Se acusa al parlamentario de haber favorecido los intereses de los laboratorios transnacionales en la tramitación de Leyes como Fármacos y Ricarte Soto. El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Ñuñoa Carlos Gajardo, asumió la investigación en la denuncia de presunto cohecho presentada contra el senador PPD, Guido Girardi, y los laboratorios que conforman la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), por el presidente de la Asociación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas el pasado 5 de enero. Rojas argumenta su denuncia en que el senador PPD habría favorecido los intereses de los laboratorios transnacionales en la tramitación de Leyes como Fármacos y Ricarte Soto, lo que a su juicio, se evidencia en el articulado de los proyectos de ley presentados por Girardi. Además, acusa que "administrativos de todos los laboratorios pertenecientes a la CIF han entregado beneficios económicos al senador Guido Girardi, con la intención de que éste ejecute actos propios de su calidad de funcionario público, en virtud de los cuales no le están señalados derechos”, según el texto de la denuncia. El fiscal Gajardo, quien participó en las pesquisas relacionadas con los casos Penta y SQM, citará a declarar al denunciante en los próximos días para que entregue mayores antecedentes. Además, está apoyando su trabajo en la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones. www.latercera.com
  22. Farmacias independientes denuncian al senador Girardi por presunto cohecho La federación, que reúne a unos 1.200 locales en todo Chile, busca que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente investigue al parlamentario por presuntos actos tendientes a favorecer a laboratorios farmacéuticos. SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Farmacias Independientes, Héctor Rojas -en representación del gremio- presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente para que se investigue al senador Guido Girardi por su presunta participación en delitos de cohecho. Según expuso en la instancia, el parlamentario habría incurrido en actos para favorecer a algunos laboratorios farmacéuticos y de esta manera, trabar la aprobación del proyecto de ley que busca que la Cenabast pueda abastecer con precios de mayoristas a las farmacias independientes y municipales. "Ha hecho maniobras distractivas", insistió Rojas, enfatizando que "no puede ser que un senador defienda, de esta manera, los intereses de empresas tan coludidas. Asimismo, agregó que decidió recurrir al Ministerio Público luego que hasta hoy el legislador se ha negado a recibirlo, afirmando que "si el senador Girardi no tiene nada que esconder, que dé las explicaciones como corresponde". www.emol.com
  23. Investigación por cohecho en la Usach: Fiscalía allana empresa que realizó propaganda para Bachelet, Montes, Girardi y Ossandón, entre otros políticos Jorge Molina Sanhueza | 31 Julio, 2015 Tangerine, de acuerdo al registro electoral aparece recibiendo dinero de todo el espectro político por propaganda radial, que en todo caso fue aprobada por el Servicio Electoral (Servel). Por ejemplo, la presidencial de Bachelet pagó $7.060.000 por difusión; el senador del PS, Carlos Montes $ 12.598.530; y Guido Girardi más de $24 millones. También figura entre los clientes de la empresa la UDI, ME-O y el senador de RN, Manuel José Ossandón. La Fiscalía Centro Norte, junto al OS-9, allanó la empresa Tangerine -ligada también a Santa Sofía- e incautó la contabilidad, en el marco de una investigación por cohecho y soborno, vinculada a la firma chileno-española Isolux y a Waldo Rojas, tío de Natalia Compagnón, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet. La autorización fue otorgada por el Sexto Tribunal de Garantía de Santiago, aseguró una fuente judicial. Tangerine, de acuerdo al registro electoral aparece recibiendo dinero de todo el espectro político por propaganda radial, que en todo caso fueron aprobadas por el Servicio Electoral (Servel). Por ejemplo, para la presidencial de Bachelet, $ 7.060.000 por difusión. Le siguen el senador del PS, Carlos Montes, con una factura del 30 de septiembre de 2013 por $ 12.598.530. Casi el doble de plata tiene su par del PPD, Guido Girardi. Según el Servel esto a través de una factura fechada el 14 de noviembre por $ 24.350.000. Su compañero de partido Daniel Farcas figura con más de 2,3 millones, y el ex diputado PPD, Enrique Accorsi, con $ 2.723.910. De la misma colectividad los candidatos a CORE que no salieron elegidos son Adriana del Piano, actual ministra de Educación con casi un palo. También Rodrigo Ketterer con un monto cercanos a 2,4 millones. Para la elección de similar cargo, pero sólo a nivel partidario está la UDI que suma $ 11.900.000. En la presidencial del Partido Progresista, cuyo candidato fue Marco Enriquez-Ominami, indica el Servel, a través de dos facturas gastó por el mismo concepto de propaganda radial poco más de 10,5 millones. De la misma tienda el fallido candidato Marcelo Trivelli aparece con $ 2.444.087. El senador RN, Manuel José Ossandón, también le pagó a Tangerine una cifra de $ 27.000.370. http://www.theclinic.cl/2015/07/31/fiscalia-allana-empresa-que-realizo-propaganda-a-bachelet-montes-girardi-y-ossandon-entre-otros-en-investigacion-por-soborno-en-la-usach/
  24. Rossi responde a diputado Gutiérrez: “Yo no tengo por qué aceptar que cualquier imbécil venga a trapear conmigo" por El Mostrador | 12 junio 2015 Respecto a la petición que hizo un grupo de jóvenes socialistas para que le suspendieran su militancia, el senador PS afirmó que “le he dado demasiadas satisfacciones al Partido Socialista. Cuando tenía la edad de ellos, yo estaba ganando la (Universidad) Católica por primera vez para los Socialistas, no sé cuántas elecciones han ganado ellos”. El senador socialista Fulvio Rossi, respondió a todas las críticas e imputaciones que le han hecho miembros de la Nueva Mayoría y de su mismo partido. Respecto a las querella presentada por el diputado PC, Hugo Gutiérrez, en contra de todos los senadores de la Comisión de Pesca que tramitaron la denominada "Ley Longueira", Rossi aseguró que “yo no tengo por qué aceptar que cualquier imbécil venga a trapear conmigo, ni el señor Ávila ni el señor Gutiérrez. Yo estoy esperando que sebresean esa causa para iniciar acciones judiciales contra ellos”. El parlamentaro agregó que “la gente dirá por qué se enoja el senador Rossi... cómo no me voy a enojar, soy una persona proba, no soy corrupta y hoy día hay una maquinación política”, dijo a 'Cadena Nacional', de Vía X. Respecto a la petición que hizo un grupo de jóvenes socialistas para que le suspendieran su militancia, el senador PS afirmó que “le he dado demasiadas satisfacciones al Partido Socialista. Cuando tenía la edad de ellos, yo estaba ganando la (Universidad) Católica por primera vez para los Socialistas, no sé cuántas elecciones han ganado ellos”. El senador agregó que “si querían tener su minuto de fama, bueno, ya lo habrán tenido. La verdad es que yo debiese ir al Tribunal Supremo de mi partido a reclamar esa conducta”. “No he cometido actos de corrupción alguna, soy un hombre probo (…). He sido víctima de operaciones políticas y del clima de desconfianza”, dijo el parlamentario. En cuanto al denominado periodo de "precampaña", Rossi opinó que "hay que transparentar que existe precampaña, que esas precampañas se financian y que no está normado el financiamiento de esas precampañas (...) lo que debemos hacer, el Gobierno particularmente, es conducir o, si no, nos vamos al despeñadero”. “Si aquí hay una zona gris donde se financian precampañas, se financia la política y no está reglado (...). Reglémoslo. En vez de hacer eso, que debiésemos hacerlo… no lo vamos a hacer (…) por temor a la opinión pública”, finalizó. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/06/12/rossi-responde-a-diputado-gutierrez-yo-no-tengo-por-que-aceptar-que-cualquier-imbecil-venga-a-trapear-conmigo/
  25. RN presenta nueva denuncia contra Dávalos y pide indagar posible delito de cohecho Diputados cuestionan trabajos de hijo de Bachelet en Caval mientras era funcionario de la Direcon. Solicitarán al Ministerio Público investigar su relación con el empresario Gonzalo Vial Concha. Hasta la Fiscalía de Las Condes llegarán hoy, a las 9.30 horas, los diputados de Renovación Nacional Diego Paulsen y Marcela Sabat. Allí, acompañados del abogado Eduardo Riquelme, estamparán una nueva denuncia contra el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos. Lo anterior, con el objetivo de que el Ministerio Público investigue el posible delito de cohecho por parte de Dávalos mientras ejerció como asesor en la Dirección de General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon). La decisión fue adoptada ayer por la bancada de RN, luego de que el fiscal a cargo de la investigación del caso Caval, Luis Toledo, rechazara la solicitud efectuada por el abogado Riquelme -quien es parte querellante en esa causa- de indagar eventuales delitos en la relación laboral paralela que tuvo Dávalos con la Direcon y Caval durante el primer semestre de 2012, argumentando que ese hecho no está vinculado con la investigación por la venta de los tres terrenos en Machalí. Debido a esto, los parlamentarios decidieron interponer una nueva denuncia, completamente desligada del caso Caval. Según declaró el propio Dávalos ante el fiscal Toledo el pasado 13 de abril, el primer semestre de 2012 trabajó para la Direcon y también para Caval, periodo en el cual habría realizado labores para el empresario Gonzalo Vial Concha, socio de Agrosuper y con diversos negocios en la Sexta Región. Según declaró Dávalos ante el persecutor, a ese empresario “lo vi una vez en el Hotel Hyatt en Santiago, por una reunión de una empresa india o de Singapur que quería realizar proyectos mineros en Chile y Vial tenía pertenencias mineras. A mí me invitaron como traductor”. Es justamente la relación de Dávalos con Vial Concha el punto que buscarán despejar los diputados, además de que se determine si los proyectos de los empresarios extranjeros que asistieron a esa reunión tenían alguna vinculación con las funciones públicas que desarrollaba Dávalos en el departamento de Asia-Pacífico en la Direcon. “Cuando el fiscal le preguntó si recibió pagos por ese trabajo, él respondió que sí. Vamos a pedir investigar si esos pagos constituyen cohecho”, afirmó ayer el diputado Diego Paulsen, quien es miembro de la comisión investigadora de la Cámara por el caso Caval. A juicio del parlamentario, la relación del empresario con Dávalos “es una de las explicaciones, que hasta ahora todos desconocíamos, de cómo Caval pudo tener utilidad por $ 1.500 millones en su primer año”. Por su parte, la diputada Marcela Sabat -también integrante de la comisión- agregó que “estas nuevas aristas del caso van reafirmando lo que hemos creído desde un inicio, que es que la Presidenta Bachelet tenía conocimiento de los negocios de su hijo. No puede ser que él haya tenido tantos vínculos con diversos empresarios mientras era servidor público, y que ella no haya sabido”. En tanto, el abogado querellante, Eduardo Riquelme, afirmó que “estos hechos deben ser investigados; hemos visto que para eso es necesario interponer una nueva denuncia, y eso es lo que vamos a hacer” http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/05/674-630461-9-rn-presenta-nueva-denuncia-contra-davalos-y-pide-indagar-posible-delito-de.shtml
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