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  1. 24 Octubre 2018 Fondos se repartieron entre 2015 y 2017 a ocho entidades relacionadas con RN, DC, PPD, PS y PC Al menos $537 millones para seguridad pública se entregaron a ONG vinculadas a partidos El Fondo Nacional de Seguridad Pública reparte anualmente $4 mil millones para financiar proyectos contra la delincuencia. De ese pozo, administrado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre 2015 y 2017 salieron $537 millones destinados a entidades relacionadas con partidos, con dirigentes políticos y con candidatos en campaña. Entre las beneficiadas hay ONG vinculadas con las ex ministras Catalina Parot (ex RN) y Soledad Barría (PS), con el ex senador Fulvio Rossi (ex PS) y el diputado evangélico Eduardo Durán (RN). Un instituto del PC y una fundación que preside un militante PPD que fue jefe de gabinete de la misma subsecretaría que repartía los recursos, también están en la nómina. La irrupción de la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política por parte de privados provocó una severa crisis de recursos para los candidatos de las elecciones municipales 2016 y parlamentarias 2017. Cerrado el camino para seguir con la farsa de las boletas pagadas por grandes empresas, la mira de los partidos se posó sobre los fondos públicos concursables. Varios candidatos –de todos los sectores– crearon fundaciones o corporaciones sin fines de lucro para contar con estos recursos estatales. Uno de esos pozos de dinero es el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). CIPER accedió a testimonios de funcionarios relacionados con ese fondo, quienes indicaron que bajo el gobierno anterior varias ONG vinculadas a partidos y candidatos recibieron parte de los recursos destinados a combatir la delincuencia. El FNSP es un fondo de $4 mil millones anuales que reparte la Subsecretaría de Prevención del Delito desde 2010 y que financia programas que ayuden a reducir la delincuencia, ejecutados por municipios, universidades, juntas de vecinos, ONG, fundaciones y corporaciones. CIPER revisó los dineros entregados por el FNSP entre 2015 y 2017. A lo menos ocho entidades vinculadas directamente a partidos políticos o a candidatos en campaña –de la DC, PPD, PS, PC y RN– recibieron una parte significativa de esos recursos: $537,8 millones en total. La cifra es una fracción menor de la totalidad del fondo, pero se trata solo de aquellos casos en que se puede demostrar de manera documentada que las entidades receptoras tienen una relación directa con un partido o candidato. Las fuentes consultadas por CIPER aseguran que hay muchos casos que permanecen en la penumbra, pues sus vínculos con el mundo político son informales, por lo que la cifra total de recursos entregados a partidos y candidatos puede ser mucho más alta. En la mayoría de los casos revisados por CIPER, las ONG que recibieron estos fondos del FNSP exhibieron documentos que acreditan que los programas financiados con esos dineros efectivamente se realizaron. Lo cuestionable es que estas iniciativas –pagadas con dinero público– se presentaron ante los ciudadanos como actividades respaldadas por un candidato o partido, fortaleciendo el despliegue territorial de esa opción política en épocas de campaña. En síntesis, estos proyectos del FNSP se utilizan como una fórmula de financiamiento estatal de la política que corre por fuera de los márgenes establecidos por el Servicio Electoral. En medio del rechazo público ante las investigaciones que desde 2014 revelaron miles de millones entregados a políticos por Penta, SQM, Grupo Angelini, Endesa, Aguas Andinas, las pesqueras de Asipes y Ripley, entre otras empresas, debió ejecutarse una nueva legislación que restringió la entrega de recursos. Las campañas debieron apelar a la creatividad. Lo sabía Joanna Pérez Olea (DC), quien en 2017 se convirtió en diputada por el Distrito 21, en la Región del Biobío. Su campaña la desplegó con el soporte de la Corporación de Desarrollo Social Integral (Codesi), formada por militantes DC. En 2016 esa ONG se adjudicó $30,6 millones del Fondo Nacional de Seguridad Pública, para ejecutar un proyecto de alarmas comunitarias. Cuando CIPER puso su lupa sobre las actividades de Codesi, se encontró con que los proyectos que ejecuta con recursos fiscales (también ha recibido dinero del Gobierno Regional del Biobío) los utiliza para impulsar campañas DC. En varios registros públicos aparece entregando alarmas comunitarias o implementando proyectos de seguridad en actos donde las figuras centrales son aspirantes a diputados, a consejeros regionales o a concejales DC. Joanna Pérez no solo fue uno de esos candidatos que participó en los eventos de Codesi. Describiendo un círculo perfecto, ella también fue la secretaria ejecutiva del Consejo Regional del Bíobío, entre 2004 y 2017, rol en el que le correspondió firmar los certificados para adjudicar los montos que el Gobierno Regional entregó a Codesi. El rol de Codesi como plataforma de actividades de campaña, financiadas con recursos públicos, fue detectado por CIPER en medio de la revisión de todas las organizaciones beneficiadas con el Fondo Nacional de Seguridad Pública entre 2015 y 2017. La metodología de esta investigación dejó fuera del escrutinio a municipios, universidades y juntas de vecinos, por la dificultad que conlleva indagar si los recursos adjudicados a esas entidades se usaron para fines políticos. La búsqueda se centró en las ONG con vínculos partidistas evidentes y, en esos casos, se rastreó la totalidad de los recursos públicos recibidos por ellas. De hecho, aparecieron varias fundaciones o corporaciones recibiendo no solo recursos del FNSP, sino también millonarios fondos de otras reparticiones públicas. Son recursos fiscales que terminan solventando a organizaciones que se transforman en el brazo social y territorial de sus respectivos partidos. FONDOS PÚBLICOS PARA LA DC El 9 de julio de 2017, en plena campaña parlamentaria, la entonces candidata Joanna Pérez Olea visitó la junta de Vecinos de la población El Roble Alto, en Lota. Ese día, Codesientregó alarmas comunitarias a los vecinos. El mensaje publicado en la página de Facebook de Codesi fue un espaldarazo para Olea: “Entregando alarmas comunitarias en la Población El Roble Alto en la comuna de Lota, junto al concejal Alejandro Cartes Riffo y nuestra querida amiga Joanna Pérez Olea. ¡Codesi sigue aportando a la seguridad de los vecinos!”. La foto del mensaje muestra a Joanna Pérez rodeada por vecinos, celebrando. A pesar de que esas alarmas comunitarias fueron financiadas con dineros estatales (fondos del Gobierno Regional del Biobío), la actividad se transformó en un acto de campaña. Lo mismo ocurrió el 30 de julio en la población El Polvorín, también de Lota. Joanna Pérez (DC) en actividad de Codesi lanzando programa de alarmas comunitarias Con los $30,6 millones que Codesi recibió del Fondo Nacional de Seguridad Pública en 2016, se financió otro proyecto de alarmas comunitarias, esta vez en Coronel (Distrito 20 del Biobío). Por ese distrito competía por la relección en 2017 el entonces diputado Marcelo Chávez (DC), quien participó de las actividades de Codesi en esa comuna. En agosto de 2016 Codesi informaba en su Facebook que el ahora ex diputado Marcelo Chávez apoyaba el proyecto en que “1.600 familias serán favorecidas con alarmas comunitarias”. Entre marzo y abril de 2017, Chávez asistió a reuniones con vecinos de Coronel donde se informaba del proyecto. El 22 de octubre del mismo año, a un mes de las elecciones, Codesi comunicó a los vecinos de Chiguayante que otro proyecto de seguridad (financiado por el Gobierno Regional), era “gestionado por el diputado Marcelo Chávez y el candidato a Core Bayron Martínez Ulloa”. Bayron Martínez es el marido de Pía Blásquez, presidenta de Codesi. Ambos han hecho carrera en el aparato público del Biobío: ella trabajando en el Sernam, él como director de Senda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Los dos participaron del nacimiento de la ONG, cuando junto a estudiantes de la Universidad de Concepción integraban el grupo Comunitarios del Sur y realizaban actividades sociales ligadas a la DC. Pía Blásquez ha representado a la Región del Biobío en juntas nacionales de su partido. Además de los fondos del FNSP de 2016, Codesi también se ha financiado con recursos que reparte el Gobierno Regional (GORE) del Biobío. Entre 2015 y 2016 recibieron $14,9 millones por proyectos de seguridad participativa en juntas de vecinos de Lota, y en 2017 otros $6 millones para implementar el mismo programa en Chiguayante. Sumado a los proyectos de seguridad pública que ejecuta en poblaciones de Lota, Coronel y Chiguayante, Codesi también ha organizado ciclos de formación para dirigentas sociales de la Democracia Cristiana en la Región del Biobío. A pesar de las evidencias que muestran a Marcelo Chávez haciendo campaña junto a Codesi en el Distrito 20 y a Joanna Pérez en el Distrito 21, la presidenta de la ONG, Pía Blásquez, negó que se le dé un uso político a los fondos públicos (vea las respuestas que envió a CIPER). Otra ONG que se ganó un fondo de seguridad del Ministerio del Interior para ejecutarlo en la Región del Biobío es la Fundación Desarrollo Social y Cooperación Internacional (Fundesci), presidida por Francisco Rivas Gómez. En 2016 se adjudicó $39,5 millones del FNSP. En su directiva aparecen Adelaida Escalona Pino, ex candidata a alcaldesa y concejala por San Felipe; Luis Riquelme Navarro, presidente de la sala electoral de las elecciones internas de la DC en 2018, y Enzo Pistacchio Sassarini, quien en 2008 fue destituido del Registro Civil en medio del escándalo por una licitación corrupta revelada por CIPER. Todos han sido militantes de la DC. Según dice el presidente de la fundación, Francisco Rivas Gómez, con el dinero del FNSP se ejecutó un proyecto en Lota que capacitó a profesores para que entregaran una mejor educación emocional a sus alumnos y así prevenir la violencia escolar. Cuando CIPER le solicitó documentos que acreditaran la ejecución del proyecto y le preguntó por los vínculos de la ONG con la DC, Francisco Rivas se limitó a señalar que está alejado del partido y se excusó de seguir respondiendo por “estar ocupado”. No volvió a responder los llamados de CIPER. LAS FUNDACIONES DEL PPD El segundo gobierno de Michelle Bachelet tuvo dos subsecretarios de Prevención del Delito: Antonio Frey y Óscar Carrasco, ambos militantes del PPD. Quien se mantuvo como jefe de gabinete de esa subsecretaría durante los cuatro años de ese gobierno fue Freddy Seguel, también PPD. Seguel aparece hoy como director ejecutivo de la Fundación Participa, la que se adjudicó $20 millones del FNSP en 2017, cuando él aún ejercía como jefe de gabinete de la subsecretaría que reparte esos fondos. Quien preside la Fundación Participa es Daniel Ibáñez, quien fuera jefe de gabinete del diputado Daniel Farcas (PPD) entre 2014 y 2018. En 2016, Ibáñez intentó ser concejal por Renca, pero no fue electo. Consultado por CIPER, Daniel Ibáñez, quien definió a Participa como “un centro de pensamiento y acción”, afirmó: “Lo que hacemos en la fundación es desarrollar debates y discusión en materia de política pública”. Sobre los $20 millones que recibieron de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, aseguró que sirvieron para desarrollar planes comunales de seguridad pública en los municipios de Padre Hurtado, Santa María y Peumo. Ibáñez envió a CIPER documentos que acreditan que esos trabajos efectivamente se realizaron. Durante la elección presidencial de 2017, la Fundación Participa organizó un seminario con los candidatos que representaban al progresismo: Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez y Marco Enríquez Ominami. Daniel Ibáñez dijo que también organizaron, junto al PPD, un conversatorio con una senadora del PSOE español. La Fundación Participa sostiene el sitio web laopinion.cl, difusor de columnas de opinión del progresismo (desde el PPD hasta el Frente Amplio). Fuentes del PPD señalaron a CIPER que la Fundación Participa es una plataforma para levantar las figuras de Daniel Ibáñez y Freddy Seguel. Ambos han concedido entrevistas a diversos medios como analistas de temas políticos en representación de la ONG. Sobre el posible conflicto de interés de Freddy Seguel, debido a que en 2017 era jefe de gabinete de la subsecretaría de Prevención del Delito, cuando se otorgaron a la fundación $20 millones del FNSP, Daniel Ibáñez lo descartó, señalando que Seguel no se involucraba en la entrega de esos recursos. Freddy Seguel (PPD) director ejecutivo de la Fundación Participa y ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito El tesorero de la fundación Participa es Orlando Orellana, quien cumple el mismo rol en la Fundación Educación Deporte Salud (FEDS), la que se adjudicó recursos del FNSP en 2015, 2016 y 2017. En total, recibió $125,6 millones. En 2016, cuando FEDS ya recibía dinero del FNSP, Orellana fue candidato a concejal del PPD por El Quisco, aunque no resultó electo. FEDS también está formada exclusivamente por militantes del PPD. De hecho, Orlando Orellana fue electo en 2016 en la directiva nacional de ese partido. Antes, trabajó en la Municipalidad de Lo Prado y como asesor de diputados PPD. Durante el segundo gobierno de Bachelet fue asesor en la gobernación de Chacabuco, incluyendo la coordinación de programas estatales. Actualmente, es asesor del diputado René Alinco. El representante legal de FEDS es Guillermo Villacorta, quien también forma parte de la directiva nacional del PPD desde 2016. Contactado por CIPER, Villacorta señaló que en 2015, 2016 y 2017 desarrollaron un proyecto en tres colegios (dos en La Florida y uno en Quilicura) para frenar el bullyng escolar. Quedó de mandar más antecedentes por correo electrónico, pero nunca lo hizo. Tampoco volvió a responder los mensajes de CIPER. Guillermo Villacorta participa de la Secretaría de Migrantes del PPD y en 2015 formaba parte del movimiento Acción País, espacio levantado por el senador Felipe Harboe (PPD) para desplegar la fuerza de su sector al interior del partido. CAMPAÑA DEL PS EN PUENTE ALTO Para los partidos de la ex Nueva Mayoría no es fácil hacer política en Puente Alto, la comuna que es feudo electoral del senador Manuel José Ossandón (RN), quien fue su alcalde entre 2000 y 2012. Su sucesor y delfín, Germán Codina, fue reelecto en 2016 con el 81,3% de los votos. Al frente tenía a Soledad Barría, militante PS y ex ministra de Salud del primer gobierno de Bachelet, la que alcanzó apenas un 14,8% de la votación. En 2012 Barría también había sido la candidata derrotada. Después de ese primer revés electoral, Barría creó una fundación para permanecer visible en Puente Alto. A fines de 2012 estrenó Puente Alto Puede Más, que le sirvió en 2016 como plataforma para su segunda apuesta electoral. Esa ONG obtuvo recursos del FNSP en 2015, 2016 y 2017, recibiendo en total $118,4 millones. El 2 de enero de 2016, año de elecciones municipales, en el Facebook de Puente Alto Puede Más se publicó un afiche con la foto de la candidata junto a la frase: “Este 2016 te invitamos a formar parte de la aventura de hacer crecer en conjunto nuestra comuna. Soñamos con un Puente Alto inclusivo, democrático, que permita un desarrollo amigable de todas y todos sus habitantes”. Dos meses después, para la conmemoración del Día de la Mujer, la candidata Barría repartió claveles en el centro de Puente Alto, los que iban con un panfleto con su cara y el logo de su ONG. “En este día te invito a reflexionar sobre lo importante que eres como mujer y puentealtina para nuestra sociedad. Sin ti ningún cambio será posible, te saludo cordialmente”, se leía en esa propaganda. Soledad Barría en actividad en el centro de Puente Alto junto a la ONG Puente Alto Puede Más Soledad Barría también concedió entrevistas a radios locales resaltando su pertenencia a la ONG. En conversación con CIPER, la presidenta de Puente Alto Puede Más, María Angélica Hernández, señaló que con los dineros del FNSP desarrollaron talleres de circo en varios sectores de Puente Alto, además de dar charlas de seguridad junto a Carabineros y Prodemu (fundación de la Presidencia). CIPER pudo revisar registros gráficos y rendiciones públicas que acreditan que esos talleres se realizaron. Hernández descartó que los recursos recibidos se hayan utilizado para apuntalar la campaña de Soledad Barría, pero reconoció que los vecinos de Puente Alto saben que la ONG trabaja con la ex ministra: “Soledad Barría es la encargada de proyectos de la fundación. Después de su primera candidatura, en 2012, ella se quedó en Puente Alto. Es una buena dirigenta, una buena médica, pero también es una buena política. Entonces, la gente la va a reconocer como una persona que creó una fundación para esta comuna (…). Cuando hacemos los talleres, no hablamos de política. En ese sentido somos rigurosos, más allá de que la gente en terreno sabe de dónde venimos”. La ONG Puente Alto Puede Más también ha recibido financiamiento de otras instituciones estatales. Entre junio de 2017 y mayo de 2018 recibió tres partidas por un total de $41,6 millones del Gobierno Metropolitano. A fines de 2017 sumó otros $20 millones de la Subsecretaría de Evaluación Social. En su página web se enumeran otros proyectos que se han financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional) en los años 2013, 2014, 2015 y 2017, además de otras iniciativas financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social en 2014 y 2015. No se especifican los montos. Otra ONG ligada a figuras del PS beneficiada con recursos del FNSP es la Corporación de Desarrollo Social y Cultural Casa Abierta, fundada por el ex senador socialista Fulvio Rossi. La entidad recibió $43,7 millones del FNSP en 2014. De acuerdo con la respuesta que entregó a CIPER la Subsecretaría de Prevención del Delito, la corporación vinculada con Rossi es la única ONG que enfrenta un sumario por posible mal uso de los recursos entregados por este fondo. La investigación se inició por una denuncia del diputado Hugo Gutiérrez (PC) y busca aclarar la “inexistencia de bienes adquiridos con recursos del proyecto” por $1,7 millón, además de rendiciones de cuentas sin respaldo. EL THINK TANK DEL PC En el costado izquierdo de la ex Nueva Mayoría también hay una ONG que ha recibido fondos destinados a la prevención del delito: el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), el principal think tank del PC. El organismo asesora a los diputados comunistas, elabora informes de coyuntura económica y política, además de realizar talleres de formación sindical y municipal. En 2015 y 2017 el ICAL se adjudicó un total de $89,9 millones del FNSP. Según comentó a CIPER el director de su área social, Mario Domínguez, con esos recursos ejecutaron dos proyectos: uno para capacitar a dirigentes sociales del Barrio Yungay en prevención de la delincuencia y otro para prevenir la violencia de género en tres liceos de Lo Espejo. El ICAL envió a CIPER documentos que respaldan la realización de ambos programas. El instituto comunista tiene una sede en Atacama, la que en 2016 recibió un aporte del FNSP de $38,3 millones. En el ICAL de Santiago dijeron que ellos no conocían en qué se usaron esos dineros, porque las administraciones de ambas sedes son autónomas. CIPER intentó comunicarse con el responsable de ICAL Atacama registrado en el Ministerio del Interior, quien dijo que ya no tenía relación con la entidad. Además de los fondos recibidos desde el Ministerio del Interior, el ICAL se ha financiado con dineros de la Subsecretaría del Trabajo ($187,7 millones entre 2005 y 2009, y luego entre 2014 y 2017); de la Subsecretaría de Hacienda ($52,2 millones en el primer gobierno de Bachelet); del Ministerio Secretaría General de Gobierno ($8,4 millones entre 2006 y 2012); del Gobierno Regional Metropolitano ($280,4 millones entre 2009 y 2018); del Gobierno Regional de Valparaíso ($22,4 millones en 2013); del Consejo de la Cultura y las Artes ($39,9 millones en 2016); de la Subsecretaría de Previsión Social ($48,7 millones en 2017) y otros montos menores desde el Injuv, el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Santiago. En total, el ICAL ha recibido fondos públicos por al menos $768 millones entre 2005 y 2018. A LA DERECHA DEL CUADRO Eduardo Durán Salinas (RN) se convirtió en diputado en 2017. Dos años antes, la Fundación Causa Común, que él constituyó junto a su madre y su hermana, recibió $40 millones del FNSP. Pero el parlamentario prefiere no hablar sobre ese tema. Así quedó en evidencia en el siguiente diálogo: -Alo, ¿con la Fundación Causa Común? Sí… -Buenos días, soy periodista de CIPER y los llamó por una investigación que estamos desarrollando… … Ah no, yo ya no tengo nada que ver con eso. -Recién usted me dijo que este sí era el teléfono de la fundación… No, ya no. Tiene que hablar con Marjorie Vásquez. -¿Me puede dar su número de teléfono? No lo tengo… -¿Cuál es su nombre? Prefiero no decírselo… y no voy a seguir con esta conversación. Ante la negativa de la persona que ocupaba el teléfono oficial de la Fundación Causa Común (registrado en el Ministerio del Interior), CIPER se comunicó con quien aparece como su presidente: el diputado evangélico Eduardo Durán Salinas. La sorpresa fue descubrir que el número telefónico del parlamentario es el mismo de la fundación. Y aumentó cuando al marcar el número nuevamente respondió la misma voz que minutos antes nos colgó el teléfono: el diputado Eduardo Durán. -Diputado… ¿por qué nos cortó? Yo ya no tengo nada que ver con la fundación. Antes fui presidente, fui su fundador, pero desde marzo de este año, cuando asumí como diputado, abandoné ese cargo… -¿Qué se hizo con los $40 millones que la fundación recibió en 2015 de la Subsecretaria de Prevención del Delito? Se habrá ejecutado el proyecto que se tenía contemplado, creo que era un diagnóstico de las personas privadas de libertad. La Fundación Causa Común fue creada por el diputado Durán en 2014, justo cuando abandonaba su cargo de gobernador de la Provincia de Ñuble durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Es hijo del obispo evangélico Eduardo Durán Castro, quien actualmente es investigado por lavado de activos (ver reportaje de CIPER). Diputado Eduardo Durán (RN) El diputado Durán no entregó más detalles sobre el proyecto ejecutado con dineros de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vía Whatsapp envió el contacto de la persona a cargo de los temas de su fundación: Patricio Koronios. Koronios aseguró a CIPER que en 2015 se adjudicaron el proyecto, lo ejecutaron en 2016 y lo rindieron a inicios de 2017: “Es un proyecto súper interesante, muy profundo, sobre el tema de los internos que están en las iglesias evangélicas dentro de la cárcel. Fue un proyecto de estudio, maravilloso”. A través de un correo electrónico la fundación envió el certificado de cierre financiero del proyecto, lo que significa que fue visado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Otra fundación beneficiada con recursos del FNSP es la ONG Fecunda (ex Chile Avanza), de la ex militante de RN y ex ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot (Evópoli), actual presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Esta organización recibió $35,5 millones en 2016. A cargo del fondo confiado a la ONG Fecunda estuvo la hermana de Catalina Parot, Bernardita, quien envió a CIPER un informe de cierre técnico que indica que el dinero fue utilizado para restaurar una antigua casa de la ex estación ferroviaria de Talca. Catalina Parot intentó en 2009 y 2013 ser diputada por el ex Distrito 38 de la Región del Maule, pero no tuvo éxito. Fuente: https://ciperchile.cl/2018/10/24/al-menos-537-millones-para-seguridad-publica-se-entregaron-a-ong-vinculadas-a-partidos/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/318009-caso-penta-fiscalia-pide-audiencia-para-otorgar-suspension-condicional-a-cardemil/?hl=%2Bdesafuero&do=findComment&comment=22450637 02 Agosto 2017 Sentencia de la Corte de Apelaciones confirma impunidad para casos de financiamiento de campañas políticas El tribunal de alzada capitalino dio a conocer el fallo donde resolvió rechazar el desafuero del diputado UDI Felipe de Mussy. El texto era esperado por los diferentes actores que han estado involucrado en las llamadas causas de platas políticas, como son los casos Penta y SQM. La Corte de Apelaciones dio a conocer el contenido del fallo donde resolvió rechazar el desafuero del diputado UDI Felipe de Mussy, debido a que los hechos no estaban contenidos en la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco del caso Penta. El texto era esperado por los diferentes actores que han estado involucrado en las llamadas causas de platas políticas, como son los casos Penta y SQM. En la sentencia, los jueces argumentan que es un impedimento para el desafueron del parlamentario el hecho de que el SII no se haya querellado directamente en contra del diputado Mussy. “El SII no ejerció la acción penal que habilite poner en movimiento al órgano jurisdiccional, faltando, entonces, un requisito de procedibilidad, lo que impide la existencia de un proceso criminal en contra del imputado y conduce al rechazo del desafuero solicitado”, señala el documento judicial. Agregando que “no es un dato menor la circunstancia de que en su denuncia el SII señale expresamente que -en relación a las personas excluidas- ejercería oportunamente las acciones legales correspondientes (…) pues con ello evidencia que hará en el futuro uso de las facultades que su Ley Orgánica le confiere en orden a decidir en cada caso la responsabilidad que haría efectiva”. “No hay duda de que el único titular para dar inicio a una denuncia o querella por delito tributario es el SII (...) no sólo debe contener los hechos ilícitos concretos que se atribuyen al querellado o denunciado, también debe contener la individualización específica de este último; esto es, debe ser nominativa”, advirtió en el fallo el presidente del tribunal, Miguel Vásquez. Esto contradice el planteamiento de que el Ministerio Público puede formalizar a personas que no estén directamente querelladas o denunciadas por el SII y podría afectar las causas contra los senadores Jorge Pizarro (DC) y Fulvio Rossi (ex PS), consigna La Tercera. Cabe recordar que el diputado UDI De Mussy es investigado en el marco del caso Penta por una boleta por $7 millones que emitió su amigo el entrenador de fútbol José Tomás Garcés. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/02/sentencia-de-la-corte-de-apelaciones-confirma-impunidad-para-casos-de-financiamiento-de-campanas-politicas/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/317944-caso-sqm-fiscalia-detecta-vinculo-entre-un-abogado-ps-ligado-a-sqm-y-ex-asesor-de-diputados-dc/?hl=%2Bcaso&do=findComment&comment=22536042 03 Agosto 2017 Testimonio vincula facturas emitidas a SQM con campaña de Von Baer Jorge Bussenius, quien fuera administrador electoral de la candidatura senatorial de la parlamentaria UDI y emitiera dos facturas a SQM Salar, afirmó que “todo el dinero lo usé para efectuar pagos a gastos propios de la campaña” “Todo el dinero lo usé para efectuar pagos a gastos propios de la campaña”. Ese es parte del testimonio entregado por Jorge Bussenius, quien fuera administrador electoral de la candidatura senatorial de Ena von Baer y emitiera dos facturas a SQM Salar. Bussenius declaró en calidad de imputado el 16 de junio, en el marco del caso SQM, vinculando por primera vez a la senadora de la UDI con el caso SQM. En su testimonio, Bussenius señaló que en 2013 fue contactado por un amigo, Rodrigo Arellano, quien le pidió apoyarlo en temas administrativos de la campaña que Von Baer emprendió inicialmente por la Región Metropolitana Oriente. Agregó que a fines de mayo le solicitaron que firmara como administrador de la campaña, a lo que él aceptó con la condición de que solo fuese temporalmente, lo que -dijo- efectivamente ocurrió, pues fue reemplazado y se desligó completamente cuando la parlamentaria cambió su postulación a Valdivia. En el intertanto, sin embargo, Bussenius señaló que recibió el llamado de una mujer -de la que dijo no recordar su nombre-, quien le solicitó emitir a través de alguna sociedad “un par de facturas a SQM Salar, para recuperar unas platas para la campaña” “La persona que me llamó se identificó como alguien de la UDI y me dijo que había una empresa que aportaría dinero a la campaña y que la forma habitual, o que se usaba, era a través de facturas”, dijo. Agregó que “al principio fui un poco reticente, pero como era para recuperar unas platas para la campaña, acepté y emití las facturas (…). Obviamente, no he prestado servicios para esta empresa”. Precisó que los documentos fueron emitidos a través de la sociedad de asesorías e inversiones IMBC, que formó en 2010 junto a su esposa. Y que luego de que se conociera públicamente el caso SQM volvió a hablar con su amigo Arellano y este le señaló que la persona que solicitaba los documentos era Marisol Cavieres (secretaria de la UDI). Consultado por su relación con la senadora de la UDI, Bussenius relató que durante el tiempo que estuvo involucrado en su campaña solo estuvo dos veces con ella. También señaló desconocer si la parlamentaria sabía de las facturas que había emitido a la minera y del dinero que le habían depositado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/testimonio-vincula-facturas-emitidas-sqm-campana-von-baer/
  4. 21 Abril 2017 La compañía reconoció estos datos en su contabilidad entre 2009 y 2014, rectificando ante el SII. El suministro que no se cortó: los pagos transversales de Aguas Andinas para financiar la política Millonarios aportes a centros de estudio ligados a los principales partidos, a personas naturales vinculadas a campañas electorales, en forma de asesorías o derechamente a través de boletas por servicios no prestados, ponen en tela de juicio el verdadero rigor con el que se ha regulado a la compañía multinacional, donde el Estado posee una ínfima participación. El corte de agua en 27 comunas de la Región Metropolitana a raíz de la crecida del rio Maipo, ha puesto el foco nuevamente en la operación de la empresa sanitaria Aguas Andinas, que distribuye agua potable al 85% de la población en la zona. Además de los cuestionamientos técnicos hechos por la autoridad, para explicar la responsabilidad de la compañía en la emergencia, y que la empresa contestó entregando algunos detalles de su plan de inversión, está el hecho de que Aguas Andinas figura como una de las empresas que estuvieron involucradas en el financiamiento irregular de la política. La empresa pertenece en un 50,1% al grupo Aguas de Barcelona (Agbar). Durante el gobierno de Sebastián Piñera se concretó la venta del 35% de las acciones que el Estado poseía en la sanitaria, quedando actualmente en manos del fisco, un porcentaje de sólo 5%. Aunque el código de ética que rige a la multinacional, presente en 24 países, restringe expresamente las donaciones políticas, recomendando "abstenerse" de ellas,permitiendo que sean "sometidas a consideración" en "determinadas condiciones", en el caso de la filial chilena, la relación fue bastante estrecha. Según un rastreo a la contabilidad de la empresa, hecho por Ciper a partir de los datos entre 2009 y 2014, disponibles para el Servicio de Impuestos Internos (SII), los pagos con boletas por servicios no realizados, y por asesorías de distinto tipo, alcanzaron para prácticamente todos los sectores. De esta manera, en el período mencionado, el centro de investigación periodística encontró 30 receptores, entre personas naturales y jurídicas, con vínculos políticos directos. Por ejemplo hubo $420 millones pagados a think tanks de casi todo el espectro político. Es el caso de la Fundación Jaime Guzmán con 52,3 millones , ligada a la UDI, igual que Libertad y Desarrollo que obtuvo $72 millones; el Instituto Libertad , vinculado a RN, que recibió $117,6 millones y la Fundación Chile 21, ligada a partidos de centro izquierda, como el PS, el PRO y el PPD. En este caso, los pagos totalizan $34,5 millones. De corte progresista es también el centro Proyect America que funcionó hasta 2013 y recibió un total de $66,3 millones. Otra institución privada que recibió pagos fue el Centro de Gestión Ambiental para el Desarrollo (CEGADES) ligado al histórico dirigente de la Democracia Cristiana, Gutemberg Martínez. En este caso, los pagos totalizan 75,6 millones. Paralelamente la contabilidad de la compañía en el período registrado, contempla pagos a tres sociedades ligadas al abogado Pedro Yaconi, yerno del ex Presidente Eduardo Frei-Ruiz Tagle, por un total de $430 millones. Yaconi integró el comité de finanzas de la campaña presidencial que Frei perdió en 2009. Otros $27 millones fueron pagados a una sociedad personal de Pablo Longueira y la cantidad de $53,5 millones llegó a Vox Comunicaciones, firma que fue investigada en el caso Penta por los pagos asociados al ex ministro Laurence Golborne. Uno de los casos más llamativos fue el de los ex ejecutivos de Chilevisión: Mario Conca y Jaime de Aguirre, que recibieron entre los dos un total de $76 millones emitiendo boletas por servicios no prestados a Aguas Andinas. La maniobra la hicieron a solicitud de Santiago Valdés, gerente de Bancard, la matriz de Sebastián Piñera cuando el ex Presidente era dueño de Chilevisión y pagó por esta vía los bonos comprometidos para De Aguirre y Conca. Aguas Andinas, reconoció todos estos pagos y en efecto, los rectificó ante el SII entre abril y junio de 2015, sometiéndose a la sanción tributaria contemplada para estos casos, que corresponde a una multa. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/21/el-suministro-que-no-se-corto-los-pagos-transversales-de-aguas-andinas-para-financiar-la-politica/
  5. 28 Noviembre 2016 Gabriel Boric: que Homecenter diga a qué candidatos entregó $168 millones en las elecciones del 2013 Los diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo se reunieron con los dirigentes de los sindicatos de Alto Maipo, Homecenter, Los Bronces y Pizarreño y reiteraron su apoyo a la demanda de mejoras salariales. Esta mañana la diputada PC, Camila Vallejo, y el diputado de Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, participaron de una conferencia organizada por sindicatos de trabajadores en huelga del país. Lo anterior, a pesar de que el presidente de la Sofofa, Herman Von Mülenbrock, recordara la Constitución de Pinochet e invocara el artículo 60 que sanciona con cesación del cargo a los legisladores que intervinieran en conflictos laborales, en alusión directa a la presencia de los parlamentarios Gabriel Boric, Camila Vallejo y Osvaldo Andrade en la huelga de los trabajadores de Sodimac cuando llevaban 14 días. Hoy los trabajadores llevan 20 días de movilizaciones, y los parlamentarios se reunieron nuevamente en apoyo a la demanda de mejoras salariales. En la reunión no solo se encontraba el sindicato de trabajadores en huelga de Homecenter, también estuvo presente Alto Maipo, Pizarreño y Anglo American. En la cita el diputado Boric criticó la actitud de la empresa Sodimac con sus trabajadores y ejemplificó con que “vemos al Grupo Solari, los dueños de Homecenter, que acaba de comprar una minera y están expandiendo sus inversiones al extranjero, pero no son capaces de sentarse a negociar con sus propios trabajadores, que son quienes han producido la riqueza que ellos tienen”. Asimismo, aprovechó de emplazar a los ejecutivos de la compañía “a que nos cuenten a qué parlamentarios o a qué candidatos entregaron los 168 millones de pesos que autorizaron para aportes a las campañas políticas del año 2013”. Boric enfatizó que el problema es que “durante mucho tiempo, ha habido una costumbre de que hay parlamentarios al servicio del gran empresariado (…). Hoy día estamos rompiendo con quienes prefieren servir a ese empresariado y no a los trabajadores que generan la riqueza”. El diputado recalcó que va a “apoyar de manera clara, explícita y categórica las demandas de los trabajadores, que hoy día tienen justas reivindicaciones por la redistribución de la riqueza que ellos producen. Acá estamos ante empresas que se han hecho ricos, sus grupos controladores, a costa de la explotación de sus trabajadores” Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/28/gabriel-boric-que-homecenter-diga-a-que-candidatos-entrego-168-millones-en-las-elecciones-del-2013/
  6. 20 Noviembre 2016 Carolina Tohá: “No es un buen momento para estar en la primera línea: ni de campañas, partidos, gobierno o el Parlamento” La alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, quien tras su derrota debe dejar el sillón edilicio el próximo 6 de diciembre, asume que el fracaso electoral fue “duro e inesperado”. Por ello, se tomará un tiempo antes de definir su futuro y -al menos en el corto plazo- se ve alejada de la primera línea política. La de las pasadas elecciones municipales -cuando perdió la reelección a la alcaldía de Santiago a manos del representante de Chile Vamos, Felipe Alessandri- es “en rigor” la primera derrota electoral de la vida política de Carolina Tohá. Antes tuvo -en todo caso- un traspié: en 1997 no fue elegida diputada por Santiago y cayó frente a su compañero de lista Enrique Krauss, pero para ella esa campaña “no la viví como una derrota”, debido a que no tenía ninguna opción de ganar y logró casi igualar la votación del ex ministro del Interior de Patricio Aylwin. A casi un mes de su fallido intento de reelección, Tohá aún intenta explicarse las razones de su fracaso y anuncia un período de alejamiento de la primera línea de la política, en la que ha estado parte importante de su trayectoria. Cuando recuerda el 23 de octubre pasado, ¿qué se le viene a la cabeza? Uff, una emoción fuerte, porque fue un día intenso. Fue un golpe fuerte perder la elección, que no esperábamos. Y empezar a iniciar un proceso que es cerrar estos cuatro años de gestión, hacer también los balances del caso, empezar a despedirnos de los equipos con los que hemos trabajado, a despedirme de los vecinos y a pensar también en lo que viene hacia adelante. Así que fue un día muy fuerte, muy intenso y creo que fue un día también en que fue importante decir: estamos muy comprometidos y convencidos de lo que hicimos, pero perdimos la elección, así que lo que corresponde es empezar a pensar en algo diferente hacia adelante. En rigor, entiendo, esta fue su primera derrota electoral… Yo tuve una derrota aquí mismo en Santiago la primera vez que postulé como diputada el año 1997 y ahí perdí con Enrique Krauss. Perdí, pero fue una elección súper ganadora, porque no había casi ni una opción de ganar y fue un muy buen resultado y una preciosa experiencia. Para nada la viví como una derrota; esta vez fue una derrota. ¿Qué implicancias tiene en lo personal? Es un proceso que tengo que madurar, no lo daría para nada por cerrado. Hay que darse tiempo, pasar la pena, mirar las cosas con perspectiva. Tengo una gran convicción de que en estos cuatro años aquí echamos a andar iniciativas muy potentes, hicimos innovaciones que con el tiempo van a transformarse en un legado, son semillas que quedaron ahí de cosas que se lograron hacer. Siento una gran satisfacción, pero al mismo tiempo hay una derrota de por medio, y una derrota que está, además, atravesada, porque la verdadera razón de la derrota es que la gente que podría haber votado por nosotros prefirió no ir a votar. Son personas que, en el fondo, están hoy día con una actitud retraída hacia la política, sintiéndose muy distantes, desencantados, con rabia muchas veces y que a lo mejor preferían nuestra opción, pero eso no fue suficiente para ir a votar. Mi tarea en este momento es esa: entender lo que fue esta experiencia de acá, aquilatar todo lo que aprendimos, porque esto me cambió a mí. Haber pasado por la alcaldía y haber vivido también este resultado electoral me ha abierto muchas miradas de las cosas y creo que es una obligación y, además, algo que deseo hacer, esa experiencia transformarla en un aprendizaje, en una maduración para lo que sea que haga después. ¿Por qué la gente no fue a votar? Creo que hay varios factores y hay uno que es el mar de fondo en que estamos, que es este distanciamiento con la política, este clima de desconfianza, que está muy instalado, y eso creo que ha afectado transversalmente. Eso estuvo presente y a mí en lo personal me afectó, porque eso es un clima general que está instalado. Los temas de SQM, todo eso, también desmotivó a la gente para ir a votar. Ahora, eso es como el mar de fondo, por decirlo así, también creo que es importante mirar en nuestra gestión qué cosas pudieron afectar. Una de ellas, sin duda, es que nosotros nos dedicamos con mucha convicción a hacer un esfuerzo para bajar la conflictividad y la dinámica de tomas en los colegios, y a pesar de ese enorme esfuerzo que se hizo, eso no bajó, se mantuvo, y por momentos tuvo situaciones bien críticas y no logramos desactivar ese clima conflictivo, a pesar de que probamos hacer diálogo, participación, compromisos con la educación pública, innovaciones, reformas. Josefa Errázuriz y ahora usted señalan que la gente no fue a votar, pero ¿por qué votaron por la derecha? Es que la gente no fue a votar por nadie, todas las votaciones bajaron. Lo que pasa es que la gente de nuestro sector tuvo aún una merma mayor en la participación. La abstención afecta más al sector progresista, a la centroizquierda, porque son personas que ponen fichas en la política mucho más importantes de las que ponen las personas de derecha tradicionalmente. ¿Usted nunca tuvo luces de alerta de que podía haber muy poca participación? Sabíamos que iba a subir la abstención, pero en esta magnitud no lo esperaba. Ahora, sí nosotros tuvimos y yo tuve muy claro que era bueno y era necesario, sobre todo después de que estuvieron presentes los temas de Soquimich, reconcursar esta postulación y hacer primarias. Pero no hubo otras candidaturas, no hubo tales primarias y creo que fue un momento en que pudimos haber sido más enérgicos, podríamos haber planteado como una condición que hubiera primarias. ¿Como una suerte de primer test para la candidatura? Sí, también para dar opciones y para legitimar aún más la postulación. Creo que eso hubiera ayudado. Cuando surgió lo de SQM varios pusieron en duda su repostulación. ¿Cree que hubo deslealtad? En todo este período, las deslealtades que uno ve en la política están a la orden del día. Pero a mí en ese momento, el que se dijera hay que revaluar la situación de Santiago, no me pareció raro y yo misma fui partidaria de hacerlo. Otra cosa es la manera en que las cosas se dicen o actitudes que hay en torno a eso, pero no vale profundizar en eso. Su currículum político es bien intachable: ministra, diputada, alcaldesa y perdió ante un desconocido de la política. ¿Subestimó a su rival, Felipe Alessandri? No, no. Siempre he dicho que Santiago es una competencia que siempre es reñida, siempre es competitiva, siempre hay disputa, nunca pensé algo distinto, porque muchas personas hicieron esos cálculos, y yo nunca los compartí. Personalmente, nunca fui de las que pensaron que esto era llegar y llevar, que estaba ganada la elección, hicimos una campaña pensada en una elección competitiva, una campaña de mucho despliegue, de mucha gente participando, de mucha energía puesta en la calle, o sea, para nada subestimamos la elección. Pero yo tenía una confianza de que el peso de la gestión iba a ser mayor al final en la motivación de la gente a votar y vemos que no fue así, que mucha gente optó por no votar y se quedó en su casa. No pocos en la Nueva Mayoría atribuyeron el mal resultado de las municipales al desempeño del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cree que ese fue un factor que la perjudicó? Uno es parte de una coalición, es parte de ideas en las que cree, yo apoyo a la Presidenta Bachelet, soy leal con ella y nunca fue una opción de la campaña desentenderse o alejarse del gobierno. Quisiera que al gobierno le fuera mejor, quisiera que muchos problemas que se enfrentan no sucedieran, también se me aprieta la guata cuando suceden ciertas cosas, pero no por eso creo que sea una opción correcta desentenderse y ponerse en la vereda del frente. Hacerlo no sería creíble, no era una opción, sería un acto de oportunismo que nadie hubiera valorado positivamente, y para empezar yo no estoy dispuesta a hacerlo. Eso hay que considerarlo simplemente como un factor estructural. En las elecciones municipales ganar o perder Santiago es un golpe anímico muy fuerte para las coaliciones. ¿Le pesa esa connotación? Lo que he recibido en este período que ha pasado desde la elección hasta ahora han sido muchas muestras de apoyo, de cariño, de respaldo, y de eso me siento muy agradecida, porque eso ha hecho más llevadero todo este proceso. Y creo que todas estas cosas lineales que se asumen muchas veces en Chile, que el que gana Santiago gana la presidencial, eso la historia muestra que no es así. En general, todas estas fórmulas simplistas para ver lo que estamos viviendo no sirven. Los fenómenos que se están viendo hoy en las democracias de todo el planeta, en las elecciones son de una liquidez y una complejidad que hacen que todo este formulismo esté totalmente superado, no tenga ningún fundamento. ¿Cree que su situación electoral habría sido distinta sin que se le haya involucrado directamente en SQM? O sea, claro que hubiera sido distinta. ¿Eso le costó la reelección? Hay muchos factores. No es uno solo. Yo creo que ese es un factor, por cierto. No se tradujo en un voto de castigo, no se tradujo en que la gente se fue a votar a otro sector, al menos no de manera masiva o mayoritaria. Pero sí se tradujo en que la gente se desmotivó, pero aunque yo no hubiera estado en ningún caso, la gente está desmotivada de antemano, porque tiene un tema que va más allá de mí. Tiene que ver con su relación con la política, que afectó muchas cosas más. Afectó que aquí no teníamos parlamentarios. Y cada vez que estábamos en debates, estábamos en una orfandad completa, porque no tuvimos parlamentarios que defendieran la gestión municipal. Eso fue un tema. Acá no hay parlamentario oficialista, digámoslo, están Giorgio Jackson y Felipe Kast… Giorgio es el parlamentario que eligió la Nueva Mayoría acá, fue nuestro candidato. Yo hubiera esperado eso, por cierto. Porque aquí la derecha no dejó polémica por armar y cada vez que tuvo la oportunidad se trató de armar, digamos, un gran debate o poner muy en cuestión nuestras opciones y nuestra gestión y no hubo contraparte. La noche del 23 de octubre fueron ministros a verla a su comando. ¿La Presidenta la ha llamado en días posteriores o esa misma noche para solidarizar…? Ese día me invitaron a ir a La Moneda al final en la tarde, pero yo no fui. No creía que era una buena cosa ir a La Moneda ese día después de la derrota. No he estado con ella desde ese día, no nos hemos juntado por distintas razones, a pesar de que hemos tenido varias situaciones en que pudimos haber coincidido. Pero he sentido todo el tiempo el respaldo y el cariño de ella y de su equipo, eso no ha estado nunca en discusión, y creo que es lo natural también, que estamos en las buenas y en las malas. Tuiteó que no espera llegar al gabinete, que tampoco le interesa el Parlamento. ¿Qué se puede esperar de su futuro político? En este momento más puedo hablar de lo que no voy a hacer y no de lo que voy a hacer, porque no lo tengo claro. Pero no es un retiro este… No. No pretendo que sea un retiro. Pero ahora tengo que definir a qué me voy a dedicar, dónde voy a trabajar, porque soy una persona que tiene una vida, una familia y todavía no lo tengo claro. Sé que en política no corresponde que esté en cargos de primera línea, en este primer momento, porque quiero hacer un proceso de maduración de lo que he vivido acá. De lo que he vivido como experiencia en el municipio y también del resultado que tuvimos al final, y eso requiere un tiempo. Así es que no voy a postular al Parlamento. Tampoco creo que es bueno ocupar cargos de gobierno en este momento. Recién saliendo de acá, tengo demasiado encima esta experiencia. Ni creo tampoco que sea un buen momento para estar en la primera línea. Ni de las campañas presidenciales, ni de temas partidarios. No. Creo que tengo que madurar esto y ahí veremos para adelante qué se hace. No lo tenemos claro, pero tampoco me voy a desentender de la política, ni me voy a retirar para nada, pero el camino tendremos que hacerlo paso a paso. Quedó instalada una sensación de que su gestión era celebrada por una suerte de elite, pero que los vecinos de Santiago pensaban otra cosa… El mundo de los urbanistas no es la elite, lamentablemente en Chile el urbanismo, la ciudad, han sido temas tan ausentes. Nunca se han mirado, nunca han estado en la agenda. En esta gestión, y también en la campaña, hicimos una gran pelea por decir que los temas de la ciudad importan. Influyen en la calidad de vida, en la convivencia. Pero creo que esas son precisamente las cosas que hay que reflexionar. Porque esas cosas que importan mucho en su vida, parece no ser las importantes en las elecciones. Fue un punto controvertido de su gestión el tema de la seguridad…, cifras iban en uno y otro lado… Después de la derrota lo puedo decir ya con aún más tranquilidad: lo que se ha hecho en Santiago en seguridad es de primera. Es de primera, asumiendo el rol que los municipios tienen. Los municipios no somos ni jueces, ni fiscales, ni carabineros. Los municipios trabajamos con la comunidad, administramos el espacio público. Coordinamos a otros organismos o nos coordinamos con ellos. Y hoy día las instancias que hay para hacer esa colaboración son en base a las mejores experiencias que hay en el mundo. ¿Es Santiago más seguro? Desde el punto de vista de la cantidad de delitos, Santiago está parecido a los últimos 10 años y en el último año ha bajado significativamente. Pero creo que el tema no es la cantidad de delitos. El tema es que la gente está muy insegura. Independiente de la cantidad de delitos. Porque hay una sensación que tiene que ver con dinámicas que no son sólo los delitos. Son las actitudes en el espacio público. El cuidado del espacio público, son la sensación de abuso en pequeñas cosas y también es el hecho, más allá de que la cantidad de delitos ha bajado, que la presencia de armas y los delitos violentos se han vuelto más presentes. Y eso es un gran tema de preocupación que hay que enfrentar. Cuando usted llegó a este municipio se señaló que había un superávit presupuestario de $ 2 mil millones, ¿cuál es la situación actual de platas de la alcaldía? Primero, cuando llegamos a este municipio no había un superávit de $ 2 mil millones. De hecho, lo primero que tuvimos que hacer aquí es empezar a absorber déficits que había en educación, déficits que estaban escondidos y tuvimos un primer presupuesto que administrar que tenía inflados los ingresos en cerca de seis mil millones de pesos. Este municipio está siempre en el límite con la gestión de su recurso, porque la verdad es que, aparentemente, es un municipio muy rico, pero las exigencias que tiene esta municipalidad superan por lejos las capacidades de recurso que tienen y eso es algo que todavía no se comprende suficientemente. Pero la firme es que en estos cuatro años este municipio ha mejorado su recaudación en 34 mil millones. Hoy, el presupuesto municipal tiene 34 mil millones que antes no tenía y eso es sólo gestión del equipo que está acá. ¿Se está entregando con superávit o con déficit? Se entrega un presupuesto equilibrado de la municipalidad donde hay más problemas de recursos en educación. El municipio que dejamos, en ese sentido, es un municipio con muchas más espaldas que el que recibimos para hacer cosas. ¿Cuál es su reflexión respecto del manejo del tema estudiantil? Yo nunca diría que una actitud dialogante es algo que fue un error o que no debimos haberla tenido. Y, de hecho, más allá que después empezamos a tomar medidas duras, siempre esos espacios de diálogo y participación se mantuvieron. Si yo tuviera que hacer una evaluación, nosotros apostamos aquí a que abriendo un espacio de diálogo que había estado tan fracturado, haciendo una apuesta sincera por recuperar la educación pública, por dejar de cerrar colegios, por recuperar la matrícula, por iniciar reformas en Santiago, antes de que empezaran en Chile, eso iba a descomprimir el clima de tanta tensión. Y no fue así, la conflictividad no bajó. Si yo tuviera que estar de nuevo en ese momento creo que lo que nos faltó hacer es que en esos diálogos y en esos compromisos no sólo había que iniciar la recuperación de la educación de Santiago, sino que también había que ponernos de acuerdo a los límites de dónde es legítima la manifestación y cuando ya se está vulnerando el derecho de los otros. Y eso no haberlo puesto en la conversación desde un principio se mal entendió, y muchas personas en este período y proceso empezaron a emplear formas de movilización que salen del esquema de lo aceptable… Yo lo encontraba obvio, si hay diálogo por qué debería haber violencia, si ya no cerramos colegios, si empezamos a acoger las demandas y empezamos a recuperar la educación en Santiago, por qué va a haber violencia, para qué. Y no pues, la hay porque, lamentablemente, hay grupos que están detrás de los estudiantes que mayoritariamente son adultos, en el cual hay gente ajena a los colegios, también hay algunos papás, algunos grupitos de profesores, grupitos, no son todos… Están en otra agenda, en una agenda que no quieren que resulte la reforma, quieren que las reformas fracasen, para que eso sea un camino para un cambio mayor del cual surgirá un orden justo y bueno que vendrá después del desastre, cosa en que profundamente no creo y pienso que conduce a las peores pesadillas. Siempre hay gente que hace esa apuesta, lamentablemente, y confunde eso con ser de izquierda. Yo creo que eso es lo más lejano a ser de izquierda. Y más aún una izquierda moderna y democrática. Cuando piensa en estos cuatro años, ¿cuál es su legado más sentido… Mi legado más sentido es la innovación llevada a las principales áreas de la gestión municipal, a la gestión del aseo, a las políticas de patrimonio y vivienda. Lo que ya empezamos a hacer va a fijar pautas de cosas que llegaron para quedarse y que van a ser muy importantes. Las políticas de movilidad, la apuesta en la infancia, la prevención en salud, la participación ciudadana. En todas esas áreas se hicieron aquí cosas inéditas y creo que esa semillita van a florecer. Creo que esas políticas no fueron derrotadas. Yo fui derrotada, pero lo que iniciamos acá en materia de iniciativas, de miradas para enfrentar los temas de la ciudad creo que son triunfos absolutos que tienen que quedarse y que yo espero que la próxima administración los cuide y que también los vecinos, la opinión pública los cuide y yo, personalmente, voy a seguir ligada a esos temas desde donde esté. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/carolina-toha-no-buen-momento-estar-la-primera-linea-campanas-partidos-gobierno-parlamento/
  7. 24/06/2016 Fiscalía pide sobreseer 6 causas a empresas por aportes irregulares a campañas Sin embargo, la abogada querellante se opondrá a este término judicial, pues "se pasan a llevar los derechos de los accionistas minoritarios". La Fiscalía solicitó sobreseer las causas contra seis empresas por financiamiento de campañas políticas mediante aportes reservados. Se trata de Banco de Chile, Empresas Copec, Falabella, Endesa, Enersis y LAN. El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, le pidió al Séptimo y al Segundo Juzgado que se fijen las audiencias para evaluar el sobreseimiento de las causas, cuyas audiencias fueron fijadas para el 7 de julio y, en el caso de LAN, para el 5 de julio, consignó El Mercurio. Recordemos que la investigación comenzó en 2015 cuando el accionista minoritario Óscar Gajardo presentó 10 querellas que además de estas seis empresas incluye a SQM, Quiñenco, Cencosud y AntarChile. Se debe precisar que de estas cuatro, la única que sigue su curso es la causa en contra de SQM. En la querella argumentaba que se desvió dinero de las sociedades para efectuar aportes electorales por parte de los directores, quienes no están facultados para realizar este tipo de aportes y que los accionistas no fueron consultados previamente. Según el matutino, la abogada querellante, Bárbara Salinas, se opondrá a este término judicial, ya que sostiene que es lamentable "porque se pasan a llevar los derechos de los accionistas minoritarios". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160624/pags/20160624095050.html
  8. Presidente de la Cámara busca acuerdo político para impedir reelección de autoridades que tengan "reproches éticos" Mediante una carta entregada a todos los presidentes de partido, Osvaldo Andrade llamó a colaborar con las investigaciones de la justicia y no promover en cargos públicos a autoridades que hayan financiado ilegalmente sus campañas. A través de una carta entregada a todos los presidentes de partido legalmente constituidos -incluidos los movimientos políticos de Giorgio Jackson y Gabriel Boric- el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, abrió la puerta para construir un acuerdo político en medio de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas y casos de corrupción. En la misiva, distribuida por el diputado entre lunes y martes de esta semana, el presidente de la corporación destacó el discurso de la timonel DC, Carolinga Goic, en el funeral de Patricio Aylwin, donde pidió perdón "por los abusos que se han cometido y por ceder a la tentación del dinero como gestor central de la política". "Efectivamente, muchas veces nos hemos alejado del día a día de nuestra gente y hemos defendido intereses particulares en desmedro del interés general y con ello, no hemos estado a la altura ética que nuestro país merece y nos exige. Pero pedir perdón es un acto y una declaración que, aunque valiosa, sólo hace sentido si se acompaña de compromisos", sostiene Andrade. En esta línea, el parlamentario PS sugirió a las colectividades "una declaración conjunta de todos los presidentes y presidentas de los partidos políticos en la que se comprometan expresamente" a cumplir los siguientes seis puntos: 1.- No postular o repostular a cargos de elección popular, a nadie que haya utilizado mecanismos irregulares o indebidos para el financiamiento de sus campañas y/o de su trabajo político, aunque dichas conductas no sean constitutivas de delito. 2.- Colaborar activamente con los procedimientos que tanto el Ministerio Público y el Servicio de Impuesto Internos lleva adelante con ocasión de la investigación de los hechos sobre financiamiento irregular de la política. 3.- Respaldar la acción de la Justicia sin perjuicio de cautelar el debido procedimiento en todos los casos objeto de investigación. 4.- No promover a ningún cargo de responsabilidad política interna o gubernamental, a persona alguna que merezca un reproche ético por su actuar en política. 5.- Promover la buena política, el dialogo y el entendimiento, la cultura democrática y el respeto de los derechos humanos, la sana convivencia y evitar los abusos del poder. Desterrar definitivamente la influencia del dinero en los asuntos públicos y velar por el bien de Chile y de todos nuestros compatriotas. 6.- Comprometer una conducta inequívoca de lucha contra la corrupción en todos los ámbitos y promover la probidad y transparencia en nuestro actuar. "Confío que una iniciativa como ésta u otras, responderá con eficacia a dar continuidad genuina al perdón formulado ante la tumba del ex presidente Aylwin y enfrentará la desconfianza y desprestigio que nos afecta ante la ciudadanía. Del mismo modo, estaré pendiente de sus sugerencias a fin de dar continuidad a esta iniciativa si es de su parecer", finalizo el presidente de la Cámara. www.latercera.com
  9. Lagos presenta libro sobre Aylwin y critica financiamiento irregular de la política "¿Por qué una empresa va tener que favorecer al candidato A o B?, cuestionó el ex Presidente al referirse a la crisis que vive la actividad política. SANTIAGO.- El ex Presidente Ricardo Lagos asistió hoy al lanzamiento del libro "Patricio Aylwin Azócar. Una vida republicana: convicción, política y doctrina", instancia en la que además de destacar el importante legado del ex gobernante, expresó su rechazo al aporte irregular de las empresas a las campañas políticas. "La empresa no podía hacer aportes, por algo muy simple, es una persona jurídica, las personas jurídicas no tienen pensamiento político (...) Los dueños de las empresas pueden tener, por supuesto, su propio pensamiento y sus propias convicciones, pero ¿por qué una empresa va tener que favorecer al candidato A o B?", cuestionó el ex Mandatario durante su discurso en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago. Lagos aseguró además que la crisis por la que atraviesa Chile es "cultural, respecto de cómo entendemos el servicio público, y cómo entendemos los valores en la vida de cada uno de nosotros". Respecto a Aylwin, el ex Presidente destacó el rol conciliador y su capacidad para liderar procesos políticos tan importantes para el país. "Él tuvo que enfrentar momentos como pocos dirigentes chilenos han tenido que hacerlo. Por eso creo tan importante este libro. Leerlo en clave de futuro, entender que a lo largo de cada uno de los capítulos que hay aquí podemos extraer lecciones para el Chile de hoy y espero aprenderlas", dijo Lagos. Con él coincidió la ex senadora Soledad Alvear, quien sostuvo que Patricio Aylwin "fue firme en defender siempre sus convicciones y al mismo tiempo tuvo la bondad infinita de hacerlo siempre con respeto, pluralismo y con capacidad de diálogo y de escuchar". "Este libro llega en un momento tan oportuno. Hoy la gente no cree en nada y la política está lamentablemente muy desprestigiada", enfatizó, instando a los jóvenes a leer el texto sobre el ex Presidente, a quien ella considera "el padre de la reconciliación chilena". www.emol.com
  10. Todos los partidos políticos perdieron militantes en 2015 En un lapso de un año, más de 12 mil personas abandonaron su militancia política. La reducción en estas cifras se da en medio de las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía por presunto financiamiento irregular de campañas, como los casos Penta, SQM y Corpesca. Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, todos los partidos que están legalmente inscritos ante el Servicio Electoral disminuyeron su cantidad de militantes. De acuerdo a los registros del organismo, en 12 meses las colectividades perdieron a 12.254 personas, justo en medio de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política. El ranking de desvinculaciones es liderado por Renovación Nacional. La colectividad terminó 2014 con 94.059 afiliados. Sin embargo, en diciembre de 2015 esta cifra disminuyó a 91.184, es decir, 2.875 militantes menos en un año. El segundo partido que lidera esta lista también es de la oposición. La UDI registró una baja de 2.101 adherentes, pasando de 74.342 a 72.241. Lo sigue, en tercer lugar, el PPD. El partido liderado por el senador Jaime Quintana tuvo 1.375 dimisones, quedando con un total 96.141 militantes a fines de 2015. Sin embargo, desde esta colectividad desestimaron la cifra oficial del Servel e informaron que de acuerdo a sus registros, ellos tienen actualmente 99.020 militantes. El PPD es seguido por dos partidos de la Nueva Mayoría: la DC y el PC, quienes registran una baja de 1.163 y 1.157 respectivamente. Estas cifras se contraponen a lo ocurrido entre 2013 y 2014, periodo en que todas las colectividades aumentaron sus adherentes. De hecho, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 hubo un aumento de 46.841 militantes de partidos a nivel nacional. Desde el Servel explicaron que la reducción de afiliados responde a distintos factores; que el Registro Civil informe su fallecimiento, que sea expulsado de la colectividad, que su militancia sea anulada o que la persona opte por renunciar al partido. Este último punto es reconocido en los partidos como un problema que han debido hacer frente en el último tiempo. Esto, ya que este fenómeno de renuncias se da en medio de las múltiples investigaciones que por eventuales casos de corrupción que han afectado a los partidos políticos, como son los casos Penta, Soquimich y Corpesca, lo que ha ido de la mano también con los más bajos índices de aprobación ciudadana, según las encuestas. Así es reconocido por el prosecretario de la UDI y actual vocero de la colectividad, Jorge Alessandri: “El 2015 fue el peor año para la política en Chile. Fue el año donde la ciudadanía se enteró de malas prácticas. Obviamente la causa principal (de la desafiliación) es el descontento con la política y eso tenemos que reconocerlo todos”. En este sentido, la experta electoral Marta Lagos plantea que esto de cuenta de una acción partidista que da cuenta de la crisis de credibilidad de las colectividades. “Para ir a retirarse de un partido, usted tiene que estar tan molesta que tiene que ocupar su tiempo en ir al registro y hacer un acto administrativo específico que no es menor”, dice. Max Colodro, analista político, explica este fenómeno como una respuesta a la crisis de confianza que existe por parte de la ciudadanía hacia la clase política: “Es indudable que la baja en los militantes tiene relación con el deterioro de la imagen de la política, con el desprestigio, con la pérdida de confianza que la gente tiene en las instituciones políticas y en particular en los partidos”. Por su parte, la cientista política Gloria de la Fuente plantea que “es innegable que los escándalos de corrupción han acelerado el proceso de desafección”. Junto a esto, agrega: “Esto explica que los partidos de derecha, que fueron los primeros afectados por escándalos de corrupción y que han tenido dificultades, especialmente la UDI, para fijar una doctrina para apartar a sus militantes procesados por estos escándalos, sean quienes mayores niveles de renuncias presenten”. Junto a esto, la investigadora de Chile 21 asegura que este fenómeno también golpea al resto de las colectividades “en la medida que no tengan posiciones claras respecto a estas materias y figuras relevantes de sus tiendas se vean envueltas en situaciones que pueden no ser judicializables, pero sí éticamente reprochables”. Pese a que efectivamente todos los partidos disminuyeron sus militantes durante 2015, existen colectividades cuyas pérdidas son marginales en proporción al total de adherentes. Es el caso del Partido Socialista. La colectividad de calle París tiene actualmente 120.387 afiliados -el número más alto de todas las colectividades-, registrando una baja de sólo 588 militantes. Similar es el caso del Partido Radical, que sólo registra una disminución de 111 militantes, finalizando 2015 con 82.801 afiliados. El desafío del refichaje Una vez que sea promulgada la nueva Ley de Partidos Políticos, las colectividades inscritas en el Servel deberán iniciar el proceso de refichaje. Para esto contarán con un plazo de 12 meses. Durante ese periodo podrán utilizar instancias como elecciones internas o actos masivos para lograr que su actual padrón de militantes vuelva a anotarse. El objetivo de esta tarea, promovido por el informe de la comisión Engel, es que las colectividades sinceren sus registros. Y es que de acuerdo a las estimaciones de los propios partidos, en las cifras actuales aún continúan figurando personas muertas o que renunciaron a la colectividades hace años. Así, en las directivas de partidos reconocen que lo más probable es que estas cifras continúen bajando. Como forma de garantizar la transparencia de este proceso, será el Servel, a través de funcionarios designados especialmente para esta tarea, el encargado de realizar el proceso, y no los partidos como se hace actualmente. “Vamos a dar todas las facilidades necesarias dado que la ley contempla que el acto de reafiliación sea realizado ante un ministro de fe del organismo”, asegura el presidente del Consejo directivo de la institución, Patricio Santamaría. De acuerdo a la ley, los partidos deberán refichar al 0.25% del electorado de los últimos comicios de diputados en todas las regiones donde exista el partido. Así, el cientista político y ex integrante de la comisión Engel Claudio Fuentes asegura que lograr esa cifra no será un problema para los partidos. Sin embargo, plantea que el desafío será sumar adherentes en medio de esta crisis: “Los partidos no van a lograr nuevos militantes, porque la gente ya no quiere inscribirse más en colectividades políticas”. www.latercera.com
  11. El ‘cortafuegos’ instalado para no indagar a otros grandes contribuyentes Platas políticas: el SII le echa tierra a investigación de las otras grandes empresas involucradas en el financiamiento irregular de campañas por Claudia Urquieta y Bastián Fernández 30 diciembre 2015 Ripley, Alsacia, CorpBanca y parte importante del holding de los Angelini, por mencionar algunas, han corrido una suerte muy distinta al destino judicial que enfrentan SQM, Penta y Corpesca. Una escapada milagrosa donde ha sido clave el Servicio de Impuestos Internos, que no se ha querellado contra estas compañías. Incluso, según fuentes ligadas al servicio, ha optado por dejar en el cajón del olvido la continuación de estas investigaciones. La posibilidad de rectificar las declaraciones de impuestos de años anteriores, pagar una multa y zafar del escándalo ha sido decisiva en esta jugada que, de paso, da un respiro al mundo político. Ya ha pasado más de un año desde que a fines de septiembre de 2014 aparecieron por primera vez cinco políticos involucrados en el financiamiento irregular de la política mediante la comisión de delitos tributarios en alianza con los dueños y altos ejecutivos del Grupo Penta. Solo el comienzo de uno de los casos que terminaría por estallar en el corazón de la clase política y empresarial chilena y que dejaría varios heridos en el camino. Al principio, y tal como publicó este medio, la mayoría de los nombres estaban vinculados a la UDI: los senadores Iván Moreira, Ena von Baer, así como el ex alcalde Pablo Zalaquett y el entonces candidato presidencial Laurence Golborne. La única excepción en ese entonces era Andrés Velasco. No se sospechaba que Penta era apenas la punta del iceberg. En medio del escándalo las señales políticas e institucionales fueron duras y funcionaron bajo la lógica del “caiga quien caiga”. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó denuncias y querellas “contra todos quienes resulten responsables” y la Fiscalía, con Carlos Gajardo a cargo de la investigación, persiguió las diferentes aristas que se abrían. En enero de 2015 no solo habían aparecido nuevos políticos –el otrora poderoso coronel de la UDI, Jovino Novoa, por ejemplo– sino también nuevas empresas, como Ripley, Alsacia y SQM. Esta última encendió las alarmas en la Nueva Mayoría. Y es que la minera controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, había sido caja pagadora de varios personeros del oficialismo, entre ellos el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quien en mayo de este año dejó su cargo tras conocerse boletas personales y de buena parte del comando de precampaña de Bachelet a la minera. Hasta ahora el SII no ha presentado una querella o denuncia en su contra, lo que se explicaría por el manto de protección en torno al ex ministro activado desde el oficialismo. La Caja de Pandora que abrió SQM implicó un giro radical en la forma en que se continuó abordando las investigaciones, porque aunque la minera no metálica se transformó en un caso en sí misma, la aparición de políticos involucrados de todos los sectores y la entrada en escena de muchas más empresas –como Ripley, Alsacia y Aguas Andinas– terminó con un Servicio de Impuestos Internos aplicando diversas fórmulas para evitar que la situación siguiera escalando y salpicando a más personajes y compañías. Es así como los otros grandes contribuyentes que aparecieron vinculados al financiamiento irregular de la política parecen haber sido olvidados. De hecho, obtuvieron una vía de escape a la medida para zafar del escándalo. Un drástico cambio al interior del organismo que selló el futuro de las grandes empresas y dejó a salvo a sus dueños y altos ejecutivos de ser formalizados por delitos tributarios. El cambio del SII Según fuentes que conocieron de cerca el tema, ya en mayo de este año había datos “suficientes” relacionados con distintos grandes contribuyentes para realizar una recopilación de antecedentes sobre delitos tributarios. Un paso previo, aunque no obligatorio, para que el SII presente una denuncia o querella. “Eso nunca se pudo hacer porque los antecedentes no se tuvieron, ni la autorización de parte de la Dirección del servicio para poder realizar esa recopilación”, comenta la misma fuente. Asimismo, fuentes internas del servicio apuntaron entonces al ex director Michel Jorratt –según informó este medio– como el responsable de detener las investigaciones por delitos tributarios contra las nuevas empresas que aparecían en el financiamiento irregular de la política. Entre estas se encontraban Copec, Arauco, Aguas Andinas, BCI, CorpBanca, Metalpar, Cencosud, Pesquera El Golfo, Newport, Inversiones Caburga y Endesa. Otras fuentes ligadas al SII manifiestan que “lo que se conoce en relación con el financiamiento irregular de la política y la comisión de delitos tributarios que se cometieron para ese financiamiento es algo muy pequeño: es como la punta del iceberg. El asunto es mucho mayor (…). Lo que ocurre ahí es que existe una especie de acuerdo transversal político de que no se investigue más, que se limite la investigación: lo que ya se abrió, se abrió. Pero no se va a abrir más”. La jugada se fraguó al interior del servicio y consistió en que los casos de grandes contribuyentes fueran revisados por la subdirección de Fiscalización, y no por la subdirección Jurídica, con el fin de abrir una solución administrativa. Así los grandes contribuyentes tendrían la posibilidad de realizar rectificaciones de sus declaraciones de impuestos de años anteriores, las que tienen asociadas multas por los impuestos no pagados producto de aportes irregulares a campañas. Una decisión que en la práctica significó también que se diluyera la posibilidad de presentar querellas o denuncias por delitos tributarios contra los responsables de las empresas involucradas. Según Marisa Navarrete, ex abogada jefe de la Oficina de Licitación Penal del SII, “el llamado que se hizo a empresas para autodenunciarse, terminó en que varias rectificaron sus declaraciones de impuestos pagando lo que supuestamente habrían evadido con estas prácticas similares a Penta y SQM. El tema es que hoy el SII frente a una acción similar debería tener la misma actuación. No puede haber una discriminación”. Esto porque, si bien –según explica Navarrete– la rectificatoria de las grandes empresas y el pago de impuestos pueden ser considerado una atenuante, no eliminan el delito tributario que ya se cometió. “Hay un organismo público al que se le entregó la atribución de poder querellarse contra los delincuentes tributarios, entonces, lo que se entiende que hiciera este organismo es poder perseguir criminalmente esos delitos. Pero hoy parece que no quiere hacerlo, incluso, su director –Fernando Barraza– ha dicho que el servicio no está para querellarse criminalmente sino para recaudar impuestos. Entonces, ese es un criterio totalmente distinto de lo que había venido haciendo el SII. Y está obviamente teñido por la connotación política que tienen los casos. Porque lo que ha venido haciendo el servicio es prestándole ropa a la restricción de la persecución penal del delito tributario”. Fuentes cercanas a la investigación señalan que los fiscales “cumplen con la obligación legal de consultarles a los emisores de boletas, a quien más emitió boletas falsas ideológicamente. Lo siguen haciendo. Una vez con ese antecedente lo envían al SII. Pero de ahí no ha venido nada de vuelta. Pese a que Angelini y Alsacia hacían lo mismo que Penta y SQM”. El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, no cree que “exista una voluntad mayor para avanzar respecto a la situación de otras empresas que podrían haber hecho aportes a campañas y actividades políticas en forma ilícita”. Daza también se refiere a la polémica que se generó durante el año respecto de si la Fiscalía necesitaba una denuncia o querella del SII para investigar y el cambio que significó, en la presentación de los escritos por parte del Servicio, que limitó la presentación de querellas dejando fuera la frase “contra quienes resulten responsables”. En octubre pasado el actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aclaró que su visión estaba más cercana a la del Servicio de Impuestos Internos. Durante su intervención ante la Comisión de Constitución del Senado señaló que “si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal”. Por lo mismo, Daza advierte que “aceptar que solo se puede investigar a partir de querellas del SII y solo a aquellas personas que ese organismo señale de manera explícita, en la práctica es entregarle la dirección de la investigación criminal a un servicio dirigido por personas elegidas por el gobierno de turno y que han demostrado responder a un interés político más que técnico”. Desde la oposición han observado el proceso con suspicacia, en especial desde la UDI, donde no han sido pocas las voces que acusan un trato desigual por parte del SII y una persecución política que quedó en evidencia en el cambio que tuvo el organismo cuando dejaron de ser solo políticos de oposición los involucrados en financiamiento irregular de la política. Para el senador gremialista Víctor Pérez, el SII “ha fijado una política para dejar fuera no solo a grandes contribuyentes sino que a la Nueva Mayoría completa. ¿Como se explica que, por ejemplo, una secretaria de la UDI con una boleta fue querellada y en otros casos hay decenas de boletas y no se presenta una querella? Es absurdo y vergonzoso. Esto va a manchar permanentemente la trayectoria del SII”. Al respecto, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, señala que “los hechos conocidos durante el 2015 parecen mostrar de manera concluyente que la corrupción no es solo un problema de valores o de carácter ético. Es también un problema de mal diseño o mal funcionamiento de reglas del juego que incentivan la corrupción. El SII siempre fue el principal garante y la institucionalidad por excelencia de confianza de los ciudadanos acerca del sistema de recaudación fiscal. Mal que mal te metía la manos en tu bolsillo pero nadie dudaba de que lo que hacía –a través de la propuesta de declaración de impuestos, por ejemplo– era lo correcto”. Y agrega que las decisiones por acción u omisión de La Moneda en relación con la conducta institucional del SII, en los casos conocidos, solo han contribuido a instalar un manto de dudas sobre su accionar, que ha minado en alguna medida la confianza en esta institución. La confianza se ubica en el corazón de la relación entre ciudadanos y Estado. Es particularmente importante en relación con los servicios que influencian la vida y la libertad (salud y seguridad). Pero también lo es respecto de muchos otros servicios, como sería el caso del SII. Aun cuando se siga cumpliendo el servicio formal y las metas de resultado sigan alcanzándose en el SII, lo cierto es que esta falla en la confianza podría destruir efectivamente el valor público que el servicio se ha propuesto construir. Unas 200 empresas y sociedades han efectuado rectificaciones, según publicó El Mercurio a fines de mayo. En agosto, sin embargo, La Tercera publicó que fueron 78 los contribuyentes que se autodenunciaron en el marco del plan especial llamado “procedimiento voluntario y administrativo para la autodenuncia y rectificación de declaraciones afectadas con operaciones que generaron ventajas fiscales indebidas”. Según ese medio, el total de impuestos netos girados fue de $9.043.845.797, sobre los que no se entregó el detalle, ya que las 38 personas jurídicas y las 40 personas naturales declinaron revelar su identidad, a excepción de tres sociedades: Inversiones Banpenta S.A., Empresas Penta S.A. e Inmobiliaria Duero Limitada. Pese a lo anterior, ha trascendido información relativa a algunas empresas. A continuación un listado de todas las compañías que han aparecido a lo largo de la investigación por financiamiento irregular de la política y sus respectivas rectificaciones, todos los antecedentes que –según fuentes allegadas al servicio– “ameritaban” una recopilación de información para determinar la presentación de denuncia o querella. Grupo Angelini: plata para todos "En uno de mis viajes a Chile en 2012 y aprovechando una reunión en la que me tocó participar con ejecutivos del grupo Copec, al final de la misma me acerqué a José Tomás Guzmán, a quien conozco y aprecio mucho y a quien consulté si estarían disponibles para apoyar el proyecto de la futura Nueva Mayoría. La consulta fue bien recibida y así se lo informé a Martelli". La declaración es de Jorge Rosenblut, ex presidente de Enersis. En ella reconoce que gestionó recursos de Copec y también SQM. La investigación de la Fiscalía a empresas distintas a Corpesca, del grupo Angelini, involucradas en el financiamiento irregular de la política –que afectaría a Empresas Copec, Copec Combustibles, Celulosa Arauco y Constitución (Celco), Seguros Cruz del Sur (ahora de propiedad de Security), e Inversiones Siemel– no ha sido sencilla. Durante meses el SII dilató la entrega de un pendrive al Ministerio Público con la documentación contable otorgada al servicio por los ejecutivos del grupo y que avaló la rectificación tributaria con que reconocieron haber realizado pagos irregulares. El pendrive, que el SII tenía al menos desde comienzos de mayo, finalmente llegó a manos de los fiscales en agosto. Según informó Qué Pasa, en mayo pasado el grupo Angelini emitió un cheque por $ 850 millones al SII para pagar los impuestos por boletas y facturas de Arauco, Copec y Copec Combustible, que ingresaron en su contabilidad y que fueron a financiamiento irregular de la política. Varios de los nombres involucrados aún están bajo reserva. Entre los destinatarios más conocidos se cuentan Asesorías y Negocios (de Giorgio Martelli), Harold’s & Johns, Jaime Orpis y colaboradores de Marta Isasi, Andrés Velasco, Marco Enríquez-Ominami, Felipe Harboe, Pablo Zalaquett e Iván Moreira. Zalaquett: Ripley, CorpBanca, Alsacia y Eurocorp "Yo reconozco que el pago a Reactor y el pago a Cristina Zúñiga fue una colaboración a mi campaña, y está claro que la ley no lo permitía", declaró Pablo Zalaquett. Así confirmó el aporte irregular que recibió desde siete empresas distintas para su fallida candidatura senatorial del 2013. "Se logró establecer que las facturas 'falsas' emitidas correspondían a servicios prestados por Reactor SpA y Asesorías Cristina Zúñiga EIRL en la campaña senatorial de Pablo Zalaquett Said, durante 2013, las cuales fueron pagadas ese mismo año por SQM, Corpbanca, Inversiones Alsacia S.A., Comercial Eccsa S.A. (Ripley), Eurocorp S.A., Empresas Penta S.A. y Asesorías e Inversiones La Manada Ltda. (del mismo Zalaquett) con la intermediación de Carmen Luz de Castro Blanco y Roxana Riquelme Donoso, quienes trabajaban para Pablo Zalaquett Said", estableció un documento elaborado por el propio SII el 19 de marzo pasado y que se encuentra en la carpeta de investigación de la Fiscalía. CorpBanca, cuyo controlador es el empresario Álvaro Saieh –dueño también de SMU y Copesa–, se cuenta entre las empresas que rectificaron ante el SII, por ejemplo, la factura de Asesorías Cristina Zúñiga EIRL por $10 millones como gasto rechazado. “A pesar de corresponder a servicios efectivamente recibidos por el banco, no cumpliría con todos los requisitos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta”, dijo la empresa en su momento. Además, en el mismo oficio que el banco de Saieh le envió al entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, agregó que “en cuanto a la existencia de boletas o facturas emitidas para justificar financiamientos a campañas políticas, cumplo con informar que, a nuestro leal saber y entender, no existen boletas o facturas que hayan sido emitidas a Corpbanca con tales fines”. Ripley apareció en la indagatoria tras la declaración del periodista Iván Correa, de Reactor Spa, que realizó una asesoría digital para Pablo Zalaquett. En total Reactor emitió tres facturas por $1 millón cada una a Eccsa, filial de Ripley y por las que no se prestaron servicios reales, según el testimonio de Correa. El gerente general de Inmobiliarios de Ripley, Sergio Hidalgo, declaró ante el SII en marzo pasado y reconoció los pagos para la campaña del ex alcalde de Santiago por servicios no prestados: "Estos fueron servicios que suponemos se otorgaron por la empresa Reactor Spa, al señor Pablo Zalaquett Said y que la empresa comercial Eccsa S.A. pagó al amparo del artículo 9 inciso 3° de la ley 19.844 (...). Hoy a la luz de los hechos que han sido de público conocimiento, nos percatamos que pudimos haber cometido un error tributario, pero jamás un delito". Según la misma declaración de Iván Correa, de Reactor, la empresa emitió dos facturas a nombre de Eurocorp S.A., por $2.5 millones cada una. Lo anterior fue reconocido en su momento por el gerente general de la empresa, Alejandro Ruiz, quien señaló ante el Servicio que "las facturas que usted me exhibe corresponden a una donación a la candidatura de Pablo Zalaquett, quien me contactó pidiendo apoyo a lo cual yo accedí a entregarle $ 5 millones (…) autoricé el aporte a la campaña no sabiendo la forma como se iba a documentar”. Longueira: Cencosud, BCI y Metalpar Cencosud apareció luego de la declaración de Ana Carolina Palacios Silva, cuñada de Carmen Luz Valdivieso, jefa de gabinete del ex ministro y ex candidato presidencial UDI, Pablo Longueira. Ana Palacios aseguró al SII y a la Fiscalía que había boleteado para el holding de Horst Paulmann $8 millones y para el Banco BCI $9 millones. “La Titi me pidió otras boletas en el año 2010 para dos empresas distintas a SQM, al ver el documento de mis agentes retenedores del año 2011, una de estas empresas es Cencosud Retail… quien me retuvo el 10% de la boleta correspondiendo a $ 793.334 y la otra empresa es Banco de Crédito e Inversiones… la retención del 10% es $ 909.333. Los servicios de estas boletas yo no los presté a estas empresas y si bien conozco a Cencosud Retail y al Banco de Crédito e Inversiones, yo nunca les he prestado servicios a ellos y no conozco a nadie de las gerencias ni nadie intentó contratarme este año para prestarle ningún servicio”, dijo Palacios. Agregó que los dineros eran para Pablo Longueira, “para que éste los distribuyera principalmente entre candidatos jóvenes, toda vez que la última campaña del dirigente, previo a la primaria presidencial de 2013, fue en el año 2005". En junio el BCI rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos un total de $250 millones que –según reconocieron– fueron entregados como aportes políticos a la UDI. Otras declaraciones similares a la de Palacios, que también apuntaron a Pablo Longueira, fueron las de Solange Hermosilla, Ricardo Jorquera y el ex concejal de RN, Patricio Lazcano. Los tres dijeron que boletearon, además de para SQM y Pesquera El Golfo, para Metalpar, a solicitud de 'Titi' Valdivieso, la histórica asesora de Longueira. Aguas Andinas Salió al baile por sus vínculos con Bancard, propiedad de Sebastián Piñera, y por los pagos de bonos por desempeños a altos ejecutivos de Chilevisión. Fue el ex director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, quien admitió que su empleador, Bancard, le solicitó facturar parte de sus honorarios a la empresa sanitaria. La compañía realizó su rectificación ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), aunque se desconoce el monto. Endesa En abril Endesa confirmó que aportó US$ 1 millón para la campaña presidencial de 2013 y es una de las que rectificó ante el SII. Además, le encargó un informe al estudio de abogados Cariola, Diez y Pérez Cotapos, el que le recomendó declarar como gasto no utilizable ante el Servicio de Impuestos Internos aquellos pagos que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. “Estos pagos ascienden a $276 millones y la declaración rectificatoria será presentada por la compañía en los próximos días”, informó en junio Endesa. El estudio analizó el período entre 2012 y 2015 y determinó que la empresa había pagado a Personas Expuestas Políticamente (PEP) la suma de $333 millones, y $216 millones a proveedores relacionados con el financiamiento de campañas políticas. Grupo Said El 17 de abril pasado el Grupo Said apareció en la mira de la investigación del financiamiento ilegal de la política, tras la declaración de la militante DC Clara Bensan, controladora de la empresa Asesores en Gestión Integral (Agesin). Según su testimonio, en 2009 Giorgio Martelli le pidió emitir facturas falsas a SQM y a Inversiones Caburga, como una forma de allegar recursos a la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Inversiones Caburga es una de las dos sociedades del Grupo Said que presentó rectificaciones frente al SII, por $663 millones entre el 2009 y 2014. La otra es Newport, que rectificó $ 95 millones entre el 2010 y 2011. Según publicó Ciper Chile, a pesar de la evidencia acumulada y de los testimonios prestados por representantes de ambas compañías –y también por personas que recibieron esos pagos– que confirman que se trata de donaciones políticas por fuera de la vía legal, a saber, el Servicio Electoral (Servel), la investigación sobre estas sociedades no ha evidenciado avances judiciales. Pese a ello, se pudo confirmar que funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios del SII continúan solicitando información de las operaciones contables de las empresas del grupo Said. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/12/30/platas-politicas-el-sii-le-echa-tierra-a-investigacion-de-las-otras-grandes-empresas-involucradas-en-el-financiamiento-irregular-de-campanas/
  12. Miércoles 15 julio 2015 | 15:35 · Actualizado: 20:32 Cámara rechaza indicación que buscaba revelar aportes reservados de campañas anteriores Pablo Ovalle | Agencia Uno Publicado por Felipe Delgado | La Información es de Oscar Cáceres La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de fortalecimiento de la democracia, que pretende poner fin al aporte de empresas a campañas electorales y, particularmente, del financiamiento de los partidos políticos. La votación terminó con polémica, luego de que la Nueva Mayoría y la Alianza emitieran votos de abstención y también de rechazo a una indicación del diputado comunista Hugo Gutiérrez y el independiente Sergio Aguiló, donde proponían transparentar los aportes reservados de las campañas políticas parlamentarias y presidenciales anteriores. La indicación fue respaldada 39 legisladores, sin embargo, la abstención superó los 50 votos y también hubo 5 sufragios de rechazo, por lo que se desechó la idea. Esto ocurre en momentos donde la política vive un escándalo por el financiamiento de la política, que alcanza tanto a la Nueva Mayoría como a la Alianza. Hugo Gutiérrez ‏@Hugo_Gutierrez_ Votación sobre publicidad de los aportes reservados para candidatos al parlamento. ¡Perdimos! ¡Gana el secreto! Fuente: http://www.biobiochile.cl/2015/07/15/diputados-rechazan-indicacion-que-buscaba-revelar-aportes-reservados-de-campanas-anteriores.shtml
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