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  1. 20 Noviembre 2018 La batalla de Rancagua: Jueces Elgueta y Vásquez exigen remover a Arias y el fiscal pide recusarlos La investigación penal contra los ministros Emilio Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández, por el nombramiento ilegal de la hija de la hija de este último en tribunales de O'Higgins derivó en una pugna mayor que hoy será revisada por la Corte Suprema. Los magistrados acusan a Arias de "sorprendente y pueril odiosidad" por indagarlos; él refuta que han perdido objetividad para revisar las causas que dirige. La segunda sala de la Corte Suprema tiene previsto revisar hoy la recusación presentada hace unas semanas por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández. La acción se da luego de que los magistrados solicitaran a su vez al fiscal nacional, Jorge Abbott, remover a Arias de su cargo después de que éste presentara, como publicó La Tercera PM, una denuncia en su contra por el nombramiento ilegal de la hija de Vásquez, quien habría sido contratada en un Tribunal de Familia de Santa Cruz, lo que está prohibido por tratarse de un familiar directo. La pugna se da en medio de la “guerra santa” que ha enfrentado a la Fiscalía con la primera sala de la Corte de esa región, de la que forman parte Vásquez Fernández y Elgueta Torres. La decisión de ambos junto al abogado integrante Juan Guillermo Briceño de acoger el recurso de protección presentado por el obispado de Valparaíso sobre las incautaciones en el puerto, había paralizado parcialmente la indagatoria sobre la Iglesia Católica. Aquella determinación fue revertida a fines de octubre por la misma sala, aunque la composición normal de ésta fue modificada: Por Elgueta Torres ingresó Michel González y Briceño, también fue reemplazado. Sólo permaneció en su puesto Vásquez. Tras esos cambios, la investigación contra la Iglesia siguió en curso. Acusan “sorprendente y pueril odiosidad” de Arias El 22 de octubre, la Fiscalía Local de Rancagua inició una investigación sustentada en el artículo 220 del Código Penal por el nombramiento ilegal de Karla Vásquez Valenzuela, hija del ministro Vásquez Fernández como Consejera Técnica de varios Juzgados de Familia de la Región de O’Higgins. La indagatoria del Ministerio Público –que partió con una denuncia anónima- determinó que Vásquez Valenzuela fue nombrada en el cargo en 21 ocasiones, 11 de ellas en el periodo en que su papá era presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua y en 6 oportunidades , por el juez Elgueta Torres. Ello contraviene la normativa que establece que está impedida legalmente de detentar cargos en el poder judicial en la zona donde su padre ejerce. Los hechos -que han sido desmentidos por Vásquez Torres, quien asegura que su hija fue contratada regularmente-, fueron informados en su oportunidad a la ministra de la Corte Suprema Rosa Maggi Ducommun, en razón de que además e podría estar ante responsabilidad administrativa. El 29 de octubre, Vásquez y Elgueta contraatacaron y entregaron a Abbott –con copia a la Corte Suprema- una denuncia administrativa contra Arias, donde piden “ordenar la formación de sumario administrativo en su contra y en definitiva sancionarlo con la mayor gravedad, solicitando su remoción a la Excma. Corte Suprema de Justicia o aplicarle el máximo de las sanciones disciplinarias que su Estatuto le permite, acorde a la gravedad de los hechos denunciados y su contumaz reiteración”. ¿Qué dicen Vásquez y Elgueta? En la acusación, que Abbott está revisando, aseguran que es “absolutamente evidente para los suscritos que al Sr. Arias no le pareció bien que la primera sala de la Corte, luego de admitir a tramitación el recurso de protección presentado por la Iglesia Católica, diera lugar a la orden de no innovar respecto de las evidencias incautadas” y que ello motiva su accionar. “¿Es necesario seguir ahondando en lo peligroso que resulta para el mismo Estado de Derecho de nuestra república que un fiscal regional decida perseguir mediáticamente a los miembros del poder judicial, solo porque no han resuelto de la manera que le acomoda a sus intereses?”, plantean. Además, imputan que Arias “ha centrado sus potestades de indagación, en juzgamientos anticipados de responsabilidad” y ponen como ejemplo el Caso Caval y el de los incendios de 2016, donde el fiscal se reunió con las víctimas. Según Vásquez y Elgueta, Arias sufre “una sorprendente y pueril odiosidad, la que ha continuado materializando en forma artera, paradójica y ajena a toda objetividad, en los días 25 y 28 de octubre recientemente transcurridos”. El fiscal Arias, en tanto, también remitió los antecedentes al máximo tribunal para requerir que Vásquez y Elgueta no revisen las causas que él dirige, toda vez que se habría generado “resentimiento” por parte de los magistrados, lo que se refleja, plantea, en el requerimiento para sacarlo de su cargo. “Más allá de ser el fiscal y los dos ministros partes en la misma causa, en concreto, el hecho de tener los Sres. Ministros mencionados la calidad de investigados en una indagatoria generada por la fiscalía, afecta de manera intensa su imparcialidad, restándoles objetividad a los en sus decisiones a nuestro respecto. En efecto el hecho de haber iniciado la referida investigación (que es un acto obligatorio para la fiscalía según dispone el artículo 166 del Código Procesal Penal), ha motivado reacciones por parte de los dos Ministros aludidos (…) generando un resentimiento”, se lee en el texto que está en poder de la Fiscalía Nacional y la Corte Suprema. Arias agrega que “la causal de recusación del articulo 196 n° 16 del Código Orgánico dice ‘Tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida imparcialidad’. La causal invocada solo necesita un acto que refleje odiosidad y resentimiento y en este caso la presentación suscrita por estos dos ministros de la corte de Rancagua, pide la remoción, las más altas sanciones y la inhabilidad en las causas que se siguen en su contra. Estimo que en este caso los hechos expuestos tienen la entidad suficiente como para restar la necesaria objetividad a los Sres. Ministros, impidiéndoles fallar con imparcialidad en relación a los antecedentes de esta causa y de otras que en las que he asumido personalmente la dirección de la investigación”. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-batalla-de-rancagua-jueces-elgueta-y-vasquez-exigen-remover-a-arias-y-el-fiscal-pide-recusarlos/409539/
  2. 13 Mayo 2017 Valdivia da la batalla porque terminen el Parque Catrico La obra, de 50 hectáreas, no fue terminada por la insolvencia económica de la firma constructora. Vecinos dicen que está “botado”. A Valdivia le llueve sobre mojado. Al fallido y tristemente célebre puente Cau Cau ahora se suma otra polémica urbana: la del parque Catrico, inconcluso por falta de fondos. Uno de los objetivos de este proyecto, denominado “Parque Urbano Catrico”, era aportar áreas verdes y de esparcimiento a través del Programa Parque Urbanos, del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). ¿El problema? Que los vecinos del sector, o sea sus potenciales usuarios, dicen que los trabajos “fueron abandonados”. La empresa a cargo de las obras es Nconcreto, que se acogió a una reorganización judicial aprobada por el 2° Juzgado Civil de Temuco. Francisco Vásquez, presidente de la Corporación Parque Urbano y Deportivo Catrico y uno de los gestores de la iniciativa, explica que “las casas aquí están muy hacinadas y hay pocos lugares para que los niños jueguen. Justo al frente había un humedal que se empezó a convertir en un gran basurero. Ahí surgió la idea de hacer un parque”. Agrega que “la obra, que posee más de 50 hectáreas, busca recuperar el humedal y abrir espacios para el esparcimiento de más de 30 mil familias. Sin embargo, hace siete meses que la obra está botada”. Consultado el director regional del Serviu de Los Ríos, Alejandro Larsen, explica que “la construcción del Parque venía avanzando con normalidad, hasta que en el último trimestre de 2016, la empresa (Nconcreto) empezó a evidenciar un ritmo menor en el avance de las obras, cantidad de recursos humanos y materiales”. Agrega que “en diciembre de 2016 se tomó la decisión de no terminar ese contrato e intentar que la empresa terminara las obras, producto del proceso de reorganización que la ley admite a las firmas que tienen problemas económicos (…) Sin embargo, en abril pasado manifestó que no han podido disponer de los recursos financieros para emprender obras mayores, como edificación, senderos interpretativos e iluminación, lo que motivó a que, como Serviu, pusiéramos término al contrato y buscar un camino alternativo”. La empresa Nconcreto, a través de su abogado, Ignacio Malig, explicó que “las obras se paralizaron por problemas de flujo, que fueron provocados por el mayor gasto en rellenos en los que se debió incurrir debido al ocultamiento de un estudio de mecánica de suelos por parte del Serviu. Actualmente, el contrato se encuentra vigente. Sin embargo, hemos recibido, vía email, una copia de una carta donde se menciona la existencia de la resolución Nº 6, de fecha 9 de mayo de 2017, que pone termino al contrato. Una vez que tengamos en nuestras manos dicha resolución evaluaremos las medidas a tomar”. Actualmente, la primera fase de la construcción del parque tiene un avance de 86% y una inversión de $ 3.500 millones. El Serviu informó que se dispuso un servicio de vigilancia y cuidado de las obras mientras dura el proceso de recontratación, esperando que en los próximos 60 días haya alguna empresa interesada. Francisco Vásquez, de la Corporación Catrico, explica que este año debería ser licitada la segunda parte del parque, por $ 10.500 millones: “Vamos a vigilar que todo se cumpla” Fuente: .http://www.latercera.com/noticia/valdivia-da-la-batalla-terminen-parque-catrico/
  3. 29 Abril 2017 Te Cargo la Bip!: la pelea marcaria que enfrenta a Mega con el gobierno Canal inscribió la marca ante la Inapi para usarla en programas de televisión, radio y otros. Sin embargo, la Subsecretaría de Transportes la objetó. Aún no se llama a las partes a declarar. Una nueva batalla de marcas se librará en los próximos meses ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Esta vez, los involucrados son dos pesos pesados: la red televisiva Mega, de propiedad del holding Bethia, ligado a Carlos Heller; nada menos que contra el Estado de Chile, a través de la Subsecretaría de Transportes. En enero, la estación televisiva ingresó ante el Inapi una solicitud para registrar la marca “Te Cargo la Bip!”. Según detalla la solicitud, el objetivo es su utilización en “servicios de difusión de programas hablados, radiados y televisados, que incluyen televisión por cable y satelital de pago, en todas sus formas, transmisión de señales de cualquier naturaleza, que se puede llevar a cabo dentro de una organización o se destina al público en general”. El requerimiento también detalla que se utilizará en otras formas de comunicación, que se traducen en medios computacionales, servicios de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de éstos por medios computacionales, internet y otras redes de bases de datos. Sin embargo, dos meses después se recibió una oposición hecha por la Subsecretaria de Transportes, organismo de gobierno encargado de administrar la tarjeta de transportes ligada al Transantiago a la que alude la frase inscrita por Mega. Según explican fuentes de Inapi, pese a que el recurso de oposición de la marca inscrita por Mega ya está oficialmente ingresado y su tramitación ya fue aprobada, aún no se ha llamado a ninguna de las partes a declarar su postura. Pese a esto, fuentes de la industria señalan que el gobierno optaría por defender la marca para que esta no sea utilizada por el canal. Según explican abogados expertos en el área, pese a que este proceso se dio como iniciado recientemente, el procedimiento que incluye su aprobación o su rechazo podría durar meses, incluso años. Otras batallas Algo muy similar ocurrió recientemente con la pelea que protagonizaron Cencosud y Metro por la marca “Metro, Cencosud junto a ti”, que se inició en el 2014 y que finalizó recién a principios de abril de este año. En esa instancia el retailer buscaba registrar la marca para utilizarla en un rubro de papeles y alimentos, lo que terminó siendo su principal argumento, pues no tenía nada que ver con transportes, rubro principal de la empresa estatal. Según explicaron desde el estudio de abogados Albagli Zaliasnik, quienes representaban a Metro, fue una batalla muy reñida, que partió con dos fallos a favor de Cencosud y que se zanjó con la intervención de la Corte Suprema a favor de Metro. “La Corte nos dio la razón porque se dio cuenta de la grave asociación que los ciudadanos pudieron haber hecho entre el metro que utilizan todos los días y el enorme retail”, señalan. “Ahora por decisión de la Suprema Cencosud tiene prohibida utilizar la marca en el país”, agregan. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/te-cargo-la-bip-la-pelea-marcaria-enfrenta-mega-gobierno/
  4. 10 Febrero 2017 El gobierno y los incendios forestales: ¿Una batalla comunicacional perdida? El control de daños que más preocupa a la Nueva Mayoría tiene que ver con la relación que se haga entre los incendios forestales y la campaña electoral que se retomará de lleno en marzo, donde hasta el propio Guillier podría sufrir con los efectos de las llamas. Lejos de ser una época atractiva, por tratarse de las vacaciones y del descanso de los distintos actores políticos, el verano pasó a ser la peor fecha para la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Basta recordar que mientras se celebraba la aprobación de diversos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo, entre ellos la reforma al sistema electoral, a inicios de febrero de 2015 el "caso Caval" (que involucraba a su hijo Sebastián Dávalos y su nuera Natalia Compagnon) giró la agenda pública en 180 grados. A contar de este escándalo, sumado a los coletazos del "caso Penta" -que involucró a los dueños del holding y a connotados dirigentes y parlamentarios de la UDI- y las innumerables aristas que abrió el capítulo "SQM", la propia Mandataria creó la Comisión Asesora Anticorrupción y Conflictos de Interés, lo que dio lugar a la nueva Ley de Partidos Políticos, a la disminución del gasto electoral y a las cuotas para las mujeres candidatas. ¿Qué pasó ahora? Los incendios forestales que destruyeron centenares de miles de hectáreas en varias ciudades del país, cuyos focos se multiplicaron durante enero de este año, volvieron a cuestionar la capacidad de reacción y los mecanismos comunicacionales de La Moneda para abordar la crisis. Más allá del oportuno trabajo posterior que incluyó la formación de operativos de rescate y combate de las llamas, que ayudó a la encomiable labor de bomberos y voluntarios, y la llegada de aeronaves provenientes del extranjero (Supertanker, Ilyushin, Hércules, Antonov, Sikorsky y Elvis), fueron las primeras horas y días que se sucedieron a la emergencia las que desnudaron los problemas de coordinación y de toma de decisiones al interior del Ejecutivo, ítem que no pasó inadvertido para la población. De hecho, según la encuesta que aplicó la empresa Cadem los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de enero a 2.893 personas, el 75% rechazó la reacción del gobierno, el 73% reprobó el actuar de la jefa de Estado y el 67% le puso nota roja al ministro del Interior, Mario Fernández, y al subsecretario de la misma cartera, Mahmud Aleuy. La Onemi, en tanto, rozó la medianía con el 58% de desaprobación, a la vez que la Conaf, las Fuerzas Armadas, los medios de prensa, los alcaldes de las comunas afectadas, Carabineros y Bomberos contaron con un amplio apoyo ciudadano. La misma consultora repitió el ejercicio una semana después y los resultados no variaron favorablemente. Incluso hubo una baja de 3 puntos para el Gobierno y un descenso de 5 puntos para el jefe de gabinete. "Tragedias no se pueden prever" Mirando el vaso medio lleno, Jorge Tarud, diputado de una de las zonas dañadas por la acción del fuego (Cauquenes), aclaró que "cada vez que hay una catástrofe las principales autoridades salen mal evaluadas". "Le pasó a George Bush -en 2006- cuando tuvo que enfrentar el huracán Katrina (Nueva Orleans) y se vio obligado a reconocer que la Casa Blanca no estuvo a la altura de las circunstancias", comentó a Cambio21. De todas formas, el legislador PPD señaló que "el gobierno no dimensionó hasta dónde podía llegar la magnitud de los incendios. No comprendí, no comprendo, ni comprenderé por qué la Conaf le puso trabas al arribo del Supertanquero, cuya acción fue aprobada por el 91% de los que respondieron los sondeos, factor que demuestra que la gente estaba observando con preocupación el desarrollo de este tema". "Hoy las comunicaciones son lo menos importante", nos indica el diputado de Renovación Nacional Germán Becker. "La pega urgente y que no podía esperar consistía en apagar los incendios, no otra cosa. La gestión ya fue pésima al comienzo y no se pueden recuperar las hectáreas quemadas. La única reflexión que queda es que a este ritmo la Presidenta Bachelet no hubiera podido rescatar a los 33 mineros como sí lo hizo Sebastián Piñera en su mandato", reclamó. "Los incendios no se apagan con críticas", responde el diputado Sergio Aguiló (IC), quien manifestó a este medio que "cuestionar el desempeño del Ejecutivo es una falta de respeto para todos, tomando en cuenta que la labor de contención de las llamas se hizo bien". "De todos los incendios registrados en Talca y Santa Olga, donde hubo pérdida total, solo hubo un muerto, que fue producto de una persona que se devolvió al lugar del fuego a pesar de la orden de la gobernación regional. Este tipo de tragedias no se puede prever y no se le puede echar la culpa a la Presidenta", insistió. ¿Se quema Guillier? Paulatinamente vuelve la normalidad a las zonas siniestradas luego de que los focos de incendios fueran reducidos en su mayoría. En este contexto, La Moneda designó como delegado nacional para la reconstrucción a Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas y exintendente metropolitano y de Los Lagos. De forma paralela, se calcularon los daños y el tiempo que demorará el Estado de Chile en poner de pie a Pumanque y Santa Olga, las localidades más dañadas por el efecto de las llamas. Sin embargo, el control de daños que más preocupa a la Nueva Mayoría tiene que ver con la proyección que se hará de los incendios forestales con la campaña electoral que se retomará de lleno en marzo. El politólogo Patricio Gajardo sostuvo que más allá de lo extremo de la emergencia, "se instaló la idea de que hubo un gobierno reactivo que tuvo un tiempo largo para moverse y que tampoco existió una idea de conducción". "Después se quiso instalar una posterior imagen comunicacional de Bachelet haciéndose cargo de todo. Sin perjuicio de aquello, si hay un responsable político ese es el ministro Mario Fernández, quien mostró una inoperancia lamentable. Daba la impresión de que no se sabía qué estaba haciendo ahí, lo que termina perjudicando los esfuerzos posteriores de Bachelet", expuso en estas páginas. En la misma esfera, Marco Moreno, cientista político de la Universidad Central, enfatizó que "acá hubo una crisis estratégica comunicacional que irónicamente consumió el actuar del gobierno". "Era la última oportunidad para haber manejado una situación compleja de una manera distinta a como se había hecho antes. Pero como eso no ocurrió, el poco piso político que quedaba se fue al suelo. Lo delicado es que el candidato presidencial que presente el oficialismo, de momento sería Alejandro Guillier, vería alejada sus posibilidades de ganar la competencia ante la derecha", apuntó para esta crónica. "No se produce ningún tipo de equivalencia entre los incendios y la candidatura de Guillier", alegó la diputada radical Marcela Hernando, quien también denunció un "juego político de la derecha, toda vez que lo que él ha dicho es que le dará continuidad a la profundidad de las reformas que impulsó este gobierno". "No existió una prolongación de la anterior administración de Sebastián Piñera en el abanderado del sector (Evelyn Matthei) en 2013 y, por lo general, no tiene por qué producirse una continuidad entre los gobiernos y los candidatos de las coaliciones", remarcó. Prioridades no calientan Como si el calor no fuera suficiente, el Ejecutivo definió las prioridades legislativas entre marzo de 2017 y marzo de 2018, agenda que estará marcada por la campaña presidencial, proceso en el que se torna necesario asegurar el orden y unidad de las huestes. Todo enmarcado en un solo concepto: "realismo". En total, son 48 proyectos, entre los que sobresalen las ocho instancias de la reforma educacional (superior y pública), 21 iniciativas sobre crecimiento, productividad y empleo, cuatro leyes ligadas a infancia, cuatro vinculadas a seguridad, dos centradas en descentralización, tres en salud (aborto incluido) y seis basados en la institucionalidad del país (migraciones). Como era de esperar, hubo disconformidad en ambos caras de la medalla, porque mientras el PC reclamó ante la ausencia de la ley de pesca en la tabla, en el PS y el PPD exigieron la presencia de la AFP estatal, las isapres, la ley reservada del cobre, la ley de identidad de género y la despenalización del consumo de marihuana. Hasta la exclusión de la ley de transporte remunerado de pasajeros, la denominada "ley Uber", fue motivo de alegatos. Según Marco Moreno, "en la reforma a la educación superior el Ejecutivo ha tenido dificultades en toda la discusión y que de seguro podría complicarle la agenda política a La Moneda, porque requiere de un pronunciamiento claro, lo que de momento no ha ocurrido y es difícil que ocurra". A su turno, Patricio Gajardo agregó que "no solo no se avanzó, sino que no se hizo nada y no genera entendimiento a nivel parlamentario ni de Consejo de Rectores (Cruch)". "Se trata de un elemento relevante para el gobierno, porque es uno de los pocos temas en los que se puede dejar un legado. El problema es que no se sabe si existirá un debate en serio", advirtió. El mismo Moreno aseveró que en el debate sobre el sistema de pensiones "no se instaló ningún aspecto para el análisis. Y es delicado, porque lo que pase con las AFP estará en la agenda política y será un parámetro para los distintos candidatos presidenciales". Gajardo, para terminar, sentencia que "si bien se avanzó con el aborto y la idea de legislar en el Congreso, es poco posible esperar que el gobierno tenga espaldas para profundizar el ítem previsional más allá de los discursos de la Presidenta". "Se requiere de amplios acuerdos, una buena ley y un debate profundo, y da la sensación que nada de eso va a ver, dado que pareciera que el gobierno entró en una fase de administración, donde ni siquiera las conclusiones de los diálogos ciudadanos para la nueva Constitución están disponibles, es más, están atrasadas... algo tendrá que salir", concluyó. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170210/pags/20170210160105.html
  5. 04 Octubre 2016 Colegio de Periodistas propuso indicaciones que fueron patrocinadas por senador independiente Guillier entra en la batalla por TVN y respalda agenda para "democratizar" directorio de la estación pública Entre las ideas impulsadas por el gremio y que fueron ingresadas por el parlamentario (como indicaciones a la moción sustitutiva presentada por el Ejecutivo que modifica la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile) destacan: Fortalecer la representación democrática de la estructura del directorio de TVN, incorporando el criterio de equidad de género de modo que ningún sexo supere el 60% de los miembros, que a lo menos dos directores sean periodistas o docentes de facultades de comunicación, que se incluya el derecho a voto para el representante de las y los trabajadores de la televisora estatal y que se elimine el requisito de expertiz técnico gerencial. Cuatro temas centrales propuso el Colegio de Periodistas de Chile como indicaciones a la moción sustitutiva presentada por el Ejecutivo que modifica la Ley 19.132 de Televisión Nacional de Chile (TVN), de las cuales gran parte fueron patrocinadas por el senador independiente Alejandro Guillier. El proyecto, que tras ocho años de tramitación se encuentra en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Alta. Dentro de las propuesta destacan fortalecer la representación democrática de la estructura del directorio de TVN, incorporando el criterio de equidad de género de modo que ningún sexo supere el 60% de los miembros, que a lo menos dos directores sean periodistas o docentes de facultades de comunicación, que se incluya el derecho a voto para el representante de las y los trabajadores de la televisora estatal y que se elimine el requisito de expertiz técnico gerencial. “Lo hemos dicho: la manera principal en que este debate puede aportar a TVN es permitiéndole cumplir con su misión pública. ¿Cómo? Democratizando su estructura de directorio y abriendo la puerta a aportes directos del Estado, para evitar que siga compitiendo por el rating y empobreciendo sus contenidos. Con estas indicaciones avanzamos en este sentido, no solo en equidad de género para el directorio, sino también en la incorporación de los trabajadores con derecho a voto, tal y como lo han reiterado los sindicatos del canal. Del mismo modo, proponemos poner fin a requisitos que podrían excluir del directorio destacados nombres por no tener experiencia en gestión gerencial pública o privada”, explicó Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas. Sobre estos puntos, Alejandro Guillier manifestó que “lo principal es introducir la variante de género en la identidad y composición del directorio, de manera que ningún género tenga más allá del 60 por ciento, esa es una manera de hacer una discriminación positiva para favorecer que el tema de ser hombre o mujer esté debidamente equilibrado. También es importante que a lo menos dos integrantes del directorio sean periodistas académicos de la comunicación o que tenga expertiz en esta área profesional, puesto que es un componente esencial en lo que son los medios de comunicación como lo es Televisión Nacional de Chile”. Respecto del financiamiento, el Colegio de Periodistas junto al senador Guillier proponen que el debate sobre la llamada ley larga de TVN contemple posibilidad de aportes mixtos: directos desde el Estado a la señal generalista -que emanen del presupuesto fiscal- y privados, a través de publicidad, tal y como ocurre con diversos canales públicos de las democracias del mundo. En esta línea, el el senador expresó: “En la Ley del Presupuesto contemplamos financiamiento para hacer aportes a TVN por ser un canal de todos los chilenos, neutralizando el financiamiento comercial que desvía la parrilla programática que tiene que ver con el servicio público”. Si bien el Colegio de Periodistas propuso que cinco de los directivos fueran electos por el Senado y tres por la Cámara de Diputados, de modo de hacer más diversa la selección, este último punto no contó con el patrocinio de senadores. “Sin ser el proyecto ideal, consideramos que estas indicaciones mejoran la iniciativa y permiten hacer de TVN un canal que contemple un directorio más diverso cuyas orientaciones editoriales se alejen de las definiciones del rating y busquen visibilizar Chile y sus problemáticas sociales: huelgas de trabajadores, las críticas de movimientos sociales y territoriales, minorías religiosas y sexuales, entre otros” sentenció Olivares. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/04/guillier-entra-en-la-batalla-por-tvn-y-respalda-agenda-para-democratizar-directorio-de-la-estacion-estatal/
  6. 10 Agosto 2016 La batalla vecinal de Maipú Discriminación y arribismo. Esos son los términos que se repiten frente al rechazo de Flor del Valle, el proyecto habitacional de tres campamentos organizados de Maipú y Cerrillos con el apoyo de la fundación Techo, que quedó en ascuas después del rechazo del concejo municipal maipucino. Tras esa decisión está la campaña de seis villas que se manifestaron y presionaron a concejales para evitar el arribo de esos nuevos vecinos. Ahora el conflicto está a punto de llegar a tribunales bajo la Ley Zamudio, mientras los recursos para la compra del terreno en disputa ya pidieron ser restituidos a arcas fiscales. Pamela Ocares hace una pausa en su trabajo haciendo aseo en algunos condominios de Maipú para conversar sobre la frustración que vivió ella y otras 115 familias el viernes 29 de julio en el concejo municipal de esa comuna. La dirigenta vecinal estaba ahí cuando en una reñida votación los concejales y el alcalde Cristián Vittori rechazaron la compra de un terreno para comenzar a construir su proyecto habitacional. “Los primeros días fueron llorar, llorar, llorar. Si hasta se reían de nosotros después de la votación. Después yo dije ‘no, basta de llorar porque los llantos no me van a hacer conseguir nada. Hay que seguir luchando, con ganas de seguir trabajando por este proyecto’ y ahora estoy dándome fuerza para seguir luchando por lo que queremos. Con ánimo por lo menos”, dice sobre la noticia que, literalmente, derrumbó el proyecto de hace 12 años por la casa propia. Nunca imaginó que la presión de los vecinos aledaños iba a influir tanto en la votación municipal y finalmente frenar el visto bueno de uno de los pasos más importante del proyecto Flor del Valle. La movilización organizada de al menos seis villas cercanas incluyó recolección de firmas, marchas, campaña en redes sociales y hasta la petición de antecedentes laborales y académicos de los posibles futuros vecinos para visar su llegada al barrio. El rechazo Casi en la esquina de las calles Francisco Flores del Campo con Cuatro Poniente, sobre una reja de madera azul que cubre sólo la mitad de un peladero, reza un grafiti con pintura blanca: “Cuánto va a ganar alcalde por cagarnos la tranquilidad”. Ese es uno de los rayados que borden el sitio eriazo donde estaba presupuestado el proyecto de viviendas de Flor del Valle. Se trata de un terreno por el que en 2013, después de cinco años de búsqueda en conjunto con los profesionales de la Fundación Techo, el Comité de Allegados La Isla -con la asesoría de Techo- firmó una promesa de compraventa. Allí emplazarían un condominio con 116 viviendas en dúplex, un área verde privada de 1.200 metros cuadrados y un área verde pública de 1.300 metros cuadrados, más una sede social con baño y cocina. Serían las viviendas definitivas de los pobladores de los campamentos La Isla y La Farfana de Maipú, y Parcela 52, de Cerrillos. Y a pesar de que todas las familias ya contaban con los subsidios asignados para esas viviendas, tuvieron que postular al Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subdere (Subsecretaría de Desarrollo Regional) para conseguir los cerca de $500 millones que necesitaban para hacerse del terreno. Y lo lograron. Consiguieron $493 millones en diciembre de 2015 y esperaron ocho meses para que el Municipio de Maipú diera el visto bueno a la compra de ese paño. Hasta que a los vecinos de la villa Los Bosquinos, Los Héroes y Portal del Valle se enteraron del proyecto y no les hizo gracia. En Los Bosquinos, una villa de clase media “emergente” con casas de uno y dos pisos, alarmas comunitarias y entre uno y dos almacenes por pasaje, no cayó bien el posible arribo de nuevos vecinos provenientes de campamentos. Y tal como lo hacían los pobladores para conseguir la casa propia, los vecinos ya instalados en esos barrios maipucinos se organizaron e iniciaron una ofensiva para que no se aprobara el proyecto. “Nosotros nos enteramos hace no más de tres meses y desde que nos enteramos la gente comenzó a moverse. Obviamente, porque la gente tiene derecho a vivir segura y eso no es ser discriminador”, dice Margarita Vidal, presidenta de la junta de vecinos de la villa Los Bosquinos número 6 y una de las principales opositoras al proyecto habitacional. Vidal dice que se enteraron un viernes en la tarde por una llamada de un abogado de Techo para convocarlos a un a reunión en una sala de la capilla Nuestra Señora de Lourdes. Ahí recibieron a los profesionales del Techo, quienes explicaron el proyecto en detalle. Los vecinos hicieron preguntas. Entre ellas, destacó la de una pareja que venía del mismo campamento que la dirigente de pobladores, quienes preguntaron si habían filtros de las familias beneficiadas con las viviendas sociales porque en ese lugar había mucha delincuencia y drogadicción. “Y la señora no respondió nada, no dijo nada”, dice Vidal, agregando que ahí descubrieron que el proyecto estaba bastante avanzado. A los días comenzaron a marchar en los alrededores e invitaron a los vecinos de otras villas cercanas a sumarse a la oposición y otras personas que compraron casas de los condominios nuevos de la zona, donde se construyeron casas de hasta 110 millones de pesos. Después de eso vino otra reunión entre los pobladores, los profesionales de Techo y la comunidad. Desde la fundación señalan que usualmente esto se lleva a cabo cuando el terreno ya está comprado y el proyecto andando, pero acá se insistió desde el municipio en que se llevara a cabo antes. Y ahí se desató el conflicto. A pesar de contar incluso con la presencia del mismo capellán del Techo, el sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beytía, la asamblea no alcanzó siquiera a realizarse. Ocares dice que los trataron de “traficantes”, “delincuentes” y “prostitutas” y que incluso al Beytía le dijeron “pedófilo”. Ni siquiera comenzaron la reunión y se retiraron antes de que “pasara a mayores”. Y aunque hubo quienes se acercaron a ofrecer disculpas y decir que no estaban de acuerdo con el rechazo, la mayoría se oponía a la llega de los pobladores. Después de eso, las juntas de vecinos comenzaron a juntar firmas para rechazar el plan habitacional, rayaron murallas con mensajes al alcalde Vittori, le exigieron a concejales que fueran a la zona a tomar en cuenta la versión de ellos y subieron videos a youtube registrando las manifestaciones y sus alegatos en el concejo municipal. Antecedentes Para los pobladores y los profesionales de Techo que participaron en el proyecto Flor del Valle, la votación de la mañana del viernes 29 de julio fue una mezcla de discriminación y arribismo. El resultado final fue de 4 concejales en contra, 4 a favor y una abstención, pero el voto dirimente del alcalde Vittori inclinó la balanza, quien dijo que estaba obligado por ley a patrocinar el proyecto cuando este fue presentado a la Subdere para conseguir los recursos del terreno. El argumento principal de Vittori fue que el proyecto carece de soluciones tanto a la nueva comunidad como a las existentes. “Como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores, el Serviu sólo ha pensado en la construcción de una vivienda, sin considerar la vida de barrio que este municipio por décadas se ha dedicado a formar en los distintos sectores de la comuna con jardines infantiles, colegios, centros de salud, locomoción, conectividad, etcétera”, dice el municipio. Pero además, la municipalidad señala que el proyecto es restrictivo porque tiene acceso y salida por un solo lugar, dificultando el desplazamiento “fluido e integrador” y que además contempla construir con un muro divisorio de dos metros de alto vecino a un conjunto habitacional privado. “Un tren de casas que actúan como muro separador de los loteos aledaños, que no integra ni se vincula a la trama urbana”, dicen, agregando que el proyecto está muy lejano al centro del área urbana como colegios, transporte público, parques urbanos y centros comerciales, “lo que sin duda transformará este proyecto en un gueto”. En esa misma línea, los concejales que rechazaron la construcción insistieron en que se necesitaba una consulta ciudadana con los habitantes de las villas cercanas y plantearon sospechas al bajo precio del terreno a adquirir. Un edil, el DC Abraham Donoso, fue más lejos y pidió “mostrar indicadores de empleabilidad, para entregar confianza a la gente de Los Bosquinos”. Margarita, la dirigenta de esa villa, lo confirma y dice que ellos también pidieron acceder a los “filtros” que supuestamente se habían aplicado a las familias que habitarían el proyecto habitacional. “Teníamos derecho nosotros y no nos quisieron pasar ninguno (…) Tiene que haber un filtro y tiene que ser conocido por todos. Saber qué familias vienen, saber qué filtro se hizo es lo mínimo para que la gente viva tranquila. Y ellos no fueron capaz (sic) de venir con el filtro que habían hecho”, dice Vidal. –¿Y esos mismos filtros se los han pedido a las personas que han comprado en los condominios cercanos que se están construyendo en la zona? –Mira, esos filtros los hacen las mismas constructoras, porque le piden a la gente sus antecedentes de trabajo y le piden todo eso. Si no, no tienen casa (…) La gente que trabaja es uno de los mejores antecedentes. La gente que se levanta temprano, que hace ocho horas de trabajo como el normal de los cristianos y que todo lo que tiene en su casa lo tiene por esfuerzo, sacrificio y trabajo. Por su parte, Ocares dice que las familias que ya viven en esa zona vienen de historias parecidas a las de ellos y “no son ná tan pirulos”. “No son de alta alcurnia, son gente como uno. Vienen de distintas partes. ¿O sea, de qué estamos hablando? O sea, yo creo que si voy a Las Condes va a ser diferente, pero estamos todos iguales aquí dentro de la comuna de Maipú. Lo único es que ellos tuvieron la oportunidad de luchar por una vivienda, de encalillarse por una vivienda, pero de que vengan de la alcurnia, no. Son familias como uno”, señala. En la zona, a diez días de ganar en la votación, la mayoría de los vecinos justifican su postura, insisten en que no es discriminación y argumentan que ya han existido malas experiencias en villas colindantes, donde antes llegaron otras personas de zonas vulnerables y que terminaron por “echar a perder” los barrios. Dicen que incluso hace cuatro años tuvieron una ola de robos que los obligó a organizarse. “Que se haya cancelado el proyecto, es bueno para los vecinos. Pero no es que uno esté discriminando. O sea, obviamente todos tienen derecho a vivir mejor, en mejores condiciones. Pero lamentablemente esto no se hace en lugares como Las Condes o Chicureo y se tira a lugares donde la gente tiene menos derecho al pataleo. Afortundamente, como ahora viene el periodo de elecciones, a lo mejor el alcalde sacó cuentas de que era conveniente para él ponerse al lado de los propietarios de este sector”, dice Julio Andrade, quien tiene a sus padres viviendo en esa villa. Sin embargo, los pobladores insisten es que esto fue discriminación y arribismo. “No sé qué se imaginan por tener una vivienda o porque ellos tuvieron la oportunidad de ir a un banco y pedir un crédito para poder tener una vivienda. Yo no puedo hacer eso, no voy a ir a un banco a pedir plata y decirles que necesito para comprarme una casa. ¿Con qué facha? Me van a decir que si yo vengo de un campamento, no tengo plata. Ellos si tuvieron la oportunidad. Lo que yo no entiendo de por qué forma las familias de Los Bosquinos piensan así. ¿Cómo se puede discriminar tanto a las familias, si somos iguales?”, relata Ocares. ¿Qué pasará con Flor del Valle? Con el rechazo del concejo municipal, la situación de las 116 familias quedó en ascuas. El director metropolitano del Serviu, Luis Alberto Pizarro, dijo que intentarán hacer una gestión con la Subdere para que los recursos sean enviados al Ministerio de Vivienda y hacer la compra directa del terreno desde allá. Consultada por este medio, desde la Subdere confirmaron que los recursos deberán ser restituidos a arcas fiscales. De hecho, el 3 de agosto pasado ya enviaron el oficio hacia el municipio solicitando el reintegro de la totalidad de los recursos transferidos: $492.959.236. Además, explicaron que desde la Subdere sólo se pueden transferir recursos a la municipalidad y que los recursos asignados son destinados a proyectos en específico, por lo que si existe otro terreno en el que puedan construir las viviendas, deberá ser postulado nuevamente por la municipalidad y evaluado técnicamente, legalmente y financieramente, además de contar con la validación por parte del Minvu. Sin embargo, desde la Fundación Techo explicaron a este medio que agotarán las instancias para que se compre el mismo terreno y se lleve adelante el proyecto, que ya tenía las aprobaciones de Serviu. “Por eso creemos que esto fue un acto de discriminación, pero lo más crítico que encontramos es que hayan políticos -en este caso, un alcalde y concejales- que no sólo escucha y atiende esos argumentos, sino que además los avala. O sea, toma una decisión en base a ellos y se hace parte de esta discriminación”, explica César Barrientos, director del área de vivienda de Techo. Barrientos además señala que instaron al concejo a reconsiderar la decisión que tomaron, pero además no han descartado iniciar acciones legales para dejar precedentes. “Nosotros además queremos que lo que pasó en Maipú no pase en ningún otro municipio de Chile. Esperamos que esta señal la hayan escuchado los más de 300 municipios que hay a lo largo del país y no se vuelva a repetir”, afirma. Para ello, las medidas que evalúan es presentar un recurso de no discriminación arbitraria, apelando a la ley 20.609 (Ley Zamudio) por la privación de un derecho que estaría fundada específicamente en una discriminación socioeconómica. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/08/10/la-batalla-vecinal-de-maipu/
  7. Cristián Cuevas: “La izquierda de la Nueva Mayoría perdió la batalla” El ex militante comunista y dirigente social, Cristián Cuevas, realizó una fuerte crítica a los sectores más progresistas de la coalición, incluido el PC. Considera que, con tal de permanecer en el poder, cedieron ante los sectores conservadores, transaron el programa, impulsaron reformas tibias y perdieron el vínculo con la ciudadanía. Actualmente apuesta por la construcción de un referente que aglutine a la izquierda extraoficial. Cristián Cuevas, el dirigente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y consejero nacional de la CUT, hace cinco meses renunció a su militancia en el Partido Comunista y dejó su cargo como agregado laboral en España. Decepcionado de la Nueva Mayoría y del PC, Cuevas realizó una fuerte crítica a los sectores más progresistas de la coalición. Considera que, con tal de permanecer en el poder, cedieron ante los sectores conservadores, transaron el programa e impulsaron reformas tibias. En entrevista con el diario La Tercera, Cuevas expone sus argumentos y su análisis sobre la marcha de la coalición: “hay acciones que están destinadas a destruir el proceso de transformación y eso, cuando yo hablaba de acciones conspiradoras me refería a los sectores conservadores de la Nueva Mayoría, la casta vinculada a la Concertación, que ha resistido el proceso de transformación. Ahí hay una conspiración destinada a no posibilitar el cambio y el tiempo me ha dado la razón. Creo que ha sido correcta mi decisión de dejar la militancia y dejar ese conglomerado”. Consultado por quienes serían los conspiradores, apuntó hacia la vieja guardia de la Concertación, entre ellos, José Miguel Insulza: “Hay actores en los partidos que se coluden para impedir transformaciones. Lo más nítido es la vieja guardia de la Concertación, como el señor Insulza, que hoy en forma miserable y deplorable sale en defensa de Longueira, porque tienen sus alianzas en función de la crisis del MOP-Gate cuando Longueira fue al salvataje de Ricardo Lagos y, por tanto, entre ellos se deben favores. También están Andrés Zaldívar e Ignacio Walker, que hacen todo lo necesario para impedir cambios. Por eso se ha desdibujado el compromiso que se adquirió con los ciudadanos. Se perdió el liderazgo y el vínculo de Bachelet con la ciudadanía”. El dirigente también criticó a la izquierda y su alineación con Ricardo Lagos: “la izquierda de la Nueva Mayoría perdió la batalla más allá de que trate de poner un mayor énfasis en las reformas tibias que hay. Los sectores de mayor avanzada en función del programa, son los mismos que hoy caen rendidos ante una candidatura de Ricardo Lagos”, explicó. “Lamentablemente, todo este proyecto que lideraba la Nueva Mayoría se desdibujó en función del financiamiento irregular, que terminó permeando el liderazgo de Michelle Bachelet y debilitó el proceso de cambio. Esa acción obedece a la descomposición de la elite que gobierna y que es parte del andamiaje institucional. Se va configurando un cuadro en que, finalmente, las reformas no pueden avanzar”, agregó. Sobre su ex partido, explicó: “Dejé de militar ahí porque el PC ya no me representa, porque creo que cedió demasiado en el proceso de construir a la Nueva Mayoría(…) No veo en el próximo período al PC fuera de la Nueva Mayoría. Esa decisión ya ha sido zanjada. Por tanto, ellos son un actor dentro del gobierno, ellos decidieron estar adentro, cada uno hace sus negocios y sus acuerdos políticos. El PC está cómodo en el gobierno y estas pequeñas tensiones no son relevantes a la hora de analizar el camino que ha elegido. Además, aseguró que se trabaja por crear un referente de izquierda extraoficial que impulse cambios reales al modelo: “Los espacios que estamos fuera del gobierno estamos recién floreciendo, no hemos florecido del todo, somos un camino posible y, por tanto, en esa diversidad hoy se está construyendo. La idea que uno representa es cuánto esfuerzo vamos a hacer para constituir un espacio común de coordinación de una fuerza transformadora, diversa, que genere alianzas con otros actores, como Revolución Democrática, la Izquierda Autónoma, la Izquierda Libertaria, por nombrar algunos, y cómo desarrollamos experiencias comunes. En el mundo estudiantil, si nos pusiéramos de acuerdo seríamos mayoría, en el mundo sindical si nos ponemos de acuerdo somos mayoría y desplazaríamos a la burocracia que ha hecho todo lo contrario a la acción sindical”. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/02/21/521666/
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