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  1. 29 Septiembre 2017 El proyecto que busca “desarmar” 190 naves abandonadas Iniciativa le dará a la Armada más atribuciones para disponer de buques varados, de los cuales 50 tienen riesgo ecológico y para la navegación. El buque “Don Humberto”, varado en las costas de Coquimbo, fue el caso que gatilló la iniciativa parlamentaria. A principios de septiembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que perfecciona la normativa respecto de la “extracción de naves hundidas o varadas” en Chile. La iniciativa, presentada por el diputado Daniel Núñez (PC) y que ahora sigue su tramitación en el Senado, busca acelerar los procesos para la extracción y/o desarme de las embarcaciones abandonadas. Las naves varadas presentan una seria complicación para la Armada. Principalmente, las que quedan en ese estado, luego de verse afectadas por marejadas o condiciones climáticas complejas en el mar. También las que son sorprendidas en delitos, conducidos a puertos y allí abandonadas por sus dueños. Según información de la institución naval, existen cerca de 190 naves abandonadas a lo largo del litoral chileno. De ellas, “aproximadamente 50 representan un serio peligro u obstáculo para la navegación, la pesca o el medio ambiente”, indica un informe del Ministerio de Defensa. Desde el Ministerio de Defensa explican que al interior de estas embarcaciones eventualmente peligrosas hay, en muchos casos, “hidrocarburos y otras sustancias nocivas para el medioambiente y los seres humanos”. Dentro de los aspectos fundamentales de la iniciativa parlamentaria, está el que se pueda dar atribución a la autoridad marítima para extraer por sus propios medios o a través de licitación, los restos de las naves varadas. También se incorpora un nuevo artículo que permite que la institución naval pueda solicitar estudios de contaminación de los naufragios. Además, los costos de estos estudios y de la extracción podrían aplicarse a los propietarios de las embarcaciones. El diputado Núñez cuenta que impulsó esta iniciativa a raíz de un caso emblemático en la Región de Coquimbo: el del buque “Don Humberto”. Se trata de una nave abandonada desde 2011 y que presentaba un serio riesgo para los pescadores artesanales y el mar, por el petróleo que hay en sus tanques. “La bahía de Coquimbo y de otras comunas, están convertidas en verdaderos cementerios de barcos abandonados, lo que genera peligros para la navegación y para el medio ambiente, porque muchas veces quedan varadas con combustible en sus estanques y la oxidación genera filtración del petróleo”, sostuvo Núñez. El parlamentario agregó que esta nueva normativa “permitirá a la autoridad marítima contar con mejores herramientas para hacer responsables a los propietarios y así contribuir a resolver este problema. Los privados ya no podrán abandonar barcos”. Directemar Desde la Directemar, en tanto, indicaron que se ha trabajado con el parlamentario y Defensa para regular esta temática. “Se busca atribuir a la autoridad marítima la facultad de emplazar a los propietarios de aquellas naves carentes de dotación reglamentaria o que, a raíz de la insuficiencia de su equipamiento, armamento o dotación, no puedan mantenerse fondeados (anclados) en forma segura o zarpar de su lugar de fondeo tan pronto como la Autoridad Marítima se lo requiera”, explicaron. Complementaron que en caso de que el dueño de la nave no responda por ella “y sin perjuicio de la imposición de multas, la nave pasaría a dominio fiscal pudiendo enajenarse por medio de licitaciones públicas o privadas”. La subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, explicó que de aprobarse la legislación “la autoridad marítima podrá proponer la remoción o enajenación de estas naves, por medio de propuestas públicas o privadas, para seguir financiando las competencias y atribuciones que la normativa vigente le dispone a la Directemar”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/proyecto-busca-desarmar-190-naves-abandonadas/
  2. 10 Julio 2017 El dictamen que enfrenta a la Contraloría con la Armada por caso de barcos salmoneros La entidad fiscalizadora pidió a Directemar cancelar la patente de una empresa cuestionada. Según denuncia, firma extranjera no podía operar. Repartición naval dice que resolvió conforme a la ley. Barco que traslada salmones en la zona sur de Chile. “En consecuencia, corresponde que la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) aplique la sanción que en derecho proceda, esto es, la cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula de las naves infractoras”. Esta es una de las determinaciones que aluden a la Armada (institución de quien depende Directemar) y que están contenidas en un dictamen de la Contraloría General de la República, informado también a la Subsecretaría para las FF.AA., emitido el pasado 27 de abril. Parece un detalle particular. Sin embargo, la resolución administrativa es parte de un litigio mayor, actualmente en desarrollo, y que involucra a la institución naval y a un grupo de empresas navieras en el sur. Los well boats Los barcos llamados well boats son verdaderas piscinas flotantes, en los cuales se mueven salmones vivos, desde las zonas de cultivo a las plantas faenadoras u otros puntos de la cadena. El caso en cuestión data de 2014, cuando Naviera Orca S.A., junto a otras cinco empresas de well boats que operan en la Región de Los Lagos hacia el sur, denunciaron a Directemar que otro privado supuestamente operaba de forma irregular en este rubro, por ser una empresa de capitales noruegos. La legislación chilena (Decreto Ley 2.222) establece que en el país el tráfico marítimo con transporte de carga -es decir, el cabotaje- está reservado sólo para las naves chilenas, propiedad de nacionales. Y su fiscalización, como todo lo relacionado con la marina mercante, corresponde a la Armada, a través de Directemar. En el reciente dictamen de Contraloría consta que en noviembre de 2014 comenzó a instruirse una investigación sumaria, conducida por fiscales navales de las gobernaciones marítimas de Puerto Montt, Punta Arenas, Aysén y Castro, que luego se acumularon en una sola investigación, “que se resolvió por la Directemar el 9 de agosto de 2016, ratificada el 23 de septiembre de 2016”. Esta indagatoria finalmente consideró una multa a la firma cuestionada, pero no canceló las patentes de sus barcos, según lo propuso el fiscal marítimo y como lo pedían los denunciantes, argumentando que la empresa era de capitales chilenos. El problema, según el reclamo del gremio de la zona, fue que en enero de 2015, mientras se desarrollaba la investigación, el 51% de las acciones de esta firma fueron vendidas a su gerente, de nacionalidad chilena. Según el dictamen de Contraloría, aunque la empresa propietaria de las naves haya cambiado de nacionalidad, eso no altera la infracción denunciada y cometida mientras la restricción se encontraba vigente. “La autoridad se encontraba en el imperativo de aplicar al infractor la sanción que el ordenamiento jurídico ha previsto, sin que resultara procedente disponer otra medida. En consecuencia, corresponde que la Directemar aplique la sanción que en derecho proceda, esto es, la cancelación de la inscripción en el Registro de Matrícula de las naves infractoras”, dice el dictamen. La Contraloría también determinó que la repartición naval instruya una investigación interna (que sea informada a la propia entidad fiscalizadora) respecto de que cuando se autorizó el zarpe de las naves extranjeras “se debió fiscalizar qué tipo de carga transportaban”. Incluso, se hizo mención a la “excesiva demora” de la investigación administrativa marítima del caso, ya que partió en 2014 y terminó en septiembre de 2016. Consultada por la actuación de Directemar, en Naviera Orca, que hizo la presentación ante la Contraloría, se señaló que “nuestra empresa hará uso de todos los medios que le asiste la ley para corregir esta situación, abiertamente ilegal y que no sólo perjudica nuestra posición, sino la de toda la industria nacional de well boats”. En Armasur, asociación gremial que incluye a los well boats, su gerente, Manuel Bagnara, indicó que “como organización gremial, donde participan las empresas nacionales de well boats, apoyamos todas las acciones que emprendan nuestros asociados, tendientes al debido cumplimiento del marco legal que nos rige”. Armada de Chile En la Armada, el capitán de navío Leonardo Chávez, director de Comunicaciones, informó que “la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante decidió no acoger la proposición de sanción formulada por el respectivo fiscal marítimo, de cancelación de matrícula, dado que dicha sanción, por su naturaleza, no resulta procedente respecto de empresas chilenas, calidad que a la fecha de la resolución de la investigación tenía la denunciada”. Añadió que, “en su lugar, se aplicó una multa en dinero por infringir la restricción operativa que, en su momento, se impuso a sus naves. En la actualidad, la solicitud de Naviera Orcas, en el sentido de caducar la matrícula de la nave, se encuentra pendiente de resolución ante la Contraloría, en virtud de un recurso de reconsideración interpuesto por la citada Dirección General”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/dictamen-enfrenta-la-contraloria-la-armada-caso-barcos-salmoneros/
  3. 26 Febrero 2017 Nueva ley de probidad obliga a autoridades a declarar aviones, barcos y dinero en el extranjero Durante marzo, 60 mil funcionarios deberán revelar sus bienes, redes familiares e inversiones. Ocho mil ya han presentado su declaración patrimonial. La nueva legislación, por primera vez, otorga facultades reales a Contraloría para fiscalizar y proponer multas contra quienes entreguen información falsa. La ley de “Probidad en la función pública y prevención de conflictos de intereses” tardó más de cuatro años en ser promulgada. El proyecto presentado en 2011 por Sebastián Piñera recobró fuerzas en 2015, luego que La Moneda le diera urgencia tras el estallido de casos de corrupción y financiamiento irregular de la política. El impulso a la normativa fue de la mano con las propuestas del Consejo asesor presidencial anticorrupción, conocido como Comisión Engel. Entre ellas destaca el aumento de 22 mil a 60 mil las autoridades y funcionarios públicos que estarán obligados a realizar declaraciones de patrimonio e intereses. Por ley deben entregar, a más tardar el 31 de marzo de este año, los documentos que incluyen nuevas exigencias, como los nombres de sus núcleos familiares, bienes como automóviles, aeronaves y vehículos acuáticos y actividades financieras en Chile y el extranjero. El aumento de las multas, que pasaron de $ 1,3 a $ 2,3 millones, por no entregar información, se suma a las nuevas atribuciones que tendrá la Contraloría y su equipo de diez funcionarios dedicados a estas labores, que por primera vez podrán fiscalizar y proponer sanciones por la entrega de información falsa o incompleta. El subsecretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, aseguró que el anterior sistema, que no tenía fiscalización ni multas, “era más blando. Hoy tenemos fuertes disuasivos” para prevenir faltas a la probidad. Añadió que “es una buena ley que pone a Chile entre los países más exigentes y transparentes en esta materia”. Esta normativa incluye a un nuevo grupo de autoridades: miembros del Poder Judicial, fiscales del Ministerio Público, abogados de la Defensoría Penal, consejeros del Banco Central, miembros del Instituto Nacional de DD.HH., del Servicio Electoral, rectores y miembros de las juntas directivas de universidades estatales, ministros del Tribunal Constitucional, entre otros. Aunque en la Contraloría y el gobierno reconocen la ley como un importante avance, el proyecto sufrió varias modificaciones en su tramitación en el Congreso, donde suavizaron aspectos de la norma. Por ejemplo, se eliminó el requisito que pedía que los cónyuges o convivientes declararan sus bienes independiente del tipo de régimen patrimonial de la relación. También se limitó a un año el plazo para declarar actividades previas de las autoridades. Un 13% ha cumplido A semanas de que se cumpla el plazo legal de entrega de las declaraciones de patrimonio e intereses, ocho mil autoridades y empleados públicos han facilitado a la Contraloría sus antecedentes patrimoniales y de negocios. La cifra representa un 13% del total y, según la nómina de 2.597 declaraciones publicadas en el sitio web del organismo fiscalizador, seis de los 23 ministros figuran entre quienes ya entregaron este tipo de antecedentes. El factor común es su reciente ingreso al gobierno. Entre ellos están la vocera de La Moneda, Paula Narváez, y los ministros Jaime Campos (Justicia), Alejandra Krauss (Trabajo), Nivia Palma (Bienes Nacionales), Andrés Rebolledo (Energía) y Pablo Squella (Deportes). La Presidenta Michelle Bachelet, en tanto, aún no publica su nueva declaración. De acuerdo con los antecedentes del ente contralor, a la fecha, 1.743 declaraciones corresponden a funcionarios que recién asumieron el cargo. Otros 662 documentos son por cese de funciones, 72 corresponden a actualizaciones voluntarias y 63 a actualizaciones periódicas. 1. Se incluye a hijos de la autoridad, pero se limita rendición del cónyuge La nueva declaración de intereses y patrimonio no solo incluye la información de los bienes y actividades de los funcionarios públicos obligados a declarar, sino también ciertos datos de los cónyuges e hijos de las autoridades. Esta es una de las novedades de la Ley 20.880, ya que en el ítem “datos de parientes” del formulario se pide nombrar a todos los hijos. Además, los jefes de Estado, ministros, parlamentarios y jefes de servicio deberán detallar los nombres de sus parientes hasta segundo grado (padres, hermanos, cuñados, nietos, etc.). En el caso de los menores de edad, el nombre quedará bajo reserva. Las nuevas exigencias piden informar la situación patrimonial (inmuebles, vehículos, instrumentos transables) de todos los hijos sujetos a patria potestad y de las personas que estén bajo tutela o curatela. Las nuevas declaraciones deberán comprender también los bienes del cónyuge, siempre y cuando estén casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y los del conviviente civil, siempre que hayan pactado régimen de comunidad de bienes. Durante la tramitación de la ley, la Comisión Engel y el gobierno sufrieron un revés en este punto, ya que la indicación enviada en 2015 por la Presidenta Michelle Bachelet buscaba que se declararan los bienes e intereses del cónyuge o conviviente sin importar el régimen patrimonial de la relación. Sin embargo, los parlamentarios en el Congreso consideraron que no se podía obligar a una persona ajena a la administración pública a declarar sus bienes personales, lo que podría ser inconstitucional, argumentaron. Finalmente se optó por agregar una casilla opcional para declarar los intereses de la pareja con separación de bienes. Y se pide consentimiento por escrito de la pareja para hacerlo. 2. Profesionales del Estado deberán revelar sus clientes previos Por primera vez, las autoridades y funcionarios públicos deberán declarar todas las actividades profesionales -y de cualquier otra índole- que hayan realizado un año antes de haber asumido su cargo. Las modificaciones legales han puesto incómodos a algunos funcionarios, entre los cuales se cuentan abogados del Estado como Jorge Claissac, quien a inicios de febrero renunció a la presidencia de la filial Arica-La Paz de la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Al ser director de una empresa pública, argumentó, hubiese tenido que declarar su cartera de clientes del último año, lo que en algunos casos puede poner en conflicto la relación de confidencialidad o reserva que existe entre los abogados y sus clientes. Según explica el subsecretario General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, “efectivamente, un abogado que es sujeto obligado de la ley que preste servicios a personas naturales o jurídicas, deberá indicar tales datos en su declaración. Debemos recordar el fin por el que fue dictada esta ley: prevenir y controlar las situaciones de conflictos de intereses. Este deber de declarar cierta información respecto a clientes es una exigencia que se entiende en ese sentido”. Entre las propuestas de la Comisión Engel se incluía que las declaraciones debían abarcar las actividades laborales y profesionales realizadas hasta dos años antes de asumir el cargo. Sin embargo, los senadores eliminaron la norma y volvieron al origen del proyecto de ley ingresado en 2011, que solo pedía declarar las actividades laborales y profesionales actuales. Finalmente, en Comisión Mixta el Ejecutivo insistió en que se debían declarar las actividades anteriores, tras lo cual se acordó que el plazo abarcara solo los 12 meses previos. 3. Direcciones, patentes y militancia política se mantendrán en reserva No todo podrá ser público. La nueva ley entra en conflicto con la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. La tensión está entre la información que debe ser pública, para conocer ciertos datos personales y patrimoniales de quienes ejercen funciones en el Estado, y la debida protección de la esfera privada de las personas. A pesar de que la privacidad de funcionarios públicos es más limitada, la ley establece que hay cierta información del declarante que se mantendrá en reserva. Entre los datos sensibes están aquellos que permitan identificar la afiliación de las personas a partidos o movimientos políticos o su participación en iglesias. Aunque deben ser informados en el formulario, serán tachados en el documento el rut y el domicilio del declarante. Así como la dirección, el rol del avalúo, la foja y el número de inscripción de inmuebles que se informen como bienes de propiedad del declarante. La patente de los vehículos también se mantendrá en reserva. Esta misma norma se aplicará para los datos del cónyuge o conviviente civil y los hijos declarados, los cuales, en caso de que sean menores de edad, también se mantendrán en reserva. Incluso, el nuevo sistema permite que los declarantes, al momento de llenar el formulario en la plataforma web de la Contraloría y el Consejo para la Transparencia, puedan señalar si algunas de sus actividades profesionales o laborales las considera un dato sensible que deba ser protegido. Toda esta información no quedará al alcance de la ciudadanía. El único organismo que tendrá acceso a ella será la Contraloría. Esto podría significar un obstáculo para los medios de comunicación o los distintos miembros de la sociedad civil que quieran detectar a quienes han aumentado su patrimonio. 4. Fiscalización y multas por omitir o falsear información Una multa de hasta 50 UTM ($ 2,3 millones) es la sanción que arriesgan los funcionarios que no entreguen dentro del plazo sus declaraciones de patrimonio o intereses o bien lo hagan de manera incompleta o inexacta. Y si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a los cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones. Para Contraloría, la nueva ley es un avance significativo. Hasta ahora el organismo no contaba con ninguna facultad para fiscalizar la veracidad de las declaraciones y solo cumplía con el rol de recibirlas y archivarlas. Sin fiscalización ni multas, los documentos eran más bien un trámite simbólico. “Era absurdo, recibíamos algunas declaraciones prácticamente en blanco y no podíamos hacer nada”, comenta una alta fuente de Contraloría. Por eso, uno de los aspectos que consideró la nueva normativa es dotar a la Contraloría de facultades para “solicitar información a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a la Superintendencia de Pensiones, al Servicio de Impuestos Internos, a los Conservadores de Bienes Raíces, al Servicio de Registro Civil e Identificación y a cualquier otro órgano o servicio” con el fin de dar cumplimiento a este mandato legal. Un informe financiero de la Dirección de Presupuestos, de mayo de 2011, estimó que “las nuevas tareas de la SVS tendrán un costo de implementación de $ 137 millones anuales, mientras que en el caso de la Sbif tendrán un costo anual ascendente a $ 166 millones”. También se permitió a Contraloría contratar 10 nuevos funcionarios para revisar las declaraciones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nueva-ley-probidad-obliga-autoridades-declarar-aviones-barcos-dinero-extranjero/
  4. 21 Octubre 2016 Pescadores de Arica en picada contra autorización de ingreso en cinco millas a barcos industriales “Exigimos que en el Zonal de pesca termine el lobby de la gran industria y el gobierno considere el daño que se le está haciendo a la pesca artesanal", señaló dirigente del Sindicato de Tripulantes Pesqueros de Arica. Con barricadas y cortes de tránsito amaneció hoy la ciudad de Arica, debido a las autorizaciones que se darían para mantener las llamadas perforaciones -entrada de barcos industriales- en las 5 millas. Según señalaron los pescadores de la zona, a esta hora en Iquique se está realizando una reunión del Zonal de Pesca para autorizar la medida, instancia a la que no han sido invitados. “Exigimos que en el Zonal de pesca termine el lobby de la gran industria y el gobierno considere el daño que se le está haciendo a la pesca artesanal, porque lo que hacen los barcos industriales es depredar recursos pesqueros que pertenecen a todos los chilenos y dejándonos sin nuestra fuente laboral”, señaló Guido Rojas dirigente del Sindicato de Tripulantes Pesqueros de Arica. Según el artículo 14, de la ley 19.080 "en el mar territorial, con excepción del área de reserva para la pesca artesanal, y en la zona económica exclusiva de la República, existirá un régimen general de acceso a la actividad pesquera extractiva industrial". Asimismo la ley señala que esta área de reserva exclusiva para la pesca artesanal corresponde a:"Resérvase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 43º25'42" de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas", consigna el artículo 47. Según se estima son más de 1.500 las familias de pescadores que resultarían afectadas con la autorización de ingreso a barcos industriales. Los pescadores apuntan a que Corpesca y la "gran industria" mantiene el monopolio en la región. Los pescadores se reunirán hoy a las 14.00 hrs. para evaluar futuras acciones y convocar a una movilización nacional con el fin de anular la Ley de Pesca, el próximo 26 de octubre. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/21/pescadores-de-arica-en-picada-contra-autorizacion-de-ingreso-en-cinco-millas-a-barcos-industriales/
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