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  1. 20 Octubre 2017 Nueva arista de irregularidades con KDM y otras empresas recolectoras de basura Fiscalía acoge denuncia por malversación y fraude al fisco que salpica a Piñera en Caso Basura La acción legal se fundamenta en el pago de un subsidio de $15.691.066.000 y que se empezó a gestar el lunes 29 de Julio de 2013, cuando los trabajadores de dichas empresas iniciaron una huelga en todo el país reclamando una mejora en sus remuneraciones, según argumenta Pablo Vergara, exconcejal de Ñuñoa y denunciante en la causa. "Piñera autorizó el traspaso de estos dineros municipales a las empresas disfrazado como una compensación a los municipios", señaló. Este viernes la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte acogió a trámite la denuncia presentada por Pablo Vergara, exconcejal de Ñuñoa y uno de los querellantes en el caso Basura, por Malversación de Caudales Públicos y Fraude al Fisco que involucraría al ex presidente Sebastián Piñera. La acción legal se fundamenta en el pago de un subsidio de $15.691.066.000 a KDM y otras empresas privadas recolectoras de basura que se han visto envueltas por cuestionadas licitaciones en el Caso Basura. Esto habría ocurrido en diciembre de 2013, bajo el gobierno del actual candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien "autorizó el traspaso de estos dineros municipales a las empresas disfrazado como una compensación a los municipios", asegura Vergara. Este subsidio se empezó a gestar el lunes 29 de Julio de 2013, cuando los trabajadores de dichas empresas iniciaron una huelga en todo el país reclamando una mejora en sus remuneraciones. Las negociaciones se realizaron en la municipalidad de Ñuñoa, lideradas por el entonces alcalde Pedro Sabat -también formalizado en el Caso Basura- y los dirigentes de los trabajadores, los ejecutivos de KDM y otras empresas. "El acuerdo al que se llegó, con la autorización de Sebastián Piñera, fue que el gobierno central asumiría este mejoramiento mediante el otorgamiento de un subsidio de $15.691.066.000 a las empresas de aseo", señaló el denunciante. Asimismo, asegura que la Contraloría ha comprobado que no todos los dineros de este subsidio fueron efectivamente entregados a los trabajadores de KDM y otras empresas privadas, y que por tanto "en la denuncia hemos solicitado que la Fiscalía investigue el verdadero destino de esos fondos", indicó. Por su parte, la fiscal Ximena Chong, confirmó a El Mostrador que "recibimos la denuncia y será asignada a fiscal para su tramitación". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/20/fiscalia-acoge-denuncia-por-malversacion-y-fraude-al-fisco-que-salpica-a-pinera-en-caso-basura/
  2. 11 Febrero 2017 Nueva arista en caso de platas políticas Las pistas que sigue el fiscal Gómez que podrían complicar a Andrés Chadwick y al corazón de la UDI Se trata de una posible triangulación de dineros para actividades del partido fundado por Jaime Guzmán, esta vez, presuntamente, a través de la empresa Copra S.A., ligada no solo a Longueira, sino también a otros nombres emblemáticos de la derecha, como el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. A pesar de las presiones que habría recibido la Fiscalía Nacional para que el fiscal Gómez no persistiera en esta nueva arista, la investigación continúa y produce nerviosismo al interior del gremialismo. [ACTUALIZADA] (*) Luego que el juez del 8° Juzgado de Garantía, Álvaro Arriagada, resolviera autorizar el acceso a cuentas bancarias del ex senador Pablo Longueira, entre 2009 y 2013, por caso SQM, las declaraciones del fiscal adjunto Claudio Rebeco, quien forma parte del equipo investigador del caso, abrirían una nueva puerta que, en su momento, le quisieron cerrar al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Se trata, según sus dichos, de una posible triangulación de dineros para actividades de la UDI, esta vez, presuntamente, a través de la empresa Copra S.A., ligada no solo a Longueira, sino también a otros nombres emblemáticos de la derecha, como Andrés Chadwick y Luis Cordero, todos socios originales de dicha sociedad. Según declaró Rebeco esta semana, se ha podido establecer la existencia de dos préstamos concedidos por la empresa Copra S.A: el primero de ellos, por $100.000.000, destinado al financiamiento de la campaña política del partido gremialista, que luego fue pagado, parcialmente, por la asesora histórica de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; y el segundo, por un valor de $25.000.000, a petición del ex senador, el cual habría sido pagado por su hijo homónimo, aunque se desconoce el origen del dinero usado para saldar estas deudas. Las operaciones se llevaron a cabo entre 2009 y 2013, es decir, cuando Longueira fue senador y luego ministro de la actual carta presidencial de la derecha, Sebastián Piñera. Y habría cierto nerviosismo en el entorno de Longueira y Piñera, considerando que las indagaciones lideradas por el fiscal Pablo Gómez estarían abriendo un nuevo frente que apunta al ex senador Andrés Chadwick, primo del ex Presidente y hombre fuerte de la derecha, por posible financiamiento irregular de partidos políticos. De concretarse una eventual citación a declarar, sería un fuerte golpe al corazón de la UDI, partido que se ha visto especialmente golpeado, durante los últimos años, por la relación espuria entre dinero y política. Según fuentes de Fiscalía, las pistas que sigue Gómez –a pesar de las presiones que habría recibido la Fiscalía Nacional para que no continuara profundizando en esta nueva arista– tienen como eje central a Copra S.A., formada en 1986 por Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Luis Cordero y Andrés Serrano. “En mayo de 1990 aparecían como socios de Copra S.A., además de Luis Cordero, los ingenieros gremialistas Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz, inseparables desde sus tiempos universitarios, y las esposas de Longueira, Chadwick y Andrés Serrano. Cuando ellas se retiraron de la sociedad, entraron tres destacados militantes de la UDI: el abogado Fernando Barros Tocornal, quien ha sido asesor del candidato Sebastián Piñera en sus estudios sobre el fideicomiso ciego; Patricio Cordero Barrera, el hermano de Luis, brazo derecho de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago; y Viviana Paredes Mendoza, concejala de la UDI de la Municipalidad de Lo Prado y directora de la Fundación La Vaca, presidida por Lavín”, escribió Maria Olivia Monckeberg en su libro “Los magnates de la prensa”, entregando ciertas luces sobre los fuertes vínculos que unen al núcleo duro de la UDI entorno a Copra S.A. “Por otro lado, gente de la Universidad San Sebastián también aparece en Copra. Recordemos que el propio Longueira, cuando se murió su amigo Marcelo Ruiz en un accidente de avión, pasó a ser miembro de la junta directiva a nombre de la familia hasta que fue nombrado ministro. Hay una relación entre Copra y la San Sebastián, a la que también le arrienda locales”, sostuvo Monckeberg en una entrevista. Según el Boletín Comercial, los controladores de Copra S.A. siguen siendo la familia Cordero Echeverría y las sucesiones de Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz Pérez. (*) N de la R: Posterior a la publicación de esta nota, Andrés Chadwick Piñera envió la siguiente carta aclaratoria al Director, donde asegura que se desvinculó totalmente de Copra S.A. "tanto directa como indirectamente, el 20 de mayo del año 1990, como consta en los registros públicos correspondientes". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/11/las-pistas-que-sigue-el-fiscal-gomez-que-podrian-complicar-a-andres-chadwick-y-al-corazon-de-la-udi/
  3. 20 Octubre 2016 Sobrino de Longueira dispara contra políticos y empresarios en arista cohecho del caso SQM: “Fuimos abusados… nos hicieron ver como normal situaciones al menos moral y éticamente reprochables” Alfonso Mora Domínguez, hijo de una prima hermana del ex candidato presidencial de la UDI comenzó su declaración como imputado ante la fiscalía enviando un mensaje a los responsables de los casos de platas políticas. Pese al mensaje crítico, el abogado no autorizó levantar su secreto bancario ni permitió al Ministerio Público acceder a la información de su correo electrónico. El pasado 29 de septiembre a las 10 de la mañana, Alfonso Mora Domínguez, llegó con su abogada Sofía Hamilton a la fiscalía para declarar. Lo hizo como imputado y casi tres meses después de haber sido formalizado por delitos tributarios en el caso SQM. El abogado es uno de los denominados “boleteros de Longueira” que emitió dos boletas por un total de 12 millones de pesos entre octubre de 2011 y agosto de 2012 a la minera no metálica. Eso sí, el profesional aseguró ante el Ministerio Público que dichos documentos “no corresponden a servicios reales que yo hubiere prestado a SQM S.A. No conozco a nadie de la empresa SQM S.A., nunca he estado en sus oficinas, ni he tenido relación profesional con esta empresa”. Ante la fiscalía, Alfonso Mora, hijo de María Domínguez Longueira, prima del ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, comenzó su testimonio al que tuvo acceso El Mostrador, haciendo una crítica a los responsables de estos eventuales delitos por financiamiento irregular de la política. “Soy familiar del señor Juan Pablo Longueira, quien es primo hermano de mi madre y a quien por mucho tiempo admire como persona y líder político, desde hace dos años que me veo enfrentado a una situación compleja por los hechos en que me vi involucrado debido a la emisión de boletas falsas solicitadas por la señora Carmen Luz Valdivieso Almarza. Creo que yo pertenecí a una generación de jóvenes que en esa fecha éramos estudiantes universitarios y fuimos usados por una generación de profesionales, empresarios, políticos que nos hicieron ver como normal situaciones que son al menos moral y éticamente reprochables, quiero señalar que estoy absolutamente arrepentido de todo lo ocurrido”, aseguró el familiar del ex senador, formalizado en el caso SQM por delito tributario por cerca de 750 millones de pesos y cohecho. Consiguiendo boletas En su testimonio ante la fiscalía, quien fuera formalizado por emisión de boletas falsas, recalcó cómo conoció a Carmen Luz Valdibielso, la mano derecha de Longueira, y cómo esta comenzó a solicitarle documentos tributarios. “En 2011 recibí un llamado de ella preguntándome si tenían boleta de honorarios. Yo le señalé que sí porque como procurador ya emitía boletas. Fue así que ella me solicita si le puedo emitir una boleta y me da los datos de la empresa SQM S.A., la fecha en que debía ser emitida, los montos y la glosa que debía colocar. Esto no me llamó mayormente la atención en primer lugar porque como señale Titi Valdivielso era la mano derecha de Pablo Longueira y como no tenía una relación personal o de amistad con ella, presumí que todo me lo pedía en conocimiento de Pablo Longueira. Nunca pensé que este procedimiento era cuestionable, pensé que era para fines lícitos”, aseguró Alfonso Mora. Pero el sobrino de Longueira, quien se quedaba con la devolución de impuestos de dichos documentos tributarios falsos por servicios que no prestó a Soquimich, no solo emitió boletas si no que por petición de Titi Valdivielso, tuvo que conseguir más boletas, entre ellas, de su hermana. María Loreto quien recibió 16 millones de pesos desde la minera no metálica. “Recuerdo que me señaló que debía ser una persona de confianza, por eso llame a mi hermana María Loreto y le dije que Titi me había solicitado este favor. Le solicite a mi hermana, llamé a mi hermana y le indiqué los datos de la empresa y montos, pues ya los mantenía porque me las había entregado Titi, sé que mi hermana confeccionó la boleta y se la envió al mismo correo”, detalló el abogado. Solicitud de boletas que volvió a concretarse en mayo de 2013 según el sobrino de Longueira, pero ahora eran tres documentos y donde la instrucción era que una de ellas podía ser de su hermana María Loreto, pero que las otras dos debían ser por Asesorías Legales. Por eso Alfonso Mora contactó a dos amigos de la universidad para que boletearan. En su declaración, Mora Domínguez, aclaró que no solo Titi Valdivieso le pidió emitir documentos tributarios si no que Carmen Luz de Castro, mano derecha de Pablo Zalaquet y también formalizada en investigaciones de plantas políticas. El sobrino de Longueira aseguró que Coca de Castro le solicitó dos boletas emitidas por terceros y con profesiones definidas. “Coca de Castro me pregunta si le podía conseguir una boleta de un ingeniero comercial o civil que fuera de confianza, esto debe haber sido porque la Titi le debe haber comentado que yo le había conseguido una boletas, ante esto yo le dije que iba a preguntar a un amigo y le respondía, además recuerdo que me dice que era para SQM y yo le dije que ya tenía los datos. Por esta razón contacte a Diego Coopman quien es ingeniero comercial y es un ex compañero de colegio, lo llamé y le pregunté si tenía boleta y si podía emitir una boleta a SQM y no me hizo mayores preguntas. Creo que el dinero de la boleta era para pagar gastos de deudas o proveedores de la campaña de Pablo Zalaquet, porque a la fecha no había resultado elegido como alcalde”, afirmó Mora. Dentro de los últimos antecedentes que exhibió el sobrino de Longueira fue que Coca de Castro pidió una segunda boleta en diciembre de 2012, solicitando ahora que quien emitiera el documento hacia SQM fuese abogado o estudiante de derecho. Pese a la crítica inicial y el arrepentimiento que Alfonso Agustín Mora Domínguez mostró en su declaración ante la fiscalía, el abogado no autorizó a levantar su secreto bancario ni permitió al Ministerio Público acceder a la información de su correo electrónico personal. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/20/fuimos-abusados-nos-hicieron-ver-como-normal-situaciones-al-menos-moral-y-eticamente-reprochables/
  4. Servicio de Salud Central prorrogó contrato con Saydex hasta 2019 Esta licitación, adjudicada en 2011, fue la que originó la nueva arista en el caso Caval. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud indicaron que este año se elaborará un nuevo concurso público. El viernes 29 de enero, el Juzgado de Garantía de Rancagua estaba repleto de periodistas, abogados y cámaras. La razón: el fiscal Luis Toledo formalizó a 13 imputados en el caso Caval, entre ellos los socios de la firma Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta, Michelle Bachelet. Un mes antes de esta audiencia, la empresa de servicios informáticos Saydex y el director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, acordaron prorrogar hasta por cuatro años, es decir hasta 2019, el contrato de uso de las licencias de software que utiliza la red de Sistemas de Información de las Redes Asistenciales (Proyecto Sidra). Este contrato fue suscrito originalmente el 30 de diciembre de 2011, año que Nibaldo Mora se desempeñaba como subdirector administrativo de ese servicio y fue miembro de la comisión evaluadora. Al año siguiente, asumió la dirección del organismo. Su vinculación con el proceso que instruye Luis Toledo partió por la declaración de uno de los intermediarios de Caval, el gestor Patricio Cordero. Esta empresa estaba asesorando a Saydex en las postulaciones de las licitaciones en los servicios de salud. Según Cordero, Valero le habría pagado $ 25 millones a Mora, quien es indagado por el Ministerio Público por presuntos ilícitos de cohecho, revelación de secreto y tráfico de influencias. A raíz de esto, la fiscalía inició esta arista que será uno de los focos de la investigación este año, e incluso, solicitó un peritaje a la PDI de los 80 contratos suscritos por Saydex con 22 de los 29 servicios de Salud. La prórroga La continuidad de este contrato fue firmado por el actual director del Servicio de Salud Metropolitano Central, Jorge Martínez, quien en agosto de 2015 declaró ante la fiscalía que “había ‘un mal olor’ en cuanto a estos servicios de Saydex. Pero no solamente esta empresa, sino que también con toda la administración del señor Nibaldo Mora”. A cuatro meses de su testimonio judicial, Martínez y el gerente de la firma, Juan Rodríguez, decidieron prorrogar los servicios acordados. “Apruébese la modificación y prórroga del contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitana Central y la Empresa Saydex LTDA, con fecha 29 de diciembre de 2015”, dice el documento. También se especifica que “la cláusula decimotercera contempla la prórroga del mismo hasta por un plazo de 48 meses”. En cuanto al precio del acuerdo se estableció un pago mensual de una licencia por usuario de US$ 28, más el impuesto al valor agregado. Estas licencias suman un total de 1.650. El abogado de Saydex, Giorgio Marino, señaló que “las nuevas autoridades decidieron renovar este contrato, lo que da cuenta que después de revisar todos los antecedentes no se ha encontrado ninguna huella de eventuales delitos”. El penalista además agregó que “son los mismos servicios que se prestaron antes, aunque se hicieron algunos ajustes a solicitud del servicio”. En tanto, desde el Ministerio de Salud indicaron que durante 2016 se elaborará un nuevo proceso de licitación. “Existen contratos entre Saydex y Servicios de Salud iniciados bajo el Convenio Marco Sidra (Sistema de Información de la Red Asistencial), licitado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, cuyo objetivo es la automatización de los procesos clínicos y administrativos al interior de los establecimientos de salud de la red asistencial (...). En esta administración, se publicó en el portal de Mercado Público, el 20 de enero 2016 la licitación para un nuevo Convenio Marco para Sidra, a través del cual se espera contar con una nueva cartera de servicios y de oferentes, para que los Servicios de Salud puedan generar nuevos contratos, que se espera estén a partir del último trimestre 2016”. Reacción de Interior Además, ayer el ministro (s) del Interior, Marcelo Díaz, se refirió a la revisión que está haciendo la PDI sobre los contratos de Saydex y el Estado. Los dardos fueron dirigidos al gobierno anterior: “Fueron suscritos en la administración anterior (de Sebastián Piñera). Fueron indagados por el Ministerio de Salud y todos los elementos fueron entregados a la justicia y estamos sujetos a lo que determine la investigación”. El secretario de Estado además agregó que “serán los tribunales los que determinarán si hubo o no irregularidades”. www.latercera.com
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