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15 Marzo 2018 Amistades peligrosas: Cómo se han desangrado las arcas de Educación en Quinta Normal En una indagatoria que sigue la Fiscalía Centro Norte, por la cual próximamente la alcaldesa sería formalizada, se ha detectado no sólo el mal uso de recursos de educación destinados a los niños más vulnerables, sino que también ha quedado en evidencia la distribución de cargos asociados a lazos sanguíneos. La causa también ha revelado cómo se obligó a funcionarios de la Corporación municipal a financiar en 2012 la campaña de la alcaldesa. Fue un día de mayo de 2016. El abogado Omar Cabrera Cabezas revisaba las cotizaciones que algunos directores de colegios habían presentado para adquirir materiales a través de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), cuando un detalle le saltó a la vista: las reiteradas faltas de ortográficas de los papeles de los oferentes. En su cargo de Director de Control Interno de la Corporación Municipal de Quinta Normal (CORPQUIN), observó que las supuestas postulaciones de empresas como Lápiz López presentaban fallas de escritura que lo hicieron sospechar que estaba frente a burdas falsificaciones. Cabrera Cabezas dependía de la Secretaria General de la CORPQUIN, Verónica Montecinos, quien había asumido meses antes esta función. Ella -que posteriormente fue destituida por tomar medidas en contra de los presuntos responsables de las irregularidades-, le ordenó seguir indagando. La investigación derivó en el descubrimiento de una serie de ilícitos que están siendo investigados por la Fiscalía Centro Norte y que, en su última fase, incluye el traspaso sistemático de dineros por parte de trabajadores a la cuenta corriente de la alcaldesa DC, Carmen Gloria Fernández. Esto último, como una especie de “cuota fija” para su primera campaña municipal. Las irregularidades en el municipio eran algo conocido. En 2015, la Contraloría había evacuado sus últimos informes relativos a dineros excedentes del Programa de Integración Escolar (PIE), destinado a ayudar a niños con dificultades de aprendizaje. El concejal Francisco Duarte Díaz había sido director de Educación entre los años 2004 y 2012. Al retirarse, y pese a que no correspondía, recibió una indemnización de $21 millones. Durante su gestión, desaparecieron $690.670.071 del PIE. La Contraloría estimó que “al no encontrarse en poder de las instituciones, conforme a las normas señaladas, y no haber rendido cuentas de su destino, sin ser habidos, deben entenderse como sustraídos”. En la indagatoria que se inició por la revisión de compras surgieron otros antecedentes: una serie de nexos entre quienes se repiten como conocedores o partícipes de las anomalías denunciadas. Así, por ejemplo, en el periodo en que el concejal Duarte Díaz era director de Educación, su hermano David, pareja de la hija de la alcaldesa, ocupó el cargo de Administrador Municipal del padre de la actual jefa comunal, quien era alcalde. Otro hermano Duarte Díaz, Osvaldo, se desempeñó en la Gerencia de la Corporación Municipal de Deporte. Los Duarte Díaz, según los testimonios recogidos en la carpeta de investigación, habrían puesto a gente de su confianza en cargos clave de la Corporación. En el departamento de Educación, por ejemplo, trabajó Penélope López Donaire, hija del otrora director de Finanzas de la Municipalidad, David López Sepúlveda; y en Administración y Finanzas de Gisella Mendoza, hija del director de Deportes, Óscar Mendoza. Este último, entre otras funciones, realizaba una “colecta” obligatoria entre funcionarios para financiar la primera elección de la alcaldesa Fernández. El origen Los fondos SEP tienen un fin específico: se entregan a los sostenedores de recintos educacionales subvencionados para los “alumnos prioritarios”, es decir, aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, previa firma del Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa. Las Corporaciones municipales administran estos recursos, pero en el caso de Quinta Normal lo que se hizo fue desangrar la partida. Según consigna un informe encargado por Montecinos al abogado Boris Paredes -que fue entregado en octubre de 2016 a CORPQUIN y que hoy es parte de la carpeta de investigación del fiscal Marcelo Carrasco-, se falsificaron cotizaciones de las empresas Lápiz López, Rhein, Librería Nacional, Libesa, Comercial Latina, Dimeiggs. Y se adquirieron productos con sobreprecios manifiestos. El ejemplo más claro es el de “Un Juez Rural”, libro que se compró a la imprenta Crisines-Crea Editores por $5.960 la unidad. En el análisis se encargó una cotización del texto a la misma compañía. El costo por unidad es de $2.000. Las anomalías suman y siguen. En el Colegio Grenoble, por ejemplo, se visó la compra de 900 calculadoras. Sin embargo, existen disponibles sólo alrededor de cinco por curso. Las incoherencias se repiten en ítems como vestuario y elementos tecnológicos. El informe original fue complementado con otros antecedentes que dan cuenta de que además del manejo irregular de los fondos destinados a niños vulnerables se abusó nuevamente de los recursos del Programa de Integración Escolar (PIE). En enero de 2017, declaró en Fiscalía el abogado Raúl Roger Señoret, que trabajaba en la Dirección Jurídica. Aseveró que en la gestión de Montecinos se comenzaron a comparar las ofertas de diferentes proveedores “y rápidamente se llegó a la conclusión que el proveedor Rómulo, que era casi el único de la Corporación, tenía sobreprecios. Es un proveedor que vendía de todo, hasta impresoras Braille. Cuando esto se detecta, se paran las compras”. Rómulo Ltda había ingresado como proveedor en el año 2013 y se mantuvo en esta condición hasta fines de 2014. Según diversos testimonios, su giro era sumamente amplio: todo se compraba a esta empresa. Respecto de las máquinas destinadas al uso de personas ciegas, Roger Señoret detalla que “las dos impresoras que se iban comprar más los accesorios, costaban $11.409.628 en Braille Chile. Y se le compró a Comercializadora Rómulo por $15.445.665, con una diferencia de $4.036.037. Esa cotización la hizo Paulino Díaz, quien está a cargo del Programa PIE y es primo de Francisco Duarte. Él se la entregó a Gisella y ella se la compró a Rómulo”. La Fiscalía persigue ahora la pista acerca del nexo de Rómulo Ltda con los funcionarios de Corpquin. Asesorías A fines de 2013, Augusto Prado Sánchez, entonces Secretario General de CORPQUINy Gisella Mendoza Yáñez, a la fecha directora de Administración y Finanzas de la misma institución, determinaron firmar un contrato con la Sociedad Asesoría Mayer y Abogados Asociados Limitada. Se trataba, asegura Roger Señoret en su testimonio, de un gasto innecesario. “Me informé que se había contratado a una empresa de nombre Mayer, si mal no me parece, para obtener la devolución de unos recursos de Subvención General que ascendían a unos $260 millones y nos cobraron el 30% por hacerlo. Esta contratación se hizo sin que se me informara, y se le pagó esa cantidad de dinero a título de comisión una vez recuperados los fondos. Este tipo de ‘asesorías’ son inhabituales y completamente innecesarias, porque equivalen a llenar un formulario y presentarlo en ventanilla. La operación es tan burda que la empresa nos emitió y se le pagó por orden de Gisela, la factura N° 01. Eso quiere decir que la empresa se constituyó para hacer esto exclusivamente”, explica. El pago a la compañía se cursó en enero de 2014 por $72.772.657. La compañía aparece mencionada en otra indagatoria. En junio de 2017, Arlette Rozas Saavedra, exsostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje “Juguemos en el Bosque” de Maipú fue condenada por fraude al SEP. En este caso se comprobó que Rozas Saavedra accedió a pagar $25 millones a Wladimir Poblete Vidal, entonces funcionario de la Unidad Regional de Subvenciones de la Región Metropolitana, del Ministerio de Educación, para realizar gestiones entre 2011 y 2013 que significaron un pago en exceso para su escuela. Rozas Saavedra también presta testimonio en esta investigación. Se le consulta por una serie de cheques de CORPQUIN que cobró de la empresa Sociedad Asesoría Mayer y Abogados Asociados Limitada. Relata que no conoce a nadie de la compañía y que acudió a prestar su firma para canjearlos por solicitud de Poblete Vidal, a quien le entregó el dinero en efectivo. “Wladimir me dijo que le hiciera como favor que le cobrara unos cheques, porque andaba sin carnet. Wladimir andaba con una mujer, creo que era su pareja. No recuerdo cuántos cheques eran, pero me pidió que los cobrara yo y le entregara el efectivo inmediatamente”. En otra oportunidad, cuenta, hizo lo mismo, a petición de Poblete Vidal, con un desconocido. La Tercera PM tomó contacto con el gabinete y la jefatura de prensa del Municipio. Pese a los reiterados llamados y el envío de correos electrónicos, declinaron referirse al tema. Lo mismo ocurrió con el concejal Francisco Duarte. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/amistades-peligrosas-como-se-han-desangrado-las-arcas-de-educacion-en-quinta-normal/100314/

17 de septiembre del 2016 / 01:45 Hrs El Arzobispado abre sus arcas El arriendo de bienes raíces, donaciones reservadas, acciones en la Bolsa, la venta de una automotora y una cuenta en el extranjero forman parte de los $ 10.000 millones que maneja cada año el Arzobispado de Santiago. La arquidiócesis capitalina está ordenando sus finanzas y pagó por primera vez en su historia un impuesto a la renta ante el SII. “No queremos estar en negocios que no sean de nuestro giro”. Con esa frase, el administrador del Arzobispado de Santiago, Ramiro Montesinos, explica la decisión que tomó la Iglesia capitalina en abril de este año de vender su participación en la automotora Coseche, reconocida importadora de vehículos Chevrolet. Mientras la arquidiócesis que dirige el cardenal Ricardo Ezzati era dueña del 15% de la compañía, otras dos organizaciones católicas, la Corporación de Beneficencia Cáritas Chile y la Orden de la Madre de Dios, poseían el 30%. No fue la única medida adoptada en esa línea: las autoridades del Arzobispado pretenden desprenderse de todas las acciones que actualmente poseen en grandes empresas que transan en la Bolsa. Según la información publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Iglesia de Santiago tiene títulos accionarios en, al menos, CMPC, Chilectra, Telefónica, Enersis, Muelles de Penco, Servicios Financieros Progreso, Norte Sur S.A., Oxiquim, Copec, Minera Valparaíso, Melón S.A., Automovilismo y Turismo S.A., Forestal Pasur e Inmobiliaria Sixterra. Y un dato curioso: el Arzobispado incluso registra acciones en SQM. En todo caso, en ninguna de estas empresas tienen más de un 1% de participación y, según explican los encargados de administración en la Iglesia, estas inversiones que adquirieron, debido a herencias o donaciones de particulares, representan un porcentaje marginal para los ingresos de la arquidiócesis. “Hay que liquidar esas acciones. Para nosotros no es una buena forma de obtener ingresos, porque es muy inseguro, incierto. No queremos tener acciones, porque es complicado. Si participamos somos un porcentaje mínimo, sin siquiera tener derecho a voto, y si hacen operaciones no éticas nos complica. Además, con todo esto de la colusión, tú no sabes”, señala Fernando Ramos, el vicario general del Arzobispado de Santiago. Aunque no entregaron cifras específicas, aseguran que el valor de estos activos corresponden a no más de un 1% ($ 100 millones) de los ingresos anuales del Arzobispado. La decisión de vender su participación en empresas responde a una política mayor. En los últimos dos años, la Iglesia de Santiago ha estado dedicada a ordenar y centralizar sus finanzas, ajustando modelos de financiamiento para que, en los próximos meses, puedan transparentar a la comunidad el detalle del dinero que manejan. Esto, en el marco del convenio firmado el pasado martes entre la Conferencia Episcopal y el capítulo chileno de Transparencia Internacional, donde las autoridades eclesiásticas se comprometieron a rendir cuentas a través de un sistema de transparencia activa. Aunque cada diócesis y arquidiócesis a lo largo del país, así como cada congregación religiosa, se mueven con distintas lógicas y administran muy disímiles volúmenes de recursos, el Arzobispado de Santiago dio un primer paso y entregó a La Tercera información de sus estados financieros correspondientes al año 2015. Según informaron, en ese período registraron ingresos y gastos por más de $ 10 mil millones (ver infografía). Ordenando las cuentas Un consejo de asuntos económicos revisa las decisiones financieras más importantes del Arzobispado. La instancia en que participan el ecónomo Ramiro Montesinos y el vicario Fernando Ramos está integrada, desde 2015, por los laicos Juan Irarrázabal, abogado; Ricardo Labarca, arquitecto; Alberto Calderón, empresario, y María Teresa Ross, académica. Cuando los montos de inversiones son mayores a US$ 25.000 consultan al arzobispo Ricardo Ezzati, y si el costo supera los US$ 500 mil acuden directamente al Vaticano. Para mayor claridad en los manejos administrativos y financieros, además de la contraloría interna que crearon hace 10 años, actualmente trabajan con la auditora externa Ernst & Young. Aunque en la página web del Arzobispado figuran algunos índices parciales de ingresos correspondientes a los años 2012 y 2013, Montesinos explica que esos informes dejaron de publicarse debido a que los números tenían imprecisiones y no mostraban un consolidado de las distintas zonas y parroquias que conforman la arquidiócesis. Por eso, a partir de 2014 se decidió tener una contabilidad centralizada y ese año se elaboró el primer presupuesto anual consolidado. Los gastos se asignan a las labores propias de la Iglesia y la vida pastoral, como la organización de peregrinaciones, el trabajo social de las vicarías o la congrua o remuneración que reciben los sacerdotes, (equivalente a $ 243.000). En materia de ingresos, las cifras del último año arrojan que un 31% ($ 3.300 millones) corresponde al famoso aporte del 1% del sueldo que se les pide como donación a los fieles católicos. Al contrario de las colectas de las misas, que suelen destinarse al mantenimiento de cada parroquia, el aporte del 1% es centralizado por el Arzobispado, según la situación económica de cada comuna. Un 1% de ese monto ($ 33 millones) es enviado como contribución al Vaticano. Otro 47% de los ingresos ($ 5 mil millones) corresponde a donaciones privadas, principalmente católicos con recursos, que entregan financiamiento para una misión específica, como publicaciones de catequesis. Estos nombres se mantienen bajo reserva por la Iglesia. También tienen algunos aportes del Estado mediante programas sociales. Las vías alternativas de financiamiento del Arzobispado no sólo apunta a fieles chilenos. También subsiste con dineros provenientes del extranjero, a través de agencias internacionales, como la ONG Adveniat, que recauda fondos en Alemania para el trabajo pastoral de la Iglesia en América Latina. Asimismo, la mantención de una cuenta bancaria en Estados Unidos, con el pago de sus respectivos intereses en dólares, es otra forma de obtener donaciones en el extranjero para el Arzobispado capitalino. Propiedades en arriendo Colegios, supermercados, estacionamientos y restaurantes forman parte de la extensa lista de los 127 inmuebles que el Arzobispado mantiene en arriendo en distintos puntos de la capital, a través de la corredora Leonel Ojeda. En total, estas propiedades le reportan $ 2.372.806.040, es decir, el 22% de sus ingresos anuales, según datos del propio Arzobispado. De acuerdo a los registros comerciales, 388 bienes raíces figuran a su nombre, los cuales poseen un avalúo fiscal que supera los $ 103 mil millones. De cada inmueble, dicen en el Arzobispado, realizan un acucioso seguimiento, que les ha permitido terminar contratos al descubrir que sus recintos son utilizados para actividades que consideran inadecuadas. Por ejemplo, ordenaron cerrar una botillería junto a una parroquia. También tienen arriendo con organismos estatales. La Universidad de Santiago (Usach) firmó hasta 2017 un acuerdo con la Iglesia para utilizar un edificio de avenida Ecuador, cuyo costo se fijó en UF 320 mensuales ($ 8.391.776). Asimismo están prontos a arrendar la sede del Arzobispado en calle Erasmo Escala a la Universidad Alberto Hurtado. Los locales comerciales ubicados en el perímetro de la Catedral Metropolitana, en plena Plaza de Armas, son otros recintos de propiedad del Arzobispado. Allí es posible encontrar desde librerías hasta restaurantes. Las expropiaciones de terrenos son otra forma en que las arquidiócesis han obtenido recursos. Un caso simbólico data de diciembre de 2013, cuando el Estado le pagó por concepto de indemnización $ 382 millones al Arzobispado por la expropiación de 1.847 metros cuadrados en la cima del cerro San Cristóbal, donde estaban ubicadas unas antenas. Debido a que el valor de este bien raíz no era calculable -por no existir casos simila- res-, la Iglesia no arremetió legalmente contra el Estado. En la mira del SII Los arriendos de bienes para actividades comerciales que realizan no sólo el Arzobispado de Santiago, sino todos los obispados del país, comenzaron a levantar un debate al interior de la curia sobre si estaban cumpliendo cabalmente con sus obligaciones tributarias. Tras una discusión en la Conferencia Episcopal decidieron pedir un informe aclaratorio al Servicio de Impuestos Internos. Las entidades de la Iglesia están consideradas como personas jurídicas de derecho público y gozan de exenciones tributarias, como no pago de impuesto territorial en los lugares donde realizan actividades de culto; las donaciones para construcción o reparación de templos están libres de tributos, así como las donaciones a corporaciones de beneficencia vinculadas; la remuneración de los sacerdotes no es considerada renta y las entidades religiosas no son contribuyentes de IVA y están exentas de impuestos de timbres y estampillas. Sin embargo, en un oficio del 13 de julio de 2015, el SII respondió al episcopado que “como principio general, dada la naturaleza de las actividades propias del culto religioso, las iglesias no se encuentran afectas al Impuesto a la Renta, en la medida en que no lleven a cabo actividades comerciales o empresariales, o posean bienes susceptibles de producir rentas gravadas con el mencionado tributo”. Agrega que en tal caso “tendrán calidad de contribuyentes”. Con el informe en mano, la Conferencia Episcopal pidió a las diócesis y arquidiócesis que este año hicieran por primera vez la declaración de impuestos a la renta. Así, la Iglesia de Santiago pagó al Fisco $ 26,4 millones por la venta de una propiedad. Las autoridades del Arzobispado sostienen que no tributaron por los arriendos, porque estos eran inferiores al 11% del avalúo fiscal. En todo caso, sí pagan anualmente $ 238 millones en contribuciones por los bienes raíces que no están dedicados al culto. Los dedicados al culto están exentos de impuesto territorial. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-696986-9-el-arzobispado-abre-sus-arcas.shtml