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  1. Congreso aprueba donaciones anónimas y las define como "aportes menores sin publicidad" Comisión mixta acordó permitir esta figura para campañas. Tope por persona será de $1 millón. Aunque se esperaba una tramitación larga y compleja, en cerca de una hora la comisión mixta de diputados y senadores que revisó ayer el proyecto de fortalecimiento de la democracia logró despachar el texto, luego que fuera sancionado en su tercer trámite en la Cámara. Tras aprobarse la eliminación de los aportes de empresas a campañas, la creación de un nuevo sistema de financiamiento estatal a partidos y suprimir la figura de donaciones reservadas -puntos centrales de la iniciativa del gobierno-, había otro aspecto cuya discusión se preveía compleja. En concreto, entre los representantes de ambas cámaras aún existían diferencias frente a la incorporación de aportes anónimos a campañas, lo que había sido introducido por el Senado, a lo que varios diputados se habían opuesto tajantemente. La misma Presidenta Bachelet había prometido, el 28 de marzo, que “transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados”. Esto, al lanzar la agenda de probidad. Así, y en medio de un agitado clima en el Congreso por la recarga legislativa para esta semana, el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, abordó el tema con varios parlamentarios del oficialismo y la oposición en la búsqueda de un acuerdo. Él propio secretario de Estado dijo, tras una serie de conversaciones, que creía que había un espacio para llegar a un “consenso”. El consenso se produjo, respecto de los aportes anónimos, en torno a un cambio de nombre y una disminución de los montos en cuestión. La comisión mixta acordó, por unanimidad, rebautizar estas donaciones como “aportes menores sin publicidad”, concepto que, dicen en el oficialismo, fue propuesto por Eyzaguirre. El argumento detrás de permitir esto fue que la identidad del aportante será conocida por el Servel y el candidato, pero no será pública, para evitar posibles represalias laborales o de otro tipo. Luego de las críticas de varios diputados, que consideraban, además, muy altos los montos permitidos bajo esta modalidad -hasta UF 60 ($1 millón 500 mil) por cada aportante para candidatos presidenciales-, se resolvió disminuir en un tercio todos los valores de la escala, que terminaba con un límite de UF 15 para postulantes a concejal. Así, el tope de aporte a un presidenciable será de UF40 (poco más de $1 millón) por persona. Estas contribuciones podrán constituir el 20% del gasto electoral permitido para un candidato, lo que en la práctica significa, en caso de un aspirante a la presidencia, aproximadamente hasta $1.000 millones. La fórmula, sin embargo, es vista con desconfianza por algunos sectores. “Por esta vía, hay quienes podrán distribuir un gran aporte en muchos pequeños aportes”, dijo el presidente del MAS, Alejandro Navarro. El diputado Leonardo Soto (PS) admitió que “la norma tiene algún grado de espacio a la vulneración, pero alguien que quiera hacer eso (repartir dinero a través de distintas personas) optará por entregar el dinero en un maletín”. En todo caso, el legislador se mostró conforme con la disminución de los montos permitidos. El proyecto debe ser revisado por última vez hoy en ambas cámaras, en un trámite expedito que implica validar el informe con lo acordado en la comisión mixta. Luego, debe ser revisado por el Tribunal Constitucional -pues se trata de una Ley Orgánica Constitucional-, y finalmente promulgado por la Presidenta. Dos semanas después, los partidos comenzarán a recibir financiamiento público. Un 20% de ese aporte estatal se distribuirá de manera lineal a todos los partidos, y el 80% restante de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección de diputados. www.latercera.com
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