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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/323318-espionaje-sofofa-documento-senala-que-aros-decia-ser-agente-encubierto-de-la-policia/?hl=%2Bsofofa&do=findComment&comment=22773217 Fiscal de caso espionaje en Sofofa pide antecedentes a Carabineros por sumario Persecutor indaga sanción contra dos ex funcionarios por mal uso de material interno. Hija del principal acusado habría declarado que su padre le pidió que hiciera consultas en Registro Civil aprovechando su calidad de uniformada. A través de un oficio, hoy el fiscal Roberto Contreras, quien investiga el caso de supuesto espionaje en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), requirió antecedentes al teniente de Asuntos Internos de Carabineros, Jorge Blanch Miller, para que remitiera información sobre la sanción que determinó Carabineros en contra de dos ex funcionarios uniformados por mal uso de material interno. Se trata de Angélica Aros González y Carlos Albornoz Díaz, la hija y el yerno del principal sospechoso en el caso, Rubén Aros Oñate. Este último es el dueño de la empresa Profacis, quien -según la PDI- instaló los micrófonos que fueron encontrados por él en las oficinas de la presidencia del gremio. Tras la supuesta detección de estos aparatos, la entidad denunció la “captación o interceptación de comunicaciones privadas”. Fuentes del caso indicaron que Angélica Aros declaró que su padre (Rubén Aros) le pidió que hiciera consultas en el sistema del Registro Civil aprovechando su calidad de uniformada para ayudarlo y reconoció que le entregó la información requerida. Recalcó que nunca pensó que mal utilizaría los antecedentes ni que los usaría a favor de su empresa. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscal-caso-espionaje-sofofa-pide-antecedentes-carabineros-sumario/
  2. 14 Noviembre 2016 Fiscalía analiza antecedentes para decidir si sigue indagando el caso Persecutor regional, Alberto Ayala, dijo que esta evaluación podría demorar 30 días. La última diligencia concreta, desarrollada en el caso de la desaparición del guía turístico Kurt Martinson García, la realizó hace seis meses Carabineros. Fue cuando una llamada telefónica alertó sobre la posible presencia del joven en un servicentro del sector industrial de La Negra, a seis kilómetros de la salida sur de Antofagasta. “Nos constituimos de inmediato y rescatamos las fotografías de los videos de la bencinera del lugar e hicimos, con el Labocar, algunas diligencias para verificar si la cara, que se veía borrosa, podía corresponder a él. Usamos a otra persona como modelo para comparar altura y fisonomía, y les mostramos a los familiares las fotografías, pero definitivamente se descartó”, asegura el general Víctor Acosta, jefe de la II Zona de Carabineros de Antofagasta. El oficial también confirma que, por la denuncia de posible desgracia, entre las tareas que aún cumplen está mantener vigentes los carteles de búsqueda en San Pedro y otras localidades cercanas. Semanas antes de esta llamada, otra había activado operativos, pero internacionales. “Recibimos una llamada que advertía que lo habían visto en Bolivia, por lo que pedimos a nuestro agregado policial solicitar a la policía boliviana diligencias”, explicó Acosta. La acción tampoco arrojó novedades para determinar el paradero del guía turístico santiaguino, desaparecido la calurosa tarde del 24 de noviembre de 2014 desde San Pedro de Atacama, ubicado a tres horas y media de Antofagasta. Es en esta ciudad donde el fiscal regional Alberto Ayala confirma a La Tercera que por ahora no hay más diligencias decretadas y que se está a la espera del envío a Antofagasta, desde la Fiscalía de Calama, de las 11 carpetas investigativas de la causa. “Es casi un metro y medio de documentos (…), esperamos que lleguen la próxima semana y calculamos que nos vamos a demorar, a lo menos, unos 30 días en analizarlos”, dice. Ayala indica que se efectuará “un estudio de la causa nuevamente, a objeto de determinar si procedemos al cierre de la carpeta investigativa o se decretan algunas diligencias que nos puedan haber faltado”. Añade que “el cierre de las carpetas investigativas lo único que implica es eso. En el evento de que así sea, se aplica una decisión de no perseverar. Tomar esa decisión en la investigación significa que se estima que se han analizado todos los antecedentes y no se ha podido determinar que la desaparición de Kurt obedezca a la acción de terceros ni se ha logrado encontrarlo (…). Lo que se hace es una especie de archivo que se denomina jurídicamente decisión de no perseverar. Lo que no significa que si reunimos otros antecedentes podamos seguir investigando”. Solicitudes Respecto de las solicitudes del abogado de la familia, Vinko Fodich, de que ellos “aún esperan respuesta a la reconstitución de escena” (ver recuadro), el fiscal regional Ayala es claro: “Los intervinientes tienen derecho a pedir todas aquellas diligencias que estimen útiles y pertinentes, y el fiscal tiene el derecho a resolver y decretar aquellas diligencias que parecen conducentes. No necesariamente vamos a estar en este caso, o en otro, de acuerdo con todas las diligencias que nos puedan pedir”. Agrega que “yo no les voy a estar enseñando a los querellantes, porque no es necesario, cuáles son las alternativas legales, pero quiero, eso sí, dejar en claro que estamos absolutamente abiertos a escuchar a todas las partes, porque entendemos el dolor y la tragedia que afecta a la familia”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-analiza-antecedentes-decidir-sigue-indagando-caso/
  3. 03 Noviembre 2016 Declara imputado por femicidio en Argentina: nuevos y terribles antecedentes a la investigación Uno de los imputados de la causa, quien se declara inocente de la muerte de Lucía Pérez, violada y asesinada a los 16 años, indicó que llegó a la casa cuando ella ya estaba inconsciente. A un mes del escalofriante caso que remeció a Latinoamérica surgieron nuevos antecedentes. Uno de los imputados de la causa, quien se declara inocente de la muerte de Lucía Pérez, violada y asesinada a los 16 años, indicó que llegó a la casa cuando ella ya estaba inconsciente. Se trata de Juan Carlos Offdani, quien declaró ante la fiscal del caso. El joven contó que Matias Farías, de 23 años y uno de los primeros acusados, le pidió que fuera a la casa. Y así lo hizo Offdani, quien llegó acompañado de Alejandro Maciel de 61 años, quien está imputado por encubrimiento, publica el diario La Capital de Mar del Plata. Al ver que la joven argentina estaba inconsciente, el hombre relató: “Le dije a Farías que le mojara la cabeza a ver si así reaccionaba. Los dos estaban vestidos cuando llegué. No se lavó el cuerpo”. En la oportunidad, Offdani negó haber violado a Lucía y dijo que cuando llegó a la casa, Farías le explicó que la joven se había desmayado por una sobredosis de droga. “Yo no estaba cuando ocurrió todo. Solo llegué para ayudar”, expresó. Su versión contrasta con la de la investigación la cual indica que los hombres lavaron el cuerpo de Lucía, luego de ser violada. Posteriormente los tres la vistieron, la subieron a una camioneta y la llevaron a un hospital del barrio Playa Serena, ubicado en Mar del Plata, recorrido que demoró 20 minutos. Después huyeron. La autopsia del cuerpo de Lucía Pérez reveló que fue drogada, violada y empalada. Su muerte ocurrió luego de ser abusada en reiteradas ocasiones. El dolor que sufrió le provocó un paro cardiorrespiratorio y luego la muerte. Fuente: http://www.eldinamo.cl/mundo/2016/11/03/investigacion-femicidio-lucia-perez-argentina/ Historia del caso, aca: http://foros.fotech.cl/topic/299439-argentina-el-aberrante-caso-del-empalamiento-de-una-nina-de-16-anos-que-indigna-a-argentinaprotestaran-en-santiago-por-la-joven-que-fue-violada-y-empalada-hasta-la-muerte-en-argentina/page-2?hl=%2Bargentina&do=findComment&comment=21466821
  4. 14 Septiembre 2016 Caso Caravana de la Muerte: nuevos antecedentes podrían involucrar a Cheyre El ministro Mario Carroza recibió copia de libro entregado al Museo de la Memoria que contiene nombres de detenidos y que la PDI investigará. Por otra parte el delegado de la ONU negó participación de Cheyre en proceso de paz en Colombia. Nuevos antecedentes aparecieron en el marco de la investigación del caso Caravana de la Muerte, específicamente en episodio de La Serena, por el que fue procesado recientemente el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como cómplice del homicidio de 15 personas. La decisión del ministro en visita surgió producto de la aparición de un libro de la cárcel de La Serena, que fue entregado hace dos meses al Museo de la Memoria. Carroza recibió una copia del documento, razón por la que ordenó a la PDI investigar los nombres que aparecen en el libro e interrogarlos para incluir la información en el caso. El "Libro de Novedades de la Guardia" consta de 361 páginas y en él aparece una serie de detenidos de la época, que eran llevados y traídos por los soldados del regimiento Arica de La Serena, en donde Cheyre era el segundo al mando, según consigna AhoraNoticias.cl. "Le hemos pedido a la gente de Investigaciones, que es la que nos está apoyando, que hagan un análisis y puedan ver si aquellas personas que puedan estar o que salen en los libros pudiesen estar ubicables", sostuvo el ministro Carroza. Además señaló que "por lo tanto, de esa manera vamos a ir interrogando y ver si nos puede servir para la investigación. En razón de eso yo había cerrado el sumario y me dice la gente de Investigaciones que el viernes me van a entregar los antecedentes y de acuerdo a eso lo reabriré", sostuvo el magistrado. Cabe mencionar que el ex general actualmente está siendo cuestionado por el permiso judicial otorgado para asistir como observador al proceso de paz en Colombia, que pondrá fin a los conflictos entre el Gobierno y la FARC. A esto el delegado de las Naciones Unidas en dicho proceso, Jean Arnault, declaró que Cheyre no será designado como observador en ese país. "Tiene antecedentes penales y es una regla absoluta que cualquier personas civil o militar que tenga antecedentes penales no pueda llegar a ser observador, este señor no tiene posibilidad de llegar a Colombia como observador”, explicó Arnault a la radio colombiana Blu. Además explicó que " solo existen en esta misión dos generales, uno de ellos el general Pérez Aquino, jefe de la misión; no hay posibilidad de que llegue a la misión otro general de otra nacionalidad". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/14/caso-caravana-de-la-muerte-nuevos-antecedentes-podrian-involucrar-a-cheyre/
  5. 06 Octubre 2016 Agrupación Londres 38 entrega antecedentes de altos oficiales prófugos de la justicia La iniciativa cuenta con pruebas, datos y fotografías de los ex agentes de las Fuerzas Armadas que violaron los derechos humanos durante la dictadura. Actualmente los condenados cuentan con redes de protección. Este jueves, la agrupación Londres 38 bajo el lema “Toda la Verdad Toda la Justicia” entrega antecedentes de altos oficiales de las Fuerzas Armadas que se encuentran prófugos tras haber sido procesados por tortura y desapariciones en el período de dictadura. “Criminales de lesa humanidad debiesen ser capturados ante su alta peligrosidad para la sociedad”, expresa Erika Hennigs, presidenta del organismo ex centro de represión y exterminio que ahora funciona como espacio de memorias nacionales. Lee también: Aprueban proyecto que solicita no exhibir imágenes de Pinochet en organismos públicos En la instancia se presentan pruebas, datos y fotografías de los ex agentes que se libraron de cumplir condena y que cuentan con redes de protección o que “incluso trabajan en organismos públicos“, indica Londres 38. Según la agrupación, la impunidad de los delitos ocurre porque “los criminales de derechos humanos son notificados y se fugan antes de que sean apresados. El Poder Juficial y policías deben tomar medidas”. Entre los prófugos que exhibe la iniciativa se encuentran Andrés Flores Sabella, Ricardo Lawrence Mires y José Avelino Yévenes, quien recientemente fue denunciado por funcionarios del Hospital de Carabineros donde se desempeñaba como auxiliar de seguridad desde 2003. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/agrupacion-londres-38-entrega-antecedentes-altos-oficiales-profugos-la-justicia/
  6. 10 de septiembre del 2016 / 23:21 Hrs Transantiago: la mayoría de evasores más multados tiene antecedentes penales Son 33 personas que acumulan 217 multas por no pagar el pasaje y eluden ir a los juzgados. De ellas, 19 tienen condenas por delitos, según registro hecho por Carabineros. Transportes reforzó fiscalizaciones en los buses. En enero de 2008, José B. C. (28) fue detenido por haber asesinado a un ciudadano peruano tras golpearlo con una piedra en la cabeza en un sitio eriazo de Peñalolén. También registra antecedentes por daños y lesiones menos graves. Además de estos ilícitos, ha infringido otra norma: no pagar el pasaje en los buses del Transantiago, convirtiéndose en el mayor evasor del sistema, con 13 partes por este motivo. Según la Subsecretaría del Interior, Carabineros ha podido aprehender a algunas de estas personas durante los controles realizados en los vehículos del transporte público y, así, elaboró una lista de quienes acumulan más multas por no pagar el pasaje, entre enero de 2015 y julio de este año. De acuerdo el informe al que accedió La Tercera, se trata de 33 personas, que en total acumulan 217 infracciones, y que, en promedio, cuentan con más de seis partes no pagados cada una. De ese total, 19 presentan antecedentes penales, la mayoría con penas de reclusión. Encabezan esta lista Mario R.M., condenado por infracción a la Ley de Armas a 541 días de presidio. Le sigue Freddy M.P., imputado por homicidio frustrado y con una pena de 541 días. Para detectar el no pago del pasaje, la policía uniformada ha desplegado un plan de fiscalización, pues el fenómeno de la evasión ha crecido a un 30% en el sistema, la mayor desde que existe el Transantiago. Esto quiere decir que tres de cada diez pasajeros no cumplen con este deber, situación que llevó a que las pérdidas para las empresas llegaran a $ 51 mil millones durante este año. A raíz de estas revisiones, se ha identificado a más personas con órdenes de detención pendientes. De acuerdo a las cifras de Carabineros, entre enero y agosto de este año se aprehendió a 618 pasajeros por no validar su tarjeta Bip. De ellos, 349 (56,5% del total) mantenían una orden de arresto, lo que representa un alza del 63% en comparación con igual período de 2015, cuando la policía detuvo a 379 personas, 99 de ellas (26,1%) con petición de captura. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, afirmó que junto con la cartera de Transportes y la policía uniformada, siguen coordinando acciones de fiscalización para enfrentar la evasión: “Se han realizado planes piloto y controles en los cuales Carabineros ha sistematizado la información de los infractores”, dijo. Agregó que “lo importante es que quienes evadan, más allá de su condición socioeconómica, ubicación o historia delictual, serán sancionados”. Plan El Ministerio de Transportes ha reforzado este año la cantidad de controles a través del Departamento de Fiscalización. Alrededor de 200 inspectores se suben a los vehículos públicos junto a la policía para chequear si las personas han pagado. Paula Flores, jefa de esa repartición, aseguró que esta labor se realiza en diferentes horarios y se abarca a todas las empresas. Para ello, se les solicita la tarjeta Bip a los pasajeros para visualizar si la han validado. “Esto se realiza con un equipo, denominado Tyron, que detecta cuándo la persona realizó la última transacción”, dijo. En el caso de que la persona sea infractora, se le pide que descienda del bus y luego es multada, con un rango de 0,5 a 1,5 Unidades Tributarias (entre $ 22 mil y $ 68 mil). Esta medida es decretada por un juzgado de policía local. En total, este año la autoridad ha realizado 923 mil controles a pasajeros y ha cursado 41 mil infracciones. En tanto, en 2015 se efectuaron 1.815.000 controles, en los cuales se detectaron 97.800 infracciones. El subsecretario Aleuy agregó que “los resultados de los procesos de fiscalización indican que la distribución geográfica de quienes no pagan es heterogénea y hay focos tanto en el sector oriente como en el norte y el sur, y no dice relación con estratos socioeconómicos. No nos debe sorprender que quienes tienen una mayor cantidad de sanciones por evasión también tengan un compromiso delictual”. El último reporte de Alto Evasión, firma que realiza seguimiento a estos casos, indica que el 58,4% de quienes no cumplen son hombres de entre 20 y 29 años, los que no pagan con su Bip en los horarios punta de la mañana y de la tarde, cuando se presenta la mayor afluencia de viajeros. En tanto, las paradas donde más se elude pagar están ubicadas en Las Condes y Ñuñoa. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-696202-9-transantiago-la-mayoria-de-evasores-mas-multados-tiene-antecedentes-penales.shtml
  7. 10 Septiembre 2016 Caso Matute: Ex detective entrega antecedentes sobre “pista gay” Se trata de un hoy ex miembro de la PDI, quien desde siempre sostuvo que un grupo de homosexuales -presentes en la discoteca La Cucaracha la madrugada del 20 de noviembre de 1999- sería la clave para aclarar el caso. Un ex detective de la PDI que participó al comienzo de la investigación por la desaparición de Jorge Matute Johns, en su cuarta declaración, entregó nuevos antecedentes sobre la llamada “pista gay” a la ministra a cargo de esclarecer el emblemático caso, Carola Rivas. Se trata de un hoy ex miembro de la PDI, quien desde siempre sostuvo que un grupo de homosexuales -presentes en la discoteca La Cucaracha la madrugada del 20 de noviembre de 1999- sería la clave para aclarar el caso, según informa radio Bío Bío. La magistrada seguiría esta arista, tras descartar la participación de los dueños y trabajadores del local nocturno, así como policías y un grupo de jóvenes sindicados por la PDI como responsables del crimen de Coke. La investigación apuntaría a que el grupo de gays habrían suministrado al universitario el pentobarbital que le causó la muerte. Tras el interrogatorio, la magistrada se reunió con la madre y hermano de Coke, quienes reiteraron el llamado a los que tengan información sobre lo ocurrido al joven hace ya 17 años. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/09/10/caso-matute-ex-detective-entrega-antecedentes-sobre-pista-gay/
  8. Conadi acreditó como indígenas a 15 mil chilenos sin ascendencia de pueblos originarios Entre 1994 y 2016, el organismo otorgó ese reconocimiento a personas que no tienen vínculo sanguíneo con alguna etnia. Según la Ley 19.253, son tres las variables para poder obtener la calidad de indígena y ser reconocido como tal por el Estado. De acuerdo a esta legislación, se considerará de esta manera a las personas de nacionalidad chilena que sean hijos de padre o madre indígena; los descendientes de las etnias que habitan el territorio nacional, siempre que posean a lo menos un apellido indígena; y quienes mantengan rasgos culturales de alguna etnia o bien se autodefinan como tales. También podrán optar a esta categoría quienes mantengan un vínculo matrimonial con alguien de origen indígena. En el caso de que una persona lo acredite, independiente de las tres variaciones que otorgan esta facultad, el postulante podrá acceder a beneficios de entrega o subsidio de tierras que otorga la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Según cifras del organismo, desde 1994 -fecha en que comenzó a regir la ley que creó a la Conadi- a abril de 2016, la corporación ha entregado 15.407 de estos reconocimientos a personas que no tienen ascendencia de pueblos originarios. Este grupo corresponde a quienes han adquirido esta calidad, mediante el artículo 2c, lo que representa un 2,2% de los reconocimientos otorgados (ver infografía). Esta norma consigna que se identificará como indígenas a quienes “mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales la práctica de formas de vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual o cuyo cónyuge sea indígena. En estos casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas”. Entre los requisitos está una declaración jurada ante notario de su autoidentificación, y que una autoridad validada de la comunidad envíe una carta señalando que vive en ese lugar. En entrevista con La Tercera, realizada el viernes 15 de abril, el director de la Conadi, Alberto Pizarro, sostuvo sobre este punto que “tenemos equipos especializados en la institución que trabajan dando las certificaciones respectivas a quienes lo solicitan (...) Hay personas especializadas que, en atención a la solicitud, ven la pertinencia o no de poder otorgar esas certificaciones. Y en eso hemos sido bastante rigurosos”. La Tercera contactó a la Conadi el miércoles 20 de abril para saber cuántas personas se acreditaron como mapuches invocando el artículo 2c, y qué beneficios recibieron por parte de la Corporación; sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta. Al respecto, el director de la Fundación Aitué, Carlos Llancaqueo, fue crítico sobre esta facultad. “Los estándares actuales no son suficientes y pueden prestarse para irregularidades. Hay personas que se aprovechan de esta condición o de este procedimiento con un objetivo no de carácter cultural, sino que de lucro: acceder a beneficios que reciben los indígenas en desmedro de los propios indígenas que, con más derechos que ellos, podrían a obtener”. Desde 1994 a la fecha, la entrega de estas acreditaciones ha ido en ascenso: en 1995 hubo 26 entregas de identificación bajo el artículo 2c y en 2015 se registraron 1.945. Para el senador de La Araucanía, Alberto Espina (RN), se requiere una precisión mayor para la entrega de estas acreditaciones. “Esa norma es muy ambigua y en la práctica se puede presentar para un mal uso. Los miembros de pueblos indígenas reciben beneficios del Estado, por ende, sería importante precisar, con un grado de objetividad, una diferenciación de estos beneficios”. El senador PPD por la IX Región, Eugenio Tuma, sostuvo que “pueden haber aprovechamamientos, porque la ventaja de ser indígena permite privilegios. Hay que revisar en qué condiciones se están entregando y subsidiando estas tierras”. La cantidad de la población indigena en Chile ha ido al alza. Según la Casen 2006, había 1.060.786 de personas pertenecientes a alguna etnia, y en la última encuesta de 2013, este número subió a 1.565.915. Además, el mismo estudio reveló que del total, un 84, 4% corresponden a la etnia mapuche, seguidos por aimaras y diaguitas (ver infografía). Entrega de tierras Desde la creación de la Conadi se han destinado $ 314.422.447.707 para el financiamiento de la restitución de tierras que están en conflicto, según el artículo 20b de la Ley Indígena. Este dinero ha beneficiado a 562 comunidades y, para acceder a esta repartición, se debe acreditar el dominio de sus antepasados sobre esas tierras a través de títulos de merced, que corresponden a documentos de antigua data que acreditan si el postulante tuvo algún antepasado con posición sobre un terreno. En tanto, para el artículo 20 a -que regula los subsidios para la compra de predios o una parte de estos, cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con aprobación de la corporación- se han entregado $ 77.861.200.432. Para Carlos Llancaqueo, debe haber una modificación en la política de entrega de tierras, en especial en lo que respecta a lo subsidios. “Las comunidades que reclaman más, que se toman tierras, obtienen primero estos predios, en desmedro de las que llevan esperando pacíficamente durante muchos años. Resulta que hay comunidades que llevan 10 o 15 años esperando ser beneficiadas, y llega una que recién entró a la lista, se los salta porque tiene más influencia política, o porque reclama más. Eso no puede ser”. www.latercera.com
  9. Francia protegerá a quienes filtren antecedentes sobre corrupción… ¿y en Chile? El gobierno galo, en primer lugar, “protegerá el anonimato” de quienes realicen estas denuncias, y además aseguraron que el estado asumirá los gastos judiciales que asumirán esas personas. Mundo30 de marzo, 2016 Autor: El Dínamo Chile… país en el último rincón del mundo, ahora suma un complejo antecedente, después de que se revelara una indicación que sanciona la filtración de información de investigaciones judiciales. Si esta ley hubiese existido antes, la posibilidad de que los casos Penta o SQM hubiesen quedado en la impunidad sería muchísimo más alta. Sólo con la aparición de esos casos, que afectan transversalmente a los políticos de nuestro país, a los legisladores –de mano del gobierno– se les ocurrió proponer tal aberración. Sorprende que esto no ocurriera cuando, por poner sólo un ejemplo entre muchos, en los albores del caso Comisión Nacional de Acreditación, cuando diversos medios de comunicación publicaron el contenido de los correos del ex jefe de la entidad, Luis Eugenio Díaz, los que acreditarían parte de los delitos de soborno. Así las cosas, este tipo de “ideas creativas” se alejan de iniciativas como las que ocurren en Francia. El ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, indicó que el gobierno de su país creará un estatuto particular para proteger jurídica y financieramente a las personas que filtran informaciones que permiten descubrir prácticas de corrupción. En primer lugar, se intentará proteger el anonimato de la fuente, y asimismo, el Estado asumirá los gastos judiciales que tengan que asumir las personas que filtren esas informaciones por los procesos que puedan abrir contra ellas. Este proyecto de ley se enmarca en una nueva agencia de lucha contra la corrupción que pretende ser “potente, independiente”, según Sapin, y que tendrá entre sus misiones dar directrices de comportamiento a las empresas. Fuente: http://www.eldinamo.cl/mundo/2016/03/30/francia-protegera-a-quienes-filtren-antecedentes-sobre-corrupcion/
  10. Se revelan nuevos antecedentes: militares metieron mano en asesinato de Frei Pasaron muchos años desde 1982 hasta hoy. Al principio fueron sospechas, información difusa que poco a poco se fue transformando en una cruda realidad. La dictadura a través de la DINE tuvo directa participación en el magnicidio del exmandatario. Eso no es todo, ese comando que permanecía en las sombras, también asesinó a Tucapel Jiménez y a otros opositores e incluso a sus mismos agentes. No solo eso. El mismo Berríos estuvo en la pieza de Frei. Se trató de personajes de elite, cercanos a Pinochet y a quienes este ordenó proteger o derechamente eliminar, cuando ya se transformaron en peligrosos, como el químico Eugenio Berríos. Desde su edecán, el hoy suicidado general Hernán Ramírez Rurange o como el otrora capitán ® Arturo Silva, hoy fugado para no cumplir la pena a 20 años por ser el autor material del asesinato de Berríos. Un secreto, no tan secreto Cuando Eduardo Frei Montalva optó por operarse una hernia, la familia presionó para que lo hiciera en el exterior, tenían temores que se repitiera otro atentado en su contra, como cuando se instaló una bomba en su casa. Sin embargo el exmandatario optó por hacerlo en Chile. Concedió que la operación, fecha y demás antecedentes se mantuvieran en secreto, así aminoraba los riesgos. Solo lo sabrían la familia, los médicos y su chofer. Lo que ni Frei ni su entorno conocían y que hoy se encuentra fehacientemente comprobado, es que el chofer de años, Luis Becerra, era un agente informante encubierto que traspasaba de manera diaria la información de los movimientos del expresidente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Está acreditado en el proceso que Becerra prestó servicios a ese organismo y su traición permitió a la dictadura preparar el asesinato con antelación, en cada detalle y sobre seguro. Se contactaron los médicos, que eran los mismos de la clínica London de la DINA-CNI y trabajaban en la clínica Santa María e incluso en el hospital Militar. Se armó una puesta en escena con enfermeras falsas que envenenaron a Frei, funcionarios encubiertos que llegaron hasta la misma pieza donde estaba postrado el expresidente. Lo envenenaron a través de sus vendas, lo hicieron impregnando toxinas mortales. Luego de asesinarlo, médicos de la UC le practicaron en secreto una autopsia sin conocimiento ni autorización de la familia. Se apropiaron de vísceras y las ocultaron hasta hoy en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Solo han caído algunos Desde antes de que Frei se internara en la Clínica Santa María, el comando operativo que preparó su eliminación estaba enterado de todos sus movimientos. Un grupo de siete militares en retiro se infiltró en el establecimiento hospitalario para cumplir funciones administrativas como guardias o mayordomos. El director de la época, doctor Enrique Duval, se opuso inútilmente a esta medida. Los infiltrados quedaron bajo las órdenes de la entonces gerenta administrativa del establecimiento, Ana María Benavente, cuñada del general Julio Canessa, el mismo que Pinochet escogió en 1982, luego del asesinato de Frei, como vicecomandante en jefe del Ejército. Entre los agentes infiltrados estaban el sargento ® José Miguel Ogalde, quien quedó a cargo de la bodega del establecimiento y el suboficial mayor ® de Ejército, José Espinoza. Fue él quien le preparó la habitación (401) que se le destinó a Frei cuando llegó a operarse a la clínica el 18 de noviembre de 1981 y en la que permaneció hasta el 7 de diciembre, después de haber reingresado. Fue Espinoza quien lo trasladó a la sala de rayos el 6 de diciembre, cuando tuvo el shock séptico provocado por la rotura de una sonda. La hija de este agente, Rosa, trabajaba en el Hospital Militar, en el Departamento Diagnóstico por Imágenes, bajo las órdenes directas de Silva Garín. Su otra hija, Sonia, pasó de cabo del Cuadro Permanente del Ejército al Escalafón de Oficiales, llegando a capitán en la especialidad de inteligencia. Toda su carrera la hizo en esas tareas, principalmente en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y como ayudante del subdirector Gustavo Rivera Toro, hasta 1992. Hoy son seis los procesados, algunos como autores ejecutores en la causa rol Nº 7.981-B, otros como cómplices, pero sin duda faltan en la lista quienes planificaron, quienes dieron las órdenes, quienes encubrieron y han hecho posible un manto de impunidad en este y otros crímenes. No hay que perder de vista que se trataba de un comando amparado en el máximo secreto y al servicio casi exclusivo de eliminación de personajes de la vida nacional, como un expresidente de la República, un ex Conservador de Bienes Raí- ces, al líder sindical de la ANEF y a otros personeros de la vida nacional. Berríos personalmente supervisó Un antecedente relevante y que Cambio21 está en condiciones de anticipar, es el que da cuenta que el químico de la DINA y la CNI, Eugenio Berríos estuvo en la Clínica Santa María e incluso en la pieza en que estaba postrado el Eduardo Frei Ruiz Tagle durante su hospitalización. Supervisaba el envenenamiento con las toxinas que él mismo elaboró, por orden del DINE. No fue el único, agentes encubiertas de seguridad disfrazadas de enfermeras y agentes caracterizados de funcionarios de la clínica ingresaron hasta el mismo lecho de Frei. Cuando la familia fue advertida de manera anónima y poco clara de que algo ocurría, se dispuso sistemas de vigilancia. Era tarde, ya el crimen se había perpetrado. Desde meses antes se había fraguado el Magnicidio. Incluso se puso en práctica el envenenamiento de toxinas con algunos prisioneros del Mir que estaban recluidos en la Cárcel Pública. Solo que estos no consumieron el alimento mezclado con toxinas, pues habían cedido su “rancho” a otros internos por causas penales comunes. Estos murieron, el veneno servía y no había pasado lo mismo que en el caso Letelier, en que el gas sarín casi mata al mismo Michael Townley cuando lo probaba en unos peruanos en Simón Bolívar 8800. Frei fue inoculado (inyecciones) y contaminado en sus heridas abiertas (las vendas criminales) con la misma toxina botulínica producida por la bacteria Clostridiumbotulinum. Por su parte el médico Patricio Silva Garín, quien fue subsecretario de Frei Montalva -y que participó además en las muertes de José Tohá y el general Augusto Lutz-, tuvo participación directa en el Magnicidio. Silva Garín fue integrante de la plana mayor del Hospital Militar. En 1966 participó en dos cursos en la Escuela de las Américas de Panamá, centro de entrenamiento de represores de Latinoamérica. Silva Garín es quien decidió que Frei Montalva debía ingresar a la Clínica Santa María y efectuó la segunda operación y que significó el agravamiento de su estado ya delicado por el cuadro febril causado por la infección a que había sido expuesto y que terminó con su vida. Silva Garín fue quien recomendó a al médico Rodrigo Vélez Fuenzalida, quien pertenecía a la CNI y provenía de la DINA a la que ingresó en 1976, continuando su “carrera” en la CNI hasta 1982 y en el propio Ejército hasta 2004. Vélez participa en la operación que el 6 de diciembre de 1981 que marca un antes y un después en la vida de Eduardo Frei Montalva y hasta hoy sigue impune, caminando quizás a su lado y sin que nadie lo note. www.cambio21.cl
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