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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/343018-tedeum-catolico-reemplazante-de-ezzati-en-te-deum-valoro-decision-del-cardenal-ha-optado-su-sacrificio-por-la-unidad-nacional/?hl=%2Btedeum&do=findComment&comment=23927815 17 Septiembre 2018 Víctimas de abusos de la Iglesia Católica anunciaron manifestaciones en el Te Deum Laicos de Osorno pidieron a los obispos investigados que no presidan las ceremonias en sus diócesis. "Queremos que el Estado deje de ser cómplice", indicó Jaime Concha. El Te Deum no será presidido por Ricardo Ezzati tras restarse de la celebración A un día de realizarse el tradicional Te Deum Ecuménico de la Iglesia Católica, las víctimas de abusos sexuales acusaron que no fueron invitadas a la ceremonia y anunciaron manifestaciones en las afueras de la Catedral de Santiago. A través de una declaración pública, la Red Nacional de Laicos de Chile manifestó su malestar ante los escándalos de la Iglesia, previo a la celebración, además de solicitar que los obispos que están siendo investigados no presidan las celebraciones ecuménicas de sus respectivas diócesis. Ante esto, señalaron que no descartan la realización de manifestaciones si los párrocos acusados de abusos presiden alguna ceremonia. "Estos obispos no han cambiando, siguen siendo exactamente los mismos. Creemos que ellos si pueden colaborar mientras tanto a mantener una paz dentro de las comunidades dando un paso al costado y es por eso que si aun así van a presidir el Te Deum nosotros apoyamos manifestaciones", expresó el vocero de la Organización de Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret. Por su parte, las víctimas de abusos por parte de curas de la Iglesia, indicaron que no fueron invitados al Te Deum. "Esperábamos a partir de la reunión que tuvimos como Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico en Chile con la ministra Cecilia Pérez (...) que una forma de hacer un acto de reparación era poder participar en el Te Deum", dijo Jaime Concha, víctima y ex alumno del Instituto Alonso de Ercilla. "Creemos que es necesario visibilizar estos crímenes y estaremos presente afuera de la Catedral, queremos que el Estado deje de ser cómplice, que siga avanzando la Fiscalía en la investigación de estos crímenes", agregó. Este Te Deum no será presidido por el Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien se restó de la celebración por presiones públicas y políticas al ser uno de los imputados por encubrimiento. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/victimas-de-abusos-de-la-iglesia-catolica-anunciaron-manifestaciones-en/2018-09-17/141420.html
  2. “Víctimas”: Primera serie chilena para Instagram prepara nueva temporada Con un supuesto abuso sexual sufrido por una escolar dentro de un ascensor empieza la producción que en abril de 2017 debutó como la primera historia realizada y emitida exclusivamente por la red social. A más de un año de eso, Violeta Marín y Felipe Morales, creadores de la innovadora ficción, anuncian que ya trabajan en un segundo ciclo. “Fue una apuesta inédita, con capítulos de sesenta segundos, que desató una respuesta impensada por parte de los seguidores. Y esta vez vamos por más”, comentan. Y si la primera entrega mostró el quiebre de una familia tras una acusación de abuso sexual, “esta vez la historia dará un paso más y girará en torno a secretos aún más oscuros” adelantan. Esta nueva temporada, que tendrá once episodios los que se grabarán en las próximas semanas, arrancará horas después de los hechos acontecidos y responderá las interrogantes planteadas en su desenlace. “Tenemos un guión atractivo, ágil, donde algunos personajes desaparecerán y otros se sumarán. Queremos que el público nuevamente se haga parte de la historia y comente los giros de la trama”, cuenta Felipe Morales, director y creador de la idea original. Mientras que Violeta Marín, coguionista y productora de la producción, agrega que “el público valoró el poder ver una serie en cosa de minutos, yendo al trabajo, a estudiar, a casa. La vida actual es rápida, y esta serie responde a la nueva era: un celular, una historia atrapante, el menor tiempo posible para disfrutarla”. Los primeros diez capítulos, que cuentan con las actuaciones de Nicole Monsalves, Patricio Le-Beuffe, Matías Valenzuela y Carolina Araya, suman a la fecha más de 245 mil reproducciones. “Víctimas” está disponible en su cuenta oficial @serievictimas, donde además de los episodios sus realizadores entregan adelantos de lo que viene.
  3. 05 Mayo 2018 El Fisco ha pagado $ 80 mil millones a víctimas de casos de DD.HH. Tras un proceso de recopilación de esta información, se registraron 939 causas. De ellas, 538 están terminadas. Cifra corresponde a la suma de las indemnizaciones que ha debido desembolsar el Estado. Cuando se ha registrado un caso de violación a los derechos humanos (DD. HH.), surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una indemnización a la parte lesionada. De esta forma, en el marco de causas que se han tramitado en Chile por hechos ocurridos durante el régimen militar, se han presentado en paralelo demandas civiles para que el Estado indemnice económicamente a las víctimas. Hasta ahora, no se conocía el número exacto de cuántas acciones legales de este tipo se habían presentado, ni cuánto dinero ha debido desembolsar el Estado por este concepto. Así, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, señaló a través de un oficio enviado en abril al prosecretario de la Cámara de Diputados que “este consejo ha iniciado un proceso de recuperación de información relativa a demandas indemnizatorias cuyo origen radica en actos ocurridos durante los años 1973 y 1990, proceso que nos ha permitido detectar 939 causas con descriptor asociado a este tipo de causas, iniciadas entre los años 1997 y 2017”. El documento detalla que “de este universo (939), 538 causas se encuentran terminadas, ya sea por sentencia definitiva, o bien equivalente jurisdiccional, quedando, en consecuencia, otros 401 asuntos en actual tramitación”. Asimismo, en el oficio se indica que “la cuantía de los 939 asuntos detectados corresponde a $ 1.449.982.936.100 (US$ 2.400 millones)”. Desde el CDE precisaron que ese dinero corresponde al monto total solicitado en las causas detectadas. En el documento se agrega que “el monto total que el Fisco ha pagado por sentencias ejecutoriadas corresponde a $ 73.220.552.830 y por transacción judicial a $ 6.678.000.000”. La suma de ambas cifras da un pago fiscal total de $ 79.898.552.830 (US$ 133 millones). Según explicaron desde el CDE, “los $ 79 mil millones tienen su origen en sentencias ejecutoriadas o bien en transacciones suscritas entre las partes. Si son sentencias, significa que el tribunal rechazó la demanda de indemnización de perjuicios o, acogiéndola, determinó un menor monto a indemnizar. Todo lo anterior es materia del juicio y de las pruebas que se acompañen al tribunal. Tratándose de una transacción, dependerá directamente de las negociaciones entre las partes”. Además, que “lo que corresponde pagar es lo que los tribunales condenan por sentencia firme o por transacción, lo que no necesariamente corresponde al monto demandado”. En cuánto a cómo se realizan estos pagos, desde el CDE dijeron que “en virtud de un decreto del Ministerio de Justicia, la Tesorería General de la República emite un cheque a nombre de cada uno de los demandantes que obtuvieron en el juicio o respecto de los cuales se llegó a una transacción”. Críticas Para el abogado de algunos de los internos del penal de Punta Peuco, Raúl Meza, “estas cifras dan cuenta de que el Estado se ha transformado en una caja pagadora de grandes sumas de dinero en las causas de derechos humanos, que está siendo financiada por todos los chilenos”. Agregó que “es de una incongruencia jurídica inaceptable que el mismo Estado que a través del Ministerio del Interior se transforma en querellante en las causas de DD.HH., asuma el rol de demandado y defensor en las causas civiles en contra del Fisco, alegando la prescripción de la responsabilidad civil para evitar los pagos de las indemnizaciones a las familias de las víctimas de causas”. Meza indicó, además, que los gobiernos deberían transparentar la forma en que abordan estas demandas. También dijo que “estos montos de indemnización judicial justifican plenamente el retiro que el gobierno de Sebastián Piñera hizo del proyecto de ley de reparación a las víctimas de torturas y prisión política”. En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, señaló que “el monto que aún no se paga, que puede sonar tan abultado, hay que traducirlo a la cantidad de personas que fueron asesinadas, hechas desaparecer y torturadas durante la dictadura. Ojalá nunca hubiese existido esto y que nunca hubiésemos tenido que recurrir a demandas civiles contra el Estado de Chile, porque eso significaría que no hubiese existido el terrorismo de Estado”. Añadió que “resulta lamentable que a veces el Consejo de Defensa del Estado, a nombre del Fisco, se siga oponiendo a algo que aún sigue siendo insuficiente para la magnitud y secuela del delito que ha tenido para los sobrevivientes, para los familiares y para el país en general el genocidio”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/fisco-ha-pagado-80-mil-millones-victimas-casos-dd-hh/154859/
  4. 18 Diciembre 2017 Estados Unidos: Accidente de tren deja “múltiples heridos y víctimas mortales” El servicio de esta línea fue modernizado recientemente para hacerlo más veloz, con mejoras en la vía y en los sistemas de señalización. Un tren de pasajeros se descarriló sobre una autopista cerca de la ciudad estadounidense de Tacoma (estado de Washington) con saldo de “múltiples heridos y víctimas mortales”, informó la oficina del aguacil del condado de Pierce. Fotografías publicadas en redes sociales muestran un vagón destrozado sobre el asfalto, uno guindando y otro fuera de la vía que pasaba por encima de la importante autopista I-5, que comunica la costa oeste de Estados Unidos de norte a sur. Amtrak, la red estatal interurbana de trenes de pasajeros, dijo en Twitter que estaba “al tanto del incidente”. El accidente tuvo lugar entre Tacoma y Olympia, la capital del estado de Washington. El servicio de esta línea fue modernizado recientemente para hacerlo más veloz, con mejoras en la vía y en los sistemas de señalización. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/estados-unidos-accidente-tren-deja-multiples-heridos-victimas-mortales/
  5. 06 Agosto 2017 Pumanque: víctimas de incendio quedan fuera de primer acuerdo con CGE Fiscal dijo que, por ahora, la firma indemnizará solo a afectados de Tuman Navia, Alto Población y El Carrizal. Según Conaf, este siniestro, ocurrido en enero pasado, es el más agresivo de los últimos 50 años. A través de un correo electrónico, la fiscal de Rancagua, Marcia Allendes, comunicó el 31 de mayo pasado quiénes serán las personas que CGE, la empresa a cargo del tendido eléctrico en la zona, está dispuesta a indemnizar por los incendios ocurridos en O’Higgins, a fines de enero. Este mail fue enviado seis días después de que la fiscalía anunciara que CGE haría una propuesta de reparar económicamente a las víctimas, y que Felipe Bulnes, representante de la firma, estaría a cargo de las tratativas, en una mesa que supervigilaría el Ministerio Público. La VI Región fue una de las zonas más afectadas del país, siendo el siniestro de Pumanque el más agresivo de los últimos 50 años. Según informó el 18 de enero pasado el director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Pablo Lobos, las llamas consumieron 20 mil hectáreas en 48 horas. Y el fuego dejó al menos 80 familias damnificadas, lo que equivale a cerca de 300 personas. El Ministerio Público calcula, hasta ahora, en $ 4 mil millones el daño material causado a aquellas familias. Sin embargo, de acuerdo al correo enviado por la fiscal ese día, las víctimas de Pumanque no están incluidas dentro del primer acuerdo que busca sellar CGE con los afectados de la zona, para que estos sean compensados por el daño ocasionado. Mediante esa comunicación, Allendes explicó a los abogados querellantes de los afectados de los incendios, que se sostuvo un encuentro con representantes de CGE en dependencias de la Fiscalía Regional de O´Higgins. “El objetivo de la reunión fue acordar ciertos puntos y criterios en torno a la instancia que será supervigilada por la fiscalía, que pretende buscar reparaciones a las víctimas, personas naturales, afectadas por aquellos incendios en que la empresa no discutirá, para estos efectos, una causa eléctrica, que son Tuman Navia (incendio ocurrido en la comuna de Navidad), Alto Población y El Carrizal”, decía el mail. En la misma comunicación, Allendes agregó que “como primer criterio se estableció elaborar (…) listados de las víctimas y pérdidas según la información con la que se cuenta en la carpeta. Estos listados serán comparados con lo que está realizando la empresa”. Como segundo criterio, Allendes señaló que “se establecerán parámetros objetivos para víctimas vulnerables, para que tengan prioridad en la reparación”. Así, la fiscalía informó que las reparaciones fueron condicionadas por CGE no solo a la vulnerabilidad de las víctimas, sino también al sector donde ocurrió el siniestro. Y señaló que a quienes la empresa está dispuesta a indemnizar, en primera instancia, serán solo las cerca de 280 familias víctimas de esos tres incendios. Esto, porque en esos casos CGE no rebatirá que el origen fue la causa eléctrica. Respecto de los afectados que el Ministerio Público dijo que serán compensados, el acuerdo aún no se sella porque la PDI está corroborando la existencia de los daños que han relatado las víctimas en sus declaraciones. “Llama la atención” “Como representantes de 80 familias de Pumanque, víctimas del incendio que destruyó más del 60% de esta comuna, nos llamó la atención la decisión de la CGE de dejar fuera a estos afectados, entre los que se cuentan personas realmente vulnerables y quienes, además de perderlo todo, no tienen posibilidades de reiniciar ningún tipo de actividad económica”. Así respondió el abogado Ricardo Freire a la decisión de CGE comunicada por la fiscalía, a fines de mayo. Agregó que “no nos parece coherente que por un lado se diga que se pretende reparar a los más desprotegidos y, por otro, se deje de lado a tan importante grupo de afectados por los incendios”. En tanto, el abogado que representa a familias afectadas del incendio de Navidad dijo que “es de nuestro interés que la compañía, habiendo ya reconocido que este sería un incendio de origen eléctrico, pueda reparar prontamente a las víctimas y de esa manera resarcir el daño causado”. Explicación de la fiscalía Consultado sobre esta situación, el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, explicó a La Tercera que “tenemos muchos incendios vinculados a lo que pasó en el verano y ellos (CGE) están trabajando parcialmente con algunos, pero nada obsta a que el día de mañana haya una conversación y se incorporen (víctimas de otros incendios). Hay algunos (siniestros) que la empresa ha dicho que por ahora no estarían incorporados. No es que nosotros no los hayamos incorporado. Respecto del incendio de Pumanque, CGE señaló que, al menos en una primera parte, no iban”. Moya añadió que “la fiscalía les señaló a los representantes de la empresa que los afectados de Pumanque son tan víctimas como las de los otros incendios, y si no hay una reparación por la vía de esta mesa (de trabajo), lo va a haber por el juicio oral y por las respectivas demandas civiles que han interpuesto. En ningún caso nosotros nos vamos a desligar de eso”. Cristián Muga, abogado que representa a los ejecutivos de CGE formalizados por el incendio forestal, dijo que “el compromiso de la compañía y de los imputados es y ha sido siempre con los afectados vulnerables. Seguiremos trabajando en esa misma línea con la fiscalía. Este compromiso no debe ser confundido bajo ninguna forma con asumir responsabilidad penal o civil. No es lo que se ha conversado. Lamentamos que algunas empresas o personas estén especulando económicamente con la evolución y resultado del trabajo emprendido con la fiscalía”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/pumanque-victimas-incendio-quedan-primer-acuerdo-cge/
  6. 02 Noviembre 2016 Diputados alemanes visitan Colonia Dignidad para escuchar a las víctimas El objetivo de la visita es recabar información para "proponer medidas conjuntas entre el gobierno de Chile y de Alemania para hacerse cargo del pasado de la excolonia", dijo la diputada germana Renate Künast. Una comitiva formada por siete diputados alemanes visitó hoy Villa Baviera, el enclave alemán conocido como Colonia Dignidad que dirigió el ex nazi Paul Schäfer, con el objetivo de recabar información para impulsar medidas de apoyo a las víctimas. La delegación de la Comisión de Derecho y Protección del Consumidor del Parlamento alemán estuvieron acompañados por familiares de detenidos desaparecidos de las ciudades de Talca, Linares y Parral. “Nos juntamos con víctimas que viven dentro y fuera de la colonia y conversamos con ellos. Ha sido impresionante”, dijo a Efe la diputada Renate Künast, presidenta de la comisión. El objetivo de la visita es recabar información para “proponer medidas conjuntas entre el gobierno de Chile y de Alemania para hacerse cargo del pasado de la ex colonia”, agregó. Entre 1961 y 2005, Colonia Dignidad fue el centro de operaciones de una secta liderada por el nazi Paul Schäfer que sometió a unas 300 personas con trabajos forzados, castigos y manipulación mental, además de cometer abusos sexuales y violaciones a menores. Tras el golpe de Estado de 1973, Schäfer ofreció las instalaciones a la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, y Colonia Dignidad acabó convirtiéndose en una pieza clave del aparato represor de la dictadura. Aunque no se tienen cifras exactas, se estima que la mitad de los 350 opositores a la dictadura que fueron llevados a ese lugar nunca salieron con vida. Un centenar de colonos siguen viviendo en Villa Baviera. Los pobladores reconvertieron un edificio en restaurante y hotel, y se realizan fiestas folclóricas alemanas a las que asisten turistas. La comitiva visitó algunas de las fosas comunes en las que se cree que se enterraron los opositores políticos a Pinochet que fueron asesinados en la colonia. “Se vivió un momento de mucha emoción. Los diputados estaban muy conmovidos”, señaló la coordinadora de los familiares de detenidos desaparecidos de la región del Maule, Myrna Troncoso. Las autoridades alemanas depositaron flores en la fosa, que permanece abierta desde 2005, y recibieron una lista de peticiones, entre las que destacan la reparación económica así como el alzamiento de un memorial que recuerde a todas las víctimas. Los parlamentarios solicitaron a la Embajada alemana en Santiago visitar el lugar después del revuelo producido tras el lanzamiento de la película “Colonia Dignidad”, que reveló la complicidad de los gobiernos de Chile y Alemania con los crímenes que sucedieron en el enclave germano. El pasado julio, el presidente de Alemania, Joachim Gauck, hizo en Chile un “mea culpa” por la actuación de los diplomáticos que durante años desoyeron las peticiones de ayuda de las víctimas del enclave alemán. Sin embargo, descartó la entrega de reparaciones económicas a las víctimas. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/diputados-alemanes-visitan-colonia-dignidad-escuchar-las-victimas/
  7. 19/09/2016 Comisión Valech: El secreto que no permite conocer qué pasó ¿Protección a las víctimas o a los criminales? El discurso de “verdad, justicia y reparación”, choca con la oposición de quienes alegan se debe respetar la intimidad de quienes sufrieron los flagelos. Lo cierto es que después de 50 años, la verdad se conocerá muy tarde, cuando ya no viva ninguno de los criminales para hacer justicia ni de las víctimas a quienes reparar. La reciente negativa de la Cámara de Diputados -por falta de quórum- para levantar la reserva que afecta por 50 años el acceso al informe, golpeó fuerte al mundo de las víctimas. Varios parlamentarios que se declaran comprometidos con el respeto a las garantías de la persona humana votaron en contra. Se busca proteger la honra e intimidad, justifican. Lorena Fríes, la flamante nueva subsecretaria de DDHH, pidió desde el INDH que se garantice el acceso a la información y se opuso al secreto que alimentaba la impunidad de represores. Hoy en sus manos está la solución. Existen expectativas de que el reciente nombramiento de la abogada Lorena Fríes, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, como la primera subsecretaria de DDHH en nuestro país, genere un compromiso efectivo para que, durante el actual gobierno, se elimine la cláusula de secreto de la Ley 19.992 que prohíbe dar a conocer los testimonios completos de las víctimas contenidos en el informe Valech I. En medio de la ceremonia interreligiosa que se realizó en La Moneda como homenaje a Salvador Allende a 43 años del derrocamiento de su gobierno y su muerte a causa del golpe de Estado, la Presidenta Michelle Bachelet le solicitó a la profesional que se haga cargo de la puesta en marcha de la nueva repartición. La abogada reconoció que es "un gran desafío. Me siento muy honrada por el nombramiento y la confianza que ha depositado en mí la Presidenta. Ahora me toca ir a sumergirme y empezar a trabajar (...) por lo tanto, en este período se trata de hacer el plan de trabajo de preparar todo para que quede instalada en el Estado de Chile una subsecretaría de Derechos Humanos", fueron sus primeras palabras. Magna tarea en que deberá acreditarse una doble consecuencia, la del gobierno que sostiene en las palabras de la Primera Mandataria que "hemos dado pasos sustantivos en materia de reconocimiento, verdad, justicia y reparación, y lo queremos seguir haciendo" y los propios dichos de la nueva autoridad, para quien "en Chile todavía hay causas pendientes, no se ha avanzado todo lo que quisiéramos en materia de verdad, justicia y reparación". Valech I, el secreto mejor guardado La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech (y conocida como "Comisión Valech"), fue creada "para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990", durante la dictadura cívico-militar. Esta emitió su informe el 28 de noviembre de 2004 y fue dado a conocer por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Fue elaborado sobre la base al testimonio de más de 35.000 compatriotas detenidos y sometidos a apremios ilegítimos. Sin embargo, la autoridad dispuso por ley que los relatos completos de las víctimas contenidos en el informe solo puedan ser desclasificados después de cinco décadas desde su publicación. La razón esgrimida fue el compromiso adoptado por la comisión con las víctimas, que habrían pedido mantener reserva sobre lo declarado, pues no querrían que sus familiares y entornos se enteraran de los padecimientos y horrores que habían sufrido. El problema, según quienes impugnan dicho secreto, es que de paso tampoco se conocerán los nombres de los represores y los crímenes que cometieron, lo que asegura su absoluta impunidad y contraviene el discurso de búsqueda de "verdad, justicia y reparación", pues la verdad se conocerá muy tarde, cuando ya no viva ninguno de los criminales para hacer justicia ni de las víctimas a quienes reparar. El portazo de la Cámara de Diputados En la Cámara de Diputados se rechazó dar carácter público a las declaraciones incluidas en el informe sobre la dictadura. La decisión adoptada al no lograrse el quórum de 60 votos, implicó el rechazo de la iniciativa patrocinada por diputados del PC, con apoyo del PPD y la DC, y que buscaba levantar el secreto establecido para los antecedentes que obtuvo la comisión. Solo 57 parlamentarios votaron a favor de la medida. En contra de la iniciativa se manifestaron en bloque los partidos de derecha, La Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, pero lo que llamó la atención fue que algunos parlamentarios del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia se sumaron a ellos. Se trata de los PS Juan Luis Castro y Marcelo Schilling y de los PPD Marco Antonio Núñez, Guillermo Ceroni y Joaquín Tuma. También rechazó el alzamiento del secreto el hoy independiente Pepe Auth, ex PPD. Aunque no se negaron al levantamiento sí se abstuvieron los PPD Daniel Farcas y Ramón Farías, y el DC Pablo Lorenzini. En los hechos ello implica que no podrá restablecerse una iniciativa legal como ella hasta un año más. Esta había sido suscrita por los diputados del PC Karol Cariola, Camila Vallejo, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez y Guillermo Teillier; el IC Sergio Aguiló; los PPD Tucapel Jiménez y Felipe Letelier, y el DC Patricio Vallespín. Aberración Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), consideró "vergonzosa" la decisión de la Cámara: "Los diputados de la Nueva Mayoría que votaron en contra de este anhelado proyecto para que las chilenas y chilenos tengan el derecho de saber lo que pasó en este país, solamente se explica por la poca voluntad política que ha tenido el Gobierno en estos temas, por más de dos años, porque hace dos años la Presidenta se comprometió a reunirse con nosotros y darnos una respuesta y a la fecha no ha pasado nada", sostuvo. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó que "es entendible la votación en bloque de la derecha, pues tiene como objetivo mantener en reserva el nombre de los genocidas a ojos de la opinión pública nacional e internacional. Además refleja el peligro de que estarían dispuestos a actuar de la misma manera de ser necesario". Pero lo que le parece una aberración es que parlamentarios de la Nueva Mayoría votaran en contra de esta iniciativa: "son una vergüenza para cualquier país que se construye en democracia" y lo calificó de "gravísimo y repudiable". La abogada Carmen Hertz fue más dura aún: "Que hoy, a 43 años del golpe militar y que haya comenzado la máquina genocida, se pretenda seguir ocultando la identidad de los perpetradores, caminando -seguramente apenas- por las calles de Chile, no solo es intolerable, sino que pone a Chile al margen de sus obligaciones internacionales (...) Esto es extraordinariamente grave, es intolerable (...) Al no levantar el secreto de la comisión Valech se está protegiendo la identidad de los represores, de los responsables del exterminio y se expande la impunidad", sostuvo quien además sufrió la pérdida de su cónyuge, Carlos Berger, asesinado en dictadura. Auth: "Proteger a las víctimas" Que la derecha se oponga a que se conozca el nombre de muchos de sus amigos, familiares o adherentes no es extraño, cuando incluso algunos de sus parlamentarios han estado mezclados en causas por delitos de lesa humanidad -como el desaforado diputado Rosauro Martínez RN-, pero ¿qué indujo a parlamentarios pertenecientes a un sector que sufrió en carne propia los rigores de las violaciones a los DDHH durante el régimen cívico-militar? Cambio21 consultó al diputado Pepe Auth qué lo llevó a oponerse a la iniciativa legal. "Me parece un despropósito darle carácter público a una información que le pertenece a las propias víctimas que declararon con el compromiso del Estado de reserva de su contenido por un lapso determinado de tiempo. Yo propuse que el Estado les pidiera autorización a las víctimas para publicar su verdad y se opusieron los autores. En consecuencia yo no iba a avalar un agravio y una falta al compromiso que se tomó con las víctimas", dijo el parlamentario independiente. Auth recordó que "yo recorrí Suecia siendo embajador, convenciendo a la gente de contar su verdad. Algunos ni siquiera se lo habían contado a sus propias familias, porque las historias son verdaderamente cruentas y dolorosas. Son ellos los que tienen que decidir y no el Estado ni un grupo de parlamentarios si su verdad es pública o sigue siendo reservada, como se estipuló a la hora de recabar esa información. Otra cosa es si la justicia necesita un testimonio, pero darle acceso a la prensa a toda la verdad contada bajo compromiso de reserva, es faltarle el respeto a la gente". Fríes y Valech I En reiteradas oportunidades, en su condición de directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes abogó por el levantamiento del secreto de la Comisión Valech I. De hecho, en el último informe anual que elaboró el organismo le pidió expresamente a los poderes del Estado "garantizar el acceso a la información", por lo que solicitaron eliminar la reserva, sujeto a "si las víctimas así lo decidían y siempre que no afecte derechos de terceros, a los fines de que los tribunales de justicia tengan acceso a dichos antecedentes". "Estamos un poquito 'taponeados' con el secreto de los 50 años. No hay ningún país que tenga secretos de tantos años sobre antecedentes de violaciones a los derechos humanos", sostuvo, agregando que "es más, lo que pesa sobre el Estado es la obligación de verdad y, en ese sentido, de levantar todo obstáculo para conocer la verdad (...) Eso no quiere decir que en esos antecedentes necesariamente esté lo que requiere la justicia, pero sin duda que estamos hablando de un sistema represivo donde seguramente ahí hay información valiosa". Es a ella a quien le corresponde resolver sobre materias como esta, como dijo cuando fue consultada sobre la entonces reciente creación de la Subsecretaría que hoy encabeza: "nosotros hemos insistido en la creación de una instancia de calificación de víctimas que esté al alero de esa subsecretaría, puesto que lo que hemos estado viendo es que con el tiempo y después de la vigencia de la comisión asesora presidencial Valech I y Valech II, hay personas que hoy pueden probar que estuvieron en prisión política, que fueron torturados y que por tanto tienen el derecho a ser reparados". Desde fuera del gobierno Fríes reclamaba el accionar de los órganos del Estado para dar pronta respuesta a "verdad, justicia y reparación" en materia de DDHH, incluido el secreto de la Comisión Valech I. Habrá que ver si logra "rellenar un agujero que había en el Gobierno" en esta materia, como señaló en su oportunidad. Y la verdad ¿cuándo? En Chile las violaciones a los DDHH han tenido cuatro comisiones abocadas a develar verdad. Para determinar las víctimas de desaparición forzada y ejecuciones, se dispuso la creación de la "Comisión Rettig" y la "Corporación Nacional de Reparación y Conciliación". La "Comisión Valech I" versó sobre prisión política y tortura y la "Comisión Valech II" se destinó para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión política y tortura. Si bien los informes de esas comisiones son de carácter público, los antecedentes recopilados por las comisiones "Rettig", "Corporación Nacional de Reparación y Conciliación" y "Comisión Valech II", están sujetos a reserva y solo pueden acceder a ellos los Tribunales de Justicia. Solo los antecedentes de la "Comisión Valech I" están sujetos al secreto de 50 años y se prohíbe el acceso a ellos incluso al Poder Judicial. Desde el mundo de los DDHH se sostiene que jamás se comprometió con las víctimas la reserva de sus declaraciones o antecedentes aportados, pues el secreto sobre los antecedentes habría sido impuesto con posterioridad a la creación y trabajo de la Comisión Valech I. Afirman que durante los meses en que las personas fueron a prestar su declaración y se recababan los antecedentes, jamás se habló del mentado secreto, menos que este se extendería por cinco décadas. Personeros que participaron de la recolección de testimonios afirman que esa era la base para que las víctimas hablaran. Como sea, los únicos favorecidos parecen ser los represores que terminarán impunes. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160917/pags/20160917102845.html
  8. Padre e hijo que mataron a delincuente tras "portonazo" quedaron presos El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó para Gustavo y Raúl Aravena la medida cautelar de prisión preventiva. Más temprano habían pedido perdón a la familia de la víctima fatal. Los dos hombres -un padre y su hijo- que el lunes mataron a un delincuente en la comuna de San Bernardo tras ser víctimas de un "portonazo" quedaron este martes tras las rejas por decisión judicial. Gustavo y Raúl Aravena fueron formalizados esta mañana en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de homicidio simple, y el tribunal les impuso a ambos la medida cautelar de prisión preventiva. "Fue en defensa propia. Que me perdone la familia (del fallecido). Actuamos en defensa propia, le pido perdón a la familia", dijo más temprano Gustavo Aravena, mientras era trasladado desde la Brigada de Homicidios de la PDI de Ñuñoa hasta la corte. Según lo informado por la Policía, tras sufrir el robo de su vehículo el imputado logró dar alcance -ayudado por su padre- a los asaltantes, tras lo cual golpeó hasta darle muerte a Juan Andrés Jorquera, de 27 años, quien contaba con antecedentes por tráfico de drogas. Ayer por la noche un centenar de familiares y amigos de los acusados se reunieron a juntar firmas para expresarle apoyo y conseguir su liberación. www.cooperativa.cl
  9. 23 de junio del 2016 / 16:07 Hrs Caso La Polar: Dividen en ocho partes los $155 millones entregados por Pablo Alcalde El ex presidente de la retailer, cuando aceptó ir a juicio abreviado en diciembre pasado, dejó dicho monto para reparar a las víctimas. Fueron $ 155 millones los que ofreció "como una forma para reparar a las víctimas" el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde, el pasado 14 de diciembre justo cuando aceptaba ir a un juicio abreviado y asumía los cargos de lavado de activos e infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos en las millonarias repactaciones unilaterales que estallaron en 2011. La fórmula acordada esta mañana por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, fue que los asistentes a la audiencia se llevarían en partes iguales los $ 155 millones. Es decir, corresponderán $ 19.350.000 para AFP Capital, Planvital, Habitat, Cuprum, la empresa La Polar, Bárbara Salinas en representación de 437 accionistas minoritarios y un grupo de 40 clientes que llegaron al juicio. Aunque en la audiencia, La Polar sugirió congelar los fondos y entregarlos en la arista civil del caso por indemnización de perjuicios, dicha idea fue rechazada. También fue descartada la fórmula de hacerlo a prorrata, es decir, para todos los querellantes del caso, porque a la audiencia de ayer sólo llegaron cinco abogados. En diciembre de 2015 el Segundo Juzgado de Garantía confirmó la pena de cinco años de cárcel y el pago de millonarias sumas de dinero al ex presidente del directorio y ex gerente general, Pablo Alcalde, el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno y la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, en el marco del caso La Polar. Sin embargo, el tribunal accedió a la petición de la defensa para que los ex ejecutivos para que cumplan la condena en libertad vigilada. Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente de La Polar, fue condenado como autor del delito de entrega de información maliciosamente falsa al mercado; además, la Fiscalía obtuvo su condena como como autor del delito de lavado de dinero y como autor del delito de declaración maliciosamente falsa. Por estos ilícitos el tribunal concedió la pena solicitada por la Fiscalía Centro Norte y lo condenó cinco años de presidio y al pago de $220 millones, que fue lo que el imputado recibió por concepto de bonos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/06/655-686230-9-caso-la-polar-dividen-en-ocho-partes-los-155-millones-entregados-por-pablo.shtml
  10. Caso Tsunami: Justicia condena al Estado a pagar $ 1.820 millones a familias de víctimas Los montos, por concepto de daño moral, oscilan entre 7 millones 500 mil pesos y 30 millones por cada uno de los 72 demandantes. En el contexto en el que los familiares de las víctimas del caso Tsunami están esperando a que la Corte de Apelaciones de Santiago defina si es que acoge o rechaza la suspensión del proceso penal de los 6 acusados, la justicia civil determinó que el Estado deberá pagar una indemnización a 72 demandantes, por el fallecimiento de 21 personas la noche del 27 de febrero del 2010. Esto, de acuerdo indicó Radio Bío-Bío, fue resuelto por el juez Pedro García Muñoz, titular del 22 juzgado civil, el que concluyó que hubo negligencia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), y por tanto, hubo responsabilidad del estado. Las personas que fallecieron, y están consideradas en este fallo, murieron en las localidades de Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé. Hubo, entonces, “errores en ejecución que impidieron a las víctimas tener al menos una oportunidad de salvar sus vidas y las de su familia, produciendo afección familiar o derivados de la vida en común”. El monto total de la indemnización que deberá entregar el Estado asciende a 1.820 millones de pesos, que se divide entre los 72 demandantes, y los montos oscilan entre 7 millones 500 mil pesos y 30 millones. Este fallo puede ser apelado a la Corte de Apelaciones de Santiago.
  11. SML decreta cierre pericial del caso Hornos de Lonquén Tras identificar a todas las víctimas enterradas en los hornos de Lonquén, el Servicio Médico Legal ha dado por finalizada la investigación que logró establecer la identidad de las 15 víctimas, asesinadas por la dictadura de Pinochet en 1973. Las autoridades decretaron hoy la investigación del caso conocido como “Hornos de Lonquén”, tras la identificación de la última persona Manuel Navarro Salinas, una de las 15 víctimas que desaparecieron enterradas en ese lugar durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La información la entregó a los periodistas el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, quién explicó que la identificación de las víctimas se logró gracias al apoyo de laboratorios extranjeros y calificó como un hito el término de esta causa. “Lo que nosotros entregamos es una identidad y una causa de muerte. Como es de conocimiento público, lamentablemente en este caso ni siquiera hubo ajusticiamiento a través de proyectiles, fueron asesinados a golpes”, añadió Bustos. Comentó que “no tenemos certeza de las condiciones en las que fueron botados dentro de los hornos, pero el hecho de que fuera un horno de cal tenía como sentido intentar ocultar los crímenes que estaban cometiéndose”. Las quince víctimas del régimen militar fueron lugareños detenidos por carabineros el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo y ejecutados posteriormente por agentes del Estado y enterrados ilegalmente en los hornos de Lonquén, un pequeño poblado situado a 14 kilómetros de la localidad de Talagante vecina a Santiago. Entre ellos estaban un campesino y sus cuatro hijos, trabajadores agrícolas y hasta un adolescente detenido por fumar marihuana en una plaza. La justicia chilena procesó a un exoficial y siete excarabineros de la Tenencia de Carabineros de Isla de Maipo por el homicidio de estas 15 personas, cuyos restos aparecieron en estos hornos de cal, después de la denuncia de un campesino a la iglesia católica. El vicario Cristian Precht Bañados fue el encargado de coordinar una comisión que finalmente verificó los crímenes de estas quince personas. Fuente: www.theclinic.cl
  12. El magistrado responsabiliza al país de los daños ocasionados por los atentados terroristas del 11 de septiembre sin mencionar a los países de donde salieron los secuestradores de los aviones. Un juez de distrito de Nueva York, Estados Unidos, ha decretado que Irán debe pagar una cuantía de más de 10.000 millones de dólares como indemnización de daños y perjuicios a los familiares de las víctimas mortales de los atentados terroristas en las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, así como a un conjunto de empresas de seguros, informa Bloomberg. El fallo, anunciado el pasado miércoles, establece que Teherán es culpable de no cumplir con las exigencias que mandaron los secuestradores de los aviones que se estrellaron contra el World Trade Center y el Pentágono aquel mismo día, lo que para el juez significa que Irán es responsable de los daños vinculados a los ataques. La investigación sobre los atentados terroristas del 11S dirigida por la CIA junto con otros cuerpos policiales estadounidenses identificó a los 19 secuestradores que subieron a bordo de los cuatro aviones con los que perpetraron los atentados. 15 de ellos eran ciudadanos de Arabia Saudita, dos de Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y otro del Líbano. Sin embargo, en la sentencia del juez neoyorquino no hay ninguna referencia ni mención hacia ninguno de estos países y, en su opinión, Teherán no ha logrado demostrar que no ayudó a los autores materiales de los atentados. Cinco terroristas suicidas, cuatro saudíes y un egipcio, secuestraron el vuelo 11 de American Airlines que iba de Boston a Los Ángeles y lo utilizaron para atacar la torre norte del World Trade Center de Nueva York. Por su parte, tres sauditas y dos emiratíes redirigieron el vuelo 175 de United Airlines, que tenía la misma ruta aérea, para estrellarlo contra la torre sur de ese complejo financiero. Cinco sauditas secuestraron una tercera aeronave, el vuelo 77 de American Airlines que cubría la ruta Washingon-Los Ángeles, para chocarse contra la fachada del Pentágono. Finalmente, cuatro terroristas —tres saudíes y un libanés— se apoderaron del último avión, el vuelo 93 de United Airlines que cubría el trayecto Nueva Jersey-San Francisco, pero el aparato se estrelló en campo abierto en el estado de Pensilvania antes de alcanzar su objetivo. Posteriormente, Al Qaeda reivindicó la autoría de estos atentados, en los que murieron cerca de 3.000 personas. Estos hechos precedieron a la invasión de Afganistán por parte de EE.UU., en lo que supuso el inicio de su denominada guerra contra el terrorismo. Fuente: actualidad.rt.com
  13. Confirman en Chile condenas a seis ex agentes por cuatro víctimas de Pinochet Los estudiantes Iván Olivares Coronel, de 20 años, y Pedro Labra Saure, de 23, y el profesor Jaime Ossa Galdames fueron ejecutados tras ser detenidos por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet, y llevados al centro de torturas y exterminio Villa Grimaldi, en Santiago. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a prisión de seis ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet por el asesinato de tres jóvenes opositores y el secuestro calificado (desaparición) de un cuarto en 1975, informaron hoy fuentes judiciales. Los estudiantes Iván Olivares Coronel, de 20 años, y Pedro Labra Saure, de 23, y el profesor Jaime Ossa Galdames fueron ejecutados tras ser detenidos por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), la policía secreta de Pinochet, y llevados al centro de torturas y exterminio Villa Grimaldi, en Santiago. De ese mismo lugar desapareció, tras varios meses de cautiverio, Gustavo Ramírez Calderón, también de 20 años. Los tres primeros estaban vinculados al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo que luchó con las armas contra la dictadura, mientras Ramírez Calderón pertenecía a los Elenos, una facción del Partido Socialista inspirada en el Ejército de Liberación Nacional creado en los años 60 en Bolivia por Ernesto "Che" Guevara. Por testimonios de prisioneros supervivientes se estableció que Jaime Ossa, que era además un destacado poeta emergente en el medio literario chileno, murió mientras era torturado en Villa Grimaldi, cuando tras aplicarle electricidad durante varios minutos, sus verdugos le forzaron a tragar agua, lo que le provocó un paro cardíaco. En un fallo unánime, la VI Sala del tribunal de alzada confirmó un dictamen de primera instancia del juez especial Leopoldo Llanos y condenó a 20 años de presidio al brigadier Miguel Krassnoff Martchenko como autor de los tres homicidios y la desaparición de Ramírez Calderón. El coronel Rolf Wenderoth Pozo fue condenado a diez años de presidio como autor del secuestro de Ramírez Calderón y a otros cinco como cómplice en el homicidio de Ossa Galdames. El exsuboficial Basclay Zapata Reyes recibió una pena de quince años de presidio como autor del homicidio de Olivares Coronel, y otros diez años como autor del secuestro de Ramírez Calderón. El coronel Fernando Lauriani Maturana fue condenado a diez años y un día de cárcel como autor del homicidio de Olivares Coronel, y cinco años como cómplice en el homicidio de Ossa Galdames. El también coronel Francisco Ferrer Lima fue sentenciado a diez años y un día de prisión como autor del homicidio de Labra Saure, mientras el coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo Durán recibió una pena de tres años y un día tras las rejas como cómplice del secuestro de Ramírez Calderón. Los seis exagentes están en prisión, con penas de más de 200 años, tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos. En la parte civil, el tribunal confirmó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización total de cuatrocientos millones de pesos (unos 580.000 dólares) a familiares de las víctimas. Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. Fuente: www.elmostrador.cl
  14. Rescatan a 13 víctimas de trata de personas en Buenos Aires Agentes policiales de Argentina rescataron a 13 mujeres víctimas de trata de personas en la ciudad de Buenos Aires, en una operación que dejó dos detenidos, informaron hoy fuentes oficiales. Agentes policiales de Argentina rescataron a 13 mujeres víctimas de trata de personas en la ciudad de Buenos Aires, en una operación que dejó dos detenidos, informaron hoy fuentes oficiales. Según señaló el Ministerio de Seguridad en un comunicado, agentes de la División de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron allanamientos en la capital del país suramericano, en los que detuvieron a un hombre de nacionalidad peruana de 28 años, y a un ciudadano boliviano de 49. El ministerio también detalló que la PFA decomisó 49.800 dólares estadounidenses y 48.300 pesos argentinos (unos 3.286 dólares). El caso quedó en manos del juzgado federal en lo Criminal y Correccional 12 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del magistrado Sergio Torres. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/03/05/rescatan-a-13-victimas-de-trata-de-personas-en-buenos-aires/
  15. Corte Suprema ordena al Estado a pagar mil millones de pesos a víctimas de violaciones a DD.HH. Fallo del organismo establece que la suma deberá ser dividida entre los familiares de cuatro detenidos desaparecidos, entre 1973 y 1974, cuyas causas fueron revisadas sólo en el aspecto civil. SANTIAGO.- Este martes se publicó el fallo de la Corte Suprema mediante el cual ordenó al Estado de Chile a indemnizar con una suma total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos) a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de familiares de cuatro detenidos desaparecidos, en tres causas que fueron revisadas por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, sólo en el aspecto civil. En el primer caso, la Sala Penal ordena a pagar una suma total de $190 millones al padre y hermanos de Luis Guajardo Zamorano, destacado ciclista nacional, que figura como detenido desaparecido desde el 20 de julio de 1974 y víctima de la "Operación Colombo". En el segundo caso, la Segunda Sala ordenó indemnizar con $700 millones $700.0000.000 a los familiares de Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo que fueron detenidos el 13 de octubre de 1973 por personal del retén Catillo en el fundo El Palomar de la ciudad de Parral. En el tercer caso, en tanto, la Sala Penal determinó que el fisco deberá pagar $110 millones a la cónyuge e hijos de Juan de Dios Salinas Salinas, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la localidad de Isla de Maipo. En las tres situaciones, en tanto, el máximo tribunal estableció que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles e inadmistiables en el aspecto penal y civil. "Dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional, en el que representaban al gobierno de la época y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure", señala el fallo. Del mismo modo, el documento añade que "el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna". "Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado", concluye. www.emol.com
  16. 02.12.2015 Acusan insólita “victimización” de colaboradores de Paul Schäfer en reportaje de La Tercera Familiares y víctimas de Colonia Dignidad están indignados por el trato que se les dio en el reportaje a los cómplices de la dictadura. Hay una victimización de personas que participaron en los crímenes que se cometieron al interior de la colonia. Por Greta di [email protected] Foto: www. villabaviera.cl “Estamos todos, las verdaderas víctimas de la colonia, en shock. No sabemos si el periodista no se dio cuenta con quiénes estaba hablando, pero ellos son los que reprimen cualquier atisbo de justicia y verdad. Se recoge la visión del ala ultra conservadora de la colonia y lamentablemente no la de las verdaderas víctimas de la represión de Schafer”, manifestó el ex habitante de Colonia Dignidad y abogado de víctimas de delitos sexuales Winfried Hempel a eldesconcierto.cl. La declaración se da luego de la publicación de un reportaje titulado “La otra batalla de la ex Colonia Dignidad” en La Tercera del pasado domingo 29 de noviembre. Allí se narra la situación actual de Villa Baviera a partir de testimonios de algunos colonos frente a la posibilidad de que el Consejo de Monumentos Nacionales declare el recinto como monumento histórico y limite el margen de acción del directorio en términos de nuevas obras. Según cuenta el artículo, la reacción de los colonos no es muy positiva. La idea de convertir el lugar en un memorial se da justo cuando las nuevas generaciones buscan sacar a flote la empresa y formar nuevos negocios dejando atrás el oscuro pasado que encierra Villa Baviera, donde se perpetuaron abusos sexuales a menores liderados por Paul Schafer y también torturas a opositores de la dictadura. Pero, ¿quiénes son esos colonos entrevistados? La resistencia de la jerarquía Dentro de los entrevistados del artículo figuran los nombres de Hans Schreiber, Markus Blank, Reinhard Zeitner y Hans Wieke, todos vinculados de alguna manera con el régimen de Schafer y, según víctimas de la colonia, los encargados de perpetuarlo. El hermano de Reinhard Zeitner, Friedhelm, era el guardaespaldas de Paul Schafer y fue condenado, en libertad vigilada, como encubridor de cuatro delitos de violación de menores y doce delitos de abuso sexual contra niños. Hans Schreiber, por su parte, es el abogado que está a cargo de la defensa legal de la empresa y de ex colonos y desde 2010 es miembro del directorio del holding que administra el recinto. Lo que no aparece en el artículo es que su padre, Albert, fue el contador de Paul Schafer y su extradición fue solicitada dos veces por el juez Jorge Zepeda por considerar clave su testimonio en la compra de armas y la desaparición de opositores de la dictadura de Pinochet. Markus Blank también es hijo de uno de los amigos de Schafer. Su padre fue el defensor jurídico, cargo que, desde que murió, asume Schreiber. Dentro de los entrevistados del artículo figuran los nombres de Hans Schreiber, Markus Blank, Reinhard Zeitner y Hans Wieke, todos vinculados de alguna manera con el régimen de Schafer y, según víctimas de la colonia, los encargados de perpetuarlo. Respecto Hans Wieke, el abogado Winfried Hempel es enfático: “Wieke me contó personalmente que tenía su oficina de arquitecto encima de la bodega de papas (donde se torturaba) y escuchaba los gritos de las torturas que se practicaban. Para que uno se haga una imagen de la manera banal y superficial en que los colonos antiguos tomaban el tema, a la pregunta mía de qué hizo frente a lo que escuchaba, me dijo, muy suelto de cuerpo, ‘Fui donde Paul (Schafer) y le pedí que cambiara de horario su trabajo’. Es el típico cómplice por omisión, un colono antiguo que supo todo lo que pasaba dentro de la ex Colonia Dignidad, todas las violaciones a los derechos humanos, y no hizo absolutamente nada”. “Si uno ve las personas que dan su opinión, no puede esperar otra cosa que una victimización de personas que no son victimas y que hablan de la boca para afuera, reprimen a los colonos que son las victimas efectivas y mas crudas de Paul Schafer”, concluye Hempel. Su opinión es compartida por Efrain Vetter, que con apenas dos meses de vida fue arrancado de los brazos de sus padres y se convirtió en habitante de la ex Colonia Dignidad, donde fue abusado sexualmente por Paul Schafer además de sufrir otros martirios. En conversación con eldesconcierto.cl, Vetter asegura que las declaraciones que dan los hombres mencionados anteriormente son una falta de respeto para los colonos víctimas del régimen de Villa Baviera. Según dice, ellos son los beneficiados de la antigua jerarquía, gracias a la cual pudieron salir a estudiar para ser profesionales y cuyo estricto orden cuidaban durmiendo con una pistola debajo de la almohada. “Son fanáticos, una secta fiel a la jerarquía que quiere mantener eso en la colonia. Los mismos hijos están defendiendo (el modelo), se siguen haciendo las víctimas cuando ellos se benefician”, afirma Vetter, que lleva años luchando contra los abusos cometidos en el lugar. “Son fanáticos, una secta fiel a la jerarquía que quiere mantener eso en la colonia. Los mismos hijos están defendiendo (el modelo), se siguen haciendo las víctimas cuando ellos se benefician”, afirma Efrain Vetter, víctima de Schafer que lleva años luchando contra los abusos cometidos en el lugar. La idea de que los cabecillas de Villa Baviera se están victimizando también viene desde los familiares de las víctimas de la dictadura, cuando el recinto funcionaba como centro de operaciones de la Dina. “El reportaje da la impresión de que se está atentando contar el patrimonio de esta gente que está viviendo al interior. Hay una victimización de personas que participaron en los crímenes que se cometieron al interior de la colonia, que fueron cómplices de la dictadura. Los describen como ancianos que serían terriblemente perjudicados, que los estamos revictimizando con la idea de declarar este espacio monumento nacional”, dice Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, que agrupa a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del recinto. “Del punto de vista humanitario deberían recibir mejor atención médica, pero es una elección de ellos vivir encerrados es ese lugar, que yo creo que tiene que ver con cómo se siguen guardando los secretos que encierra Colonia Dignidad para que no sean conocidos”, agrega la dirigenta. Está sumamente molesta por el foco del artículo, basado solamente en testimonios de habitantes -algunos- del lugar, y porque se cambió el nombre de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad por el nombre Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Villa Baviera. “No sé si fue falta de rigurosidad periodística o fue para no nombrar ‘Colonia Dignidad’”, añade Romero, cuya hermana y otros compañeros de militancia fueron torturados en esas dependencias. Desde La Tercera argumentan que el artículo no es un reportaje sobre las causas de derechos humanos, sino sobre la historia de la vida dentro de Villa Baviera en el marco de la posibilidad de que sea declarada como monumento por parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Por esa razón, dicen, se contemplaron como actores solamente al Consejo y a los responsables del holding. Añaden que tras la publicación los contactó una persona haciendo un alegato por este tema y quedaron en enviar una carta; hasta el momento no la han recibido. latercera.com Monumento histórico Actualmente Villa Baviera funciona como un centro turístico donde acuden viajeros de todo el mundo. Este hecho, tanto para los familiares de detenidos desaparecidos como para los colonos víctimas de Paul Schafer, es una falta de respeto. “Es una falta de respeto para todas las familias que han perdido hijos, una falta de respeto porque todavía no se sabe quiénes están debajo de los tours por donde pasan en auto. Han enterrado gente en muchos lugares”, dice Efrain Vetter. El ex colono no está en contra de que se haga un memorial en Villa Baviera, sin embargo enfatiza que lo primero debe ser asegurar la calidad de vida de los colonos que han sido víctimas, por ejemplo entregándoles hectáreas de terreno. Por su parte, Margarita Romero mantiene firme la bandera de lucha por el memorial. “Colonia Dignidad es un lugar muy importante para la historia reciente de Chile porque jugó un rol en la represión y el terrorismo de Estado ejercidos en dictadura. Entonces no debe pasar desapercibido y eso pasa por que sea declarado como monumento histórico”, explica. Por eso el 23 de abril de este año envió una carta al Consejo de Monumentos Nacionales solicitando que el lugar fuera declarado monumento histórico. A la carta de la asociación se unió la petición del juez Jorge Zepeda de construir, a las afueras del recinto, un memorial. “Se declara la obligación del Estado de Chile de construir el sitio de memoria Museo de Memoria ‘Colonia Dignidad’, para homenajear y reparar a la víctima Álvaro Modesto Vallejos Villagrán y a las personas que fueron privadas de libertad al igual que él y se tuvieron de ellas las últimas noticias en ese lugar antes desparecer”, indica la resolución del ministro, que en mayo condenó a ex integrantes de la plana mayor de la Dina y un ex miembro de Colonia Dignidad por el secuestro calificado del mirista Álvaro Modesto Vallejos Villagrán en 1974. En este contexto fue que el pasado 19 de noviembre una comitiva de tres personas del Consejo de Monumentos Nacionales visitó Villa Baviera. Inspeccionaron y fotografiaron distintos inmuebles del recinto para preparar expedientes que serán considerados para tomar la decisión final de si se declara o no monumento histórico. Otro factor a considerar, aunque no es vinculante, es la opinión de los habitantes de Villa Baviera, que tienen un plazo de 30 días desde esa visita para manifestarse. eldesconcierto.cl se contactó telefónicamente con Villa Baviera para gestionar una entrevista, sin embargo hasta el momento de esta publicación no se obtuvo respuesta del directorio sobre este tema. Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/santiago-no-es-chile/2015/12/02/acusan-insolita-victimizacion-de-colaboradores-de-paul-schafer-en-reportaje-de-la-tercera/
  17. Entregan últimos restos óseos de víctimas de Lonquén a familiares La entrega de Manuel Jesús Navarro Salinas, última víctima asociada al caso e identificada en octubre de este año, no ha sido definida aún por la familia, estando el Servicio Médico Legal a disposición de la fecha que ellos determinen. En el cementerio de Isla de Maipo, el Servicio Médico Legal (SML) comenzó este viernes el proceso de restitución de los últimos restos óseos que fueron reidentificados, mediante análisis de ADN, correspondiente a 13 de las 15 víctimas asociadas al caso Lonquén. A partir de las 10:30 horas, un equipo de la Unidad Especial de Identificación Forense en conjunto con el jefe de gabinete del SML, José Valencia Castañeda, se reunió con las familias de Enrique René Astudillo Álvarez; Omar Enrique y Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, y la de los hermanos José Manuel, Rodolfo Antonio, Segundo Armando y Sergio Miguel Maureira Muñoz, para hacer esta entrega. Al respecto, José Valencia señaló que "este hecho es muy significativo para el Servicio Médico Legal, ya que Lonquén no sólo destapó la violencia de la dictadura cívico militar, echando por tierra las versiones que negaban la práctica institucionalizada de hacer desaparecer personas. Hoy pericialmente se cierra un caso emblemático que golpeó y golpea fuertemente a una comunidad, con la satisfacción de haber logrado la plena identificación de todas las víctimas, gracias al trabajo del equipo multidisciplinario del SML y de los análisis genéticos realizados en laboratorios extranjeros. Es bueno saber que la ciencia forense puede aportar a que este tipo de hechos cobardes no vuelvan ocurrir en el país". Para este sábado 28 se programaron las restituciones de Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante; Iván Gerardo Ordoñez Lama; José Manuel Herrera Villegas y los hermanos Óscar Nibaldo, Nelson y Carlos Segundo Hernández Flores. La entrega de Manuel Jesús Navarro Salinas, última víctima asociada al caso e identificada en octubre de este año, no ha sido definida aún por la familia, estando el Servicio Médico Legal a disposición de la fecha que ellos determinen. www.cambio21.cl
  18. Comisión de Seguridad sesiona en La Araucanía y oposición critica ausencia de Burgos A la instancia asistió el intendente de la región, Andrés Jouannet, y además fueron convocadas víctimas de la violencia y representantes de los pueblos originarios. SANTIAGO.- De manera extraordinaria la comisión de Seguridad Ciudadana sesionó este lunes en Temuco para abordar la violencia en La Araucanía, cita de la que se ausentó el ministro del Interior, Jorge Burgos, lo cual fue duramente criticado por la oposición. El presidente de la instancia, Matías Walker (DC), explicó que la idea de la convocatoria es "tener todas las visiones y contribuir a mejorar la paz y la seguridad en La Araucanía, escuchando a todos los sectores no solamente al intendente, al Fiscal Regional, al General de Zona, sino que también a las víctimas de la violencia, a los representantes de los pueblos originarios". Más allá de la amplia convocatoria, desde la oposición lamentaron la ausencia del ministro Burgos y del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy de la instancia, pues argumentaron que se buscaba que el Ejecutivo diera cuenta de sus acciones en la zona. Para el diputado Diego Paulsen (RN), "es inconcebible que las máximas autoridades del Gobierno no hayan hecho eco a lo que esta ocurriendo diariamente en la región". En tanto, la diputada Marcela Sabat (RN), acusó que "esta ausencia refleja la nula importancia que le da el Gobierno al grave problema de violencia que sufre la región. Esto sumado a que la Presidenta viene sólo de vacaciones y estuvo en Valdivia ayer a sólo un par de horas de Temuco". Al mismo tiempo, Sabat criticó la participación del Intendente Regional, Andrés Joaunnet en la cita, comentando que éste "no fue capaz de responder ninguna pregunta que tuviera relación con medidas concretas en La Araucanía y durante toda la discusión señaló que acá no existía un conflicto". Los parlamentarios de RN anunciaron que al término de la sesión especial enTemuco, solicitarán que el ministro Burgos reciba a representantes de las víctimas de la violencia en La Moneda. Por su parte, los diputados de la UDI Gustavo Hasbún y Claudia Nogueira, aseguraron que la ausencia de las autoridades "demuestra que el Gobierno ha improvisado en el conflicto mapuche y no tiene intención de solucionarlo". Y es que a juicio de Nogueira "es impresentable que a una sesión dedicada a revisar un tema tan grave y que afecta a tantos chilenos, no se hayan presentado ni el ministro Burgos ni el subsecretario Aleuy, sobre todo porque ellos sabían que a esta sesión vendrían personas que han vivido en carne propia la violencia que se registra en la zona". En tanto, Hasbún recalcó que "lamentablemente, el gobierno de la Nueva Mayoría no tiene ninguna intención de llegar a una solución al conflicto, sólo le importa bajarle el perfil para que el tema no los afecte en las encuestas". Respecto a las declaraciones del Intendente de La Araucanía, Hasbún aseveró que "es tremendamente complejo que Jouannet diga que aquí no hay un conflicto sino más bien tensión multicultural. Asegurar que aquí no ocurren delitos terroristas es invisibilizar lo que está ocurriendo en la zona y sus dramáticos efectos". La instancia comenzó a las 10:00 horas y finalizará a las 18:00 horas de esta tarde, sesión que se realizará en las dependencias de la intendencia regional. www.emol.com
  19. COLONIA DIGNIDAD: NUEVE VÍCTIMAS RECLAMAN INDEMNIZACIONES POR MÁS DE $800 MILLONES Líderes de Villa Baviera niegan validez de acuerdo para indemnizar a víctimas de Schäfer Por : Alberto Arellano en Actualidad y Entrevistas Publicado: 19.10.2015 En 2009 los líderes de la nueva generación de Villa Baviera sellaron un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado comprometiéndose a indemnizar a decenas de víctimas de abusos sexuales, tortura y también a los familiares de desaparecidos en el enclave de Parral. A cambio, el CDE levantó el embargo que pesaba sobre los bienes de Cerro Florido y Abratec, dos empresas del holding. Seis años han pasado y hoy los colonos se niegan a pagar: acusan nulidad del acuerdo. Sus víctimas, como las que hablan aquí, vuelven a golpear las puertas de Colonia Dignidad reviviendo el infierno que creó Paul Schäfer. “Hoy existe una Nueva Villa Baviera, levantada anímicamente por los niños y niñas que nacieron bajo un largo cautiverio (…) No ha sido fácil reinventarse y mirar el futuro con confianza. El pasado pesa y está siempre tocando la puerta de la Nueva Villa Baviera”. Con esas palabras, los colonos de la “llamada segunda generación” de Villa Baviera –nacidos bajo el perverso régimen instaurado por Paul Schäfer– invitan al público a que se acerque a visitar y recorrer el enorme fundo ubicado en Parral. La gestación de esa “Nueva Villa” levantada por los herederos de la ex Colonia Dignidad tiene un origen definido: 21 de agosto de 2009. Ese día, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco de Chile, firmó un acuerdo con los representantes de dos empresas de Villa Baviera –Inmobiliaria Cerro Florido y Abratec– por el cual éstos comprometieron el pago de indemnizaciones para las víctimas de los delitos de tortura, desaparición de prisioneros políticos y abuso sexual de menores, cometidos por Schäfer y sus cómplices. Un genuino acto de reparación con el que buscaban extirpar de Parral el estigma de las atrocidades cometidas por el pastor pedófilo, de las cuales muchos de ellos también fueron víctima. Para garantizar el pago, entregaron cuatro terrenos de Villa Baviera en hipoteca a “favor del Fisco y de terceros a determinarse” (las víctimas), avaluados en esa fecha en casi $3.400 millones. A cambio, el CDE se comprometió a levantar el embargo que pesaba desde 1996 sobre parte de los bienes raíces y muebles de Cerro Florido y Abratec, medida que había sido solicitada por el propio consejo en el juicio que entabló por “contratos simulados” en contra de algunos jerarcas de la ex Colonia Dignidad. El acuerdo le permitió a la “segunda generación de colonos” esquivar la inminente quiebra de sus empresas –que ahora podían ser administradas sin trabas judiciales–, abriéndole las puertas para reactivar la alicaída economía de Villa Baviera. Hoy el panorama es muy distinto a ese día de agosto de 2009 en el que abundaron los abrazos y apretones de mano. A seis años de firmado el acuerdo, las víctimas y los “nuevos colonos” están en guerra. Pese a que el embargo efectivamente se anuló, las empresas de Villa Baviera siguen en una situación crítica y sus propietarios se resisten a pagar las indemnizaciones. Eduardo Salvo Hernández (35 años), abusado en reiteradas ocasiones por Schäfer y a quien se le adeuda más de $50 millones por “daño moral” (ver recuadro), es solo una de una serie de víctimas –con sentencias a firme a su favor desde febrero de 2013–, que debieron ser indemnizadas y que aún no reciben su dinero. Entre ellas se encuentra también Salo Luna Garrido, cuya historia se hiciera conocida tras escapar junto a Tobías Müller del enclave de Schäfer en 1997. Eduardo Salvo a sus 13 años en la ex Colonia Dignidad. Tras infructuosos intentos de cobranza, en 2014 el tema se judicializó. En septiembre de ese año nueve víctimas presentaron una demanda civil en el Juzgado de Letras de Parral para que los miembros de la “segunda generación” de Villa Baviera cumplan con las obligaciones pactadas en el acuerdo de 2009. Son más de $800 millones los que se reclaman en indemnizaciones. Pero en la contestación de la demanda, la defensa de los nuevos líderes del enclave de Parral adujo una serie de vicios de nulidad para dejar sin efecto el acuerdo que firmaron con el Fisco. “No podrá tener lugar la ejecución sostenida en autos por ser nula la obligación. Mi parte no puede quedar obligado por una hipoteca nula tanto en su título como en su tradición”, señala uno de los pasajes del escrito presentado a fines de mayo por el abogado que representa a quienes lideran actualmente Villa Baviera, Andrés Kuncar Onetto. A casi seis años de ese 21 de agosto, los fantasmas de la ex Colonia Dignidad vuelven a tocar la puerta del enclave de Parral. Hoy, las vigas con las que en 2009 se proyectó el promisorio futuro de esta “Nueva Villa” tambalean. UN GESTO DE RECONCILIACIÓN Como un “gesto de reconciliación con Chile” fue presentado por la nueva generación de Villa Baviera el acuerdo con el que en 2009 se comprometieron a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y secuestro cometidos por los antiguos jerarcas de la ex Colonia Dignidad. La transacción comenzó a fraguarse en octubre de 2008, cuando el entonces embajador de Alemania en Chile, Michael Glotzbach, se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet. En esa instancia, el diplomático alemán le manifestó a la mandataria la preocupación de su gobierno por la precaria situación económica que afectaba a los ciudadanos de su país –poco más de 180– que habían decidido quedarse en Villa Baviera. El holding de empresas heredado por los antiguos jerarcas a la nueva generación de colonos (Cerro Florido y Abratec, entre otras) no tenía liquidez y se encontraba asfixiado por cuantiosas deudas. Y ello, porque Paul Schäfer y su círculo íntimo de colaboradores habían sacado ilegalmente del país gran parte de su capital. Pero eso no era lo único que comprometía las finanzas de Villa Baviera. Desde 1996, existían un embargo sobre parte de los bienes de algunas de sus empresas (Cerro Florido y Abratec) lo que implicaba que éstas no podían vender, enajenar, ni acceder a créditos para renegociar sus deudas, renovar maquinarias y financiar nuevos emprendimientos (ver reportaje de CIPER). El embargo había sido solicitado por el propio Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco de juicio por “contratos simulados” contra la ex Colonia Dignidad. Frente a la inminente quiebra de las empresas, la embajada de Alemania en Chile encargó en 2009 un informe de su situación financiera. La conclusión del informe fue categórica: de no obtener recursos frescos para reprogramar sus deudas y financiar inversiones, las empresas del holding cerrarían el año 2009 con un déficit superior a los $1.300 millones. El lapidario diagnóstico venía acompañado de una recomendación: “urge alzarlos (los embargos) mediante la implementación de un acuerdo reparatorio (…) esto debe hacerse con extrema urgencia”. Con el informe en mano, la “segunda generación de colonos” propuso al gobierno que el CDE se desistiera del embargo que hasta entonces mantenía paralizado el patrimonio de las empresas, comprometiéndose, a cambio de ello, a indemnizar a las víctimas de los abusos de Schäfer y sus cómplices. El acuerdo de “indemnizaciones por embargos” quedó suscrito el 21 de agosto de 2009. En él, la actual administración de Villa Baviera hipotecó en favor del Fisco cuatro predios avaluados en más de US$ 6 millones de la época (unos $3.400 millones) con el fin de garantizar el pago de indemnizaciones para las víctimas de los delitos cometidos por Schäfer y sus cómplices. A cambio, el CDE levantó el embargo de los bienes de las empresas, evitando su inminente quiebra (ver acuerdo). El acuerdo estipuló que con ese fondo se pagarían indemnizaciones para todas aquellas víctimas de delitos en que se determinara responsabilidad penal en calidad de autor, cómplice o encubridor, de Paul Schäfer, y también para víctimas de delitos de lesa humanidad ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Para mayor precisión, se dejó constancia de 40 procesos judiciales que involucran a la ex Colonia Dignidad. En el escrito se estipuló además que podrían cobrar las indemnizaciones contra ese fondo, todas las víctimas de delitos cometidos al interior de las propiedades de la ex Colonia Dignidad, siempre que solicitaran el pago en un plazo no superior a tres años desde la sentencia de término del juicio que les otorgue la indemnización. Asimismo, se estableció que el plazo máximo de la vigencia de la hipoteca se extendería hasta el 31 de diciembre de 2017. Agosto de 2009 significó un hito para los nuevos líderes de la ex Colonia Dignidad. Un renacer que les permitiría reactivar su alicaída economía y quitarse la mochila del pasado por medio de actos de reparación en favor de las víctimas. Pero hasta hoy, ni lo uno ni lo otro ha ocurrido. EMPRESAS EN PICADA El 15 de febrero de 2010, a seis meses de haber firmado el acuerdo, los representantes de Cerro Florido y Abratec (ambas empresas quedaron como garantes del pago de las indemnizaciones indicadas en favor del Fisco y/o de terceros), crearon una nueva sociedad: Inmobiliaria Bergneustadt Limitada. Curiosamente, su capital inicial –casi $600 millones– fue constituido con el dominio de los cuatro terrenos de Villa Baviera hipotecados en favor del Fisco para reparar a las víctimas de Colonia Dignidad. El acuerdo de 2009 no estipuló prohibición alguna de enajenar o vender esos terrenos hipotecados. –La hipoteca es sobre el bien raíz. Es una garantía real que sigue al inmueble, no al propietario. Las indemnizaciones no corren peligro con esa transacción– señaló a CIPER un abogado conocedor del proceso. A la cabeza de Inmobiliaria Bergneustadt quedó Hans Schreiber Nill, uno de los cuatro miembros de Villa Baviera que firmaron el contrato en 2009, y quien según distintos relatos recogidos por CIPER es el que en la práctica administra todas las empresas de Villa Baviera. Hans Schreiber comparte esa posición de mando con un histórico de la ex Colonia Dignidad: Reinhard Zeitner Bohnau. Zeitner fue miembro del equipo de seguridad de Colonia Dignidad en plena vigencia del régimen instaurado por Paul Schäfer. “Es de los típicos mandos medios que en el pasado era parte de los miembros de seguridad de la Colonia que andaba con pistola, perros de seguridad y cuidaba los cercos”, cuenta un cercano a la ex Colonia Dignidad que pidió reserva de su identidad. En el fallo unánime de la Corte Suprema que condenó en enero de 2013 a 16 ex jerarcas del enclave controlado por Paul Schäfer, Zeitner fue sancionado como cómplice en el delito de sustracción del menor Ángel Salvo Fuentes, quien fuera secuestrado en 1997 para evitar que diera su testimonio en la investigación que recién iniciaba la justicia contra Schäfer y su círculo de colaboradores. Tras la sentencia que lo condenó a tres años y un día de presidio, a Zeitner se le otorgó el beneficio de libertad vigilada. Pese a su condena, hay quienes señalan que Zeitner fue una víctima más de los delirios de Schäfer. A casi seis años del fin del embargo, distintos antecedentes recogidos por CIPER muestran que, contrariamente a lo que se proyectó en agosto de 2009 cuando se levantó el embargo, la disciplina alemana no ha sido capaz de revertir el negro panorama financiero que desde hace años afecta a las empresas de Villa Baviera: las empresas arrastran enormes pasivos y, pese a su millonario patrimonio, no tienen liquidez desde hace varios años. REUNIÓN CLAVE El 23 de abril pasado, tuvo lugar en la ex Colonia Dignidad una reunión clave. A ella concurrieron una treintena de accionistas a escuchar el estado de resultado de las empresas del holding. El panorama financiero que allí se les presentó fue desolador. En esa reunión se reconoció que desde 2005 las empresas no obtenían utilidades y que desde 2011 los costos de operación habían sido sistemáticamente mayores a los ingresos. “Estamos en crisis”, “no se paga la operación”, se le dijo a los asistentes a la reunión, mientras se les explicaba en tono pedagógico que pese al millonario patrimonio que administran las sociedades de Villa Baviera, desde hace años no existe liquidez. Se reconoció además que, por eso mismo, se había “perdido la credibilidad” con muchos proveedores. En 2013, los resultados financieros indican que las empresas de la ex Colonia Dignidad tuvieron pérdidas por casi $400 millones y en 2014 por más de $200 millones (EBITDA negativo). Entre 2013 y 2014 el valor de la acción bajó en más de 50% (de $32.780 a $14.724). Las ventas también cayeron. En el último año se dejó de vender casi un millón de dólares (un 15% menos que en 2013). Una de las explicaciones que se dio a los accionistas fue que producto de la estrechez de caja, en oportunidades incluso no había dinero para ponerle petróleo al camión que debe repartir los pedidos a los clientes (de áridos, principalmente). “No podíamos cumplir con los requerimientos”, se señaló. En la reunión se reconocieron ante los accionistas errores históricos de administración. “Aquí somos todos responsables”, señaló uno de los directores de las empresas, agregando que la única manera de salir del marasmo financiero era “hacerlo en familia” y consiguiendo una importante inyección de capital. “Soluciones hay, en la medida en que se le inyecte dinero y alguien se haga cargo de manera eficiente de la operación”, se señaló. El abogado Winfried Hempel, quien estuvo presente en esa sesión de directorio, entrega más detalles de lo que allí sucedió: –En esta reunión se anunció la venta de Abratec. La venta fue muy hermética, pero se sabe que se vendió a “precio huevo”. Aparentemente la compró un fondo privado de inversión. Eso le dio un breve respiro las finanzas de Villa Baviera, pero los pasivos siguen siendo enormes. Casi $5.000 millones. Aquí ha habido un despilfarro sistemático de dinero por parte de los líderes de Villa Baviera. Sin utilidades desde 2005 y con costos de explotación muy superiores a los ingresos, la pregunta que queda en el aire es cómo durante toda una década han logrado mantener las empresas de Villa Baviera a flote. Según el relato de Hempel, en esa misma reunión, uno de los directores confesó que durante varios años se habían manipulado los balances (deficitarios) de las empresas para así conseguir créditos con distintas instituciones financieras y para presentar a los accionistas de las empresas resultados más “optimistas”. “Eso lo reconocieron derechamente en la reunión de directorio de abril pasado. Dijeron que habían inflado los balances para que los bancos les dieran más dinero”, acusa Hempel. Luego de conocer los resultados, algunos accionistas manifestaron su malestar. Uno de ellos señaló que no estaba consciente como accionista de estos resultados y que desde el 2005 se había presentado otra realidad. ORDEN DE NO PAGO El 19 de febrero de 2013 se dictó el cúmplase de la sentencia dictada por la Corte Suprema contra 16 jerarcas de la ex Colonia Dignidad por los delitos de abusos deshonestos perpetrados a más de una decena de víctimas del régimen de Paul Schäfer. Fue ese mismo año, y según lo estipulado en el contrato firmado entre el Fisco y los colonos de Villa Baviera, que comenzaron las gestiones para que se hiciera efectivo el pago de las indemnizaciones consagradas en el acuerdo de 2009. –Contacté a los actuales colonos a fines de 2013 para decirles que debían pagar. Al primero que llamé para hacer valer el acuerdo fue a Martin Matthusen Gerlach (uno de los firmantes del acuerdo de 2009 en representación de las empresas de Villa Baviera), quien me señaló que en ese momento estaba saliendo de la administración de las empresas y me dijo literalmente ‘veo que soy el único que firmó el acuerdo con la intención de cumplirlo’. Y agregó que no podía hacer nada –cuenta Winfried Hempel. Hempel relata que estuvo durante varios meses intentando hacer valer el contrato firmado entre el Fisco y los administradores de Villa Baviera en 2009. Pero ninguna de las tratativas fructificó. “Todo lo dilataban. Me estaban usando para ganar tiempo”, acusa. Hempel apunta a Hans Schreiber y a Reinhard Zeitner como los responsables. “Son ellos los que están detrás de todo esto. Ellos representan la línea más dura y todos se alinean en torno a sus decisiones”. CIPER intentó en reiteradas oportunidades contactarse con Schreiber (por email y teléfono) sin éxito. El 5 de septiembre de 2014 Hempel y el abogado Walter Morales, en representación de nueve víctimas de los ex jerarcas de Colonia Dignidad, presentaron una demanda de desposeimiento en el Juzgado de Letras de Parral en contra de los representantes de Inmobiliaria Bergneustadt, actual propietaria de los terrenos entregados en hipoteca al Fisco. En el libelo, los abogados de las víctimas piden a los tribunales que notifique a los socios de la inmobiliaria para que paguen las indemnizaciones de sus nueve representados o que de lo contrario los terrenos sean rematados. El monto total que se reclama supera los $800 millones. En mayo de 2015, el abogado de los representantes de Bergneustadt, Andrés Kuncar, presentó en tribunales la contestación a la demanda interpuesta por Hempel y Morales. En ella, adujo una serie de causales de nulidad de la obligación contraída por la “segunda generación de colonos” en 2009. -Los argumentos que utilizan en el escrito muestran claramente que están desconociendo la obligación y que no quieren pagar -señala el abogado Walter Morales. En una de las causales se reclama la invalidez del acuerdo de 2009 producto de que los beneficiarios de las indemnizaciones “solo vinieron a ser titulares del derecho a ser indemnizados (…) el 25 de enero de 2013. No pudo ni puede estipularse nada a favor de una persona futura e indeterminada”, se señala en el escrito, en el que se pone énfasis en que “la determinación de las partes de un contrato es requisito de todo acto jurídico”. –Saben perfectamente de lo que se trata el acuerdo y solo quieren eludir su responsabilidad. En todo el procedimiento no han mostrado voluntad alguna de querer llegar a un acuerdo –señala Morales. En la contestación a la demanda también se argumenta que la inscripción de la hipoteca en el Conservador de Bienes Raíces no es válida, pues “no fue requerida por ninguno de los interesados (ni el Fisco ni Cerro Florido), sino por don Enrique Monasterio Rebolledo (el entonces abogado de los colonos), quien no exhibió ni contaba con título alguno para obrar por los interesados de dicha inscripción” (ver escrito). –Están desconociendo el acuerdo por un error de forma. Eso prueba que actúan de mala fe. Es una excepción absolutamente inatendible –dice Hempel. Todas las causales de nulidad presentadas por el abogado representante de los colonos fueron desestimadas por los tribunales. A fines de septiembre de este año Kuncar y los colonos volvieron a la carga y presentaron un recurso de casación en contra de la sentencia de primera instancia. –El juicio puede demorar. Si se cumple el plazo de término de la hipoteca (31 de diciembre de 2017), el Consejo de Defensa del Estado se va a quedar sin terrenos. El Fisco accedió a levantar el embargo en reemplazo de la hipoteca y después del contrato de 2009 no ha hecho ninguna gestión para ver en qué va esa hipoteca, ni tampoco para velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones –acusa Hempel. “EL CDE HIZO MÁS DE LO QUE DEBÍA” El abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell fue quien llevó las causas que involucraban a la ex Colonia Dignidad en representación del Fisco. En 2013, Martorell consiguió la condena de 16 de los ex jerarcas de Villa Baviera por delitos de violación y secuestro de menores. También fue protagonista en las negociaciones que sellaron el acuerdo de agosto de 2009. En conversación con CIPER, el consejero del CDE señala que el acuerdo excedió con creces el espíritu original de la negociación entre el CDE, en representación del Fisco, y los representantes de las empresas de Villa Baviera, Abratec y Cerro Florido. –Logramos que hipotecaran cuatro parcelas, las más importantes de la ex Colonia Dignidad, en favor del Fisco. Yo como abogado dije, “no nos vamos a contentar con eso, vamos a incluir a los menores que fueron víctimas”. Aprovechamos de unir legalmente una causa que no tenía nada que ver, una causa patrimonial sobre contratos simulados, con las víctimas civiles de los abusos sexuales para que también fueran favorecidas. Podríamos haber velado, tal cual nos correspondía, solo por los intereses de Fisco, pero fuimos más allá, era lo que debíamos hacer –cuenta Martorell. El Consejo de Defensa del Estado –añade Martorell- no tenía responsabilidad alguna en los hechos para negociar en favor de las víctimas, pero decidieron dar la pelea para que éstas tuvieran un respaldo patrimonial contra el cual hacer valer las sentencias judiciales que condenaron a los ex jerarcas de Colonia Dignidad. –Sin esta hipoteca, las víctimas habrían quedado en un vacío legal, porque habrían ido al juzgado civil a hacer valer las indemnizaciones que dictaminara la justicia, pero no habrían tenido ningún respaldo –señala Martorell. El abogado del CDE se muestra sorprendido y contradice las críticas de abogado Hempel y de parte de las víctimas respecto del eventual rol que debía haber cumplido el CDE en la supervisión del cumplimiento del contrato: –Entiendo la molestia que puedan tener las víctimas si hasta el día de hoy no han sido indemnizadas. Pero acá hay algo claro: no es responsabilidad del Consejo de Defensa del Estado hacer el seguimiento de esos pagos, salvo en las condenas que se puedan aplicar respecto del Fisco en las causas, por ejemplo, de derechos humanos. No podemos legalmente demandar indemnizaciones de perjuicios en favor de las víctimas, porque el CDE no representa a las víctimas, sino que representa al Estado. EDUARDO SALVO: “LOS COLONOS SE ESTÁN RIENDO DE NOSOTROS” Eduardo Salvo nació en el hospital de Villa Baviera en octubre de 1980. A principios de los ’90 comenzó a integrar el movimiento “Juventud de Vigilia Permanente” (JVP), creado por los ex jerarcas de Colonia Dignidad para reclutar a los hijos de los “amigos de Villa Baviera”. “Comencé a ir a Colonia Dignidad todos los fines de semana. Más tarde me iba durante las vacaciones de invierno y de verano”, recuerda Salvo. En sus constantes visitas, Salvo aprendió palabras y frases en alemán. Su entusiasmo por aprender el idioma de los colonos llegó a oídos de Schäfer, quien al poco tiempo lo reclutó como sprinter. –Era como ser su ayudante o esclavo personal. Schäfer tenía un ojo de vidrio y ocupaba una lupa para mirar. Si veías a un niño con una lupa, fijo que andaba de Sprinter. Yo la cargué muchas veces. El sprinter debía custodiar el sueño de Schäfer, acompañarlo en sus viajes y paseos diarios, llevar registro en una libreta de todo lo que había que arreglar, hermosear o cambiar en la Colonia, dejarle sus medicamentos en el pastillero a la hora que correspondiera, coordinar su desayuno, almuerzo y comida, entre varias otras cosas –recuerda Salvo. Una noche Schäfer lo llevó a su cabaña y abusó de él en la tina del baño. Tenía 12 años. Con el tiempo los abusos se hicieron cada vez más frecuentes y violentos. –Yo sabía que nadie podía tocarme, que nadie podía verme desnudo, pero todo era una contradicción. Me estaba tocando el jefe de esta gran obra de la que todo el mundo hablaba maravillas, yo había sido elegido, estaba aprendiendo alemán, para mí era un sueño. Por eso comencé a normalizar los abusos en mi cabeza. Schäfer siguió abusando de mí de la manera que pudo, me tocaba, me masturbaba, me pedía hacerle sexo oral y en más de una oportunidad intentó penetrarme –dice Salvo que por primera vez se atreve a dar públicamente su testimonio. Salvo es una víctima del perverso sistema instaurado por Schäfer y sus colaboradores en Villa Baviera. El paso del tiempo no ha logrado curar sus heridas, aunque sí le ha permitido liberarse de parte de los sentimientos de culpa que arrastró durante años por no haberse revelado frente a los abusos. –Con el tiempo he logrado entender que era tan solo un niño víctima del sistema. Dejé de lado mi vida y me puse al servicio del sistema. Es todo muy fuerte. Yo mismo llevé en ocasiones a niños a Schäfer para que los abusara. Tenía solo 15 años y él me decía ‘quiero que ese niño (de las JVP) se vaya a bañar’ y me mandaba a buscarlo. Es un karma para mí, lo digo con mucha pena, pero no sabía, solo era un niño y no podía acercarme a mis padres para contarles nada, porque sentía mucha vergüenza de mi condición –confiesa Salvo. Actualmente Eduardo Salvo cursa quinto año de Enfermería en Santiago. Llegó a la capital en el 2001 con 21 años. “En Parral no podía andar por la calle. Me insultaban, me trataban mal por haber denunciado a Schäfer y sus cómplices”, dice. Desde entonces ha logrado subsistir en Santiago a duras penas. Desde 2005, junto a otras dos víctimas, recibe una pensión del Estado que hoy no supera los $300 mil. “Vivo con eso y de algunos trabajos esporádicos”, dice. Pero no le alcanza. Actualmente arrastra deudas por cerca de $18 millones. –Yo no soy de darme lujos. Vivo apenas con lo que tengo. Yo entré a estudiar enfermería confiando en que había un acuerdo reparatorio y que nos iban a indemnizar. Y confié en ello. Por eso ahora tengo tanta impotencia y rabia. Los colonos se están riendo de nosotros –dice resignado. Fuente: http://ciperchile.cl/2015/10/19/lideres-de-villa-baviera-niegan-validez-de-acuerdo-para-indemnizar-a-victimas-de-schafer/
  20. Urrutia lo hizo otra vez: Diputado votó en contra de bono para víctimas de la dictadura y dijo que "los verdaderos patriotas, están en Punta Peuco" En definitiva, con 59 votos favorables, el bono consistente en un millón de pesos se entregará a los 29.910 titulares vivos de las nóminas del Informe Valech 1 y 2. Además, se dará un bono de $600 mil a las 6.251 viudas de dichas víctimas. El costo de este beneficio representa un gasto total de $33.661 millones. Pese al voto en contra del diputado UDI Ignacio Urrutia, y 24 abstenciones del gremialismo y Renovación Nacional, la Cámara Baja aprobó el proyecto que otorga un bono a las víctimas de prisión política y tortura. "Estos bonos no lo reciben los verdaderos patriotas, esos que están en Punta Peuco" , espetó el diputado Urrutia tras votar en contra, lo que el diputado PC Hugo Gutiérrez calificó como una "confesión brutal pero honesta que retrata a la derecha". En definitiva, con 59 votos favorables, el bono consistente en un millón de pesos se entregará a los 29.910 titulares vivos de las nóminas del Informe Valech 1 y 2. Además, se dará un bono de $600 mil a las 6.251 viudas de dichas víctimas. El costo de este beneficio representa un gasto total de $33.661 millones. Los votos a favor provinieron de la Nueva Mayoría e independientes, además de los RN Germán Becker, Gonzalo Fuenzalida, René Manuel García, Nicolás Monckeberg, Diego Paulsen y Leopoldo Pérez; Pedro Browne y Joaquín Godoy (Amplitud), y el Evópoli Felipe Kast El texto ahora pasa al Senado, a cumplir su segundo trámite constitucional. http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150910/pags/20150910154939.html
  21. Multitudinaria velatón en el Estadio Nacional recuerda a víctimas de la Dictadura Paula Correa y Héctor Areyuna | Viernes 11 de septiembre 2015 16:44 hrs. Lejos de las autoridades, esa fue la tónica de las actividades realizadas por la sociedad civil en recuerdo de las víctimas caídas en Dictadura. En las diversas citas, los asistentes increparon al Gobierno por mantener la impunidad de los victimarios. Cientos de velas alumbraron la noche de Ñuñoa. Hoy, como cada año, muchos chilenos se acercaron al Estadio Nacional para rendir homenaje a sus víctimas. Mientras en diversos puntos de Santiago, incidentes empañaron la conmemoración de las víctimas. Sus familias y muchos otros conmovidos por el horror de la Dictadura se acercaron al principal recinto deportivo del país para recordarnos que ahí se detuvo y torturó a miles de compatriotas. En el aniversario 42 del fatídico 11 de septiembre, números actos se sucedieron en el país. En todos ellos la tónica fue similar: los sobrevivientes y las familias de los caídos criticaron la política con la que los Gobiernos de la Concertación y ahora Nueva Mayoría han prolongado la impunidad de los civiles y militares que fueron parte del Golpe de Estado. Más temprano, emotivas conmemoraciones enmarcaron los actos en recuerdo de las víctimas de la Dictadura.A cuarenta y dos años del trágico 11 de septiembre de 1973 y lejos de los reconocimientos oficiales, organizaron jornadas de reflexión y debate, pero también de recuerdo y reclamo contra quienes han impedido avanzar en justicia, reparación y verdad. Así, mientras en el interior de La Moneda las autoridades llevaban adelante las ceremonias oficiales, en las afueras del Palacio, principalmente en calle Morandé 80, distintas organizaciones realizaron homenajes a la figura del Presidente Salvador Allende y conmemoraron un nuevo año del Golpe de Estado que inició la Dictadura cívico-militar. Entre las críticas deslizadas por los familiares de los detenidos desaparecidos, la central apunta a la inercia del gobierno de la Nueva Mayoría para detener la impunidad con la que civiles y militares se han mantenido, pese a conocerse su responsabilidad en los secuestros, muertes y torturas. En Villa Grimaldi, la actual dirigencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile junto con los representantes estudiantiles de los ochenta y noventa, rindieron homenaje a los estudiantes, académicos y funcionarios caídos a partir del 11 de septiembre. “Hay consenso social respecto de la necesidad de hacer justicia, que se rompan estos pactos de silencio, que desde el Estado se haga un esfuerzo por reconocer estas luchas, darle justicia no sólo a las personas que lucharon sino que al país, el cual requiere una transformación en su conjunto, para recuperar lo que se nos arrebató, nuestros derechos sociales”, dijo Valentina Saavedra. Por su parte, Yerko Ljubetic, ex presidente entre 1985/86, consultado acerca de las demandas en derechos humanos como el cierre del Penal Punta de Peuco, dijo que “hay una serie de cuestiones emblemáticas que debieran ser de fácil resolución y que debieran eliminarse porque hieren la sensibilidad de las personas, como el que se rinda homenaje todavía en algunas unidades militares al asesino Manuel Contreras y al propio Augusto Pinochet, son cosas que ofenden la memoria, que no debieran requerir esfuerzos ni recursos, pero que tienen un carácter emblemático, en las cuales este gobierno debiera avanzar con mucha mayor rapidez”. La Universidad de Santiago también recordó a sus caídos. La actual dirigente de la Feusach, Marta Matamala, dispuso en sus redes sociales, las fotografías con los diferentes homenajes que se hicieron al interior de la casa de estudios ubicada en Estación Central. La música tampoco estuvo ausente de estos homenajes. En el Teatro Caupolicán se realizará el concierto gratuito “Voces por la memoria” organizado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Para el sábado, en la comuna de Recoleta, a partir de las 10:00 horas, se recordará al periodista José Carrasco Tapia, referente de la lucha por la libertad de expresión durante la Dictadura y asesinado por agentes de la CNI en 1986. Ese mismo día, también la Corporación Memoria Lonquén recordará a los ejecutados políticos del Puente Viejo de Naltagua, en el sector de Isla de Maipo, a las 16:00 horas, con un acto de homenaje en el monolito que los recuerda, instalado en el lugar donde fueron fusilados y posteriormente lanzados al río. En cuanto al domingo, la convocatoria es a la tradicional romería al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, a partir de las 10:00 horas desde la Plaza Los Héroes, con un acto central que se desarrollará en las afueras del Cementerio General. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/09/11/organizaciones-sociales-acusan-al-gobierno-de-prolongar-impunidad-de-la-dictadura
  22. Chile cierra otra herida: memorial en Lonquén recordará a las primeras víctimas reconocidas por la dictadura Por Nicolás Borcoski Pasaron 42 años desde los crímenes de los hornos de Lonquén. Recién en 2015 el Estado toma iniciativa y construirá un memorial en donde estuvieron las estructuras en que se escondieron los restos de 15 campesinos asesinados a manos de la dictadura. Este fue el primer hallazgo de osamentas humanas, la primera evidencia de los asesinatos cometidos por el régimen y que significó el inicio del fin para Pinochet. No se trata de cualquier caso, sino que el primero. La tragedia de los denominados Hornos de Lonquén se convirtió en el inicio de un camino para demostrar los crímenes de lesa humanidad que la dictadura militar realizó durante su estadía en el poder. Fue un 30 de noviembre de 1978 cuando se descubrió y denunció el hallazgo de osamentas humanas en dos hornos de la localidad. Era lo que quedaba de 15 hombres detenidos por Carabineros en octubre de 1973. Campesinos de Isla de Maipo cuyo rastro se perdió hasta ese día, en que la Vicaría de la Solidaridad y la prensa hicieron público el hallazgo que agitó al país. El régimen militar ya no podía decir que "los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal", como dijo el delegado de Chile ante las Naciones Unidas, el recién fallecido embajador Sergio Diez. Desde ahí la historia es conocida. Se detectaron decenas de centros de tortura, mientras que la lista de detenidos desaparecidos se seguía engrosando. El caso de los quince varones -entre 17 y 51 años- marcó un hito en la historia que aún prevalece. El horno fue dinamitado en 1980 por su dueño. No quería que el lugar se convirtiera en un centro de devoción o peregrinaje. Aún así, familiares se hicieron presentes en el lugar varias veces, arriesgando ser detenidos. El lugar está ahora en posesión del ministerio de Bienes Nacionales desde 2005. Sin embargo, recién en octubre de 2015 (42 años desde que ocurrieron los crímenes) se hará justicia por las víctimas y se construirá un acceso público al lugar. Es el primer paso de lo que será un monumento. Una deuda estatal El mismo ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, reconoció que existe una deuda por saldar con Lonquén. "El proyecto es un acto reparatorio fundamental para los familiares y la memoria del país, porque fue el primer hallazgo, en plena dictadura, que comprobó que la práctica de la desaparición forzada sí era una realidad", aseguró. En lo práctico, el monumento (hasta ahora a cargo de los arquitectos Claudio di Girólamo y Borja Huidobro), incluye además, un anfiteatro, un museo interactivo y un parque abierto a la comunidad en las seis hectáreas pertenecientes al ministerio. Siempre se pudo, faltó voluntad de los gobiernos Emilio Astudillo, concejal de Isla de Maipo e hijo de una de las víctimas, preside la Corporación para la Memoria de Lonquén y ha sido pieza fundamental para concretar el memorial. En conversación con Cambio21 no ocultó su satisfacción por la meta cumplida, aunque genera una mezcla de sentimientos. Por un lado, se logra la reavivación por las familiares asesinados por la dictadura, por otro, han pasado más de 40 años. Eso tiene una explicación, dice. "Siempre se ha podido, querer es poder. Faltó voluntad política. Siempre ha habido recursos para hacer lo que se quiere hacer. Hoy sí hay voluntad. El sentimiento de los detenidos desaparecidos de Lonquén siempre ha tenido esta demanda, porque marca un hito histórico. El primer hallazgo de detenidos desaparecidos. Hasta ahí, esperábamos encontrar vivos a nuestros familiares, Lonquén truncó nuestras esperanzas, y de muchas otras familias de encontrar a sus seres queridos". "Ha sido una demanda de las familias. No es algo que le nació al gobierno, hemos demandado que el Estado tiene una deuda con las familias de Lonquén, pero que también es con todo el país. No pertenece solo a la memoria de los familiares afectados directamente. Pertenece a la memoria colectiva de un país, que sufrió la aberración de una dictadura, la muerte, la desaparición, la tortura, el exilio y mucho más", dijo Astudillo. Más allá de la larga espera, el dirigente valoró que el sueño se cumpla y destacó que hay varios actores comprometidos para que la obra se concrete durante este gobierno. Asumir nuestra historia La deuda es innegable. El senador democratacristiano, Manuel Antonio Matta, miembro de la comisión de Derechos Humanos, reconoce que no hay explicación para tal tardanza, pero destacó que finalmente, el monumento se concrete. "No tiene ninguna explicación y lo mejor es que cuanto antes y aunque sea este año, se logre algo histórico que merecen las víctimas de los hornos de Lonquén", dijo a Cambio21, agregando que "es bueno para mantener la memoria histórica. Fueron hechos condenables que causaron un impacto profundo, sobre todo para el mundo de la familia campesina, víctimas de la represión de la zona sur de la antigua provincia de Santiago. Mi solidaridad porque se ejecutan las obras que permitan demarcar este hecho histórico lamentable que ocurrió, pero que forma parte de la historia de nuestra patria". Los restos de los 15 campesinos fueron hallados en las chimeneas de los hornos. (Foto: archivo Vicaría de la Solidaridad) No es todo Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, su presidenta, Lorena Pizarro, lamentó el tiempo que tomó para que el país tuviera esta acción. Después de todo, de aquí partió todo lo referente a la reivindicación con los derechos humanos. "Para los familiares y nosotros, significó un dolor tremendo. Para un número importante de familiares significó enfrentar el asesinato de los desaparecidos. Existe una deuda sobre lo que significa Lonquén. (...) quiero ser justa, es una deuda con Lonquén, pero también con todos los lugares en que han encontrado victimas. Siempre se ha intentado apuntar a algunos lugares como más emblemáticos como otros, y eso es una falta de respeto. Si uno piensa en Chihuio, en Calama, en el cementerio de La Serena... todos tienen la misma importancia para las familias y deudos", dijo Pizarro a nuestro medio. La dirigente también hizo una dura advertencia: "el memorial no resuelve los temas de fondo. Esto tiene que ver con una transición que partió con la impunidad, lo transó todo, incluso la memoria de lo que ocurrió. Recién a los 40 años de conmemoración del golpe se habló del impacto del terrorismo de Estado". Lo anterior se refiere a que, según Pizarro, con el regreso de la democracia, se intentó minimizar lo ocurrido. "La memoria en la sociedad de lo que significó la desaparición de detenidos, ha sido invisibilizada. Lo de Lonquén es una interesante resolución judicial que no solo apunta a lo penal, respecto a lo que ocurrió, sino que también el Poder Judicial se hace cargo de la construcción de memoria, y eso siempre es positivo". www.cambio21.cl
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