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  1. Topic de Archivo 2016 Reforma Constitucional Proceso constituyente: los temores ciudadanos ante el poder de los partidos Fernando Seymour | Domingo 3 de enero 2016 9:25 hrs. No son pocos los que piensan que el inicio de los “diálogos ciudadanos” es la oportunidad para un reencantamiento con la política. Sin embargo, también surgen suspicacias sobre la cooptación que generarían las colectividades en el camino hacia la nueva Constitución. Según la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, un 76 por ciento de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución. Además, un 60 por ciento considera que este cambio “es muy o bastante prioritario” para el país, lo que implica nueve puntos más que en la medición de octubre. Datos que reflejan el interés que podría generar en la ciudadanía la participación en el proceso constituyente anunciado por el Gobierno, el que durante 2016 comenzará a implementarse. Si bien ya existe una campaña comunicacional y el nombramiento de 17 integrantes que forman el Consejo Ciudadano de Observadores, el proceso aún genera dudas y ciertas complejidades, especialmente si se trata de los futuros cabildos locales, provinciales y regionales. En lo inmediato, no han pasado inadvertido diversos cursos y encuentros para la formación de delegados constituyentes. ¿El objetivo? Educar a quienes participarán en los llamados “diálogos ciudadanos”, a desarrollarse entre marzo y octubre de 2016. Sin embargo, entre quienes desempeñen ese rol figuran militantes de partidos políticos y líderes de organizaciones sociales. “Una cosa es el Consejo y otra son los facilitadores de la participación”, aclara el abogado y doctor en Sociología Salvador Millaleo, uno de los 17 observadores designados por la Presidenta Michelle Bachelet. “Nuestra misión es garantizar ese proceso. Lo importante es siempre ser fiel a la forma en que se expresa la población”, agrega el también académico de la Universidad de Chile, destacando la importancia de “no eliminar los desacuerdos para privilegiar los acuerdos. Y que los acuerdos se basen en cuestionen que tengan una mayoría y un respaldo robusto y amplio, y no solo un acuerdo de mayoría simple o algo similar, además de las otras opiniones que se recojan”. Cabildos ciudadanos: en la mira de los partidos políticos No cabe duda que el rol que desempeñarán los facilitadores en los “diálogos ciudadanos” será fundamental. Los mismos que, a sugerencia del Consejo Ciudadano de Observadores, serán contratados por Alta Dirección Pública. A éstos se sumarían otros voluntarios no remunerados. En este punto, las suspicacias son inevitables, especialmente cuando se trata de los intereses que ya manifiestan los partidos políticos por incidir en estas instancias. “Al menos yo, hasta el momento, no he escuchado en las reuniones que hemos tenido, que los partidos políticos estén poniendo gente”, reconoce Ruth Olate, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) e integrante del Consejo. La misma que anticipa que “se recibirá a los partidos para que puedan plantear sus inquietudes. Y también a las organizaciones sociales”. Por ejemplo, tal como menciona, a las distintas centrales de trabajadores. Y es que al no existir claridad sobre los límites de cada uno de los protagonistas, “perfectamente un cabildo, al nivel que sea, podría ser cooptado por las máquinas de los partidos políticos para medir sus fuerzas, llevar gente y ordenar sus preferencias”. Así lo advierte el cientista político Alejandro Olivares, investigador del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, quien insiste en que mientras no exista una reglamentación al respecto, este riesgo estará latente. En ese sentido, Salvador Millaleo aclara que “nuestra tarea en el Consejo es procurar que no se produzca ningún tipo de captura y que se mantenga el pluralismo y se refleje la diversidad en el proceso de participación”. Respecto de la viabilidad de este tipo de experiencias, Olivares no duda en que efectivamente pueden funcionar, “en la medida que se desarrollen a través de varias sesiones, que exista la certeza de que se registrarán consensos y disensos, que se reconocerán votos de mayoría y de minoría y donde todas las posiciones quedarán reflejadas en un documento final”. En suma, como plantea el académico, un proceso que debería apuntar a un trabajo dotado de múltiples reuniones, en el que se logre que las personas se sientan parte del mismo, lo que requiere definiciones claras sobre los procedimientos. Es por ello que no duda en que lo primero es generar confianzas en las comunidades y demostrar que lo que se trabaje y discuta será considerado como un insumo para otro debate. “Hoy, nadie sabe si eso será así efectivamente”. Sin embargo, el que se trate de un proceso que carezca de un carácter vinculante podría implicar cierto distanciamiento y desconfianza. “Si hablamos de lo jurídico, este proceso no es vinculante, porque no está establecido de esa manera en la Constitución. La Constitución actual establece como vinculante un procedimiento de reforma bastante alambicado. Y eso es lo que ha causado esta discusión sobre la indefinición de roles, porque no existe ninguna ley que contemple la Constitución y por eso hay poca claridad, lo que es legítimo”. A su planteamiento, Millaleo añade que “nosotros queremos contribuir a aclarar este proceso en la medida que lo vamos desarrollando”. Definiciones y desafíos pendientes No son pocos los que piensan que el proceso constituyente que inició el Gobierno al nombrar este Consejo de Observadores, con integrantes tan disímiles como diversos, genera un problema. “Debe tener un equilibrio entre lo político y lo ciudadano”. La afirmación de Olivares se explica en que “los partidos políticos cumplen un rol de intermediación, de agregación de valor y de interés, de canalización de demandas, por lo que no pueden quedar fuera de este proceso. Debiesen ser centrales en todos los procesos de cambio de una Constitución. Por lo tanto, cuando aparecen otras instancias, como un consejo de observadores, que los amenaza, y donde además pareciera que no los incluirán, los partidos tienden a sobrerreaccionar, porque no está claro cuál será el punto de equilibrio entre uno y otro”. Asimismo, advierte que “la ciudadanía muestra un descrédito bastante grande hacia la clase dirigente, lo que incluye prácticamente a todos los partidos políticos, y también presiona para que estos procesos sean menos políticos y más ciudadanos”. En consecuencia, anticipa que el desafío del Gobierno es lograr un punto de equilibrio entre ambos. “Mientras no exista un procedimiento explícito que diga cómo se integrarán los ciudadanos y los partidos políticos, hasta qué punto llega cada uno, comenzaremos a ver una serie de tensiones con respecto al proceso constituyente”. Una preocupación que comparte Ruth Olate, a propósito de cómo se definirá a quienes conduzcan los cabildos. Por ahora, tal como lo confirma, se realizaría una licitación. “Se definirán criterios para determinar las personas que participarán en estos cabildos, las que también tendrán que educarse”. A eso, se suma la necesidad de definir cuál será la injerencia que tendrán los observadores en esas instancias. “Todavía no está claro. Lo estamos viendo y lo hemos conversado en las cuatro reuniones que ya hemos tenido. Aún estamos definiendo la metodología para elegir a las personas que se desempeñarán como facilitadores”. La gran oportunidad para reencantar a la ciudadanía “Si no es este proceso, no es ningún otro”, advierte con esperanza Alejandro Olivares. “Este puede ser el punto de inflexión para recuperar la politización, en el buen sentido, de una ciudadanía bastante más activa, lo que perdimos tajantemente con el Golpe de Estado de 1973 y que no hemos podido recuperar hasta hoy”. Por supuesto que se trata de un proceso lento y muy largo, tal como detalla Olivares, apuntando, sin embargo, a la posibilidad de desarrollar un proceso efectivo, integral, de respeto, con movilizaciones ciudadanas. “Discutir una nueva Constitución debiese significar una fuerza para recuperar capacidad de organización y reencantar a la gente con la actividad y la discusión política”. Tanto por la desmovilización generada durante la dictadura de Augusto Pinochet y luego por la implementación de las reformas neoliberales en la década del ’80, así como la posterior ampliación de las mismas durante los gobiernos de la Concertación, más los escándalos de corrupción de hoy, “la Política, con mayúscula, está en descrédito. Y los que hacen política son todos corruptos y ladrones, donde pagan justos por pecadores”. Por ello, su insistencia en que debe ser éste el momento para que la gente descubra que la política es más que todo eso. “La política es la conversación cotidiana, la discusión, la organización, es poder tomar entre nosotros algunas decisiones que le estamos traspasando a la autoridad, conocer al vecino para evitar que nos estafen cada cuatro año los distintos candidatos. Si éste no es el momento, no habrá otro y la calidad de la política en Chile no tenderá a mejorar. Soy optimista en que si ocurrirá, si es que el proceso es bien llevado”. “Es importante que se diera algo así –reconoce Ruth Olate– porque estamos muy alejados y criticamos tanto, por lo que si no participamos las cosas no se darán, porque siempre es minoría. Sería muy bueno que la gente se reencantara, participara, sacara la voz y dijera lo que le gusta o lo que no. Y que su opinión quede plasmada”. Junto con insistir en la importancia de la participación, cuestiona “lo fácil que es decir lo que a uno no le gusta y criticar cómo quedará la Constitución. Pero si no hemos tomado parte, después no tendríamos derecho a alegar”. Su reflexión es que “para tener un juicio hay que escuchar a toda la gente. A veces la mayoría toma acuerdos que dejan mucho que decir y ahí es donde tenemos que actuar. No siempre lo que dice la mayoría es lo correcto”. A esto se suma la conclusión de Olivares. “La historia de Chile tiene la tendencia al multipartidismo, por lo que podría ser ésta la instancia para que se organicen nuevas opciones y alternativas. Es en estas coyunturas, cuando se producen cambios, donde efectivamente la gente se organiza”. En lo inmediato, tal como ha ocurrido en los últimos cuatro lunes, este 4 de enero los 17 observadores del Consejo Ciudadano se reunirán nuevamente en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral que sigue siendo testigo de las discusiones y definiciones que podrían llevar al país a definir un nuevo texto constitucional. Las conclusiones de éstos, que se agruparán en un texto denominado por el Gobierno como “Bases ciudadanas para la nueva Constitución”, debieran ser el soporte para la redacción de la nueva Carta Magna, que el Ejecutivo proyecta concretar en 2017. Fuente: http://radio.uchile.cl/2016/01/03/proceso-constituyente-los-temores-ciudadanos-ante-el-poder-de-los-partidos-pol%C3%ADticos
  2. Topic de Archivo 2016 Control de Identidad UNICEF alerta posible ilegalidad del control de identidad a menores Al no aparecer diferencias entre los procesos para menores y mayores de edad, la organización manifestó su preocupación. Nacional 25 de enero, 2016 Autor: El Dínamo El artículo 12 del proyecto de ley en el que se enmarca la agenda corta antidelincuencia establece que “los funcionarios policiales (…) podrán controlar la identidad de cualquier persona en el lugar en que se encontrare, por cualquier medio de identificación expedido por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte. El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse”. No obstante lo anterior, en el caso de los menores de 18 años, podría provocarse una situación confusa, esto debido a que los mencionados no están obligados de forma legal a portar sus documentos. De acuerdo a la iniciativa, toda persona que no se identifique ante la petición de Carabineros o la PDI será llevado a una comisaría, en la que permanecerá retenido mientras se verifica su identidad. Según Anuar Quesille, oficial de protección de Unicef Chile, debería haber una diferenciación clara de cómo se aplica el control a los menores. “Sabemos que los adolescentes tienen conductas diferentes, entonces se puede caer en una estigmatización que puede incluso llevar a retenerlos por cuatro horas en un cuartel, siendo que no están obligados a identificarse, porque la ley no lo establece”, manifestó con preocupación. En la otra vereda, se expresa lo peligroso que podría resultar no controlar a posibles delincuentes en edad de responsabilidad penal, en tanto. El senador Alberto Espina (RN) tiene la intención de que todos sean controlados, “ya que en Chile hay 18 mil jóvenes que cometieron delitos y el Estado no los atendió. A mi me parecería muy útil que el Estado pudiera pedirle la identidad a un menor”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/01/25/unicef-control-identidad-menores/
  3. Topic de Archivo 2016 Ley de Aborto Laura Albornoz, DC y exministra del Sernam sobre la discusión del aborto: “Creo que la causal de violación se va a caer y es terrible” Daniela Yáñez 03 Enero, 2016 Hace cinco meses que Laura Albornoz, en un acto de valentía para su sector, aceptó públicamente que se había hecho un aborto. Luego de años de plantear la despenalización en las tres causales dentro de la democracia cristiana y el gobierno, hoy ve el debate con ojos pesimistas por falta de voluntad política. Personeros de su partido, como Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, ambos de gran influencia política, son la piedra de tope. “Este país todavía cree que todas somos iguales. Todas femeninas, todas madres”, asegura. Sé que mucha gente no entiende por qué no he querido compartir mi experiencia de aborto, después que lo acepté públicamente en julio pasado. Y la razón es porque creo, que en ciertas situaciones personales las mujeres, para lograr sensibilizar tenemos que victimizarnos y eso no me gusta. Permanentemente los medios de comunicación buscan llegar a la gente a partir de lo que vivió “la mamá”, como lo que sucedió hace unos días con la joven a la que le quitaron a su hijo por fumar marihuana un día antes. Además, no creo la re-victimización. Basta con decir que yo viví un aborto, una mujer católica profesante, como cualquier mujer de este país. El aborto es algo mucho más común de lo que se habla en los medios. No somos excepción ni un caso raro. No podemos jugar con los testimonios de las mujeres. Basta con que se nos crea cuando lo decimos a viva voz, eso debería ser suficiente. Me da rabia cuando a un hombre, que vivió una situación de apremio o vive una experiencia de guerra, por ejemplo, nadie le exija que abra su intimidad. Nadie trata de victimizarlo. Las mujeres somos sujetos de derecho. No nos podemos seguir ganando espacios desde la óptica de que nos pegan, que nos maltratan. Necesitamos una vida libre de violencia, de abuso, una vida donde no nos penalicen cuando nos violan. Las mujeres no se practican un aborto por deporte, no los utilizamos como método anticonceptivo. Mi experiencia fue dolorosa, pero no digo que sea el caso de todas las mujeres, si hay algunas que no lo vivieron así, está bien. De hecho, hay mujeres que ven el aborto como una liberación, porque tienen condiciones apremiantes, situaciones económicas insostenibles, en fin, hay muchas situaciones diversas. Todas las mujeres son distintas, no nos pidan que reaccionemos igual. Es ridículo pensar que todas tenemos instinto maternal, que todas queremos ser madres. Reconocer nuestras diferencias es cómo tenemos que avanzar en el ejercicio de nuestros derechos. Este país todavía cree que todas somos iguales. Todas femeninas, todas madres. El aborto es un derecho. No puede existir ninguna moral que impida debates democráticos. Es un debate en el que tienen que participar las mujeres, y es un derecho que a lo menos exige que no seamos penalizadas bajo ninguna circunstancia por la realización de un aborto, en particular en estas tres causales. Inicialmente, el debate sobre el aborto logró ser instalado porque hubo una voluntad política del Ejecutivo como nunca había existido en los gobiernos en democracia. Pero luego, ante la acción de freno que hubo de las mismas autoridades, este proyecto también resultó ser una víctima al igual que las otras reformas. El freno acá es político, no cultural. Las responsabilidades y las voluntades, son políticas. Yo veo en la Presidenta y la ministra del Sernam un fuerte impulso por aprobar esta ley, pero lo que no ha habido es el mismo nivel de compromiso de todos los parlamentarios. Acá ocurrió lo que siempre ha pasado en los temas de género. En definitiva son temas omisibles o de segunda categoría, como pasó con la ley de cuotas o cualquiera que les otorga mayores derechos a las mujeres. Es fácil avanzar en temáticas que le reconocen a las mujeres su rol reproductivo, vinculado a la maternidad o sus roles tradicionales, pero todos aquellos que supongan consolidar derechos civiles, políticos o autonomías en tus derechos sexuales, son puestos en duda por la clase política constituida mayoritariamente por hombres o por mujeres que han ascendido a los espacios políticos y que vienen de mundos tradicionales. Sé que mi partido tiene responsabilidad, especialmente los integrantes de los poderes fácticos que han trabado la discusión del aborto. Particularmente Soledad Alvear, Sergio Micco -aunque de forma más silenciosa- y ciertos sectores que los apoyan al interior del partido, pero que cada vez son menos. Que Ezzati le haya entregado a Soledad un premio por ser defensora de la vida, me tiene sin cuidado. Si Ezzati me reconoce algo, yo no me atrevería ni siquiera a jactarme de eso. La exsenadora, que por algo no fue re elegida, tiene una posición en extremo conservadora y lleva ese extremismo a un debate de poco diálogo. Y no lo digo para denostar a quien piense distinto a mí, lo hago para transparentar. Soledad Alvear ha estado encabezando la posición conservadora de ir en contra de todo lo que alguna vez defendió Frei Montalva, que en los 60 estuvo a favor de dos de las tres causales que hoy promueve el proyecto del gobierno y nos impide abrir el debate más amplio. Soy pesimista con respecto a la discusión del aborto el próximo año. Yo creo que la causal de violación se va a caer y es terrible. Para mí, de hecho, es la más justificada que todas. Yo sigo siendo DC y sigo creyendo en sus principios y apoyo el aborto en las tres causales. Es necesario que las personas sepan que las mujeres organizadas de la democracia cristiana no piensan como los conservadores que representan Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. Uno no puede ostentar tener una vida pública bajo ciertos parámetros y en privado tener otra vida a escondidas. Hay que ser consecuente. Por eso es tan importante declararme feminista, he intentado hacer una vida consecuente con los derechos de las mujeres y aplicándolo a mi vida cotidiana. La gente me apoyó cuando salí a la luz con mi aborto. Consejeros nacionales, camaradas de base, la comisión político-técnica de la mujer del partido, todos me apoyaron. Yo soy una militante reconocida, he sido autoridad del partido, pero además porque sería el máximo de negación frente a la democracia interna, no podría ser así. Pero los conservadores callados, no se atrevieron a decirme nada. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/01/03/laura-albornoz-dc-y-exministra-del-sernam-sobre-la-discusion-del-aborto-creo-que-la-causal-de-violacion-se-va-a-caer-y-es-terrible/
  4. Topic de Archivo 2016 Reforma Tributaria Mercado prepara "lápiz y cuaderno" ante complejidad de reforma tributaria El mundo académico se encuentra actualizando programas de pregrado y postgrado, además de seminarios, que faciliten la comprensión de la nueva normativa. Carlos Agurto 26 de diciembre del 2015 / 06:15 Hrs Complejidad. Ese es el concepto que se repite entre los expertos al analizar la reforma tributaria aprobada en septiembre del año pasado y que se mantiene a pesar de los avances que reconocen en el proyecto de simplificación presentado este mes por el gobierno. Por esta razón, el mercado se prepara con el objetivo de entender a cabalidad el articulado y llegar bien preparados al 2018, cuando la reforma tributaria entre en plena vigencia. Es en este escenario donde universidades, abogados tributaristas, y empresas de auditoría buscan afrontar la creciente demanda por capacitación de parte de ejecutivos de empresas y profesionales de las áreas de auditoría, contabilidad, derecho e ingeniería comercial. Esto a través de la actualización de los programas de estudios de pregrado y postgrado, creando nuevos diplomados y desarrollando seminarios que faciliten una mejor comprensión de la nueva normativa. “Por la envergadura de la reforma tributaria, claramente ha habido un aumento importante en la demanda por acceder a los diplomados y seminarios que nosotros ofrecemos y que evidentemente hace un par de años no existía”, explica el abogado y director académico del Diplomado en Tributación de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Visión similar tiene la abogada y jefa de programa del Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria de la Universidad Católica, Soledad Recabarren. “Entiendo que hay mucho interés en el tema tributario, en gran medida porque hay muchas personas que se desempeñan en este ámbito y quieren actualizarse de manera ordenada. Que alguien le explique las cosas de la A a la Z”. A los programas de postgrado que ofrecen ambas casas de estudios, se suma el que entregará en forma inédita a partir del próximo año la Universidad del Desarrollo, tras un joint venture con la firma auditora PwC Chile. “Este diplomado obedece a la necesidad que nosotros vislumbramos va a tener el mercado respecto de capacitación de una normativa que involucra el mayor cambio en nuestro sistema impositivo en 30 años”, revela el coordinador del Diplomado Reforma Tributaria y socio del área legal y tributaria de PwC, Luis Avello. Materias complejas Los expertos reconocen que la coexistencia de los sistemas de renta atribuida e integración parcial y la nueva norma general anti elusión surgen como los temas más complejos de la reforma y, por lo tanto, a los que han prestado mayor atención a la hora de elaborar los programas de estudio. “Hay algunos temas que son complejos en lo conceptual, como por ejemplo, la norma general anti elusión, porque no tenemos jurisprudencia previa en Chile, porque estamos supeditados a la interpretación del SII, y después habrá que espera cómo queda en la práctica. (…) Hay otros temas que son complejos por su practicidad, específicamente los dos sistemas de tributación. Debemos considerar que hay nuevos registros y estos entrarán a operar a partir del 1 de enero de 2017. Hay que saber en la práctica cómo llenarlos, cómo operan las normas de prelación para efectos de retiros”, explica Avello. En tanto, Polanco agrega que, por ejemplo, el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) lo seguirá en enseñando por mucho tiempo más “porque la reforma no elimina el FUT histórico, entonces los alumnos tienen que seguir conociéndolo”. No obstante, “ahora se añaden los famosos sistemas de renta atribuida e integración parcial, por lo que hubo que aumentar las horas y cambiarla de nombre a Sistemas de Imputación”. En el caso de las normas anti elusión, Recabarren reconoce que debieron separar el ramo denominado código tributario de sus programas de magister. “Uno es obligaciones tributarias, derechos y deberes y después tienes un módulo distinto sobre litigación tributaria. (…) Por la dificultad de este tema amerita que tengas dos cursos sobre el tema y no un curso resumido”. La abogada explica además que en la UC le han dado hincapié en mantener el concepto de planificación tributaria. “Ahora mucho de los programas han cambiando el concepto por estrategias de decisión, y nosotros hemos reforzado el concepto, porque queremos que la gente enfrente el tema y lo evalué en toda su extensión. El tema es conflictivo y hay que tratarlo en la sala de clases. (…) Tenemos que conocer muy bien cuál es la línea divisoria entre planificación, elusión y evasión, y tienes que ser capaz de entender la diferencia”. Simplificación Gonzalo Polanco reconoce que el año pasado habían hecho “un gran esfuerzo” en actualizar sus contenidos y que luego que se apruebe el proyecto de simplificación que actualmente se discute en el Congreso tendrán que realizar un esfuerzo similar. Respecto de los plazos, esperan que se concrete a fines de enero como pretende el Ejecutivo y no en marzo. “Eso generará la dificultad que vamos a tener menos tiempo para que nuestros profesores actualicen sus conocimientos”. En esta línea, Soledad Recabarren explica que lo que han hecho los profesores es ajustar los programas para que, llegado el momento, siempre tengan tiempo disponible para poder ver los cambios. “Eso nos obliga estar todo el día pendientes de cómo se va avanzando”. Con todo, Luis Avello advierte que si no se aprueba el proyecto de simplificación en enero “van a quedar temas abiertos”. Por lo tanto, “si se aprueba lo antes posible dará certezas a todos los participantes y a las instituciones que dan este tipo de capacitación”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/12/655-661553-9-mercado-prepara-lapiz-y-cuaderno-ante-complejidad-de-reforma-tributaria.shtml
  5. Topic de Archivo 2015 Caso Penta Después que Ernesto Silva hablara de "errores" y no de ilícitos Moreira reconoce financiamiento irregular de su campaña y revienta estrategia del "jovinismo" para bajarle el perfil al caso por El Mostrador 7 enero 2015 "No soy de aquellos que para evadir sus responsabilidades optan por culpar a otros o se escudan en el argumento de que se trata de prácticas generalizadas. Cuando uno se equivoca no cabe la teoría del empate. Por ello hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría y pidiendo disculpas públicas a todos quienes han podido verse o sentido afectados", expresó, después de dar a conocer que sí recibió dinero mediante boletas de honorarios por parte del grupo Penta. El senador de la UDI Iván Moreira reconoció este miércoles que recibió por una vía "irregular" recursos del grupo Penta para el financiamiento de su campaña por la Región de Los Lagos. El parlamentario se refirió así a los correos electrónicos que forman parte de la carpeta de la investigación del denominado Pentagate y en los que le pide recursos al ex gerente de Penta, Hugo Bravo. Y de paso, confirmó que efectivamente, tal como trascendió cuando estalló el caso, para tal efecto recurrió a la emisión de boletas de terceros, que son investigadas por el Ministerio Público. "La gente me conoce y sabe muy bien que no pertenezco a ninguna casta de poderosos, que jamás he sido protegido de nadie, que no tengo padrinos políticos y que todo lo que he logrado en la vida me ha costado mucho. Por ello, frente al enorme desafío que suponía mi campaña senatorial, debí conseguir recursos tal como lo permite la ley y lo hacen todos los candidatos que no contamos con patrimonio personal. Sin embargo, quiero reconocer mediante este acto público que el mecanismo utilizado para tales efectos fue irregular, pues se realizó a través de boletas de honorarios a terceros", dijo el legislador gremialista. En una conferencia de prensa en la sede de la UDI, pero sin que detrás suyo apareciera logo alguno de la colectividad opositora, el parlamentario recordó que la petición a Bravo fue el año 2013, primero para su precandidatura por Santiago Oriente y después para su campaña en el Sur, donde asegura que fue enviado "a morir" por parte de la directiva del partido. De esta manera Moreira aludió a la maniobra ejecutada por la directiva del partido, que zanjó la disputa entre él y Ena Von Baer por quien competía en Santiago Oriente. La senadora tenía el respaldo de Jovino Novoa, quien apostaba por ella para ocupar ese lugar pero finalmente se llegó a una solución intermedia, que significó la partida de ambos al sur. Ahora, en base a los datos de la investigación de la fiscalía se conoce el rol central de Novoa en la distribución de los recursos aportados por Penta. El "coronel" de la UDI según declaran secretarias de la empresa en la causa, se reunía directamente con los dueños del holding, a diferencia de Moreira que sólo lo hizo con el ex gerente Hugo Bravo. "El año 2013 solicité apoyo económico al señor Hugo Bravo (...) y tuvo como única finalidad conseguir aportes que me ayudaran a solventar una difícil contienda electoral. No olvidemos que a principios de 2013 primero debí enfrentar el desafío de competir por una eventual primaria en la zona oriente, pero después, y producto de una serie de hechos por ustedes conocidos, me mandaron al sur ‘a morir’, como metafóricamente dije en su momento, y donde ganar era prácticamente imposible". Moreira enfatizó que quienes facilitaron las boletas son personas que "trabajaron activa y comprometidamente en mi campaña y por quienes siento una enorme gratitud". Al mismo tiempo, sostuvo que está dispuesto a prestar toda la colaboración que sea necesaria para la investigación que lleva adelante el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, para el "pronto esclarecimiento de los hechos". Dijo que, si bien se comprometió el viernes pasado a declarar voluntariamente ante el perseguidor penal, la diligencia debió suspenderse debido al fallecimiento de su madre. Por último, y aludiendo a la reacción de la directiva del partido, que prefirió hablar de errores y no de ilícitos, Moreira expresó que él no evadía sus responsabilidades para culpar a otros y también descartó apelar a la "teoría del empate". "No soy de aquellos que para evadir sus responsabilidades optan por culpar a otros o se escudan en el argumento de que se trata de prácticas generalizadas. Cuando uno se equivoca no cabe la teoría del empate. Por ello hoy estoy dando la cara, reconociendo mis errores con hombría y pidiendo disculpas públicas a todos quienes han podido verse o sentido afectados", expresó. En la oportunidad, el senador UDI también ofreció disculpas a quienes pudieran haberse sentido molestos "por el tono y lenguaje de mis correos", en los que el año 2013 pedía a Bravo "combustible" para los últimos metros de campaña o el "raspado de la olla". Afirmó que "nunca es cómodo pedir ayuda" y agregó que el tenor de esos mensajes "revelan que actuaba de buena fe y sólo buscaba apoyo para financiar una campaña maratónica" Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/01/07/moreira-reconoce-financiamiento-irregular-de-su-campana-y-revienta-estrategia-del-jovinismo-para-bajarle-el-perfil-al-caso/
  6. Topic de Archivo 2015 Caso Corpesca Corrupción en Ley Longueira: Revelan Correo Electrónico de Reunión en que las Siete Familias se Repartieron los Peces de Chile Escrito por DrD Categoría: Economía Publicado: 09 Marzo 2015 Una reunión en el 2011 entre las siete familias y el ex- ministro Pablo Longueira sobre estrategia de apropiación de los peces del mar chileno, quedó al descubierto en un correo electrónico que resume el encuentro. Una reunión en el 2011 entre las siete familias y el ex- ministro Pablo Longueira sobre estrategia de apropiación de los peces del mar chileno, quedó al descubierto en un correo electrónico que resume el encuentro. En la ocasión además de la presencia del ex ministro de economía, estuvieron representantes de las empresas pesqueras y las peculiares abogadas que han trabajado para los industriales del sector. Dicho encuentro se efectuó con el objeto de acordar el "modus operandi" que luego sería negociado con las dirigencias de las dos confederaciones de la pesca artesanal y parlamentarios, para organizar la mayor expropiación de bienes comunes y recursos naturales después de la dictadura: la privatización de las valiosas pesquerías chilenas. Una reunión clave para lo que sería la posterior tramitación de la cuestionada Ley Longueira que privatizó los peces ocurrió el 21 de octubre del 2011. En ella se encontraban el ex-ministro de Economía y ex- candidato presidencial, Pablo Longueira, los representantes de las siete familias del "cartel" industrial que controla el sector pesquero chileno, y funcionarios de la Subsecretaria de Pesca. Así lo revela un correo electrónico donde Hector Bacigalupo, en ese momento operador político de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), y hoy gerente general de la patronal pesquera, les envía detalles de la negociación pesquera a los grandes empresarios que luego resultarían beneficiados por la modificación de la ley de pesca. En la reunión estuvieron presentes el entonces ministro de economia Pablo Longueira y sus asesores, el subsecretario de pesca de la epoca Pablo Galilea y los empresarios pesqueros y sus representantes, encabezados por el hoy renunciado e investigado por un caso de coima y cohecho, Francisco Mujica, gerente general de la empresa Corpesca, de propiedad de la familia Angelini. También estuvieron Rodrigo Sarquis, dueño de Blumar, Carlos Vial de la compañia FrioSur de propiedad de la familia Del Rio, Roberto Izquierdo Menendez, propietario de Alimar S.A., Hector Bacigalupo de Sonapesca, Marcos Osuna de la transnacional española PescaNova y R. Garcia. Llama la atención la presencia en esta negociación de las abogadas de la Subsecretaria de pesca, Edith Saa y María Alicia Baltierra, quienes históricamente han operado dentro de este organismo gubernamental cuidando los intereses del empresariado pesquero e implementando legislaciones expropiatorias de los derechos de acceso y uso de recursos marinos de los pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios. Como dato que refuerza la percepción publica de los graves conflictos de intereses existentes durante el proceso parlamentario de esta cuestionada ley, es el hecho que la abogada Baltierra hasta el 2010 había sido Directora Jurídica de la patronal Sonapesca. Junto a las abogadas de la Subpesca, aparecen participando M.Rios y C.Feres Longueira y el cartel pesquero En el correo electrónico, Bacigalupo indica los principales puntos señalados por Pablo Longueira: que 100% de los permisos de pesca se transformarían en licencias de pesca plenamente transables y divisibles, por lo que "se eliminan las licencias a 20 años y posterior licitacion". Luego Longueira agregó que el 50% de las licencias serían indefinidas,y el 50% de las licencias restantes serían por 20 años. Además indico que la propuesta acordada "fija un piso para la industria que es equivalente a lo que se entregó en fraccionamiento en la Mesa, medido en toneladas, base 2011 y que será válido para cualquier fórmula que se estudie". En la minuta, Longueira destaca que todo estará bien amarrado, al indicar que "desean llegar a un acuerdo en esta reunión, y lo que se acuerde iría al congreso con veto presidencial". El ex- ministro le confidencia al grupo de conjurados que "se superaron las diferencias al interior del gobierno". “Todo se decidirá políticamente” En la minuta de Bacigalupo señala que "existe un piso que es el Punto Crítico - PC-, o el PC , mas lo cedido en el fraccionamiento -a los armadores de la pesca artesanal-". Se indica taxativamente que "bajo este piso no se licita", y " sobre el Punto Biológico de Referencia- PBR-no se licita", para luego rematar indicando que "la forma- pendiente- de pasar del PC al PBR será definido políticamente, buscando congelar o bajar las actuales cuotas hasta alcanzar el PBR" con lo cual se evitan las licitaciones! En el correo electrónico, Bacigalupo señala que se acordó "conformar y dar soporte a la mesa pesquera -conformada por los dirigentes artesanales de Conapach y Confepach-, y por lo tanto al fraccionamiento ya acordado", refiriéndose al acuerdo de transferencia de cuotas de pesca desde el sector industrial al artesanal. Finalmente, el correo electrónico indica que "Ante el planteamiento de Sonapesca, quedaron de estudiar algún incentivo, para que la pesca artesanal pueda aceptar un congelamiento de las cuotas y recuperación de las biomasas". Fuente: Ecocéanos Sub. de Pesca: Para cambiar Ley Longueira y devolver peces a chilenos hay que cambiar la Constitución e indemnizar a industriales El Subsecretario de Pesca Raúl Súnico aseguró que ahora en definitiva los peces son transables, bancarizables e indemnizables. Se “consolido derechos, derechos que son licencias transables, bancarizables, indemnizables. Es así, no hay dos interpretaciones sobre esto. Hubo una batalla que se dio, se perdió y alguien ganó un conjunto de derechos. Remover esos derechos tiene un costo y los cálculos preliminares de ese costo son superiores al costo de la reforma educacional completa y a la reforma tributaria completa”. El Subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, que por estos días ejerce el cargo de Ministro de Economía subrogante, reconoció ante los pescadores artesanales, estudiantes y comunidades indígenas que la Ley Longueira que privatizó las pesquerías en resumen asignó propiedad de los recursos del mar a ciertas personas y empresas, dejó con cero porcentaje de cuotas pesqueras a los pescadores artesanales y para revertir esto es necesario un cambio de la Constitución Política. Así lo dijo frente a cerca de 300 hombres y mujeres del mar que el fin de semana se reunieron en Corral, costa de Valdivia, en el Congreso de Pescadores Artesanales que organizó la Federación de esa localidad y en que participaron la mayoría de los directores y organizaciones que integran el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp). “Efectivamente una discusión sobre propiedad de recursos naturales es una materia constitucional, porque aquí hubo una batalla hace dos años, y esa batalla tuvo un resultado: salió una Ley. Y eso resultó en triunfos para unos, empates y derrotas para otros, pero se dio una batalla con una correlación de fuerzas determinadas en el espacio democrático que el país tiene que es el congreso nacional”, se defendió el Subsecretario cuando los pescadores lo instaron a referirse a la privatización de los peces. Súnico profundizó en que ahora en definitiva los peces son transables, bancarizables e indemnizables. Se “consolido derechos, derechos que son licencias transables, bancarizables, indemnizables. Es así, no hay dos interpretaciones sobre esto. Hubo una batalla que se dio, se perdió y alguien ganó un conjunto de derechos. Remover esos derechos tiene un costo y los cálculos preliminares de ese costo son superiores al costo de la reforma educacional completa y a la reforma tributaria completa”. Respecto a los compromisos de la presidenta Bachelet para abordar el rechazo del pueblo pesquero artesanal a la Ley de Pesca que privatizó las pesquerías chilenas, el Subsecretario se defendió afirmando que “la solución de la propiedad de los recursos naturales es un tema que sobrepasa con creces a (temas) de pesca. Este es un tema constitucional. Por eso cuando se habló de que Chile requiere una nueva Constitución, es porque hay que regular una serie de áreas, entre ellas, ésta”. Súnico estuvo el viernes 13 en Corral participando en el Congreso de Pescadores y allí contestó además una serie de preguntas para Radiodelmar.cl. – Como toma el gobierno este congreso de pescadores que se opusieron a la Ley Longueira y piden su derogación. – Nosotros hemos venido a escuchar. Todos estos congresos contribuyen mucho porque surgen muchas ideas para poder implementar con los distintos instrumentos que tiene la institucionalidad del país. Aquí sin duda que van a surgir aportes muy importantes para el proceso que aún queda para la evaluación de las distintas normativas que rigen al sector pesquero. Ahora, sin duda. Todas las organizaciones tienen nuestra valoración porque significan pescadores organizados con los cuales uno puede dialogar más directamente. Hoy hay tres grandes organizaciones nacionales y todas ellas merecen nuestro respeto y nuestro trabajo conjunto. Yo tengo una muy buena relación con muchos dirigentes a los cuales incluso conozco desde mucho antes que yo asumiera la Subsecretaría de Pesca y por lo tanto tengo con ellos una buena relación, más allá de que cada uno en su rol…los pescadores tienen sus demandas y la autoridad sus tareas que desarrollar. – Cuando comenzó esta reunión los dirigentes demandaron que el gobierno, que la presidenta, cumpla sus promesas en relación a la Ley de Pesca… – Sin duda nosotros vamos a cumplir con el programa de gobierno, la presidenta ha sido muy clara en su programa de gobierno como en el mensaje del 21 de mayo de que va a haber una evaluación de la Ley de Pesca, y de hecho se está haciendo, parte de lo que estamos haciendo en la revisión de la legislación en materias bentónicas tiene que ver con ese proceso de evaluación. Más del 50% de los pescadores artesanales en Chile son bentónicos y no fueron considerados en la Ley de Pesca y estamos trabajando con ellos. Hemos hecho ya cerca de 200 talleres en todo Chile para recoger elementos que permitan, tanto desde el punto de vista de la administración como de la legislación, resolver problemas planteados por los propios pescadores. Lo que estamos haciendo con la revisión del jurel de línea de mano; lo que estamos haciendo con el tema de la pesca ilegal; lo que estamos haciendo con la revisión de las áreas de manejo; son parte de ese proceso de revisión de la Ley de Pesca. – ¿Y el tema de Propiedad de los recursos…? – Es más complejo. Ahí hay un tema que es más de orden constitucional que tiene que ver con la idea de la Presidenta de establecer una nueva constitución más democrática, de origen democrático en Chile. Y esa discusión sin duda va a copar los próximos años de la gestión de la Presidenta Bachelet que una vez cumplido las principales reformas que nos planteamos que eran la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma al sistema binominal, pasando por la reforma laboral que hoy día está en el Congreso, viene una nueva discusión que defina las reglas sobre las cuales se van a mover los distintos actores de la sociedad nacional. – ¿Pero hay voluntad para revisar la propiedad de los recursos? – Lo que pasa es que justamente es la Constitución la que establece regímenes de propiedad, roles del Estado, distribución del poder político en el país, los que son temas estrictamente constitucionales que requieren quorum bastante altos en el Congreso Nacional, muchos de ellos son de dos tercios del Congreso y para lo cual va a haber que construir las fuerzas necesarias para poder llevarlo adelante. Pero el compromiso de la presidenta de trabajar para la elaboración de una nueva Constitución Política para Chile es un compromiso que está plenamente vigente y que nosotros entendemos que durante el próximo año se van a dar los primeros pasos en esa dirección, entendiendo que habían urgencias muy importantes que el país tenía que eran aumentar la recaudación tributaria por la vía de una reforma profunda que aumentara los impuestos a los que más tienen, una reforma educacional que terminara con el lucro, que terminara con la selección y el copago en los establecimientos educacionales. Afortunadamente los primeros tres proyectos ya fueron aprobados en enero de 2015. Ahora también la reforma al sistema binominal que ya quedó completamente aprobada y está lista para pasar al Tribunal Constitucional y prontamente será promulgada como Ley va a implicar que en la próxima elección parlamentaria ya no va a haber un empate en el Congreso, no con el 33 % van a empatar en el Congreso. Va a haber una relación mucho más proporcional, van a haber nuevos actores en la política y eso va a permitir un flujo democrático mucho más intenso y mucho mejor que lo que hemos tenido en esta transición en la que hemos estado amarrados por un sistema binominal y un sistema de quorum que afecta la calidad de la política. – ¿Cómo el gobierno va a implementar las directrices de los derechos de la pesca artesanal de la FAO? – Hemos mirado con mucha atención y hemos sido parte de la discusión de las Directrices de la FAO, de hecho hay varios equipos nuestros que han estado participando en su proceso de redacción y es parte de los desafíos que tenemos para implementar en los próximos años de gobierno. Aquí hay unos (objetivos) que son de corto alcance y otros de más largo plazo, pero en todos ellos esperamos tener trabajo en los años que vienen. Pero tenemos el firme compromiso de conservar los recursos, protegerlos y como bien dice este seminario darle una sustentabilidad futura a la pesca artesanal. No se consigue una sustentabilidad sin reglas, para que haya sustentabilidad tiene que haber reglas y esas reglas deben regir para todos. Fuente: Ecocéanos Fuente: http://www.diarioreddigital.cl/economia/5190-reunion_ley_longueira.html
  7. Topic de Archivo 2015 Caso SQM Ampliación de querella del SII: La clave de la arista SQM Claudio Medrano | Miércoles 11 de marzo 2015 21:21 hrs. Fue en el mes de enero que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner que posibilitó la aparición de la arista SQM en medio de la investigación por el Caso Penta y que involucra a personeros de la Nueva Mayoría. Dicha querella fue acotada lo que dejó un periodo de años fuera de la investigación, decisión que la Fiscalía busca revertir. Era lo que se esperaba luego de la formalización de los imputados en el marco del caso Penta. Con la investigación en curso en dicho proceso, los dardos del Ministerio Público apuntarían ahora a la arista más reciente de este caso y que se pudo conocer gracias a los antecedentes proporcionados durante las indagatorias al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner: la arista SQM. Recordemos que durante los interrogatorios a la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda, se descubrió que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile le había emitido pagos a Wagner a través de boletas “ideológicamente falsas” emitidas a nombre de ella. Con estos antecedentes el fiscal, Carlos Gajardo, recopila antecedentes que permiten ubicar a una serie de personas que habrían emitido boletas, presumiblemente para financiar campañas políticas por conductos no legales. Dichos antecedentes fueron entregados al Servicio de Impuestos Internos que decidió presentar una querella en contra de Pablo Wagner por delito tributario en el mes de enero, la que luego fue reingresada. Si bien la primera acción judicial presentada por el SII solicitaba investigar toda la documentación contable de los años comerciales de la empresa, en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, luego la entidad decidió dar pie atrás con esto y restringir la solicitud solo a julio de 2009. Para el abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, es muy relevante que se pueda tener acceso a dichos documentos porque permitiría esclarecer de mejor forma la arista política del caso, “no se trata de igualar las situaciones en cuanto a que esto es de toda la clase política. Lo que decimos es que durante un mes se encuentran boletas vinculadas a dos funcionarios públicos y lo razonable es que el Ministerio Público, con nuestra querella pueda incautar toda la contabilidad de SQM para confirmar o descartar que existieran más políticos financiados por Soquimich”, señaló. El abogado sostiene que acceder a esta información va en la línea de la estrategia de la fiscalía y que tiene en el punto de mira a los políticos involucrados en el caso, “es muy probable que el próximo paso que realice el Ministerio Público sea la formalización de parlamentarios, esa es una decisión exclusiva de la Fiscalía y creo que la tomarán cuando tenga los antecedentes necesarios para hacerlo”. La arremetida de la Fiscalía Este lunes, a eso de las 10 de la mañana, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias llegaron hasta las oficinas de Soquimich para solicitar la información contable del periodo que falta por investigar, es decir, desde el año 2009 hasta el 2004. Si bien la petición es voluntaria, es decir la empresa es libre o no de cooperar con los antecedentes, en caso de existir una negativa se puede solicitarar una orden judicial que permita requisar dichos documentos. Recordemos que luego de analizar la primera información –donde existen presuntos aportes irregulares a la campaña de Joaquín Lavín-, la fiscalía analiza ahora información sobre otros 19 eventuales implicados en la arista SQM. En este caso se indaga la presunta emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas. Si bien el ente persecutor ha llevado a cabo estas acciones, son conscientes de que para otorgar mayor sustento a la investigación es necesario que el SII amplíe la querella hasta el año 2014. Para el Ministerio Público esta decisión es clave ya que no solo se permite la posibilidad de investigar la arista SQM sino que, también, se abre la puerta para indagar a otras empresas que hayan incurrido en delitos similares. La pelota la tiene el Ministerio Público En el Servicio de Impuestos Internos hay silencio respecto de este tema. De hecho, al ser consultados sus representantes, luego de la formalización de los imputados en el Caso Penta, declinaron referirse directamente a si se sumarían a la querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente en contra de los políticos involucrados en el caso. Cuando asomaron las críticas a la decisión de acotar la querella presentada en contra de Pablo Wagner, la versión al interior del servicio sostenía que “no podríamos pedir diligencias de investigación sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden los antecedentes de años y meses específicos para cada caso en que se emitió la boleta ideológicamente falsa”, de acuerdo a un artículo publicado en El Mostrador. Dicha afirmación es compartida por el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien cree que la entidad no está dispuesta a apoyar una investigación sin sustento: “Hay que preguntarle al Servicio si esa documentación que ha entregado la fiscalía son suficientes para que inmediatamente amplíe la querella, porque si el SII amplía la querella con pocos antecedentes esa acción se puede caer y lo que menos queremos en esta instancia es que se caiga una querella o fracase por no tener las diligencias debidas”. De todas formas y de acuerdo a lo señalado desde la fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos tiene en su poder una carpeta, desde el mes de noviembre, con un informe del fiscal Carlos Gajardo, con antecedentes que involucrarían incluso a otras compañías con este tipo de ilícitos. En efecto, la percepción de que este escándalo no se circunscribe solo a Penta es compartida por Juan Apablaza quien sostiene que es un tema de sentido común: “No puedo asegurar que hay otras empresas porque no las he visto, pero la lógica común que puede tener un individuo medio indica que, efectivamente, esto no es solo de Penta, que aquí hay una máquina para evadir o eludir impuestos que no solamente corresponde a Penta y que este “modus operandi” se ha hecho en otras empresas medianas, grandes y chicas”, agrega. Lo concreto es que la fiscalía quiere evitar que la investigación se complique y por lo mismo esperan un pronunciamiento a favor por parte del SII que allane las indagatorias. El problema, según Apablaza, es que si los antecedentes entregados por el Ministerio Público no son concretos, la investigación que realice el Servicio se complejiza, lo que atrasaría -por varios meses- un pronunciamiento, tiempo que el equipo de fiscales no dispone. La respuesta de SQM Por su parte, la empresa SQM ha tomado sus recaudos interponiendo una acción judicial para impedir que la fiscalía pueda tener acceso a los documentos contables que solicitó a comienzos de esta semana. “Pedimos al tribunal que la fiscalía se abstenga de realizar diligencias”, dijo el abogado Samuel Donoso, quien presentó el recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por considerar que el Ministerio Público está actuando sin atribuciones al ampliar las diligencias a años distintos a los que fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos. La solicitud se basa en el artículo 162 del Código Tributario, en el que se indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del SII. Resta saber ahora los pasos que adoptará la fiscalía ante esta decisión porque recordemos que ya había anunciado solicitar una orden judicial en caso que la información solicitada le fuera negada. ¿Qué viene en el Caso Penta? Lo inmediato es la revisión de las medidas cautelares que se llevará a cabo este viernes en la Corte de Apelaciones. De esta forma, en caso que el tribunal revoque la prisión preventiva para alguno de los detenidos, los beneficiados saldrán del recinto penal durante la misma jornada. El Ministerio Público en este caso, no tiene instancias para apelar. Mientras, los 120 días de investigación que dio el juez Escobar pasan, la Fiscalía debe seguir con las indagatorias. Terminado este plazo, el Ministerio Público deberá acusar a los formalizados y pedir las penas en su contra. Tras esto, se pueden analizar salidas alternativas, como un juicio abreviado. De lo contrario, se puede dar inicio a un juicio oral. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/03/11/ampliacion-de-querella-del-sii-la-clave-de-la-arista-sqm
  8. Topic de Archivo 2015 Caso Caval Ultimo Minuto Nuera de Bachelet pide crédito por $6.500 millones para millonario negocio en Rancagua 06/02/2015 - 11:22 Cabe señalar que la compra de dichos terrenos la realizó la empresa Caval, la que tiene un capital inicial de 6 millones de pesos, no cuenta con oficinas estables, ni tenía movimientos considerables para la aprobación de un crédito de tanto dinero. El día en que Michelle Bachelet salía por segunda vez electa Presidenta de la República, el Banco de Chile anunciaba la aprobación de un crédito por 6.500 millones de pesos a la empresa Exportadora y de Gestión Caval Limitada. Esta información y los detalles de la misma eran de caracter privado, hasta que la revista Qué Pasa dió a conocer los hechos. Todo esto sale a la luz pública porque Caval fuera demandada en los tribunales laborales por un asesor que gestionó el préstamo. A Natalia Compagnon Soto, nuera de la en ese momento ya electa presidenta, le pertenece el 50% de la empresa, la cual compraría con el dinero otorgado los fundos Santa Elena, San Diego y Santa Cecilia en la comuna de Machalí. Se suponía que con la reventa de los mismos se obtendrían importantes ganancias de alrededor 5.500 millones de pesos, sin embargo había que hacer algunos ajustes en el plano regulador. En concreto los terrenos adquiridos tenían giro agrario y debía cambiar para que pudieran ser ocupados para construir un mall, un hotel y condominios residenciales. Cabe señalar que la compra de dichos terrenos la realizó la empresa Caval, la que tiene un capital inicial de 6 millones de pesos, no cuenta con oficinas estables, ni tenía movimientos considerables para la aprobación de un crédito de tanto dinero. Sin embargo se concretó y el Banco de Chile, propiedad del empresario Andrónico Luksic, prestó el dinero solicitado por la empresa. “Las dificultades para la obtención del préstamo radicaban en el hecho de tener Caval Ltda, poco más de un año y medio de vida y un capital de $6 millones y a lo que se sumaba que sus socios tampoco tienen solvencia para el monto del crédito necesario”, indica el texto legal. En concreto el banco optó por el préstamo bajo ciertas condiciones, dejando como garantía hipotecado los terrenos. Además, los socios de la empresa, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, debieron dejar en prenda propiedades y cuatro camionetas Lexus. El plan de pago sería en una única cuota con una tasa de interés fija UF+ 5,33% base anual. Una vez otorgado el crédito había que superar el otro inconveniente para que el negocio fuera exitoso, pero no imaginaron que conseguir 6.500 millones de pesos sería más simple que cambiar el plano regulador. El negocio estaba en poder vender en lotes más pequeños los terrenos adquiridos, pero la negativa surge porque el proyecto del PRI no contemplaba mejoras viales y nuevas carreteras entre Machalí y Rancagua, además de la importante pérdida de terrenos agrícolas. Tras el rechazo, el nuevo Seremi de Vivienda Wilfredo Valdés llamó a una licitación para elaborar un nuevo Plan Regulador Intercomunal, mientras que la Intendencia de O’Higgins reactivó una mesa de trabajo con autoridades locales del área para conseguir una solución, la que sin embargo no podrá ser ejecuta antes de 2016. De esta forma, ante el vencimiento del plazo para pagar el crédito -que ya había sido prorrogado una vez sin mayores objeciones- Caval no tuvo otra opción que vender los terrenos para bodegaje a alguna firma, mientras se aprueba el PRI. Finalmente los predios pasaron a manos de Inmobiliaria Ruta 86 -de propiedad del conocido empresario de la zona, Hugo Silva- por $9.500 millones, dejando a Caval un beneficio de $3.000 millones. Fuente: http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/ultimo-minuto-portada/109145/nuera-de-bachelet-pide-credito-por-6500-millones-para-millonario-negocio-en-rancagua#.VePcQyfYRw0
  9. Topic de Archivo 2015 Reforma Educacional Cuatro años después de liderar la presidencia de la FECH y el movimiento estudiantil del 2011, Vallejo liderará la Comisión de Educación de la Cámara, justo en el año en que se abordarán temas como la carrera docente y la gratuidad. La decisión estaba pactada desde antes, y fue tomada en el marco de negociaciones de las bancadas de la Nueva Mayoría. Cabe destacar que los diputados oficialistas, integrantes de la Comisión, han manifestado en las últimas semanas aprensiones en relación al rumbo que puede tomar el proyecto que busca terminar con el lucro, el copago y la selección, en su trámite en el Senado. Por lo que solicitaron una reunión con el ministro del ramo. “Estamos conscientes de que van a haber modificaciones en el Senado, pero la pregunta es si desnaturalizan o desconfiguran los principios desde los cuales está establecido el mensaje presidencial”, planteó el diputado Giorgio Jackson, según La Tercera. Otra figura del Partido Comunista que asumirá la presidencia de una comisión, será el diputado Lautaro Carmona, quien liderará la Comisión de Trabajo, iniciativa impulsada por el gobierno que será enviada al congreso el próximo lunes. a
  10. Topic de Archivo 2015 Reforma Laboral Conozca los avances de la Reforma Laboral en el Congreso Titularidad sindical, negociación colectiva efectiva, derecho a huelga resguardando servicios mínimos, son algunas de las modificaciones al Código Laboral que aprobó la instancia y que le permitirá continuar su trámite en el Congreso Miércoles 3 de junio de 2015 | por La Nación Publicado por: C.M. - Foto: Archivo Agencia Uno Un paso en su tramitación dio el pasado martes la iniciativa que busca actualizar y mejorar las relaciones entre empleadores y empleados en el marco de la reforma laboral, con la aprobación por parte de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de las enmiendas que el Ejecutivo busca introducir al código laboral. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, subrayó que esta primera etapa sorteada en el Parlamento “un triunfo para los trabajadores y un gran avance en materia de derechos laborales”, enfatizando a la vez que ello “va hablando de un Código del Trabajo actualizado, que responde a aspiraciones de mucho tiempo en nuestro país”. El proyecto de ley pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para analizar los aspectos que engloba como la titularidad del sindicato en la negociación colectiva con la empresa; beneficios a quienes participen de la negociación o sindicalizados y se extenderá al resto previo acuerdo entre el sindicato y el empleador y además, elimina el reemplazo en huelga. A su turno, el diputado Tucapel Jiménez manifestó que “este proyecto no es el mismo que entró (al Congreso). Durante meses hubo un arduo trabajo que fue dirigido en su momento por la ministra Javiera Blanco y actualmente por la ministra Ximena Rincón, donde se escucharon a todas las partes. Esta labor permitió hacer las correcciones necesarias para perfeccionar este proyecto, cuyo corazón permanece intacto”. En concreto, las modificaciones que continuarán su tramitación en la Corporación son: TITULARIDAD SINDICAL Hoy la titularidad para negociar beneficios con el empleador pertenece tanto a los grupos negociadores como a las organizaciones sindicales constituidas en la empresa. Cambio Establece que ésta sólo pertenece al sindicato de la empresa en la que se constituye y el grupo negociador sólo podrá ejercer la negociación en la empresa que no tenga sindicato. Adicionalmente, el sindicato interempresa podrá negociar de manera reglada y obligatoria con el empleador, siempre que cumpla con el quórum necesario de trabajadores afiliados en la empresa, según tamaño. SERVICIOS MÍNIMOS Según el actual Código del Trabajo, se deben garantizar estos solo en casos de daño actual e irreparable a los bienes materiales o daño a la salud de los usuarios de un establecimiento asistencial o de salud que preste servicios esenciales. Cambio La enmienda aprobada con estándar OIT determina los servicios mínimos en casos de seguridad o funcionamiento. Es decir se establece un mecanismo para que las empresas que presten servicios de utilidad pública, otorguen atención de necesidades básicas de la población (vida, salud y otros) y garanticen la prevención de daños ambientales o sanitarios. EXTENSIÓN DE BENEFICIOS Hoy sólo el empleador de manera unilateral, sin expresar causa y sin requerir la aceptación del trabajador al que se le extienden los beneficios, puede extender beneficios a los no sindicalizados. El trabajador paga el 75% de la cuota sindical respectiva. Cambio El nuevo sistema impone que ambas partes (empleador y sindicato) de común acuerdo pueden consensuar la extensión los beneficios pactados en el contrato colectivo a los empleados sin afiliación sindical, siempre que ellos acepten y paguen la totalidad de la cuota sindical. REEMPLAZO EN HUELGA Hoy en día el reemplazo está permitido siempre que la empresa en la última oferta cumpla con ciertos requisitos mínimos. En ese caso podrá reemplazar desde el primer día de huelga a los trabajadores; de no cumplir las exigencias podrá reemplazar a los trabajadores en huelga partir del día 15 de iniciada. El costo es de 4UF por reemplazado. Cambio Con el proyecto de ley el reemplazo de las labores de quienes están en huelga está expresamente prohibido por considerarlo una figura antisindical, ya sea con trabajadores internos o externos. PISO MÍNIMO Actualmente existe un piso mínimo de negociación que se activa en la última etapa de esta.. Cambio La iniciativa del Gobierno incluyó un piso desde el inicio de la negociación, del que están excluidas, entre otras materias, el incremento real pactado, la reajustabilidad pactada, el bono de término de negociación y los pactos sobre condiciones especiales de trabajo del contrato anterior. NEGOCIACIÓN INTEREMPRESA Y POR RAMAS El Código actual no permite la negociación colectiva de sindicatos interempresas dentro de una misma compañía, tampoco permite negociación por ramas, pero sí negociación por federaciones y confederaciones en forma voluntaria. Cambio Establece un quórum del sindicato interempresas para negociar dentro de la unidad productiva, según su tamaño. No permite negociación por ramas, permite negociación por federaciones y confederaciones en forma voluntaria con un sistema de incentivos. GRUPOS NEGOCIADORES Hoy los grupos negociadores pueden participar en una negociación colectiva al igual que las organizaciones sindicales. Cambio Se eliminan los grupos negociadores de las empresas, otorgándoles titularidad a los sindicatos. Sin embargo, en aquellas empresas donde no existan sindicatos, se les exigirá el mismo quorum que a éstos para constituirse como grupos negociadores: en empresas de menos de 25 trabajadores, un mínimo de 8; y en empresas sobre 50 trabajadores, un mínimo de 25 trabajadores o el 10% del total. Estos grupos no gozarán de fuero, como sí los dirigentes sindicales. Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/economia/laboral/conozca-los-avances-de-la-reforma-laboral-en-el-congreso/2015-06-03/220005.html
  11. Topic de Archivo 2015 Reforma Constitucional Bachelet firma reforma constitucional que permite elección de intendentes Junto con este proyecto de ley remitirá al Parlamento un conjunto de indicaciones para fortalecer el proyecto de regionalización que actualmente se discute y, que a más tardar, el 16 de enero se realizará un traspaso efectivo de competencias y de servicios a los gobiernos regionales. Martes 30 de diciembre de 2014 | por Giselle Sauré Publicado por: C.M. - Foto: Presidencia “Avanzar en materia de descentralización es un acto de justicia con millones de chilenos y chilenas que no pueden esperar más”, afirmó este martes en Puerto Montt la Presidenta Michelle Bachelet al firmar el proyecto de reforma constitucional que busca permitir la elección directa de los intendentes como jefes de los gobiernos regionales y así dar un paso en la descentralización del país. La capital de la Región de Los Lagos fue la ciudad escogida por la Jefa de Estado para remitir al Congreso el texto legal que irá acompañado de un conjunto de indicaciones para fortalecer el proyecto de regionalización que actualmente se discute y, que a más tardar, el 16 de enero se realizará un traspaso efectivo de competencias y de servicios a los gobiernos regionales. “Lo hemos dicho muchas veces, la única posibilidad de un desarrollo armónico y sostenible de Chile, es que sea con sus regiones, no de espaldas a ellas”, recalcó, subrayando que “para que eso sea posible, es necesario reformar la Constitución”. Explicó que “actualmente los intendentes cumplen un doble rol: por una parte son los representantes del gobierno central en las regiones y, al mismo tiempo, dirigen el gobierno regional. Y hoy, lo lógico es que, si todos los consejeros regionales son elegidos directamente por sufragio universal, quien encabeza ese consejo, también lo sea”. A su vez, hizo hincapié en que la iniciativa plantea que en elecciones democráticas y abiertas, los chilenos y chilenas elijan a sus intendentes en un período de cuatro años, con la posibilidad de ser reelectos por una vez. Finalizando su intervención, la Jefa de Estado, señaló que “democratizar las decisiones y que cada comunidad determine su senda de progreso, es parte de esa convicción. Porque sólo si la soberanía y la participación es una realidad en cada región, vamos a poder hacer del progreso una realidad integral encada ciudad, en cada pueblo y en cada hogar”. DIFERENCIAS EN LA DC La decisión presidencial tuvo una acogida disímil en los diputados de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín y Matías Walker. El primero dijo no estar de acuerdo que en que se presente este proyecto antes de que se discuta, por ejemplo, el modelo de descentralización que se quiere para el país o las facultades y autonomía que tendrán los intendentes como jefes de las regiones elegidos por su propia comunidad. “Hoy día se presenta es solamente la reforma constitucional, siempre es discutible cuál es la mejor oportunidad para hacer esa elección, pero creo que el gran tema de fondo es cuál es el modelo de descentralización que queremos, cuáles son las facultades que le vamos a dar a los intendentes y a los gobiernos regionales, cuál va a ser la autonomía que van a tener desde el punto de vista de la elaboración de planes, programas, proyectos, diseños, qué va a pasar con los presupuestos, con los ingresos regionales”. A su juicio “estos parches manosean la descentralización”, ya que en su opinión si todo se hace vía elección popular la labor de los jefes regionales se centrará en aquellas localidades o ciudades con mayor cantidad de electores. Una opinión distinta manifestó Walker al señalar que “la elección democrática de intendentes es un compromiso del programa de Gobierno en materia de descentralización, naturalmente que se discute cuál va a ser el período de transitoriedad pero nosotros vamos a apoyar al subsecretario de Desarrollo Regional, es una agenda amplia que no se agota con la transferencia de competencias”. ASÍ SERÁN LOS NUEVOS INTENDENTES De aprobarse la reforma constitucional, corresponderá, posteriormente, dictar normas legales que permitan implementar materialmente la elección. Ello implicará legislar en el futuro sobre procesos de inscripción de candidaturas, inhabilidades, tribunal encargado de calificar la elección, financiación pública, límites al gasto electoral, aplicación o no del mecanismo de primarias, etc. Contenidos de la iniciativa • Se dispone elección de intendentes por sufragio universal en votación directa. • Para ser elegido intendente se requerirá la mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos, por tanto, se contempla la posibilidad que haya segunda vuelta. • Los mandatos durarán 4 años, pudiendo postular sólo a la reelección inmediata. • El intendente, dado su carácter electo, presidirá el consejo regional. Además, le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que operen en la región, y que dependan o se relacionen con el gobierno regional respectivo. • El consejo mantiene su rol de ser el órgano normativo, resolutivo y fiscalizador sin modificaciones. • El intendente hoy ejerce tareas como ejecutivo de gobierno regional (administración superior) y como representante del Presidente de la República en la región respectiva (gobierno interior). Estas funciones serán ejercidas por una nueva autoridad que se denominará gobernador regional; quien será el representante del nivel central en la región y tendrá a su cargo tareas propias de gobierno interior, tales como control del orden público, combate a la delincuencia, extranjería, emergencias, etc. Además, el gobernador regional coordinará, supervigilará y fiscalizará el accionar de los órganos públicos desconcentrados del nivel central en la región (seremis y directores regionales de servicios). El gobernador regional será designado y removido libremente por el Presidente de la República. • Seguirán existiendo las gobernaciones provinciales; sin embargo, no habrá gobernador en la provincia que sea asiento de la capital regional. En ella, la autoridad de gobierno interior será el gobernador regional. • El gobernador regional podrá ser sometido a juicio político por el Congreso Nacional. • El Ejecutivo desea que los gobiernos regionales administren servicios públicos regionales que satisfagan necesidades de la población. Ello se efectuará mediante un proceso gradual a través del cual servicios públicos nacionales irán traspasando sus funciones y atribuciones a los regionales. • Ello requerirá de la autorización del Congreso a los sucesivos Gobiernos centrales para dictar decretos con fuerza de ley que permitan implementar el proceso de creación de servicios públicos regionales. Hoy la Constitución permite que esta delegación sólo se extienda por un año. De allí que se añade en el proyecto de reforma constitucional una norma transitoria que permitirá que la citada facultad se extienda por períodos más amplios dentro de los 10 años siguientes a la fecha de publicación de dicha reforma. Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/gobierno/bachelet-firma-reforma-constitucional-que-permite-eleccion-de-intendentes/2014-12-30/193512.html
  12. Topic de Archivo 2015 Reforma Tributaria Presidente del Senado llama a “adecuar” la reforma tributaria: “No sacamos nada con redistribuir pobreza, redistribuir miseria” En entrevista con La Tercera, el senador DC se abrió a la posibilidad de revisar la Reforma Tributaria, que es señalada por los empresarios como la principal causa del frenazo económico que vive el país. Patricio Walker apuntó a la necesidad de simplificar la aplicación operativa de la primera gran reforma del gobierno. Nacional 13 de junio, 2015 Autor: El Dínamo El senador DC Patricio Walker advierte que en la actual situación económica que vive Latinoamérica, cercana a una recesión, y principalmente Chile, con proyecciones de crecimiento entre 2% y 3%, se debe recuperar la confianza del sector privado y facilitar la inversión. “Uno de los temas que hay que trabajar con mucha fuerza es crear los incentivos, la certeza, las confianzas para que el sector privado invierta. Los inversionistas son sensibles y si queremos que inviertan en Chile y no se vayan a Colombia, Perú u otros países, tenemos que crear un clima de confianza con reglas de juego claras”. En entrevista con La Tercera, el senador DC agregó que: “No sacamos nada con con redistribuir pobreza, redistribuir miseria. Hay que ayudar a crear las condiciones para que en Chile vuelva a haber entusiasmo y los empresarios vuelvan a invertir, por supuesto, con mayor contribución a la equidad social, pero con reglas claras”. Las críticas apuntan a la primera reforma estructural presentada por el gobierno, y que es señalada como la principal responsable del bajo crecimiento económico por parte de los empresarios, y ahora también por parte de un sector de la coalición de gobierno. Una posición que contrasta con la mostrada por el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien al asumir su cargo, advirtió que no habrían cambios en la Reforma Tributaria, cuando dijo que “No vamos a moderar las reformas porque los empresarios pidan moderar las reformas”, posición que reiteró durante su intervención en Icare esta semana. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/06/13/reforma-tributaria-patricio-walker-criticas-crecimiento-economico/
  13. Topic de Archivo 2015 Reforma Previsional y AFP Comisión Bravo: las claves que marcan su etapa final El grupo tuvo dos jornadas clave de trabajo este mes. Ahí, redactó el borrador del Informe de Diagnóstico que plantearía nuevas mediciones de la tasa de reemplazo. Aún en debate, habría consenso en diferenciar el cálculo de las pensiones de mujeres y hombres y avanzar a un sistema mixto. Pamela Jimeno Ocares / 31/05/2015 - 05:01 El pasado 12 y 13 de mayo, en el Hotel Sheraton, los 24 expertos que integran la Comisión Bravo vivieron dos jornadas clave para el trabajo que hace un año vienen realizando a petición de la Presidenta Michelle Bachelet. Fue el tercer encuentro ampliado del grupo, pero también el primero con el cual entran en la recta final para cumplir con el encargo de presentar al gobierno, en agosto próximo, el informe final con recomendaciones de cambios y mejoras al sistema de pensiones chileno. En esas 48 horas, los profesionales redactaron el borrador del Informe de Diagnóstico definitivo sobre el funcionamiento del régimen previsional y sus deficiencias estructurales y coyunturales. El texto ahora va para su segunda corrección. Desde la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones afirman que si bien la idea era entregar al gobierno a fines de este mes el Informe de Diagnóstico Final, que es más cualitativo que cuantitativo -a diferencia de la versión anterior, denominada Informe de Antecedentes para el Diagnóstico, elaborado a fines del año pasado- se tomó otra decisión: el documento se presentará junto con el de Recomendaciones, en agosto. Precisan que se trata de una suerte de resumen de todos los datos e información que han trabajado, analizado e intercambiado. “Es como una historia, una suerte de relato, en la que se expone el conjunto de los antecedentes para el diagnóstico. Se trata de una ‘descripción bastante objetiva’ de todo el proceso de investigación”, dice una de las fuentes consultadas. Aunque con matices, al interior del grupo, que preside el economista de la UC David Bravo, explican que el documento contempla un exhaustivo análisis del mercado laboral chileno, y pese a que todavía están en calidad de borrador, en síntesis explicaría la baja cobertura del sistema de administradoras de fondos de pensiones en tres frentes: (1) Por efecto de un mercado laboral de alta rotación y precariedad de los salarios, en especial en trabajadores con menos preparación y estabilidad en el empleo, todo esto como resultado de factores estructurales que redundan en lagunas previsionales, particularmente en el caso de las mujeres. (2) Por parámetros para el cálculo de las pensiones que están obsoletos o desajustados de la realidad, debido a la problemática y estructura del mercado laboral chileno y a dificultades de diseño para el cálculo de las pensiones; y (3) Por problemas de competencia en la industria, precios y funcionamiento de las gestoras previsionales. El grupo, sin embargo, también hace un punto respecto de la tasa de reemplazo y el debate sobre cuál es la medición óptima para Chile, siguiendo más bien la literatura o experiencia internacional. “Dado que la tasa de reemplazo en Chile -y en el mundo- no tiene una definición estándar, depende mucho de los supuestos que se consideren y de lo que se busque establecer como una cobertura óptima de la pensión individual”, afirma una de las fuentes consultadas. Otro comisionado añade que tanto en la instancia como en el debate general respecto de qué debería establecer una tasa de reemplazo y cuál debiera ser la fórmula ad hoc para Chile, “al menos hay una noción general de que esa variable debería arrojar cuánto del ingreso que tenía una persona cuando trabajó se mantiene en la pensión”. ¿Cuál es la medición idónea para la tasa de reemplazo y cuál es el modelo óptimo para Chile? Depende de los datos con los que se cuenta para establecer una o varias formas, sostiene otro de los integrantes, pero ejemplifica que “hay países en que se busca una tasa de reemplazo medio agregada, por ejemplo, mediante trabajadores representativos de ciertas ocupaciones, sectores o niveles educacionales”. Las mismas fuentes coincidieron en que la comisión lo que hizo fue usar los datos individuales administrativos que posee la Subsecretaría de Previsión Social y la información de panel de la Encuesta de Protección Social (versión 2009) para calcular las tasas de reemplazo en diferentes tipos de trabajadores, distinguiendo por grupo de decil de ingresos. Así, el objetivo fue obtener mediciones de tasas de reemplazo por grupos, sexo y decil de ingresos, las que serán expuestas en el Informe de Diagnóstico. Esto generará una radiografía de la distribución completa de la tasa de reemplazo. La definición de una tasa de reemplazo en Chile cruza opiniones. El Libro Blanco de las Pensiones Chilenas, elaborado por el gobierno anterior, plantea que aunque la evidencia sugiere que los afiliados a las AFP esperan (o desean) pensiones de vejez que representen un 70% o más de sus últimos salarios, ese nivel de expectativas es alto y que la OIT sugiere una tasa de reemplazo de 45% para quienes contribuyen al sistema de pensiones por más de 30 años. En promedio, en los países Ocde es de 65,8%. Además, un estudio de la Superintendencia de Pensiones reveló que quienes se pensionaron entre enero de 2012 y mayo de 2013, tras cotizar por más de 30 años, obtuvieron pensiones -sólo del componente obligatorio- por un 54% (66% en hombres y 42% en mujeres) de las remuneraciones por las que efectivamente cotizaron en promedio en los últimos 10 años. Entre los expertos del área coinciden en que la tasa de reemplazo debiera estar entre 50% a 70% de la remuneración del trabajador. Los primeros consensos Aunque las diferencias y matices han caracterizado a la comisión, lo que se ha evidenciado con fuerza en las tres jornadas ampliadas que han tenido, los 24 profesionales que la integran (15 representantes nacionales y nueve internacionales) ya comienzan a manifestar algunos puntos en común o, al menos, mayoritariamente coincidentes con miras al informe final con recomendaciones y propuestas. Uno de ellos dice relación con el negativo diagnóstico sobre la situación previsional de las mujeres, especialmente radicado en las diferencias salariales y los períodos de lagunas previsionales que, en promedio, son mayores respecto de las de los hombres. Así, una de las recomendaciones para mejorar las pensiones de las mujeres es que corresponde, a lo menos, igualar las condiciones de vida de la mujer en la vejez respecto de las condiciones en que viven los hombres en esa etapa. Para eso, una de las propuestas de solución apuntaría a generar tablas de cálculo de la pensión distintas para hombres y mujeres, debido a que hoy se utiliza la misma y eso hace que, por ejemplo, una mujer que se jubila a la misma edad que un hombre y con igual ahorro en su AFP, obtiene una pensión más baja. “Dado que existe mucha desigualdad en el mercado laboral, eso también se traduce en una fuerte desigualdad en la vejez y eso se acrecienta aún más con aspectos fundamentales del sistema amparado en el DL 3.500, como es que, por ejemplo, los cálculos para la pensión de mujeres y hombres son los mismos, pese a que en el ahorro previsional previo, es decir, en las cuentas de capitalización individual hay diferencias sustantivas que se generan por las diferencias salariales y lagunas previsionales”, explica un comisionado. En todo caso, las fuentes consultadas aseguran que aún no está descartado del todo que surja una propuesta de minoría de elevar la edad de jubilación legal de la mujer, hoy de 60 años. De los 5,1 millones de cotizantes de las AFP, el 41,5% son mujeres. ¿Hacia un sistema mixto? Otro de los temas que han cruzado los ánimos y las opiniones al interior de la Comisión Bravo es la posibilidad de que, avalados en los fuertes cuestionamientos al sistema de capitalización individual obligatoria, al rol de las AFP y la necesidad de tener un Estado subsidiario de un sistema privado que no cumple su cometido, se justifique un cambio de más largo alcance al régimen previsional creado en 1981 con el DL 3.500. Por eso, y aunque “existen ideas variadas” respecto de cómo lograr un mejor modelo de pensiones individuales, a tres meses del plazo de entrega del informe final de recomendaciones, en el grupo admiten que una de las “propuestas de solución a las deficiencias del sistema es la creación de un sistema mixto de pensiones, definido como de capitalización y contribución proporcional, paralelo al sistema actual de cotización obligatoria individual y con incentivos para el componente solidario”. El modelo ha sido planteado por algunos de los comisionados, la mayoría de representación internacional y en el caso de los nacionales más ligados a los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría, aunque es resistido por los comisionados de perfil más conservador o cercano a la industria. En el grupo, sin embargo, dicen que “todas las propuestas deben ser trabajadas con detalle por quienes las impulsan para que puedan ser analizadas por el conjunto de la comisión, y si bien un sistema mixto ya ha sido planteado, hay otros comisionados que han planteado otras ideas para abordar los problemas del sistema”. Si bien nada está decidido y hoy sólo es parte del análisis y las propuestas que se están estudiando, las mismas fuentes reconocen que hay algunos números en juego o al menos fórmulas para apostar por un sistema mixto. Una, aseguran, desviaría entre un 2% a 5% del ahorro personal a una contribución, con algún incentivo. La idea, añaden, es avanzar a un modelo similar al de Suecia. En lo que también hay consenso es en potenciar el Pilar Solidario creado en la reforma previsional de 2008 y que al año demanda al Fisco del orden de US$ 1.900 millones. A través de este sistema, el Estado subsidia con una Pensión Básica Solidaria (PBS), de $ 82.058 mensuales, a quienes no tienen ahorros propios, mujeres y hombres desde los 65 años y que pertenezcan al 60% más pobre. También entrega un Aporte Previsional Solidario (APS) complementario decreciente a quienes reciben una jubilación de hasta $ 279.427 mensuales y que también pertenezcan al 60% más pobre del país. La comisión evalúa medidas para ampliar su cobertura en materia de derechos garantizados, monto de los beneficios y corregir los errores de diseño de la versión inicial entre los cuales, por ejemplo, que las PBS no cubren los gastos funerarios de sus beneficiarios. El grupo también propondrá una gradualidad mayor en tiempo y monto de la remuneración o ingreso de los trabajadores independientes y a honorarios que desde este año deben cotizar en una AFP de manera obligatoria e irrenunciable. Desde su creación, la industria de AFP redujo su número de operadores desde 12 empresas a las seis administradoras vigentes. A marzo pasado, los ahorros previsionales sumaban US$ 174.032 millones, 11,3% más que a igual fecha de 2014 y equivalente al 71,8% del PIB chileno. Según la Superintendencia de Pensiones, en abril los fondos tipo C -considerando un promedio del sistema- rentaron 8,71% en 12 meses. El sistema registra 9,8 millones de afiliados, y de ellos, 5,1 millones son cotizantes activos, con un ingreso promedio de $ 650.581 al mes. A marzo había 1.031.507 pensionados de AFP y compañías de seguros con una pensión promedio autofinanciada de $ 202.160 mensuales (ver infografía). Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/05/655-632076-9-comision-bravo-las-claves-que-marcan-su-etapa-final.shtml
  14. Topic de Archivo 2015 Milicogate La institución y el gobierno conocían los hechos hace meses Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre Mauricio Weibel Barahona 13 Agosto, 2015 Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”. Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic. “Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy. Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic. El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic. Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año. En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas. El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar. LOS HECHOS La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”. Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos. Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario. Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal. Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones. Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco. Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos). De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems. UN NEGOCIO INQUIETANTE En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. “Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación. El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos. Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales. Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue. Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico. Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”. “Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos. El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal. Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa. Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos. Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón. Foto: Coronel Clovis Montero – ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa. – Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón. Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados. – Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones. En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía. Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado. A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos. El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total. En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio. Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles. En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos. En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver. EL DESTINO DE LOS FONDOS Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería. Foto: Juan Carlos Cruz Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré. Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento). LA DANZA DE LOS MILLONES ¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar. El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura. Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva. Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país. Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010. Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo. No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia. REVISE LOS DOCUMENTOS: Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/08/13/milicogate-el-gran-robo-del-fondo-reservado-del-cobre/
  15. Topic de Archivo 2015 Cartel del Confort FNE acusa de colusión a CMPC y SCA por fijar precios en venta de papeles tissue Entre las marcas figuran Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, en el caso de CMPC, y Favorita y Magiklin, en el de SCA. Arriesgan una multa de hasta US$ 15,5 millones. El cartel se habría extendido por más de 10 años. Miércoles, 28 de octubre de 2015 17:38 SANTIAGO.- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento contra CMPC Tissue y SCA Chile (ex Pisa) por haber creado y participado de un cartel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta de productos de la categoría de papeles tissue. En la acusación, el ente persecutor plantea que "ambas firmas celebraron y ejecutaron acuerdos que les permitieron mantener operativo este cartel a partir del año 2000 y al menos hasta diciembre de 2011, afectando el mercado nacional de comercialización mayorista de papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos desechables y faciales en el canal de venta masivo". Las empresas acusadas ante el TDLC representan cerca de 90% del mercado de papeles tissue en el canal masivo y sus ventas anuales suman cerca de US$ 400 millones. Sus marcas en estos segmentos son Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea, en el caso de CMPC, y Favorita y Magiklin, en el de SCA. Además, fabrican productos de marcas propias comercializadas por los supermercados. Proceso Durante el curso de la investigación, que comenzó de oficio en diciembre del año pasado, ambas empresas acudieron a la Fiscalía a solicitar el beneficio de delación compensada, aportando antecedentes que hicieron posible conocer el alcance y operativa del cartel. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales del programa de clemencia, ambas solicitudes fueron aceptadas por la FNE, que solicitó al Tribunal la exención de la multa para CMPC (primera empresa en autodenunciarse, en marzo de 2015) y una multa de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 15,5 millones para SCA. Este monto supone una rebaja respecto del techo de multas establecido en la ley para casos de carteles, por haber llegado en segundo lugar a solicitar el beneficio, el 7 de octubre pasado. Entre las diligencias que llevó a cabo la Fiscalía durante la investigación, se cuenta la entrada, registro e incautación a las dependencias de SCA, lugar donde el 25 de septiembre pasado se pudo recopilar diversos antecedentes valiosos para la indagatoria. Al mismo tiempo, durante la investigación, la Fiscalía constató una serie de actos tendientes a ocultar el cartel por parte de las empresas acusadas. Así por ejemplo, está acreditado que los ejecutivos que gestionaron los acuerdos evitaron traspasar información en formato digital o por correo electrónico institucional, por lo que preferían el uso de documentos impresos y cuentas de correo electrónico personales para estos fines. Al mismo tiempo, utilizaron teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia y representantes de una de estas empresas admitieron que llegaron a deshacerse de computadores. Éste es uno de los mayores casos de colusión detectados en el país, a juicio de esta Fiscalía. Su gravedad radica tanto en su extensión en el tiempo como en la masividad del mercado que afectó y la casi nula sustitución de estos productos. Delación compensada Esta es la quinta ocasión en que la Fiscalía hace público y tramita ante el TDLC un caso que incorpora el mecanismo de delación compensada, vigente en Chile desde 2009, cuando se realizó la última modificación al Decreto Ley 211. Los casos anteriores fueron compresores para refrigeradores, compañías de transporte interurbano en la ruta Santiago-Curacaví, empresas proveedoras de asfalto y compañías navieras. Fuente: http://www.emol.com/noticias/Economia/2015/10/28/756586/Colusion-de-empresas-de-papel-confort.html
  16. Topic de Archivo 2015 Ley de Marihuana Gobierno manifestó desacuerdo con proyecto de autocultivo de marihuana "En cerebros en desarrollo, sí puede producir daños el consumo", sostuvo el subsecretario de Salud.Jaime Burrows añadió que "debiera ser solamente restringido a los aspectos sanitarios". Publicado: Martes 7 de abril de 2015 | Autor: Cooperativa.cl » "Subsecretario llora sobre la leche derramada" El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, expuso su oposición al proyecto que despenaliza el autocultivo y consumo medicinal y recreativo de la marihuana, despachado este lunes por la respectiva comisión de la Cámara de Diputados. La iniciativa permite que en cada casa pueda haber hasta seis plantas de cannabis para mayores de 18 años y que en la calle se pueda portar hasta 10 gramos de la droga y tras su aprobación, el presidente de la instancia, Juan Luis Castro, criticó la ausencia del Ejecutivo en el debate. "En cerebros en desarrollo, sí puede producir daños el consumo de la marihuana y, por lo tanto, es un consumo riesgoso", sostuvo Burrows, quien agregó que "si es que se aprueba el consumo de marihuana, desde el punto de vista de salud, debiera ser solamente restringido a los aspectos sanitarios, o sea, esto es cuando tiene indicación médica o terapéutica". "Así lo hemos planteado al interior del trabajo en las comisiones y oficialmente el Ministerio del Interior también va a plantear una posición al respecto", remarcó la autoridad. La posición de Burrows va en contra de lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que señaló que lo ocurrido en la comisión de Salud de la Cámara Baja es un avance. "El decir seis plantas es porque específicamente se está considerando de que eso es un autoconsumo y no una producción masiva para la venta, que es uno de los problemas mayores", sostuvo Roberto del Águila, representante en Chile de la OMS. Del Águila remarcó que "todo aquello que signifique la despenalización del consumo de marihuana es un avance. La idea es tratar a los que consumen como personas adictas, enfermos y no como delincuentes". "Subsecretario llora sobre la leche derramada" El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro (PS), respondió al subsecretario Burrows, afirmando que la autoridad no tuvo interés en acudir a conversar a la instancia parlamentaria en la cual se discutió el proyecto. "El subsecretario está llorando sobre la leche derramada. Él tuvo todas las oportunidades de venir a dar su opinión, se le invitó en varias ocasiones y nunca hubo ánimo ni interés ni entusiasmo alguno de venir a discutir cómo implementar esta nueva ley que va a permitir el autocultivo y el uso terapéutico. Por lo tanto, muchos generales después de la batalla", dijo el parlamentario. Los dichos tampoco cayeron bien en la citada Comisión de Salud, en donde insistieron en la falta de compromiso del Ejecutivo, mientras que el diputado Víctor Torres (DC), del mismo partido del subsecretario Burrows, calificó de inaceptables las palabras de la autoridad, por lo cual será citado a la instancia para aclarar sus dichos. Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/drogas/gobierno-manifesto-desacuerdo-con-proyecto-de-autocultivo-de-marihuana/2015-04-07/114657.html
  17. Topic de Archivo 2015 Ley de Aborto Eyzaguirre le pone piso desde la Segpres al jefe de gabinete Gana Burgos y la DC: Comisión de Salud posterga votación de proyecto de aborto por El Mostrador 7 julio 2015 Ayer la Democracia Cristiana solicitó a la Segpres que solicitara a la comisión de la Cámara Baja que no se vote la idea de legislar del proyecto de aborte bajo sus tres causales, basado en el argumento de que hay que diseñar un programa de acompañamiento a la mujer. Es así como tras una intervención del ministro Burgos que tildó de "razonable" la solicitud, finalmente la comisión postergó la votación. Hoy la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados decidió no votar el proyecto de ley de despenalización del aborto bajo tres causales, en caso de violación, inviahabilidad del feto o peligro de la vida de la madre. Esto luego de que la Democracia Cristiana le solicitara al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, que el Ejecutivo pidiera la postergación de la votación. Postura que hoy fue apoyada por el ministro del Interior, y militante de la falange, Jorge Burgos, quien tildó la postura como "razonable". Después de estas declaraciones, hubo una reunión "flash" en La Mondeda entre Burgos, Eyzaguirre y la ministra del Sernam, Claudia Pascual, en la que la decisión fue que Eyzaguirre llevera el mensaje de la postergación a la instancia en la Cámara. Durante la tarde se confirmó la decisión de retrasar la votación en al menos dos semanas. Ayer un equipo de la DC entregó a la Comisión de Salud un documento que analizó el proyecto de despenalización del aborto en sus tres causales, grupo que fue liderado por la senadora Carolina Goic. En las conclusiones de dicho informe la DC solicitaba que se aplazara la votación del proyecto que se realizaría hoy en la comsión. La Falange argumentó que era necesario revisar "los principios orientadores del proyecto", por cuanto "se funda mucho en la autonomía de la mujer" y "no considera medidas alternativas", como por ejemplo: el proyecto de acompañamiento, presentado por la colectividad. Además, dice que el texto no contiene “una consideración al derecho de la vida que está por nacer”. "La solicitud se basa en tanto el gobierno no incorpore un sistema de protección integral de la maternidad, incluyendo acompañamiento a la mujer embarazada. Se deben perfeccionar muchos aspectos del proyecto en la discusión en particular, y existe una postura mayoritaria en contra de la tercera causal (violación)", sostuvo ayer el vicepresidente DC Matías Walker. La solicitud fue enviada fue enviada por la diputada Goic al ministro Eyzaguirre. Llamado que también fue escuchado por el ministro Jorge Burgos. "Entiendo que la DC ha hecho un par de consideraciones respecto del tema del acompañamiento a la mujer que está en una situación de esta naturaleza y otras consideraciones y lo que ha pedido es pedir un tiempo más para reforzar el diálogo y la conversación, y me parece que esa petición es razonable", sostuvo hoy el secretario de Estado. Es luego de estos sucesos que la comisión finalmente decide postergar la votación, la que será definida por la misma comisión. En sesión el diputado DC e integrante de la comisión de Salud, Gabriel Silber, dijo: "Vamos a dar una señal de prudencia. Vamos a aceptar la dolicitud del Ejecutivo de no votar el día de hoy", según La Tercera. "Pero a cambio vamos a establecer un procedimiento de negociación en la cual en la comisión de Salud se van a discutir y despachar las debidas indicaciones de tal suerte de cerrar en la Cámara de Diputados una negociación transparente de cara a los chilenos, y no abrir cocinas en el Senado o fuera del Congreso", finalizó el parlamentario. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/07/07/gana-burgos-y-la-dc-comision-de-salud-posterga-votacion-de-proyecto-de-aborto/
  18. Topic de Archivo 2015 Acuerdo Transpacífico (TPP) Acuerdo Transpacífico (TPP) Denuncian que Gobierno trata de cerrar en secreto tratado de graves efectos para la soberanía de Chile En Atlanta, Estados Unidos, los equipos negociadores de los 12 países miembros están tratando de alcanzar un acuerdo, sin que la ciudadanía ni los parlamentos de los países estén enterados de su contenido, salvo por alarmantes filtraciones de Wikileaks. El Ciudadano Hoy 12:10 Las organizaciones que forman parte de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP, denunciaron esta mañana que el Gobierno de Chile mantiene un equipo de Cancillería en Atlanta, Estados Unidos, negociando en secreto un Tratado de Libre Comercio que genera un gran rechazo a nivel internacional y que amenaza severamente la soberanía nacional. Es el cuestionado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP (Trans-Pacific Partnership). “Sabemos que los negociadores están buscando todos los mecanismos para cerrar un acuerdo esta semana, pero hasta ahora el Gobierno no ha transparentado información sobre su contenido”, denunció la periodista del Observatorio Ciudadano, Paulina Acevedo. Organizaciones ciudadanas de los 12 países que negocian este tratado secretamente se están movilizando para detener lo que consideran un atentado contra la democracia. En Canadá se está demandado al Gobierno negociar un acuerdo sin tener la potestad para firmarlo y en Nueva Zelandia las organizaciones han recurrido a tribunales para exigir que el estado dé a conocer los textos que está negociando. En ese marco Javiera Espinoza, de Fundación Terram, señaló que “mientras Chile promueve la transparencia de la información a través del principio 10, negocia en secreto un acuerdo que de aplicarse tendrá un enorme impacto sobre el país”. Las organizaciones recordaron que esta semana la Presidenta Bachelet reafirmó ante la ONU la necesidad de un irrestricto respecto a los marcos internacionales y, sin embargo, su gobierno está pasando por encima de todos los compromisos internacionales en materia de transparencia. Al respecto José Aylwin, co director del Observatorio Ciudadano, señaló que las amenazas que acuerdos comerciales como el TPP significan para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en materia de derechos humanos, en particular en materia de derechos laborales, salud y alimentación, han sido señaladas por diversos especialistas, incluyendo Relatores Especiales de la ONU. La Presidenta Bachelet no puede hacer caso omiso a dichas advertencias y suscribir este acuerdo y comprometiendo los derechos humanos de los chilenos y chilenas que ella dice defender”. Asimismo, reiteraron la preocupación por los impactos que el tratado podría tener en los costos de medicamentos. “Mientras la mandataria anuncia en Cadena Nacional un Fondo de Farmacia para asegurar la entrega gratuita de medicamentos, el Gobierno todavía no ha transparentado información sobre los posibles impactos que el TPP tendrá sobre los costos en salud. Es por ello que exigimos que el gobierno dé a conocer la información que tenga al respecto”, sostiene Rodrigo Irarrázaval, de Médicos Sin Marca. Las organizaciones insistieron que se mantendrán en alerta permanente durante estos días y que ya han solicitado reuniones con ministerios sensibles, para plantear las inquietudes de la ciudadanía frente a la negociación del acuerdo. Al final, remarcaron que “el gobierno de Chile es cómplice de que el mayor tratado de libre comercio del mundo se negocie como un acuerdo entre privados y que ello implica un atentado contra la soberanía nacional, tan mencionada durante esta semana respecto a un diferendo con Bolivia cuyos alcances son mucho menores que los que aquí se discuten”, sostuvo Acevedo. Fuente: Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP Para conocer más del TTP te invitamos a leer este artículo publicado en El Ciudadano. Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/10/01/217177/denuncian-que-gobierno-trata-de-cerrar-en-secreto-tratado-de-graves-efectos-para-la-soberania-de-chile/
  19. Topic de Archivo 2015 Terremoto Terremoto afecta a la zona central y Onemi decreta alerta de maremoto en todo el país Diario Uchile | Miércoles 16 de septiembre 2015 20:06 hrs. El prolongado movimiento telúrico se percibió en la zona central y alcanzó una magnitud de 7,9 grados Richter, según Sismología. En Estados Unidos cifraron el movimiento en 8,3 grados. Un fuerte sismo de al menos tres minutos se percibió a las 19:56 horas de este miércoles, entre las regiones de Atacama y el Biobío. Según el reporte preliminar del Centro Sismológico Nacional, la magnitud del sismo fue de 7,2 Richter y se localizó a 36 kilómetros al oeste de Canela Baja. Más tarde, la entidad corrigió la cifra y consignó que el movimiento alcanzó una magnitud de 7,9 grados y que el epicentro se localizó a 46 kilómetros al oeste de Canela Baja. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, en tanto, señaló que la magnitud del sismo habría sido de 8,3 grados Richter, a 54 kilómetros al oeste de Illapel. Debido al sismo, el SHOA estableció una alarma de maremoto para todo el borde costero nacional. onemichile ✔ @onemichile SHOA, establece ALARMA de Tsunami. ONEMI solicita evacuar los sectores costeros del territorio nacional. 20:15 - 16 sep 2015 Desde La Moneda, el vocero Marcelo Díaz llamó a reaccionar con calma y tranquilidad y dijo que se tomarán “las medidas para las que nos hemos preparado”. No obstante, el ministro Secretario General de Gobierno señaló que “las medidas apropiadas y adecuadas para este tipo de casos” serán informadas por la Onemi. En tanto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, indicó que “según el protocolo establecido, se hace indispensable la evacuación del borde costero desde el norte, provincia de Arica, hasta la provincia de Coyhaique”. A través de su cuenta de Twitter, la municipalidad de Canela informó de “muchos derrumbes” y del corte del suministro eléctrico. “Alcalde Bernardo Leyton confirma que, de momento, sólo se reporta derrumbes de muro en casas. No hay energía eléctrica en las calles. Pánico”, publicó el municipio. Municipalidad CANELA @MuniCANELA Alcalde Bernardo Leyton confirma que, de momento, sólo se reporta derrumbes de muro en casas. No hay energía eléctrica en las calles. Pánico 20:38 - 16 sep 2015 · Calera, Chile, Chile Debido al sismo, las personas que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Santiago fueron desalojadas. Desde el primer movimiento, se han sentido diversas réplicas en la zona central del país. El detalle de intensidades en escala de Mercalli, de acuerdo a información de Onemi, es el siguiente: Región: Atacama Caldera: V Copiapó: V Huasco: V Vallenar: V Región: Coquimbo Coquimbo: VIII La Serena: VIII Los Vilos: VII Región: Valparaíso Algarrobo: IV El Quisco: VII Puchuncaví­: VI San Antonio: VII Valparaí­so: VI Villa Alemana : VI Región: Metropolitana de Santiago San Bernardo: VI San Pedro: VI Santiago: VII Talagante: VI Tiltil: VII Región: Libertador Bernardo O’Higgins Bucalemu: IV Litueche: V Navidad: VI Pichilemu: IV Placilla: V Rancagua: VII Región: Maule Cauquenes: V Colbún: V Constitución: V Curicó: IV Empedrado: III Linares: V Molina: V Talca: IV Región: Biobío Concepción: IV Lebu: III Los Ángeles: IV San Pedro de la Paz: IV Región: La Araucanía Angol: III Curarrehue: III Nueva Imperial: III Padre las Casas: III Saavedra: IV Temuco: III Toltén: IV Noticia en desarrollo... Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/09/16/fuerte-sismo-se-percibe-en-la-zona-central
  20. Topic de Archivo 2015 Caso Basura CDE se querella por lavado de activos contra alcalde de Maipú Christian Vittori (DC) y otras 12 personas J. M.S. | 14 Mayo, 2015 La acción legal incluye al jefe comunal de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), a los actuales concejales de Maipú, el RN Marcelo Torres, Carlos Jara (PPD), Carol Bortnick (PPD), y el ex concejal RN Carlos Richter por cohecho. Todos habrían recibido coimas para que KDM se quedara con la licitación de la basura en Maipú. También el libelo apunta a hechos ocurridos en Cerro Navia, donde el operador también es Marcelo Torres. El CDE insinuó que algunos dineros que obtuvo ilícitamente Vittori, podrían haber servido para financiar su última campaña. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra de los alcaldes de Maipú, el DC Christian Vittori y de Cerro Navia, Luis Plaza (RN), imputándole delitos de lavado de activos, en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Occidente por las anomalías en la licitación de la basura. Según el organismo, basándose en los antecedentes obtenidos por el Ministerio Público, Vittori realizó una serie de artimañas para esconder el verdadero origen de dineros obtenidos en base de coimas. En tanto Plaza se habría quedado con dineros del municipio para su beneficio personal. Pues bien, el libelo del CDE, dirigido contra otras once personas revela la trama de la empresa KDM que a través de su ejecutivo José Miguel Gutiérrez cohechaba a concejales de Maipú, usando como operador -en 2011- al entonces concejal RN Marcelo Torres, quien permanece actualmente en dicho cargo. Lo anterior, para dejar fuera de la licitación del retiro de basura en la comuna a la empresa Proactiva. Pues bien, ambos fueron ya querellados por el CDE el 10 de abril de 2013 por soborno agravado y cohecho respectivamente. En tanto una segunda acción legal del órgano apuntó al también concejal y ex periodista de Canal 13 Antonio Nehme (UDI), quien recibía coimas de Proactiva, según el CDE. Esa es una primera parte de la historia. Hay que recordar que el pasado 16 de abril, el organismo perseguidor allanó ambas municipalidades, los domicilios de los ediles y Torres, la empresa KDM entre otros domicilios. Respecto de la diligencia, Vittori aseguró estar tranquilo y que ha colaborado constantemente con la investigación. La indagatoria comenzó con la denuncia de la ex esposa de Torres, Paula Díaz, quien aseguró que en la casa que ambos compartían, se reunía con Gutiérrez a planear cómo se pagarían las coimas en Maipú. Los concejales Ahora bien, según el CDE, Torres además pagó coimas a los actuales concejales de Maipú, Carlos Jara (PPD), Carol Bortnick (PPD), y el ex concejal RN Carlos Richter y a Vittori, con el fin de obtener los votos necesarios para que KDM se quedara con la licitación. Por esta razón, también los incluyó en su querella imputándoles además cohecho agravado. Torres no es el único delito por el que el CDE amplió su libelo. De acuerdo al documento este último trabajó hasta 2013 como administrador municipal en Cerro Navia. Junto el edil de esa comuna, Luis Plaza, “consintieron la sustracción de caudales públicos por parte del concejal Richter y Christian Vittori, actual alcalde de Maipú”. Básicamente, Vittori se habría embolsado más de $ 14 millones, mientras que Richter poco más de 17. Esto “a través de la celebración de contratos a honorarios entre las mencionadas personas y la municipalidad, realizados con el único objeto de sustraer dichos caudales, sin realizarse las contraprestaciones correspondientes”, se lee en la querella. Otra de las querelladas por cohecho y lavado de activos es Marcela Torres ex secretaria de Planificación Comunal de Cerro Navia. Esta última, de acuerdo al ex Director de Desarrollo Comunitario de esa comuna, Alberto Lastra, fue cómplice en dichos contratos truchos para así pagarle los sueldos a Richter y Vittori. Ahora bien, otro incluido en el libelo por los mismos ilícitos es Óscar Lantadilla, actual director jurídico de la misma comuna, porque asesoró legalmente para que se pudiera usar recursos públicos ilícitamente. Omnipresente Marcelo Torres también operó en Cerro Navia para que distintas empresas se adjudicaran licitaciones. Una de ellas es Multiservicios, Ingeniería y Construcción Spa, cuyo socio principal es Lorenzo Pérez, también querellado por el CDE en este caso. Básicamente, Pérez actuó como el “testaferro” de Torres en el marco de un concurso para el arriendo de vehículos municipales. El contrato con la firma se llevó a cabo el 31 de mayo de 2010. En él se estableció un pago de 579 UF mensuales por 48 meses, es decir unos $ 630 millones. Este hecho está acreditado en la investigación, según el CDE. Pérez, en esa línea, se coludió con Torres a través de otra empresa de fachada: Inversiones e Inmobiliaria Puertas Verdes Limitada. A través de esta última y Multiservicios e Ingeniería, Pérez realizó inversiones a través de dos corredoras de bolsa -por 500 millones- mientras se realizaba el ya mencionado arriendo de vehículos en Cerro Navia y desarrollaba la recolección de basura en Maipú. Torres y Morales fueron los encargados de presentar el concurso y la necesidad de los autos para el municipio. “En definitiva, los vehículos no fueron utilizados ni los servicios prestados en la forma convenida y sólo se contaba con un número reducido de aquéllos, los que se encontraban permanentemente en mal estado u ocupados”, dice la acción legal. Otras de las licitaciones con las que operó Torres en Cerro Navia, fue a la empresa Don Óscar Limitada. Al respecto, la fiscalía estableció que el 19 de octubre de 2013 el director de esta firma Pedro Acevedo Saavedra, -también incluido en la querella del CDE- llegó junto al actual alcalde de Maipú Christian Vittori a una automotora de Santiago. Allí compró una camioneta Ford Explorer cuyo costo supera los $ 18 millones. El vehículo quedó inscrito a nombre de la esposa del edil Pamela Riquelme. De acuerdo al CDE, Marcelo Torres usó a Marcela Morales como su testaferro, llevando a cabo maniobras para ocultar los activos obtenidos ilícitamente”. Uno de ellos fue hacer pasar por un crédito 13 millones, gestionar la compra de tres departamentos en Santiago, entre otros, hecho probado a través de escuchas telefónicas. Según el CDE la mujer no contaba con los medios para dichas adquisiciones. Otra empresa a la que Torres favoreció fue GED Chile Ltda, que en 2011 se adjudicó casi $ 325 millones por habilitar infraestructura recreacional e instalar 8 palmeras. Según la querella, la PDI vigiló, siguió e interceptó las comunicaciones de Vittori. En ese contexto descubrió que usó a Francisco Chandía para adquirir una gran cantidad de vehículos, que se encuentran inscritos nombre de este último, todo con el fin de esconder al verdadero dueño. “A lo anterior se suma los importantes movimientos en las cuentas de Pamela Riquelme y de su padre Luis Riquelme, en el período de campaña a alcalde de Vittori, el año 2012, los que constan en la carpeta investigativa”, señala el libelo. Otro de los querellados es Fernando León Steffens, ex gerente general de KDM, por soborno y blanqueo de capitales , como también Gerardo Escalona, dueño de la Constructora Proyectos S.A. que también habría recibido regalías desde Cerro Navia. Por todo lo anterior, el CDE solicitó que la fiscalía realice un peritaje en este último municipio, con el fin de acreditar el daño al patrimonio fiscal. En definitiva las trece personas querelladas por blanqueo de capitales son: Marcelo Torres (RN), Christian Vittori (DC), Carlos Jara (PPD) Carol Bortnick (PPD), Luis Plaza (RN), Carlos Richter (RN). Junto a ellos están Fernando Steffens, Marcela Morales, Oscar Lantadilla, Pedro Acevedo, Gerardo Escalona, Lorenzo Pérez y Francisco Chandía. Lea la querella del CDE: http://issuu.com/jorgemolinasanhueza/docs/convert-jpg-to-pdf.net_2015-05-14_0?e=4883542/12848552 Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/05/14/cde-se-querella-por-lavado-de-activos-contra-alcalde-de-maipu-christian-vittori-dc-y-otras-12-personas/
  21. Topic de Archivo 2015 Caso AFP de Papel SII revisa ahorro tributario de $ 80 mil millones en fusión Argentum-Cuprum Organismo ya ha recabado antecedentes de la operación en el marco de la norma antielusión. S. Jara / 29/05/2015 - 06:15 El beneficio tributario de$ 80 mil millones (unosUS$ 130 millones) informado por AFP Cuprum como resultado de su fusión con AFP Argentum, ambas del Grupo Principal, aprobada el 2 de enero por la Superintendencia de Pensiones (SP), está en la mira del Servicio de Impuestos Internos (SII). El fiscalizador analiza si el denominado good will tributario de la operación -diferencia entre valor de adquisición y el valor libro de la firma adquirida, susceptible de ser amortizado por la entidad adquiriente- que permitió el mencionado beneficio, se enmarcó en un esquema cuyo único objetivo apuntó a la disminución de la carga impositiva o tiene fundamentos en la naturaleza misma de la fusión. Lo anterior, dado que la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria estableció que desde el 1 de enero de este año ya no se puede optar a utilizar el good will como beneficio tributario. Sin embargo, como Cuprum presentó los antecedentes que acreditaban su propósito de dar inicio a un proceso de fusión con anterioridad al 1 de enero de 2015, puedo aprovechar este beneficio. Las dudas del SII recaen, precisamente, sobre el objetivo para el cual se ocupó dicho beneficio tributario, justo antes de la entrada en vigencia de la reforma. Esto, en el marco de las atribuciones que le otorgó al organismo la nueva Norma General Antielusión, incluida en la Reforma Tributaria, que apunta a fiscalizar y sancionar las planificaciones y reestructuraciones corporativas destinadas exclusivamente a eludir el pago de impuestos. El análisis que hace el SII está en manos de la división de Grandes Contribuyentes y se suma a la revisión de una serie de otras operaciones que fueron anunciadas en 2014 con, eventualmente, el propósito de aprovechar el beneficio tributario. En Cuprum no quisieron comentar públicamente los detalles de la indagación del SII. Pese a ello, un alto ejecutivo de la AFP que no quiso revelar su nombre, confirmó que la creación de Argentum tuvo como única finalidad lograr el ahorro tributario al fusionarse con Cuprum. Y para ello, agregó, acompañaron sus antecedentes con dos informes en derecho y otras dos auditorías de la operación. Ofician a la SP La revisión del SII a la operación entre ambas AFP se da en paralelo a un intercambio de antecedentes entre la Subsecretaría de Previsión Social y la SP. El 8 de mayo el ex subsecretario Marcos Barraza ofició a la superintendenta Tamara Agnic para que precisara los fundamentos técnicos, jurídicos y tributarios que llevaron a la SP a aprobar la fusión. Agnic respondió este lunes diciendo que la aprobó la operación dando cumplimiento al DL 3.500 y que el análisis tributario no era de su incumbencia. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/05/655-631782-9-sii-revisa-ahorro-tributario-de--80-mil-millones-en-fusion-argentumcuprum.shtml
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