Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Suprema'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Administración
    • Presentación & Bienvenida Nuevos Fotechitos
  • Premios Fotech
  • Portal Fotech
    • Televisión Chilena
    • Teleseries & Ficción Nacional e Internacional
    • Televisión Internacional por Cable y Plataformas Digitales
    • Área de Ficción Virtual
    • Arte, Cultura y Sociedad
    • Cine
    • Música Nacional y Radioemisoras
    • Música Internacional
  • Mundo Animado & Comunidad Asiática
    • Mundo Animado
    • Mundo Asiático
  • Actualidad, Ciencia, Deportes, Afectividad y Tecnología
    • Actualidad Nacional e Internacional
    • Ciencias, Historia y Naturaleza
    • Deportes
    • Afectividad, Salud y Sexualidad
    • Tecnología, Videojuegos y Diseño Gráfico
  • Ciencias, Educación y Tecnología
  • Pasatiempo
    • Recreo

Calendars

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Ubicación


Intereses


Facebook


Twitter


Instagram


Skype


Website URL

Found 53 results

  1. 09 Julio 2019 Ascenso de jueza Repetto a la Suprema quedó en suspenso Senadores de oposición de la comisión de Constitución se abstuvieron. Acusaron que no hubo acuerdo previo con el Gobierno para esta nominación. En suspenso quedó la propuesta del Presidente Sebastián Piñera para que la ministra de la Corte de Apelaciones María Angélica Repetto ascienda a la Corte Suprema luego de la fracasada nominación de Dobra Lusic. Repetto, quien llenaría el lugar del ya retirado ministro Milton Juica, es la alternativa del Gobierno al fallido nombramiento de Lusic, cuya nominación fue retirada por el Gobierno luego de que fuera cuestionada por sus presuntos vínculos con operadores políticos. En la comisión de Constitución del Senado se analizó la propuesta del Gobierno, que llegó sin acuerdo previo con el Congreso, y Repetto solo tuvo el visto bueno de los senadores oficialistas Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN). En tanto, Alfonso de Urresti (PS) se abstuvo, Francisco Huenchumilla (DC) objetó el procedimiento de plantear un nombre sin acuerdo y en la misma línea se manifestó el presidente de la comisión, Felipe Harboe (PPD). "Cuando reivindicamos los acuerdos, las formas de, transparentemente, ponernos de acuerdo respecto de las visiones de sociedad que van a integrar la Corte Suprema, yo echo de menos esa voluntad republicana que existió históricamente. En razón de eso, y por mandato de mi comité de senadores, nos vamos a abstener", dijo Harboe. En tanto, el senador Pérez admitió que está en duda la ratificación de María Angélica Repetto, aunque criticó lo injusto de la situación porque nadie ha dicho nada contra los pergaminos de la jueza propuesta por Piñera. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/ascenso-de-jueza-repetto-a-la-suprema-quedo-en-suspenso/2019-07-09/123749.html
  2. 11 Julio 2019 Suprema dictó sentencia por jueces de Rancagua: Se inició suspensión de Elgueta y Vásquez El máximo tribunal dictó sentencia contra los jueces y dio argumentos para confirmar los cargos por tráfico de influencias y faltas a la probidad. Además, se dictó el sobreseimiento definitivo del fallecido juez Marcelo Albornoz, quien se suicidó el pasado 3 de julio. El pleno de la Corte Suprema dictó sentencia contra los suspendidos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, en que se dan argumentos para confirmar los cargos por tráfico de influencias y faltas a la probidad. En el caso del fallecido Marcelo Albornoz, quien se suicidó el pasado 3 de julio, se dictó su sobreseimiento definitivo. Con esta sentencia comienza a correr el plazo de suspensión de cuatro meses de los jueces, en que recibirán la mitad de su sueldo y período en que también se abrirá un cuaderno de remoción. Los suspendidos jueces tendrán cinco días hábiles para entregar un informe. En paralelo, el juez Emilio Elgueta presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se paralice todo el proceso de expulsión y en que se realizarán lo alegatos el próximo miércoles 17 de julio a las 16:00 horas. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/suprema-dicto-sentencia-por-jueces-de-rancagua-se-inicio-suspension-de/2019-07-11/153507.html
  3. 10 Junio 2019 Corte Suprema propuso nuevo sistema de designación de jueces El máximo tribunal reconoció que existe una falta de "objetividad" en el proceso que se realiza actualmente para nombrar magistrados. La Corte Suprema presentó este lunes medidas internas para modificar el proceso de nombramiento de jueces, cuestionado luego de que se desatara una crisis en el Poder Judicial de la Región de O'Higgins y de que fracasara la nominación de la jueza Dobra Lusic como nueva integrante del máximo tribunal. Según propuso el Pleno de la Suprema, el proceso partirá con un denominado "currículum ciego", que implica que no se conocerán los nombres de los postulantes, quienes luego deberán dar una prueba de conocimientos. Además, establece que los concursos se transparentarán mediante audiencias públicas. "Si se dice que en ese sentido estamos reconociendo que antes había menor objetividad, la respuesta es sí, porque el sistema del Código Orgánico de Tribunales es muy abierto, de tal manera que no coloca ninguna limitación y eso también ha conspirado un poco contra el proceso, porque el ir autolimitándose tiene las dificultades de que puede, de alguna forma, tomarse con la disposición legal", reconoció el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas. Esta misma jornada el presidente de la Suprema, Haroldo Brito, se volvió a reunir en el Ministerio de Justicia con el jefe de la cartera, Hernán Larraín. Ya se habían encontrado la semana, cuando el secretario de Estado le entregó los documentos con las ideas matrices del proyecto anunciado por el Gobierno enfocado específicamente en modificar el sistema de nombramiento de jueces a la Suprema, tras la fallida nominación de Lusic. El próximo viernes se iniciará una mesa de trabajo conjunta para abordar tanto la propuesta del Poder Judicial, presentada hoy, como la que está elaborando el Ejecutivo para reformar el sistema general de designación de magistrados en tribunales. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/corte-suprema/corte-suprema-propuso-nuevo-sistema-de-designacion-de-jueces/2019-06-10/142915.html
  4. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/348351-matrimonio-igualitario-noviembre-gobierno-quita-apoyo-al-matrimonio-igualitario-el-proyecto-seria-solo-%E2%80%9Cmonitoreado%E2%80%9D-por-el-ejecutivo/page-1 06 Diciembre 2018 El argumento de la Suprema que enciende una luz para el matrimonio igualitario "Las normas constitucionales y la convención internacional disponen que toda persona que habita el Estado de Chile es titular del derecho, a contraer matrimonio y fundar una familia", asegura el máximo Tribunal. “Las normas constitucionales y la convención internacional disponen que toda persona que habita el Estado de Chile es titular del derecho, a contraer matrimonio y fundar una familia, en lo cual la autoridad tiene el deber de ampararla, por lo mismo, no puede ser turbado en el ejercicio de ese derecho”. Este fue uno de los párrafos que formaron parte de un fallo de la Corte Suprema que ordenó al Registro Civil celebrar el matrimonio entre un chileno y una ciudadana extranjera en situación irregular. Y por supuesto, alertaron a Fundación Iguales. Su presidente ejecutivo, Juan Enrique Pi, dijo que “la Corte ha sostenido antes la existencia de derechos fundamentales que no necesariamente se encuentran expresamente declarados en el texto fundamental y, entre ellos, está el derecho a contraer matrimonio”. “La Corte Suprema confirma que el matrimonio es un derecho humano, es decir, todas las personas que habitan en Chile deben ser titulares de este derecho, sin importar su nacionalidad, identidad de género u orientación sexual, porque las características inherentes a las personas no pueden importar al momento de ejercer y disfrutar sus derechos”, precisó. De esta manera, agrega que “el gobierno es el único actor político a nivel nacional que hoy le dice que no al matrimonio igualitario (…) el gobierno no puede abstraerse de esta definición al momento de hablar de derechos humanos, especialmente, de las injusticias que aún se mantienen en la regulación de las familias fundadas por parejas del mismo sexo”, explicó Pi. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/argumento-la-suprema-enciende-una-luz-matrimonio-igualitario/433164/
  5. 06 Diciembre 2018 Oposición se reúne con CIDH por libertades condicionales a uniformados ® entregadas por la Suprema El senador PS José Miguel Insulza, uno de los que participará de la reunión, sostuvo que en la cita se podrían abordar otros temas como el matrimonio igualitario y "a lo mejor, hasta nos preguntan algo sobre La Araucanía". Este martes a las 20.00 de nuestro país (18.00 de Washington DC) los líderes de la oposición, José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA; Heraldo Muñoz, ex canciller; y Álvaro Elizalde; timonel del PS, se reunirán con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el tema de las libertades condicionales otorgadas por la Corte Suprema a condenados por delitos de lesa humanidad. La reunión se da luego de que en agosto pasado Insulza solicitara el encuentro a raíz de las primeras libertades otorgadas por el máximo tribunal de nuestro país. “Optamos por este camino y no por el de la acusación porque nos parecía que por aquí podíamos tener más acogida y, efectivamente, la comisión emitió una declaración criticando fuertemente las decisiones sobre libertad condicional de algunas personas afectadas por delitos de lesa humanidad”, explicó el senador Insulza en diálogo con La Tercera. Justamente después de que la CIDH manifestara su “preocupación” tras la presentación de los parlamentarios de derecha ante el Tribunal Constitucional, la oposición iba a reunirse con la instancia, lo que no se pudo concretar debido al fallo de La Haya. Por lo que “fijamos una reunión para esta vez, que es una reunión de trabajo, no es todavía un debate ante la comisión, es solamente una reunión de trabajo y ahora traemos la nueva ley que se dictó, el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentaron una cantidad de senadores de la derecha y las opiniones nuestras frente a este proyecto y la vamos a conversar con la comisión, se las vamos a exponer, lo vamos a conversar con el presidente y el relator de la comisión”, detalló Insulza. Agregó que van a exponer su postura frente a la comisión, “pero no esperamos que haya ahora una decisión ni mucho menos, más bien ponerlos en aviso de lo que está ocurriendo y a medida de que vayan desarbolándose los hechos los mantendremos informados”. Lo que buscan los parlamentarios, según indicó el senador, es que en la CIDH “tengan claro que la ley que se dictó por el congreso es una buena ley sobre las libertades condicionales, y por lo tanto sería un retroceso que esa sea, por así decirlo, anulada de alguna manera por el Tribunal Constitucional”. El parlamentario no descartó que en el encuentro se aborden otros temas que para la CIDH sean de relevancia. “Ahora seguramente vamos a hablar de otros temas también. Yo sé que la comisión está muy preocupada de los temas de matrimonio igualitario y otras cosas y probablemente nos va a pedir alguna información sobre eso. Y a lo mejor, hasta nos preguntan algo sobre La Araucanía, pero no tenemos claro eso”, indicó. Consultado por la visita que hizo el ministro Hernán Larraín a la instancia en la víspera a la reunión de la oposición, Insulza indicó que “es muy posible” que el titular de Justicia haya abordado el tema de las libertades condicionales con la CIDH, pero que “no tuve oportunidad de conversar con él y de preguntarle qué cosas había conversado y quedamos de conversar sobre esto en Santiago”. Tras la cita, Insulza sostuvo que fue “una buena reunión muy receptiva. Quedamos de informarlos apenas se viera el recurso que ha presentado la derecha en el Tribunal Constitucional y la forma en que se va a ir aplicando la nueva ley en los tribunales de justicia”. Por su parte, Heraldo Muñoz también valoró la reunión. “Fue una audiencia positiva sobre la comunicación que realizamos sobre libertades condicionales y sobre indultos a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Informamos sobre el trámite de la ley y de este recurso que ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional, de modo que fue una reunión donde informamos sobre la materia y expresamos nuestra preocupación sobre cómo decisiones judiciales pueden terminar acercándose a una situación de impunidad, que es necesario que la comisión conozca y que se tenga en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia y de organismos internacionales de Naciones Unidas”, dijo el excanciller. Fuente: https://foros.fotech.cl/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=182
  6. 15 Noviembre 2018 La FNE acude a la Suprema para prohibir acuerdo de Latam con American Airlines e IAG Dijo que las medidas impuestas por el TDLC resultan ineficaces, insuficientes, susceptibles de interpretaciones, difíciles de fiscalizar y que incluso, podrían generar distorsiones en los mercados afectados. Continúa la controversia en torno al acuerdo (Joint Business Agreements) de Latam Airlines con American Airlines y el holding IAG (British Airways e Iberia), que aprobó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Esta tarde, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) informó que ayer presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un recurso de reclamación para solicitar a la Corte Suprema que prohíba dicho acuerdo que el organismo aprobó con condiciones. Latam Airlines no apeló al fallo del TDLC que aprueba acuerdos con American Airlines e IAG Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-fne-va-la-corte-suprema-prohibir-acuerdo-latam-american-airlines-e-iag/403656/
  7. 12 Noviembre 2018 Suprema ordenó indemnizar con 115 millones a familiares de mujer que murió el 27-F Nelly Cheuquelén falleció en medio del terremoto y tsunami en la localidad de Curanipe, en la Región del Maule. La Tercera Sala del máximo tribunal estableció la responsabilidad del Estado de Chile por no disponer planes de emergencias ante catástrofes. La Corte consideró acreditado "el dolor y la aflicción que sufrieron los familiares" de la víctima. La Corte Suprema ordenó al Fisco el pago de 115 millones de pesos a los familiares de Nelly Cheuquelin, fallecida en medio del tsunami del 27-F en Curanipe. La Tercera Sala del máximo tribunal estableció la responsabilidad del Estado al no disponer de planes de emergencia ante catástrofes; esto en el marco del juicio de indemnización de perjuicios por falta de servicio caratulado como "Cheuquelén con Fisco de Chile", incoado por Juan Luis Cheuquelén Nahuelpán y otros. El fallo destaca que "no consta en el proceso antecedente que dé cuenta de haberse implementado en la localidad de Curanipe plan de emergencia alguno, destinado a advertir a la población de adoptar medidas de resguardo básicas para prevenir y enfrentar esta clase de calamidades". "Tampoco consta la existencia de un protocolo tendiente a generar dichas condiciones de resguardo preventivas o reactivas en la población flotante que estacionalmente concurre a la zona con fines turísticos", señaló la Suprema. La resolución estableció además que, "en relación al daño moral demandado, cabe consignar que (...) ha quedado debidamente acreditado con la prueba testimonial rendida el dolor y la aflicción que sufrieron los familiares" de la persona. Por ende, "esta Corte estimará prudencialmente el monto del daño moral que se pide resarcir" (ver archivo adjunto). Otro de los casos emblemáticos tras el 27-F que la Corte Suprema mantiene en acuerdo y a la espera de la lectura del fallo es el de las 83 familias deL Cerro O´Higgins, en Constitución, donde se están solicitando cerca de 900 millones de pesos de indemnización al fisco. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/sismos/catastrofe-en-chile/suprema-ordeno-indemnizar-con-115-millones-a-familiares-de-mujer-que/2018-11-12/192923.html
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/337532-caso-luchsinger-mackay-defensa-de-condenados-por-caso-luschinger-recurriran-de-nulidad-ante-la-suprema/?hl=%2Bcaso+%2Bluchsinger&do=findComment&comment=23749028 07 Agosto 2018 Ahora por condenados en crimen de los Luchsinger: La sala penal de la Suprema, otra vez en la mira El máximo tribunal declaró admisible los recursos de nulidad y decidieron ser ellos, y no la Corte de Apelaciones de Temuco, quienes revisen la última oportunidad de los hermanos Luis y José Tralcal. Un nuevo episodio volverá a centrar la atención en la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual por estos días -y luego de la salida del juez Milton Juica- ha sido objeto de debate político y jurídico por haber permitido la libertad condicional a 7 reos que estaban presos en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad. Ahora, será la suerte de los hermanos José y Luis Tralcal, condenados a presidio perpetuo por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay. Ayer, el máximo tribunal declaró admisible los recursos de nulidad presentados por las defensas de los Tralcal, y determinó que serán ellos y no la Corte de Apelaciones de Temuco quienes revisarán eventuales infracciones a los derechos fundamentales de ambos condenados, además de José Peralino Huinca -condenado a 5 años- y cuya confesión sirvió para determinar un veredicto condenatorio. Cabe recordar que en un primer juicio oral todos los acusados fueron absueltos y fue el tribunal de alzada de Temuco el que anuló dicho juicio y ordenó un segundo proceso en el que se absolvió a la machi Francisca Linconao y otros cuatro acusados, siendo sólo condenados quienes hoy piden al máximo tribunal anular su sentencia por tener vicios legales. El abogado Sebastián Saavedra, defensor de los Tralcal, dijo que están esperanzados con lo que resuelva el máximo tribunal del país, aunque confiesa que “nos habría gustado que los recursos se hubieran revisado mientras presidía la sala penal el ex ministro Milton Juica, por su experiencia y el respeto a las garantías e los ciudadanos que él resguardaba en este tipo de casos”. El defensor Saavedra asegura que será muy importante lo que determine la Corte Suprema en este caso, pues en el fallo condenatorio toda la carga de la prueba en contra de los Tralcal, se basa principalmente sólo en el testimonio de Peralino, quien tiene calidad de co-imputado, y, advierte, en reiteradas oportunidades ha sostenido que dicha versión la dio presionado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). “Aquí se está aplicando la mayor pena del ordenamiento jurídico, mediante una ley de hierro como lo es la Ley Antiterrorista sin que haya una correlación entre la calidad de pruebas y la alta condena de nuestros representados. La Reforma Procesal Penal tenía justamente como objetivo no hacer depender toda la condena en la confesión de un co-imputado y sin embargo se da la paradoja que este es el único caso en el mundo en que tenemos un ‘arrepentido’ como es José Peralino quien no se hace cargo de su ‘arrepentimiento’ pues él mismo ha sostenido que sus dichos son falsos y que fue presionado por la policía”, sostuvo Saavedra. El examen que ahora deberá sortear la sala penal de la Corte Suprema es respecto a si la Fiscalía y la policía actuó con infracción a los derechos del imputado Peralino y fijar, además, un estándar sobre si es posible aplicar la Ley Antiterrorista en este caso como lo hizo el Tribunal oral de Temuco. De hecho, Celestino Córdova principal inculpado en el caso, quien fue condenado hace algunos años por este crimen, cumple una pena de 18 años por incendio con resultado de muerte, sin el cargo de la Ley Antiterrorista, pues en esa oportunidad la justicia señaló que los hechos no se enmarcaban en esta legislación, sino en delitos ordinarios del Código Penal. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/ahora-por-condenados-en-crimen-de-los-luchsinger-la-sala-penal-de-la-suprema-otra-vez-en-la-mira/272876/
  9. 22 Octubre 2018 Otros 10 años de cárcel para el homenajeado: Sala Penal de la Suprema dicta nueva condena contra Miguel Krassnoff El ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, quien ha estado en el ojo del huracán tras el homenaje realizado en su honor en la Escuela Militar el pasado 6 de octubre, suma una nueva condena a su registro. Esta vez, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia por el secuestro calificado de Eva Eugenia Palominos Rojas, una sobreviviente de Villa Grimaldi. En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a otros 10 años de cárcel al brigadier ® del Ejército, Miguel Krasnoff Martchenk, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado causando grave daño a Eva Eugenia Palominos Rojas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) sobreviviente de Villa Grimaldi. La instancia confirmó de este modo la sentencia que condenó a Krassnoff junto al ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo por este caso de violación de derechos humanos. Krassnoff Martchenko ha estado en el ojo del huracán tras el homenaje realizado en su honor en la Escuela Militar el pasado 6 de octubre. En esa oportunidad, su hijo, el coronel –ahora en retiro Miguel Krassnoff Bassa leyó un discurso donde destacó que “es tremendamente importante que nuestros padres que dieron la cara y dieron la vida por Chile y su familia estén siempre en el corazón de todos ustedes” y agradeció a la institución “por este gesto de valentía y de hombría” al recordar a su padre. El homenaje al condenado por delitos de lesa humanidad causó revuelo y provocó el llamado a retiro tanto de Krassnoff Bassa, como del director de la Escuela Militar, coronel Germán Villarroel. La sentencia El fallo conocido este lunes fue adoptado con los votos favorables de los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, mientras el abogado integrante Jorge Lagos estuvo por acoger los recursos casación en el fondo deducidos por el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los condenados Krassnoff Martchenko y Espinoza Bravo. Durante el proceso, quedó establecido que Eva Eugenia Palominos Rojas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) “fue detenida el día 7 de diciembre de 1974, por agentes de la DINA dirigidos por Miguel Krassnoff Martchenko, quienes las trasladaron al recinto de detención ubicado en Villa Grimaldi”. En Villa Grimaldi, “fue desnudada aplicándose electricidad en un procedimiento conocido como “La Parrilla” en todo su cuerpo, provocándole hemorragia permanente sin recibir atención médica, y luego de permanecer tres semanas en el recinto, fue trasladada a los centros de detención 4 Álamos, 3 Álamos, respectivamente, y finalmente a la Cárcel Publica”. Con esta condena, la Corte Suprema ha confirmado 72 sentencias contra Krassnoff Martchenko, que ya suma penas por 678 años de cárcel, según los registros judiciales. La resolución La sala de la Suprema además condenó a Gerardo Godoy García a cumplir 10 años de presidio como autor del secuestro de Patricia Zúñiga. En la resolución de la Suprema, se señala que tanto en el caso de Eva Palominos como de Patricia Zúñiga “se acreditó que fueron secuestradas sin orden administrativa o judicial, luego conducidas a un recinto de detención clandestino, conocido como ‘Villa Grimaldi', donde les aplicaron torturas atroces, confirmaron el fallo de primer grado, declarando que el hecho establecido se enmarca en el tipo penal descrito en el artículo 141 inciso tercero, esto es el delito de secuestro calificado, causando grave daño en la persona, en atención a que la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, entidad a la que pertenecían los acusados, fue un organismo secreto que actuó por encima de la ley, y los agentes o efectivos que la integraban escapaban no solo del conocimiento público, sino también del control efectivo de legalidad, tanto en la aprehensión como en el posterior encierro de las víctimas, a quienes retenían en recintos clandestinos, en este caso Villa Grimaldi, cuartel secreto en que se mantuvo a Eva Eugenia Palominos Rojas y Patricia del Carmen Zuñiga Barros encerradas e interrogadas bajo torturas atroces causándoles grave daño, como quedó acreditado en este proceso”. En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que ordenó al Fisco pagar una indemnización de $60.000.00 a cada una de las víctimas. Lea la resolución de la Suprema aquí http://www.elmostrador.cl/media/2018/10/EVA-PALOMINOS-Y-OTRA-SUPREMA.pdf Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/22/otros-10-anos-de-carcel-para-el-homenajeado-sala-penal-de-la-suprema-dicta-nueva-condena-contra-miguel-krassnoff/
  10. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/343370-acusacion-constitucional-a-la-suprema-haroldo-brito-reaparece-con-criticas-al-congreso-pagina-2/page-1 01 Septiembre 2018 Supremos concurrirán presencialmente a la Cámara a defenderse de la acusación constitucional Aunque podían haber contestado por escrito, Hugo Dolmetch, Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama acudirán personalmente ante la comisión. Hasta el Congreso llegarán los supremos Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama a defenderse en la comisión que tramita la acusación constitucional que un grupo de diputados de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio alzaron en su contra. Así lo decidieron los jueces y sus defensas, quienes tenían la posibilidad -luego de haber sido notificados de la acusación el lunes 27- de responder vía escrita. La estrategia de los ministros es explicar personalmente ante los parlamentarios que las libertades condicionales que fueron concedidas a agentes del régimen militar condenados por secuestros estuvo ajustada a derecho. Además de destacar su trayectoria en estos casos. Fuente: https://www.latercera.com/reportajes/noticia/supremos-concurriran-presencialmente-la-camara-defenderse-la-acusacion-constitucional/303320/
  11. 06 Agosto 2018 La Suprema en la mira de la oposición Todas las bancadas -desde la DC al Frente Amplio- analizan la opción de realizar una acusación constitucional en contra de los cinco ministros que dieron la libertad condicional a siete condenados por delitos de lesa humanidad. Con cadenas se amarraron a uno de los pilares del Palacio de Tribunales dirigentes de las juventudes del Partido Comunista, el PS y la DC para protestar contra la decisión de la segunda sala penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a siete condenados por delitos de lesa humanidad que cumplían penas en Punta Peuco y en Colina 1. Pero el descontento no solo se manifestó en las juventudes. Ayer las bancadas de oposición, desde la DC hasta el Frente Amplio, se reunieron con agrupaciones de derechos humanos para analizar posibles caminos a seguir, ante el temor de que vuelvan a concretarse fallos de esta índole. Una de las opciones más inmediatas es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), decisión que ya había sido adoptada por el Partido Socialista. En el Congreso, en tanto, la apuesta es retomar una agenda legislativa en la materia, reimpulsando proyectos sobre inhabilidades de indultos y libertades condicionales. Uno de ellos duerme en Valparaíso desde 2016, en una comisión mixta en el Parlamento. La Cámara y el Senado ya acordaron nombrar a los nuevos integrantes de la instancia para reflotar la iniciativa. En paralelo, sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la idea de impulsar una acusación constitucional contra los cinco ministros que aprobaron la liberación de los reos. La medida fue anunciada en las últimas horas por diputados PS y el Partido Comunista. Distintas fuentes de la oposición aseguran que en el encuentro de ayer con las agrupaciones de derechos humanos se evidenció una disposición de llegar a un acuerdo y respaldar en conjunto la iniciativa. Así, bancadas opositoras consensuaron dar a conocer su posición definitiva hoy, en el Congreso. Con todo, dos partidos del Frente Amplio -Revolución Democrática y el Partido Humanista- y la Federación Regionalista Verde Social ya adelantaron que respaldarán el libelo. “Hay buen ánimo, creo que puede ser muy importante que la oposición actúe unida para llevar adelante una acusación constitucional. Delitos de esta envergadura no pueden quedar impunes”, dijo el diputado comunista Daniel Núñez. Según fuentes del PS, más allá del análisis jurídico, existe un deber político en la centroizquierda de votar favorablemente la acusación, al menos dentro de la sala, argumentando que no sería bien recibido que ese sector no apoye una medida basada en la defensa de los derechos humanos. En esa línea, en sectores de oposición fueron bien recibidas las declaraciones del jefe de bancada de la DC, Matías Walker. “Nos preocupa sobremanera el efecto expansivo que esta sentencia de la Corte Suprema pueda acarrear sobre otras resoluciones en la materia”, sostuvo. El parlamentario apuntó, por ejemplo, a la decisión de la defensa de Miguel Krassnoff -exagente de la DINA condenado por distintos delitos de lesa humanidad- de pedir el indulto tras los nuevos antecedentes de la corte. “Un efecto expansivo nos preocupa y es uno de los temas que vamos a tener presentes al momento de tomar una decisión como bancada”, añadió. Otro de los puntos a considerar por los legisladores es la eventual preocupación que tendría el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien se reunió ayer con los diputados socialistas Jaime Naranjo y Gastón Saavedra. “Yo a Haroldo Brito lo vi muy acongojado, muy preocupado, claramente es una situación muy compleja para él”, dijo Naranjo. La bancada PPD, en tanto, había anunciado el fin de semana que respaldaría la acusación. Ayer, sin embargo, la directiva del partido discutió el asunto y decidió que la mejor alternativa era solo acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, desde la bancada aseguraron que ambas alternativas no son incompatibles. “La acusación constitucional está sujeta a si hay acuerdo político y están los votos para llevarla adelante. Si no están los votos no lo vamos a hacer”, dijo el diputado Ricardo Celis. Supremos se cuadran En el interior de los tribunales, ajenos a las protestas de la Plaza de la Justicia, los supremos se cuadraron tras las decisiones de la segunda sala penal. El ministro Hugo Dolmetsch, quien preside la instancia, insistió en que estos “no son los primeros fallos, yo llevo sólo dos semanas y aquí hace un buen tiempo que está la idea de que la gente que cumple con los requisitos objetivos para la libertad condicional se le conceda sin ninguna distinción” Agregó que no le “preocupa” la acusación. “He hecho lo que corresponde, que es mi trabajo, pero si el Parlamento considera que he excedido mis funciones, bueno, tendrá que verse”, sentenció. En tanto, el vocero Lamberto Cisternas dijo que “la corte, y en particular los ministros que se verían afectados están con calma, esperando a ver si esto se concreta o no, y en el evento de que se concretice se expondrán los argumentos jurídicos que se ha tenido para resolver como se resolvió; argumentos que, dicho sea de paso, están claramente expuestos en la sentencia”. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, evitó ahondar en el tema, aunque sí dijo que “ellos (la sala penal) están revisando sus posiciones y antecedentes y me parece que lo más razonable es que no opine sobre lo que ellos puedan hacer. Las salas son autónomas para resolver”, advirtió. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-suprema-la-mira-la-oposicion/272134/
  12. 23 Julio 2018 Suprema anuló cuatro juicios por “ilegalidades” en controles de identidad Se cuestionaron los indicios que habría tenido Carabineros para registrar a los sospechosos. Una pistola marca Lorcin, calibre 6.35 con dos proyectiles en el cargador sin percutar tenía Luis Maricoy Durán cuando Carabineros lo controló en Lo Espejo, tras una denuncia de un transeúnte. Se le hizo el control de identidad, lo registraron y detectaron el arma, sin embargo, el 23 de mayo, la Corte Suprema anuló el juicio, pues la policía habría “vulnerado las garantías constitucionales en el control de identidad”, al no tener un “indicio” claro para registrar al sospechoso. Este es el primero de los cuatro fallos que entre mayo y el 12 de julio el máximo tribunal ha desacreditado la forma en que Carabineros realizó el control de identidad, acogiendo el recurso de nulidad de las defensas de los acusados, decretando la nulidad del juicio. El control de identidad es una facultad que tienen ambas policías, tanto Carabineros como la PDI, para pedir a cualquier persona que se identifique, siempre y cuando tenga un “indicio” que lo haga concluir que el requerido cometió o cometerá un delito. Esto en cuanto al artículo 85 del Código Procesal Penal, el que también faculta al policía a registrar a la persona controlada. Sin embargo, en julio de 2016 comenzó a regir el control de identidad preventivo, luego de que se aprobara la Agenda Corta Antidelincuencia. Este control, a diferencia del ya existente, permitía a la policía pedir a una persona identificarse sin un indicio delictual, pero descartó el registro del requerido. En 2017 se realizaron 11.178.139 controles de identidad preventivo. Con la promulgación del control de identidad hubo varias lecturas: unas a favor y otros en contra. Se criticó el nuevo procedimiento policial, como también lo amplio del artículo 85: hasta antes de la Agenda Corta, se requerían de “indicios” para el control y posterior registro, ahora solo un “indicio”. Y es precisamente este último punto el que critica la Corte Suprema en sus fallos. Por ejemplo, en el caso de la persona controlada que portaba el arma de fuego, el máximo tribunal consideró que no era un indicio suficiente haber recibido una denuncia anónima a Carabineros, identificando al denunciado solo con sus rasgos físicos. El denunciante les dijo a los policías del lugar que esta persona portaba un arma y los carabineros hicieron el control y detectaron la pistola. El fallo de nulidad de la corte consideró que el indicio no era suficiente y que no procedía el registro del sospechoso, a pesar de la evidencia recogida, la cual “resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la ley. En este sentido, aunque los jueces de la instancia hayan afirmado su convicción condenatoria en prueba producida en la audiencia, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada”. Otro caso dice relación con un control y posterior registro a una persona por estar en estado de ebriedad, el cual no procedía, según la corte, pues solo debía aplicarse una multa. También destaca el caso de una persona que huía de un robo, y a pesar de tener las especies robadas en su mochila, el indicio invocado por la policía no fue suficiente. Consultado el ministro del Interior, Andrés Chadwick, apunta que la solución a estas contradicciones se encuentran en la ley, en lo que se denominó la Agenda Corta, aprobada en el gobierno pasado. “Esta norma le permite a la fiscalía y al juez frente a un procedimiento que formalmente puede ser una detención no regular, se pueda corregir con la formalización de inmediato para evitar el mal mayor. Esa fue la discusión. Por eso, uno les pide a los tribunales que interpreten la ley en beneficio del bien común”. Consultado Carabineros por estos fallos, señalaron que la institución “aprovecha estas instancias como una oportunidad para mejorar sus procesos, considerando también las interpretaciones que los jueces confieren a la ley. En este contexto, es importante señalar que personal institucional durante el 2017 adoptó 27,2 procedimientos por minuto”. En cuánto a cómo debe actuar la policía en los controles, manifestaron que “el Código Procesal Penal indica al funcionario policial cuándo y cómo debe realizarse un control de identidad”. En tanto, hasta el cierre de esta edición no se pudo obtener una respuesta desde el Poder Judicial. La discusión El penalista de la UDP Mauricio Duce aseguró, según un estudio que él hizo, entre noviembre de 2017 y mayo de este año, que de las 18 apelaciones de nulidad de las defensas por controles ilegales, solo tres fueron acogidos. Sin embargo, manifestó que en los últimos fallos, “la corte se dio cuenta de que muy frecuentemente procedimientos policiales que están hechos con estándares muy bajos y a mí me parece que lo que ha intentado hacer con esta jurisprudencia es elevar la exigencia. Por así decirlo, la Suprema ha perdido algo de ingenuidad sobre el trabajo policial”. Para el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), uno de los impulsores del control de identidad preventivo, existe “una falta de sentido común” de los magistrados. “Si ese carabinero que sospecha hace un registro, pero vulnera los derechos ciudadanos, y encuentra droga, armas, especies robadas, e incluso podría ser hasta un muerto, lo que debe primar es el resultado de lo que la ley persigue como delito. Es un tema de principio común, donde tiene que operar un principio jurídico que se deduce de la ley, donde la magnitud del resultado tiene que primar”. Los fallos que explican la “vulneración de derechos” Porte ilegal de arma de fuego El 23 de mayo, la Segunda Sala de la Corte Suprema decretó la nulidad de un juicio contra un acusado por porte ilegal de arma de fuego. El máximo tribunal argumentó que no era indicio suficiente una denuncia anónima, ni la interpretación de los policías, quienes señalaron que la persona intentó huir del lugar donde estaba. “Lo único que se menciona por los funcionarios policiales es que el acusado, al verlos aproximarse, se mueve con el propósito de alejarse del lugar -sin correr ni apurar la marcha, ni hacer maniobras para ocultar su rostro o cubrir algo que portase bajo sus vestimentas u otra circunstancia análoga-, lo que, desde luego, no resulta un indicio objetivo de actividad delictiva, pues puede obedecer a múltiples razones legítimas e inocuas, constituyendo la suposición contraria solo una impresión o interpretación, sesgada y parcial desde luego, por parte de los policías, subjetividad que, por consiguiente, no puede servir de sostén para una restricción de los derechos de las personas”, dice el fallo. Porte de arma cortopunzante El 4 de junio, la Suprema acogió un recurso de nulidad en contra de una condena por porte de arma cortante o punzante, en Valparaíso, por considerar que el control de identidad que originó el procedimiento fue ilegal. En el fallo se detalla que “por no haber constatado indicio de la comisión de un delito ni haberse verificado alguna otra situación que permitiera el actuar autónomo de la policía, ocurre que esta se desempeñó fuera de su marco legal y de sus competencias, vulnerando el derecho del imputado a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador, de modo que toda la evidencia recogida en el procedimiento invocado resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la ley (…). En este sentido, al emanar ella del mismo procedimiento viciado no puede ser siquiera considerada, por cuanto su origen está al margen de las prescripciones a las cuales la ley somete el actuar de los auxiliares del Ministerio Público”. Robo con fuerza en una casa En fallo dividido, el 21 de junio, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad por infracción en un control de identidad a una persona sentenciada por robo con fuerza en lugar habitado, en La Serena. El sospechoso, cuando arrancaba desde una casa con una mochila, fue visto por carabineros corriendo y luego se escondió en unos matorrales. La policía le pidió el bolso y ahí encontraron los objetos sustraídos. El fallo, sin embargo, consideró que “las circunstancias objetivas que se presentaron en este caso, a saber, la entrada a un pasaje y posterior ocultamiento de la policía no son constitutivas de indicios vinculados con la comisión de algún injusto penal, sino que, por el contrario, pueden ser acciones naturales y esperables de la población en general ante la presencia policial, y que pueden tener múltiples motivaciones, desde la mera intención de no interactuar con carabineros, hasta la evasión de un conflicto menor (no portar cédula de identidad o circular en la vía pública con bebidas alcohólicas)”. Microtráfico de droga El 12 de julio fue el último recurso de nulidad que la corte acogió, ordenando un nuevo juicio en contra de un acusado por microtráfico (50 gramos de marihuana), a quien Carabineros lo registró sin un indicio delictual. “Si un sujeto es sorprendido en la vía pública en manifiesto estado de ebriedad, como ocurrió en la especie, según dio por sentado el fallo, tal conducta, objetivamente, solo es indiciaria de que aquel infringe la prohibición del artículo 25 de la Ley 19.925, que Carabineros puede sancionar con multa o amonestación conforme al aludido artículo y que en el evento que no se consigne por el infractor de inmediato parte de la multa, se seguirá el procedimiento policial atingente al caso, debiendo ser citado para que comparezca ante el juez de Policía Local competente, pero no puede esa conducta estimarse por sí sola y sin ninguna otra evidencia decisoria también como un indicio objetivo que permita presumir la comisión de algún hecho delictivo o alguna conducta asociada a ello”, dice el fallo. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/suprema-anulo-cuatro-juicios-ilegalidades-controles-identidad/252798/
  13. 14 Marzo 2018 El abogado de DD.HH., Cristián Cruz, cuestionó que "se los ponga en un grado superior de protección" Suprema pone pelos a la sopa: fallo ordena proteger identidad de generales que trabajaron en inteligencia de la dictadura para cautelar su integridad El fallo de la Corte Suprema indica que no se pueden hacer públicos los nombres de los oficiales de la Institución que ascendieron al grado general, entre el 10 de marzo de 2001 y 11 de marzo de 2006 y, que en cualquier periodo, 1973 y 1990, integraron la Comisión DINA o la CNI, especificando a cual pertenecieron, y tampoco los nombres de todos los Generales que, en cualquier período comprendido entre el 11 de marzo de 2002 y 11 de marzo de 2015, hayan estado en servicio activo y que hubiesen integrado o hubieran sido destinados a la Comisión DINA, la DINA o la CNI. Ayer, se hizo público un fallo de la Corte Suprema que involucra directamente al mundo de los derechos humanos en Chile, ya que trata sobre la identidad de los generales que, habiéndose desempeñado como tales desde el regreso de la democracia, fueron, a su vez, miembros activos de los servicios de inteligencia durante la dictadura militar. El fallo, sin embargo, indica que no se pueden hacer públicos los nombres de los oficiales de la Institución que ascendieron al grado general, entre el 10 de marzo de 2001 y 11 de marzo de 2006 y, que en cualquier periodo, 1973 y 1990, integraron la Comisión DINA o la CNI, especificando a cual pertenecieron, y tampoco los nombres de todos los Generales que, en cualquier período comprendido entre el 11 de marzo de 2002 y 11 de marzo de 2015, hayan estado en servicio activo y que hubiesen integrado o hubieran sido destinados a la Comisión DINA, la DINA o la CNI. Las razones que esgrimió la Corte para, en definitiva, reservar la identidad de aquellas personas, tienen que ver con el eventual peligro físico al que estarían expuestos en caso de que sus nombres fueran revelados. Al respecto, el abogado de DD.HH., Cristián Cruz, peticionario además de la causa, explicó que el fallo "favorece las pretensiones del Ejército de manera mínima, fue un fallo divido por tres votos a dos. Lo que me parece cuestionable es que le da cierta legitimidad a la CNI o la Dina al decir que fueron organismos de inteligencia: eso nos lleva a la misma lógica de la Operacion Huracán. El norte de la CNI y la DINA era el exterminio de grupos de chilenos, la represión por pensar distintos". Así que, agrega, "pretender la legitimidad de eso por la resolución de la Corte suprema es delicado. Ellos ven como altamente probable que estos agentes vayan a sufrir diversos hechos. esa capacidad de adelantar el futuro... yo me pregunto qué posibilidades quedan para el resto de los chilenos. Pretender que terceros vayan a actuar contra ellos, no tiene ningún sustento. Estoy en desacuerdo que se los ponga en un grado superior de protección". En la misma línea, el profesor invitado del magíster de derecho de la Universidad de Chile, Cristián Osorio, comentó que “lo que ocurre es curioso, porque tienes por un lado el tema de lo que está ocurriendo con el ministro Campos, en que se establece un cierto tipo de protección a las personas que están condenadas en Punta Peuco, con ocasión de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron desde 1973, y por otro lado, también existe un fallo de la Corte Suprema que establece una reserva de identidad a las personas que pertenecieron a instituciones que, según los antecedentes que uno ha tenido a la vista, violaron derechos humanos”. “Entonces”, agrega, “ocurre que existe un cierto grado de impunidad de condena e impunidad para saber quiénes fueron”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/14/suprema-pone-pelos-a-la-sopa-fallo-ordena-proteger-identidad-de-generales-que-trabajaron-en-inteligencia-de-la-dictadura-para-cautelar-su-integridad/
  14. 12 Diciembre 2017 Colusión del tissue: Suprema declara admisible demanda colectiva del Sernac contra SCA El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que esta es una muy buena noticia para los consumidores, adelantando que la entidad realizará todos los esfuerzos para que finalmente la firma de capitales suecos compense a quienes se vieron afectados por el proceso colusorio que se extendió por alrededor de una década. La Corte Suprema confirmó la admisiblidad de la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en abril del año pasado en contra de la empresa de capitales suecos SCA Chile por su conducta colusiva en el mercado de productos tissue, lo que implica que la acción judicial cumple con los requisitos exigidos por la normativa para su tramitación. En un fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Patricio Valdés, Héctor Carreño, Guillermo Silva, Juan Eduardo Fuentes Belmar y el abogado (i) Daniel Peñailillo– acogió el recurso de casación deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había declarado inadmisible la acción judicial. "De la simple lectura de la demanda de SERNAC que también en síntesis se reseña en la letra a) del razonamiento segundo de este fallo, se evidencia que cumple con la segunda exigencia del artículo 52 de la Ley de Protección del Consumidor, esto es, que contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que justifican razonablemente la afectación del interés colectivo o difuso de los consumidores", sostiene el fallo. El fallo del máximo tribunal significa que la demanda cumple adecuadamente con todos los requisitos exigidos por la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC), para los juicios colectivos. El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que esta es una muy buena noticia para los consumidores, adelantando que el Servicio realizará todos los esfuerzos para que finalmente SCA compense a quienes se vieron afectados por el proceso colusorio que se extendió por alrededor de una década. Recordó que el SERNAC demandó colectivamente a la empresa SCA, luego que la compañía no aceptara participar en una mediación colectiva, proceso extrajudicial voluntario al que sí accedió en su momento CMPC. La acción busca que la empresa compense a todos los consumidores que fueron afectados en su derecho a la libre elección y a recibir información veraz y oportuna. Hay que tomar en cuenta que ambas compañías reconocieron haberse coludido, cometiendo un atentado a la libre competencia, pero a la vez perjudicando a los consumidores al fijar precios y asignar cuotas de participación de mercado en los productos de papel tissue, todos altamente requeridos por la ciudadanía. Muñoz agregó que el proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores, y que fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pretende entregarle al SERNAC facultades sancionatorias, fiscalizadoras y normativas, y establece procedimientos mucho más ágiles y rápidos para encontrar soluciones para los problemas que afectan a los consumidores. Algunas de estas facultades, según trascendidos de prensa, serían eliminadas por el Tribunal Constitucional, donde el proyecto se encuentra actualmente en revisión. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/12/colusion-del-tissue-suprema-declara-admisible-demanda-colectiva-del-sernac-contra-sca/
  15. 13 Diciembre 2017 Suprema condena a ex agentes de la DINA por secuestros calificados en la "Venda Sexy" Deberán cumplir condenas de 15 años y un día de presidio por los secuestros calificados de María Eugenia Martínez, Eduardo Aliste González y Gerardo Silva Saldívar, perpetrados entre septiembre y octubre de 1974. Las víctimas fueron detenidas y llevadas al centro de detención y tortura ubicado en la calle Irán de la comuna de Ñuñoa. La Corte Suprema condenó a cinco exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a penas de 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Eduardo Gustavo Aliste González, Eugenia del Carmen Martínez Hernández y Gerardo Ernesto Silva Saldívar, víctimas que fueron ingresadas en el centro clandestino conocido como" Venda Sexy" o La Discotheque, ubicada en calle Irán N° 3037 de la comuna de Ñuñoa. Los ilícitos fueron perpetrados entre septiembre y diciembre de 1974. En un fallo unánime la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Jean Pierre Matus– confirmó la sentencia impugnada que condenó a Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Raúl Iturriaga Neumann, Manuel Carevic Cubillos, Risiere del Prado Altez España y Hugo del Tránsito Hernández Valle, como autores de los delitos reiterados de secuestro calificado. En el aspecto civil, se ratificó que el Estado de Chile debe pagar una indemnización de 350 millones de pesos a los familiares de las víctimas. En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos, logró establecer que "el recinto denominado 'Venda Sexy' o 'La Discotheque', ubicado en calle Irán N° 3037 con esquina Los Plátanos, comuna de Ñuñoa, fue utilizado por la Dirección de Inteligencia Nacional DINA como centro secreto de detención y tortura, el que funcionó desde mediados del año 1974 hasta el año 1975. Este recinto era una casa de dos pisos, con un subterráneo en donde también se realizaban las sesiones de tortura. En este lugar permanecieron muchos detenidos, los que eran mantenidos con la vista vendada, separados en piezas distintas los hombres de las mujeres". "Los agentes operativos realizaban los interrogatorios bajo tortura, para lo cual usaban métodos tales como la parrilla, que eran aplicaciones de corriente eléctrica en diferentes partes del cuerpo recostado sobre un catre metálico. Además una práctica habitual como método de tortura en este recinto eran las vejaciones sexuales. Este recinto se caracterizó por mantener continuamente música estridente a un alto volumen, la que se hacía más intensa al momento de realizar las sesiones de tortura y vejaciones de los detenidos", agregó. Eduardo Aliste González fue detenido por agentes de la DINA el 24 de septiembre de 1974, Gerardo Silva Saldívar, de 23 años, fue aprehendido el 10 de diciembre de 1974. Ambos fueron llevados hasta ese lugar luego de lo cual no se tuvo noticias de su paradero. Lo mismo ocurrió con la trabajadora textil María Eugenia Martínez Hernández, vinculada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien fue detenida el 24 de octubre de 1974 en su lugar de trabajo, ubicado en Irarrázaval 1515, en presencia de sus compañeros, del jefe de personal de la industria, Mario Torres, y de uno de los dueños, Patricio Labán. Al día siguiente su domicilio fue allanado por un grupo de civiles armados, sin exhibir orden alguna y sin entregar antecedentes acerca de su detención. Posteriormente fue vista por diversos testigos con claras señales de tortura, en los recintos de reclusión clandestina de la Venda Sexy y Cuatro Álamos. Las últimas noticias que se tienen de su paradero son de mediados de noviembre de 1974, fecha en que fue sacada de la casa de calle Irán. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/13/suprema-condena-a-ex-agentes-de-la-dina-por-secuestros-calificados-en-la-venda-sexy/
  16. 05 Diciembre 2017 Suprema reafirma secreto tributario sobre antecedentes de repatriación de capitales De esta manera, el máximo tribunal del país acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el SII en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que, en marzo del 2016, ordenó la entrega a un tercero de información relativa a este proceso, postura que había sido apoyada en diciembre del mismo año por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Tercera Sala de la Corte Suprema reafirmó en un fallo emitido el martes último que los antecedentes vinculados a los contribuyentes que se acogieron al sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas que se encontraban en el exterior están amparados por el deber de reserva establecido en el Código Tributario, el artículo 24 transitorio de la propia Ley 20.780 que creó el mecanismo conocido como repatriación de capitales; y el artículo 8° de la Constitución, informó el Servicio de Impuestos Internos (SII) en un comunicado. De esta manera, el máximo tribunal del país acogió el reclamo de ilegalidad interpuesto por el SII en contra de la decisión del Consejo para la Transparencia que, en marzo del 2016, ordenó la entrega a un tercero de información relativa a este proceso, postura que había sido apoyada en diciembre del mismo año por la Corte de Apelaciones de Santiago. Si bien rechazó un recurso de queja en contra del Tribunal de Alzada por este mismo hecho, actuando de oficio la Tercera Sala emitió ayer, 5 de diciembre, un fallo en el que estableció que el secreto tributario “entraña la consagración de la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros, y por otra parte, impide que estos antecedentes en poder de los servicios impositivos pueda ser usada para fines diferentes de los estrictamente contributivos”. La sentencia estimó, igualmente, que “la prohibición de entregar información a terceros no solo resguarda la privacidad, intimidad y reserva de los datos personales de terceros; también puede proteger otros bienes jurídicos, como la eficacia de la gestión tributaria y el interés fiscal en la confidencialidad de la información impositiva, que maneja como mecanismo dirigido a favorecer el cumplimiento voluntario y la eficiencia de la recaudación tributaria, regulando asimismo las relaciones de auxilio y colaboración con otras Administraciones del Estado e, incluso con instituciones extranjeras”. Para el SII, "con este importante fallo la Corte Suprema reafirmó la vigencia del secreto tributario, por cuanto lo dispuesto en los artículos 35 del Código Tributario, el N° 13 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, y el artículo 8° de la Carta Fundamental, constituyen un régimen de protección y reserva de la información obtenida por la Administración frente a su revelación a terceros". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/06/suprema-reafirma-secreto-tributario-sobre-antecedentes-de-repatriacion-de-capitales/
  17. 30 Noviembre 2017 Suprema da luz verde a entrega de actas del Consejo de Seguridad Nacional Ayer, el máximo tribunal rechazó el recurso de queja del CDE, organismo que representó al Estado Mayor Conjunto. Son 13, y una de estas tiene la discusión de las autoridades de la época sobre el impacto del Informe Rettig. El 20 de enero de 2014 fue la última vez que sesionó el Consejo de Seguridad Nacional. Después de un año y nueve meses de juicios y resoluciones, ayer se zanjó una controversia generada luego de que el Consejo para la Transparencia (CPLT) dispuso revelar 13 actas del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Si bien el organismo estimó que su publicidad no afectaba la seguridad nacional, el Estado Mayor Conjunto se negó y recurrió, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a la Corte de Apelaciones de Santiago, aludiendo a que esos antecedentes eran reservados. El tribunal de alzada le dio la razón al Consejo para la Transparencia. Es por esto que nuevamente presentaron otro recurso, esta vez una queja en contra de los magistrados, ante la Corte Suprema, la que ayer rechazó la postura del Fisco y dio luz verde a la publicidad de estos documentos. ¿Pero qué es el Cosena? Este consejo creado en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, el que no sesiona desde el 20 de enero de 2014, está compuesto por el Presidente de la República, de la Corte Suprema, del Senado, de la Cámara de Diputados, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el contralor y el general director de Carabineros. Su rol es asesorar al mandatario en temas de seguridad nacional, y sus sesiones son públicas, a menos que la mayoría de sus miembros las declaren secretas. El requerimiento para liberar las actas desde 1989 hasta 2012 lo realizó Catalina Gaete Salgado al Estado Mayor Conjunto, petición que fue negada aludiendo a la afectación de la seguridad de la nación. Ante esto, Gaete interpuso un amparo ante el Consejo para la Transparencia, organismo que acogió parcialmente el requerimiento y ordenó al Estado Mayor Conjunto que entregara las actas de 13 sesiones celebradas por el Cosena. Esto, porque en su contenido había información relevante que debía ser conocida. De acuerdo a la resolución del Consejo para la Transparencia emitida el año pasado, esos documentos deberán ser remitidos a la persona que solicitó la información. En éstas, están las deliberaciones sobre los senadores designados, la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el debate en torno a las consecuencias relativas al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y las acusaciones constitucionales contra miembros de la Corte Suprema. Los motivos del tribunal El fallo del máximo tribunal, que mantuvo la decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones de hacer pública esta información, entregó una serie de argumentos. Entre ellos, que “la publicidad que se ha decretado no parece de ninguna manera vulnerar la seguridad nacional, pues como se ha descrito en estos antecedentes, la información se refiere a actas en que se consigna la discusión sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional, como de su proceso deliberativo, nombramiento de senadores institucionales, categoría derogada a partir de 2005, al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, información que ha sido largamente divulgada y aparece difundida en la actualidad en diversos medios de prensa”. La resolución señala que “el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos (…) hayan realizado algunas de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias (…). Que lo anterior no significa necesariamente compartir la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho efectuada por los ministros recurridos”. El presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, dijo que la resolución del máximo tribunal “no solo confirma que actuamos de acuerdo a la ley, sino que conforme a las facultades que tiene el consejo”. Drago indicó que durante la solicitud de la información “analizamos pro- fundamente si habría afectaciones a la seguridad, revisamos acta por acta, detalladamente y distinguimos las que, efectivamente, podían afectar la seguridad nacional de las que no (…). Tenemos completa seguridad de que lo que se va a entregar está de acuerdo a la ley y el país está completamente resguardado”. El titular del CPLT dijo que en caso de que alguien pida la misma información y el Estado Mayor vuelva a negarse, “vamos a decir que hay cosa juzgada y que el tema está resuelto. Por lo tanto, ordenaríamos entregarla de inmediato”. Al respecto, el CDE declinó referirse al tema. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/suprema-da-luz-verde-entrega-actas-del-consejo-seguridad-nacional/
  18. 09 Noviembre 2017 Suprema plantea reparos a proyecto de ley que impide a mayores de 75 años disponer de sus bienes raíces El pleno del máximo tribunal envió un informe a la Cámara de Diputados sobre la iniciativa que pretende proteger a los adultos mayores de eventuales perjuicios que podrían ocasionárseles con motivo de la enajenación de inmuebles de su propiedad, y en el que advierte que "la exigencia legal que se incorpora es un desincentivo a contratar con una persona de 75 años o más, lo cual entraba la libre circulación de los bienes, que es precisamente un anhelo del legislador civil". La Corte Suprema remitió esta semana al presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, un informe con sus reparos al proyecyo de ley que busca proteger a los adultos mayores de la enajenación y gravamen de sus propiedades inmuebles y que fue analizado el pasado viernes 3 de noviembre por el pleno del máximo tribunal, que cuestionó especialmente la "presunción legal de que toda persona de 75 años o más adolece de falta de voluntad suficiente para consentir un acto de esta relevancia", y que exige "que dicha voluntad sea controlada o verificada por un juez de familia". Si bien los magistrados consideran bien intencionada la iniciativa que modifica el Código Civil para proteger el patrimonio de este grupo etario, considera al mismo tiempo que "la modificación legal no es consistente con sus alcances", primero porque "incorpora en un título que regula exclusivamente el contrato de compraventa, en circunstancias que su aplicación trasciende dicho contrato e incluye otros como la promesa de compra, la hipoteca y en general la constitución de cualquier gravamen o derecho de real, aunque siempre limitado a un bien raíz y sólo cuando este sea única propiedad o residencia". "En segundo lugar llama la atención que la exigencia rige para toda persona, por el solo hecho de tener 75 o más años de edad, cuando decide enajenar un inmueble que constituye su única propiedad o residencia. Desde una perspectiva económica, la exigencia legal que se incorpora es un desincentivo a contratar con una persona de 75 años o más, lo cual entraba la libre circulación de los bienes, que es precisamente un anhelo del legislador civil. Además, las exigencias que se incorporan podrían incrementar de modo importante los costos de las operaciones, puesto que se obliga a estas personas a acudir a los tribunales, a comparecer en audiencia y a litigar eventualmente en contra de sus parientes, solo para poder enajenar su propiedad raíz", sostiene. Y también advierte el rol que pudieran tener los parientes del vendedor o promitente vendedor de sus propios bienes. "En primer lugar, el legislador no establece límite alguno en relación al tipo de parentesco, línea o grado. En segundo lugar, cabe preguntarse por el interés que pueden tener los parientes respecto del contrato que el vendedor, promitente vendedor, garante o constituyente de un derecho real, de 75 años o más, pretende celebrar. Sin duda existirá la oposición de algunos parientes bien intencionados, sustentada únicamente en una genuina preocupación por proteger a su familiar de eventuales engaños o presiones indebidas. Pero, en otros casos, dicha oposición a la enajenación del bien raíz en cuestión podría estar motivada en un interés patrimonial propio en la futura sucesión, oponiéndose a la misma con la finalidad de que la herencia no experimente disminución alguna". Por otra parte, los ministos del máximo tribunales señalan que, en cuanto al inmueble, "la propuesta legislativa exige la audiencia ante el juez de familia sólo si el bien de propiedad del vendedor, promitente vendedor, garante o constituyente de un derecho real, constituye 'su única propiedad raíz o su única residencia'. Al respecto parece aconsejable que esta formalidad se requiera sólo en la hipótesis que dicho inmueble sea su única propiedad raíz y sea además su residencia (supuestos copulativos). Con la redacción actual podría entenderse que aun si el adulto mayor no reside en dicha vivienda, porque vive con sus hijos o en una casa de cuidados, por ejemplo, no podría vender su "única propiedad", donde no reside. Ello constituiría una situación que, lejos de proteger al adulto mayor asegurándole un techo, le resultaría perjudicial". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/09/suprema-plantea-reparos-a-proyecto-de-ley-que-impide-a-mayores-de-75-anos-disponer-de-sus-bienes-raices/
  19. 10 Octubre 2017 Suprema pedirá a Argentina que amplíe extradición de Carlos Herrera Jiménez para ser juzgado por torturas a prisioneros de Pisagua El máximo tribunal acogió así una solicitud para que el asesino del dirigente de la ANEF Tucapel Jiménez sea juzgado también por las torturas de las que fueron objeto varios prisioneros en Pisagua. La Corte Suprema acordó pedir a Argentina la ampliación de la extradición del mayor ® del Ejército Carlos Herrera Jiménez para ser juzgado en Chile por aplicación de tormentos en el campo de prisionero de Pisagua. Lo anterior, después de acoger una solicitud del ministro en visita de las cortes de apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena, Vicente Hormazábal, para ampliar los cargos de una solicitud concedida en 1991. El ex uniformado y asesino confeso del presidente de la ANEF Tucapel Jiménez, se encuentra recluido en el penal de Punta Peuco cumpliendo una doble cadena perpetua por ese y otros delitos. Sin embargo, el hecho que a comienzos de la década del '90 fuera extraditado por el vecino país para ser juzgado por esos crímenes, obliga al máximo tribunal a recurrir a la justicia trasandina para que enfrente a la justicia por otros casos. De este modo, en un fallo unánime la Segunda Sala de la Suprema, ntegrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas y los abogados integrantes Jaime Rodríguez y Leonor Etcheberry, dio el visto bueno al pedido para juzgarlo por su responsabilidad en las torturas aplicadas a Hugo Bolívar Salazar, Juan Mercado Jordán, Ángel Prieto Henríquez, Carlos Lillo Quea, Orlando Herrera Pinto, Ernesto Montoya Perduro, Francisco Prieto Henríquez, Jorge Zúñiga Poblete, Luis González Vivas, Juan Gómez Guerrero, Juan Guillermo Peterson, Artemio Salinas Valdivia y Pedro Aguilera Zanquea. "El artículo 17 de la Convención de Extradición de Montevideo preceptúa: Concedida la extradición, el Estado requirente se obliga: a) a no procesar ni castigar al individuo por un delito común cometido con anterioridad al pedido de extradicio´n y que no haya sido incluido en e´l, a menos que el interesado manifieste expresamente su conformidad. Esta disposicio´n consagra lo que en doctrina se denomina el principio de la especialidad de la extradicio´n, destinado a proteger al extraditable de procesamientos y eventuales condenas por delitos distintos, de aquellos calificados por el Estado que acoge el pedido de entrega. Sin embargo, el precepto antes anotado no puede importar en modo alguno la impunidad de los delitos ejecutados con antelación a la solicitud de extradición", sostiene el fallo. La resolución agrega que "el artículo 377 del Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, en lo que interesa, estatuye: La persona entregada no podrá´ ser detenida en prisión ni juzgada por el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto al que hubiere motivado la extradicio´n y cometido con anterioridad a la misma, salvo que consienta en ello el Estado requerido. La disposición antes transcrita, encierra una norma de Derecho Internacional, generalmente aceptada que prevalece respecto del contenido y efectos del principio de la especialidad de la extradicio´n, en el sentido que el Estado que concedió la extradicio´n por determinados delitos, pueda ampliarla para comprender en ella otros ilícitos no considerados en la primera". "(…) consecuente con lo expuesto y dado que la Republica de Chile, se obligó a no procesar ni castigar al individuo, en pleno acatamiento al artículo 17, letra a), es que resulta indispensable que la Republica Argentina amplíe la extradicio´n ya concedida a los nuevos delitos pormenorizados en la solicitud de ampliación de la extradicio´n, toda vez que la falta de autorización le impide dar cumplimiento al artículo 636 del Código de Procedimiento Penal chileno, y los antecedentes aportados dan cuenta de la existencia de medios de convicción que satisfacen las exigencias establecidas en el artículo 274 del texto legal citado y que permitirían el sometimiento a proceso del requerido, de manera que obran, como el proceso así lo confirma, todos los presupuestos contemplados en el raciocinio cuarto de esta resolución", concluye. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/10/suprema-pedira-a-argentina-que-amplie-extradicion-de-carlos-herrera-jimenez-para-ser-juzgado-por-torturas-a-prisioneros-de-pisagua/
  20. 05 Octubre 2017 Suprema da espaldarazo a proyecto de adopción homoparental en informe al Senado sobre inscripción de menores El docuemento remitido al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, entrega la visión del máximo tribunal sobre aspectos específicos de la normativa propuesta, que se refieren a la competencia de los juzgados de familia para resolver controversias en la materia. En su reunión del lunes último, el pleno de la Corte Suprema analizó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer, en igualdad de condiciones, la adopción de menores por parejas del mismo sexo, el que fue remitido ayer miércoles al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, con la visión del máximo tribunal sobre aspectos específicos de la normativa propuesta, que se refieren a la competencia de los juzgados de familia para resolver controversias en la materia. Con relación al orden de los apellidos de la niña o niño adoptado, el pleno consigna que: "(…) la judicatura de familia que se enfrente a un matrimonio entre personas del mismo sexo que no tenga hijos inscritos previamente, deberá determinar el orden de los apellidos a inscribir, en conformidad con el acuerdo que los progenitores declaren ante el Servicio de Registro Civil. Vale decir, se crea un mecanismo que deja entregada la decisión a la voluntad de los progenitores, que han debido manifestarla previamente en un acta extendida ante el oficial del Registro Civil". El informe agrega que "la norma en análisis no merece reparos en cuanto otorga al juez o jueza que conozca del procedimiento de adopción, la atribución de determinar el orden de los apellidos del adoptado, sujetándola a la voluntad de los progenitores, por cuanto resulta una mención necesaria, en el contexto en que se encuentran los adoptantes y razonable, por cuanto no se advierte por qué se habría de sustituir a los progenitores en aquella decisión". "En efecto –continúa–, en conformidad a la legislación actualmente vigente, la sentencia que acoja la adopción, ordenará que se remitan los antecedentes a la Oficina del Registro Civil e Identificación del domicilio de los adoptantes, "a fin de que se practique una nueva inscripción de nacimiento del adoptado, como hijo de los adoptantes" (artículo 26 de la ley 19.620), lo que significa que se habrán de seguir las reglas contenidas en el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil, que dispone que para inscribir el nacimiento de un hijo se pondrá primero el apellido del padre y a continuación el de la madre (artículo 126 del DFL 2128, del año 1930). Si bien existen numerosas iniciativas legales orientadas a modificar dicha regla, lo cierto es que mientras ella se encuentre vigente, la adopción por parte de cónyuges del mismo sexo, genera la necesidad de establecer una regla que determine la forma de resolver el punto, lo que se verifica a través de la modificación propuesta". "Como se verá a continuación, la modalidad contenida en el artículo 24 bis en comento, se complementa con lo dispuesto en la segunda modificación propuesta (artículo 30 bis de la ley 4.808), en el sentido que, en el evento que la pareja tenga otro u otros hijos inscritos previamente, prima el orden que se haya acordado para el primero de ellos, lo que significa que deben atenerse a esa decisión para el nombramiento de los sucesivamente habidos", añade. "La hipótesis consultada es aquella concurrente cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene un hijo común previamente inscrito y la sentencia que declara la adopción respecto de uno posterior, dispone un orden de los apellidos distinto a aquel con que se encuentra inscrito el primero. El procedimiento consiste en que a instancias del Oficial del Registro Civil que deberá practicar la inscripción, el juzgado que dictó la sentencia deberá resolver la discordancia de acuerdo a lo dispuesto en el citado artículo 30 bis, en conformidad a las reglas de los incidentes, contenidas en el artículo 26 inciso 2° de la ley 19.968, que Crea los Tribunales de Familia", sostiene. "La norma establece, pues, una regla de procedimiento y otra, sustantiva. La primera, en el sentido que una vez que la autoridad administrativa oficie al juzgado, éste deberá conocer el asunto conforme a la tramitación de los incidentes, según la norma a que se ha hecho referencia; y la de fondo, que a la postre lo remite a la regla general sustantiva contenida en el inciso 1° del artículo 30 bis, según el cual "Todos los hijos comunes de personas del mismo sexo deberán llevar el orden de los apellidos que se haya acordado para el primero de ellos" (hipótesis Nº 4 de la tabla), conforme a la cual debiese resolver", concluye. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/05/suprema-da-espaldarazo-a-proyecto-de-adopcion-homoparental-en-informe-al-senado-sobre-inscripcion-de-menores/
  21. 21 Septiembre 2017 Suprema confirma sentencia y ordena a Codelco que indemnice a hijos de trabajador muerto por silicosis Hernán Bañados murió en septiembre de 2008 tras desempeñarse 11 años en una mina subterránea de la División El Salvador, donde estuvo expuesto a polvos de sílice sin las medidas necesarias para proteger su salud. La cuprífera tendrá que pagar $40 millones. La Corte Suprema rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a los hijos de un trabajador que falleció en 2008 víctima de la silicosis, enfermedad que desarrolló debido a las tareas que desarrollaba en la cuprífera. En un fallo unánime, la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por las ministras Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, el fiscal judicial Jorge Sáez y los abogados (i) Jean Pierre Matus y Leonor Etcheberry– ratificó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a la minera estatal a indemnizar a los hijos de Hernán Enrique Bañados Varas, trabajador de la División Salvador. "Que la demanda fue interpuesta por la cónyuge e hijos de un trabajador fallecido, quienes solicitaron se indemnizaran los daños causados a consecuencia de tal hecho, oponiendo la demandada la excepción de prescripción de la acción en contra de los derechos esgrimidos por cada demandante, por lo que correspondía a los jueces analizar la concurrencia de aquella respecto de cada uno y, si bien es cierto que en el recurso de apelación los demandantes alegaron la suspensión del cómputo del plazo, en razón de lo prescrito en el artículo 2509 N°1 del Código Civil, en favor de uno de los hijos, ello no obsta a que, quienes conocen el derecho y están llamados por la constitución y las leyes a aplicarlo correctamente, los jueces del fondo se hayan pronunciado sobre la procedencia de la excepción en sus distintas aristas, como efectivamente lo hicieron en la decisión impugnada", sostiene el fallo. Los antecedentes dan cuenta que Hernán Bañados se desempeñó durante un período aproximado de 11 años en la mina subterránea de la División El Salvador, en la Región de Atacama, donde realizó trabajos de extracción, de toma de muestras de mineral y de clasificación y traslado del mismo para ser estudiado en un laboratorio. "En dicha calidad, y debiendo permanecer durante su jornada de trabajo en el interior de la mina, estuvo siempre expuesto a altos niveles de contaminación ambiental por polvos de sílice, lo que constituye un foco generador de enfermedades profesionales de tipo pulmonar, todo lo cual generó en muchos trabajadores de esa época la incurable y fatal neumoconiosis", señala el fallo de primera instancia. Asimismo, se detalló que Bañados no contaba con los mecanismos adecuados de protección de su salud, por lo que a los pocos años comenzó a presentar complicaciones respiratorias que requirieron atención médica y que llevaron al lapidario diagnóstico de silicosis pulmonar en junio de 2005. Su deceso se produjo tres años más tarde, el 13 de septiembre de 2008, dejando dos hijos, ambos estudiantes y uno de ellos menor de edad. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/21/suprema-confirma-sentencia-y-ordena-a-codelco-que-indemnice-a-hijos-de-trabajador-muerto-por-silicosis/
  22. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/319863-caso-exalmar-hugo-gutierrez-pc-no-se-rinde-anuncia-recurso-de-queja-tras-confirmarse-sobreseimiento-de-pinera-en-el-caso-exalmar/page-2?hl=%2Bexalmar&do=findComment&comment=22671022 06 Septiembre 2017 Caso Exalmar: Corte Suprema desestima recurso de queja de diputado Gutiérrez y se ratifica cierre de investigación Caso Exalmar: Corte Suprema desestima recurso de queja de diputado Gutiérrez y se ratifica cierre de investigación La Corte Suprema desestimó de forma unánime un recurso de queja presentado el pasado 31 de agosto por el diputado Hugo Gutiérrez (PC) contra la Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó el sobreseimiento de Sebastián Piñera del caso Exalmar. Piñera fue investigado por nueve meses en la causa por la inversión de su family office Bancard en la pesquera peruana mientras Chile litigaba por territorio marítimo en La Haya contra Perú. Esto, a raíz de una querella interpuesta por el parlamentario comunista para comprobar que Piñera sabía de las inversiones de Bancard en Exalmar y que incluso este asistía con regularidad a las oficinas de la firma. Andrés Chadwick, jefe político del comando de Sebastián Piñera, celebró el fallo del máximo tribunal. “Una vez más ha quedado total y en este caso definitivamente comprobada la total inocencia del presidente Piñera y que el único objetivo que se buscó con esa querella del diputado Gutiérrez fue un objetivo político, electoral, que ya ha quedado totalmente desvirtuado” “Nosotros vemos como muy positivo algo que esperábamos y ha sido un fallo muy contundente”, agregó el ex ministro. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/caso-exalmar-corte-suprema-desestima-recurso-queja-diputado-gutierrez-se-ratifica-cierre-investigacion/
  23. 08 Septiembre 2017 Suprema confirma fallo que condenó a oficiales ® por apremios a José Tohá El 24 de noviembre de 2014, el ministro Jorge Zepeda condenó a Ramón Cáceres y Sergio Contreras a 3 años de presidio. La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos reiterados al ex ministro del Interior y Defensa José Tohá González. Ilícito perpetrado entre el 2 de febrero y el 15 de marzo de 1974. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal, ratificó la resolución recurrida, dictada el 24 de noviembre de 2015, por el ministro en visita extraordinaria Jorge Zepeda, que condenó a Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena. En la etapa de investigación, el ministro Zepeda logró establecer que el secretario de Estado del Presidente Salvador Allende fue sometido a múltiples apremios durante su reclusión en Isla Dawson y su posterior permanencia en el Hospital Militar. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/suprema-confirma-fallo-condeno-oficiales-r-apremios-jose-toha/
  24. 13 Agosto 2017 Laboratorios acuden a la Suprema contra licitaciones de Cenabast Asilfa denuncia que “empaquetamiento” de demanda de medicamentos permite a entidades morosas participar. Gremio ingresó reclamación ante el máximo tribunal luego de que el TDLC desestimara los antecedentes. Hasta la Corte Suprema llegó la semana pasada la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Chilenos (Asilfa), para ingresar un recurso de reclamación contra la resolución del Tribunal de Libre Competencia (TDLC) que desestimó que algunas licitaciones de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), atenten contra la libre competencia, como acusa el gremio. Según lo expuesto por Asilfa, en el sistema de suministro de fármacos a instituciones de salud del sector público, que se realiza a través de licitaciones de Cenabast, se producen al menos cinco irregularidades. En primer lugar, Asilfa apunta al “empaquetamiento” de la demanda de medicamentos de entidades públicas por parte de Cenabast. El gremio asegura que esto permite que entre las más de 500 entidades que requieren los fármacos se incluyan aquellas que mantienen altas morosidades, entre ellas municipalidades y corporaciones de salud. “Pedimos que bajo determinado escenario, cuando la deuda sea muy alta, estas entidades queden fuera del sistema”, dice Oscar Corvalán, abogado de Asilfa. Si bien destacan que con posterioridad a la consulta presentada en 2015 ante el TDLC -y desestimada en marzo de este año- Cenabast ha comenzado a dejar fuera a algunas instituciones morosas, insisten que esta exclusión sigue siendo una decisión discrecional. Otro reclamo que plantea Asilfa refiere al aplazamiento en el pago a los proveedores. Aunque la ley de compras públicas señala que este desembolso debe realizarse en 30 días, acusan que si ello no ocurre el laboratorio está imposibilitado de hacer ninguna gestión hasta que transcurran otros 30 días, recién después de lo cual puede solicitar a Cenabast una autorización para suspender el envío de medicamentos. “Luego, Cenabast se toma otros 15 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud, con lo que se genera una extensión artificial de la ley para pagar a 30 días”, enfatiza Corvalán. “Nosotros no queremos que esa decisión sea discrecional, sino que se ejerza en derecho, algo que hasta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha estado de acuerdo con nosotros”, añade, detallando que incluso pasaron dos años sin que Cenasbast otorgara ninguna autorización de suspensión de entrega de medicamentos. Estatuto Adicionalmente, Asilfa acusa un desequilibrio en el estatuto de derechos y obligaciones, ya que a su juicio, todas las garantías de cumplimiento las pone el proveedor. “Los hospitales no dan garantías. Las multas son para los proveedores y los que no cumplen no tienen multas. Además, se requiere una instancia neutral de resolución de conflictos ya que hoy Cenabast se queda con las multas” agrega el abogado, apuntando a que se solicita que esta labor la cumplan los Tribunales de Justicia. Precisan que de acuerdo a las bases de licitaciones, los proveedores no pueden terminar anticipadamente el contrato si es que no reciben pago. “Y si no les pagan, tampoco pueden dejar de despachar el producto a la entidad morosa que no les paga. Y si lo hicieran les aplican multas. Entonces se produce la cautividad de los proveedores, no pueden salir de ahí”, dice Corvalán. Los laboratorios aseguran que la decisión del TDLC “que dice que aquí no hay antecedentes para definir el mercado y por tanto sin ello no puedo medir si Cenabast tiene poder en el mercado o no, es completamente errónea”. Apuntan que “en las propias bases está definida la cautividad, los laboratorios no pueden terminar anticipadamente los contratos, no pueden dejar de despachar y si lo hicieran les aplican multas elevadas y con incentivo para Cenabast para aplicarla porque es el que se beneficia de las multas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/laboratorios-acuden-la-suprema-licitaciones-cenabast/
  25. 12 Agosto 2017 Polémica por supuestos “indultos encubiertos” de la Suprema El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, fue contrario al beneficio de ex agente CNI. Sólo el ministro Milton Juica estuvo en contra de conceder el beneficio de la libertad condicional al agente de la CNI Armando Cabrera Aguilar, condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría, perpetrado para encubrir el asesinato de Tucapel Jiménez. El 31 de julio, la sala penal del máximo tribunal (cuya composición cambió al salir el ministro Haroldo Brito) decidió acoger vía recurso de amparo la supuesta ilegalidad denunciada por la defensa de este interno de Punta Peuco, respecto a que la Comisión de Libertad Condicional no había visado el beneficio. La sentencia de inmediato fue leída como una señal de impunidad por agrupaciones de derechos humanos. Lorena Pizarro dijo que “desde hace un tiempo el Poder Judicial, salvo honrosas excepciones, está otorgando libertades a violadores de derechos humanos, una especie de indulto encubierto, y eso es muy grave”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/indultos-encubiertos-suprema/
×