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  1. 20 Octubre 2018 Gobierno revocó subsidio al transporte marítimo de carga de Chiloé La medida iba a beneficiar a más de 4 mil personas de las comunidades insulares de la isla. "A la gente más vulnerable nos golpean con un tremendo portazo en la cara", remarcó el alcalde de Quinchao. La falta del subsidio perjudicará a 13 tramos en el sur de Chiloé. El Ministerio de Transportes revocó la adjudicación de la licitación para subsidiar el transporte marítimo de carga en varias islas del mar interior de Quinchao en Chiloé por una falta de presupuesto. Esta repentina resolución afecta a cerca de 4.200 habitantes del archipiélago que esperaban acceder una mejor integración territorial, económica y social a través de los nuevos servicios de transporte. El alcalde de Quinchao, Washington Ulloa, expresó que en el municipio están "totalmente dolidos" por los vecinos que esperaban lograr "una conectividad marítima para el traslado de su carga pesada y también para el transporte de los vehículos". Ulloa añadió que "esto estaba en proceso de adjudicación ya, fue licitado, se habían trabajado los valores, que eran 8 mil pesos, a lo que paga hoy un vecino, entre 300 y 500 mil pesos por llevar un vehículo a la isla". Pese a que el alcalde reconoce una "reubicación presupuestaria", también criticó que el financiamiento al transporte de la Región Metropolitana vaya en desmedro de las necesidades de sectores insulares. "Todos los días están inyectando más recursos al Transantiago, al Metro, y a nosotros la gente más vulnerable nos golpean con un tremendo portazo en la cara", remarcó Ulloa. Los alcaldes pretender tomar acciones para revertir la medida. La Intendencia de la Región de Los Lagos emitió un comunicado en el que explicó que hubo un llamado a licitación en la zona de Quinchao sin financiamiento, y la adjudicación de ese proceso se hizo sin la autorización del Ministerio de Transportes. Además, el intendente, Harry Jürgensen, indicó que "la comuna de Quinchao a la fecha tiene 28 subsidios, de los cuales 15 son marítimos", aunque ninguno específicamente de carga. La comuna de Quellón también se verá afectada a falta del subsidio, que perjudica a 13 tramos al sur de Chiloé. Segegob Los [email protected] #Comunicado: Segegob informa respecto de situación del transporte marítimo en la isla de Quinchao - #Chiloé https://www.facebook.com/1814795415478165/photos/a.1814814018809638/2027433420881029/?type=3&theater … 22:21 - 19 oct. 2018 Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-los-lagos/gobierno-revoco-subsidio-al-transporte-maritimo-de-carga-de-chiloe/2018-10-20/141259.html
  2. 30 Abril 2018 La caja negra de los fondos espejo del Transantiago El 2009 se creó un presupuesto idéntico al subsidio estatal al transporte público metropolitano, pero dirigido a mejorar la movilización y conectividad en regiones. Hoy, el Congreso y la Contraloría cuestionan el destino y la falta de transparencia de los más de US$ 650 millones anuales que manejan las autoridades provinciales. Son US$ 929 millones. El equivalente al puente del Chacao (US$ 869 millones), al nuevo aeropuerto de Santiago (US$ 900 millones) o a tres hospitales de alta complejidad. Esa es la cifra que destina el presupuesto de la nación 2018 como subsidio al transporte público en regiones. La denominada “Ley Espejo”, que equipara el aporte que debe hacer el Estado anualmente para subsidiar al Transantiago en la capital, fue creada el 2009 debido a la presión de los parlamentarios regionalistas que exigieron un financiamiento idéntico para sus zonas. Actualmente, un tercio de los fondos son distribuidos por el Ministerio de Transportes para programas dirigidos al mejoramiento de la conectividad en provincia, sobre todo en zonas aisladas y rurales, así como subsidios de pasajes y millonarios proyectos de renovación de buses y colectivos. Pero los otros US$ 654 millones desde 2014 son traspasados al denominado Fondo de Apoyo Regional (FAR), que son manejados discrecionalmente por los intendentes y los consejeros regionales para proyectos locales, que cada vez tienen menos que ver con las problemáticas del transporte. El FAR fue creado en 2013, precisamente para que los dineros dejaran de mezclarse con los del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y enfocarlos directamente en distintas iniciativas de transporte, enumeradas en la ley. Sin embargo, la normativa dejó abierta una puerta al agregar un inciso que señala que también pueden emplearse “en cualquier otro proyecto de inversión, distinto de los señalados anteriormente”. Así, los primeros tres trimestres de 2017, según las glosas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) que distribuye estos dineros, se pueden ver inversiones en proyectos tales como restauraciones de iglesias, creaciones de sedes sociales y centros culturales, compras de camiones tolva y retroexcavadoras, inauguración de comisarías y centros de salud, remozamiento de plazas, inauguración de juegos infantiles y canchas de fútbol, entre otros (ver infografía). Según un análisis realizado por La Tercera, al menos un 30% de los proyectos del año pasado no tienen relación con materias de transportes o conectividad. En la Subdere, en tanto, afirman que el porcentaje sería en torno al 20%. De ser efectiva esta última cifra, los montos utilizados en aspectos no vinculados a transporte bordearían los $ 80 mil millones al año. En la página web de la subsecretaría figura un informe oficial con el desglose de los proyectos FAR de 2017, sin embargo, en una rápida revisión se puede ver que el documento presenta numerosos errores, como montos abultados que no coinciden con los proyectos mencionados o iniciativas que están vinculadas a códigos BIP (la identificación en el Banco Integrado de Proyectos) que, no obstante, no guardan relación con el nombre del proyecto. Los reclamos del Senado Se trata de un fondo opaco, sobre el que nadie tiene mayor claridad en que los recursos se estén empleando eficientemente y sobre el cual no hay suficiente control, ni un ordenamiento para que se invierta ese enorme caudal de dinero en obras que puedan generar un impacto real para los habitantes de regiones. Esas son las críticas que se repiten por estos días en los pasillos del Congreso. “Claro que se debe eliminar el FAR”, señala el senador Alfonso de Urresti (PS). “Es perverso, porque para las autoridades regionales es mucho más rentable políticamente el pequeño proyecto. Es fácil de realizar, lo distribuyen rápido. Pero en el transporte se debe tener una política nacional de inversión, ese fondo se debiese destinar para grandes obras de transportes”, indica el parlamentario. Para el senador Alejandro Navarro (partido Pais), miembro de la Comisión de Transportes, “siendo recursos para mejorar la infraestructura del transporte, comenzó a destinarse para otros efectos, lo que desvirtuó totalmente la decisión original de que el transporte público de regiones fuera progresivamente mejorando (…). Se ha pagado el diseño de hospitales y se han financiado acciones en el área vivienda, en el área de bienes nacionales”. El parlamentario califica el fondo como “un bolsillo de payaso, donde todos sacan lo que les conviene”. El senador Francisco Chahuán (RN) es partidario de mantener los fondos, pero con un mayor sistema de control: “Nos gustaría que el actual Ministerio de Transportes nos pudiera entregar de manera pormenorizada cómo estos fondos FAR, que son propios de la ‘Ley Espejo’ del Transantiago, están siendo utilizados, y que haga un histórico de los últimos cuatro años, en los cuales tenemos dudas razonables de que fueron mal aplicados, en términos de los objetivos que estaban fijados por la ley”. También miembro de la Comisión de Transportes del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), es uno de los parlamentarios que ha enviado oficios pidiendo conocer el destino de estos millonarios fondos, los que no son respondidos. “Necesitamos un debate para sincerar el uso de recursos públicos para subsidiar el transporte. En la subcomisión de Presupuesto del Senado es donde, en los últimos dos años, se ha exigido mayor transparencia e información. Tenemos una tremenda insuficiencia de parte del Ejecutivo en esta materia”, afirma. En las últimas tres discusiones presupuestarias, los senadores han presionado para que se transparente la ejecución y destino de los ‘fondos espejo’. El año pasado lograron suscribir un protocolo de acuerdo, en que el gobierno se comprometió a reformar el FAR. En esta línea fue el proyecto de ley enviado a fines de enero por la administración de Michelle Bachelet, que focaliza la entrega de recursos en “materias de infraestructura y mejoramiento del transporte”, así como subsidio a las tarifas que pagan en la locomoción los adultos mayores. El propio gobierno de Bachelet había generado polémica el 2015, cuando derivó fondos de la “Ley Espejo” para hospitales. Entonces, en la UDI y RN pidieron que se ordenaran las finanzas y se entregara ese financiamiento a través del Ministerio de Salud. El entonces senador RN Baldo Prokurica (hoy ministro de Minería) señaló en noviembre de ese año que “usar los recursos del FAR para construir hospitales en todo el país, incluido Santiago, es claramente un abuso”. En la mira de Contraloría Los ‘fondos espejo’ han sido objeto de varios pronunciamientos de Contraloría. Una auditoría de 2015 detectó que $ 26 mil millones no fueron utilizados en temas de transportes, lo que correspondía al 17% del total de los dineros recibidos por los gobiernos regionales. Entre los proyectos había remodelación de estadios e incluso de un aeródromo de uso militar. También se indicó “la imposibilidad de identificar en su totalidad el uso y destino de los recursos del Fondo de Apoyo Regional”. En 2016, Contraloría emitió un informe de seguimiento, donde constató que varias regiones no habían subsanado las observaciones de la auditoría, entre ellas Magallanes, Coquimbo, Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía. El contralor Jorge Bermúdez emitió un dictamen ese año, señalando que los recursos del FAR “deben ser destinados prioritariamente a fines de transporte y conectividad”. En otra resolución, también de 2016, el contralor autorizó a Ferrocarriles del Estado a invertir los recursos recibidos a través de la “Ley Espejo” en el mercado de capitales, siempre y cuando las ganancias obtenidas sean reinvertidas en mejoramiento del transporte regional. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/la-caja-negra-los-fondos-espejo-del-transantiago/149404/
  3. 05 Octubre 2017 Gobierno recorta subsidio al gas de Magallanes y se teme déficit Presupuesto elaborado por el Ejecutivo considera una rebaja de 12,3% en los aportes. El presupuesto 2018 considera recursos por $ 58.521 millones para el subsidio Una reducción de 12,3% en los recursos que entrega el Fisco a Enap para subvencionar el precio del gas natural de Magallanes, considerado en el Presupuesto 2018, encendió las alarmas en la zona. Según el proyecto de ley, el aporte caerá de $ 66.701 millones a $ 58.521 millones, es decir, una baja de $ 8.180 millones (unos US$ 12,6 millones). Esto, según conocedoras de la operación de la petrolera estatal, podría producirle un déficit a Enap, pues desde la implementación de la política de subsidios en 2011 hasta este año, los fondos fijados por el Ejecutivo cubrían de manera total los costos de implementación de esta bonificación. Sin embargo, advierten que el próximo año hay un riesgo alto, asociado a un posible aumento de los costos. Las mismas fuentes agregan que esta situación obligará a la empresa a eficientar su operación e intensificar su control de costos. Sin embargo, si pese a lo anterior el consumo de gas y sus costos asociados son mayores, el escenario no será muy positivo para la empresa. Desde 2011, el Fisco entrega un subsidio al gas de Magallanes, cuyo precio es más bajo que el que pagan los demás los chilenos, en reconocimiento a la condición geográfica y climática de la región. Consultada la empresa por este posible escenario, señalaron que la reducción del aporte “nos obliga a seguir profundizando el trabajo que ya estamos haciendo de contener costos, mejorar la eficiencia para hacer sustentable la operación en Magallanes y mantener coordinación con el Ministerio de Energía para evitar que cualquier consumo de la región le pueda significar a la empresa un riesgo patrimonial que pueda afectar los indicadores financieros”. La estatal agregó que en Magallanes los costos de exploración de un pozo de gas no convencional “se han logrado reducir de US$ 5 millones a US$ 2,6 millones, y se han realizado esfuerzos importantes en disminuir los costos de energía, servicios y transportes, pero deberemos seguir avanzando para mejorar la rentabilidad de esa filial”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-recorta-subsidio-al-gas-magallanes-se-teme-deficit/
  4. La mitad de los chilenos vive en hogares que reciben al menos un beneficio fiscal Según el Ministerio de Desarrollo Social, 8,6 millones de personas pertenecen a familias que reciben algún subsidio o transferencia de cargo estatal. Mientras que el 53% de las familias del Registro Social de Hogares está en el tramo más vulnerable. Poco más de US$ 39.300 millones están cautelados en la Ley de Presupuestos 2016 para financiar la agenda de gasto social del gobierno. De ese monto, unos US$ 2.576 millones van directamente a solventar los 16 subsidios más importantes que entrega el Estado y cuyo impacto no es menor: el 50% de la población chilena se beneficia de esos recursos. Se trata de 8,6 millones de personas que habitan en hogares de menores ingresos que viven con, al menos, una transferencia o subsidio fiscal. Esta es una de las principales conclusiones que arroja el Registro Social de Hogares (RSH), el cual desde este año reemplaza a la Ficha de Protección Social (FPS o ex Ficha CAS) como instrumento clave para acceder a la red social del Estado. Según el análisis del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a junio de este año existían 4,5 millones de hogares del país inscritos en el RSH. De ellos, 2,8 millones de familias (compuestas por un total de 8,6 millones de personas) recibieron, al menos, un beneficio, subsidio o transferencia directa en 2015 (ver infografía). Para sus estimaciones, el ministerio consideró la proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y seleccionó 16 de las principales transferencias fiscales directas disponibles, todas amparadas en leyes permanentes. Entre ellas, los subsidios único familiar (SUF), de discapacidad mental y para el empleo juvenil, además de la pensión básica solidaria (PBS) y el aporte previsional solidario (APS) de vejez. También incluyeron los bonos por hijo nacido vivo, bodas de oro y el aporte familiar permanente, entre otros. “A veces se tiene sólo la visión de los programas para extrema pobreza, pero también hay otros beneficios que corresponden a un Estado moderno (...). Hay áreas en las que uno debería esperar que las coberturas fueran amplias, como educación y salud, y otras como el sistema de seguridad y oportunidades que se tienen que focalizar en pobreza y extrema pobreza”, afirma la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner. Ajuste de realidad Para determinar las características socioeconómicas del hogar, el RSH ajusta los ingresos reportados a un índice de necesidades que considera el número de integrantes del grupo y asigna mayor ponderación a personas con movilidad reducida, adultos mayores y a los menores de 18 años. También toma en cuenta el acceso a bienes como propiedades y vehículos y a servicios de salud y educación. A diferencia de los modelos que por cuatro décadas basaron la entrega de beneficios en datos autorreportados por los usuarios, el RSH complementa, actualiza y contrasta periódicamente la información declarada por las personas con las bases administrativas del Servicio de Impuestos Internos (SII), Registro Civil, Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), Instituto de Previsión Social (IPS), Superintendencia de Salud y Ministerio de Educación, entre otras entidades. Una vez aplicados los filtros, las familias se distribuyen en siete tramos de calificación socioeconómica, cuyos límites se fijan sobre la base de la información de la Casen. Estos se actualizarán este año, cuando se conozcan los resultados de la medición 2015. El primer grupo identifica al 40% de la población de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, mientras el segundo reúne a los hogares del 41% al 50%. El tercero, del 51% al 60%, y el cuarto va del 61% al 70%. Luego, están los segmentos acomodados: el quinto, que abarca del 71% al 80% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad; el sexto, desde el 81% al 90%, y el séptimo, desde el 91% al 100%. Los datos recogidos a la fecha por el MDS muestran que del total de hogares registrados, el 53,6% (2,4 millones de familias) se encuentra en el tramo más vulnerable. “La cantidad de personas que están en el 40% más vulnerable representa el 37,9% de la población nacional”, acota Berner. En contraste, el 20,8% está en los tres tramos superiores de ingresos. De hecho, el 3,3% se encuentra en el de mayor poder adquisitivo. Vulnerabilidad por regiones La Región Metropolitana tiene el mayor número de hogares en el tramo de mayor vulnerabilidad, con el 32,3% del total nacional en esa situación. Le siguen Biobío y Valparaíso con 13,9% y 10,5%, respectivamente. Sin embargo, al analizar la realidad interna de cada región, la fotografía es otra: La Araucanía registra la mayor proporción de su población en situación vulnerable, con el 64,9% de los hogares en el tramo del 40% de menores ingresos. Luego se ubican las regiones de Los Ríos con 62,5% y del Maule con 61,4% de los hogares en el tramo más pobre. Costos de la desaceleración Según el MDS, la mayor fracción de las familias inscritas en el RSH que recibe al menos un beneficio de cargo fiscal, vive en Aysén, donde el 87% tiene alguna prestación. Posteriormente, se asoman La Araucanía con el 72% y el Maule con el 70%. “En regiones como La Araucanía, donde están las mayores tasas de pobreza, uno puede esperar que más personas estén en el registro y que, a su vez, un porcentaje mayor de la población tenga beneficios. Pero en otras regiones como Aysén, lo que ocurre es que se entrega el subsidio a la calefacción, que tiene una cobertura amplia, pues corta en el 80% de la población”, explica la subsecretaria. ¿Cuánto incide la coyuntura actual en lo que muestra el registro? Frente al alza que empieza a experimentar el desempleo a causa de la desaceleración -llegó a 6,8% en el trimestre móvil marzo-mayo-, Berner sostiene que esta no necesariamente se traducirá en un mayor ingreso de hogares al registro y tampoco en un aumento del número que califica en el tramo más vulnerable. “El registro busca estimar una condición más estructural de los hogares. Se calcula en base a los ingresos de los últimos 12 meses, porque, en general, las rentas de las familias en ese período de tiempo son más estables. La entrega de ayuda del Estado tiene que ver con condiciones más estructurales de la familia y no con la coyuntura, para conocer y asignar de mejor forma los beneficios que le corresponden en el sistema de protección social”, afirma. La subsecretaria desestima que una eventual escalada alcista del desempleo se transforme en un fenómeno estructural, pero recalca que ante cualquier eventualidad el registro está diseñado para reportar los cambios que experimenta un hogar, por ejemplo, en cuanto a ingresos, bienes y patrimonio. Para esto, además, los datos se actualizan mensualmente. “Eso se toma en cuenta, pero creemos que no debiera haber cambios relevantes”, dice. Las familias más pobres La Ley del Ingreso Etico Familiar (IEF), vigente desde 2012, estableció un subsistema que consiste en la entrega de bonos y transferencias para la población en situación de extrema pobreza y las familias más vulnerables del país. Datos obtenidos mediante el sistema de Transparencia del MDS señalan que entre 2013 y mayo de este año 94.814 familias se han incorporado al subsistema. En los cinco primeros meses del año han entrado 5.471 personas. Del total de hogares, el 67,8% tiene jefatura femenina. Al Subsistema de Seguridades y Oportunidades acceden personas y familias en situación de pobreza extrema que a la fecha de ingreso tengan un ingreso per cápita igual o inferior a la canasta de la Casen 2009, indexada según el IPC a diciembre de cada año ($ 37.729 a diciembre 2015). Las comunas con más hogares partícipes del subsistema son Valparaíso (1.722 beneficiarios), Puerto Montt (1.633 personas) y Temuco (1.586). Pese a la crítica transversal que se abrió en la última campaña presidencial por casos de mal uso de fichas de protección social en la entrega de beneficios, en el gobierno aseguran que las familias que hasta 2015 tenían FPS fueron traspasadas automáticamente al RSH, manteniendo la vigencia de los beneficios ya asignados. En el ministerio reconocen, sin embargo, que haber introducido herramientas para contrastar y monitorear la información reportada produjo un reordenamiento en los nuevos tramos de ingresos. En todo caso, la fotografía del alcance de la pobreza y vulnerabilidad en el país la dará a conocer el gobierno en septiembre próximo, cuando presente la Encuesta Casen 2015. www.latercera.com
  5. Ley de equidad tarifaria: Los alcances del "sistema solidario" que rebajará las cuentas de la luz Con el objetivo de igualar las tarifas de la electricidad, quienes consuman más deberán pagar un cargo adicional para subsidiar a las comunas generadoras. Listo para ser promulgado quedó el proyecto de ley de equidad tarifaria que busca rebajar las cuentas de la luz para las comunas generadoras de energía e igualarlas a las ciudades que tienen los precios de electricidad más bajos. Así lo explicó el ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien en conversación con 24 Horas aseguró que "no tiene explicación" que algunas comunas como Alto Biobío paguen más, siendo que son generadoras y están haciendo una contribución al país que tiene un sistema eléctrico "nacional, único e integrado". "Tiene que haber un sistema solidario porque no hay ninguna razón para que comunas que son grandes generadoras de electricidad tengan el doble de tarifa que la que tiene, por ejemplo, comunas de alta densidad como son las de la Región Metropolitana", dijo el secretario de Estado. Esto se traduce en que ninguna tarifa eléctrica en Chile va a ser superior al 10% del promedio, es decir que se aplanarán las tarifas. En Alto Biobío un kilowatt hora vale $197, mientras que en Santiago cuesta $107, por lo que esa diferencia de $90 es la que se aplanará para dar un "reconocimiento" a las 63 comunas que son grandes generadoras. Este beneficio caerá directamente en las cuentas de luz de los vecinos a partir de septiembre de este año. Mientras que desde diciembre comenzarán a igualarse las tarifas, beneficiando a 260 comunas del país. Con esto dos millones 700 mil hogares (más de 11 millones de personas) se verán beneficiadas, según el ministro. Pacheco señaló que esto se financiará con los hogares, principalmente del área metropolitana, que tienen el más alto consumo eléctrico, que son más de 200 kilowatt hora al mes, es decir cuentas superiores a $25 mil pesos. A esas cuentas se les agregará un cargo para lograr la igualdad tarifaria. Las industrias, sin embargo, al no estar en el sistema de tarificación regulada que involucra la ley, no están consideradas en el proyecto, ya que negocian de manera directa con las generadoras. www.latercera.com
  6. Transantiago: un 17,5% de evasores está bajo la línea de pobreza De acuerdo a cifras de Alsacia Express, aquellos evasores deberían ser subsidiados por el Estado. Masificar las zonas pagas, continuar con los planes de fiscalización aleatoria, y plantear una discusión sobre el 17,5% de evasores que están bajo la línea de la pobreza son las medidas que tomarán desde Alsacia Express y la empresa Alto Evasión. Sobre este último punto, tanto la empresa como expertos han planteado la necesidad de que exista una subvención directa a esas personas por parte del Estado. Así se anunció hoy en el marco de la presentación de la iniciativa que comenzará este mes y que durará todo el primer trimestre del próximo año. “En esta oportunidad, queremos reiterar a todos los usuario las consecuencias y riesgos a los que se exponen al subir al bus sin pagar y generar conciencia que el no pago del pasaje está penado por ley, es una conducta que perjudica a todos los usuarios e impide que el transporte público mejore”, indicó Juan Cristóbal Palacios, gerente general de Alto Evasión. Además, se señaló que desde la implementación del plan de Tolerancia Cero a la Evasión, que se desarrolla desde junio de 2013, se ha reducido en un 13,8% la evasión de los recorridos de Transantiago pertenecientes a Alsacia Express con respecto a otros operadores. Además, se ha logrado bajar en un 45% las direcciones falsas entregadas por evasores multados. En esa misma línea también se quiere plantear la necesidad que los evasores puedan pagar la multa en el acto, obteniendo un descuento de un 50% y que las policías a su vez, tengan atribuciones para detener a los evasores. Además, se implementará una campaña comunicacional llamada “Haz Bip! En cada transbordo”, que nace tras el análisis de datos de fiscalización que muestran que del total de evasores, un 13,7% podría haber evitado la multa habiendo validado su pasaje, ya que llevaba menos de dos horas desde su primer Bip!. “Es este desconocimiento al que queremos atacar y apuntamos a provocar un cambio cultural transversal socioeconómicamente, creando conciencia del daño que la evasión produce al transporte de todos, con pérdidas para los operadores por más de US$ 415 millones anuales que podrían ser usados en un transporte mejor para todos”, explicó Palacios. www.latercera.com
  7. Como parte de Ley de Presupuesto 2016 Urgente: Esta noche se votará decreto que subsidia a la papelera de Eliodoro Matte El Decreto Ley 701, que desde 1974 financia a las grandes forestales -entre ellas la CMPC, líder del "Cartel del Confort"- fue incluido en la partida del Tesoro Público, cuyos recursos se votarán la madrugada de este jueves. El Ciudadano Hoy 18:11 Tras la notoriedad pública que alcanzó el llamado “Cartel del Confort” formado por las empresas CMPC y SCA -las que se coludieron para fijar altos precios para insumos de primera necesidad, como papel higiénico, servilletas y pañuelos desechables, entre otros-, surgió el cuestionamiento hacia el Decreto Ley 701 (DL 701), que desde 1974 entrega fondos desde el Estado al subsidio de empresas forestales, entre ellas la CMPC, perteneciente a Eliodoro Matte. De ahí que en la misma Cámara de Diputados se aprobara una solicitud formulada por 52 parlamentarios para crear una Comisión Especial Investigadora, la que debiera indagar en cómo esta política forestal expresada en el mencionado decreto ha favorecido el escenario de colusión. En una columna titulada ¿El milagro forestal chileno?, el profesor y Presidente Honorario de Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), Claudio Donoso, junto al ingeniero forestal y Director de la organización, René Reyes, desmienten categóricamente los supuestos beneficios que tendría este Decreto Ley, planteando por el contrario lo siguiente: “El monopolio que se ha creado en el sector forestal es similar al monopolio de las farmacias, la pesca o los supermercados. Arauco, CMPC y MASISA controlan el sector, definiendo los precios de la tierra, de las materias primas, de la contratación de mano de obra, etc., lo cual está teniendo un efecto económico negativo en el resto de los actores”. ¿En qué está hoy este decreto? El 15 de mayo de 2015 la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que busca extender la mencionada bonificación establecida en el DL 701 por un plazo de tres años, es decir hasta 2018. El 2 de julio pasado la mandataria le puso urgencia al proyecto y el 15 de ese mes la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó extender hasta diciembre de 2018 la aplicación del decreto en los mismos términos en los que lo había definido el presidente Sebastián Piñera en 2011. El proyecto pasó a la Comisión de Hacienda y luego de que la mandataria le diera el carácter de “urgente” el 4 de agosto, esta es retirada 14 días después, por lo que aún está en tramitación. Eso hasta esta noche, porque la continuidad del subsidio está incluido dentro de la partida n° 50, correspondiente a la del Tesoro Público, del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2016, que desde el pasado lunes se vota en la Sala de la Cámara de Diputados. El Decreto Ley 701 fue incluido en la partida de Tesoro Público y no en la de Agricultura, debido a que por ley aquellos recursos que aún estén en trámite -como ocurre en este caso- deben integrarse en esa glosa. En total son $326.970 millones los que irían al subsidio de las empresas forestales en caso de que se apruebe el Decreto Ley 701, votación que de acuerdo a la programación debiera realizarse esta noche, alrededor de las 4 de la mañana. Esto porque la discusión en particular de las partidas pendientes de la Ley de Presupuesto 2016 debe realizarse hasta el total despacho de esta iniciativa, cuyo plazo constitucional de aprobación en el Congreso vence el 30 de noviembre. Los parlamentarios tienen la opción de pedir que la votación de la partida del Tesoro Público sea realizada por partes -y en ese caso existiría la opción de que aquella referente al DL 701 pueda ser rechazada-, o aprobarla completa, incluido dicho subsidio. Por Daniel Labbé Yáñez Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/11/18/232641/urgente-esta-noche-se-votara-decreto-que-subsidia-a-la-papelera-de-eliodoro-matte/
  8. Aprueban subsidio para el Transantiago y tarifa se mantendrá el resto del año Cámara despachó proyecto, que ahora deberá se promulgado por el gobierno. Iniciativa había sido presentada para evitar alzas en el precio del pasaje. Evitar el alza en la tarifa del Transantiago era el principal objetivo del proyecto que aumenta el subsidio al sistema de transporte público y que fue presentado en abril por el gobierno. Ayer, tras meses de tramitación, la iniciativa -que también introduce mejoras al servicio- fue aprobada por la Cámara por 65 votos a favor y 38 en contra, despachándola al Ejecutivo para su promulgación como ley. “La discusión fue bastante transversal (…). Creo que ya hay un consenso de la importancia en Chile de apoyar desde el Estado los sistemas de transporte público, igual a cómo se hace en otras ciudades del mundo”, declaró Andrés Gómez-Lobo, ministro de Transportes. De acuerdo al proyecto, el incremento del subsidio estatal al Transantiago será de $ 120 mil millones de aquí al 2017, y de $ 260 mil millones desde el 2018 hasta 2022. Un 50% de estos recursos irán para el sistema público de Santiago, y el otro 50% para las regiones, como se considera en la Ley Espejo del Transantiago. Antes que se enviara la iniciativa, en abril pasado, el panel de expertos que determina la tarifa del Transantiago había propuesto un alza del 5% (30 pesos), elevando la tarifa de $ 640 a $ 670. Sin embargo, con la aprobación del proyecto el costo actual se mantendría. “Esto ayudaría a que este año no hayan alzas y a que se mantengan las tarifas como está. Esto será un beneficio directo a los usuarios del transporte público, que sin lugar a dudas es la gente de más escasos recursos y quienes más lo necesitan”, comentó la diputada Jenny Alvarez (PS), presidenta de la Comisión de Transportes de la Cámara. La ley incluye cambiar el mecanismo de reajuste del subsidio al transporte, al acotarse el número de variables de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el precio del petróleo diésel, el dólar observado y el número de pasajeros por kilómetro. Durante el debate previo a la votación, varios diputados criticaron la necesidad de entregar a las regiones más herramientas para administrar los recursos espejos. “Muchas veces no tenemos ni los proyectos necesarios ni tampoco los procedimientos claramente establecidos como, por ejemplo, la aprobación del Fondo de Apoyo Regional, donde el reglamento se ha tardado muchísimo (...). Me parece que es muy importante tener una buena fiscalización de estos recursos”, apuntó el diputado Fuad Chahín (DC). Según el diputado Leopoldo Pérez (RN), que votó en contra del proyecto, “con la aprobación de USD 1.350 millones para el Transantiago, sólo en la capital, le dieron la espalda a los chilenos que realmente tienen otras necesidades: todo ese dinero equivale a la construcción de cuatro hospitales Sótero del Río, ocho hospitales Gustavo Fricke o dos nuevas líneas para el Metro”. www.latercera.com
  9. Pasaportes tendrán fuerte alza a partir de octubre: Conoce sus nuevos valores El Registro Civil explicó que este incremento responde a la decisión del Gobierno de no seguir subsidiando su confección. Desde 2013 a la fecha, el Fisco ha desembolsado $30 mil millones. Los carnet de identidad también subirán. SANTIAGO.- Un fuerte incremento en sus precios sufrirán los pasaportes a partir del mes de octubre. ¿La razón? El término del subsidio estatal para este tipo de documentos. Así lo informaron desde el Registro Civil, señalando que la subvención al valor de confección de estos documentos de identificación le ha significado al Estado, desde 2013 a la fecha, "el desembolso de alrededor de 30 mil millones de pesos". De esta manera, a partir del 1 de octubre, el pasaporte de 32 páginas tendrá un alza de $40.760, pasando de los $48.900 a $89.660. El de 64 páginas, en tanto, que hoy tiene un valor de $60.720, costará $89.740, representando un aumento de $29.020. En el caso de las cédulas de identidad, éstas tendrán un alza de $220, pasando de costar $3.600 a $3.820. Los extranjeros, por su parte, deberán cancelar $4.270. Esta medida, según el Registro Civil, tendrá un impacto económico "acotado" para los connacionales, puesto que el 85% de los viajes que se realizan desde Chile al extranjero no requieren pasaporte, bastando sólo la cédula de identidad para realizarlo. www.emol.com
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