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  2. 09 Octubre 2016 Solange Huerta: “No volvamos a decir que un niño que comete un delito es un delincuente” La jefa del organismo abordó las carencias que encontró al asumir el cargo, en que destaca la falta de coordinación con otros ministerios. Debido a los problemas para recabar información dentro de la entidad, solicitó la renuncia del jefe de la Unidad de Estudios. “Urgente”. Esta palabra aparece en la mayoría de los documentos que Solange Huerta, directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), tiene en su despacho. Los archivadores, que suman más de 50, se apilan en su mesa de reuniones, en su escritorio, en las ventanas y en la mesa de centro. “Tengo que ordenar, pero, como ve, hay hartas cosas que hacer”, dice la ex fiscal Regional Metropolitana Occidente. Antes de asumir su actual cargo, el 16 de julio, tuvo un paso por la Fiscalía Nacional como jefa de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Huerta tomó las riendas del Sename en medio de una verdadera crisis, que se desató al conocerse la muerte de Lissette, una menor de 11 años que estaba en una residencia del servicio. En paralelo, la ex fiscal tenía que responder a la solicitud de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que pidió conocer la cantidad de fallecidos en los centros. A dos meses y medio de su nombramiento, Huerta concluyó el catastro: 243 fallecimientos en 11 años. Antes, eso sí, tuvo que pasar por una serie de dificultades en la recopilación de la información, las que aborda, entre otras cosas, en entrevista con La Tercera. ¿Con qué se encontró al asumir el cargo? Una de las primeras cosas que vimos, después de solicitar información para ir conociendo el trabajo que se hace acá, es que había un tema de carencias. Yo lo he planteado: es como que la modernización del Estado no entró a la estructura del Sename. La ley orgánica es del año 1979 y no tiene impacto en varias áreas, por ejemplo, la que dice relación con la información, con la calidad y la prontitud con que se requiere. Por otra parte, también falta una estructura orgánica que dé cuenta de las necesidades que tiene este servicio. En cuanto al trabajo con los niños, ¿qué detectó? En nuestros centros hay carencias importantes que dicen relación con asegurar derechos, pero además tener la certeza de qué derechos se están prestando. Una de las primeras cosas que me llamó la atención era que no había claridad en rescatar la información que nos permitiera saber en qué estado de salud estaban los niños de las residencias. Esto no es porque no hayan recibido atenciones, sino porque nuestro sistema con el Ministerio de Salud no conversa, ni hay interoperabilidad. Esta cartera desconoce cuáles son los niños que están en centros y, por ende, nosotros no tenemos acceso a saber si los niños en residencias están recibiendo las prestaciones adecuadas. Esa fue una de las primeras cosas que a nosotros nos hizo ruido, en términos de generar esta base de datos, donde el Ministerio de Salud tuviera la información de los menores en residencias, y a través de esa vía nosotros poder tener el control de las atenciones prestadas. Nuestros niños, que son los niños del Estado, son invisibles para las otras instituciones públicas. Esto obedece a que nuestros sistemas no conversan. Nuestro propósito ha sido ir generando convenios y decir que estos son nuestros niños y estas son sus necesidades. En cuanto al proceso de levantar información, ¿cómo funcionaba el sistema? ¿Cómo se verificó la cantidad de fallecidos? Cuando revisamos las dificultades, para poder entregar la información, dada la sensibilidad del tema, empezamos a ver qué problemas tenía el sistema. Cuando se señaló que había 185 niños fallecidos, fuimos detectando distintas cuestiones. Una de ellas era que ingresando el Código Niño (verificador de identidad del menor), el sistema no requería obligatoriamente la cédula de identidad. Nosotros sabemos que la forma de identificar identidad es a través de la cédula, entonces, claro, podías tener los nombres, los apellidos, pero sin la cédula tenías que hacer el proceso de verificar nombres y fecha de nacimiento. A veces, tenías la cédula de identidad, los nombres, apellidos, pero no tenías la fecha de nacimiento. ¿Cree que esto derivó en que los anuarios del Sename no tuvieran la información exacta sobre la cantidad de niños fallecidos? La base de información que tienen los anuarios estadísticos, efectivamente, surgen de esta plataforma informática. Desde mi perspectiva, toda la información que se fue trabajando en los boletines obedecía a lo que estaba en Senainfo (servicio de información del Sename), y recién en el año 2014 se incorporó información de los ámbitos de protección en relación a los fallecidos. Ahora, lo que hay que decir es que ningún sistema informático es infalible. El que se haya entregado información errónea, a través de los anuarios, ¿trajo consigo la apertura de algún sumario administrativo? Desde mi mirada, no hay una responsabilidad administrativa o alguna infracción de las tareas funcionarias, porque el sistema tenía estos inconvenientes. Sin embargo, a propósito de lo que pasó con los anuarios estadísticos, yo le solicité la renuncia a la persona que estaba a cargo de esa división dentro del servicio, de la Unidad de Estudios. Si yo estoy sacando una información hacia la comunidad y a la opinión pública, debo tener la certeza de que lo que estoy entregando es correcto. Y desde nuestra mirada, había muchas cosas que no se habían hecho bien, ya que no solamente hay responsabilidades desde lo administrativo. Todo esto estaba bajo la responsabilidad de alguien y no se hizo adecuadamente. Ya con los datos sobre la mesa en los casos identificados: 243 fallecidos, lugares en que ocurrieron los decesos y causas de las muertes, ¿qué conclusiones han podido sacar? Un tema que a mí me llama poderosamente la atención es el tema de las causas de muerte no concluyentes, como es el paro cardiorrespiratorio. Ese es un llamado a los médicos. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes fallecidos. El poner como causa de muerte paro cardiorrespiratorio no me parece como suficiente. Eso para nosotros implica transparentar esta información al Ministerio de Salud y también al gremio. Estos casos, donde la causa de muerte no es concluyente, son situaciones que nos llaman la atención y que ahora tenemos que ir avanzando para que esto no vuelva a ocurrir. Cuando uno revise un certificado de defunción, tiene que existir la claridad del motivo del fallecimiento. La mayoría de las muertes ocurrieron en centros colaboradores. ¿Se ha solicitado, en su administración, el cierre de alguna de estas residencias? Eso efectivamente se ha hecho. No tengo cifras concretas, pero sí, a propósito de los requerimientos e información de la fiscalía, se han solicitado intervenciones y cierres de centros. En este período, lo que nos ocurrió fue que un juez, por resolución autónoma, encargó que el servicio se hiciera cargo de una residencia, por lo que en este lapso tuvimos que tomar la administración. Y también pasó que pedimos el cierre de un centro, pero nos fue mal en tribunales, ya que la Corte rechazó la solicitud de clausura. Esto ocurrió en la Sexta Región. ¿Cómo se explica que de las 33 muertes en el área de justicia juvenil, todas estén asociadas a un hecho violento? En los centros de administración directa, de detención de adolescentes, lo que se establece es que las 33 muertes no están asociadas a patologías base, ni enfermedad, sino que a situaciones de intervención de terceros, accidentes y a suicidios (…) Es llamativo y es un tema para poner el foco, pero también hay que ver cómo está este número en relación a la población adulta detenida, tanto en Chile como en otros países. Sería muy importante tener esta información para poder tener un nivel de comparación, porque ahí se producen riñas, en situaciones de encierro y, particularmente, en ciertas fechas se generan más hechos de violencia. Es parte de la realidad que ocurre en los centros de reclusión adolescente. ¿Cuál es su posición respecto de bajar o mantener la edad de imputabilidad en los menores infractores? Creo que hay que hacerse cargo como Estado de los inimputables, es decir, de los niños menores de 14 años que están cometiendo delitos. Yo no creo que la solución sea transformarlos en imputables penales, sino más bien entender que si un niño que tiene 10 años está cometiendo delitos, es porque hay motivos relacionados con lo social, con situaciones de abandono, muchas veces de estar viviendo en la calle. Esto explica el que esté cometiendo infracciones. ¿Entonces no cree en una cárcel para menores? Desde la convención para los derechos, es cuestionable. Acá la ley marco debiese resolver esas discusiones, pero pongámonos de acuerdo en cómo trataremos a los niños. ¿Vamos a tener la mirada que son delincuentes o que hemos fracasados como sociedad, y tenemos niños de 12 años consumiendo droga y cometiendo delitos? No volvamos a decir que un niño que comete un delito es un delincuente. O son inimputables, porque tienen menos de 14 años y no se les aplica la responsabilidad penal adolescente, o son infractores de ley. Esos son los conceptos que se pueden aceptar, lo otro es estigmatizar. ¿En ese sentido, el sistema de adopción es un desafío? En que nos tenemos que plantear nuevos desafíos y uno de éstos son los procesos de adopción, ya que hay que asegurar el derecho de vivir en familia. Nuestro éxito no es que nuestros niños queden en las residencias. Al anunciarse el plan Sename, surgieron críticas. Se dijo que la separación del organismo es un proyecto o una intención de hace casi 15 años. La Presidenta Bachelet, de forma muy clara, lo dijo en la semana. Este gobierno ha avanzado con un paquete de medidas legislativas en cuanto a la infancia. La mirada de esto sólo se ha centrado en separar el Sename y eso, desde mi punto de vista, no abarca la complejidad del tema. Ese es un primer punto, porque hay otras iniciativas en discusión: la Subsecretaría de la Infancia, la Ley de Adopción, la Ley de Entrevista Videograbada, y también el proyecto de violencia al interior de la familia. Entonces, son una serie de iniciativas que están en etapa legislativa, y tal como lo indicó la Presidenta, el apoyo de los parlamentarios es fundamental para que salgan lo antes posible. No se trata sólo de separar el Sename. Eso no es lo que va a cambiar el fondo. Lo trascendente tiene que ver con este paquete de reformas, y en que también se hizo un llamado a agilizar esta tramitación. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/solange-huerta-no-volvamos-decir-nino-comete-delito-delincuente/
  3. 02 de septiembre del 2016 / 10:44 Hrs La particular tesis de grado de Solange Huerta Revista Qué Pasa publicó hoy que la memoria de título de la ex directora del Sename fueron dos carillas escritas y cientos de fichas catalogando libros de la biblioteca de su facultad. "Trabajo de colaboración con la biblioteca central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile". Ése es el título de la tesis de grado hecha en 1997 por la actual directora del Sename y ex jefa de la fiscalía Metropolitana Occidente, Solange Huerta, para graduarse como abogada dela Universidad de Chile. Y su contenido, de acuerdo a un artículo publicado hoy por revista Qué Pasa, son dos carillas escritas y fichas de biblioteca. http://www.quepasa.cl/articulo/ojos-de-la-llave/2016/09/la-curiosa-tesis-de-grado-de-solange-huerta.shtml/ De acuerdo a la revista, en la tesis hay "cientos de fichas donde se catalogan los libros de la biblioteca, incluyendo título, autor, año, materia y número de páginas". Huerta, de hecho, catalogó un grupo de libros con las numeraciones entre el 3001 y el 3500, y su esposo, el fiscal Álvaro Pérez Verde-Ramo, hizo un ejercicio similar, presentando una tesis conjunta con otra persona en que se catalogaban libros del 4001 al 5000. El profesor guía fue el jurista Jorge Hübner Gallo, y la explicación, según dice Qué Pasa, es que "se trata de un tipo de tesis que hicieron algunos estudiantes en esa época, cuando se remodeló la biblioteca. Las bodegas estaban llenas de libros por catalogar, y como no había recursos para contratar bibliotecarios, el profesor Hübner ideó la fórmula de que los estudiantes hicieran el trabajo y lo presentaran como memoria de grado". De hecho, la propia Huerta escribió en la introducción de su tesis que "el fin de esta memoria fue recuperar libros. Termino con la sensación de haber cumplido con dicha labor y de haber ayudado, en una mínima parte, a la tarea de remodelación de la biblioteca". http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694287-9-la-deuda-de-solange-huerta-con-los-casos-de-menores.shtml Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-695066-9-la-particular-tesis-de-grado-de-solange-huerta.shtml
  4. 28 de agosto del 2016 / 01:10 Hrs La deuda de Solange Huerta con los casos de menores La nueva directora del Sename registra negativos índices de desempeño en casos de niños víctimas de delitos sexuales mientras dirigió la Fiscalía Occidente. Sólo en 2015 archivó y dio salida no judicial a 1.000 denuncias -el 70% de los delitos de este tipo que indagó- y lidera a nivel nacional la aplicación de la decisión de no perseverar, la atribución más discrecional que tienen los fiscales para cerrar investigaciones. Los gritos de los vecinos evitaron una tragedia mayor. Una tarde de febrero de 2015, Francisca, de sólo cinco años, disfrutaba los juegos infantiles del parque cuando un hombre de 38 años se acercó a ella, se bajó los pantalones y al parecer le hizo tocaciones impropias. El individuo, de iniciales N.G.M.C, consumidor de pasta base y con antecedentes penales, fue detenido por la gente del barrio, que lo amarró a un poste y llamó a Carabineros. Considerando la flagrancia del delito y la gravedad del hecho, fue formalizado por abuso sexual por la Fiscalía Occidente. Tras exponer los antecedentes, el juzgado de garantía ordenó su prisión preventiva y fijó plazos para que el Ministerio Público efectuara nuevas pericias. Sin embargo, al poco andar, la fiscalía adoptó una medida que significó el cierre de la causa: en una audiencia de fecha 12 de junio de 2015, se comunicó la decisión de no perseverar (DNP), lo que no sólo puso término administrativo al caso, sino que, además, se tradujo en la libertad inmediata del sospechoso. La razón fue que no lograron localizar al testigo clave y que la menor no pudo ratificar los hechos. El 2015, en su último año al mando de la Fiscalía Metropolitana Occidente, una de las más grandes del país, Solange Huerta optó por enviar a archivo o decretar decisión de no perseverar en 1.000 casos de delitos sexuales contra menores. La cifra corresponde al 70,2% de las causas de este tipo que le tocó investigar. Siete puntos más que el promedio nacional de salidas administrativas para casos de delitos sexuales contra menores (63%) (ver infografía). Según cifras oficiales entregadas por el Ministerio Público, la ex fiscal decidió no perseverar con la investigación en el 14,3% de los casos de abusos a menores, superando a todos los fiscales a nivel nacional y donde la media es de 8,9%. El problema es que el DNP es una medida especialmente controversial, ya que es una facultad discrecional que tienen los fiscales que les permite cerrar los casos antes o después de la formalización. La decisión de no perseverar ha sido motivo de amplios debates en la academia y en el mundo del derecho, ya que es la única que otorga atribuciones jurisdiccionales a los fiscales, pese a que el espíritu original al crear el nuevo sistema procesal penal era separar la labor de los investigadores de la de los jueces. “Las decisiones de no perseverar carecen de control por los jueces. Las víctimas y querellantes no tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones. Los fiscales regionales tienen mucho poder en esta materia pues aprueban los DNP, con lo cual las víctimas quedan más desamparadas”, señala Hernán Fernández, abogado especialista en casos de familia y maltrato infantil. En el total de casos que indagó la Fiscalía Occidente el 2015, en todo tipo de delitos, Huerta registra el mayor número de DNP a nivel nacional, con 7.144 casos, lo que equivale al 5,4% de sus investigaciones. A nivel de porcentajes, sólo es superada por la Fiscalía de la VI Región, donde no se perseveró en 5.850 casos, equivalentes al 7% de los casos de esa región. Al contrario del archivo, que es una salida administrativa cuando el caso no ha sido conocido por un juez, la DNP es el cierre de un caso aun cuando haya querella y esté judicializado. Esta decisión del fiscal no es apelable por parte de las víctimas. **** No habían pasado ni 48 horas desde que asumió su cargo en el Sename cuando empezaron los telefonazos de la nueva directora Solange Huerta al celular del fiscal a cargo de investigar las muertes de menores en el servicio, Marcos Emilfork. En la Fiscalía Nacional la situación generó molestia e incomodidad. Ya había causado revuelo que la ex persecutora aceptara asumir una jefatura en el gobierno de Michelle Bachelet, apenas 18 días después de renunciar a su cargo en el Ministerio Público. No sólo porque fue la misma fiscal que investigó a la Presidenta de la República en el caso Tsunami, sino además porque recién se había abierto una indagatoria para precisar las causas y el real número de muertes de niños y niñas a cargo del Servicio Nacional de Menores. En ese contexto, su nombramiento podía interpretarse como una forma de intervenir en el caso. Según fuentes de la Fiscalía, Emilfork optó por no contestar los llamados de su ex compañera, y la tensión se hizo evidente cuando el 20 de julio el fiscal dio la orden de allanar los centros del Sename en Coquimbo, O’Higgins, y el Maule, y él mismo entró de sorpresa a la oficina central en Santiago. “¡Marcos!”, lo saludó afectuosamente Solange Huerta al ver el operativo, pero él mantuvo la distancia y la trató de “señora directora”, relatan los testigos del cara a cara. Contactada a través de su jefa de prensa, Solange Huerta no entregó su versión para este reportaje. **** Durante 2015, en el total de 138.684 casos investigados por su fiscalía, de todo tipo de delitos, Huerta sólo llegó a sentencias condenatorias en el 10,3%, siendo el índice más bajo de las 18 fiscalías regionales, y donde el promedio nacional es de un 15,2% Los números no son mejores para Huerta en los casos de violencia intrafamiliar, que agrupan casos de maltratos entre parejas y contra niños. Durante el año pasado sólo llegó a sentencias condenatorias en el 5,4% de sus casos, siendo la tercera con peor registro a nivel nacional en este tipo de delitos, donde el promedio de condenas es de un 9,5%. En esta clase de delitos, su fiscalía se ubica como la cuarta que registró mayor porcentaje de DNP, 15,7%, mientras que en cantidad de casos es la primera a nivel nacional, con 2.727 casos cerrados bajo esta modalidad. Aunque los ingresos y tipos de términos de casos por región se encuentran detallados en las memorias anuales del Ministerio Público, La Tercera solicitó vía Ley de Transparencia un desglose hasta ahora desconocido: las cifras de los casos de menores víctimas de delitos sexuales durante los últimos ocho años y cómo han terminado esos casos. En el total de sus ocho años al mando de la Fiscalía Occidente, Huerta siempre registra peores índices que el promedio nacional en casos de delitos sexuales contra menores, en materia de archivo, salidas no judiciales e índice de condenas. Así, la nueva directora del Sename, durante toda su gestión, cerró un 69,1% de sus casos enviándolos a archivarse o decretando no perseverar en la investigación. Es la quinta fiscal con más alto índice en salidas no judiciales, mientras que el promedio nacional es de un 64,7%. En materia de condenas, durante todo su período registra un 11,4% de sentencias, el cuarto índice más bajo entre las fiscalías. El promedio nacional de condenas es de un 14%. **** Conocida por un carácter fuerte que le generaba partidarios y detractores en la Fiscalía Occidente que lideró entre 2008 y enero de 2016, Huerta, abogada de la Universidad de Chile de 47 años y que en su juventud fue cercana a la corriente almeydista del PS, era señalada como una de las autoridades con más manejo y habilidades políticas del Ministerio Público. Ejemplo de esto: era la única fiscal que contaba con jefe de gabinete en su equipo, figura que sólo había tenido el ex fiscal Alejandro Peña, quien curiosamente también asumiría un cargo de gobierno, cuando el 2011 fue nombrado asesor de la Subsecretaría del Interior en el período de Sebastián Piñera. Sobre sus simpatías políticas, Huerta declaró en una entrevista a El Mercurio de enero pasado que “no voy a arrepentirme de mi historia o de mi pasado, porque me siento profundamente orgullosa de lo que he sido toda mi vida. Pero cuando una optó por la carrera de fiscal, optó por una forma de vida y eso implica tener prescindencia política total. Lo único que podemos hacer los fiscales en términos políticos es ejercer el derecho al voto”. En otra entrevista a La Tercera de esa misma fecha, reconoció que pudo ser un error comunicacional su controvertida decisión de febrero de 2015 cuando, en medio de las vacaciones del entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, ella como interina reemplazó al fiscal de los casos Penta y SQM, Carlos Gajardo, por el fiscal Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes. La decisión generó revuelo y debió ser revertida por Chahuán. “El error fue cómo se transmitió el mensaje desde la fiscalía. El ambiente estaba tan convulsionado que la gente, y en general la prensa, opinaba sobre la base del prejuicio, sin tener los antecedentes concretos”, explicó la fiscal. Tras dejar la jefatura de la Fiscalía Occidente, Huerta asumió en marzo como directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Pero renunció el 28 de junio. Según señalan en la fiscalía, ella comentó en privado que lo hizo sin tener ningún otro cargo en la mano y principalmente afectada por los sumarios internos contra su esposo, el fiscal Alvaro Pérez Verde-Ramo, por supuestos malos tratos a subalternos y no concurrir a una audiencia. No obstante, fue desde ese cargo cuando tendió puentes con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para abordar problemáticas de violencia de género, y con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, mientras trabajaban en el proyecto para implementar como evidencia en juicios las entrevistas videograbadas de menores víctimas de delitos sexuales. Según fuentes de La Moneda, la decisión de su nombramiento al mando del Sename fue tomada por Blanco y la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, y fue visada por Aleuy. **** Para las agrupaciones de defensa de niños víctimas de delitos sexuales, las cifras de cierres no judiciales de casos de menores son graves. No sólo las de la ex fiscal que hoy dirige el Sename, sino que las de todo el país. Y la tarea es cómo cambiar procedimientos y peritajes para que un mayor número de casos lleguen a condenas y no se cierren por falta de pruebas o por decisión del fiscal. Según el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, “estas situaciones sin duda pueden abrir una puerta de cuestionamiento y desconfianza. El camino para restablecer dicha confianza implica, en primer lugar, que un director o directora de un servicio tan importante como el Sename debe pasar un sistema de elección como el de Alta Dirección Pública”. En la misma línea, para Laura Germain, directora de la Fundación de Prevención de Violencia Infantil, “las cifras son preocupantes y creo que un abogado no debería estar a cargo del Sename, por la falta de visión que tienen con casos de menores. Aquí deben intervenir profesionales de más áreas, como de salud mental, terapeutas, etc.” Consultado por el nombramiento de Huerta en el Sename, el abogado Hernán Fernández sostiene que “para asumir responsabilidades en la protección de los niños hay que tener amplia formación y experiencia en esos temas. Allí deben estar los mejores, con mayor conocimiento y compromiso. Así los niños estarán protegidos." Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694287-9-la-deuda-de-solange-huerta-con-los-casos-de-menores.shtml
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