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  1. 11 Noviembre 2018 La historia de la villa Pinochet en El Bosque y el juez sancionado por sugerir cambio de nombre Pese a que es reconocida por los vecinos como villa Los Volcanes, en El Bosque existe una villa que legalmente lleva el nombre del dictador. Un juez advirtió sobre la vulneración de derechos que significa mantener esa apología a la violencia y se le formularon cargos por infringir la norma que rige a los funcionarios judiciales. Más allá de eso, el alcalde de la comuna y la mayoría del Concejo están dispuestos a cambiarle esa identificación a la villa, un asunto que recién están discutiendo. Gonzalo Neira no vive en la Villa Pinochet, no la ha visitado personalmente ni sabe cuántas personas residen ahí. Pero en junio, mientras estaba como juez civil subrogante en la Corte de Apelaciones de San Miguel, la conoció, al menos, en el papel. A mitad de este año, el abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile asumió las funciones de la magistrada Katherine Campbell, que se tomó sus vacaciones, y estuvo a cargo de resolver una serie de sentencias. Él es juez suplente del Tribunal desde hace dos años. La mañana del 20 de junio llegó a su despacho un fallo que le llamó la atención. Si bien el tema de fondo que debía resolver era un desalojo, leyó que el domicilio se ubicaba en la Villa Presidente Augusto Pinochet, en El Bosque. La villa se fundó como un proyecto de soluciones habitacionales para los ex campamentos Zanjón de la Aguada y las Turbinas, construida entre los 70′ y 80′, durante la dictadura. Neira resolvió el asunto y escribió que, “sin perjuicio de lo anterior”, se oficiara a la Dirección de Tránsito y al Concejo Municipal que “evalúen el oprobio que pudiere ocasionar el nombre de la Villa Presidente Pinochet existente en dicha comuna, al hacer apología de quien dirigió la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado”. Reconoció que las declaraciones no eran competentes para esa causa y que, incluso, era complejo incluirlo en una resolución judicial, pero que en un contexto general era posible hacerlo. Todo, en el entendido de que era algo que le correspondería hacer a cualquier funcionario público, en una posición de garante de derechos. A los días, supo de la denuncia que interpuso en su contra el concejal de Renovación Nacional Carlos Contreras ante la Corte de Apelaciones de San Miguel por haber emitido opiniones inapropiadas en la causa. Para él, Neira se estaba dando “un gustito personal”. El pleno de la Corte designó a la fiscal judicial Carla Troncoso para que investigara y, en septiembre, los llamaron a declarar. −Más que oprobio, como el juez lo señala, existe de parte de los pobladores, agradecimiento por la solución habitacional obtenida, ya que han transcurrido más de 28 años de plena democracia en el país y este tema del nombre de su población, jamás ha sido un problema para los vecinos−, aseguró el funcionario municipal según consta en el sumario. Además, agregó que el cambio de nombre era un tema del municipio y que su denuncia era a título personal y que no representaba al Concejo ni a su partido. Este hecho, consideró, afectaba la imagen del Poder Judicial. En el sumario, Gonzalo Neira argumentó que es conocido que en el sector sur de Santiago es donde existe el mayor número de detenidos desaparecidos y, además, dio el ejemplo de la comuna de La Pintana donde se cambió el nombre del dictador español Francisco Franco por el de Violeta Parra, entre otros. La investigación avanzó y el 23 de octubre la fiscal Troncoso le formuló cargos al juez por infringir la prohibición del artículo 323 N°1 del Código Orgánico de Tribunales, que le prohíbe a los funcionarios judiciales “dirigir al Poder Ejecutivo, a funcionarios públicos o a corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos”. El caso tiene un correlato. Este año la Corte Suprema dictó el nuevo procedimiento para la responsabilidad disciplinaria de los jueces, a propósito de un informe emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del juez Daniel Urrutia que le concedió el derecho a voto a las personas privadas de libertad. Urrutia es conocido como “el niño terrible” del Poder Judicial y, en su historial, acumula varias sanciones por sus fallos pro derechos humanos. Se comentaba que con sus resoluciones buscaba cambiar la estructura, aún muy conservadora, de este poder del Estado. Ahora, bajo el nuevo reglamento de la Corte, el juez Gonzalo Neira es el primer procedimiento que se cursa en el año. Más allá de toda esta historia, el alcalde de El Bosque Sadi Melo recogió la observación de Neira y lo puso en tabla para que se discutiera en el Concejo Municipal y, según se indica en la formulación de cargos, por una votación de seis contra uno, se aprobó iniciar la discusión sobre el cambio de nombre de la Villa Pinochet. El tema todavía no está resuelto en el Concejo, pero se reconoce una mayoría a favor de terminar con la identificación del dictador, aunque sea en lo legal. Desde el municipio aseguran que a este sector se le reconoce como villa Los Volcanes, haciendo referencia a los nombres de los pasajes. Y dicen, también, que es casi una “mitología urbana”, que en el tiempo en que se fundó la villa a los vecinos les dijeron que si querían recibir el beneficio de la vivienda social, tenían que votar por el SÍ. Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/2018/11/11/la-historia-de-la-villa-pinochet-en-el-bosque-y-el-juez-sancionado-por-sugerir-cambio-de-nombre/
  2. 16 Marzo 2018 La promesa incumplida a los 81 muertos de la cárcel de San Miguel: sus restos podrían terminar en una fosa común Desde 2015 que los cementerios piden a los familiares de los presos muertos que paguen la mantención de las sepulturas. Los familiares explican que el gobierno de la época prometió hacerse cargo de todos los gastos de por vida, lo que no se concretó. Hoy se enfrentan a una deuda y, peor aún, a una encrucijada: pagar o que las víctimas pasen a una fosa común. Un mail. Esa fue la primera alerta que recibió César Pizarro. Se cumplían casi cinco años desde que Jorge, su hermano, había muerto calcinado la madrugada del 8 de diciembre de 2010. Él y 80 internos más agonizaron mientras un incendio se expandía en el cuarto piso de la torre 5 de la Cárcel de San Miguel, y la temperatura ambiente superaba los 300 grados Celsius. Un verdadero infierno. El 10 de diciembre de 2010, a solo dos días del incendio, César Pizarro, vocero de la ONG 81 Razones, llegó al Servicio Médico Legal a reconocer los restos de su hermano. Allí, dice, la promesa que las autoridades -que en ese tiempo correspondían al primer gobierno de Sebastián Piñera- le hicieron a él y al resto de las familias fue clara: la sepultura de las víctimas sería gratuita de por vida. Pero el compromiso no se cumplió. El 26 de agosto de 2015 recibió un mail de una ejecutiva del Parque del Recuerdo, donde está sepultado su hermano: “Por medio del presente queremos informar que con fecha 15/06/2015 tuvo vencimiento su cuota anual de mantención por un monto de $58.220 pesos”. Una sepultura digna El primer problema que tuvieron los familiares de las víctimas de la cárcel de San Miguel fue que se les ofreció enterrar en un sistema 4×1, una fosa para cuatro cuerpos. Luego de sus reclamos, se reformuló el contrato: cada víctima tendría una sepultura individual. De los 81 fallecidos, 78 recibieron ayuda para costear los servicios funerarios y de sepultura. Todo estuvo a cargo de la Funeraria Hogar de Cristo, la que realizó un acuerdo con el Ministerio de Justicia para tal objetivo. En el contrato de prestación de servicios, firmado por el subsecretario subrogante del Ministerio de la época, Sebastián Valenzuela, y el entonces gerente general de la funeraria, Jaime Maturana, se lee: “La Subsecretaría acuerda con el prestador la contratación de servicios funerarios con motivo del incendio ocurrido con fecha 8 de diciembre de 2010, en el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, a fin de otorgar las prestaciones necesarias para llevar a cabo las ceremonias fúnebres de 78 fallecidos en el siniestro en mención. Dicha prestación comprende los servicios de traslado de los fallecidos, suministro de urnas, sepulturas y otros complementarios, como; derechos de sepultación, mantención e inyecciones de conservación”. El contrato no especifica fecha de término. –Y el gobierno en el SML se comprometió a pagar indefinidamente los gastos de los presos –dice César Pizarro. Por los servicios, como consta en las facturas, la Subsecretaría pagó $146.926.095 millones a la Funeraria Hogar de Cristo. De ese monto, $8.921.195 millones fueron cancelados a la Administradora Los Parques S.A. que, dice la nota de cobro, es “correspondiente al pago de mantención de cuatro años y derechos de sepultación de las sepulturas individuales de Parque del Recuerdo otorgadas a familias del accidente”. De hecho, hasta 2014 ninguna de las familias recibió aviso alguno sobre cuotas impagas. Luego de recibir el primer mail del Parque del Recuerdo, en agosto de 2015, César Pizarro le escribió un correo a Álvaro Pérez, en ese entonces abogado del Ministerio de Justicia, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La respuesta, vía mail, fue la siguiente: “ Con relación a las cuotas de mantención el Ministerio de Justicia no cuenta con las atribuciones legales para pagar dichos montos. Sin embargo, podemos buscar una solución a través de municipios o similares, desde donde se puede encontrar alguna solución para destinar fondos públicos en esto que es de vital importancia”. –Dijeron que lo iban a ver en la Municipalidad. Con eso no pasó nunca nada. Tuvimos reuniones. Con cada autoridad que hablamos, con Tulio Arce, con el Director Nacional de Gendarmería. Pero las autoridades terminaban sus periodos y las reuniones de los 81 quedaban en nada. Siempre nos decían lo mismo: “Lo vamos a ver, lo vamos a ver” –explica César. A la fosa común Los mails comenzaron a llegarle al resto de las familias de los 81 de San Miguel. Todos exigían lo mismo: había que pagar la mantención de las sepulturas. César relata que lo empezaron a llamar a sus celulares e incluso al teléfono de su trabajo. Eso, dice, sigue hasta hoy. Y, como al resto de los familiares, a él también le dieron una especie de ultimátum. –Me dijeron que si no pagaba iban a pasar a mi hermano a una fosa común. Al resto de las familias también las están amedrentando, amenazándolas. Casi todos los parientes tienen trabajos de obreros, es complicado. Y ni ellos ni nadie se imagina el dolor de una madre que sabe que a su hijo en cualquier momento lo pueden tirar a una fosa común –dice César. LOS FAMILIARES DICEN QUE EN EL SML, EL GOBIERNO DE COMPROMETIÓ A PAGAR PARA SIEMPRE A casi ocho años del incendio, las familias siguen sufriendo las consecuencias del incendio. Incluso, explica el vocero de los 81, la familia de Francisco Oyarzún –uno de los internos fallecidos, sepultado en el Parque del Recuerdo Cordillera– decidió pagar ante la amenaza de la fosa común. El pasado 14 de febrero, a las 16:52 horas, César Pizarro recibió otro correo más del Parque del Recuerdo. –La rabia de las familias es el abandono del Estado. Que toda la gente diga que los 81 están bien muertos, que lo digan, que se desahoguen. Porque lo siguen diciendo actualmente. Pero ellos, los 81, murieron al alero del Estado y el Estado no se ha preocupado ni de mi familia, ni de la de nadie. Y ahora, más encima, tenemos que pagar. Todos los daños colaterales que generó la muerte de los 81 a nadie le importó. Nadie se preocupó, nadie preguntó “¿qué pasó con los 81?”. Nos dejaron tirados, ¿y qué voy a hacer si mandan a mi hermano a la fosa común? El Estado tenía a mi hermano preso, él estaba pagando lo que hizo. Y me lo entregaron muerto –explica Pizarro. A las 17:35 del pasado miércoles 14 de marzo, César recibió un nuevo mail. “ Asunto: Parque del Recuerdo le informa Estimado cliente, Parque del Recuerdo le informa a usted que aún registra una deuda por concepto de Mantención Anual, la que debe ser pagada a la brevedad. Es importante considerar que, a la fecha, ya se han generado intereses y gastos de cobranza”. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-promesa-incumplida-a-los-81-muertos-de-la-carcel-de-san-miguel/101593/
  3. 08 Diciembre 2017 Familiares de víctimas recuerdan tragedia en Cárcel de San Miguel Al interior del recinto penitenciario se realizó una misa ecuménica, acompañada de la presentación de un grupo de internas. Memorial al exterior de la Cárcel de San Miguel. A siete años de ocurrido el incendio en la Cárcel de San Miguel, que cobró la vida de 81 internos el 8 de diciembre de 2010, familiares y organizaciones sociales conmemoraron ayer el aniversario de la tragedia, instancia en que criticaron al Estado por la ausencia de reparación a las familias de las víctimas. Tras la decisión de la justicia de absolver, en 2014, a todos los imputados por cuasidelito de homicidio en el marco del siniestro, las familias aún aguardan por una respuesta a las demandas civiles presentadas contra el Estado que tramita el Séptimo Juzgado Civil de Santiago. “Ya nos quedamos sin justicia criminal, ahora esperamos esta nueva etapa. No ha habido reparación alguna para las familias de los 81”, recriminó César Pizarro, hermano de una de las víctimas y presidente de la ONG “81 Razones”. Al interior del recinto penitenciario se realizó una misa ecuménica, acompañada de la presentación de un grupo de internas. Pese a ello, los familiares reclamaron la negativa de la autoridad para permitirles el acceso al lugar del incendio. “Todos los años entramos a la Torre 5, pero este año el alcaide no nos dejó ingresar por unos protocolos absurdos”, reclamó Pizarro. En tanto, al exterior de la cárcel se realizaron distintas actividades culturales en conmemoración del hecho Fuente: http://www.latercera.com/noticia/familiares-victimas-recuerdan-tragedia-carcel-san-miguel/
  4. 06 de septiembre del 2016 / 19:48 Hrs Incendio en asilo en San Miguel deja dos adultos mayores fallecidos Fueron evacuados 27 ancianos debido al siniestro. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial. Dos dultos mayores fallecieron producto de un incendio registrado esta tarde en el asilo de ancianos Santa Matilde, en la comuna de San Miguel, ubicado en la intersección de Teresa Vial con San Ignacio de Loyola. Según informó el comandante de Bomberos Francisco Ramírez a radio Cooperativa que "de las 29 personas que habían, 27 fueron rescatadas, dos fallecidos en el lugar y tenemos una trasladada a un centro asistencial sin riesgo vital", dijo, agregando que "en estos momentos estamos continuando la búsqueda de si hubiesen otras víctimas, pero el conteo que tenemos coincide con las 29 personas". Otros seis inmuebles se vieron afectados por las llamas, cuyos habitantes resultaron ilesos. Voluntarios de cuatro compañías de Bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-695640-9-incendio-en-asilo-deja-dos-adultos-mayores-fallecidos-en-san-miguel.shtml
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