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  1. Caso SQM: Pablo Longueira será formalizado por cohecho y soborno el próximo 02 de abril También será sometido a juicio oral el ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse. El próximo 2 de abril será formalizado Pablo Longueira por los delitos de cohecho y soborno, en el marco de la arista Royalty del caso SQM. De acuerdo a información del diario La Nación, también será sometido a juicio oral el ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse. Tanto Contesse como Longueira están siendo investigados por el intercambio de correos en la ley de royalty minero, través de los cuales se logró acreditar que el entonce senador promocionó aspectos textuales sugeridos por el ex ejecutivo, por los cuales SQM habría pagado a personas vinculadas a la UDI, un monto de unos $680 millones, según cálculos de la fiscalía. FUENTE: CONTENIDO OCULTO http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/03/19/caso-sqm-pablo-longueira-sera-formalizado-por-cohecho-y-soborno-el-proximo-02-de-abril/
  2. 10 Octubre 2017 La denuncia que dividió a la familia de Joaquín Lavín Una disputa de impuestos por platas políticas derivó en una denuncia ante el SII en contra de Joaquín Lavín por parte de su yerno, Isaac Givovich. Los hechos se remontan a la fallida campaña senatorial de 2009 de Lavín e implican a su secretaria, Lorena Espinosa, y su ex generalísima, Cristina Bitar, socia de la empresa de comunicaciones y lobby Azerta. Givovich acusa a su suegro y a Bitar de darle instrucciones para ocultar información y facturar a empresas que no estuvieran relacionadas con la campaña. Correos, mensajes de texto, declaraciones en la fiscalía y el SII, dan cuenta de una compleja trama que atraviesa los casos Penta, SQM y Caval. El miércoles 28 de junio, pasadas las 20:00 horas, Joaquín Lavín Infante llegó hasta el café Starbucks de Isidora Goyenechea, en el sector oriente de la capital, para sostener una reunión con parte de su familia. Ahí lo esperaban una de sus hijas y su yerno. Pero también estaban presentes un abogado y un contador. Hablaron de la polémica que atravesaba por esos días el municipio de Las Condes por la eventual demolición de la villa San Luis, un histórico complejo de edificios que levantó el gobierno de Salvador Allende para integrar la ciudad. Lavín estaba en contra de la decisión de la constructora y por esos días buscaba una fórmula para acercar a las partes en conflicto. Habló, precisamente, de esas gestiones, pero no por mucho tiempo. La reunión no era para tratar ese tema y el alcalde no estaba para divagar. Quería saber concretamente por qué lo habían citado ahí, en presencia de un abogado y un contador. -Tengo poco tiempo. Vamos al fondo, qué es lo que pasa-, les dijo. Apenas terminó su pregunta, sobre la mesa cayeron una serie de documentos tributarios. Entre ellos, una liquidación de impuestos de noviembre de 2015 por $189 millones contra la empresa GES Consultores, de propiedad de su yerno, Isaac Givovich, y su hija, Asunción Lavín (revisa acá la liquidación del SII contra GES). Ambos le dijeron que parte del cobro que les estaba cursando el Servicio de Impuestos Internos (SII) a GES tenían que ver con los servicios que le prestaron en 2009 para su fallida campaña senatorial por la V Región Costa. Le dijeron también que el SII los había fiscalizado, que les estaba cobrando esos impuestos y que él debía pagar, al menos, una parte de ellos. Según Isaac y Asunción, GES Consultores operó en dicha campaña como el intermediario de los proveedores, por lo que recibió facturas por los servicios prestados. A su vez, dicen, GES debía facturar dichos montos a la campaña, lo que habría disparado el gasto electoral de Lavín por sobre el límite legal de casi $600 millones. Pero GES Consultores no facturó de vuelta. Tampoco realizó sus declaraciones de impuestos ante el SII y el resto de la familia Lavín no cree que los cobros que el SII le está haciendo a GES Consultores tengan que ver con la campaña de 2009. -No tengo nada que ver en esto -retrucó Lavín cuando lo emplazaron-. Ustedes no trabajaron en mi campaña; sino para otras. La negativa del alcalde de Las Condes no le agradó a su hija. Asunción le recordó que la plata para los proveedores había pasado por su cuenta bancaria personal y que él mismo le había pedido que no fuera a declarar ante el SII cuando la llamaron a testificar en octubre de 2015, casi un año después de haberse iniciado una fiscalización sobre GES Consultores. También le recordó que su hermana, María Estela, había estado presente en la conversación, por lo que tenía testigos. Pero Lavín no estaba para discusiones. Les dijo que no quería ver los papeles, que para eso tenía un abogado, Cristóbal Bonacic, y que con él se debían entender. -Hagan lo que tengan que hacer -dijo Lavín, mientras golpeaba la mesa con uno de sus puños y se ponía de pie-. Hablen con Bonacic y demuéstrenle que esto es mío -lanzó antes de irse. Poco más de tres meses han pasado desde esa reunión. De acuerdo a tres fuentes distintas consultadas por Radio Bío Bío, Bonacic se reunió varias veces para tratar este tema con Asunción y otra de las hijas de Lavín (María Estela), y también con James Mery y Juan Alberto Givovich, el abogado y el contador, respectivamente, de Isaac y Asunción. Analizaron los posibles escenarios. Primero se habló de no pagar, pues creían que era difícil que el SII pudiera cobrar los impuestos. Después surgió la duda sobre dos facturas por $300 millones emitidas por GES Consultores a la empresa Wiesner S.A. Ambas estaban anuladas, por lo que no se habían cobrado ni tenían efectos tributarios, pero estaban ahí, incluidas en la liquidación. Y el nombre Wiesner generaba ruido. Se trataba de la fallida sociedad que había vendido tres predios en Machalí a Caval, en $6.500 millones. Algo olía mal. La liquidación, además, incluía una serie de otras multas que nada tenían que ver con el tema. Lavín no se haría cargo de nada. Isaac y Asunción le dijeron que tendrían que tomar acciones. Un querella, una denuncia. Pero no se quedarían así. En ese momento se dieron cuentas que estaban solos, aislados. La familia comenzaba a quebrarse. Cristóbal Bonacic es un abogado conocido en la plaza. Lleva los asuntos de Joaquín Lavín cuando éste lo requiere, y también participa en el caso SQM defendiendo al senador de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Pizarro. Bonacic fue contactado por La Radio para contrastar la información, pero al abogado negó todo. Dijo que no revisó la liquidación y que nunca hubo reuniones. Pero hay testimonios y documentos que lo desmienten. Radio Bío Bío conversó con varios miembros de la familia Lavín que reconstruyeron la cita en el café Starbucks y confirmaron el rol posterior de Bonacic. De hecho, este medio tuvo a la vista un mensaje de WhatsApp entre Lavín y su hija Asunción, en el que se coordina la reunión con Bonacic; y otro del propio abogado con Asunción, en el que le dice que suba a la oficina para concretar la cita. Los mensajes entre Asunción Lavín, Cristóbal Bonacic y Joaquín Lavín. La denuncia ante el SII Emiliano Arias apenas conocía a Isaac Givovich. Había visto su nombre en la prensa hace unos años, cuando el yerno de Lavín trabajaba en la municipalidad de Huechuraba y se enfrentó públicamente a la ex alcaldesa de esa comuna, Carolina Plaza, por supuestas faltas a la probidad dada la relación entre el municipio y la empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA). Aparte de eso, y de la relación familiar con Lavín, para Arias Givovich era un desconocido. Arias fue nombrado en mayo de 2016 como fiscal regional de O’Higgins y a mediados de septiembre de este año asumió el control del caso Caval y todas sus aristas. Fue entonces que el nombre de Isaac Givovich le apareció nuevamente. Poco tardó en hacer lo que no había hecho Sergio Moya, el fiscal que hasta la fecha tenía el caso en sus manos: anunciar la formalización del dueño de GES Consultores por la facilitación de factura falsa a Juan Díaz, otro de los implicados en el caso Caval (revisa acá la declaración de Givovich ante el SII por el caso Caval). El Ministerio Público cree que con dicha factura ambos se concertaron para extraer dinero de Wiesner, la quebrada sociedad que vendió los terrenos en Machalí. La misma factura, además, es la que aparece en la liquidación que Lavín no quiso leer en el Starbucks de Isidora Goyenechea. La formalización de Givovich caía justo en medio de la disputa con su suegro. Bonacic les habría dicho que la liquidación algo tenía que ver con Caval y el propio Lavín se había preocupado de mandar mensajes a través de otros miembros de la familia en esa misma línea. Por eso Isaac y Asunción sospecharon que, de alguna manera, había influenciado la formalización por el caso Caval. Y decidieron actuar. El 18 de septiembre pasado, en medio de las fiestas patrias, Givovich ingresó por internet una denuncia ante el SII. En ella mencionó a todos los que participaron en la campaña de 2009. Cristina Bitar y Lorena Espinosa, dice la denuncia, fueron quienes le entregaban el dinero para pagar a los proveedores. Joaquín Lavín León y Cathy Barriga, eran parte del personal pagado de la campaña a su cargo. Pero el principal acusado era su suegro. Según Givovich, Lavín Infante le instruyó “ocultar” la información de la campaña de 2009 y que, de no hacerlo, se le vincularía a “otro caso de connotación pública” por el cual se le “imputarían multas”. Givovich se refería al caso Caval. Esas advertencias, agregó, las recibió a través de su esposa, Asunción Lavín, y otras personas. “He recibido instrucciones precisas del señor Lavín Infante de ocultar constantemente esta situación”, dice el documento que presentó Givovich ante el SII. “Se me avisa que si hago esta denuncia se me vincularía a otro caso de conmoción pública y se me imputarían multas por parte de este servicio (SII) a causa de ese caso (Caval)” (revisa acá la denuncia completa ante el SII). La advertencia que le habían hecho a Lavín sobre la denuncia se había concretado. La familia ya estaba quebrada. Isaac Givovich y Asunción Lavín En el Ministerio Público, en todo caso, descartan cualquier vinculación entre ambos casos. Hay escuchas telefónicas entre Isaac Givovich y Juan Díaz, el otro implicado en el caso Caval, que dan cuenta de la facilitación de la factura, dice una fuente vinculada a la investigación. Esa es la pieza clave de la fiscalía y la verdadera razón de su formalización (revisa acá la transcripción de la escucha telefónica entre Isaac Givovich [voz masculina] y Juan Díaz [voz masculina 1]). Pero en el expediente del caso Caval falta algo. Algo que la defensa de Givovich, encabezada por el abogado Alfredo Morgado, también cree que es clave: la liquidación que Lavín no quiso leer en el Starbucks de Isidora Goyenechea. De acuerdo a diversos testimonios que pudo recopilar Radio Bío Bío y a la revisión de dicha liquidación con un abogado tributarista, los impuestos que el SII está cobrando a GES Consultores corresponden a los años comerciales 2011, 2012 y 2013. En otras palabras, el periodo no coincide con la campaña senatorial de Lavín de 2009 ni con las facturas que emitió GES Consultores en julio y octubre de 2014 a Wiesner S.A. Desde el entorno de Givovich, sin embargo, aseguran que en 2011 la imprenta Huerta & Contreras le facturó a GES Consultores $140 millones por los servicios que prestó para la campaña de Lavín en 2009. Alex Contreras, el representante legal de Huerta & Contreras, empresa que ha sido salpicada, como muchas otras imprentas del país, por casos de financiamiento irregular de la política, no estuvo disponible para corroborar la emisión de dicha factura en 2011. Es más, la otra parte de la familia Lavín asegura que la denuncia de Givovich no tiene nada que ver con la campaña senatorial de 2009 y es más bien un intento de tapar los efectos de su inminente formalización en el caso Caval. Bitar y sus instrucciones sobre platas de campaña Pudo ser en agosto u otro mes de 2009. Lorena Espinosa, quien durante años se ha desempeñado como la secretaria personal de Joaquín Lavín, no lo tenía claro cuando fue interrogada por la fiscalía. De lo que sí estaba segura era de que el dinero que había recibido venía de Ernesto Silva Bafalluy (fallecido en 2011), padre del diputado de la UDI del mismo nombre y rector, en ese entonces, de la Universidad del Desarrollo (UDD). “Ese año 2009, en algún momento, don Ernesto Silva Bafalluy, que puede ser en agosto, en mi oficina de la universidad, se acercó don Ernesto y me entrega un cheque a mi nombre y cruzado por $2.300.000. Lorena, me dijo, haga efectivo este cheque y manténgalo como caja chica para cosas que necesita Joaquín” (sic), declaró Espinosa el 29 de enero de 2015 en calidad de imputada ante los fiscales Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos. La trazabilidad del dinero que Ernesto Silva le entregó a Espinosa llevaba a una ruta directa hasta SQM, la empresa que Julio Ponce controla mediante las sociedades cascadas y que corrompió el financiamiento del sistema político de extremo a extremo. Cristina Bitar | Rodrigo Sáenz Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, emitió una boleta el 21 de julio de 2009 por $7.500.001 a SQM. La glosa de la boleta indica que prestó asesorías financieras a la empresa. Pero eso era falso y por ello el SII se querelló en contra de ambos. La boleta se trataba, más bien, del inicio del caso SQM y de parte del financiamiento de la campaña de Lavín. “Hice los tres cheques a nombre de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinosa”, dijo De la Cerda en su declaración del 13 de febrero de 2015, ante los fiscales. Por esa misma fecha, Bitar, quien se desempeñó como directora operacional y comunicacional de la campaña senatorial de Lavín, reconocería los aportes en una declaración ante el fiscal Carlos Gajardo. “Esos fondos tienen que haber sido para reembolsar gastos que yo había realizado para la campaña”, dijo Bitar. “Ignoro absolutamente los temas de financiamiento de la campaña de Joaquín Lavín. Esos temas los veía Ernesto Silva Bafalluy”, agregó. Bitar, en todo caso, también recibió dinero de SQM a través de Asesoría e Inversiones Lima, una sociedad en la que tenía el 99% y su padre, Lorenzo Bitar, el otro 1%. Lima recibió $185 millones de SQM, pero Bitar dijo a El Mercurio que tenía un contrato firmado con “Patricio Contesse (el ex gerente general de SQM) por un año completo, desde octubre de 2009 a octubre de 2010”. Sin embargo, Lima apareció en la lista de rectificaciones de SQM, lo que supone que los servicios nunca fueron prestados realmente. Un artículo de Ciper le atribuye, además, al menos un pago a uno de los integrantes de la red de boleteros de Pablo Longueria (UDI) y una rectificación de su propia empresa ante el SII por casi $50 millones. Este último dato implica que, eventualmente, también habría financiado la política sin una contraprestación de servicios que justificara el gasto. La arista Lavín del caso Penta/SQM y el eventual financiamiento ilegal de su campaña se diluyó. Parte importante de eso tuvo que ver con que Ernesto Silva Bafalluy había muerto en 2011, lo que dificultó seguir esa línea investigativa. Para Bitar también se cerró el caso y su afirmación de que nada sabía de las platas de la campaña de Lavín quedó como su último testimonio en la causa. Pero la denuncia de Givovich ante el SII dice que Bitar sí estaba al tanto del financiamiento y rendición de los gastos de la campaña. “No vamos a tener efectivo por lo cual tenemos que ver alguna facturación razonable a Lavín o la UDI de empresas no relacionadas (GES)”, dice un correo electrónico del 20 de octubre de 2009 que Bitar le envió a Espinosa y que ésta reenvió a Givovich. “Tal vez el mismo circo le puede facturar a Lavín, tu a la UDI o Marcelo Forni proveedores directo a la UDI” (sic). Correo entre Cristina Bitar, Lorena Espinosa e Isaac Givovich El correo de Bitar, socia de la empresa de comunicaciones y lobby Azerta, empresa de la que hace poco se retiró Gonzalo Cordero, actual estratega comunicacional de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, fue interpretado por Givovich como una instrucción directa a no facturar a la campaña de Lavín, pues el gasto legal electoral estaba al límite. Había, entonces, que facturar a empresas externas, ocultando dicho gasto. Pero Givovich tampoco hizo eso. De hecho, no hizo nada. No facturó a terceros ni declaró el gasto ante el SII. “En mi calidad de representante legal (de GES Consultores) me tocó convenir con diferentes proveedores formas de pago y compra de materiales, a la vez de manera sistemática debía rendir cuenta y pagar a estos proveedores”, dice la denuncia de Givovich ante el SII. “Los dineros recibidos fueron entregados por Cristina Bitar y Lorena Espinosa, los cuales fueron entregados en efectivo y mediante transferencias a mi cónyuge Asunción Lavín León y a mi persona”. Bitar no quiso hablar para este reportaje. Pero una fuente que estuvo vinculada a su trabajo en la campaña, asegura que las relaciones con Givovich estaban rotas y que, precisamente, el tenor del correo apunta a lo contrario. Es decir, que GES Consultores no se siguiera relacionando con la campaña. Como sea, cuando aparecieron las boletas de Espinosa y Bitar, Joaquín Lavín se defendió diciendo algo similar a lo que declaró su directora operacional y comunicacional de la campaña senatorial: “Con franqueza total, no tenía idea, desconozco esta situación”. Aunque sí reconoció una cierta responsabilidad moral en los hechos. “Quiero ser muy claro y estoy seguro que las personas que trabajaron en mi campaña, la campaña de hace cinco años atrás, en 2009, lo que hayan hecho bien o mal lo hicieron por mí, por ayudarme, y por eso me siento igual moralmente responsable y espero que esto se aclare lo antes posible”, dijo Lavín en en su programa de radio Agricultura. Givovich, en su denuncia, da a entender que no le cree. “Recibí instrucción a sabiendas del señor Lavín Infante de que no facturara a su persona, y a la vez se me indica que facture a un partido político UDI o a empresas relacionadas, lo cual no acepté debido a que era un delito”, dijo el dueño de GES Consultores, destapando con ello una disputa familiar y de financiamiento de la política que, hasta ahora, estaba oculta. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/10/10/la-denuncia-que-dividio-a-la-familia-de-joaquin-lavin.shtml
  3. 01 Octubre 2017 Julio Ponce regresa a los orígenes de SQM Ex trabajadores de SQM se querellaron hace un año contra Julio Ponce y su hermano Eugenio por estafa y apropiación indebida, a quienes acusan de haberse hecho del control de la minera de modo ilegítimo a fines de los años 80. Julio Ponce declaró como imputado en mayo en la Fiscalía Centro Norte. En 99 minutos, negó haber estado involucrado en la compra de acciones a los ex empleados de la firma. Lo mismo hizo en abril su hermano. Hace 30 años exactos, en septiembre de 1987, Julio Ponce Lerou asumió por segunda vez la presidencia de SQM. Desde esa fecha, y durante las siguientes tres décadas, su vida ha estado vinculada a la minera no metálica que ya no preside, pero que controla con el 32% de las acciones. A sus 72 años, es el principal accionista de una compañía que tiene una capitalización bursátil que supera los US$ 14 mil millones. Cómo Julio Ponce se hizo accionista y dueño de la empresa sigue ocasionando controversia. Decenas de ex trabajadores se querellaron en octubre de 2016 contra Julio Ponce y su hermano Luis Eugenio, hoy presidente de SQM. Los acusan de estafa y apropiación indebida, un delito que, indican, tiene el carácter de continuado, tesis que fue acogida por ahora por los tribunales. La investigación es desarrollada por la Fiscalía Centro Norte y dirigida por Jaime Retamal, fiscal de Alta Complejidad. Fue el propio Retamal quien tomó declaración a Julio Ponce el 24 de mayo, durante 99 minutos, en la misma fiscalía. Un mes antes, el 7 de abril, Eugenio Ponce había testificado una hora y 40 minutos. Los dos hermanos Ponce, ambos como imputados, repitieron una y otra vez en sus declaraciones que no recordaban los hechos y que no estuvieron enterados de los detalles de la privatización, el traspaso de acciones a los trabajadores y la compraventa final de las acciones que los empleados de SQM acumularon en Pampa Calichera, el ve- hículo de inversión creado en 1986 para participar en la propiedad de la empresa minera no metálica. En los interrogatorios, los dos hermanos Ponce fueron acompañados por el abogado Marcelo Torres Duffau. La acción legal de los ex trabajadores, encabezados por Hugo Herrera Mafett, ex presidente del sindicato número 5 de Pedro de Valdivia, es patrocinada por los abogados Daniel Ibáñez, Luis Carmona y Werner Kandora. Hugo Herrera dejó SQM en 1990. El fiscal Retamal también interrogó a uno de los principales sostenes de la acusación de los ex trabajadores, el ex gerente general de SQM entre 1982 y 1988, Eduardo Bobenrieth (ver nota secundaria). “Las cascadas no nacen como cascadas” Julio Ponce comenzó su declaración del 24 de mayo haciendo una breve descripción autobiográfica. Dijo: “Soy ingeniero forestal de la Universidad de Chile; mi primer trabajo fue en el departamento forestal de Inforsa, desde 1969 hasta el año 1971, aproximadamente. Luego estuve dos años en la Papelera, en Nacimiento; luego en Concepción, esto es en la CMPC, hasta el año 1972. Luego me fui a Panamá como gerente de un aserradero en ese país”. El entonces yerno de Augusto Pinochet volvió a Chile en julio de 1974 y asumió la dirección de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, hasta 1981, cuando pasó a la gerencia de empresas de Corfo y, en paralelo, la presidencia de la Compañía de Teléfonos de Chile (CTC) y la azucarera Iansa; la vicepresidencia de Endesa, y el directorio de Enap y Enami. “En 1981, Soquimich estaba por cerrarse, porque estaba quebrada, en mala situación financiera. Entré de presidente del directorio para tratar de salvar la empresa, cosa que sucedió”, afirmó Julio Ponce. “La situación financiera de Soquimich entre 1981 y 1983 mejoró bastante; el hecho de que hubiera inversionistas daba cuenta de que la situación de la empresa era mejor”. El ingeniero dejó Soquimich en 1983 -“dedicándome a la actividad ganadera en el sur de Chile, en la zona de Osorno”- y volvió al directorio en 1987, propuesto por algunos accionistas. “Además, estaban como directores Sergio Melnick, Mendoza, un coronel de Ejército y no recuerdo el resto”, agregó en su declaración al fiscal. Documentos oficiales de SQM sitúan el inicio de la segunda presidencia de Julio Ponce en septiembre de 1987. Julio Ponce relató a continuación su ingreso como accionista a las sociedades dueñas de SQM. Todo lo ubica temporalmente tras el fin del régimen militar. “En el año 1990 o 1991, una sociedad relacionada conmigo, SQ Holding, entra a la propiedad indirecta de Soquimich al hacerse cargo del activo y pasivo de la sociedad Norte Grande, con 40% aproximadamente. Hubo una empresa israelita que hizo una oferta de compra del 51% de las acciones de Soquimich”, manifestó. Los trabajadores de SQM recibieron acciones de la empresa tras la negociación del convenio colectivo de 1985, como pago por sus gratificaciones de los años siguientes. El 25 de noviembre de 1986 formaron la sociedad de inversiones Pampa Calichera. A esa sociedad incorporaron sus acciones de SQM, las que equivalían a fines de ese año al 4,2% de la empresa. Los trabajadores dicen que ejecutivos de la empresa organizaron y ofrecieron un programa denominado Plan Cachucho 7: los trabajadores aportaban sus acciones de SQM a Calichera y esta sociedad, con ese capital, se endeudaba con la banca para adquirir más títulos de SQM. En enero de 1987, Calichera logró esos préstamos y adquirió a Corfo más acciones: así llegó a 12,27% de SQM. Calichera sumaba en esa fecha casi 4.500 accionistas, todos empleados de SQM. En 1990, Calichera ya tenía el 19,9% de la empresa y era su mayor accionista. Quien controlara Calichera tenía influencia relevante en SQM. Al cierre de 1990, el mayor accionista de Calichera era Oro Blanco. Dijo Julio Ponce al fiscal Jaime Retamal: “Entre 1987 y 1988 se creó otra sociedad con los ejecutivos de Soquimich que se denominó Oro Blanco, que tenía como objeto participar en la propiedad de Calichera. De ahí nacen las cascadas. No nacen como cascadas, tienen un nacimiento distinto, en el tiempo se juntan. Yo no participé en el directorio de las cascadas hasta el año 2001, en que asumo como presidente del directorio de Calichera, Oro Blanco y Norte Grande”. 21 preguntas El fiscal Jaime Retamal hizo 21 preguntas a Julio Ponce. En la gran mayoría de ellas recibió como respuesta un “no recuerdo”, “nunca supe” o “nunca tuve conocimiento”. Ponce se desligó por completo del proceso de privatización y de la incorporación de trabajadores a la propiedad de SQM. También declaró desconocer documentos ligados a todo ese proceso: un convenio colectivo de SQM y sus sindicatos; un reglamento del fondo de indemnización por retiro, y el Plan Cachucho 7. Ponce argumentó que estuvo fuera de SQM durante cuatro años y que no ocupó cargos en ese período ni en la minera ni en Pampa Calichera. “Yo no estaba en esa época en Soquimich”, indicó. “Nunca supe quiénes se encontraban en la compañía entre 1983 y 1987, yo me recuerdo que el gerente general no era Patricio Contesse González, sino que era Eduardo Bobenrieth”, declaró. La misma negativa pronunció sobre el ingreso de los trabajadores de SQM a la propiedad de la compañía. “No recuerdo que haya existido un convenio colectivo con los trabajadores de Soquimich en que se pagaran gratificaciones con cargo de acciones de SQM S.A. Yo me encontraba dedicado a otras labores”. Los trabajadores acusaron en su querella que SQM financió de modo ilícito a Calichera para adquirir nuevas acciones. Otra vez, Ponce lo negó: “No recuerdo que en sesiones de directorio en 1987 se haya tratado el otorgamiento de un crédito de enlace de Soquimich a Pampa Calichera. Recuerdo que la situación de Soquimich no era ni buena ni mala, no me recuerdo si tenía utilidades, pero si las había, eran bajas”. Tampoco, dijo, tuvo vínculo con la creación de Calichera, en 1986. “Yo no conocía a los accionistas que dieron origen a esta sociedad”, dijo en alusión a los cinco socios originales que más tarde se transformaron en más de 4.000. “Yo creo que tuve vínculo indirecto en la propiedad de Pampa Calichera posterior a 1991”, señaló. Cuando fue creada, Calichera tenía fecha de disolución: se acabaría una vez que los créditos a la banca fuesen cancelados. En 1988, aquello cambió y se estableció su duración indefinida. “Yo no participaba de Pampa Calichera en 1988, de tal forma que no tuve conocimiento de cambio de estatutos. Yo no participaba ni directa ni indirectamente”. Tampoco tuvo luces sobre otros acuerdos con los trabajadores. “El tema del convenio colectivo lo ve el gerente general, y si se trató en reunión de directorio debiera estar en las actas”, respondió sobre un contrato colectivo de 1987. El fiscal consultó luego por una serie de aseveraciones que Eduardo Bobenrieth hizo cuando declaró el 17 de mayo, pocos días antes que Ponce. Bobenrieth acusó que Ponce comenzó a comprar acciones de Calichera a un tercio de su valor, cambiando reglas de SQM; que el que compró era la sociedad Norte Grande y que, en 1990, cuando él intentó tomar el control de Calichera para un inversionista extranjero, Eugenio Ponce viajó a la Pampa a detener su ofensiva (ver nota secundaria). “Yo no tenía posibilidad de cambiar la fórmula de pago de las acciones de los trabajadores, ya que yo no participaba en Pampa Calichera. Creo que no es efectivo que a través de Norte Grande haya comprado acciones de Pampa Calichera a un 30% de su valor”, dijo. A la siguiente pregunta, corrigió a Bobenrieth: “Yo no era ni ejecutivo ni accionista de Norte Grande y tengo la impresión de que quien tenía acciones de Pampa Calichera era Oro Blanco”, afirmó. Efectivamente, en 1990 el controlador de Calichera era Oro Blanco y no Norte Grande. También Ponce apuntó a la fracasada toma de control que lideró Bobenrieth: “Hubo un comentario de que Eduardo Bobenrieth intentó comprar acciones de Pampa Calichera pertenecientes a los trabajadores del Sindicato N° 5 Pedro de Valdivia. No me recuerdo que mi hermano Eugenio Ponce haya ido a la ciudad de Tocopilla para realizar traspasos de acciones de los trabajadores de María Elena”, dijo. En 2002, sin embargo, en una de sus escasas entrevistas, Julio Ponce habló con más certezas sobre la lucha con Bobenrieth. Manifestó a El Mercurio: “Nunca ha sido mi idea vender el control de Soquimich, aunque en los 15 años en que he sido accionista he tenido tres intentos hostiles de toma de control. El más claro de todos fue Haifa Chemical, el gran competidor, liderado por el ex gerente general Eduardo Bobenrieth, que intentó tomarse Calichera”. Para detenerlo, dijo, “se les ofreció a los trabajadores, la mayoría accionistas de Calichera, títulos de Oro Blanco. Así se generó la cadena de sociedades de inversión”. El presidente de SQM Eugenio Ponce, hoy presidente de SQM, igual que su hermano, dijo no recordar muchas cosas y comenzó también con un relato biográfico. “Estudié Ingeniería Mecánica, comencé mi carrera en la construcción, trabajé seis años en construcción industrial, en Vial y Vives; posteriormente, a principios de 1981, me fui a trabajar a Soquimich”, dijo. Desde esa fecha se ha desempeñado en la misma empresa. Eugenio Ponce recalcó al fiscal que llegó contratado por Patricio Contesse. “Dediqué todos mis esfuerzos y juventud a tratar de cambiar el destino de Soquimich, empresa que estaba cerrando. Ya se había cerrado una planta cerca de Iquique y ya se pensaba cerrar María Elena, estaba listo el dictamen para cerrarla”. Eugenio Ponce sí recuerda haber participado como accionista en SQM y de Calichera. “Recibí acciones, como todo trabajador, pero no participé en ninguna negociación ni ningún convenio colectivo, ya que no era mi responsabilidad dentro de SQM”. Ponce entró como gerente de ventas y toda su carrera estuvo ligada al área comercial, hasta que en abril de 2016 llegó al directorio y dejó de ser empleado de la minera. En mayo se convirtió en presidente de SQM. “Yo no recuerdo este tema, ya que yo era gerente comercial. El que estaba a cargo de este tema era el gerente general y la gente de recursos humanos”. Eugenio Ponce también niega haber participado en el plan de compra de nuevos títulos denominado Cachucho 7. “Yo no participé en esto ni tampoco lo ideé, por consiguiente, no induje a nadie a aportar sus acciones”, dijo. “La decisión de repartir las gratificaciones mediante acciones fue una decisión de la empresa”, apuntó luego, antes de explicar el origen de Calichera: “Posteriormente, los trabajadores, incluyendo a los ejecutivos, supervisores, plantearon que Corfo seguía vendiendo acciones y seguía privatizando la compañía y sugirieron crear una sociedad llamada Pampa Calichera, donde nos dijeron a todos los trabajadores que aportáramos todas las acciones que teníamos en SQM que fueron entregadas el año 1985, para que con ese aporte se pudieran obtener créditos para la compra de acciones SQM. Por eso se creó Pampa Calichera”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/julio-ponce-regresa-los-origenes-sqm/
  4. 11 Mayo 2017 Revelan las millonarias inversiones que habría tenido el PS en SQM y Pampa Calichera Reportaje indicó que "el partido tiene intereses en sectores estratégicos". Otras de las empresas involucradas serían eléctricas, sanitarias, autopistas y Cajas de Compensación. Millonarias inversiones en empresas como Soquimich, Pampa Calichera, Autopista del Sol, Vespucio Norte, entre otras, habría tenido el Partido Socialista durante los últimos 13 años. Así lo reveló un reportaje de Ahora Noticias, de Mega, donde se señala que “el partido tiene intereses en sectores estratégicos”. Otras de las empresas involucradas serían eléctricas, sanitarias, autopistas y cajas de compensación. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/revelan-las-millonarias-inversiones-habria-tenido-ps-sqm-pampa-calichera/
  5. 02 Diciembre 2016 SQM: Empresario asegura que sobrino de Jaime Guzmán gestionó pagos para empresa de ex asesor de ME-O Sin embargo, afirma que los $130 millones depositados en cuenta Cepe S.A. en agosto 2014, eran para una campaña ambiental. El 6 de octubre pasado, la Brigada de Delitos Funcionarios, tomó declaración al empresario Bernardo Ossandón Larraín, a raíz de un depósito de $130 millones realizado por su inmobiliaria El Peñón S.A. a una de las empresas del ex asesor de MEO, Cristián Warner, investigadas en el caso SQM. Según la versión entregada por el empresario ante la policía, la donación fue gestionada por Juan Pablo Moreno, periodista, sobrino de Jaime Guzmán, ex asesor del Consejo para la Transparencia. “Recuerdo que en el primer semestre del año 2014, en alguna reunión social, Juan Pablo Moreno, me comentó la noticia de que una empresa de nombre Agrícola Brinzal, se dedicaban a la tala de bosques nativos en Chiloé”, dijo Ossandón. Agregó que tiempo después, “Juan Pablo le comentó acerca de de que unos conocidos suyos, querían iniciar una campaña para crear consciencia. “le manifesté mi intención de cooperar económicamente”, señaló. Según detalló, la campaña consistía en la ceración de una plataforma web, y avisos publicitarios en distintos medios digitales. “Hablé con Juan Pablo Moreno y le dije que me enviará la factura para proceder a pagar la campaña, documento que recibí en el mes de agosto 2014. Por lo que recuerdo me la enviaron a mi oficina en el mes de agosto, no sé quien lo habrá entregado, ya que se lo entregaron a mi secretaria (…) Juan Pablo me envió los datos de la cuenta corriente de Cepe S.A. (la empresa de Warner). Al respecto quiero precisar que cuando recibí la factura de la empresa Cepe S.A. no tenía conocimiento de quienes eran los dueños y tampoco el rol de Cristián Warner en los medios públicos o privados”, dijo el empresario. Según conocedores de la indagatoria, Moreno prestó declaración respecto a este tema hace algunas semanas, también en calidad de testigo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/sqm-empresario-asegura-sobrino-jaime-guzman-gestiono-pagos-empresa-ex-asesor-meo/
  6. 02 Diciembre 2016 Rol de algunos de ellos en investigación del Caso Cascadas despertó curiosidades Los "guatones" de la DC y el vínculo embrional con SQM que revelan las carpetas de la investigación del Ministerio Público Roberto León, Gabriel Silber, Marcelo Rozas, Jorge Pizarro y Carlos Tudela son todos del sector que lidera Gutenberg Martínez. Tienen, directa o indirectamente, vínculos con la minera que aún controla Julio Ponce Lerou. Los dos primeros –junto a los diputados Ricardo Rincón y Fuad Chahin– impulsaron la comisión investigadora del Caso Cascadas, donde focalizaron su acción contra Piñera y la investigación de la SVS que sancionó al ex yerno de Augusto Pinochet. Boletas de hijos, parejas, rectificaciones ante el SII y un abordaje acotado de la Comisión de Ética de la Cámara, figuran entre los hechos que incomodan al partido que preside Carolina Goic. “León es uno de los que ha insistido”, comentaba un reconocido diputado DC a fines de 2013, en los meses previos a que se presentara en la Sala de la Cámara Baja el proyecto para constituir la comisión investigadora a propósito del escándalo que había estallado en septiembre del señalado año, cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra el controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, y su círculo cercano, por operaciones en bolsa que les habrían generado ganancias personales a ellos y perjuicios a los minoritarios de las sociedades que conforman la cadena de control de la minera no metálica. Era León el más insistente y Jorge Burgos, diputado entonces, quien influía en la bancada DC para sopesar con más tiempo la decisión de involucrarse directamente en el caso. Las revelaciones posteriores de boletas por servicios no justificados a SQM que involucraban al hijo homónimo de Roberto León, Roberto León Araya (formalizado por delitos tributarios el 31 de agosto pasado), abrieron las primeras sospechas sobre los vínculos existentes entre distintos personeros DC con Ponce y, en particular, refrendados por el activo rol que tuvieron algunos parlamentarios de ese partido en la comisión investigadora. Esa comisión apuntaba –más que al rol de Ponce en el escándalo y sus vínculos políticos– a la influencia que pudo tener Sebastián Piñera (en ese momento Presidente de la República) en la investigación de la SVS y, de manera puntual, por la venta que hizo de sus acciones de las Cascada en 2008, justamente a Ponce y que no fueron parte de las operaciones cuestionadas por la entidad fiscalizadora. A León se suma el diputado Gabriel Silber, también guatón, y Ricardo Rincón, que, sin pertenecer a ese sector, siguió la misma línea de conducta. A este grupo se suman los vínculos con SQM del ex embajador Marcelo Rozas –asesor por más de dos décadas de dicha compañía–, el lobbista Carlos Tudela y las asesorías verbales de los hijos del ex presidente de la DC, Jorge Pizarro –también 'guatón'– a la misma empresa. La investigación que ha venido realizando el Ministerio Público por el financiamiento de la política realizado por SQM ha puesto en incómoda posición a distintos personeros de ese partido, en particular a León y otro ‘guatón’, Pizarro, cuyos hijos emitieron boletas desde una sociedad formada por ellos, Ventus, por asesorías “verbales”. De hecho, el caso terminó provocando en mayo de 2015 el anuncio del hijo del senador de la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro Cristi, de renunciar a la vicepresidencia ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras de Chile, rol que había asumido en marzo de 2014. León ante la Comisión de Ética Pero es quizás León el más cuestionado por su vínculo con SQM, debido principalmente a su rol inicial en la comisión investigadora y por las boletas, por un total de $ 157 millones, que su hijo emitió entre 2009 y 2014 a la compañía a cambio de servicios entregados indirectamente y en forma verbal a través de otro ‘guatón’, el ex embajador y antiguo operador político de su partido, Marcelo Rozas. En medio de estos cuestionamientos, el propio León concurrió en forma voluntaria ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, donde pidió revisar su caso y comprometió la entrega de todos los antecedentes, incluidas las boletas de su hijo ante SQM. León pidió por escrito a dicha instancia, en marzo de 2015, que revisaran su caso, apuntando a la necesidad de revertir la sensación mediática de que su actuación en la Comisión Cascada estaría ligada a los trabajos de su hijo a la minera no metálica. Asegurando que buscaba aclarar las cosas y que no tenía nada que ocultar, León se presentó ante la comisión que integran otros parlamentarios, recibiendo los cuestionamientos de legisladores respecto de si correspondía acudir a dicha instancia. En ella León se quejó del trato que ha recibido de los medios, dijo sentirse acusado y ofreció entregar boletas de su hijo y toda la información de su rol en la comisión investigadora. Sin embargo, la comisión abordó una vez el caso y acordó recibir los antecedentes de León para luego analizarlos. Dichos antecedentes de la primera sesión de dicho comité de Ética fueron entregados al Ministerio Público y adjuntados a la carpeta de investigación en junio de 2016, casi un año después de haber sido visto el caso en la comisión que preside el RN Germán Verdugo. Según revela el acta de la sesión en que acudió a plantear su caso León, este entregó una versión inicial y los integrantes le solicitaron tiempo para analizar el caso. El Ministerio Público le pidió al comité que entregara los antecedentes y estos develan las advertencias éticas a que se exponía León ante dicha instancia. En su parte final, el acta indica que si León no había informado ante la comisión investigadora del Caso Cascadas sobre los vínculos de su hijo con la empresa, sería cuestionable. “Frente a una consulta de procedimiento, la Secretaría propone esperar cómo se desarrollen los hechos antes de efectuar un pronunciamiento. Se estima, a su parecer técnico, que hay dos cuestiones que la comisión debe dilucidar; la primera es saber qué relación tiene con los hechos investigados por la comisión del caso Cascada un oficio solicitado por el diputado León antes de su creación y constitución, y lo segundo, determinar si el diputado León sabía que su hijo estaba contratado por Soquimich y si tal relación se hizo o no presente durante su participación en esa instancia, pues si sabía podría estar afecto a un conflicto de intereses que debía hacerse público”. Justamente, como el propio Rincón y Silber han dicho ante la Fiscalía, León no advirtió de los vínculos de su hijo, aunque –según fuentes cercanas al parlamentario– tiene total convicción de que carecía de impedimento para hacer las gestiones que realizó ante la SVS. Los cuestionamientos a su intervención en el caso se amplían al revisar la resolución de la propia Comisión de Ética un mes después que León pidiera que vieran su caso, pero a propósito de una solicitud de los diputados Nicolás Monckeberg y Alejandro Santana, ambos del partido de Piñera, Renovación Nacional (RN), e integrantes de la comisión investigadora del Caso Cascadas, pues se acercaba la fecha en que debían votar el informe final. El 7 de abril de 2015 la Comisión de Ética emitió una resolución, recordando los condicionantes éticos que debe tomar cada parlamentario al actuar. En el punto 15 dicha resolución recuerda que las letras b) e i) del número 1 del artículo 346 del Reglamento de la Corporación “obliga a los diputados a abstenerse de participar, directa o indirectamente, en cualquier proceso decisorio que favorezca sus intereses o los de su cónyuge y parientes que indica”. León no votó en la comisión, solo asistió tres veces, pero, además de su asistencia, los oficios enviados a la SVS abrieron la primera parte de la actuación de parlamentarios oficialistas ante la superintendencia, a la que cuestionaron en sus conclusiones de la investigación del caso. Sin embargo, hasta ahora dicho comité detuvo la vista del caso planteado por el propio León. Según explica el presidente de la comisión, el RN Germán Verdugo, desde hace tiempo que el comité de Ética decidió no abordar casos mientras los tribunales no zanjen las causas. “Si no hay ningún tipo de infracción penal, mal podríamos sancionar éticamente”, dice Verdugo, advirtiendo que la suspensión de la vista del caso viene de una norma de carácter general de la Corporación y que hace ya un tiempo la comisión decidió esperar resultados de las resoluciones de los tribunales. La información es confirmada por fuentes de dicha comisión, las que aluden a casos ocurridos en el pasado –como la disputa entre Andrónico Luksic y Gaspar Rivas–, en que se optó por postergar la vista de las causas éticas a la espera de fallos de la justicia, y la premisa se volvió a aplicar a León. Eso sí, las fuentes advierten que la censura ética a León podría ser una alternativa cierta en caso de que se confirme que no advirtió a sus pares de la comisión investigadora acerca de las labores de su hijo para SQM. De acuerdo a cercanos a León, es contradictorio que, si tiene conflictos de interés, acuda voluntariamente a la Comisión de Ética para que vean su caso. Sin embargo, hay antecedentes que lo complican. Conoce a Patricio Contesse, ex gerente general de SQM y factótum de Julio Ponce y a quien incluso le ayudó con terrenos en Curicó. En las pocas ocasiones en que ha hablado del tema, León ha alabado personalmente a Contesse y reconocido gestiones ante organismos públicos en su favor. No obstante, se defiende afirmando que no le interesa Julio Ponce, que no lo conoce y que no fue un operador en favor del empresario en la comisión investigadora . Según la información recogida por Ciper, el 17 de octubre de 2013, pocos días después que se conocieran las formulaciones de cargos de la SVS a Ponce y su círculo cercano, incluyendo al hijo de Contesse, León se reúne con este y luego (a comienzos de noviembre) envía los oficios a la superintendencia e insiste en ellos hasta después de iniciada la comisión. León, como confirma un parlamentario de su partido, era uno de los más interesados en que esta se formara a fines de 2013, cuando el caso ardía, pero Jorge Burgos ponía paños fríos. Luego Rincón explicaría ante la Fiscalía el por qué del retraso en la DC para solicitar la comisión: “(…) Se estimó en la bancada que durante el año 2013 en pleno Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no era conveniente formar la comisión, considerando que la SVS, al ser una Superintendencia dependiente del Presidente de la República, no nos daba la seguridad de permitirnos acceder a toda la información. En cambio, con el cambio de Gobierno, se daban mejores condiciones para requerir la constitución de la comisión. Por esto, en el año 2014 se optó por requerir la formación de la comisión”. En el anuncio de la solicitud de creación de dicha instancia participaron entonces no solo el que la presidiría, el también DC Fuad Chahin, sino asimismo Rincón, Silber y el propio diputado León. León alega inocencia y advierte que no participó como integrante de la comisión más que tres veces y que en el pasado votó en contra de un articulado que favorecía a SQM en cuanto a la invariabilidad tributaria. El mismo Rincón ratifica ante el Ministerio Público la versión, pero asegurando que sí le habría llamado la atención que se integrara a dicha instancia, pues no era un típico parlamentario “fiscalizador”. En la misma declaración, Rincón confirma ante los fiscales, al igual que Silber, que León no informó ante la bancada ni la comisión investigadora que su hijo tenía boletas emitidas a SQM. “En esa época no creo haber sabido”, declaró a los persecutores. Sin embargo, Rincón también ha sido cuestionado por su rol en dicha comisión: fue por lejos el más interesado en verificar el rol de Piñera y, en particular, en cuestionar al titular de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez, coincidiendo con el relato de Ponce y del abogado de Roberto Guzmán (socio, abogado y cercano a Ponce Lerou), Gabriel Zaliasnik, que fue el único abogado parte de la causa de la SVS que acudió a la comisión investigadora. Rincón, que niega haber recibido –él o sus cercanos y/o familiares– pagos de SQM, sí revela que también se reunió con Contesse en 2012, a propósito de algún resquemor de la empresa con su hermana, entonces senadora, Ximena Rincón, que acaba de dejar el gabinete de Bachelet. La Fiscalía le pregunta si al 2013 conocía a Contesse o Ponce Lerou. “Los conocía desde las cenas de la minería, donde iban como muchas personas del sector. Agosto es el mes de la minería y todos los años en Casa Piedra se hace esta cena. En ese tipo de reuniones los vi. En otra oportunidad me invitó el Sr. Contesse a las oficinas de SQM, creo que en el año 2012, para conocer la opinión de mi hermana Ximena, quien se había opuesto a la licitación de litio. Contesse me manifestó su preocupación porque estimaba que mi hermana sentía animadversión por este proceso y yo le expliqué que eso no era real”, declaró Rincón. En esa misma declaración ante la Fiscalía, el 7 de septiembre pasado, Rincón dice que no sabía que León conocía a Contesse. El diputado integrante de la misma comisión investigadora y de RN, al igual que el referido presidente del comité de Ética, acudió a declarar al Ministerio Público el 1 de agosto pasado y allí entregó antecedentes adicionales respeto del rol de los parlamentarios DC en la comisión investigadora del caso Cascada, deslizando la extraña conducta que percibió en los parlamentarios oficialistas. En su relato ante el Ministerio Público el 1 de agosto de este año, afirma que en una sesión a él le correspondió presidirla y que en tal día pudo verificar las minutas de los parlamentarios y concluyó que había gran simetría entre las consultas de ellos, además de un nivel de conocimiento sorprendentemente acabado del caso. “En una de las sesiones me correspondió presidir la misma pues quien la presidía tuvo que salir. Al sentarme en su lugar, pude ver una minuta con preguntas que se la iban formulando a (Carlos) Pavez. Lo que me llamó la atención fue que la minuta contenía un conjunto de preguntas que luego iban siendo hechas por otros parlamentarios, de manera que pude concluir que era una misma minuta compartida por varios parlamentarios y que estaban actuando coordinadamente”, dijo Monckeberg en su declaración. Otros guatones Los vínculos entre legisladores DC vinculados a SQM proliferan y así lo ha revelado la investigación del Ministerio Público. En la declaración que da Carlos Tudela a la Fiscalía el 6 de septiembre pasado, este revela que fue asesor de Roberto León y Ricardo Rincón y que “inicialmente, antes de la ley de Lobby (aprobada a comienzos de marzo de 2014) se registró como persona natural para representar a dichos parlamentarios”. Tudela es también ‘guatón’ y a comienzos de los 80 tuvo un estudio jurídico con la ex senadora Soledad Alvear, casada con el líder del sector, Gutenberg Martínez. Asegura que su asesoría a estos parlamentarios era de análisis político en “distintas situaciones”, acompañamiento a comisiones y al trabajo distrital. Tudela es investigado por el Ministerio Público por boletas emitidas en 2013 a SQM Salar. En su declaración, Tudela entrega una llamativa explicación para sus asesorías a SQM. Nunca habló con Contesse ni con Ponce y su asesoría ‘verbal’ a la empresa se acordó con la secretaria del primero, Katherine Bischof, quien lo llamó para pedirle esta labor. Dice que no sabía que ella era solo secretaria, que se enteró después de haber entregado el servicio por cinco meses, que hablaban hasta 45 minutos por teléfono y por esa vía traspasaba su asesoría, que en lo fundamental apuntaba a la labor de la Comisión de Minería de la Cámara Baja. Y que fue la misma que terminó la relación laboral por igual vía. Incluso, asegura que Bischof no le comentó cómo llegó a él a pedirle ese trabajo. Y aunque aseguró que no eran habituales asesorías por teléfono y verbales, afirmó que elaboraron informes escritos de todas las asesorías, con posterioridad a la entrega del servicio y en especial cuando el SII les preguntó si tenían respaldo de los servicios prestados. Tudela, además, tuvo un pequeño rol en favor de otro DC –y ‘guaton’– cuyos hijos prestaron también servicios a SQM: Jorge Pizarro. El ex presidente de la DC, senador por la Región de Coquimbo, ha sido asimismo cuestionado, pues sus hijos emitieron boletas a SQM a través de la sociedad Ventus. Una de esas boletas fue cobrada por el hijo de Carlos Tudela, quien era además el que cobraba los cheques de las asesorías de Tudela y sus dos hijos por 3 millones brutos mensuales. Este dinero era cobrado por el hijo de Tudela y luego entregado en efectivo a su padre. Tudela es consultado por el episodio con los Pizarro en el Ministerio Público, a cuya familia conoce de larga data. “Es que nunca supe de la existencia de Ventus. Cuando me llama uno de los hijos de Pizarro, no recuerdo cuál fue, y me dijo: 'Tío, me puede retirar la factura'. Yo le dije a mi hijo Carlos que lo retiraba. Ahí me enteré (de asesorías de los hijos de Pizarro a SQM)”, afirmó. Tudela agrega que no preguntó de qué eran esos pagos, que no sabía de las asesorías de los Pizarro y que el cheque retirado por su hijo, él se lo entregó a Sebastián Pizarro, a quien tampoco le preguntó si asesoraba a SQM. Justamente los Pizarro amplían el espectro DC que ha participado de asesorías a SQM. Los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín formaron, a fines de 2009, la consultora Ventus, que tuvo corta duración, así como pocas asesorías y trabajos. Entre los principales servicios aparecen los prestados a SQM. En su declaración al Ministerio Público el 8 de agosto pasado, Sebastián relata el inicio de la sociedad y reconoce que a fines de 2010 se contacta con el amigo de su padre, Marcelo Rozas, respecto del cual sabía que era asesor de SQM, aunque siempre niega conocer de qué trataban dichas labores. Solo dice que le pidió ayudarlos a acercarse a SQM. Rozas le consigue una reunión con Contesse. Esto ocurre el 14 de abril de 2011. Acude junto a Francisco Villalón, quien participaría de las labores de Ventus, según fueran consiguiendo trabajos. Algo que finalmente no ocurrió, pues –como señala la querella del Servicio de Impuestos Internos contra los hermanos Pizarro Cristi del 6 de mayo de este año– Ventus emitió una sola boleta a una empresa distinta de SQM; es decir, casi no tuvo clientes, excepto la minera. Dice Pizarro que Contesse tuvo mucho interés en sus propuestas sobre manejo de crisis y responsabilidad social empresarial, y que a los pocos días fue llamado por Rozas, quien le confirmó el acuerdo para hacer asesorías, aunque con una fórmula llamativa: no haría asesorías escritas sino verbales, y no serían a SQM ni a Contesse sino a Rozas, quien usaría como insumo dicho servicio para el que él prestaba hace dos décadas a la compañía. La interrogación de Sebastián Pizarro Ante el fiscal, Sebastián Pizarro dice que no le llamó la atención esa forma de trabajo. Explica que los servicios comenzaron a prestarse a mediados de abril de 2011 y hasta mediados de 2012, pese a que el contrato establecía como fecha de término diciembre de 2013. Dicho contrato además no especificaba que las asesorías serían indirectas a través de Rozas, y Pizarro afirma que no preguntó nunca si ellas habían servido o llegado a SQM, puesto que le bastaba la palabra de Rozas. La Fiscalía le indaga, en el transcurso de su declaración, cómo es que el mismo 14 de abril, el día de la reunión con Contesse y pese a que él mismo dice que no acordaron nada y que Rozas solo lo llamó “días después” para confirmarle que se aprobó un contrato de asesorías, SQM emitió una orden de compra en favor de Ventus, que la factura de esta se recibió en SQM al día siguiente, el 15 de abril de 2011, y que incluso la copia de la factura N°1 de Ventus está fechada el 12 de abril de 2011. “Desconozco el procedimiento interno de SQM. Lo cierto es que nosotros emitimos la primera factura en abril cuando empezamos a prestar el servicio, y cuyo monto fue cobrado en el mes de mayo”. Inquieren acerca de si él hizo la factura y Pizarro contesta que sí. Luego le consultan por qué la factura N°1 está antedatada a la fecha de la reunión con Contesse. “Lo desconozco. Tengo que haberla antedatado o me debo haber equivocado en la fecha”, responde. Le preguntan por qué el 21 de abril aparece copia de vale vista para Ventus, apenas una semana después de la reunión con Contesse, y Pizarro repite el libreto: “Desconozco los procedimientos internos de SQM”. Sebastián emitía las boletas de Ventus a SQM, las retiraba y las depositaba en la cuenta de su empresa. También su hermano Benjamín emitió cuatro boletas por casi $ 14 millones a Ventus, pese a que no prestó servicios a SQM. Según Sebastián, su hermano los apoyó inicialmente en Ventus con diseño, imagen corporativa y pagina web, además de “apoyo administrativo”. Aunque Sebastián llevaba la empresa, no recuerda por qué su hermano solo emitió dos boletas. De las otras señaló que “habría que preguntarle al contador”. Además debió responder por la transferencia de $ 5 millones a su hermano Jorge, destinados a cubrir un viaje desde Estados Unidos a Chile, lo que fue rectificado al SII al confirmar que no tenía respaldo de esos gastos. Al final, Pizarro enfrenta el cuestionamiento de por qué dijo al SII, el 8 de abril de 2011, que la factura 14 no fue cobrada a SQM porque el trabajo “fue deficiente”. Ante el Ministerio Público dice que “me debo haber equivocado, porque en ese momento no tenía todos los antecedentes”, y que “sí le puedo confirmar que a esa altura el servicio era deficiente”. Lo cierto es que la factura sí fue cobrada. Pizarro alude en su declaración a Marcelo Rozas. El ex embajador llevaba más de dos décadas asesorando a SQM y pertenece igualmente al grupo de los ‘guatones’ de la DC. Rozas también fue formalizado por el Ministerio Público por las boletas emitidas por él a SQM ($ 523 millones entre 2009 y 2014), por su pareja Michelle Reymond ($ 155 millones) y por su hijo Daniel Rozas ($ 59 millones). Este último declaró ante el Ministerio Público que nunca elaboró informes escritos y que su asesoría a SQM era, al igual que lo hecho por Roberto León Araya y los hermanos Pizarro, en forma verbal. Daniel Rozas dijo ante el referido organismo que no sabía de otro dato que llamó la atención de la Fiscalía: que el contador de León Araya, Daniel Muñoz, también emitía las boletas de Rozas. En su declaración, Rozas Reymond desconoció cada uno de los informes escritos que figuran adjuntos a las boletas que emitió a la minera no metálica. Fuente: http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/12/02/los-guatones-de-la-dc-y-el-vinculo-embrional-con-sqm-que-revelan-las-carpetas-de-la-investigacion-del-ministerio-publico/
  7. 07 Julio 2016 Caso SQM: Extesorero del PPD blinda a Tohá en caso de platas que llegaron al partido Según publica El Mercurio, Matte Lira declaró en calidad de imputado en la causa el pasado 26 de mayo. “Las platas que SQM le pagó a Chile Ambiente por este contrato no eran para el PPD, lo que sí hacía Chile Ambiente era hacer donaciones al PPD. Si hubiesen sido para el PPD, yo le hubiera pedido una donación directa a SQM”, dijo ante la Fiscalía. “Carolina Tohá no supo que yo estaba haciendo gestiones con SQM para formalizar el aporte a Chile Ambiente y para que los pagos a Chile Ambiente salieran a tiempo”. Esa fue parte de la declaración ante la Fiscalía del extesorero del PPD, Luis Matte Lira, por el caso de los recursos que -por medio de Chile Ambiente- llegaron al partido provenientes de la minera no metálica cuando la alcaldesa de Santiago dirigía la colectividad. Según publica El Mercurio, Matte Lira declaró en calidad de imputado en la causa el pasado 26 de mayo. En el testimonio, contó que a fines de 2010 se le acercó el director de la ONG Chile Ambiente, Patricio Rodrigo, para contarle que los recursos de la fundación habían bajado. “Yo le dije que hablara en SQM con Patricio Contesse; pues para esta gente, los temas ambientales son sensibles”, dijo a los fiscales, apunta El Mercurio. “En concreto, le pedí a Contesse que diera luz verde a que se materializara el aporte a Chile Ambiente; él accedió”, reveló Matte. Según la versión del extesorero “las platas que SQM le pagó a Chile Ambiente por este contrato no eran para el PPD, lo que sí hacía Chile Ambiente era hacer donaciones al PPD. Si hubiesen sido para el PPD, yo le hubiera pedido una donación directa a SQM”. En la declaración, además se refirió a una visita a la planta de SQM, instancia a la que acudieron Tohá y el senador Ricardo Lagos Weber “Esta reunión no fue lobby , fue cultura, él explicaba y nosotros preguntábamos. Era mucho más complicado que Contesse fuera al partido que nosotros fuéramos a SQM”, afirmó. La versión de Matte Lira coincide con lo expuesto por Carolina Tohá cuando el caso salió a la luz, pues desde un principio la jefa comunal de Santiago aseguró que no estaba al tanto de dónde provenían los recursos. En una entrevista con ADN Radio dijo en esa oportunidad que Matte “actuó y buscó formas de financiar el partido, lo hizo en el ámbito de sus competencias, pero no diría que lo hizo escondido, tratando de engañar a la directiva, en lo más mínimo, lo hizo dentro del ámbito de sus competencias”. “Me siento tranquila porque no he tenido participación en temas fuera de la ley, pero en lo político tengo una responsabilidad”, aseveró en la misma conversación radial. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/07/extesorero-del-ppd-blinda-a-toha-en-caso-de-platas-pedidas-a-sqm/ ____________________ Para aquellos usuarios que quieran ver la historia http://foros.fotech.cl/topic/289754-toha-ppd-sqm-financiamiento-ilegal-de-la-politica-el-ppd-es-una-bolsa-de-gatos/page-2?hl=%2Bchile+%2Bambiente&do=findComment&comment=20789594
  8. 16 Octubre 2016 Fiscalía: $268 millones costó indagar principales casos de corrupción El Ministerio Público contabilizó valores de viáticos, movilización y remuneraciones en las causas basura, SQM, Penta y Caval. Abogados y expertos advierten que la inversión no garantiza resultados y que se debiera apuntar a mejorar efectividad. Facturas falsas, delitos tributarios, cohecho, soborno, malversación y hasta negociación incompatible. Estos son algunos de los delitos que el Ministerio Público ha invocado para la apertura de investigaciones en el último tiempo. Se ha sabido de diligencias, toma de declaraciones y, también, de formalizaciones. Sin embargo, surge una interrogante: ¿Cuánto dinero le ha costado a la fiscalía investigar estos casos? Es por ello que La Tercera solicitó a la Fiscalía Nacional, a través de la Ley de Transparencia, revelar cuánto dinero se ha destinado a la persecución de los ilícitos en los casos más bullados de posible corrupción. Se solicitaron los costos del caso basura, donde se indagan eventuales negocios irregulares entre una empresa dedicada a la recolección de desechos y municipios del sector occidente de la Región Metropolitana; Penta, causa destinada a establecer delitos tributarios asociados al financiamiento de la política; el caso SQM, donde también se persiguen delitos relacionados al financiamiento a la política y el supuesto cohecho de un privado a parlamentarios, y Caval, donde se investiga el proceso de compra y venta de terrenos de la empresa donde es socia Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, en Machalí. Para determinar el costo de cada uno de estos casos, se consideraron remuneraciones a fiscales y a abogados asistentes, viáticos, traslados y arriendo de inmuebles (ver infografía). En total, según las cifras de la Fiscalía Nacional, se han destinado $ 268.747.741 para estos casos. SQM: la causa más cara En el desglose de los valores, la que acumula la mayor cantidad de recursos es SQM (incluida la arista de cohecho). En total, esta investigación ha recibido $ 133.306.421. El equipo de 14 personas obtuvo, entre diciembre de 2015 y agosto de este año, cerca de $ 12 millones, donde se incluyen viáticos y traslados. En tanto, para la fiscal exclusiva de la causa, Carmen Gloria Segura, se han destinado $ 68 millones en 16 meses. También se incluyó el arriendo de las oficinas, por $ 35 millones, y el pago a un auxiliar exclusivo, por $ 16 millones. En cuanto al pago de remuneraciones de la fiscal Segura, la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó que ese corresponde a su sueldo y no a dineros extras: “Es una remuneración bruta de una fiscal grado 6, por los 16 meses de trabajo como dedicación exclusiva”. Segura es la única que ha tenido exclusividad desde que asumió, primero en los casos Penta y SQM, y después sólo en SQM (ver entrevista secundaria). El caso SQM partió como una arista del caso Penta, cuando el fiscal Carlos Gajardo investigaba los aportes del grupo económico a miembros de la UDI. A partir de la recopilación de antecedentes, se extendió una nueva hebra investigativa que llevó a que se indagaran pagos a figuras de todo el espectro político del país, por parte de la minera no metálica SQM. Esta causa fue separada y se le dio un rol único aparte (número que sirve para identificar las investigaciones), y actualmente está bajo el alero del fiscal regional de la Quinta Región, Pablo Gómez, aunque la fiscal exclusiva es Segura. Otra causa de donde se indaga presunta corrupción es el caso Corpesca (donde se investigan delitos tributarios y cohecho, asociado al pago de pesqueras a políticos). Sin embargo, no se incorporó en este catastro por “no tener fiscal exclusivo”, según explicaron desde la Fiscalía Nacional. En esta indagatoria han intervenido los fiscales Gonzalo Guerrero, Manuel Guerra, Carlos Gajardo, Sabas Chahuán, Ximena Chong, Emiliano Arias y, actualmente, Julio Contardo. En ésta sólo se ha incurrido en gastos de viático, por $ 200 mil. En cuanto a los valores de costo de cada indagatoria, SQM es secundada por el caso basura, el que tiene un presupuesto de $ 97.550 millones; le siguen el caso Penta, con $ 35 millones, y el caso Caval, con sólo $ 2,2 millones. Desde la fiscalía explicaron que en este caso no hay fiscal exclusivo y sólo se han costeado viáticos y traslados. Efectividad Los recursos del Ministerio Público para estos casos despertaron diferentes interpretaciones. Una de ellas es la de Alberto Precht, director ejecutivo de la ONG Chile Trasparente, quien señaló que “los delitos económicos y de corrupción requieren una cantidad importante de recursos y también de personal especializado, por lo cual, en eso se ve un avance importante. Sin embargo, a uno le gustaría que el Ministerio Público le entregara las mismas herramientas a otro tipo de delitos, pero en estos casos, por ejemplo, la de SQM es una causa de complejidad que requiere esta atención”. Agregó que “sería importante saber cuál es el nivel de efectividad, porque no siempre está garantizado. Por ejemplo, en el caso bombas, donde se destinaron recursos y casi todos quedaron absueltos”. En tanto, el defensor nacional, Andrés Mahnke, sostuvo que “la especialización y la exclusividad en las indagatorias habla muy bien de un sistema que está apuntando a la calidad de las investigaciones”. Por su parte, el querellante del caso SQM y Corpesca, abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, destacó que se invirtiera en persecuciones de este tipo, aunque advirtió la calidad de algunas pesquisas. “Para mejorar la persecución criminal no se necesita más dinero, sino que se cambie la forma en que se designan cargos (…). No tiene sentido que el Estado destine sumas millonarias en un caso como SQM, si finalmente el fiscal a cargo no demuestra tener la voluntad, ni la competencia para llegar al fondo de lo sucedido en todas y cada una de las denuncias sobre financiamiento ilícito de esa arista”, dijo Daza. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscalia-268-millones-costo-indagar-principales-casos-corrupcion/
  9. 22 de septiembre del 2016 / 00:12 Hrs Demanda laboral de Contesse contra SQM cumple un año sin acuerdo Como la firma no ha logrado sellar un monto menor, el litigio seguirá en la Corte de Apelaciones. Más de un año lleva Patricio Contesse reclamando una indemnización por $ 3.973 millones a SQM, su ex empleador por 25 años, sin tener éxito en tribunales. Esto mientras la negociación encomendada por la minera para pagar hasta $ 1.500 millones, tampoco ha dado resultados. Fue el 16 de septiembre del año pasado cuando Contesse, hoy formalizado por delitos tributarios y cohecho, ingresó una demanda laboral reclamando que tras ser despedido como gerente general el 16 de marzo de ese año, la minera no le pagó sus $ 3.808 por indemnización convencional por años de servicio, $ 71 millones por indemnización sustitutiva del aviso previo, $ 54 millones por feriado legal y proporcional y otros $ 38 millones por los 16 días trabajados de marzo de 2015. El 20 de octubre del año pasado, su demanda fue declarada prescrita por el tribunal laboral, por haber excedido los 6 meses que tenía para reclamar por su indemnización. Pero el mismo 29 de octubre recurrió a la Corte de Apelaciones insistiendo en el pago. Sin embargo, el 2 de diciembre ambas partes pidieron suspender el procedimiento hasta el 5 de enero de este año, por un viaje que tenía programado Samuel Donoso, abogado de Contesse. Pero al día siguiente de cumplirse ese plazo, el mismo Donoso fue hasta el Tribunal Constitucional, apelando a la “seguridad jurídica y la justicia social” en contra del plazo de prescripción que establece el Código del Trabajo. Y aunque se pensó que por esa vía Contesse tendría una chance, fue su defensa la que pidió el 19 de agosto desistirse del recurso, reactivando nuevamente la causa en la Corte de Apelaciones, aunque hasta ahora no se aprecia ningún movimiento. En paralelo, el directorio de SQM encargó al abogado externo, Manuel José Vial, negociar directo con los abogados de Contesse una indemnización por hasta $ 1.500 millones, con tal de cerrar dicho flanco. Hasta la fecha, confirman fuentes de la empresa, no se ha logrado llegar a acuerdo y todo seguirá su curso en tribunales. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/09/655-697533-9-demanda-laboral-de-contesse-contra-sqm-cumple-un-ano-sin-acuerdo.shtml
  10. 25 de agosto del 2016 / 00:06 Hrs Escándalos empresariales: hasta 93% caen capitalizaciones bursátiles La Polar, CMPC, SQM y las cascadas son algunas de las firmas involucradas en "casos". El mercado reacciona cuando una empresa se ve envuelta en un escándalo financiero. De las compañías que en el último tiempo han estado involucradas en “casos”, La Polar ha sido una de las más castigadas, con una caída en su capitalización bursátil de 93% desde que se conocieron las repactaciones unilaterales, que informó el retail en junio de 2011. También han seguido el camino del descenso las acciones de CMPC, luego de ser acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de coludirse en el mercado del papel tissue por más de 10 años con su competencia SCA (ex Pisa). La empresa ligada a la familia Matte tenía un valor de mercado de US$ 6.844 millones al 27 de octubre de 2015 (un día antes del requerimiento). Al cierre de ayer, alcanzaba los US$ 5.091, una caída de 26%. Eso sí, como en todas las firmas analizadas, los casos de litigios civiles o penales no son la única explicación y las condiciones de mercado o propias también suman como explicación. SQM, que desde el año pasado figura en causas por financiamiento irregular de la política, lo que obligó a la desvinculación de su gerente general, Patricio Contesse, el 16 de marzo del año pasado, no ha sentido con tanta fuerza el castigo del mercado. La minera no metálica registraba al 13 de marzo de 2015 (último día antes que se conociera el despido de Contesse) una capitalización bursátil de US$ 6.135 millones. Ayer acumulaba US$ 6.954 millones, un alza de 13%. Sin embargo, a los tres meses de la explosión del caso SQM, la capitalización bursátil cayó 4,3%, a US$ 5.874 millones. Las sociedades cascadas, por su parte, han tenido movimientos variados desde que el 10 de septiembre de 2013 la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formulara cargos por infracciones en transacciones de acciones. Por ejemplo, Pampa Calichera, a los tres meses de formalizada la investigación, cayó 6,2% en su capitalización bursátil, y si se compara el cierre de ayer con el 9 de septiembre de 2013 (día previo al anuncio del regulador), su capitalización ha caído 6,2%, hasta los US$ 1.702 millones. Escándalos y reacción Justamente sobre escándalos empresariales y el efecto que han tenido se trató el seminario que ayer organizó Generación Empresarial titulado “Escándalos empresariales en primera persona, volver a ponerse de pie”. Uno de los panelistas era Ramiro Mendoza, ex contralor y actual director de CMPC, quien dijo que para terminar con el surgimiento de casos como la colusión que involucra a la Papelera, hay que tener “leyes más duras y cumplimiento efectivo del empresario (…). Tenemos que apretar la mano”. Al mismo tiempo, informó que como presidente del comité de auditoría del directorio de CMPC, “estoy viendo y evaluando qué mejoras necesita la empresa. La compañía está consciente de que tuvo un impacto”. Por último, sobre la mediación colectiva que llevan con el Sernac, dijo que están a la espera de los estudios que indiquen el daño y luego se defina una fórmula de compensación. Sin embargo, agregó que “se habla mucho del daño al consumidor, pero todo está indicando que no fue una captura de precios, sino más bien una estrategia de mantener poder de mercado. No hubo una maximización esencial de precios”. Andrés Kuhlmann, gerente general de Transelec, también panelista del evento, dijo que “estamos todos conscientes de que en la sociedad que vivimos lo que unos llaman crisis, otros problema, otros cambio, pero vivimos una época de shock respecto de la ética”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/08/655-693818-9-escandalos-empresariales-hasta-93-caen-capitalizaciones-bursatiles.shtml
  11. Topic Oficial 2016 CASO SQM 01 de junio del 2016 / 13:13 Hrs Antiguo topic http://foros.fotech.cl/topic/284042-caso-sqm-tribunal-posterga-audiencia-de-formalizacion-para-longueira-y-contesse/page-1?hl=+caso Ex tesorero del PPD declara nuevamente ante la fiscalía por pagos de SQM La declaración de Luis Matte sería la continuación de su primera comparecencia ante la fiscal Carmen Gloria Segura. El ex tesorero del PPD, Luis Matte Lira, retomó este miércoles su declaración ante la fiscalía por los pagos de SQM. Matte -quien comparece como imputado en el caso- declaró el pasado 26 de mayo ante la fiscal Carmen Gloria Segura y un efectivo de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) Metropolitana de la PDI. Sin embargo, el ex tesorero del PPD no habría concluido su declaración por lo que fue citado nuevamente hoy a las oficinas donde trabaja el equipo de fiscales que investigan los presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento ilegal de campañas políticas de parte de SQM. Según un informe de la policía, Matte hizo gestiones para que la minera no metálica realizará millonarios pagos al PPD en 2011 y 2012, periodo en que el partido era dirigido por Carolina Tohá. De acuerdo al documento, se pagaron $ 57 millones a través de un convenio entre la empresa y la Corporación Chile Ambiente, encabezada por el líder ambientalista Patricio Rodrigo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/06/674-683222-9-ex-tesorero-del-ppd-declara-nuevamente-ante-la-fiscalia-por-pagos-de-sqm.shtml
  12. 08 Julio 2016 Hablan los fiscales de los casos de las platas que remecen a la política Jorge Abbott (Fiscal Nacional), Manuel Guerra (Penta), Emiliano Arias (Caval y Corpesca) y Pablo Gómez (SQM) entregan sus definiciones cuando las causas entran en tierra derecha. “Haremos nuestro trabajo con absoluta prudencia, pero vamos a cumplir nuestras obligaciones legales y constitucionales hasta el final”. La definición es del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y de alguna manera da el tono de lo que viene en los casos Penta, SQM, Corpesca y Caval, las indagatorias que han remecido al mundo político desde mediados 2014. Abbott habló con La Segunda, al igual que los fiscales a cargos de los casos; Manuel Guerra, por Penta; Pablo Gómez, por SQM; y Emiliano Arias, por Caval y Corpesca. “No estaba dispuesto por ningún motivo a ofrecer nada a cambio y tampoco lo estoy ahora”, dice Abbott, al hacer frente a los rumores sobre una supuesta negociación por la causa Caval cuando fue ungido. En ese sentido, el sucesor de Sabas Chahuán afirma que “cada vez que tengamos algún antecedente, no vamos a dudar en abrir una investigación de oficio. No nos vamos a inhibir”. Abbott admite que siempre hay conversaciones en todo a todos estos caso, pero nada de presiones. Creo que en eso todavía guardamos decencia en nuestro país”, dice. “El camino normal de las causas es un juicio oral” El fiscal Guerra, quien tomó el caso Penta cuando fue nombrado en la Fiscalía Oriente, se cuadra con su jefe en cuanto a prudencia y la cautela. Sin embargo, apunta a que no dejarán de realizar diligencias tras el último formalizado, el exministro Laurence Golborne. Respecto de cómo viene en la mano, sostiene que “para nosotros, el camino normal de las causas es un juicio oral, y son las defensas las que a uno le proponen llegar a un procedimiento abreviado. Al hacer una proyección de penas, eventualmente sí podríamos llegar a un rango abreviado, inclusive si ellos aceptaron el cohecho. Pero es un tema que tenemos que ver”. “La causa todavía tiene mucho por delante” Pablo Gómez, titular del caso SQM, reconoce que la investigación es compleja. “Estamos realizando diligencias respecto de todas las aristas y hemos tenido en total 20 líneas distintas de investigación que involucran a personas de variados sectores políticos”, indica. “Tenemos 60 personas formalizadas y estamos avanzando para solicitar audiencia de formalización de otras tantas”, agrega. Gómez asegura que “la causa todavía tiene mucho por delante. Incluso hemos separado una arista de cohecho”. “Vamos a investigar sin importar de quién se trate” “En relación al caso, y sin referirme a personas, vamos a realizar todas las investigaciones sin importar de quién se trate”, dice Arias respecto de Corpesca. “La investigación sigue”, acota. Sobre Caval, el persecutor cuenta que “ampliamos la reserva respecto de la declaración de la Presidenta, así como la de Juan Díaz. Y el acceso sigue siendo reservado para todos los intervinientes”. “Para nosotros el tema de la reserva es necesario para realizar diligencias (…) es un criterio técnico y nos ha sido bastante útil, cierra”. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/08/hablan-los-fiscales-de-los-ca/
  13. 26 Abril 2016 La familia Ponce Lerou vuelve al directorio de SQM después de un año fuera Hermano menor de Julio Ponce Lerou ingresa al directorio de la minera no metálica propuesta por Pampa. Ayer, había renunciado a las cascadas. El 22 de abril de 2015, hace exactamente un año, Julio Ponce Lerou dejó la presidencia de SQM luego de casi tres décadas, y en medio del caso que involucra a la minera no metálica con financiamiento irregular de campañas políticas de todos los colores. Cinco meses después, el exyerno de Pinochet renunció a las sociedades cascadas, firmas mediante las que controla la compañía que explota el litio en Chile. La lectura que se hizo en su oportunidad fue que ambas dimisiones eran un claro indicio de que el ingeniero forestal comenzaba a desprenderse, y ceder poder en la compañía que lo erigió alguna vez como el zar del litio. Sin embargo, un hecho acontecido esta mañana inmediatamente abrió las interrogantes respecto de cuánto efectivamente estás dispuesto Ponce a retroceder. Resulta que en junta de accionistas, SQM aprobó el ingreso de Eugenio Ponce Lerou al directorio de la minera no metálica. El ejecutivo es el hermano de Julio Ponce Lerou. En los hechos, y mientras se encuentra en veremos la venta de Pampa Calichera, la llegada del menor del Ponce implica la vuelta de la familia a la minera después de un año. Junto con Ponce Lerou chico (propuesto por Pampa), la nueva mesa directiva quedó conformada por Joanne L. Boyes, Robert Kirkpatrick, Arnfinn Krugger (propuestos por la canadiense Potash Corporation) y Gonzalo Guerrero (de la japonesa Kowa). También fueron designados como directores independientes Edward Waitzer, Julio Rebolledo y Hans Dieter. La vuelta de la familia Ponce Lerou a la plana directiva de SQM genera al menos suspicacias, puesto que recién este lunes Eugenio Ponce Lerou había renunciado a las cascadas mediantes las que su hermano controla la firma. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/04/26/532076/
  14. Cadem: 82% dice que Pablo Longueira buscó favorecer a SQM en ley de royalty minero Un 80% afirma que la renuncia del ex senador UDI sienta un precedente para los demás políticos involucrados en investigaciones judiciales. Luego de que el ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, renunciara al partido tras ser vinculado con SQM y en medio de una investigación por cohecho en su contra, según la encuesta Cadem de esta semana un 80% afirma que su renuncia sienta un precedente para los demás políticos investigados. Asimismo, un 82% afirma que Longueira buscó favorecer a SQM al gestionar con su ex gerente general, Patricio Contesse, una modificación en el proyecto de ley del royalty minero. Por otro lado, un 58% de los encuestados dice que el ex senador "se vio personalmente afectado" en la conferencia de prensa en que anunció su dimisión a la colectividad, un 44% estima que "asumió su responsabilidad política" y un 40% dice que "fue valiente". www.latercera.com
  15. Mauricio Daza: Platas políticas: abogado de Ciudadano Inteligente dice que el SII no sigue con las querellas porque "hay involucrados de la Nueva Mayoría" Uno de los querellantes en los casos Penta y SQM asegura que el servicio ha tenido "una actitud errática" desde que aparecieron entre los involucrados personas del bloque oficialista. "Ha obrado con un criterio más bien político" dice Frente a la posición del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Fernando Barraza, respecto de las investigaciones de platas políticas, donde no entregó seguridad de que el organismo siga presentando acciones legales contra los involucrados, en sus palabras porque la labor del servicio "no es presentar querellas sino cumplir con la ley", ya surgieron los primeros cuestionamientos. Barraza respondió de esta manera a la advertencia que hizo el Fiscal Nacional Jorge Abbott en relación a que de no haber más querellas habría que cerrar las causas. Pero es Mauricio Daza, abogado querellante en las causas Penta y SQM, a nombre de la Fundación Ciudadano Inteligente, quien entrega una interpretación política de la actuación que ha tenido el SII respecto de ampliar las querellas contra personas como Laurence Golborne, o derechamente seguir acciones legales contra políticos como Rodrigo Peñailillo o Pablo Longueira. Para Daza, el diagnóstico es evidente. [el SII] ha tenido una conducta errática, en cuanto a la presentación de querellas criminales, sobre todo cuando se abrió la denominada arista SQM”, aseguró al portal El Muro. Daza puntualiza que “a partir de la acción criminal que nosotros interpusimos hace casi un año, en el contexto de la investigación que, hasta ese momento, se seguía sólo en relación al caso PENTA” , y cree que “desde ese momento, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a hacer reparos que no se condicen con la actitud que había tenido con PENTA, donde presentó múltiples querellas y fueron bastante pro-activos en la persecución penal, lo que no se ve en el caso SQM”, afirma. El abogado cree que este nuevo diseño tiene que ver con los involucrados que aparecieron en el caso. "Se debe a que en la arista SQM aparecieron personeros vinculados a la alianza de gobierno de la Nueva Mayoría, sector que designa el cargo del director del SII y, lamentablemente, es un cargo de confianza político y, eso, empañó todo lo que hizo y no hizo el Servicio de Impuestos Internos, desde ese instante en adelante en las otras causas”, aseguró. A su juicio "A partir de los antecedentes que existen y que se han dado a conocer, durante el último año, se demuestra que el Servicio de Impuestos Internos ha obrado con un criterio más bien político en la arista SQM. El Servicio de Impuestos Internos no es un organismo que sea, realmente, independiente y, en ese sentido, se debe avanzar para establecer por ley, las condiciones necesarias para que sí lo sea. No puede seguir ocurriendo que el SII, finalmente, sea dirigido por un cargo de naturaleza política, sobre todo, cuando existe un conjunto de causas que involucran a las principales autoridades políticas del país y, ése, es un punto que está pendiente”, concluyó. Fuente: www.elmostrador.cl
  16. Marisa Navarrete y decisión de Barraza de no querellarse en casos de platas políticas: “El SII no está a la altura de la función que le ha dado la ley” Ex abogada jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII Para la profesional que entregó la información al Ministerio Público que derivó en el saco sin fondo de los casos de financiamiento irregular de la política, el enfrentamiento entre ambas instituciones no es real, y el objetivo de fondo es poner la lápida a la gran piedra en el zapato en que se han transformado estas causas. Además, identifica como un hito claro del cambio de criterio a la hora de presentar querellas el momento en que apareció SQM en el foco de las investigaciones. El aparente gallito a través de los medios protagonizado por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en la práctica deja en tierra de nadie y paraliza la continuidad de las causas de financiamiento irregular de la política. Por un lado, Abbott ha declarado insistentemente que el Ministerio Público está esperando a que el SII presente las querellas o denuncias por delitos tributarios que se encuentran pendientes en torno a diversos actores, ya que en caso contrario “tendremos que terminar las causas”. Desde el otro lado, Barraza ha dicho que presentar querellas no es el trabajo del organismo fiscalizador, sino solo una de las herramientas con las que cuenta. Incluso, el domingo, en entrevista con El Mercurio, el ingeniero civil industrial aseguró que si las investigaciones por otros delitos no prosperan, “no es responsabilidad del SII”. En este escenario, la ex abogada jefa de la Oficina de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete –que fue quien entregó la información al Ministerio Público que inició la bola de nieve de los casos de financiamiento ilegal de la política– considera que la pugna entre ambos servicios no es real y que, en la práctica, es la “fórmula perfecta” para que la continuidad de las investigaciones, que complica transversalmente al mundo político y empresarial, se estanque. Para Navarrete, “las declaraciones que hizo el señor Barraza en el sentido de que el trabajo de él no era presentar querellas, me parecen declaraciones sumamente graves proviniendo de quien provienen, que es el propio director del SII. Es como pensar que carabineros pudiera decir que ‘mi trabajo no es detener a los delincuentes’. Evidentemente lo es. En el caso del SII también tiene dentro de sus tareas presentar querellas criminales, porque precisamente es una de las funciones que le ha entregado la ley exclusivamente a ellos. Entonces desde ese punto de vista, es sumamente grave que desde la cabeza del organismo no se entienda que tiene por disposición legal el velar por la acción penal en los delitos tributarios”. -Usted fue la abogada que abrió caja de Pandora de las devoluciones de impuestos fraudulentas que derivaron en el caso Penta y todo el escándalo de las platas políticas, ¿cuál es su evaluación de la línea al respecto que hoy tiene la Fiscalía Nacional liderada por Jorge Abbott y del SII encabezado por Fernando Barraza? -Con las declaraciones que se han escuchado, probablemente las causas por financiamiento ilegal de la política no van a seguir siendo investigadas más allá del punto en que están hoy. O sea, no va a haber ampliación respecto de otras personas y la verdad me parece que el asunto se quiere terminar de alguna forma para no mantener el tema en la coyuntura nacional. -¿Considera que con esto se intenta bloquear el tema y terminarlo? -Creo que hay una voluntad general de dejar las causas aquí por parte de quienes son los encargados de seguir en la acción penal. Por una parte, el SII evidentemente está de alguna forma menoscabando una función de la mayor relevancia y significa, en definitiva, que dentro de sus prioridades no está presentar querellas. Por lo que pareciera ser que está indicando que las querellas van a ser bastante más restringidas de lo que ya han sido habitualmente. Y eso no se condice con lo que el servicio vino haciendo hasta antes. Hay un hito muy claro: cuando aparece SQM, que es cuando viene todo este cambio de paradigma del servicio, de empezar a limitar las querellas, de hacerlas nominativas y de restringirlas hasta llegar a un punto en que pareciera ser que no se puede hacer nada más si el servicio no se querella. Por otra parte, ese no había sido el criterio que había tenido la Fiscalía en general. Si recordamos, la Fiscalía sí ha formalizado por casos en que no ha habido querellas nominativas, por así llamarlas, como el caso de Egiluz, que incluso fue llevado a la Corte con un resultado favorable. Pero luego viene un cambio: cuando llegó Abbott. -¿Considera que el Ministerio Público ha estado frenando las investigaciones desde la llegada de Abbott? -Lo que creo es que no han sido muy claras las versiones que se han dado. Por una parte, se ha escuchado que se puede formalizar pero no acusar; en otras versiones, que tampoco se puede formalizar. En definitiva, es lo mismo, si tengo la facultad y ya tengo denunciado un hecho, puedo formalizar y acusar. Si no tengo la denuncia o querella del servicio por los hechos –yo no estoy hablando de denuncias a personas, quiero que quede claro– evidentemente el Ministerio Público ni siquiera puede formalizar porque es una previa instancia particular, y esa es la gran confusión que se ha creado. Porque si, por una parte, la Fiscalía dice que podemos formalizar y no acusar, no tiene ningún sustento. Si puedo formalizar, puedo acusar y el juez puede condenar. Pero no podemos distinguir etapas procesales, me parece que no tiene consistencia. -¿Esta confusión o distintas versiones de dónde vienen? -Son las versiones que hemos escuchado de los fiscales a cargo de la investigación a través de la prensa. Si te fijas en el caso de Eguiluz, que se llevó a la Corte, había formalización sin querella del SII. -En ese sentido la postura de Abbott es bastante clara: dijo que mientras el SII no se querelle o denuncie, van a terminar las causas... -Pero el fiscal Pablo Gómez dijo que sí se podía formalizar en una entrevista que dio por televisión... -¿Y esto cómo se interpreta? -No hay una posición clara ante la opinión pública. A mí me parece que la Fiscalía debiera defender las facultades que le dio la Constitución, que son las facultades de investigación. Si como órgano persecutor tengo la facultad exclusiva de investigar, yo tengo que defenderla. Me parecía era lo que estaba haciendo la Fiscalía el año pasado, cuando llegó hasta a la Corte sosteniendo que podía hacer la investigación de los delitos tributarios sin una querella nominativa. Este asunto de las querellas nominativas apareció después de SQM, esto no existía. Es una discusión artificial que se ha venido haciendo a raíz de que el SII empezó a limitar las querellas. “No hay una posición clara ante la opinión pública. A mí me parece que la Fiscalía debiera defender las facultades que le dio la Constitución, que son las facultades de investigación. Si como órgano persecutor tengo la facultad exclusiva de investigar, yo tengo que defenderla. Me parecía era lo que estaba haciendo la Fiscalía el año pasado, cuando llegó hasta a la Corte sosteniendo que podía hacer la investigación de los delitos tributarios sin una querella nominativa. Este asunto de las querellas nominativas apareció después de SQM, esto no existía. Es una discusión artificial que se ha venido haciendo a raíz de que el SII empezó a limitar las querellas. -La postura de Abbott apunta a la responsabilidad del SII para no continuar ahondando en las investigaciones, pero al mismo tiempo estanca el tema y se lava las manos respecto del asunto... -Es la fórmula perfecta. Yo no hago nada si el SII no se querella, y el SII dice que su rol no es presentar querellas. Entonces, si no lo hace ninguna de las dos instituciones no hay nadie que lo pueda hacer. La obligación de presentar una querella criminal por un hecho le corresponde al SII y es facultativo de presentarla o no. Pero la decisión no es caprichosa. Es discrecional pero no arbitraria. Tengo que tener fundamentos para no querellarme, si ya lo he hecho en casos similares. Hoy no hay ninguna justificación de cómo actuó el servicio en el caso Penta, donde no hubo ninguna de estas discusiones: si el SII presentaría querellas, que las querellas nominativas eran muy amplias... pero hubo un cambio, que se produce precisamente cuando aparece SQM de por medio. Entonces, ahí es donde viene el cuestionamiento lógico de la ciudadanía de por qué se cambia el criterio cuando aparece SQM, transformando todo el criterio del SII. -¿Qué criterios se cambiaron? -Antes las querellas se presentaban por el subdirector jurídico, ahora lo hace el director. Históricamente se presentaban acciones amplias, contra todos los que resulten responsables, pero ahora se empiezan a limitar solamente a personas determinadas. Es más, se hace una declaración de principios en cada querella del servicio, diciendo que solo ellos pueden hacer esta acción tributaria. Evidentemente con eso da la impresión de que el SII no está a la altura de la función que le ha dado la ley para salvaguardar la acción penal del delito tributario, porque no es una acción menor, sino de la mayor relevancia, ya que el delito tributario es el caso más grave de incumplimiento de obligación tributaria. Por eso no se entienden las explicaciones del señor Barraza cuando dice que no es su función presentar querellas. Si no es su función, entonces no tiene ningún sentido esta atribución que se le ha dado por la ley. Creo que, en cuanto a los criterios, todos los casos de financiamiento ilegal de la política son meritorios de querella, porque tienes que mirarlo en el contexto en que se produce: cuando están involucradas grandes empresas, políticos. Ese solo hecho es un criterio para ejercer la acción penal por delito tributario, porque no puedes analizar boleta por boleta, monto por monto. No es el tema aquí, no es el tema el monto del perjuicio fiscal. El tema es el contexto en que se produce esta gran defraudación del Estado. Y usando las palabras del fiscal Gajardo, evidentemente aquí hay una máquina para defraudar al fisco, una máquina en la que están involucradas grandes empresas y un aparato político completo, transversal, de todos los sectores. Si eso no es una máquina para defraudar y no es meritoro de querella, ¿entonces qué? -La idea que se ha dado a través de los medios es que hay una pugna entre el SII y el Ministerio Público, ¿considera que realmente existe esta pugna? -No creo que estén en pugna. Como digo, creo que es la fórmula perfecta para que no pase nada. No me parece que haya una pugna real hoy. -¿A quién favorece esta fórmula perfecta? -Favorece a las personas que han cometido estos delitos en esta gran máquina de defraudación de la política. Favorece a todos aquellos que cometieron este delito o se beneficiaron de él. Porque si no va a pasar nada más, se acaba el tema y no hay sanciones ni judiciales ni de la opinión pública. -Existen bastantes señales de que la vía de los juicios abreviados es cómo se irán resolviendo estos casos. En su opinión, ¿es lo que correspondería? -Tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de no terminar esto por un juicio oral. Está dentro de sus atribuciones, pero evidentemente al ir a un procedimiento abreviado le está regalando una atenuante al imputado, porque por ese solo hecho, aunque nunca haya declarado ni colaborado anteriormente, se le va a reconocer la atenuante de colaboración sustancial, entonces hace una dádiva. Normalmente uno esperaría que sea para aquellos que efectivamente han colaborado, que de alguna manera se han ganado una pena menor. Ese análisis habrá que verlo en cada caso. -¿Cómo se avizora el futuro de los casos de platas políticas? -Yo creo que no va a pasar más, que el ánimo hoy es ponerles fin a las causas. Fuente: www.elmostrador.cl
  17. Todos los partidos políticos perdieron militantes en 2015 En un lapso de un año, más de 12 mil personas abandonaron su militancia política. La reducción en estas cifras se da en medio de las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía por presunto financiamiento irregular de campañas, como los casos Penta, SQM y Corpesca. Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, todos los partidos que están legalmente inscritos ante el Servicio Electoral disminuyeron su cantidad de militantes. De acuerdo a los registros del organismo, en 12 meses las colectividades perdieron a 12.254 personas, justo en medio de las investigaciones por el financiamiento irregular de la política. El ranking de desvinculaciones es liderado por Renovación Nacional. La colectividad terminó 2014 con 94.059 afiliados. Sin embargo, en diciembre de 2015 esta cifra disminuyó a 91.184, es decir, 2.875 militantes menos en un año. El segundo partido que lidera esta lista también es de la oposición. La UDI registró una baja de 2.101 adherentes, pasando de 74.342 a 72.241. Lo sigue, en tercer lugar, el PPD. El partido liderado por el senador Jaime Quintana tuvo 1.375 dimisones, quedando con un total 96.141 militantes a fines de 2015. Sin embargo, desde esta colectividad desestimaron la cifra oficial del Servel e informaron que de acuerdo a sus registros, ellos tienen actualmente 99.020 militantes. El PPD es seguido por dos partidos de la Nueva Mayoría: la DC y el PC, quienes registran una baja de 1.163 y 1.157 respectivamente. Estas cifras se contraponen a lo ocurrido entre 2013 y 2014, periodo en que todas las colectividades aumentaron sus adherentes. De hecho, entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 hubo un aumento de 46.841 militantes de partidos a nivel nacional. Desde el Servel explicaron que la reducción de afiliados responde a distintos factores; que el Registro Civil informe su fallecimiento, que sea expulsado de la colectividad, que su militancia sea anulada o que la persona opte por renunciar al partido. Este último punto es reconocido en los partidos como un problema que han debido hacer frente en el último tiempo. Esto, ya que este fenómeno de renuncias se da en medio de las múltiples investigaciones que por eventuales casos de corrupción que han afectado a los partidos políticos, como son los casos Penta, Soquimich y Corpesca, lo que ha ido de la mano también con los más bajos índices de aprobación ciudadana, según las encuestas. Así es reconocido por el prosecretario de la UDI y actual vocero de la colectividad, Jorge Alessandri: “El 2015 fue el peor año para la política en Chile. Fue el año donde la ciudadanía se enteró de malas prácticas. Obviamente la causa principal (de la desafiliación) es el descontento con la política y eso tenemos que reconocerlo todos”. En este sentido, la experta electoral Marta Lagos plantea que esto de cuenta de una acción partidista que da cuenta de la crisis de credibilidad de las colectividades. “Para ir a retirarse de un partido, usted tiene que estar tan molesta que tiene que ocupar su tiempo en ir al registro y hacer un acto administrativo específico que no es menor”, dice. Max Colodro, analista político, explica este fenómeno como una respuesta a la crisis de confianza que existe por parte de la ciudadanía hacia la clase política: “Es indudable que la baja en los militantes tiene relación con el deterioro de la imagen de la política, con el desprestigio, con la pérdida de confianza que la gente tiene en las instituciones políticas y en particular en los partidos”. Por su parte, la cientista política Gloria de la Fuente plantea que “es innegable que los escándalos de corrupción han acelerado el proceso de desafección”. Junto a esto, agrega: “Esto explica que los partidos de derecha, que fueron los primeros afectados por escándalos de corrupción y que han tenido dificultades, especialmente la UDI, para fijar una doctrina para apartar a sus militantes procesados por estos escándalos, sean quienes mayores niveles de renuncias presenten”. Junto a esto, la investigadora de Chile 21 asegura que este fenómeno también golpea al resto de las colectividades “en la medida que no tengan posiciones claras respecto a estas materias y figuras relevantes de sus tiendas se vean envueltas en situaciones que pueden no ser judicializables, pero sí éticamente reprochables”. Pese a que efectivamente todos los partidos disminuyeron sus militantes durante 2015, existen colectividades cuyas pérdidas son marginales en proporción al total de adherentes. Es el caso del Partido Socialista. La colectividad de calle París tiene actualmente 120.387 afiliados -el número más alto de todas las colectividades-, registrando una baja de sólo 588 militantes. Similar es el caso del Partido Radical, que sólo registra una disminución de 111 militantes, finalizando 2015 con 82.801 afiliados. El desafío del refichaje Una vez que sea promulgada la nueva Ley de Partidos Políticos, las colectividades inscritas en el Servel deberán iniciar el proceso de refichaje. Para esto contarán con un plazo de 12 meses. Durante ese periodo podrán utilizar instancias como elecciones internas o actos masivos para lograr que su actual padrón de militantes vuelva a anotarse. El objetivo de esta tarea, promovido por el informe de la comisión Engel, es que las colectividades sinceren sus registros. Y es que de acuerdo a las estimaciones de los propios partidos, en las cifras actuales aún continúan figurando personas muertas o que renunciaron a la colectividades hace años. Así, en las directivas de partidos reconocen que lo más probable es que estas cifras continúen bajando. Como forma de garantizar la transparencia de este proceso, será el Servel, a través de funcionarios designados especialmente para esta tarea, el encargado de realizar el proceso, y no los partidos como se hace actualmente. “Vamos a dar todas las facilidades necesarias dado que la ley contempla que el acto de reafiliación sea realizado ante un ministro de fe del organismo”, asegura el presidente del Consejo directivo de la institución, Patricio Santamaría. De acuerdo a la ley, los partidos deberán refichar al 0.25% del electorado de los últimos comicios de diputados en todas las regiones donde exista el partido. Así, el cientista político y ex integrante de la comisión Engel Claudio Fuentes asegura que lograr esa cifra no será un problema para los partidos. Sin embargo, plantea que el desafío será sumar adherentes en medio de esta crisis: “Los partidos no van a lograr nuevos militantes, porque la gente ya no quiere inscribirse más en colectividades políticas”. www.latercera.com
  18. Topic de Archivo 2015 Caso SQM Ampliación de querella del SII: La clave de la arista SQM Claudio Medrano | Miércoles 11 de marzo 2015 21:21 hrs. Fue en el mes de enero que el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner que posibilitó la aparición de la arista SQM en medio de la investigación por el Caso Penta y que involucra a personeros de la Nueva Mayoría. Dicha querella fue acotada lo que dejó un periodo de años fuera de la investigación, decisión que la Fiscalía busca revertir. Era lo que se esperaba luego de la formalización de los imputados en el marco del caso Penta. Con la investigación en curso en dicho proceso, los dardos del Ministerio Público apuntarían ahora a la arista más reciente de este caso y que se pudo conocer gracias a los antecedentes proporcionados durante las indagatorias al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner: la arista SQM. Recordemos que durante los interrogatorios a la cuñada de Wagner, María Carolina de la Cerda, se descubrió que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile le había emitido pagos a Wagner a través de boletas “ideológicamente falsas” emitidas a nombre de ella. Con estos antecedentes el fiscal, Carlos Gajardo, recopila antecedentes que permiten ubicar a una serie de personas que habrían emitido boletas, presumiblemente para financiar campañas políticas por conductos no legales. Dichos antecedentes fueron entregados al Servicio de Impuestos Internos que decidió presentar una querella en contra de Pablo Wagner por delito tributario en el mes de enero, la que luego fue reingresada. Si bien la primera acción judicial presentada por el SII solicitaba investigar toda la documentación contable de los años comerciales de la empresa, en el periodo comprendido entre 2009 y 2014, luego la entidad decidió dar pie atrás con esto y restringir la solicitud solo a julio de 2009. Para el abogado representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, Pedro Orthusteguy, es muy relevante que se pueda tener acceso a dichos documentos porque permitiría esclarecer de mejor forma la arista política del caso, “no se trata de igualar las situaciones en cuanto a que esto es de toda la clase política. Lo que decimos es que durante un mes se encuentran boletas vinculadas a dos funcionarios públicos y lo razonable es que el Ministerio Público, con nuestra querella pueda incautar toda la contabilidad de SQM para confirmar o descartar que existieran más políticos financiados por Soquimich”, señaló. El abogado sostiene que acceder a esta información va en la línea de la estrategia de la fiscalía y que tiene en el punto de mira a los políticos involucrados en el caso, “es muy probable que el próximo paso que realice el Ministerio Público sea la formalización de parlamentarios, esa es una decisión exclusiva de la Fiscalía y creo que la tomarán cuando tenga los antecedentes necesarios para hacerlo”. La arremetida de la Fiscalía Este lunes, a eso de las 10 de la mañana, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias llegaron hasta las oficinas de Soquimich para solicitar la información contable del periodo que falta por investigar, es decir, desde el año 2009 hasta el 2004. Si bien la petición es voluntaria, es decir la empresa es libre o no de cooperar con los antecedentes, en caso de existir una negativa se puede solicitarar una orden judicial que permita requisar dichos documentos. Recordemos que luego de analizar la primera información –donde existen presuntos aportes irregulares a la campaña de Joaquín Lavín-, la fiscalía analiza ahora información sobre otros 19 eventuales implicados en la arista SQM. En este caso se indaga la presunta emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas. Si bien el ente persecutor ha llevado a cabo estas acciones, son conscientes de que para otorgar mayor sustento a la investigación es necesario que el SII amplíe la querella hasta el año 2014. Para el Ministerio Público esta decisión es clave ya que no solo se permite la posibilidad de investigar la arista SQM sino que, también, se abre la puerta para indagar a otras empresas que hayan incurrido en delitos similares. La pelota la tiene el Ministerio Público En el Servicio de Impuestos Internos hay silencio respecto de este tema. De hecho, al ser consultados sus representantes, luego de la formalización de los imputados en el Caso Penta, declinaron referirse directamente a si se sumarían a la querella presentada por la Fundación Ciudadano Inteligente en contra de los políticos involucrados en el caso. Cuando asomaron las críticas a la decisión de acotar la querella presentada en contra de Pablo Wagner, la versión al interior del servicio sostenía que “no podríamos pedir diligencias de investigación sobre hechos que no conocemos. Por eso se piden los antecedentes de años y meses específicos para cada caso en que se emitió la boleta ideológicamente falsa”, de acuerdo a un artículo publicado en El Mostrador. Dicha afirmación es compartida por el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, quien cree que la entidad no está dispuesta a apoyar una investigación sin sustento: “Hay que preguntarle al Servicio si esa documentación que ha entregado la fiscalía son suficientes para que inmediatamente amplíe la querella, porque si el SII amplía la querella con pocos antecedentes esa acción se puede caer y lo que menos queremos en esta instancia es que se caiga una querella o fracase por no tener las diligencias debidas”. De todas formas y de acuerdo a lo señalado desde la fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos tiene en su poder una carpeta, desde el mes de noviembre, con un informe del fiscal Carlos Gajardo, con antecedentes que involucrarían incluso a otras compañías con este tipo de ilícitos. En efecto, la percepción de que este escándalo no se circunscribe solo a Penta es compartida por Juan Apablaza quien sostiene que es un tema de sentido común: “No puedo asegurar que hay otras empresas porque no las he visto, pero la lógica común que puede tener un individuo medio indica que, efectivamente, esto no es solo de Penta, que aquí hay una máquina para evadir o eludir impuestos que no solamente corresponde a Penta y que este “modus operandi” se ha hecho en otras empresas medianas, grandes y chicas”, agrega. Lo concreto es que la fiscalía quiere evitar que la investigación se complique y por lo mismo esperan un pronunciamiento a favor por parte del SII que allane las indagatorias. El problema, según Apablaza, es que si los antecedentes entregados por el Ministerio Público no son concretos, la investigación que realice el Servicio se complejiza, lo que atrasaría -por varios meses- un pronunciamiento, tiempo que el equipo de fiscales no dispone. La respuesta de SQM Por su parte, la empresa SQM ha tomado sus recaudos interponiendo una acción judicial para impedir que la fiscalía pueda tener acceso a los documentos contables que solicitó a comienzos de esta semana. “Pedimos al tribunal que la fiscalía se abstenga de realizar diligencias”, dijo el abogado Samuel Donoso, quien presentó el recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por considerar que el Ministerio Público está actuando sin atribuciones al ampliar las diligencias a años distintos a los que fueron denunciados por el Servicio de Impuestos Internos. La solicitud se basa en el artículo 162 del Código Tributario, en el que se indica que sólo se pueden investigar este tipo de delitos previa denuncia del SII. Resta saber ahora los pasos que adoptará la fiscalía ante esta decisión porque recordemos que ya había anunciado solicitar una orden judicial en caso que la información solicitada le fuera negada. ¿Qué viene en el Caso Penta? Lo inmediato es la revisión de las medidas cautelares que se llevará a cabo este viernes en la Corte de Apelaciones. De esta forma, en caso que el tribunal revoque la prisión preventiva para alguno de los detenidos, los beneficiados saldrán del recinto penal durante la misma jornada. El Ministerio Público en este caso, no tiene instancias para apelar. Mientras, los 120 días de investigación que dio el juez Escobar pasan, la Fiscalía debe seguir con las indagatorias. Terminado este plazo, el Ministerio Público deberá acusar a los formalizados y pedir las penas en su contra. Tras esto, se pueden analizar salidas alternativas, como un juicio abreviado. De lo contrario, se puede dar inicio a un juicio oral. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/03/11/ampliacion-de-querella-del-sii-la-clave-de-la-arista-sqm
  19. La “inocente pregunta” con la que Mario Waissbluth le dio un golpe de nocaut a Sebastián Piñera El fundador de Educación 2020 se cuestiona por qué el ex presidente no ha sido citado a declarar a la Fiscalía por caso SQM.  Tech14 de diciembre, 2015 Autor: El Dínamo Hoy, Marco Enríquez-Ominami declaró en calidad de imputado en el caso SQM, en el que se le investiga por 33 facturas ideológicamente falsas por un monto de casi 362 millones de pesos, emitidas por Cristián Warner, uno de sus asesores más cercanos. Uno de los mails enviados por Warner a la secretaria de Patricio Contesse, quien fue gerente general de la minera por tres décadas, abre las sospechas de que el ex candidato presidencial del PRO haya recibido financiamiento irregular de parte de SQM. “Me permito molestarla para saber si ha tenido alguna referencia al tema que le planteaba hace unos días atrás, referido al proyecto de Marco Enríquez Ominami“, dice el correo. En tanto, el ex administrador electoral de Sebastián Piñera, Santiago Valdés, también es investigado por instruir la emisión de boletas ideológicamente falsas por 415 millones de pesos. Sin embargo, el ex Presidente no ha sido citado a declarar. Ese es justamente el cuestionamiento que hice el fundador de Educación 2020, Mario Waissbluth, a través de Facebook. “La pregunta política de la semana: ME-O está citado a declarar porque su asesor de campaña recibió platas políticas. Me parece bien. El asesor de campaña de Piñera recibió platas políticas. ¿Por qué Piñera no está citado a declarar? #EsSoloUnaPreguntaInocente‬“. Mario Waissbluth LA PREGUNTA POLITICA DE LA SEMANA MEO está citado a declarar porque su asesor de campaña recibió platas políticas. Me parece bien. El asesor de campaña de Piñera recibió platas políticas. ¿por qué Piñera no está citado a declarar? ‪#‎EsSoloUnaPreguntaInocente‬ 791 Me gusta · 99 comentarios · 373 veces compartido Fuente: http://www.eldinamo.cl/tech/2015/12/14/mario-waissbluth-misil-sebastian-pinera/
  20. Fulvio Rossi: “No se puede sostener que porque una empresa financie a un candidato lo está coaptando” Tras cuatro meses de licencia, el senador Fulvio Rossi está de regreso para enfrentar las acusaciones por financiamiento irregular de campañas. Dice que no considera un error haber pedido dinero a SQM para las elecciones municipales y que no lo solicitó para su candidatura senatorial. También descarta haber recibido platas de Corpesca. Aquí, un balance de lo que considera “el peor año” de su vida. Una pequeña cicatriz en su cuello será la marca que tendrá de por vida el senador Fulvio Rossi. Tras ser operado de un cáncer de tiroides y un tratamiento con yodo radiactivo, hoy con medicamentos intenta regular las hormonas tiroideas que controlan el metabolismo. Cuando están muy bajas sufre somnolencia, depresión y aumento de peso; cuando se disparan padece taquicardia, sudoración y eventuales crisis de pánico. Pero a veces, dice, no logra identificar si los síntomas son por el desajuste hormonal o más bien por la compleja situación política que atraviesa desde que apareció vinculado a casos de financiamiento irregular de campañas. Agradece los respaldos que ha recibido de la directiva y de la bancada del Partido Socialista, donde mantiene suspendida su militancia, y también de la oposición: con sorpresa recibió la visita del senador RN Andrés Allamand, que le llevó un libro de regalo o los cordiales llamados de apoyo de Alberto Espina y Jacqueline van Rysselberghe. Tras meses de licencia, este lunes retoma sus actividades en el Congreso decidido a defenderse. “Yo diría que este ha sido el peor año de mi vida. Más que por el cáncer, la verdad es que para mí es más difícil enfrentar el cuestionamiento a tu integridad moral. Ahora, pese a todo esto negativo, agradezco el nacimiento de mi hija, la posibilidad de haber sido padre de nuevo este año y el tiempo que he tenido para compartir con ella”. —¿Qué lección obtiene de este 2015? —Es un año de mucho aprendizaje, porque al final los momentos difíciles los puedes tomar de dos maneras, o te hunden, cayendo incluso hasta en la depresión, o te sirven para sacar lecciones y espero, en mi caso, salir fortalecido. Yo hoy día valoro mucho más que antes las relaciones humanas en la política, porque entiendo que la actividad política tiene un componente de hipocresía y a partir de eso entiendo el silencio de algunos parlamentarios o incluso declaraciones inadecuadas, pero siento que no puede ser esa la característica principal. La lógica del poder es árida, pero sin duda alguna siento que es posible hacer las cosas de una manera distinta y a partir de ahora mi aproximación a la política será a través de las relaciones humanas, a ser justo, a no anticipar juicios de otras personas. —No hace mucho, justo antes de que estallara el caso SQM, usted fue duro al referirse al caso Penta. En un tuit del 11 de enero de 2015 dice que “la mejor salida para todos los involucrados en Penta es dejar de mentir y jugar al empate. Reconocer errores y pedir perdón hace bien”. —A ver… (lee una copia del tuit y guarda un momento de silencio). Fue un error generalizar y prejuzgar. Eso es cometer el mismo error que yo critico y lo digo con mucha honestidad. Ese es el problema, el fragor de la política. En un país como el nuestro en donde gran parte del financiamiento de la política descansa en las empresas, no se puede sostener que porque una empresa financie a un candidato lo está coaptando. Asumir eso sería entonces asumir que el Congreso está entero coaptado. A mí se me han imputado temas relativos a financiamiento de campañas, en ningún caso de corrupción ni enriquecimiento ilícito, yo no me he llevado ni un peso para la casa. Y quiero agregar algo; antes de que se iniciaran estas investigaciones no existía el tipo penal que hoy día se está planteando por parte de la Fiscalía, de hecho mis abogados no saben bien cuál es el tipo penal que se persigue y eso es particularmente complejo. Lo que ocurre en la práctica, a través de filtraciones parciales dirigidas, es que se produce un enjuiciamiento público, un linchamiento, en donde no tienes derecho a la legítima defensa. Este es un país donde no se presume inocencia, sino que se presume culpabilidad, y de ahí yo entiendo que en la oposición reclamen del trato que se les da, porque si la Fiscalía no es cuidadosa, genera un daño muy grande en la imagen de un partido y en la imagen de las personas.*** SQM y la Concertación —Más allá de lo jurídico, en lo político ¿reconoce un error en que un socialista le pida dinero a SQM, empresa propiedad del ex yerno de Pinochet? —Yo conocí a la gente de Soquimich por personas de izquierda, no por gente de derecha. Y creo que en esto hay cierto fariseísmo. Soquimich financió en la región las actividades de la Concertación durante décadas y en esas actividades participaban los intendentes y ministros de la Concertación. La relación que yo tuve fue una relación formal, como la que tengo con los ejecutivos de otras empresas mineras. Si vamos a decir, en esta empresa tiene una participación mayor quien fue pinochetista, entonces invito a que veamos qué otros grandes empresarios que financian campañas políticas de la Nueva Mayoría también fueron pinochetistas... Con ese criterio, ¿cuántas empresas quedarían en Chile que puedan donar? —¿Pero no encuentra que se cruza un límite al pedirle financiamiento a Ponce Lerou? Usted partió su vida política como dirigente estudiantil contra la dictadura, su familia está ligada a la defensa de los DD.HH... —Esta es una empresa de mi región. Uno a quien le pide financiamiento es a empresas de la región. No me hice un cuestionamiento ético porque esta empresa, que es sociedad anónima abierta en donde, por ejemplo, hay participación de canadienses, ha hecho durante años actividades con la Concertación, con letreros de SQM y los ejecutivos en primera fila. Es más una corporación vinculada a la izquierda recibió una suma millonaria para restaurar Humberstone. No, yo no creo que es un error, no me corresponde entrar a apuntar con el dedo a ningún empresario. —Una cosa son los programas sociales o culturales que pueda financiar una empresa en su comunidad y otra cosa es financiamiento de campañas... —Justamente por eso he hecho tanto hincapié en que alguien financie tu campaña no es coaptar. Yo aquí muestro los proyectos que presenté el 2012 con senadores socialistas para la nacionalización del litio. Y también un proyecto de nacionalización del agua. Invito a quien quiera a auditar cada una de mis votaciones en el Congreso respecto a SQM. Cada voto está ligado a un interés general y no particular. —¿Y por qué cree que SQM financia a la izquierda? ¿Cuál es su interés ahí? —No sé, yo no puedo, no soy capaz de hacer una interpretación de cuáles son las razones que motivan a una empresa en general a hacer donaciones. Yo siempre fui partidario de que no haya financiamiento de empresas privadas y hacia allá apunta la nueva ley. —¿Conoce a Ponce Lerou? —A Ponce Lerou lo he visto en dos ocasiones en mi vida. Yo con quien conversaba era con el gerente Patricio Contesse, pero es totalmente normal que uno discuta distintos temas de desarrollo de la región con los ejecutivos de las empresas. Aquí tengo un mail que tiene Fiscalía, entre dos ejecutivos de SQM donde hablan de su preocupación por un requerimiento público que hice a que Llamara, donde la empresa tiene su faena extractiva, sea un santuario de la naturaleza. O sea, todo lo contrario a los intereses de la empresa. —Después de que se filtrara su mail de 2012 donde pide financiamiento a Patricio Contesse, en que le dice “Estimado Patricio, de acuerdo a lo conversado te envío la lista de candidatos y candidatas. Te reitero mis sinceros agradecimientos”, varios de los candidatos a concejales y alcaldes que figuraban en la lista desmintieron haber recibido dinero de SQM o haber sido contactados por usted. —Lo que pasó fue que desde Fiscalía se filtró a los medios el primer mail con la lista de 32 candidatos y sólo días después el segundo, que corregía la lista a 20 nombres. Por eso hay 10 personas que efectivamente no sabían nada de esto y tienen derecho a estar molestas. Pero esto se debe a la filtración parcial de Fiscalía y por eso digo que aquí hubo una suerte de operación política. ¿Cuál sería el sentido si yo quiero llevarme un peso para la casa de entregar una lista? Ahora, lo que no puedo entender es la molestia de cierto diputado, que pidió, recibió y agradeció. Y si hay alguna duda, sería interesante que el diputado solicitara que le abrieran sus aportes reservados, tal como lo hice yo. —¿Este diputado sabía que los aportes eran de SQM? —Sabía bastante bien este diputado de dónde vienen los recursos. Los que más han tratado de enlodar mi imagen son los que más sabían. —Se refiere a Luis Rocafull, diputado PS por Arica. —Prefiero no nombrarlo. —Hay un segundo mail que quizás es más complicado porque ahí usted dice al abogado de SQM si “será posible una boleta para los concejales que no puedan recibir aportes, puede ser una boleta de asesoría comunicacional”. ¿Esto podría configurar algún delito? —Ahí hay información claramente parcial, información dirigida y mi abogado me ha recomendado que no me pronuncie respecto de ese particular. Pero insisto, esa es información parcial y dirigida. —¿Por parte de quién? —Son filtraciones que pueden configurar la idea de algo que no es. Y en eso mi abogado me ha dicho que en ese tema no me explaye más. —Pocos días después de ese mail, su asesora Mariela Molina dio una boleta a SQM por el mismo monto que estaban conversando, $ 3 millones. ¿Tampoco puede referirse a eso? —No. —¿Descarta que las boletas previas a SQM de sus colaboradores Mariela Molina, René Lorenzo Madariaga y María Martínez estén vinculadas con el financiamiento de su campaña? —Yo eso lo he dicho varias veces. Es completamente normal que personas que trabajan en una región puedan también prestar servicios o trabajar en empresas de la región. Yo lo que entiendo es que los antecedentes que hay en la carpeta investigativa señalan que son asesorías que se habrían hecho. Esto salió en febrero y estamos a diciembre. Claramente la Fiscalía desvirtuó en su minuto que sean boletas falsas y nadie ha puesto en duda con antecedentes reales que esas asesorías no se hayan hecho. —¿Así como pidió financiamiento a SQM para la campaña municipal, también lo hizo para su candidatura senatorial? —No. Yo pedí el 2012, no el 2009. —¿Va a declarar por SQM en los próximos días? —Pienso concurrir a la Fiscalía y mi intención, y ese es un tema que tenemos que conversar con los abogados, es entregar una serie de antecedentes también para desvirtuar las cosas que se han dicho por la prensa. —El ex fiscal nacional Sabas Chahuán dijo en su momento que usted fue invitado a declarar, pero que al parecer “no leyó el mail” con la invitación. —Eso es falso, yo sólo he recibido una invitación a declarar que fue hace poco más de un mes cuando estaba con licencia. La primera vez me citaron por el diario, el departamento de informática del Congreso pudo comprobar que jamás llegó una invitación el día que dijo la Fiscalía. Y eso lo encuentro grave, entiendo que aquí mucha gente está exigiendo el empate, entonces hay que buscar con quién empatar, pero eso claramente atenta contra la justicia. —Con lo de la invitación y las filtraciones, ¿cuál es su evaluación del trabajo del ex fiscal? —He visto situaciones en mi caso que a mí me generan sospecha. Aquí, el enjuiciamiento no se hace en tribunales, se hace en la prensa, se hace con trascendidos y filtraciones. La Fiscalía tiene mucho poder porque sabe el daño que produce un juicio oral, y que cada minuto que pasa sin que se resuelva un tema judicial de esta naturaleza es un daño tremendo para la persona imputada. Por lo tanto, con ese poder la Fiscalía puede presionar a que el imputado busque salidas alternativas aun cuando no haya cometido ilícitos y aun cuando ni siquiera haya un hecho punible. —¿En ese sentido, usted y su abogado se abren a la posibilidad de un juicio abreviado, tal como lo hizo Jovino Novoa? —No. Sé que todo esto produce daño pero a mí me asiste la total convicción de que yo no he cometido ningún ilícito y queremos que eso se establezca. El lobby de Corpesca —Un caso diferente es la querella del diputado Hugo Gutiérrez por Corpesca, él habla de financiamiento irregular y de cohecho en la tramitación de la Ley de Pesca. —Gutiérrez presenta una querella que claramente tiene un objetivo político donde dice que yo recibí $ 100 millones de aporte reservado de Corpesca, mi defensa solicitó abrir mi aporte reservado y demuestra que yo no recibí ni un peso de Corpesca, por lo tanto los hechos en que funda la acusación son falsos. Es más, con Girardi, Gómez y Navarro presentamos en su momento una ley para en 10 años licitar el 100% de la cuota de la extracción industrial, una propuesta completamente contraria a la de Corpesca. No se entiende que todavía no me sobresean cuando aquí claramente hay un diputado que cree que es posible judicializar la política y eliminar a sus adversarios no a través de la lucha electoral y de las ideas, sino a través de denuncias falsas o calumnias. —Pese a oponerse, al final usted votó a favor de la Ley de Pesca. —Sí, porque hubo un acuerdo político entre la oposición y el gobierno. Donde cedimos, pero ganamos ciertas cosas, como crear un comité científico-técnico para asignar las cuotas de captura y no de acuerdo a criterios políticos o sociales como era antes. —Se filtraron unos mails de la época donde dos gerentes de Corpesca dicen que van a hablar con usted por unas indicaciones a la ley. Usted reconoció ese año que nunca había visto tanto lobby como en la Ley de Pesca ¿Los ejecutivos hablaron con usted finalmente? —Sí, hablaron conmigo y yo mismo en ese minuto dije que había lobby. Yo creo que las democracias deben tener lobby regulado y transparente. Si se abrieran los correos de todas las empresas te darías cuenta de que siempre hay conversaciones. Todos saben que he sido un opositor de la comida chatarra, a las tabacaleras y han ido a hablar conmigo y no significa que porque converses con alguien vas a estar coaptado. —Según el mail la indicación que quería poner Corpesca era en particular la de retirar del mensaje lo referente al jurel como stock único. —El tema del jurel lo aclaro de inmediato. Muchas veces los intereses de los trabajadores de la pesca industrial iban de la mano con los intereses de los industriales mismos. Si aumentas la cuota del jurel hay más pega, un problema social menos, y también ganan más los empresarios. Y ese tema del jurel es un debate científico respecto a que si el stock del norte del jurel es distinto al stock del sur. —¿Qué opina del caso de su compañero de circunscripción Jaime Orpis (UDI) que reconoció financiamiento de Corpesca para pagar deudas de campaña? —Siempre he respetado mucho al senador Orpis, la labor que ha hecho él en el norte en el ámbito de la rehabilitación es encomiable y no quisiera contribuir a hacer leña del árbol caído. —¿Detrás de la arremetida de Hugo Gutiérrez ve intereses senatoriales en el norte? —Más claro, echarle agua. Él se caracteriza por emporcar la política y hay una coordinación entre el alcalde Jorge Soria y Gutiérrez para desestabilizar mi senaduría. De hecho las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier, hablando de que una persona que falte a la ética aún cuando sea inocente podría quitársele el cupo, tiene que ver justamente con una movida de Gutiérrez para despejarse el camino. Yo me pregunto dos cosas: qué pasa con la presunción de inocencia y, segundo, si la sociedad chilena está dispuesta a entregarle la reserva moral de Chile al diputado Teillier. Yo pienso que no. Que es complejo que una sola persona se proclame como quien tiene la tutela ética de la sociedad, no quiero entrar con juicios respecto al diputado Teillier, pero creo que con el caso Arcis o con Corea del Norte es suficiente. —Estamos hablando de sus compañeros de coalición. —Sí, pero no se han comportado como compañeros y ahí hay una responsabilidad del Partido Comunista, pese a que el gobierno le ha pedido al presidente del PC que paren la campaña en mi contra no han hecho absolutamente nada, así no se puede trabajar en una coalición. —¿Con todo lo que ha ocurrido este año, nunca ha pasado por su cabeza dar un paso al lado en la política? —El dilema política-medicina existe en mi vida desde hace veinte años y yo lo resolví. Quiero ser muy claro: soy iquiqueño, fui diputado en dos períodos, y si bien es cierto se me plantea un dilema cuando se crea una nueva circunscripción, lo natural es que yo vuelva a ser candidato a senador por Tarapacá y voy a ser candidato a senador por Tarapacá. Así que un mensaje que quiero enviar a todas las personas que estén mirando el mapa senatorial, particularmente en mi partido, es que tengan la claridad completa de que voy a ser candidato. www.quepasa.cl
  21. Grave acusación: empresas de Piñera estafan en $128 millones al Fisco al entregar facturas falsas a Soquimich Así lo establece informe del SII respecto de acciones de las empresas Bancard y Vox Populi, ambas vinculadas al ex mandatario, informa este domingo El Mercurio Un informe del Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) determinó que las sociedades Bancard y Vox Populi, al extender facturas ideológicamente falsas a SQM, provocaron un perjuicio fiscal que sumado alcanza los $128 millones. El SII analizó las declaraciones y antecedentes remitidos por la Fiscalía, que dirige la investigación penal, e informaciones obtenidas por el mismo servicio. Según informa este domingo "El Mercurio", en el caso de la Administradora de Bancorp S.A., controlada por Bancard, se revisaron 16 facturas emitidas a la minera, entre 2009 y 2010, por un total de $340 millones. Respecto de Vox Populi, el servicio examinó cinco facturas -de 2009- que suman $26 millones. "Respecto de los respaldos de los servicios registrados en las facturas analizadas, la contribuyente (Bancorp) aportó cuatro archivadores con documentación (...) no obstante, no aportó ningún contrato de prestación de servicios que dé cuenta de acuerdos con la empresa Soquimich S.A. ni tampoco aparece mencionada como receptor de los 'Informe Tracker Mercado'. No hay ningún tipo de acta de recepción por parte de Soquimich S.A. ni otro documento que acredite que dichos informes corresponden a una prestación de servicios entregada a la minera", consigna el informe del SII. Impuestos Internos reseña también -en este documento- que "si bien el representante legal de la contribuyente (Bancorp), Nicolás Noguera Correa, y el ex gerente de la misma, Santiago Valdés Gutiérrez, afirman que los servicios registrados en las facturas fueron efectivamente realizados, los documentos de respaldo aportados no son suficientes para acreditar que hubieran prestaciones de servicios a SQM, toda vez que no cuentan con contratos de prestación de servicios y los informes que acompañó no individualizan como receptora a la empresa auditada (SMQ) ni a ningún empleado de esta". $340 millones suman las 16 facturas que Bancard emitió a la minera. A su vez -agrega el análisis-, la minera "no reconoce esos servicios, pues presentó una solicitud rectificatoria" ante el SII que incluye estos pagos. Esto último, por estimar que dichos desembolsos no correspondían a ungasto necesario para producir renta. Sobre Vox Populi, el SII afirma que "si bien el representante legal de la contribuyente Nicolás Noguera y el gerente de la misma, a la fecha de la emisión de las facturas cuestionadas, Santiago Valdés, afirmaron que los servicios detallados en esas facturas fueron efectivamente realizados, no aportaron ningún respaldo que dé cuenta de los servicios en cuestión". Noguera -continúa el informe- "señaló que debido a una remodelación de la empresa no se ha podido encontrar la documentación de respaldo, a diferencia de la documentación contable, la cual sí fue encontrada y aportada a este departamento". SQM también incluyó estos pagos en una rectificatoria que presentó ante el organismo fiscalizador. El SII concluye, finalmente, que "SQM registró y declaró facturas de Administradora Bancorp y Vox Populi S.A. provocando un perjuicio fiscal de $45 millones 850 mil y 82 millones 250 mil, a valor histórico, por los años tributarios 2010 y 2011, respectivamente". Caso La Música También hay un análisis que se refiere a los pagos por $45 millones que la minera realizó a Asesorías e Inversiones La Música, de Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de Chilevisión (CHV), en 2010, cuando Bancard era controladora del canal de TV. "De las declaraciones revisadas se puede establecer que Asesorías e Inversiones La Música habría emitido, a solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, facturas ideológicamente falsas a SQM por servicios profesionales que se habrían prestado por La Música a Bancard", consigna el informe del SII. Así lo expresó en su declaración, de abril pasado, el mismo De Aguirre, quien sostiene que "estas facturas corresponden a servicios prestados al grupo Bancard, respecto de asesorías en torno a temas relacionados con inversiones y comunicaciones, por lo tanto no hubo prestación de servicios a SQM". Explica, en este sentido, que se trata de un pago de $146 millones que originalmente pagó Bancard y que luego la misma sociedad solicitó reversar y fraccionar, solicitándose la emisión de facturas a la minera y a otro grupo de empresas: Aguas Andinas, Pampa Calichera, Inversiones Ilihue y la propia Bancard, se lee en el informe del organismo fiscalizador donde se recoge su testimonio. 5 facturas emitió Vox Populi a SQM las que suman $26 millones Al igual que en los otros dos casos -de Bancard y Vox Populi- el SII establece que "los servicios (...) son inexistentes" y, a ello, también se suma que la misma SQM presentó una rectificatoria ante Impuestos Internos respecto de estas facturas por no ser gastos necesarios para producir renta. Adicionalmente el servicio advierte que "los pagos efectuados por SQM constituyen incrementos de patrimonio para Bancard, por cuanto dichos pagos correspondían a una obligación que esta última mantenía con Asesorías e Inversiones La Música". Por las facturas de La Música a la minera, el perjuicio fiscal alcanza los $15 millones 750 mil, según los cálculos de Impuestos Internos. www.cambio21.cl
  22. Piñera alude a prolongada ausencia de ME-O y lo invita a "debatir en Chile" Ex presidente respondió a invitación extendida por el líder del PRO a conversar sobre modelo de desarrollo. Por actividades en el extranjero de ME-O, Fiscalía no le ha podido tomar declaración en el caso SQM. Hasta el centro de eventos CasaPiedra, en Vitacura, llegó ayer el ex presidente Sebastián Piñera, con motivo del lanzamiento del libro Internet de las cosas (oiT), Web 3.0 y la revolución móvil, escrito por Sergio Melnick y José Miguel Barraza. Allí, cuando el ex mandatario subió al podio a presentar el libro, dedicó unas palabras a Marco Enríquez-Ominami. Esto, debido a que tanto el ex mandatario como el líder del PRO estaban invitados a realizar la presentación del libro, tal como ocurrió en 2014 con otra publicación de Melnick. Sin embargo, a diferencia del año pasado, Enríquez-Ominami se excusó. Así, para suplir su ausencia, ME-O envió una carta, en la cual explicaba que se debía a que estaba participando de una serie de actividades académicas en Francia, y donde afirmaba que le habría gustado estar presente, para poder debatir con Piñera. “Lo lamento especialmente porque la presentación de este libro iba a ser la primera oportunidad que tendría para debatir con Sebastián Piñera, el candidato de la derecha. Aprovecho de invitar a Sebastián Piñera a que debatamos antes de que termine el año sobre el modelo de desarrollo que necesita Chile”, se lee en la nota enviada por ME-O. Fue entonces que Piñera recogió el guante, y respondió que “me habría gustado que Marco estuviera acá. El dice en su carta que ésta sería la primera oportunidad de debatir. Le quiero recordar que hemos debatido muchas veces. De hecho, hace un año atrás, en esta misma oportunidad, a propósito del libro Creativicón”, afirmó el ex mandatario. Piñera agregó que “como él está en París, le quiero decir que la próxima semana yo voy a tener la oportunidad de asistir a la Cumbre del Cambio Climático, y tal vez podamos debatir en Francia. Si quiere en francés, aunque él sabe que yo prefiero debatir en Chile y en castellano”. El ex mandatario aludió así a la prolongada ausencia del ex presidenciable del PRO, quien en los últimos meses ha pasado varias semanas en el extranjero, donde ha participado de diversas actividades. Hace cerca de un mes, inició una gira por diversos países de Latinoamerica y el Caribe, y actualmente está en Europa. Lo anterior, justo en momentos en que Enríquez-Ominami es investigado en el marco del caso SQM, causa por la cual aún la fiscalía no le ha podido tomar declaración como imputado, debiendo aplazar en varias ocasiones la citación dado que no se encuentra en Chile. Tanto Piñera como ME-O se han mantenido entre las figuras mejor evaluadas para las elecciones presidenciales de 2017, por lo que podría producirse -eventualmente- una contienda entre ambos. Durante su presentación, además, Piñera deslizó cuestionamientos a las reformas impulsadas por el gobierno. www.latercera.com
  23. Apuntado como el político peor evaluado Pizarro culpa a los medios de su bajo nivel de aprobación: "El asesinato de imagen ha sido un poquito mucho" por El Mostrador 25 noviembre 2015 El presidente de la DC reconoció que su error fue viajar a Londres en momentos en que su zona fue azotada por el terremoto en septiembre. De todas maneras reiteró sus dichos sobre "la majadería" de los periodistas que insisten sobre el asunto. El senador Jorge Pizarro salió a enfrentar las cifras de la última encuesta Cadem, que lo apunta como el político peor evaluado entre todos los personajes incluídos en el sondeo. El presidente de la DC ha estado envuelto en la controversia durante este año a partir del vínculo de sus hijos Jorge y Sebastián, que recibieron pagos desde la minera SQM, justificados como "asesorías verbales". Luego en septiembre, justo después de que un terremoto afectara a la Cuarta Región, la zona que él representa, Pizarro viajó a Londres para asistir junto a su familia al Mundial de Rugby. El parlamentario fue seleccionado nacional en ese deporte. El panorama se vio abultado por un comercial de la compañía telefónica Wom que parodió la situación. Por eso, una vez conocidos los resultados de Cadem, Pizarro abordó las cifras. “No es un misterio que esa misma encuesta refleja un problema para todo el mundo político. Algunos se extrañaban que después de todo lo que me han pegado a mí – con razón y sin razón- apareciera todavía con algún tipo de apoyo porque la verdad es que el asesinato de imagen ha sido un poquito mucho", aseguró Pizarro a radio ADN. El senador admitió sin embargo que “la única responsabilidad que he podido tener objetiva, es el error que cometí de haber viajado en un momento en que no debí haber viajado y de eso se ha hecho una escandalera que no tiene nada que ver con compromisos y las responsabilidades que uno tiene en el ámbito político”, afirmó y volvió a repasar a los medios. “Es una majadería de los periodistas seguir insistiendo en una cosa en donde ya he dado todas las explicaciones", concluyó. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/11/25/pizarro-culpa-a-los-medios-de-su-bajo-nivel-de-aprobacion-el-asesinato-de-imagen-ha-sido-un-poquito-mucho/
  24. Caso SQM: Citan a declarar en calidad de imputado al ex candidato Pablo Longueira La comparecencia del histórico UDI es una de las últimas decisiones de Sabas Chahuán antes de que termine la próxima semana su período como Fiscal Nacional. La defensa del gremialista busca acceder al expediente del caso para fijar el día de la declaración.  Nacional25 de noviembre, 2015 Autor: El Dínamo El 1 de diciembre es el día en el que el actual Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, deberá entregar el mando a su sucesor, el actual director Ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott. La nueva administración que tendrá la Fiscalía tiene en esta ocasión un componente especial, ya que los casos de presunto financiamiento irregular de la política, enmarcados en los casos Penta, SQM y Corpesca, están siendo encabezados por Chahuán. Antes de que termine su período, el Fiscal Nacional saliente intenta dejar delimitadas algunas diligencias a realizar después de que deje el cargo. En el caso SQM, por ejemplo, a causa de que tanto Marco Enríquez-Ominami como su abogado, Ciro Colombara, estarían fuera del país, su comparecencia en calidad de imputado quedaría para después de que Chahuán deje su cargo. Sin embargo en esta jornada El Mercurio revela que un nuevo político emblemático fue citado a declarar en calidad de imputado en esta causa: se trata de Pablo Longueira, ex candidato presidencial de la UDI, el que está siendo investigado por una serie de boletas presuntamente falsas que habrían emitido sus cercanos. El representante de Longueira, el abogado Alejandro Espinoza, solicitó copias del expediente del caso, y una vez que se complete esa petición, se acordaría una fecha para que el ex presidenciable sea interrogado. En el marco de este caso uno de los hijos del ex senador fue citado a declarar. Ante la fiscal Carmen Gloria Segura, el joven fue consultado respecto de los 4,4 millones de pesos que habría boleteado para la minera no metálica SQM en el 2010. Otra persona, Solange Hermosilla, de acuerdo a antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, habría emitido boletas por servicios no prestados a petición de una ex asesora de Longueira, Carmen Luz “Titi” Valdivieso. Asimismo, una concuñada del ex parlamentario, la profesora de básica, Loreto Undurraga, aparece boleteando por 14 millones de pesos para SQM, y también existen múltiples menciones de otros emisores a pagos vía Chile Justo, fundada por el mismo Longueira. En el marco de este caso, en las próximas horas tendrá lugar una audiencia en la que se discutirá si se amplía el plazo de esta investigación, o si es que el tribunal solicita su cierre. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/11/25/caso-sqm-calidad-imputado-ex-candidato-presidencial-pablo-longueira-senador-udi/
  25. ¿Alguien dijo refundación? Sepa por qué la derecha aún no agarra vuelo después de 20 meses en la oposición Por Luis Casanova R. Asumiendo que “gracias” a los casos Penta, SQM y Corpesca se retrasó el inicio del nuevo referente de oposición, el cuarteto UDI- RN-Evópoli-PRI comenzó la búsqueda de la simpatía ciudadana. Una buena: su estructura interna en formación. Una mala: depende de lo que diga y haga una sola persona: Piñera. Un par de presentaciones en sociedad en el ex Congreso Nacional de Santiago, reclamos cruzados en privado, recriminaciones efectuadas en público y un retraso forzado a causa de los problemas generados por los casos de financiamiento irregular de campañas políticas (Penta, SQM y Corpesca) que involucraron a emblemáticos dirigentes de la UDI y RN. Todo esto en medio de una oposición crítica en el Parlamento, que incluye una interpelación y una acusación constitucional en curso hacia la Ministra de Salud, Carmen Castillo, y reparos al por mayor por la agenda de reformas estructurales que impulsa el Gobierno de Michelle Bachelet. Y lo más singular, sin nombre. Así han sido los primeros 20 meses de la derecha desde que Sebastián Piñera entregó la banda tricolor, con el ex mandatario monitoreando el escenario para su inevitable retorno desde la fundación Avanza Chile y con una apertura al centro que se ha cocinado a fuego lento y con poca leña. La meta es olvidar el fallidlo experimento de 2009, cuando las tiendas dirigidas entonces por Carlos Larraín y Patricio Melero formaron la "Coalición por el Cambio", junto al Movimiento de Humanistas Cristianos y ChilePrimero (liderado por el ex ministro de Salvador Allende Fernando Flores), grupo que nunca tuvo brazo orgánico y que a poco andar fue lanzado al baúl de los recuerdos. A tanto, que algunos de los integrantesdel MHC se mudaron hacia otros proyectos políticos. Además, CH1 pasó a llamarse Partido Liberal, cuyo fundador, el diputado Vlado Mirosevic, vivió un tormentoso apoyo a la candidatura presidencial de Tomás Jocelyn-Holt en 2013, lo que dio paso al cabo de unos meses al respaldo a Marco Enríquez-Ominami ese mismo año. RN, en tanto, supo del retiro parcial de Larraín tras su suplencia como senador por Los Ríos (anunció su retorno) y de la cuestionada gestión del diputado Cristián Monckeberg como timonel del partido. Por cierto, Piñera decidió no volver a enrolarse como miembro de la colectividad. Y la UDI, después del "Pentagate", sufrió la renuncia de su presidente, el diputado Ernesto Silva (sobrino de Carlos Alberto Délano, dueño de Penta), tuvo como interino a su colega Javier Macaya y recibió de vuelta como mandamás al senador Hernán Larraín, pero sin deseos de revalidar la posta cuando termine su período. "Antes negociábamos" Ahora, secundados por el Partido Regionalista Independiente (PRI), entidad encabezada por ex militantes de la Democracia Cristiana, y Evolución Política (Evópoli), movimiento creado por ex ministros de Piñera, la fenecida Alianza dio lugar a "Chile Vamos". "Lo primero que hicimos fue crear una estructura que nos permita ponernos de acuerdo en materias que son sustantivas", dice entusiasta la presidenta del PRI, Alejandra Bravo. "Formamos una plataforma que consiste en un Comité Directivo, que está compuesto por los timoneles y secretarios generales de los partidos, que se junta todos los lunes, cosa que la centroderecha no había hecho nunca, lo que nos transforma en una coalición política en todas las regiones del país", comentó a Cambio21. "Por otro lado, se constituyó un grupo constitucional que ya tuvo su primera reunión y que se verá todas las semanas a contar de fines de noviembre, después de terminada la discusión presupuestaria del Congreso. Su presidente es el senador Alberto Espina (RN) y su secretario ejecutivo es Sebastián Soto (UDI)", agregó para esta crónica el vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, Edmundo Eluchans. Asumiendo que "no tenemos punto de comparación, porque las coaliciones anteriores eran solamente electorales", Mario Desbordes, secretario general de RN, recuerda que "antes era cosa de sentarse y empezar a negociar comunas y distritos". "Obviamente, siempre hay cosas que se podrían terminar más rápido, pero la idea no es hacer tanta parafernalia o levantar actos llenos de challas y serpentinas cuando debajo no hay nada. Al revés, lo que queremos es primero construir y después declarar los grandes anuncios", indicó a este medio. El propio ex candidato a diputado anticipó que "a fines de mes y dentro de diciembre haremos el lanzamiento definitivo con las bases comunes que acordamos los cuatro partidos". Pero, ojo, que Eluchans, ex presidente de la Cámara Baja, entregó unbonus track: "en el acto inicial vamos a anunciar una especie de Comisión Política integrada por 18 ó 20 personas. Y ahí va a haber personas vinculadas o cercanas al ex Presidente Piñera". "En el pasado hemos tenido una relación de amores y odios con RN, pero la historia nos enseña que cuando las cosas se hacen bien y tomándose el tiempo necesario, resultan", remarcó. Ahora sonrisas La primera declaración del PRI una vez ingresado al bloque opositor fue la condena a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre 1973 y 1990. Como se sabe, el tema es sensible para los sectores más duros de la UDI y RN que aún defienden la memoria y el "legado" de la dictadura militar de Pinochet, lo que se traduce en la permanencia de las declaraciones de principios de ambos partidos en lo referido a mantener la definición del golpe de Estado como "acto libertario". Respecto de un giro al centro que obliga a definirse de una manera que de seguro incomodará a algunos, Eluchans aseguró que "la apertura ha sido absolutamente fácil". "Vengo predicando hace mucho tiempo que si queremos ser una alternativa real de Gobierno nuestra coalición debe ser lo más amplia posible. Si no, no tenemos nada que hacer. Y eso significa que haya gente de centro e incluso con pasado de centroizquierda. No hay ningún inconveniente", expresó. "El PRI ha sido bastante insistente en decir que esta alianza es de centro y centroderecha. A ellos no les gusta que los tilden de centroderecha. Y yo acepto, respeto y entiendo que se definan de un centro químicamente puro. Es cómodo y me considero una persona abierta, aun teniendo mis posiciones, que las seguiré defendiendo a muerte", destacó. "Nos hemos llevado una grata sorpresa con la UDI y RN", celebra Bravo, "porque ellos estaban acostumbrados a resolver de otra forma sus asuntos políticos", añadió. Por su parte, Desbordes afirmó que "la inclusión del PRI y Evópoli ha sido bastante simple. Son gente muy criteriosa, que viene de partidos pequeños y en formación, pero que tienen integrantes con experiencia. Algunos son ex ministros y ex parlamentarios. Todos bien prudentes, lo que hace fácil trabajar con ellos. Hay una buena relación humana". "¿Algo?" La única (gran) piedra en el zapato para el cuarteto en cuestión tiene que ver con los innumerables coletazos que dejó, y que de hecho siguen provocando, los casos de financiamiento irregular de campañas electorales. Amparados en que se trató de "casos personales", tanto RN, que le congeló la militancia al ex diputado Alberto Cardemil (uno de los involucrados), como el PRI (que tiene a integrantes de sus filas mencionados en la entrega de boletas ideológicamente falsas en el caso SQM) y Evópoli admiten que la polémica retrasó la puesta en marcha del conglomerado. "Al principio, los casos Penta y Soquimich nos obligaron a mantener las reuniones de trabajos en el bajo perfil, para así evitar que cualquier anuncio que hiciéramos se perdiera, tomando en cuenta el tsunami de denuncias que apareció", relata Desbordes, quien también admitió que "por lo mismo, fue complicado y nos hizo perder un semestre completo". "Por suerte, ahora la labor se ha ido encauzando y hemos podido avanzar a pesar de todas las causas", acotó. No cree lo mismo Eluchans, que postula que los juicios aludidos (en contra de Jovino Novoa, Ena von Baer, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Pablo Wagner y otros), "algo han influido en el atraso". "Creo que se debe a la suma de problemas que, por lo general, no tienen una sola causa. Sin embargo, estamos siendo precavidos para que todo resulte bien de ahora en adelante", aseveró. Realismo con renuncias De cara al próximo desafío electoral del sector, las municipales de 2016, la realidad indica que "no habrá primarias" en los municipios donde la oposición tenga jefes edilicios en ejercicio. Lo llamativo es que en la mayoría de estas plazas las máximas autoridades locales pertenecen a los "Alcaldes por Chile", grupo que de forma paralela al trabajo conjunto de Vamos Chile confirmó las repostulaciones de sus miembros. Acá se cuentan a los renunciados a la UDI Rodolfo Carter en La Florida y Eduardo Soto en Rancagua, los aún militantes de la tienda de calle Suecia Jorge Castro en Viña del Mar y Francisco de la Maza en Las Condes, además de los RN Felipe Guevara en Lo Barnechea y José Miguel Arellano de Padre Hurtado. "Esperamos que los ‘Alcaldes por Chile' pasen a ser los ‘Alcaldes por el Chile Vamos'. Mucha unidad es lo que se requiere en este instante. Por eso que hemos decidido llevar un solo candidato a alcalde en todo el país", manifestó Bravo. Donde sí habrá competencia es en "a lo menos 34 comunas" que pertenecen a la Nueva Mayoría, las que en una gran cantidad pertenecen a los cupos que se perdieron en la pasada vuelta de 2012, como Providencia, Santiago, Concepción, San Fernando, Independencia, Arica, Iquique y La Serena. ¿Y las presidenciales? Si bien en la previa están mencionados los nombres de Sebastián Piñera, los senadores de RN Manuel José Ossandón, Alberto Espina y Francisco Chahuán y los UDI Juan Antonio Coloma (senador) y José Antonio Kast (diputado), es evidente que a la hora del recuento final es el ex mandatario el que suma coincidencias, más allá del arrastre que podría acumular Ossandón. "Hablar de política, del futuro del país y de la próxima elección de 2017 y dentro de un grupo de centro y centroderecha, y no considerar al ex presidente Piñera y a su organización (Avanza Chile), sería sencillamente estar excluyendo a alguien que por cierto tiene mucho que decir", sostiene Eluchans. "Tengo una positiva impresión de lo que fue su Gobierno. Y ciertamente, él es una de las cartas posibles a futuro. No digo que vaya a serlo. No lo sabemos. El tiempo lo dirá, pero tiene que estar en la mesa con nosotros. Es indispensable que así sea y sin perjuicio, positivo o negativo, de quien tiene que ser el candidato. Lo analizaremos en su minuto, pero no hoy", concluyó. Lazos personales Alejandro Olivares, cientista político de la Universidad de Chile, señaló aCambio21 que existe un fenómeno que complica cualquier refundación de la derecha: el "híperpersonalismo" de su dirigencia. "Pueden prometer diferentes institucionalidades o estructuras, pero al fin y al cabo lo que están esperando es una definición de Piñera para saber lo que va a pasar; si es que lo va a apoyar, si será el emblema del Chile Vamos o si se irá por separado en otro referente o si estará solo", manifestó. A juicio del analista, "Piñera ha tenido un liderazgo oscilante. Entra y sale de la escena, pero siempre pensando en él mismo como candidato presidencial más que como estandarte de la oposición". "La derecha -insistió el académico-, tiene un estilo de hacer política muy particular y cuesta que cambie, porque está centrado en las características personales más que las ideologías o proyectos colectivos. Es menos militante y menos comprometida políticamente, pero sí comprometida individualmente y en los lazos personales. Y eso es difícil que cambie incluso con las nuevas generaciones que vienen detrás". www.cambio21.cl
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