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  1. 05 Enero 2019 ¿Hay agua en la piscina para reformas políticas? El regreso al voto obligatorio y poner límite a la reelección de los parlamentarios. Estos son parte de los hallazgos de un estudio realizado por la UDP -Radiografía al Congreso- que establece que, aunque los consensos son posibles, aún nadie encuentra la fórmula para ellos. La renovación del Congreso no es solo numérica. Aunque se pasó de 158 parlamentarios a 198, el avance se ve también en los consensos. ¿Se puede decir hoy que tanto diputados como senadores son más progresistas que sus antecesores? Quizás. El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales realizó una encuesta cara a cara con casi todos los parlamentarios. Los resultados son una foto casi exacta -respondió el 92,4% del total de congresistas- al nuevo Congreso. ¿Vale la pena tirarse a la piscina en lo que a reformas políticas se refiere? Al parecer, sí. Aún más importante: ¿Hay agua para lanzarse? Según esta encuesta, también. A simple vista, los acuerdos están cerca de lograrse. Al mirar en detalle, no tanto. Poniendo límites ¿Es posible lograr consensos políticos transversales? Sí. Nueve de cada 10 congresistas encuestados piensa así. Al menos en algunos temas. El 91,9% está de acuerdo con modificar el periodo presidencial; el 75,4% apoya limitar la reelección de los congresistas; el 66,7% cree que se debería volver al voto obligatorio y el 63,9% cree que se debe mantener el control constitucional en el Tribunal Constitucional. Perfeccionar la democracia es posible. Aparentemente. Pero no tanto si los datos se miran con lupa. El problema son las fórmulas. Llegar a un consenso para modificar el periodo presidencial no sería difícil, la dificultad es el cómo. ¿Cuáles son las opciones para esta reforma? Cuatro años con una reelección inmediata o seis años sin reelección. Ninguna alternativa alcanza el 50%; mientras a la primera opción adhiere un 48,6%, a la segunda lo hace un 34,4%. Incluso, a la hora de mirar las coaliciones existe fragmentación. Aunque si hubiese que apoyar una fórmula, probablemente la derecha tendría la llave de la reforma. Tanto la UDI como RN apoyan los cuatro años con una reelección inmediata. En la ex Nueva Mayoría, en cambio, el PR y el PPD apuestan por los seis años; el PS y el PC, por los cuatro, y la DC no muestra una posición clara. Tribunal Constitucional, ¿reformar o no? “Es urgente cambiar el Tribunal Constitucional”. Así de enfático fue el presidente del Senado, Carlos Montes, al referirse al órgano que ha estado en el foco de las noticias. ¿Por qué? Uno de los fallos que dio a conocer el TC hace poco más de una semana prendió las alarmas. El rechazo a los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos respecto del proyecto de libertades condicionales, pero declaró inconstitucional la exigencia de arrepentimiento para condenados por DD.HH. ¿Qué piensan diputados y senadores de un pequeño órgano con enormes facultades como el TC? Apenas dos de 10 de ellos apoya la idea de eliminar el TC. La derecha vota mayoritariamente por mantenerlo exactamente como funciona hoy. La postura de la izquierda, en tanto, es: RD (88,9%), Frente Amplio (77,9%), DC (72,2%), PR (66,7%) y el PC (62,5%) apoyan que se mantenga el TC, aunque reduciendo sus atribuciones. El PS (64%) y el PPD (61,5%) votarían por eliminarlo. -Uno pensaría que la izquierda está por la eliminación del TC y la derecha por la mantención y su fortalecimiento. Lo que muestra el estudio es que la mayoría de izquierda está solo por su reforma, reduciendo sus atribuciones. Me parece que en la izquierda no ha existido una reflexión sobre a quién le corresponde realizar el examen de constitucionalidad de los proyectos y de ahí la opción de mantenerlo, pero con atribuciones disminuidas. Esto refleja la falta de acuerdo ideológico sobre las instituciones de contrapesos en el debate público de los partidos en Chile -explica Claudio Fuentes, profesor a cargo del estudio. El revés del voto voluntario Sorpresa. La convicción de los legisladores es por el voto obligatorio. La fotografía permite visualizar la “voltereta” de la ex Nueva Mayoría. Cuando en enero de 2009 la Cámara de Diputados votó a favor del sufragio voluntario, los argumentos de los parlamentarios PPD, PS y PR eran que la medida permitiría ampliar el padrón electoral y cambiar la visión de los jóvenes sobre la política. Ciento tres diputados votaron a favor y apenas uno se abstuvo. Y cuando la Presidenta Michelle Bachelet, en marzo de ese mismo año, promulgó la reforma que establecía el sufragio voluntario, la ex Nueva Mayoría aplaudió. Hoy, 10 años después, el 80% de los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría cree que ir a votar debería ser obligatorio. El particular resultado -explica Fuentes- tiene una explicación. El gobierno de Bachelet, dice, estaba comprometido con el voto voluntario y los legisladores del en ese entonces oficialismo aceptaron esa decisión. “Varios de ellos votando en contra de sus convicciones. Muchas veces los legisladores no votan de acuerdo a sus ideales internos, sino que observan lo que la opinión pública valora y se disciplinan también respecto de lo que el ejecutivo promueve”, dice. Aunque un 66,7% opina que votar debería ser obligatorio. Esa opción alcanza solo el 50% en Chile Vamos. A nivel de partidos, la derecha se divide. En la UDI votan por la convicción de que el voto es un derecho y no una obligación. De hecho, un 64,6% de sus parlamentarios cree que el sufragio debería ser libre. En RN, el partido mismo se divide. Un segmento (35,9%) está por el voto voluntario y otro (64,1%), por el obligatorio. Juntos, pero no revueltos A simple vista, hay dos partidos políticos que se diferencian de sus respectivos bloques: el Partido Radical y Revolución Democrática. En el principal partido del Frente Amplio, RD, por ejemplo, todos los congresistas del partido encuestados están a favor del voto obligatorio. Una postura sumamente cercana a la ex Nueva Mayoría. Incluso, también a RN y a Evópoli. ¿Pero lejos de quién? Del resto del Frente Amplio, los que en un 55,5% prefieren el voto voluntario. RD es mucho más “republicano”, en términos de concebir el voto como una obligación, que el resto del FA, que es más “liberal”. ¿Y si hay que reformar el periodo presidencial? La diferencia entre RD y el FA es amplia. Si el 66,7% de RD (mismo porcentaje que la UDI) está a favor de elegir cuatro años y una reelección inmediata, apenas el 33,3% de su coalición comparte esa postura. Sin embargo, al analizar ese mismo tema queda en evidencia lo que podría pasar al interior del FA. Fuentes explica que, al ser un referente muy nuevo, esta coalición -que cuenta con 20 diputados y un senador- aún no llega a un consenso interno claro. No así Revolución Democrática, que tiene una formación más similar a la de un partido e incluso han tenido congresos ideológicos. El Partido Radical es un caso de estudio. El Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la UDP ya le había sacado la foto al PR, como la colectividad más conservadora de la izquierda chilena. ¿Y cuando hablamos de reformas políticas? También. Por ejemplo, y al igual que los parlamentarios PR, todos sus congresistas están a favor del voto obligatorio, y respecto de posturas importantes como la “revocatoria de mandato”, es el partido de izquierda que menos apoya esta opción, con un 16,7%. Claudio Fuentes lo explica así: -El Partido Radical tiene una tradición progresista combinada con una más conservadora que conviven desde la década de los 50. Esto se ha mantenido por décadas. Algunos parlamentarios tienen sus nichos electorales en sectores rurales, del sur de Chile, que tienden a ser más conservadores, mientras otros obtienen su apoyo en sectores más urbanos. Se trata de un partido con dos almas. Fuente: https://www.latercera.com/reportajes/noticia/hay-agua-en-la-piscina-para-reformas-politicas/471971/
  2. 13 de agosto del 2016 / 01:29 Hrs Radiografía judicial del Congreso: 46% de los parlamentarios registra causas en tribunales Uno de cada cinco legisladores fue acusado por incumplir pagos de seguro de cesantía e imposiciones. El 44% de los diputados y el 55% de los senadores han sido objeto de acciones legales en el área civil, penal, laboral y cobranza. La revisión del historial judicial de los 120 miembros de la Cámara de Diputados y los 38 parlamentarios que integran el Senado, evidenció una realidad, hasta ahora, desconocida al interior del Congreso: uno de cada dos legisladores enfrentó procesos judiciales en los últimos cinco años. Para desarrollar este análisis, La Tercera se basó en los antecedentes contenidos en el sistema de búsqueda del Poder Judicial tanto en los Juzgados de Garantía, Laborales, Civiles, de Cobranza Laboral, como en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. El catastro final reveló que del total de 158 parlamentarios, 74 de ellos estuvieron sujetos a procesos judiciales. Es decir, el 46,8% del total de legisladores. En el desglose por cámara, el 55% de los senadores ha sido objeto de alguna querella o demanda (21 casos), mientras que para los diputados la cifra alcanza al 44% (53 casos). El detalle completo, caso a caso, se puede revisar en www.latercera.com Si bien los casos de financiamiento irregular de campañas que estallaron el 2014 han centrado la atención de la opinión pública y son causantes de la negativa percepción de la política y el Congreso (83% desaprueba su labor, según la última encuesta GFK-Adimark), la revisión de los casos que llegaron a tribunales arroja otro tipo de denuncias como, por ejemplo, que 30 legisladores, casi el 20% del Congreso, enfrentaron procesos ejecutivos por incumplir el pago de cotizaciones previsionales o los seguros de cesantía de sus empleados. Otro grupo, en tanto, fueron demandados en ámbito civil y laboral, y una cantidad menor enfrentó querellas o causas penales por cometer presuntos delitos y por los cuales la fiscalía pidió su desafuero. Aunque el 46% de estos casos se encuentra archivado y un 28% fueron cerrados. Pese a ello, aún siguen vigente un 26% de casos contra parlamentarios. Consultado sobre estos antecedentes, el presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade (PS) dijo que “no puedo opinar como presidente de la Corporación porque desconozco la naturaleza de los asuntos en cada caso en particular y no tengo antecedentes al respecto”. En tanto, Milton Juica, ministro y vocero de la Corte Suprema, es enfático en manifestar que en el Poder Judicial “no hay ningún criterio distinto para el caso de los parlamentarios. Se aplica la ley igual para todos, sin un criterio distinto”. * Cotizaciones impagas Uno de cada cinco parlamentarios (19%) fue demandado por una AFP o Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., según los registros del Poder Judicial. Aunque en algunos casos que llegaron a los Juzgados de Cobranza Laboral se trata de montos bajos (incluso, de apenas de $6 mil), el retraso en estos pagos es calificado como “grave” por miembros de la judicatura, quienes destacan que al tratarse de autoridades esta situación no debe ocurrir. Por otro lado, resaltan la afectación directa a los trabajadores. Del catastro se puede detallar que 21 diputados y 9 senadores incurrieron en esta situación que llevó a las aseguradoras a emprender acciones legales. Algunos de los legisladores demandados, incluso, integran las comisiones de Trabajo y Desarrollo Social de sus respectivas Corporaciones y han levantado la voz ante las propuestas de cambios al sistema de previsión impulsado por el gobierno. * Querellas y desafuero Delitos tributarios, fraude al Fisco, cohecho, causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos e injurias. Esas son las principales causas que llevaron al desafuero de dos senadores y dos diputados en ejercicio: Jaime Orpis (UDI), Carlos Bianchi (Independiente), Rosauro Martínez (RN) y Gaspar Rivas (Independiente). En el caso de Orpis, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por delitos de presunta corrupción. En tanto, la causa contra el diputado Rivas se inició por un libelo por injurias interpuesto por el empresario Andrónico Luksic. Luego de ser desaforado, el senador Carlos Bianchi enfrentó un juicio oral y fue absuelto de los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible. En la otra vereda se encuentran otros cinco diputados que salieron airosos en sus procesos de desafuero. Christian Urízar (PS) fue imputado por un supuesto desvío de fondos de la Intendencia de Valparaíso; Marcelo Chávez (DC) fue formalizado por conducción en estado de ebriedad causando daños y abandonar el lugar sin dar cuenta a la autoridad. Por su parte, Gustavo Hasbún (UDI) enfrentó una querella por injurias por parte de la familia del estudiante Rodrigo Avilés, herido en los incidentes del 21 de mayo, y su Jorge Sabag (DC) fue formalizado por fraude al Fisco por un supuesto mal uso de asignaciones parlamentarias. Por último la diputada Cristina Girardi (PPD) afrontó una querella por injurias presentada por el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. En todos estos casos tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema rechazaron desaforarlos, lo que produce la calidad jurídica de “sobreseimiento definitivo”, según estipula la ley. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-692454-9-radiografia-judicial-del-congreso-46-de-los-parlamentarios-registra-causas-en.shtml
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