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  1. 24 Diciembre 2018 Primer monumento sobre la diversidad sexual instalado en el Cerro Santa Lucía fue destruido por desconocidos Dos semanas alcanzó a permanecer intacta la placa desde que se instaló en el recinto capitalino. El dirigente del Movilh Rolando Jiménez manifestó su repudio a "este acto vandálico, a todas luces homofóbico y transfóbico". A 14 días de que se instalara la primera placa sobre la diversidad sexual en el Cerro Santa Lucía, en Santiago, el Movilh denunció que fue destruido por desconocidos. El monumento -que había sido inaugurado el pasado 10 de diciembre- tenía grabado un saludo “al Chile del futuro con la esperanza de que en este territorio y en el mundo habrá plena igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos de todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y heterosexuales”. Tras el ataque, el dirigente del Movilh Rolando Jiménez, aseguró que buscarán a los responsables y que solicitaron a la Municipalidad de Santiago indagar en las cámaras habilitadas en el sector. Además manifestó su repudio a “este acto vandálico, a todas luces homofóbico y tranfóbico, que pretende dañar la memoria histórica de un grupo social discriminado por su orientación sexual o identidad de género”. Según sostuvo Jiménez, en un comienzo lanzaron piedras a la placa, pero que ahora fue destruida completamente “sin dejar rastro de la misma”. “Si piensan que conseguirán su objetivo, se equivocan, pues re-instalaremos la placa las veces que sea necesario. La dignidad y los derechos humanos, siempre serán superiores a la delincuencia”, señaló. Según denunció el organismo, seguidores del ex candidato presidencial José Antonio Kast habían hecho llamados a atacar la placa. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/primer-monumento-la-diversidad-sexual-instalado-cerro-santa-lucia-fue-destruido-desconocidos/459216/
  2. 14 Noviembre 2018 Armada se niega a retirar estatua de José Toribio Merino: No es un “monumento público” La Asociación "Ciudadanos por la Memoria" había solicitado al ministro de Defensa, Alberto Espina, sacar la obra en consideración a la responsabilidad de mando que tendría el almirante en las violaciones a los derechos humanos durante su periodo. El 22 de agosto de este año, la Asociación “Ciudadanos por la Memoria” solicitó al ministro de Defensa, Alberto Espina, que ordenara retirar del Museo Naval y Marítimo de Valparaíso la estatua del otrora Comandante en Jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar que participó del Golpe de Estado de 1973, José Toribio Merino Castro. El monumento fue erigido en el año 2002, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos y con la exmandataria, Michelle Bachelet, como ministra de Defensa. A través de una carta, señalaban que “Merino Castro se amotinó contra su Comandante en Jefe y usurpó el mando de la Armada para iniciar el golpe de Estado de 1973. Tuvo, indiscutiblemente, la responsabilidad del mando por las violaciones de derechos humanos cometidos por personal de la Armada durante toda la dictadura, tiempo en que permaneció a la cabeza de la institución” y que, por lo mismo, era “impresentable que en un país democrático sea objeto de homenajes por una institución del Estado de Chile. Ese homenaje abandera políticamente a la Armada, una institución que debiera ser de todos los chilenos, y la enajena de una buena parte de la ciudadanía”. La respuesta de Espina, a la que tuvo acceso La Tercera PM, llegó el 12 de noviembre a través de su jefe de gabinete Pablo Urquízar Muñoz quien se limitó a remitir las consideraciones sobre el tema entregadas por el almirante Julio Leiva Morales, comandante en jefe de la Armada. En el texto que firma Leiva Morales se consigna que “con la estatua erigida en memoria del Almirante Sr. José Toribio Merino Castro (Q.E.P.D.), la Armada de Chile ha hecho un reconocimiento a su persona en su calidad de exComandante en Jefe de la Armada, sin vulnerar disposición legal o reglamentaria alguna”. Añaden que “tal como lo ha expresado la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 32.951 de 2015, por encontrarse ubicada al interior del inmueble fiscal que alberga el Museo Marítimo Nacional, no se trata de un ‘monumento público’, dado que ese inmueble no corresponde a alguno de los lugares públicos a que se refiere el articulo 17° de la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales”. Sobre este punto, Luis Mariano Rendón, de “Ciudadanos por la Memoria” sostuvo que es “lamentable la respuesta tanto en el fondo, por la negativa a retirar la estatua, como por la forma, porque lo que hacen es reenviarnos el informe de la Armada y el ministro no se pronuncia. Ellos se transforman en un buzón y eso es deplorable”, adujo. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/armada-se-niega-a-retirar-estatua-de-jose-toribio-merino-no-es-un-monumento-publico/401385/
  3. 21 Junio 2018 Gobierno da espaldarazo a CCU en plan para reparar Monumento de Caso Degollados Compañía ligada al Grupo Luksic y la holandesa Heineken se comprometió a una serie de obras a fin de reparar el daño provocado al memorial. Incluso cederá al fisco una franja de terreno. La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) resolvió aprobar el Plan de Cumplimiento Ambiental que presentó la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) por el daño que sufriera el Memorial del caso Degollados producto de la construcción de su nueva planta en la comuna de Renca. A mediadios de marzo del presente año, la autoridad ambiental constató que durante las obras del Centro de Distribución del proyecto Embotelladora CCU Renca se produjo daños a la denominada losa histórica que se presenta fragmentada y se retiró el cerco vegetal que formaba parte del monumento. A ello se sumó la instalación de una malla faenera en las esculturas de las tres sillas. En su escrito de formulación de cargos, la SMA aclaró que ante las infracciones descritas, CCU arriesgaba desde una amonestación a una multa por un total de 1.000 UTA (aproximadamente unos US$936.000). Según la resolución de la autoridad ambiental los costos asociados a las acciones comprometidas por el titular ascenderían a $61.660.000, siendo la duración total del Programa de Cumplimiento de 10 meses desde su aprobación. Si bien la compañía pudo manifestarse contrario a los cargos formulados por la autoridad ambiental por medio de la presentación de descargos, CCU optó por presentar un Plan de Cumplimiento Ambiental, comprometiéndose a llevar adelante obras que mejoren y protejan la condición actual del monumento, así como otorgarle una puesta en valor al sitio histórico. ¿En concreto? La compañía construirá un asiento de hormigón visto, con gradas de hormigón que salvarán el desnivel existente entre la vereda y la losa histórica. Además, instalará un pavimento de maicillo compuesto por 50 mm de maicillo y membrana de geotextil por debajo. Lo anterior se llevará a cabo en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Pero CCU fue más allá incluso y cedió hasta parte de su terreno para ampliar el monumento. En efecto, la compañía propuso la formalización del compromiso de cesión a la faja pública de una superficie aproximada de 360 m2, para darle mayor holgura al memorial. Esta acción es más compleja y por lo mismo requiere ser visado por el MOP para el traspaso del terreno todo en un plazo máximo de 12 meses. Se trata de la medida propuesta por CCU que requerirá más tiempo de su plan de cumplimiento ambiental aprobado, el cual culminará de desarrollar en abril de 2019. “El cerco fue desplazado hacia el interior del deslinde en un promedio de 2,73 metros, lo cual fue debidamente documentado”, sostuvo la empresa. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/gobierno-da-espaldarazo-a-ccu-en-plan-para-reparar-monumento-de-caso-degollados/215072/
  4. 04 Diciembre 2017 Viña suma nuevo monumento nacional: el cementerio Santa Inés "Es una gran alegría”, sostuvo la alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia Reginato. Para inicios del próximo año se espera oficializar el decreto anunciado por el municipio que festejará el nombramiento de monumento nacional al cementerio Santa Inés, de Viña del Mar El camposanto desde su origen se pensó como cementerio laico, en 1908, pero los mausoleos católicos se impusieron. Los mismos que sufrieron la tragedia de un incendio en el año 1982. Fue ese año que la municipalidad tomó la administración y operación del recinto, rescatando su historia y patrimonio que permitió la denominación. “Es una gran alegría para mí como Alcaldesa de Viña del Mar que nuestra ciudad sume otro Monumento Nacional haciendo con esto un aporte al país y porque es un logro de nuestra Unidad de Patrimonio con todo el aporte y trabajo de los profesionales que forman este equipo que se preocupa de la protección, reconocimiento, difusión y educación en torno al enorme patrimonio que tenemos como ciudad”, afirmó la Alcaldesa Virginia Reginato. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/vina-suma-nuevo-monumento-nacional-cementerio-santa-ines/
  5. 28 Septiembre 2017 Lugar funcionó como sitio de tortura y exterminio en 1973 Ejército se opone a declaratoria de monumento nacional de centro de exterminio en Cerro Chena A diferencia de otros sitios de memoria, incluye una edificación que está prácticamente intacta, según sobrevivientes. El próximo 6 de octubre se cumplen 44 años del fusilamiento de 18 personas en ese lugar, incluido un niño de 17 años, a manos de militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos, sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares. Indignación hay en agrupaciones de derechos humanos por la oposición del Ejército a la declaratoria como monumento nacional, mención sitio de memoria, del "Cuartel N° II" de la Sección de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo (Casas Viejas de Chena), en el cerro Chena, en la comuna de San Bernardo, decidido en junio por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). La declaratoria, ocurrida el 28 de junio, ha sido gestada por la Corporación Memorial Cerro Chena, tras una postulación formal en julio de 2016, en virtud de que tras el golpe de Estado allí fueron torturadas y asesinadas numerosas personas. Sus verdugos fueron militares de la Escuela de Infantería, a la cual pertenece el predio, y que incluye la tristemente célebre "Escuelita", una edificación que permanece prácticamente intacta según testimonios de sobrevivientes. En el lugar murió un centenar de personas a lo largo de varios días. Uno de los hechos más resonantes fue la ejecución de 18 hombres, incluidos 11 obreros ferroviarios, el 6 de octubre de 1973, una matanza de la cual se cumplen 44 años la próxima semana y que incluirá una tradicional romería en la comuna. El único condenado por los hechos, un ex oficial de Ejército, murió sin purgar su pena por este caso. El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos -entre otros, que la entidad no habría podido expresar sus puntos de vista durante el mismo- sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares e incluso podría afectar su seguridad ante países enemigos. Cabe mencionar que anteriormente la institución sí cedió varios terrenos para ser parte del Parque Metropolitano Sur. "Te aseguro que si allí se quisiese instalar una estatua en homenaje al dictador o a los violadores a los derechos humanos, el Ejército de Chile jamás levantaría la voz", lamentó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). El dirigente sindical Manuel Ahumada, uno de los sobrevivientes del recinto siendo liceano y militante comunista, que estuvo recluido allí con 17 años de edad, en tanto, dijo que "es una pena que el Ejército insista tozudamente en querer tapar esa mancha enorme, sangrienta, pero creo que no lo van a lograr. Les avergüenza que en esas instalaciones, que se supone cumplían un rol en lo que ellos determinan la defensa de la patria, se haya detenido, vejado, torturado y asesinado a compatriotas". La declaratoria ha sido respaldada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Intendencia Metropolitana. También ha recibido cartas de apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, varios concejales de Paine y San Bernardo, la ONG Crea Conciencia y varios sobrevivientes. Ahora la ministra de Educación, Adriana Delpiano, de la cual depende el CMN y que debe firmar el decreto de declaratoria, deberá decidir en octubre si acoge o no el reclamo. Esta es la "Escuelita" donde estuvieron varios prisioneros. Este lugar permanece casi intacto a 44 años del lo sucedido. Los asesinatos La matanza del Cerro Chena que se conmemora el 6 de octubre afectó a 18 estudiantes, campesinos y trabajadores, y militantes del PS, el PC y el MIR. En parte se debió a la venganza por la Reforma Agraria, que había sido muy activa en el sector y molestó a varios latifundistas. En el lugar estuvieron detenidos unas 450 personas, entre hombres y mujeres. Las tropas de la Escuela de Infantería además habían sido claves en el asedio de La Moneda el día del golpe. Once de los asesinados eran trabajadores de la Maestranza San Bernardo de Ferrocarriles, todos comunistas. Otro de los ejecutados, Héctor Hernández Garcés, simpatizante socialista y estudiante de un liceo de Puente Alto, tenía apenas 17 años. También había tres campesinos de Paine y un ex GAP. Los acusaron de querer volar el gasoducto de la maestranza. Tras varios días de torturas, estos prisioneros fueron reunidos y aparentemente obligados a correr cerro arriba mientras les disparaban por la espalda. El mismo cerro donde, hasta 1973, el poderoso movimiento obrero local solía celebrar el "18 chico" los primeros días de octubre de cada mes. Algunos de sus cuerpos fueron recuperados por familiares en el Servicio Médico Legal, mientras otros fueron enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Los militares informaron que se les dispararon en un intento de fuga. Antes los prisioneros habían sido ocultados ante una visita de la Cruz Roja. La Comisión Rettig "alcanzó la convicción de que todas las víctimas fueron ejecutadas al margen de todo proceso por agentes del Estado". Según el proceso judicial, los responsables máximos fueron el director de la Escuela, coronel Leonel Koenig, que se suicidó años después; su segundo, Pedro Montalva Calvo, quien el año siguiente fue premiado al ser designado director de Gendarmería y luego falleció; y el entonces capitán Víctor Pinto, quien en 2002 fue condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez y recluido en Punta Peuco, y en 2011 sentenciado por los crímenes de Paine a apenas cinco años en libertad vigilada. Pinto murió el año 2014. En total, fueron 94 víctimas mortales las cuales pasaron por la Escuela de Infantería, específicamente el Batallón de Inteligencia que manejaba el "Cuartel 2" junto a Carabineros de Paine. De ellas 37 permanecen desaparecidas, 56 son ejecutados políticos y una murió por torturas. Según fuentes judiciales, por estos casos también están acusados los ex oficiales de Ejército Andrés Magaña Bau, Jorge Romero Campos y Alfonso Faúndez Norambuena, éste último además luego miembro de la DINA y jefe en Villa Grimaldi. Según documentos oficiales, el Cerro Chena formaba parte de una gran hacienda de propiedad de la familia García de La Huerta, que en el contexto de la Reforma Agraria y para evitar su expropiación, fue donada al Ejército de Chile. Fue inscrito a favor del fisco en 1971 y destinado formalmente en 1976 al Ejército, que ya estaba haciendo uso de él desde comienzos de 1970, instalando el Cuartel N° II de la Escuela de Infantería de San Bernardo. San Bernardo era escena de un poderoso movimiento sindical. La declaratoria La declaratoria de monumento nacional es sólo un hito más en la lucha de la Corporación Memorial Cerro Chena por preservar el recuerdo de lo ocurrido. Luego que el Ejército acordara ceder parte de los terrenos del lugar para la creación del Parque Metropolitano Sur, en 2014 la Corporación interpuso un recurso de protección para que el acuerdo incluyera un memorial y se resguardara un sector de fosas, afectado por una ampliación de la Ruta 5 Sur. En 2015 se instaló, con autorización del Ejército, una cruz en el lugar, pero luego fue removida por los militares, según denunció el diputado socialista Leopoldo Soto. Otro hito ocurrió en 2016, cuando por primera vez miembros de la Corporación se reunieron con la oficialidad a cargo de la Escuela de Infantería. Allí le solicitaron permiso para ingresar al recinto y rendir homenaje a sus familiares asesinados, a lo cual el Ejército accedió por primera vez. Para la conmemoración del año pasado ingresó un centenar de personas, aunque por una autorización que está pendiente, es incierto que se repita este año. En una sesión de junio de 2017 del CMN, Mónica Monsalvez, Laura González y Andrea García, de la Corporación Memorial Cerro Chena, formada por familiares y sobrevivientes del recinto de detención, pidieron formalmente la declaratoria "para poder preservar la memoria histórica y proteger sus vestigios materiales". En la ocasión expresaron que el Cerro Chena, que en la década de 1960 era un lugar "de encuentro y de vida", tras el golpe de Estado se transformó "en un símbolo de impunidad y muerte". También dijeron que, a pesar del esfuerzo por obtener verdad y justicia, sólo han podido a la fecha obtener verdad, como ha señalado el ministro de fuero Héctor Solís Montiel. Por el caso de la ejecución de los 11 ferroviarios el único condenado obtuvo el beneficio de la libertad condicional, quedando los hechos en la impunidad. Agregaron que el año 2000 iniciaron las gestiones para construir un memorial en el lugar que dé cuenta de los hechos, en relación a las orientaciones dadas por los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Y señalaron que "es un deber del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger este sitio como un símbolo de las garantías efectivas de no repetición y como testimonio de la vida". La petición fue acogida por unanimidad. El CMN sólo acotó que, por motivos de seguridad, sería el Ejército el que determine el acceso al recinto de la "Escuelita". En la ocasión, el CMN fundamentó la declaratoria al señalar entre otros que "el sitio constituye un símbolo de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia por parte de las agrupaciones a los derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión, siendo identificado como el principal sitio de memoria de la comuna de San Bernardo". Asimismo, "es una expresión de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado. Su preservación constituye una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad y un reconocimiento público de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región". Cabe recordar que la existencia la "Escuelita" inicialmente fue negada por el Ejército y recién se acreditó su existencia en 2015, gracias a una declaración judicial de Ahumada, hijo de obrero ferroviario. "De la 'Escuelita' no hablaba nadie como sitio de detención. Hemos logrado averiguar con las hijas de los fusilados que no existen sobrevivientes que hayan pasado por la 'Escuelita'", dice. Aquí se ubicaba la "casa del techo rojo", otro recinto de tortura. Actualmente es parte del Parque Metropolitano Sur. Objeción del Ejército El Ejército se opuso desde el principio a la declaratoria, siempre con los mismos argumentos. Primero, a través de un oficio de marzo de 2017, del Comando de Ingenieros del Ejército. Luego, mediante un segundo documento del 21 de agosto, documento firmado por el comandante en jefe, Humberto Oviedo. En el segundo, Oviedo señala que si bien su entidad "ha adquirido un rol preponderante" en materia de derechos humanos y reconoce como "legítima" la aspiración de los familiares de las víctimas a tener memoriales para recordarlos, la declaratoria "debe reconocer límites que se relacionan con la función institucional" como "cuerpo armado", además de señalar supuestos vicios jurídicos en la misma, entre otros, que no tuvo la posibilidad de señalar sus descargos. Entre otros, argumenta que convertir el lugar en monumento nacional "genera una interferencia insoslayable al desarrollo de las actividades propias de la institución (por ejemplo, a través de visitas continuas de personal civil)". También alude a "el ejercicio de operaciones militares básicas, todas actividades imprescindibles para que el Ejército pueda cumplir adecuadamente sus misiones", como disparos y detonaciones, así como que en el lugar se concentran gran parte de las unidades de combate de la Región Metropolitana. El acceso de civiles incluso facilitaría el acceso de "agente encubiertos" de la "Inteligencia adversaria" que podrían "filmar o fotografiar" actividades militares en las inmediaciones. Críticas de organizaciones Esta actitud fue duramente criticada por agrupaciones de derechos humanos. La presidenta de la AFDD señaló que "esta ha sido una conducta permanente que boicotea cualquier acción de memoria". Recordó que en algún momento se instaló una cruz en el lugar, que fue retirada por los militares, y fue repuesta tras fuertes críticas. "Creo que es el reflejo de lo que son las Fuerzas Armadas chilenas, puntualmente el Ejército de Chile. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: las Fuerzas Armadas deben tener sitios de memoria en los lugares donde cometieron exterminio, y en general en sus instituciones, que muestren la verdad de lo ocurrido y no resalten para nuevas generaciones la figura de Augusto Pinochet o los involucrados en crímenes de lesa humanidad", dijo Pizarro. El hecho muestra "lo capturadas que siguen las Fuerzas Armadas por la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional que permitió el golpe cívico militar de 1973". Fuente: http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/09/28/duras-criticas-de-grupos-de-los-ddhh-al-ejercito-por-oponerse-a-declaratoria-de-monumento-nacional-de-centro-de-exterminio-en-cerro-chena/
  6. 11 Septiembre 2017 Celebración de Fiestas Patrias en monumento nacional abre polémica en Maipú Maipeluza”, celebración programada entre el 15 y 19 de septiembre en el cerro Primo de Rivera, encontró la oposición de un grupo de vecinos que creen que la fiesta dañará ese tradicional parque. La primera versión del “Maipeluza”, organizado por la Municipalidad de Maipú, no resultó tan fácil como esperaba la alcaldesa Cathy Barriga. La celebración, programada entre el 15 y 19 de septiembre en el cerro Primo de Rivera o Cerro 15, monumento nacional desde 1991, encontró la oposición de un grupo de vecinos que creen que la fiesta dañará ese tradicional parque. La actividad contará con tres escenarios, uno central, otro folclórico y uno denominado MaipeluzaKids, dedicados a los más pequeños. Según Mauricio Llaitul, presidente de la asociación Tripai Antu (Sol Naciente) se trata de un área protegida, en la que tradicionalmente se realiza la ceremonia del We Tripantu (Año Nuevo mapuche) y donde no están las condiciones necesarias para un evento tan masivo. “El monumento no cuenta con baños públicos, y por la cantidad de gente que va a asistir, van a tener que poner baños transitorios. Están exponiendo el lugar a una sobrecarga de tránsito de personas enorme”, afirma, y agrega que la municipalidad ha estado interviniendo el área sin los permisos necesarios. “Han cortado árboles y hay maquinaria pesada aplanando el suelo. Sin que el Consejo de Monumentos se haya pronunciado sobre si es posible”, afirma Llaitul. En tanto, la alcaldesa Cathy Barriga, a través de un comunicado, señaló que “en estos momentos los permisos se están tramitando debidamente ante la misma Intendencia, acompañando todos los antecedentes legales”. Sobre el uso del espacio, Barriga afirmó que “nosotros velamos por la correcta conservación del patrimonio de nuestra comuna y en particular del cerro Primo de Rivera, donde pretendemos implementar un proyecto de mejora a sus accesos por $ 180 millones”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/celebracion-fiestas-patrias-monumento-nacional-abre-polemica-maipu/
  7. 01 Septiembre 2017 Edificio Bellavista Oveja Tomé será monumento y busca nuevos rumbos La instalación de un café y un restaurante dependerá de los espacios que se declaren como “históricos”, tras ratificación del Tribunal Constitucional. Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) confirmara que la mítica fábrica Bellavista Oveja Tomé, en el Biobío, será finalmente Monumento Histórico, rechazando el recurso que buscaba su inaplicabilidad, hoy la empresa Grupo Sabat, arrendataria del inmueble, está a la espera de que se oficialice el decreto definitivo que ya habría firmado la ministra de Educación, Adriana Delpiano. Tras ello, darán curso a su nuevo proyecto con el inmueble. Las proyecciones para la fábrica, según su gerente de operaciones, Luis Bartoli, son mover las máquinas hacia un solo edificio de tres plantas y quedarse con la sala de ventas y el sótano: “Es por un tema práctico, porque tener una planta de seis hectáreas, distribuidas para otra época y otros objetivos, separadas unas de otras, no tiene una economía de escala”. Agregó que desde hace dos años trabajan en un proyecto que contempla un bar y un restaurante en el frontis del edificio. “La cafetería va a estar sobre la sala de ventas, pero todo depende de lo que pase con la declaratoria final”, agregó. La idea de la firma es que el 40% de la fábrica no sea declarado Monumento Histórico. “Nuestra expectativa es que no declaren como monumento aquellos espacios que queremos ocupar, para poder trabajar libremente, ya que esto nos impediría cambios dentro de las instalaciones. Y el resto lo ponemos a disposición del Estado”, subrayó Bartoli. Con su imponente infraestructura, emplazada frente al mar, la fábrica, que durante años fue una de las principales industrias textiles de Latinoamérica, hoy cuenta con 12 trabajadores que continúan con la producción de telas y aislantes de lana para casas. Según sus dueños, esperan a futuro producir hasta 45 mil metros mensuales de telas y contratar en una primera etapa a 110 trabajadores. Mesa Ciudadana Cerca de un año estuvieron esperando los representantes de la Mesa Ciudadana para el Patrimonio de Tomé para que la Fábrica Bellavista Oveja Tomé recibiera la declaración de Monumento Histórico Nacional. Rodrigo Núñez, coordinador de la entidad, aseguró que después de la decisión del TC espera “agendar una reunión con la ministra y analizar el escenario definitivo para este inmueble”. Respecto de los proyectos de nuevos espacios que tienen los arrendatarios de la fábrica, Núñez planteó que “es parte de lo que nosotros siempre hemos esperado, para un espacio tan querido por la gente de Tomé. Si esto partiera por el restaurante, por ejemplo, sería fantástico, porque nuestro interés es conservar el inmueble y potenciarlo como un polo de atractivo turístico-cultural para toda la zona”. El alcalde de Tomé, Eduardo Aguilera, sostuvo que están a la espera de reunirse con diferentes autoridades para luego dar a conocer lo que vendrá. “Por ahora no tenemos conocimiento formal de alguna presentación de proyectos que tengan en mente los actuales arrendatarios de la fábrica, pero estamos abiertos a lo que sea mejor para la gente de Tomé”, indicó el edil. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/edificio-bellavista-oveja-tome-sera-monumento-busca-nuevos-rumbos/
  8. 06 Julio 2017 Villa San Luis: ¿Más que viviendas sociales, un Monumento Nacional? Tras la votación del CMN, el Mineduc deberá definir si declara o no Monumento Nacional el Lote 18-A1 del complejo inmobiliario. En 1972 se concretó uno de los proyectos inmobiliarios que buscaba hacer frente a la desigualdad y la segregación presentes en el Gran Santiago. El ex presidente Salvador Allende hizo entrega de las 1.038 viviendas sociales que contemplaba la en ese entonces Villa Ministro Carlos Cortés. Eran 27 bloques de departamentos de 4 pisos, repartidos en 9 hectáreas Esta se construyó en terrenos que inicialmente eran propiedad del ex alcalde de Providencia, Ricardo Lyon Pérez, los que fueron heredados por su esposa en el año 1932. Posteriormente, parte de lo que era ese fundo San Luis pasó a manos del Estado. Más tarde, en 1968 Miguel Eyquem y Arturo Baeza dieron inicio a un proyecto que incluía la intervención de la zona, el cual consideraba la construcción de un centro comercial, un centro cívico y viviendas, pretendiendo albergar a 60 mil habitantes. Eso sí, en el año 1970, cuando asume Allende, el proyecto se re encausa dando mayor prioridad a las viviendas sociales. De esta manera, se puso énfasis en la construcción de una población para obreros en pleno corazón de la comuna de Las Condes. La mayoría de las personas que accedieron a los departamentos lo hicieron a través de la CORMU, y en algunos casos, correspondían a personas que vivían en campamentos dentro de la misma comuna. Además, como han mencionado, fueron adjudicados a través del conducto regular que establecía Corhabit en su normativa. Presentaron ahorro en cuotas y pagos posteriores de dividendos. Pese a ese esfuerzo, el sueño de la casa propia duró poco. En 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet, el Ejército comenzó a desalojar a los residentes, argumentando que estos no poseían títulos de dominio y que habían hecho una ocupación ilegal de los terrenos. Así, miles de familias fueron desplazadas a comunas más periféricas de la capital. Les asignan viviendas de las Fuerzas Armadas en las poblaciones Juan Antonio Ríos, Alessandri, Eneas Gonel, entre otras, con lo que perdieron su ahorro previo y de cinco a siete años de pago de dividendos. Por su parte, la institución renombró el lugar como Villa San Luis y la utilizaron según sus propios fines habitaciones, prohibiendo por ley cualquier otro tipo de uso. Transfieron los terrenos e inmuebles de la Villa de Serviu al Ministerio de Bienes Nacionales. Tras el retorno a la democracia y pese a la normativa existente, los militares enajenaron la propiedad siendo adquirida por inmobiliarias el año 96, operación en la que el Ejército habría recibido alrededor de 98 millones de dólares, sin que Bienes Nacionales, en ese momento dirigido por Adriana Delpiano, interviniera. Ahí se inició un nuevo periodo de presión contra los últimos propietarios que quedaban, pues los nuevos dueños del terreno comenzaron a demoler los inmuebles. Desde ese momento, quienes habitaron en el complejo emplazado en Presidente Riesco, comenzaron su lucha por mantener vivo lo que denominan como un icono de la inclusión social urbana. Un año más tarde, en 1997, el movimiento Reconquista de Nuestros Derechos, que agrupa a más de 300 ex pobladores, inicia un juicio en contra del Serviu Metropolitano para recuperar sus viviendas. Este, que fue patrocinado por el abogado José Miguel Serrando, terminó en un acuerdo extrajudicial donde los demandantes y el abogado se reparten 590 millones de pesos pagados por la Inmobiliaria. Un nuevo intento del Ejército por controlar el lugar llegó el 2009, cuando demandaron al Fisco y a los propietarios de los bloques 16 y 17 para intentar apoderarse de todo el Lote 18, inclusive de la parte que había sido excluida de la destinación mediante el decreto 228. En 2011 deciden vender la parte del Lote 18-A que controla, a la Inmobiliaria Lote 18, por alrededor de cuatro mil millones de pesos. Con ello, los propietarios de los departamentos que quedaban en el Lote 18 decidieron vender, pero posteriormente 63 de ellos demandaron a la empresa por engaño y presiones. Tras varios desacuerdos más y nuevas acusaciones, este año la Municipalidad de Las Condes aprobó un anteproyecto de edificación que busca construir 6 torres de 19 pisos en el Lote 18. Es así como el 28 de febrero el Comité de Defensa de la Villa San Luis llegó hasta el Consejo de Monumentos Nacionales mediante una solicitud del arquitecto Miguel Lawner, para que este declare el mencionado Lote 18 como Monumento Nacional y así paralizar las intenciones de la inmobiliaria y frustrar la propuesta del alcalde Joaquín Lavín, quien defendió la demolición. Luego de la tramitación necesaria y análisis de los antecedentes, el día de ayer el Consejo votó en la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional, decidiendo aprobar la solicitud de declaratoria como Monumento Nacional del Lote 18-A1 del complejo, elevando los antecedentes al Ministerio de Educación para la firma del decreto que le otorga el estatus que solicitaban sus ex pobladores. El director de la Dibam y vicepresidente del CMN, Ángel Cabeza señaló que “los valores fundamentales que se han tenido en cuenta para su declaratoria son de carácter social, histórico y urbanístico. Porque en los 60 y 70 éste fue un proyecto de vivienda social para los problemas de habitabilidad en la ciudad de Santiago que tenían millones de chilenos, siendo éste un proyecto emblemático”. “Asimismo, se reconoce la forma en que los pobladores fueron expulsados y trasladados a distintos puntos de la capital, a pesar de ser los legítimos dueños. Y por último, queremos rescatar, tal como lo ha planteado la Municipalidad de Las Condes, el lugar como un espacio de memoria, donde nos permita recordar lo que ahí pasó”, agregó la autoridad. Estimaron de esta forma que es testimonio material de un proyecto de urbanización y edificación que reorienta un plan inicial, buscando la generación de soluciones habitaciones para la población residente en poblaciones y campamentos de la zona oriente del Gran Santiago. Validaron que se trata de un proyecto emblemático de integración y de redistribución del espacio urbano con criterios de equidad socioeconómica. En el caso de que la ministra de Educación decida acoger la recomendación del Consejo de Monumentos y declare el Lote 18-A1 Monumento Nacional, deberá decidirse que se hará con el. Según da cuenta la experiencia de casos anteriores, podría conformarse una mesa de trabajo entre las partes que expusieron los antecedentes al Consejo para que ahí se decida el camino a seguir. Si no hay acuerdo entre las partes, el caso puede judicializarse y ahí los tribunales serán quienes decidan. En todo caso, el Mineduc puede también rechazar la firma del decreto o solicitar más antecedentes para decidir. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/villa-san-luis-mas-que-viviendas-sociales-un-monumento-nacional/
  9. Diputados aprueban proyecto para la construcción de monumento a Patricio Aylwin La idea es que la obra esté ubicada en la plaza de la Constitución o la plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda. Iniciativa ahora será revisada por el Senado. SANTIAGO.- Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de ley presentado por parlamentarios DC que autoriza a erigir un monumento en la comuna de Santiago en memoria del ex Presidente de la República, Patricio Aylwin Azócar, fallecido el pasado 19 de abril. La obra sería levantada, idealmente, en la plaza de La Constitución o de La Ciudadanía, como ya ocurre con otros ex mandatarios. Tras la votación, el diputado DC Matías Walker uno de los autores de la iniciativa, explicó que "presentamos este proyecto para reconocer la gran trayectoria pública de Patricio Aylwin, que se vio coronada con la manera ejemplar en que ejerció la presidencia, en el difícil período de la transición democrática, luego de casi 17 años de dictadura". "Hay unanimidad en la ciudadanía y los actores políticos en que la manera en que ejerció su mandato fue la más adecuada para ese difícil momento y conjugó de manera exitosa el crecimiento económico, la lucha contra la desigualdad, la apertura política y económica del país ante el mundo, pero también la necesaria búsqueda de la verdad, de acuerdos y la reconciliación luego del oscuro período que le antecedió", sostuvo Walker. Por su parte, la diputada DC Yasna Provoste indicó que la iniciativa "contempla un sistema de financiamiento de las obras", agregando que se creará "una comisión especial, con integrantes ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley". El diputado falangista José Miguel Ortíz, en tanto, precisó que "ahora, el proyecto deberá ser aprobado en el Senado, y esperamos que ello ocurra a la brevedad, para que cuanto antes podamos tener este monumento para honrar la memoria y el legado de este gran estadista". www.emol.com
  10. 24 Mayo 2016 GOBIERNO AUTORIZÓ APORTES PARA LEVANTAR UN MEMORIAL Y NI SIQUIERA EXISTEN FORMALIZADOS Memoria sin justicia: el monumento a Nelson Quichillao El sábado 7 de mayo pasado, se inauguró en El Salvador, frente a la mina de Codelco, “El Memorial Nelson Quichillao” que conmemora la muerte del minero asesinado, en medio del enfrentamiento entre trabajadores y Fuerzas Especiales de Carabineros, el pasado 24 de julio del 2015. El monumento, paradójicamente, llegó antes que la justicia. El caso aún no tiene formalizados, a pesar que la Fiscalía apuntó hace meses que el principal sospechoso, el sargento Marco Guerrero Martínez, sería el autor de los disparos que dio muerte al trabajador. Aquí contamos lo que pasó esa noche según los últimos antecedentes de la investigación y las interrogantes que abre el caso respecto a las responsabilidades políticas que alcanzarían, según el testimonio de un uniformado, a “altas autoridades de gobierno”. El 23 de julio del 2015, alrededor de 200 trabajadores de la empresa contratista de Codelco, Geovita, se tomaron el acceso a la mina El Salvador y a la ciudad de Diego de Almagro. La huelga nacional había comenzado dos días atrás, luego que la minera estatal se negara a renegociar el acuerdo marco que tenía con los trabajadores contratados y subcontratados desde el año 2007. Los ánimos estaban caldeados. El 21 de julio, el mismo día que se iniciaron las tomas de yacimientos mineros a nivel nacional, los mineros recibieron una advertencia. A las 06:20 de la mañana, un contingente de Fuerzas Especiales disolvió a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la mina, a punta de lanzagases y lacrimógenas. “Las lanzaban a cuerpo, nos quemaron el campamento con todos nuestros víveres. La represión fue brutal”, recuerda Ana Lamas, presidenta de la Federación de Sindicatos El Salvador (Fesal). Nadie, sin embargo, dimensionaba lo que se venía. Carabineros estaba alertado que el corte de caminos se llevaría a cabo el 23 y 24 de julio, gracias a información proporcionada por su Dirección de Inteligencia (Dipolcar). Es por eso que no dudaron en prepararse para la ocasión: se convocó a Fuerzas Especiales de la tercera región, otro piquete de Santiago que llegó en avioneta y helicóptero y otro de Valparaíso, que arribó hasta Copiapó en un avión de las Fuerzas Armadas. 57 efectivos en total. Los trabajadores estaban preparados. Formaron, con una máquina Scoop -vehículo con pala cargadora minera-, un cordón de tierra donde podían atrincherarse. Pasadas las nueve de la noche, llegó el contingente de Fuerzas Especiales a repeler a los manifestantes. En minutos, se armó una batalla campal. “Nos tiraban lacrimógenas, balines. Nosotros respondíamos con todo lo que podíamos, nos resguardábamos detrás de las maquinarias. Veía como mis compañeros caían heridos, gritos de todas partes, no se podía respirar”, recuerda uno de los trabajadores presentes. Tres Scoop manejadas por trabajadores empezaron a avanzar desde el acceso de la mina con el fin de hacer retroceder a Carabineros y, al mismo tiempo, servir de escudo para el resto de los mineros. “Nos alumbraban con infrarrojos, el gas nos estaba matando, los balines y perdigones volaban hiriendo a compañeros en todo su cuerpo”, relata Ana Lamas. Los trabajadores corrían para todas partes en la penumbra. A eso de las 1 de la madrugada, un funcionario policial empezó a gritar a sus compañeros: “¡Se acabaron las bombas! ¡Se acabaron las bombas!”. Tampoco les quedaba gas. Sus principales armas disuasivas se habían agotado tras cuatro horas de enfrentamiento. La máquina Scoop siguió avanzando y retrocediendo para alejar más aún a Fuerzas Especiales. Pero en vez de apaciguar los ánimos, todo empeoró. Los trabajadores empezaron a escuchar sonidos cada vez más ensordecedores que venían de la parte delantera de las máquinas. Era una ráfaga de balas que chocaban contra la cabina blindada. Los mineros ni alcanzaron a resguardarse de las 33 balas disparadas por Carabineros cuando vieron a Nelson Quichillao, minero de Geovita de 48 años, caer al suelo. Había sido impactado en la ingle. Rodrigo Vásquez, uno de sus cercanos, levantó sus brazos frente a Fuerzas Especiales pidiendo cese al fuego. ¡Hay un caído! ¡Hay un caído!, gritaban los trabajadores. En el acto, Vásquez cae al suelo con varios impactos de balines en su tórax y en uno de sus ojos. Sangrando cae al piso y es acostado al lado de Nelson. Los mineros llamaron a una ambulancia que llegó en pocos minutos, pero Fuerzas Especiales no les permitió el paso. El propio alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala, tuvo que interceder. Cerca de las dos de la mañana, Nelson Quichillao fue trasladado de urgencia a la Clínica San Lorenzo. A las tres de la mañana, muere tras desangrarse por una bala que le perforó la arteria femoral. EL CHECHO Una semana antes de su asesinato, Nelson llamó a José Quichillao, su hermano mayor. José no andaba bien de salud y su hermano le dijo por teléfono: “¿Casi te vai cortina?, tienes todavía mucho que hacer acá viejo, no te vayai todavía”. Además de bromear, ambos se pusieron al día con sus vidas. Nelson le contó a José que en la mina estaban en huelga y que las “cosas no pintaban para bien”. – ¿Por qué no te vienes para Santiago? – le preguntó José. – Puede ser. ¿Con qué cariño me vas a recibir?- le dijo Nelson. Entre tallas, acordaron que la semana entrante viajaría sin falta. Nelson quería asistir a unas reuniones del sindicato, a pesar de que jamás tuvo filiación política ni asumió cargos como dirigente. -Él no quería que sus compañeros pensaran que después de la negociación, solo iba a poner la mano. Le gustaba solidarizar, acompañar. Jamás se involucró en política, de hecho no entendía nada de esas cosas y tampoco le interesaban- asegura José Quichillao. El Checho, como su familia llamaba a Nelson, pasó los primeros años de su vida en La Unión, a 80 km de Valdivia. En 1975 su padre, mapuche oriundo de Chiloé, murió de un derrame cerebral, dejando a su madre sola con ocho hijos. La muerte de su padre le pegó fuerte a Nelson. “No hablaba, no lloraba. Empezó a desaparecerse de la casa. Mi mamá no sabía qué hacer con él”, cuenta José. En esos años, José Quichillao ya tenía su vida armada en El Salvador. Trabajaba por más cinco años en Codelco como minero y estaba casado con Ruby, con quien tenía tres hijos. Preocupado por su madre y hermano, José se llevó a Nelson a vivir al norte. Ahí lo crió como un hijo. -Lo puse en la escuela, lo ayudábamos con sus cosas del colegio. Si le compraba una camisa a mi hijo, también le compraba a él. Todos por igual. Lo crié con tanto cariño de hermano y también de padre, que a ratos todavía pienso que me llamará por teléfono-, relata José, su hermano mayor. La familia era conocida en la zona. José había fundado Cobresal en 1979 y por lo mismo, a Nelson no le costó encontrar trabajo. Cuando cumplió 17 años decidió independizarse, no siguió estudiando y se fue a vivir solo. “Le gustaba tener sus propias cosas, no pedir permiso. Aunque no era para nada rebelde, se la pasaba puro jugando rayuela y fútbol con sus amigos no más”, recuerda su hermano Foto: Nelson Quichillao José y su familia, luego de toda una vida en Codelco, decidieron irse a Santiago. “Le dije que yo le ponía un puesto de frutas para que se viniera conmigo a la capital, pero no quiso. Él amaba El Salvador. Me dijo que se iba a quedar para siempre”, cuenta José. Pocos años después, Nelson entró a trabajar a Codelco, como trabajador subcontratista de la empresa Geovita. Ahí empezó a especializarse en perforación minera y le fue bien. Duró 15 años trabajando en la empresa y lo echaron, pero le pagaron un gran finiquito. “Su hermana, la Irene que vive también en El Salvador, le recomendó comprar un departamento en La Serena con esa plata. Le hizo caso, todos éramos tan unidos que seguíamos todos nuestros consejos”, dice José. En menos de un mes, la empresa lo volvió a recontratar, haciendo el mismo trabajo de antes. “Él estaba tranquilo en su pega, era un trabajador ejemplar. No se metía en ningún atado. No puedo creer todavía lo que le pasó esa noche”, asegura Rudy, su cuñada. El jueves 23 de julio, Nelson estaba enfermo en la pensión donde vivía en El Salvador. Se sentía mal y ni siquiera pensaba en ir a apoyar la huelga hasta que se mejorara. Su hermana Irene, con quien habló cerca de las 10 de la noche, incluso le ofreció irle a comprar medicamentos, pero se negó. Según testigos de la pensión, Nelson salió pasadas las 10 de la noche con dos amigos más. Pasó a la farmacia y subió a la mina. “Nos contaron que esos amigos fueron a buscarlo para que fuera a apoyar arriba, con todo lo que estaba pasando. Mi hermano era muy buena gente, enfermo y todo, los acompañó”, relata José. A las dos de la madrugada del 24 de julio, a Ruby le suena su celular. Era Irene, su cuñada, avisándole que Nelson había sido baleado en un enfrentamiento con Fuerzas Especiales. José y Ruby no lo podían creer. Se levantaron y empezaron a prepararse para viajar. -Mi cuñada le dijo que la cosa estaba mala, nunca debió estar allá arriba. No entiendo cómo Carabineros empezó a disparar contra los trabajadores. Ni que fueran animales o cualquier cosa- recuerda entre sollozos Ruby. A las tres los llaman de nuevo para decirles que Nelson estaba muerto. Ambos, que lo criaron desde niño, se desmoronaron. -¿Cómo es posible que a un trabajador inocente lo maten por pelear sus derechos? ¿Quién dio la orden para que Carabineros desalojara? Son preguntas que hasta hoy me hago y no entiendo, Nelson era un trabajador más, un anónimo. No voy a descansar hasta tener justicia”, cuenta José. LA INVESTIGACIÓN Desde la muerte de Nelson, la familia Quichillao se dividió en dos. A pesar de que jamás han estado involucrados en asuntos políticos -José, Ruby y parte de la familia- no han tenido problemas en aceptar ayuda de dirigentes y autoridades para esclarecer el asesinato de su hermano. La otra parte, sin embargo, resiente cualquier mención a su nombre en actividades políticas. -Esto ha significado un quiebre enorme, es como un torbellino. Nosotros hemos recibido ayuda de todos y eso les molesta a algunos, que afirman que nos están utilizando para fines ideológicos. Yo no creo que sea así, estoy infinitamente agradecida de todos- asegura Ruby. Uno de los puntos que más controversia ha generado en la familia fue cuando la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) gestionó un memorial, inaugurado el pasado 7 de mayo en un show cultural que incluyó a Illapu y Sol y Lluvia, frente a la mina de Codelco en El Salvador. Los fondos para el evento y también el mural, que hoy es monumento nacional, fueron aportados por la Municipalidad de Diego de Almagro y por una subvención presidencial directa. “A nosotros nos parece algo hermoso, necesario que se recuerde a mi hermano. Casi todos estamos contentos, pero entiendo que a otros no les guste nada y digan a viva voz que todo es una manipulación. Yo lo único que espero es que esto implique avances reales para encontrar al culpable”, dice José Quichillao. Antes que la justicia, en rigor, llegó el memorial. Dos días después del asesinato, el fiscal Julio Artigas salió en la prensa afirmando que Nelson había muerto por una bala de rebote disparada por un funcionario de Carabineros que estaba identificado. En agosto del año pasado se interpuso una querella por el homicidio de Nelson, pero hasta la fecha, no hay nadie formalizado. “Nos parece insólito que todavía no tengamos una respuesta concreta de la Fiscalía, es como si nadie supiera nada. Se están haciendo los locos, pero nosotros insistiremos hasta el final”, afirma un familiar de Nelson. Juan Silva, abogado querellante, aseguró que el caso se hizo más complejo de lo que se esperaba en el proceso, ya que por inconsistencias en los relatos, se crearon tres informes distintos que la Policía de Investigaciones entregó a Fiscalía tras la reconstitución de escena. -Básicamente hay dos versiones. Una sitúa a la pala Scoop a unos tres metros de Nelson y unos 50 metros de Carabineros. La otra versión, sitúa a Carabineros a unos dos o tres metros de la Scoop, disparándole a la cabina, y a unos 30 metros de Quichillao. En ambas versiones Nelson se encontraba de pie, sin participar de ningún tipo de agresión a Carabineros- asegura el abogado. La investigación judicial, sin embargo, apunta a que el funcionario que efectuó el disparo habría sido el sargento primero de la séptima comisaría de Valparaíso, Marco Guerrero Martínez. El mismo que registra una denuncia por agresión y “tortura” en contra de Jorge Brito, un estudiante universitario de la Universidad Federico Santa María el año 2013, en el marco de la movilización estudiantil. El caso actualmente está en la justicia militar y tampoco se ha resuelto. Manuel Ahumada, Presidente de la CTC, asegura que el caso de Nelson Quichillao ha tenido un proceso legal vergonzoso. “Acá hay culpables de ejecución, planificación y mando. Hay personajes de Codelco involucrados en esta emboscada que se hizo en la penumbra. Todos sabemos desde el día uno quien mató a Nelson y la Fiscalía todavía no es capaz de hacerse cargo. Es impresentable”, afirma. Hasta ahora la CTC ha sido cautelosa con el caso de Nelson, para evitar cualquier tipo de malas utilizaciones de su figura. “A veces se presta igual para oportunismos, incluso desde nuestra propia clase. Queremos evitar ocupar su nombre para cuestiones que no tienen nada que ver con generar justicia”, afirma Ahumada. LOS CABOS SUELTOS Un detalle que forma parte de la investigación y que transformó a Marco Guerrero Martínez en el principal sospechoso del asesinato de Nelson, es que luego de disparar la madrugada del 24 de julio, el uniformado cambió el cargador y perfumó el arma, complicando las pericias posteriores. “Nos parece que eso puede ser una prueba de encubrimiento”, asegura el abogado querellante Juan Silva. En varias ocasiones, el funcionario intentó explicar esta situación ante la Fiscalía, asegurando que no habían malas intenciones. A pesar de estas justificaciones, todas las pericias aseguran que fue su arma, la que mató a al minero oriundo de La Unión. A lo largo de la investigación, Carabineros ha mantenido su versión de los hechos, en la que asegura que los funcionarios estuvieron a punto de ser arrollados por la máquina Scoop y que solo actuaron en defensa propia. “Hay muchos testigos, al menos 200, que pueden afirmar que eso no fue así. Ellos dispararon para matar al conductor y a los trabajadores cuando las máquinas venían retrocediendo. Como no tenían más gas, no sabían con qué defenderse”, asegura Ana Lamas. Uno de los testimonios que abre aristas aún no resueltas en la investigación es la de Jorge Garrido, coronel y prefecto de Carabineros de Atacama. En su declaración, aseguró que Carabineros sabía detalladamente lo que los trabajadores planeaban, para el 23 y 24 de julio, gracias a la labor de inteligencia que luego derivaron “a las oficinas de las más altas autoridades del gobierno”. También declaró que gran parte del contingente que arribó a la zona fue trasladado en un avión de la FACH por órdenes de sus superiores. Garrido afirma, además, haber recibido presiones directas del intendente de Atacama, Miguel Vargas, quien aparte de brindarle los buses para trasladar a los funcionarios de Carabineros, también le exigía su intervención a toda costa. “Se notaba que tenía presiones para que se interviniera y esas presiones me las transmitía categóricamente en el sentido de actuar rápido, incluso de noche”, asegura. También el coronel agregó que desde el ministerio de Interior “se había dispuesto la intervención policial en este conflicto de los trabajadores movilizados en El Salvador”. The Clinic intentó contactar al intendente Miguel Vargas para aclarar los hechos ad portas de la formalización, pero se excusó aludiendo que no iba a referirse al tema por ser materia de investigación. Carabineros y el ministerio del Interior tampoco accedieron a consultas del caso atendiendo la misma razón. Según el abogado querellante Juan Silva, la formalización del carabinero Marco Guerrero Martínez se realizará a más tardar el próximo mes. La familia de Nelson Quinchillao está impaciente. “Nosotros no sabemos a quién creerle. ¿De qué nos sirve el memorial, si del gobierno salió la orden de ir a disparar a los trabajadores? Necesitamos memoria con justicia, por nuestra y tantas otras familias”, asegura José, el hermano del minero fallecido. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/24/memoria-sin-justicia-el-monumento-a-nelson-quichillao/
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