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  1. 14 Septiembre 2018 El Minvu adultera la Ley 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo El 15 de agosto entró en vigencia la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo. La normativa comenzó a tramitarse bajo el gobierno de Michelle Bachelet, luego del estallido del llamado caso CAVAL, el millonario negocio de especulación inmobiliaria impulsado por la nuera y el hijo de la ex presidenta en la comuna de Machalí. Con posterioridad a la publicación de la ley, dos circulares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo le quitaron los dientes a la normativa. ¿El resultado? Se pospone indefinidamente la aplicación de la ley a los planes reguladores comunales e intercomunales en trámite de elaboración. Resultó sorprendente que tan pronto empezó a operar la Ley N° 21.078 sobre transparencia del mercado del suelo –que entró en vigencia el 15 de agosto–, la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dictó bochornosas circulares con alcance nacional, cambiando completamente el sentido y propósito de esa legislación que se empezó a tramitar en el Congreso Nacional durante el gobierno de Michelle Bachelet. A través de las circulares N° 405 del 9 de marzo de 2018, firmada por el arquitecto Pablo Contrucci, y N° 411 del 16 de agosto de 2018, suscrita por su colega Paz Serra, se perturba irremediablemente la correcta aplicación de la Ley Nº 21.078, conocida también como “Ley Caval”. Dicha ley pretendía hacer frente a gestiones como aquellas que fueron empleadas por algunos especuladores inmobiliarios que buscaban modificar el Plan Regulador Intercomunal de la Sexta Región para cambiar el uso de suelo de unos terrenos rurales en la comuna de Machalí. Esos operadores comerciales intentaron, sin lograrlo, que esos predios se transformaran en habitacionales mixtos para obtener así las respectivas plusvalías en el mercado del suelo urbano. A continuación explicamos sucintamente lo sucedido con ambas circulares: Mediante la Circular DDU N° 405 suscrita por Contrucci, jefe de la DDU bajo el gobierno de Bachelet, se pospone indefinidamente la plena aplicación de la “Ley Caval” a los planes reguladores comunales y planes reguladores intercomunales que estuvieran en cualquier etapa de elaboración, sin considerar que, por mandato de su artículo transitorio, la mencionada ley ya entró en vigencia plena el 15 de agosto de 2018. Con dicho ardid, la DDU permite que los citados instrumentos de planificación territorial (IPT) no incorporen las nuevas exigencias de transparencia que estableció la Ley N° 21.078. Tampoco que se apliquen sus demás exigencias respecto de la intervención de los particulares en la planificación urbana o las relativas a la imagen objetivo que debe aprobar previamente la ciudadanía. Además, no permite que se aplique el imperativo de fundamentar adecuadamente el plan propuesto; o lo relativo al plazo para la actualización del instrumento; o las nuevas exigencias sobre estándares mínimos que deben cumplir los IPT o lo relacionado con las normas supletorias para los casos en que no exista un Plan Regulador Comunal (PRC). Con esta artimaña, la flamante Ley Nº 21.078, que curiosamente se llama de transparencia, pasa inmediatamente a ser letra muerta. Y por ello nos preguntamos: ¿qué opinarán los diputados y senadores que la aprobaron de buena fe para que los instrumentos de planificación territorial se confeccionaran y aprobaran con los estándares más altos de probidad, transparencia y participación ciudadana? Pretender que la nuevas exigencias de la Ley N° 21.078, plenamente vigente, no serán aplicables a ninguno de los instrumentos en estudio o que estén en cualquiera de sus fases de elaboración sería un completo y absoluto contrasentido con el propósito esencial de dicha norma: que no vuelvan a ocurrir las impúdicas situaciones, como el caso Caval, ni lo acontecido con los ilegales guetos verticales en la comuna de Estación Central. Luego, con la Circular DDU N° 411 suscrita por Paz Serra, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, se trastocan absolutamente los nuevos artículos 28 quinquies y 28 sexies, incorporados por la nueva Ley Nº 21.078 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). A ese respecto, cabe recordar que el artículo 28 quinquies, motivado por la falta de un Plan Regulador en la comuna de Estación Central que dio paso a la aprobación de 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo de altísima densidad de hasta 19.000 habitantes por hectárea (guetos verticales), estableció normas supletorias sólo para las “áreas urbanas” que no cuentan con un Plan Regulador Comunal, tales como fijar una altura, densidad y otros parámetros en función de un promedio de la situación existente alrededor de un predio. Lo que pretende la referida circular DDU Nº 411 es hacer extensiva las mencionadas normas supletorias a las “áreas de extensión urbana”, que son propias de otro nivel de la planificación urbana, como lo es el intercomunal, generando con ello graves distorsiones respecto de los ámbitos propios de cada instrumento, y confundiendo el tipo de área en que dicha norma supletoria se debe aplicar. Asimismo, en relación con el artículo 28 sexies, la actual DDU nuevamente tergiversa el plazo de entrada en vigencia de la Ley N° 21.078, esta vez, en relación con la actualización de los instrumentos de planificación que exigió la ley, posponiendo indefinidamente su aplicación, hasta que se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Es asombroso, por no emplear otro adjetivo más duro, que el Minvu –en los dos últimos gobiernos– recién aparecida la ley la menoscabe por la simplista vía de instrucciones administrativas. Ante la gravedad de lo ocurrido, el 24 de agosto la Fundación Defendamos la Ciudad denunció estos ardides ante la Contraloría General de la República. Pero llama la atención que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se mantenga ausente en este nuevo episodio de barbarie jurídica. Los dos funcionarios públicos que suscribieron ambas circulares debieron haberse asesorado por la unidad jurídica del Minvu y, por ello, cabe la posibilidad de que estemos ante una estrategia consciente de los gobiernos de Bachelet y Piñera para, con sutilezas y eufemismos, neutralizar la aplicación de la Ley N°21.078. También hay que recordar que la Ley N°21.078 también contempla un artículo quinto que pretende blanquear los permisos mal otorgados con anterioridad a su entrada en vigencia, que aplicaron una serie de beneficios urbanísticos derivados de los Planes Reguladores Comunales en la época en que dichos instrumentos no estaban facultados para hacerlo. Es decir, como estamos en Chile, “hecha la trampa, hecha la ley”. Esa misma Ley N°21.078 creó un “Portal Único de Información”, como eje central de la transparencia del mercado del suelo, en donde el Minvu publicaría en su página web la totalidad de los antecedentes de los instrumentos de planificación territorial, es decir, lo relativo a los planes reguladores comunales e intercomunales, cosa que el Ministro Cristián Monckeberg inauguró con gran pompa y publicidad. Sin embargo, el portal creado para esos fines por el Minvu es inservible: no contiene información oficial, sino que meramente referencial; no está actualizado y su diseño hace prácticamente imposible acceder a los documentos. Por ejemplo, en lo referente al Plan Regulador Comunal de Providencia, publica uno que está derogado, y no publica antecedente alguno del que está vigente desde el año 2007. Asimismo, acceder a los planos que grafican las disposiciones del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), es imposible, por la sencilla razón de que no se publica. Igualmente no es posible acceder al texto actualizado de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Las Condes. Y así suma y sigue. Ya que hemos detectado el artificio concebido por funcionarios públicos muy imaginativos, es de esperar que el propio Presidente Piñera tome cartas en el asunto, ordenando que se dicte a través del Minvu la reglamentación faltante de la nueva ley, a objeto de facilitar su plena aplicación, así como corregir inmediatamente lo relativo al “Portal Único de Información”. Todos queremos que en Chile exista un apego irrestricto al principio de probidad, pues con esa sana práctica tendremos mejores y más sustentables ciudades para vivir en ellas y los actores inmobiliarios tendrán reglas claras para iniciar los proyectos, no como en la actualidad que reina el desorden más absoluto. Suponemos que ese fue el espíritu y la letra de la ley en comento, que desgraciadamente los funcionarios del Minvu se esfuerzan por lo contrario, haciendo más oscura y hasta tétrica la comprensión de la Ley N°21.078. Fuente: https://ciperchile.cl/2018/09/14/el-minvu-adultera-la-ley-21-078-sobre-transparencia-del-mercado-del-suelo/ A continuación explicamos sucintamente lo sucedido con ambas circulares: Mediante la Circular DDU N° 405 suscrita por Contrucci, jefe de la DDU bajo el gobierno de Bachelet, se pospone indefinidamente la plena aplicación de la “Ley Caval” a los planes reguladores comunales y planes reguladores intercomunales que estuvieran en cualquier etapa de elaboración, sin considerar que, por mandato de su artículo transitorio, la mencionada ley ya entró en vigencia plena el 15 de agosto de 2018. Con dicho ardid, la DDU permite que los citados instrumentos de planificación territorial (IPT) no incorporen las nuevas exigencias de transparencia que estableció la Ley N° 21.078. Tampoco que se apliquen sus demás exigencias respecto de la intervención de los particulares en la planificación urbana o las relativas a la imagen objetivo que debe aprobar previamente la ciudadanía. Además, no permite que se aplique el imperativo de fundamentar adecuadamente el plan propuesto; o lo relativo al plazo para la actualización del instrumento; o las nuevas exigencias sobre estándares mínimos que deben cumplir los IPT o lo relacionado con las normas supletorias para los casos en que no exista un Plan Regulador Comunal (PRC). Con esta artimaña, la flamante Ley Nº 21.078, que curiosamente se llama de transparencia, pasa inmediatamente a ser letra muerta. Y por ello nos preguntamos: ¿qué opinarán los diputados y senadores que la aprobaron de buena fe para que los instrumentos de planificación territorial se confeccionaran y aprobaran con los estándares más altos de probidad, transparencia y participación ciudadana? Pretender que la nuevas exigencias de la Ley N° 21.078, plenamente vigente, no serán aplicables a ninguno de los instrumentos en estudio o que estén en cualquiera de sus fases de elaboración sería un completo y absoluto contrasentido con el propósito esencial de dicha norma: que no vuelvan a ocurrir las impúdicas situaciones, como el caso Caval, ni lo acontecido con los ilegales guetos verticales en la comuna de Estación Central. Luego, con la Circular DDU N° 411 suscrita por Paz Serra, ya en el gobierno de Sebastián Piñera, se trastocan absolutamente los nuevos artículos 28 quinquies y 28 sexies, incorporados por la nueva Ley Nº 21.078 en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). A ese respecto, cabe recordar que el artículo 28 quinquies, motivado por la falta de un Plan Regulador en la comuna de Estación Central que dio paso a la aprobación de 75 permisos de edificación con agrupamiento continuo de altísima densidad de hasta 19.000 habitantes por hectárea (guetos verticales), estableció normas supletorias sólo para las “áreas urbanas” que no cuentan con un Plan Regulador Comunal, tales como fijar una altura, densidad y otros parámetros en función de un promedio de la situación existente alrededor de un predio.
  2. 30 Agosto 2018 Pobladores de Maipú protestan frente al Minvu exigiendo reivindicar el derecho a la vivienda Dentro de los planteamientos que hace el Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna, solicitan al gobierno que considere su voz en el diseño de los proyectos habitacionales. La mañana de este jueves, integrantes del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Vivienda Digna de la comuna de Maipú llegaron hasta el Ministerio de Vivienda exigiendo que se reivindique el derecho a una vivienda digna. Como aseguraron, con esta medida de presión, buscan tener de parte de las autoridades una respuesta favorable “para el desarrollo de nuestro proyecto habitacional. Planteamos así la necesidad de que el terreno ubicado en “Vicente Reyes 110″, de propiedad Serviu, sea asignado a nuestro comité, vía carta de compromiso, como lo establece el artículo 19 del Decreto Supremo 49”. Nathalie Arriagada, vocera del movimiento, comentó a La Tercera que sus planteamientos incluyen que el gobierno, en el diseño de las políticas habitaciones de integración, puedan considerar a los pobladores, “para que nosotros también podamos decir cómo queremos vivir”. “Creemos que el gobierno como ha decidido levantar como bandera de lucha esta materia, debe incluir la voz de los pobladores, y que los proyectos de integración realmente sean constituidos como tal”, aseguró. Indicando que muchas veces las políticas de vivienda resuelven marginar a “quienes tienen menos”, exigen que se les respeto a seguir viviendo en su comuna y que no se les expulse a zonas de la periferia, “lejos de los servicios públicos, de salud, lejos de los servicios públicos, de salud, educación, transporte”. “Nos moviliza la Nos moviliza la convicción de que los terrenos que hoy están en mano del Estado, especialmente del Serviu -como en nuestro caso – deben aportar a solucionar el problema del deficit habitacional y no servir para perpetuar el negocio inmobiliario”, agregan desde el movimiento. En ese sentido, enfatizaron en que “somos sujetos de dignidad. Estamos aquí para mostrar nuestra determinación de vivir en el terreno que desde marzo venimos trabajando con el Serviu. Hace falta solo la voluntad política de la autoridades para comenzar a resolver, de forma definitiva, lo que hoy nos tiene viviendo en condiciones que estancan nuestro desarrollo. Estamos aquí para concretar el anhelado sueño que perseguimos”. De acuerdo a los datos proporcionados, el proyecto que han diseñado contempla en su primera etapa 150 soluciones habitacionales para las familias de Esperanza Popular, y más de 400 viviendas en su totalidad. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/pobladores-maipu-protestan-frente-al-minvu-exigiendo-reivindicar-derecho-la-vivienda/300753/
  3. 21 Agosto 2018 Sharp inicia gestiones con el Minvu para compra y traspaso de terrenos para viviendas sociales A través de un oficio, el edil de Valparaíso pide al ministro Cristián Monckeberg que intervenga en la adquisición de algunos paños, uno de ellos perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales. Además, solicita financiamiento para estudios relacionados a la modificación del plan regulador. Un importante rol jugó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, en el acuerdo entre el municipio de Valparaíso y la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que ambas partes calificaron como histórico, para habilitar el sector Barón, lugar donde se planeaba construir un centro comercial de Mallplaza. Ahora, en el marco del fortalecimiento de la relación, el alcalde de esa ciudad Jorge Sharp inició nuevas gestiones para la compra y traspaso de otros terrenos para levantar viviendas sociales con esa cartera. Así, a través de un oficio firmado por el propio edil de Valparaíso, éste solicitó apoyo al ministro Monckeberg, esta vez para sacar adelante una serie de proyectos que considera “de recuperación para la ciudad”. PULSO tuvo acceso al documento, en cual Sharp apela a que es fundamental concretar iniciativas que han estado trabajando con los equipos técnicos del Minvu y que requieren de su apoyo. En el oficio solicita a la cartera intervenir para concretar la transferencia al municipio de un terreno del Ministerio Bienes Nacionales, ubicado en el sector “El Vigía. Se trata de un paño ubicado en Playa Ancha, perteneciente al MBN, el que se encuentra cedido en comodato a una línea de microbuses. También pide al ministro apoyar la adquisición de otros terrenos como parte del plan de reconstrucción luego del incendio de 2017. En concreto, solicita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo pronunciarse sobre el financiamiento comprometido por la administración anterior para la compra del terreno Fundo Pajonal, una vez realizada la subdivisión del paño. “Como es de su conocimiento, Valparaíso es la tercera ciudad con mayor déficit habitacional del país, por ello la construcción de nuevas viviendas es un aspecto que debe ser abordado de manera coordinada entre el gobierno local y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En esta materia hemos considerado importante la gestión de suelo a partir de la adquisición o transferencia de los siguientes terrenos”, explica el alcalde de Valparaíso en el oficio. Nuevo plan regulador Otro de los puntos que toca en el oficio, es el financiamiento para estudios en materia de riesgo y protección al medioambiente que permitan el desarrollo de una propuesta de modificación al Plan Regulador Comunal, acorde a las condiciones geográficas de la comuna. “Como es de su conocimiento, el desarrollo de la Modificación al Plan Regulador Comunal contratado por la Seremi de Vivienda y Urbanismo vio truncado su desarrollo, dejando a la comuna con un instrumento desactualizado. Como Municipio hemos asumido la continuidad de esta tarea, no obstante, se hace necesario solicitar a su cartera el financiamiento de estudios en materia de riesgo”, señala Sharp en el documento. Fuentes de la Municipalidad de Valparaíso señalan que el alcalde Sharp se reunió el lunes pasado con el ministro Cristián Monckeberg para tratar estas materias, entre otros asuntos. El oficio fue presentado ese día al Minvu. En la ocasión, también se habló sobre el Edificio Tassara, que tendrá destino de vivienda social y espacios comunitarios. En esta materia el Serviu de Valparaíso ha realizado una inversión en estudios de ingeniería y la Secretaria Nacional de Gestión Patrimonial ha financiado el diseño de arquitectura del edificio, pero Sharp solicitó que se considere financiamiento para la habilitación del edificio. Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/sharp-inicia-gestiones-minvu-compra-traspaso-terrenos-viviendas-sociales/290013/
  4. 18 Julio 2018 Minvu presentará proyecto de ley de vivienda social a fines de agosto Cristián Monckeberg señaló que la aprobación de la iniciativa sería una alternativa para reducir el déficit habitacional en nuestro país que, según el Censo de 2017, es de 393.613 unidades. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, anunció que a fines del próximo mes su cartera presentará un proyecto de ley de vivienda social al Presidente Sebastián Piñera. Esta iniciativa se enmarca en el debate generado a partir del plan del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, para otorgar este tipo de solución habitacional, de 85 departamentos, en un edificio que se construirá en la Rotonda Atenas. El secretario de Estado señaló que la aprobación del proyecto por el Parlamento sería una alternativa para reducir el déficit habitacional en nuestro país que, según el Censo de 2017, es de 393.613 unidades. Espera contar, además, con el respaldo presupuestario de su par de Hacienda, Felipe Larraín, y también del titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, para convencer al Congreso. Entre los diputados, Gonzalo Winter (Movimiento Autonomista), que integra la Comisión de Vivienda, dijo que “esperamos que el proyecto apunte a la integración social, fin de barrios segregados y mayor regulación al mercado inmobiliario”. En tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN) mencionó que en la citada comisión se reflotó un antiguo proyecto de vivienda social, del año 2006, de los entonces diputados Carlos Montes e Isabel Allende. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/minvu-presentara-proyecto-ley-vivienda-social-fines-agosto/248229/
  5. 08 Septiembre 2017 Minvu entregará 473 casas en Arica por terremoto de 2014 y cierra reconstrucción El próximo 22 de septiembre comenzarán a entregarse las nuevas viviendas. Durante las próximas semanas, 473 familias del conjunto habitacional Guañacagua III en Arica recibirán sus nuevas viviendas. Con esto, se dará por finalizado el trabajo de reconstrucción que ha realizado en la zona el Ministerio de Vivienda, luego del terremoto 8,2 Richter que afectó a la región en 2014. El inicio de la obra del nuevo conjunto habitacional comenzó el segundo semestre de 2015. El proyecto implicó la construcción de 469 viviendas de hormigón armado de 60,4 m2 y cuatro de 79 m2, destinadas a personas de movilidad reducida, que comenzarán a entregarse el próximo 22 de septiembre. Según explicó la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, el proyecto implicó una inversión de 603 mil UF. “Hoy podemos decir que la reconstrucción del proyecto habitacional Guañacagua ya no es una promesa, sino que una realidad. Estamos en el final del proceso de recepción municipal de un conjunto que no solo cumple con todos los estándares de seguridad y calidad, sino que también cuenta con un alto nivel de participación de las familias”. Saball agregó que “el traslado de las familias, la relocalización, irá aparejado a la demolición de las viviendas antiguas para que no exista ninguna posibilidad de que estas sean nuevamente habitadas”. El conjunto habitacional Guañacagua III fue construido en los años noventa en el sector El Alto. Sin embargo, a los pocos meses desde su entrega comenzaron a presentar grietas, descensos de suelo y fugas de agua. Lidia Maldonado llegó en 1998 al sector junto con sus dos hijas y es la presidenta del comité Recomenzar, que reúne a cerca de 70 vecinos. “Después de que nos entregaron las casas, las paredes comenzaron a trizarse y empezaron a salir filtraciones en el piso”, dijo. “Aquí no se hizo un estudio de suelo, sino que pusieron las cañerías alrededor de las piedras y con cualquier movimiento se rompían”, añadió. Si bien la presidenta del comité asegura que los vecinos esperan ansiosos el momento de cambiarse, afirma que “hay sentimientos encontrados, porque acá hemos invertido por años. Pero tenemos claro que no podemos quedarnos aquí, porque con un temblor las casas se van a venir abajo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/minvu-entregara-473-casas-arica-terremoto-2014-cierra-reconstruccion/
  6. 05 Marzo 2017 En últimos cinco años, una de cada tres familias de campamentos recibió una solución habitacional Programa oficial del Minvu ha entregado 9.256 subsidios y cerrado 252 asentamientos desde 2011. Expertos critican la lentitud de cierres y alertan que personas en esta situación han aumentado. En 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) elaboró un catastro de todos los campamentos que hasta entonces se habían levantado en el país, y que en ese momento ascendían a 657, de Arica a Magallanes. También cifró en 31.158 a las familias que residían en ellos. Sobre la base de este registro, la recién creada Secretaría Ejecutiva del área comenzó el proceso para establecer el cierre definitivo de estos asentamientos y organizar a los grupos familiares, a fin de que lograran un subsidio para la casa propia. Luego de cinco años, el Programa Campamentos ha entregado una solución habitacional a 9.256 familias, es decir, el 29% de las registradas en 2011, y ha logrado cerrar 252 de estos asentamientos irregulares. En las regiones más avanzadas, como Magallanes, se cerró el único campamento, con cerca de 20 familias, y en Maule sólo resta la solución para una oncena de familias. En contraste, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y el Norte Grande son las que presentan los menores avances (ver infografía). Según la ministra de la cartera, Paulina Saball, “la estrategia de cierre de cada campamento es única, porque debe atender la multidimensionalidad de la situación”. La titular agrega que “no es lo mismo atender a un campamento en Valparaíso que a uno en Temuco, o que sea rural o urbano. El tamaño, la dimensión espacial, las redes existentes y el tipo de estrategia implementada para su solución son, entre otros factores, elementos que se conjugan a la hora de programar los plazos de atención”. Entre las soluciones entregadas se encuentran la relocalización de las familias en conjuntos habitacionales de otros sectores, la radicación en el mismo lugar a través de la urbanización del lugar, y la entrega de otras soluciones, como subsidios de arriendos. Según la planificación del Minvu, en 2018 debería estar cerrada más de la mitad de los asentamientos catastrados en el registro oficial, y para 2020 terminar con el proceso. “Todos los campamentos vigentes del catastro cuentan con una estrategia clara y definida para concretar su cierre en esa fecha”, subraya Saball. Aumento de familias Desde la Fundación Techo Chile valoran el trabajo que ha realizado la Secretaría Ejecutiva. No obstante, critican la lentitud del proceso de cierre y la decisión de excluir del programa tanto a los campamentos creados después de 2011 como a las nuevas familias que se han sumado, que según el último informe de la ONG, en 2016, aumentaron en 41,6% durante este período, y hoy serían 38.770. “Las familias están saliendo de campamentos a una tasa de poco más de mil al año. Entonces, dar una solución a todas las que hoy están en ellos tomaría cerca de 40 años, sin contar a las que eventualmente podrían entrar en un futuro”, dice el capellán de Techo, Juan Cristóbal Beytía. A fin de buscar soluciones, el sacerdote jesuita agrega que es necesario sumar fuerzas “al Estado, organizaciones sociales y dirigentes de campamentos, para consensuar una política e incentivar la construcción de viviendas sociales. Se debe articular el trabajo de los Serviu con Bienes Nacionales para gestionar terrenos fiscales, subir los montos de subsidios y hacer partícipe al sector privado, facilitar las postulaciones a los subsidios y disminuir el tiempo de espera, que hoy promedia los ocho años, para que las familias tengan su casa”. Para el urbanista de la consultora Atisba, Iván Poduje, el aumento de campamentos y familias viviendo en estas condiciones “es un problema mayor que antes, ya que la construcción es más lenta, los terrenos son más caros, hay menos inmuebles disponibles y muchas familias no quieren salir del sector, porque así se alejan de sus redes de contacto. Hay que radicarlas, y eso toma más tiempo”. El académico agrega que entre las políticas que se deberían impulsar para dar solución a esta problemática están: “Actualizar el catastro con las nuevas familias y nuevos campamentos que se han formado en los últimos años. Revisar los terrenos del Fisco en manos de los Serviu u otras entidades fiscales que no son aprovechados, para destinarlos a viviendas. Invertir para radicar los campamentos y transformarlos en barrios con conexión, servicios y obras de mitigación. Y, por último, evitar que se abran nuevos asentamientos. Eso es clave”. El arquitecto especialista en erradicación de campamentos, Francisco Donoso, agrega que “aún falta que las instituciones se organicen para salir a buscar a las familias y ayudarlas a su postulación a los subsidios. En su mayoría ellas viven fuera del sistema y no están habituadas a relacionarse con los entes oficiales”. Al respecto, Saball afirma que las familias que se han sumado a estos asentamientos “pueden postular a los programas habitacionales del ministerio y recurrir a nuestros equipos regionales para información y asesoría”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ultimos-cinco-anos-una-tres-familias-campamentos-recibio-una-solucion-habitacional/
  7. Casi 2.500 familias no han recibidos sus viviendas a siete años del 27/F El proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010, liderado por el Minvu, comprometió un total de 224.538 subsidios. Cartera ha invertido más de $ 52.568 millones para levantar conjuntos habitacionales y otras obras urbanas, como parques. Siete años han pasado desde la emergencia más grande que ha sacudido a nuestro país; dos gobiernos de coaliciones distintas han desarrollado planes para recuperar lo perdido, y más de $ 52.568 millones han sido invertidos solo por el Ministerio de Vivienda (Minvu) en conjuntos habitacionales y otras obras urbanas, para reponer los hogares de cerca de dos millones de damnificados que dejó el segundo movimiento telúrico más fuerte de la historia del país, ocurrido a las 3.34 del 27 de febrero de 2010 y que alcanzó una magnitud de 8,8 grados Richter. No obstante, autoridades aún no pueden dar por cerrado el proceso de reconstrucción, ni han sido levantadas todas las viviendas comprometidas con subsidios del Estado. Según el último informe de avance de las obras, elaborado por el Minvu, a enero de este año se han entregado un total de 222.604 unidades habitacionales en estos años, pero 2.474 inmuebles siguen pendientes. De estos, 11 no han iniciado obras y el resto está en construcción. Según el encargado de reconstrucción de la cartera, Dante Pancani, los principales problemas para completar el proceso en materia de viviendas se deben tanto a la extensión y dispersión geográfica como a la escasez de empresas constructoras locales, y en obras de calidad deficientes. “Cuando asumimos nos encontramos con muchas familias que tenían subsidios, pero no estaban vinculadas a ninguna entidad patrocinante (Egis), ni empresa constructora, mientras que otras tenían problemas legales y de dominio de sus sitios. En muchas comunas no existía mano de obra calificada ni materiales de construcción accesibles. Hubo otras firmas que abandonaron las obras y detectamos varias que tenían mal desempeño, por lo que tuvimos que terminar contratos e incorporar a nuevas”, señaló. Durante estos años se han conocido casos como el de la población Mirador Altos de Bellavista de San Antonio, cuyas 156 casas debieron ser demolidas el año pasado por presentar serios defectos de construcción. “Hubo que licitar para que una nueva empresa constructora se hiciera cargo de las obras, lo cual implicó tiempo para cumplir con todos los trámites y controles que exigen la Contraloría y el Minvu”, señaló el alcalde de San Antonio, Omar Vera (PR). Añadió que las faenas deberían terminar en noviembre. En la gran mayoría de las zonas afectadas aún hay unidades habitacionales pendientes que están en construcción. De hecho, según Pancani, se identificaron 6.893 viviendas con problemas de calidad y habitabilidad. Entre las comunas con más rezago se cuentan Concepción (250 unidades), Tucapel (240) y Parral (155). “Al llegar al municipio, en 2012, me encontré con un descalabro enorme porque se habían contratado firmas que no respondieron y las casas fueron quedando en el camino. Tuvimos que trabajar para ir solucionando caso a caso”, afirmó la alcaldesa de Parral, Paula Retamal (UDI). En Tucapel, el administrador municipal, Francisco Dueñas, explicó que “la empresa quebró con un 95% de avance y se aplazó cuatro veces la entrega de las casas. Recién en septiembre de 2016, una nueva firma comenzó a trabajar en los últimos detalles”. Otras obras En el marco del Plan de Reconstrucción, dado a conocer a mediados de 2010, el Ministerio de Vivienda se hizo cargo de 225 obras de vialidad, infraestructura de mitigación (como bordes costeros), plazas, parques y paseos peatonales. De estas, el 83,5% están entregadas. En este sentido, el académico y urbanista Iván Poduje, de la consultora Atisba, afirma que “la reconstrucción no se trata solo de viviendas, hay muchas obras que no se han completado. Hay problemas de conectividad en varias ciudades, falta un cuarto puente en Concepción, hay edificios patrimoniales que siguen destruidos, faenas de recuperación patrimonial que no han sido concluidas y cinco hospitales que no han sido repuestos, como el de Curicó, el de Chillán y el ex Félix Bulnes”. Agregó que “no se podía esperar que el proceso fuera terminado en cuatro años como se pretendió. Una reconstrucción de esta magnitud toma entre 10 y 12 años y es muy probable que se dé en esos tiempos”. www.latercera.com
  8. Número de familias en campamentos crece 41,6% durante últimos cinco años Informe de Techo Chile revela que la cantidad de asentamientos aumentó en 88 enclaves. Programa del Minvu ha entregado viviendas a 27 mil familias en riesgo desde 2011. A comienzos de 2015, un grupo de familias se tomó un terreno baldío ubicado detrás de la medialuna de Lampa para levantar pequeñas habitaciones construidas principalmente con madera maciza. El creciente valor de los arriendos y la falta de redes familiares fueron determinantes para considerar que la creación de un campamento era la solución más efectiva para conseguir una casa propia. “Nos cansamos de ser allegados o que no nos alcanzara para arrendar”, dice Guillermo Castro, uno de los voceros del campamento Medialuna de Lampa. Aquí, hoy habitan unas 200 familias, provenientes en su mayoría de la zona norte de Santiago. “No nos queremos quedar en estos terrenos, sabemos que tienen dueños. Queremos una casa propia”, agrega Castro. Este asentamiento en Lampa es uno de los 88 nuevos campamentos que existen en el país durante los últimos cinco años, según alerta el último informe de Techo Chile. Según este reporte, la cantidad de familias que viven sin acceso regular a agua potable, luz eléctrica o alcantarillado ha crecido en 41,6%, alcanzando a las 38.770 familias (ver infografía). “La cantidad de familias está aumentando. Son dos mil más que hace un año. Y es porque es muy fácil entrar, pero muy difícil encontrar una solución para salir”, afirma Valentina Latorre, directora social de Techo Chile. Asegura que el fenómeno no sólo tiene que ver con la disponibilidad de viviendas sociales. “También hay otros factores determinantes, como la precarización del empleo, el aumento del costo de la vida, la baja calidad de educación, el poco nivel de instrucción laboral e incluso la violencia intrafamiliar”, explica. “Basta que se dé una de estas detonantes para que una familia se vaya completa a vivir a un campamento”, agrega. Uno de estos detonantes es la migración. Por este motivo, las regiones del norte, y particularmente Antofagasta, reflejan el mayor aumento de familias y enclaves. “Los migrantes son los más vulnerables dentro de la vulnerabilidad de las familias de campamentos, ya que no tienen redes familiares. Algunos ni siquiera hablan el idioma. Y en Antofagasta esto se complejiza por el alto valor y la poca disponibilidad de suelo, que ha impedido el desarrollo de proyectos sociales”, afirma Benito Baranda, presidente de la Fundación América Solidaria. Catastro El programa Campamentos, que lleva adelante la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Vivienda (Minvu), ha focalizado su accionar en base al Mapa Social de Campamentos, un catastro levantado el año 2011 que registra un universo de 657 asentamientos y 27.378 familias. De ellos, el gobierno ha concretado una solución para 233 de estos enclaves, mientras que 5.293 familias han recibido o están proceso de recibir una casa propia. Como asegura la ministra Paulina Saball, “la gestión de estos campamentos se ha realizado buscando distintas soluciones. Una es la radicación, cuando se puede obtener la propiedad del terreno, ya sea porque era de Bienes Nacionales, del Serviu o porque fue posible comprarlo a un privado. La otra solución es la relocalización, entregando una solución habitacional en proyectos emplazados en otros lugares, pero también buscando darle un nuevo uso a ese terreno que dejan, para que no sea objeto de una nueva toma”. La secretaria de Estado valora que la cantidad de campamentos que se forman han bajado respecto de las décadas de 1990 y 2000, cuando se establecieron cerca del 50% de estas ocupaciones. Además, asegura que han existido algunas situaciones que “han generado mayor precariedad habitacional en muchos lugares de país, como el terremoto del 27-F y otros fenómenos como la alta migración en el norte”. No obstante, según el estudio de Techo, habría cerca de 16 mil familias que no están en el catastro oficial del Minvu, ya sea porque entraron después o porque no fueron contabilizadas por razones metodológicas. De ese modo, estarían fuera de las acciones del gobierno en la materia. “El Estado tiene la misión de revisar estas cifras y entregar una solución a todas las personas”, agrega la directora de Techo. Y advierte que esta “no es sólo una vivienda. Se debe apostar por una coordinación de diversos ministerios, como Desarrollo Social y Trabajo, para pensar en programas que aborden la problemática de manera conjunta”. Para el director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, “el Estado debe proponer una política más agresiva que disponga de un stock de suelo, ya que la poca disponibilidad de terreno y sus altos costos influyen en la cantidad de proyectos que se ofrecen, tanto para las familias que actualmente viven en campamentos como para los que residen bajo la problemática del hacinamiento y/o como allegados”. www.latercera.com
  9. Una realidad que aún resuena: 36 mil familias siguen viviendo en campamentos Las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana son las que concentran el mayor número de asentamientos ilegales, agrupando el 65% del total de familias. SANTIAGO.- La desaceleración minera ha reflotado una realidad que aún resuena: los campamentos. De la mano de la inmigración, el aumento del costo de las viviendas y los arriendos, los asentamientos informales han ido incrementándose en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que suman un déficit habitacional cercano a las 48 mil viviendas. El último catastro realizado por Techo (sin fines de lucro) el año pasado da cuenta que actualmente 36.023 familias que viven en condiciones de precariedad, sin acceso a alguno de los servicios básicos de luz, agua potable o alcantarillado, en viviendas tipo mediaguas emplazadas en 693 campamentos contabilizados a la fecha. Éstos se distribuyen en Arica y Parinacota (8), Tarapacá (15), Antofagasta (55), Atacama (40), Coquimbo (23), Valparaíso (177) Metropolitana (82), O'Higgins (48), El Maule (10), Biobío (157), La Araucanía (15), Los Ríos (14), Los Lagos (41) y Aysén (8). Es en la Quinta Región donde el número de familias que viven en estas condiciones de pobreza resulta alarmante: 10.714. Esto se agudiza -aún más- si se considera que de ese número, casi el 20% se encuentra en tres de las tomas más emblemáticas del país: Manuel Bustos (924 grupos), Reñaca Alto (551) y Parcela 11 (465). ¿Dónde están las principales grietas? En 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) implementó el denominado Mapa Social de Campamentos -en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado-, cuyos resultados arrojaron que en Chile son 25.171 familias (83.863 personas) viven en condiciones precarias en 657 asentamientos ilegales. Las "grietas", según el catastro, están en las regiones de Arica y Parinacota (6), Tarapacá (6), Antofagasta (28), Atacama (27), Coquimbo (35), Valparaíso (146), Metropolitana (117), O'Higgins (47), Maule (14), Biobío (145), La Araucanía (23), Los Ríos (21), Los Lagos (32), Aysén (9) y Magallanes (1). De éstos, 9.311 familias viven en 209 campamentos (34% del total) que se encuentran en áreas de riesgo ambiental por concentración de basura. Mientras que el 40% (259) está fuera de áreas de concesión sanitaria, lo que equivale a 10.000 núcleos sin posibilidad de acceder a este servicio. Con todo, son las regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana las que concentran el mayor número de asentamientos, agrupando el 65% del total de familias. Plan del Minvu Ante esta realidad, el plan de trabajo del Minvu contempló el cierre de 60 campamentos para 2015, cifra que se elevaría a 80 durante este año y a un centenar en 2017. Para ello, estas zonas están siendo abordadas con las siguientes estrategias de intervención: a) Radicación a partir de una nueva solución habitacional: las familias obtienen un subsidio habitacional que les permite la construcción de una nueva vivienda y entorno en el mismo lugar donde se emplaza el campamento. b) Radicación a partir de un proyecto de urbanización y consolidación barrial: las familias acceden a servicios básicos, obtienen su título de dominio y consolidan su entorno con opción de mejorar su vivienda en función del grado de consolidación que esta tenga. c) Relocalización: las familias obtienen un subsidio habitacional que les permite acceder a una vivienda en un lugar distinto al del campamento. En función del tamaño del campamento, nivel de organización y expectativas de las familias, esta estrategia puede significar un traslado conjunto de la comunidad o individual. www.emol.com
  10. Minvu ajusta postulación a subsidios en el marco del Acuerdo de Unión Civil Desde el movimiento Acción Gay valoraron la integración de la figura de "conviviente civil", modificación que equipara condiciones y requisitos establecidos históricamente para los "cónyuges". “Aquí se acaba de derribar una barrera de acceso a un sistema público, lo que resulta clave para el avance de la sociedad”. Con estas palabras recibió Vasili Deliyanis, vocero del Movimiento Acción Gay, a la Ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Paulina Saball, en reconocimiento a las modificaciones que la cartera realizó en sus programas habitacionales en el marco del Acuerdo de Unión Civil (AUC). Desde la sede del movimiento, la secretaria de Estado explicó que “nosotros teníamos un mandato de la Presidenta Bachelet de diversificar y ampliar el acceso a la vivienda a todos los sectores”, agregando que “hemos hecho un cambio en todos nuestros programas habitacionales para reconocer el Acuerdo de Unión Civil y a los convivientes civiles como sujetos de derecho en el acceso a la vivienda”. Saball sostuvo que “lo anterior se traduce en tres cosas muy importantes: primero, se fortalece el acceso a la vivienda reconociendo al núcleo familiar como auto declarado; segundo, reconocemos como estado civil la condición de Conviviente Civil, lo que posibilita que ambos convivientes puedan aunar su ahorro para postular a la vivienda o que sea uno u otro el que postule al crédito hipotecario; y, tercero, que si uno es propietario del terreno y el otro postula al subsidio, puedan entenderse y confluir como parte de una misma comunidad”. La titular del Minvu aseveró, además, que con esto “estamos reconociendo la diversidad de composición de la familia en Chile, generando políticas públicas favorables para la diversidad existente, con igual dignidad y derechos para todos”. Deliyanis celebró el ajuste a la nueva normativa del Minvu e hizo hincapié en el avance que esta iniciativa tiene en materia de equidad. “La AUC y su aplicabilidad en vivienda es algo muy importante. Hay muchas parejas de la diversidad que viven de hecho y que piensan que pueden tener derechos en muchas cosas, pero no en vivienda y no es así. Nadie puede ejercer un derecho que ignora. Por eso es importante saberlo, de tal manera de hacerlo exigible. Si uno cambia la palabra Cónyuge por Conviviente Civil, habrá muchas instituciones que se modifican. Invito a la gente a que lo aplique, exija y difunda”, dijo. www.latercera.com
  11. Minvu lanza concurso para preservar cabinas del ex teleférico El concurso denominado "Quiero un huevito del teleférico" permite que, tanto personas privadas como públicas, puedan preservar una de las redondas cabinas. La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, junto con el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y miembros de dicho ministerio lanzaron esta mañana el concurso "Quiero un Huevito del teleférico". La iniciativa permite a organizaciones sociales, ONGs, juntas de vecinos, municipios y cualquier entidad sin fines de lucro ayuden a la preservación y restauración de las icónicas cabinas redondas. "Lo que buscamos es que vuelvan a ocupar los espacios públicos de la región Metropolitana para que muchos puedan disfrutarlos, porque son miles las familias que tienen un hermoso recuerdo de los huevitos del teleférico", señaló la ministra Saball. La secretaria de Estado explicó además que "los huevitos del teleférico son para toda una generación de chilenos y chilenas un maravilloso recuerdo y son, además, parte de nuestro patrimonio urbano. Tenemos 56 cabinas para que organizaciones de la sociedad civil y otros quieran uno de estos huevitos y lo puedan reutilizar en el espacio público, donde sean accesibles para que todos y todas los puedan apreciar". Por su parte, Claudio Orrego señaló que "el Parque Metropolitano y su teleférico son parte de la memoria de la región y por lo tanto parte de nuestro patrimonio. Celebramos esta iniciativa del Ministerio de Vivienda e invitamos a postular para darles visibilidad y conservación de los huevitos, para que el recuerdo se mantenga vivo y no perdamos nuestra historia". El jurado está integrado por Rodrigo Guendelman, Periodista y fundador de Santiago Adicto; Roberto Moris, Arquitecto y director del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica; y Sofía Covarrubias, Presidenta del Consejo de la Sociedad Civil del Parque Metropolitano de Santiago. Guendelman declaró que "es fundamental que los proyectos se presenten en lugares de libre acceso, que se ocupen de su mantenimiento y su sostenibilidad en el futuro. Estamos muy contentos con este proyecto, sobre todo quienes representamos a organizaciones de la sociedad civil, por ello queremos también agradecer al Minvu, porque nos han permitido desarrollar un proyecto para rescatar nuestro patrimonio y poner en valor parte de la historia de la ciudad". Los antecedentes pueden ser entregados a la Oficina de Partes de Serviu RM o vía correo electrónico a [email protected] entre el 20 de enero y el 31 de marzo. Las bases están en el sitio web de la cartera. www.latercera.com
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