Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Ministerio Publico'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Administración
    • Presentación & Bienvenida Nuevos Fotechitos
  • Premios Fotech
  • Portal Fotech
    • Televisión Chilena
    • Teleseries & Ficción Nacional e Internacional
    • Televisión Internacional por Cable y Plataformas Digitales
    • Área de Ficción Virtual
    • Arte, Cultura y Sociedad
    • Cine
    • Música Nacional y Radioemisoras
    • Música Internacional
  • Mundo Animado & Comunidad Asiática
    • Mundo Animado
    • Mundo Asiático
  • Actualidad, Ciencia, Deportes, Afectividad y Tecnología
    • Actualidad Nacional e Internacional
    • Ciencias, Historia y Naturaleza
    • Deportes
    • Afectividad, Salud y Sexualidad
    • Tecnología, Videojuegos y Diseño Gráfico
  • Ciencias, Educación y Tecnología
  • Pasatiempo
    • Recreo

Calendars

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Ubicación


Intereses


Facebook


Twitter


Instagram


Skype


Website URL

Found 26 results

  1. 22 Abril 2019 Fiscales rechazan idea de que se les pueda acusar constitucionalmente: “Sería subordinarse al poder político” El gremio de los persecutores manifestó su negativa a la extensión de la medida hacia el Ministerio Público, la que surgió en medio de la crisis que enfrenta la Fiscalía de O'Higgins. La Asociación de Fiscales rechazó la posibilidad de que se les pueda acusar constitucionalmente, idea que surgió en medio de la crisis que vive la Fiscalía de la región de O’Higgins y Emiliano Arias. En una declaración pública, la agrupación se mostró confiada con que en el caso del persecutor “existirá una investigación acuciosa” que permitirá sancionar eventuales responsabilidades. “Los hechos conocidos demuestran la importancia de mantener al Ministerio Público libre de influencias de terceros. Por lo mismo, nuestras autoridades deben ser extraordinariamente cautelosas y ponderar adecuadamente la conveniencia de mantener reuniones con personas que puedan tener interés en el resultado de las investigaciones“, expresó. Tras esto el gremio se manifestó en contra de las propuestas de diputados de distintos sectores, quienes plantearon que a los persecutores también se les debería someter a acusaciones constitucionales ante posibles irregularidades en su labor. “Rechazamos abiertamente aquellas iniciativas que proponen extender el ámbito de la acusación constitucional al Ministerio Público. En ese sentido, creemos que el principal efecto práctico de esta medida sería subordinar la fiscalía al poder político“, concluyó la asociación. SIGUE LEYENDO Fiscal Arias pide que lo "investiguen de pies a cabeza" para aclarar hechos fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/04/22/fiscales-rechazan-idea-de-que-se-les-pueda-acusar-constitucionalmente-seria-subordinarse-al-poder-politico/
  2. 20 Septiembre 2018 El nuevo foco de tensión abierto por el fiscal Emilfork en el Ministerio Público El persecutor, que está a cargo de la investigación del caso Sename, será investigado por su par de La Araucanía por una eventual violación de secreto. El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, y la investigación que realiza por la muerte de niños al interior de residencias de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename), se ha convertido en un nuevo foco de tensión al interior del Ministerio Público. En el marco de estas pesquisas es que el persecutor abrió la arista Ascar, en que se investiga un presunto mal uso de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los menores que están en hogares a cargo del Estado. Esta investigación tiene como objetos de interés de la investigación a los exministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco, ya que durante la administración de ambos se llevó a cabo la ejecución del programa Ascar. Es así que tanto Gómez como Blanco han presentado denuncias contra Emilfork, acusando que se han visto notificados de los avances de la causa a través de los medios de comunicación. En el marco de estas acusaciones es que este jueves, en la Fiscalía Nacional, se citó a un consejo extraordinario de fiscales regionales con el objetivo de discutir qué persecutor estaría a cargo de la investigación contra Emilfork. Tras un poco más de una hora de discusión, el fiscal nacional, Jorge Abbott, definió que fuera el titular de La Araucanía, Cristian Paredes, quien liderara esta indagatoria. “De acuerdo a la carga de trabajo y por razones de buen servicio, se ha designado al fiscal Paredes”, indicó en vocero de la Fiscalía Nacional, Rolando Melo. Emilfork tomó un rol activo ante esta acusación y por esto es que, pese a estar de vacaciones, se trasladó hasta las dependencias del Ministerio Público para estar presencialmente en la reunión. Así, fue uno de los cinco persecutores regionales que se apersonó en el edificio institucional. La mayor parte de sus pares participó a través de videoconferencias. Algunas versiones indicaban que durante el consejo, Emilfork habría tomado la palabra y habría indicado que estas acusaciones solo buscaban perjudicarlo. Esto, según trascendió, porque tendría aspiraciones de ocupar el cargo de fiscal regional de Valparaíso. Pese a los intentos, este jueves no fue posible ubicar al persecutor para que respondiera por estas versiones. Su futuro en Ascar Si bien no fue objeto de discusión en el consejo de este jueves, en la fiscalía comenzó la evaluación sobre si Emilfork es o no el fiscal idóneo para indagar la arista Ascar. Así, por un lado de la balanza está que los eventuales delitos habrían ocurrido en la comuna de Santiago, por lo que territorialmente la causa podría ser indagada por la Fiscalía Centro Norte. En la otra vereda está el hecho de que esta arista nació a raíz de la causa Sename, que actualmente está a manos de Emilfork. La palabra final de esta decisión, aseguraron fuentes de la institución, aún no está tomada.Abbott deberá pronunciarse al respecto, ya que la defensa de la exministra Blanco (actual consejera del Consejo de Defensa del Estado), Paula Vial, solicitó a la Fiscalía Nacional que Emilfork fuera removido de esta indagatoria. Ello, de hecho, impulsó al fiscal nacional a solicitar a Emilfork dos informes. Uno relacionado a la filtración de un oficio de la Fiscalía Centro Norte, que informaba a su par de Los Lagos la imputación de Blanco en el caso “jubilazos” de Gendarmería. En el segundo escrito, la máxima autoridad del Ministerio Público solicitó a Emilfork que le realizara una reseña de los aspectos generales relacionados a la arista Ascar. “Está hecha la petición de la exministra y el fiscal nacional va a tomar la decisión en su momento. Allí él va a poder decir si el fiscal Emilfork continúa o no investigando la arista Ascar”, indicó Rolando Melo. Recurso de protección No solo Emilfork deberá rendir cuentas sobre esta causa. Lo mismo deberá realizar Abbott, ya que la Corte de Apelaciones declaró admisible un recurso de protección presentado por José Antonio Gómez, en que acusaba que el fiscal nacional “no ejerció sus funciones constitucionales”, luego que el 8 de agosto pasado se le solicitara iniciar una investigación penal contra el persecutor. Así, el tribunal de alzada dio cinco días de plazo a Abbott para que le remitiera un informe sobre las acusaciones que levantó el exministro de Justicia. En palabras de Paulina Vodanovic, exsubsecretaria para las Fuerzas Armadas y hoy abogada de Gómez, “el recurso de protección que interpusimos tenía como objetivo que el fiscal nacional iniciara las investigaciones, de manera tal que nos parece fantástico que lo haga. Pero sí me parece que el fiscal nacional no debería esperar un recurso de protección para tomar estas medidas, toda vez que José Antonio Gómez lo pidió por escrito y fundadamente el 8 de agosto, cuando le presenta las denuncias, iniciar una investigación. Así que nos parece tardío”. Gómez se reunió en primera instancia con Abbott para presentar sus quejas y una denuncia formal por posible violación de secreto de la investigación por parte de Emilfork. Esto, luego que el fiscal, en entrevista con La Tercera, abriera la posibilidad de que Gómez y Blanco “sean citados como imputados” por la arista Ascar. Situación que a la fecha solo se ha materializado en el caso de Gómez, cuando tuvo que presentarse ante el fiscal de Los Lagos, el 11 de septiembre. Blanco también fue citada, pero Emilfork descartó tomarle declaración, al asegurar que aún debía periciar su computador en poder de la Fiscalía Centro Norte. Pese a los cuestionamientos, Juan Carlos Manríquez, también abogado de Gómez, aseguró que en cada uno de los documentos que se presentaron a Abbott, como así el recurso de protección, “no se ha solicitado de modo alguno que se separe al fiscal Marcos Emilfork de la investigación que lleva adelante, tampoco se ha pedido que se designe a otro fiscal regional”. En el caso de Javiera Blanco, el 11 de septiembre pasado sus abogados Paula Vial y Rodrigo Molina, presentaron una denuncia contra Emilfork. El motivo fue la supuesta la violación de secreto, dada la filtración de un documento que señalaba a la exministra como imputada. Fuente : https://www.latercera.com/nacional/noticia/nuevo-foco-tension-abierto-fiscal-emilfork-ministerio-publico/325311/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/337019-dichos-fiscal-abbott-fa-presentara-en-proximos-dias-acusacion-contra-abbott/?hl=%2Babbott&do=findComment&comment=23527949 01 Mayo 2018 Beatriz Sánchez apoya iniciativa de destitución de Jorge Abbott La excandidata presidencial del Frente Amplio considera que las palabras emitidas por el fiscal nacional en su cuenta pública constituyen una validación de que "haya justicia para unos y justicia para otros". Durante esta jornada, la excandidata presidencial Beatriz Sánchez se plegó a la iniciativa de los parlamentarios del Frente Amplio que buscan la destitución del fiscal nacional Jorge Abbott. “Respaldo absolutamente las iniciativas que han tomado, en este camino, los distintos parlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio que no pueden haber declaraciones que simplemente se hacen sin ningún tipo de consecuencia. Mi interpretación personal de lo que dijo el fiscal Abbott es que él valida desde una autoridad como el ministerio público que haya justicia para unos y justicia para otros”, señaló la periodista en declaraciones a radio Bio-Bio. El jefe de los persecutores aseguró en su tercera cuenta pública que las investigaciones contra políticos podrían afectar los cuórum parlamentarios, algo que fue visto por el FA como un eventual trato favorable hacia poderosos. Además, el Partido Comunista anunció hace dos días que apoyarían una eventual medida en este aspecto, la cual requiere un mínimo de 10 diputados para concretarse. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/beatriz-sanchez-apoya-iniciativa-destitucion-jorge-abbott/150107/
  4. El caso de maltrato laboral que podría complicar al Fiscal Nacional ante la Corte Suprema El episodio sería incluido en la solicitud de remoción que, en los próximos días, presentaría el Frente Amplio contra el jefe máximo del Ministerio Público. En octubre del año 2016, el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago determinó que dicha institución había vulnerado las “garantías constitucionales” de Claudia Muñoz, una administradora pública que se desempeñó cuatro años en el servicio, que denunció en dos ocasiones el acoso y el abuso recibidos por parte de otra funcionaria de la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión de la Fiscalía, y que terminó despedida, a pesar de estar con licencia, a través de una carta firmada por el propio Jorge Abbott. A finales de marzo de 2016, la administradora pública Claudia Muñoz fue despedida del Ministerio Público, por medio de una carta firmada por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, tras cuatro años trabajando en la División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión del citado organismo. Un período que no resultó fácil y en el que fue víctima de “acoso y abuso laboral", según consta en una sentencia del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago. Este caso sería uno de los argumentos –en paralelo al incumplimiento de su inhabilitación en el Caso Penta– que se considerarían en la solicitud de destitución que está por enfrentar el Fiscal Nacional y que sería presentada en los próximos días formalmente ante la Corte Suprema. La historia se remonta al año 2015, cuando Muñoz trabajaba en la referida División de Estudios, donde también se desempeñaba Erika Flores, quien estaba a cargo de coordinar la unidad en la que prestaba servicios la administradora pública y de la cual fue trasladada luego de denunciar una serie de eventos en los cuales Flores “desacreditaba y criticaba el trabajo de otros miembros de la unidad de forma pública”. Muñoz denunció en dos ocasiones los maltratos recibidos ante el gerente de la división, Claudio Ramírez: la primera de forma oral y, la segunda, a través de una carta firmada, junto a 11 funcionarios, la que fue entregada el 14 de diciembre de 2015. Solo tres meses después se vieron algunos resultados, como la instrucción de la Fiscalía Nacional, del 23 de marzo, de iniciar una investigación, la que finalmente no habría arribado a puerto. En medio de este proceso, la administradora pública acudió a la Asociación Chilena de Seguridad, la cual le otorgó una licencia médica, a partir del 15 de marzo de 2016, basada en los reiterados casos de acoso y abuso laboral sufridos. A pesar de encontrarse con licencia, Muñoz recibió la notificación de su despido, por medio de una carta firmada por Abbott, en su calidad de Fiscal Nacional. La idea de presentar una solicitud de remoción contra el fiscal Abbott surgió de un grupo de parlamentarios liderados por el Frente Amplio y esta sería ingresada a la Corte Suprema entre el viernes 15 y el martes 19 de junio, según explicó el diputado Tomás Hirsch. Si bien no quiso dar ningún pormenor del contenido argumentativo de la solicitud, señaló que aún se encuentran afinando los últimos detalles del documento final, pero recalcó que tiene certeza de que “existen los argumentos suficientes” para que la Corte Suprema declare admisible la solicitud. Frente a esta situación, la administradora pública acudió a tribunales y presentó una denuncia de tutela laboral “por vulneración de derechos fundamentales”, ante el Segundo Juzgado del Trabajo en la capital, la que fue acogida y finalmente suscrita, a pesar de la apelación del Ministerio Público. En la sentencia se recalcó que la Fiscalía, “conociendo del hostigamiento laboral de que estaba siendo objeto” la denunciante, “no solo no hizo nada, sino que pese a haber sido representado ello en forma grupal, la jefatura de la división tomó una actitud de reproche hacia los reclamantes”. El fallo agregó que se vulneraron las “garantías fundamentales de la denunciante doña Claudia Andrea Del Carmen Muñoz Orellana, específicamente su integridad psíquica con ocasión o a causa del despido, materializado mediante acta de notificación de resolución que pone término al contrato de trabajo de 31 de marzo de 2016”. Y que, en las pruebas presentadas, “se da cuenta de un hostigamiento permanente en el tiempo, por parte de la funcionaria, Erika Flores”. No solo eso. Según consta en la sentencia, Flores incurrió en un trato altanero con sus compañeros de trabajo, y hasta fue acusada de “agresión física en contra de otro funcionario” del Ministerio Público. Finalmente, el fallo destacó lo injustificado del despido, detallando que la misma división de la cual fue desvinculada Muñoz incorporó “cinco cargos más en el año 2016”. Conocedores del caso destacaron que la Fiscalía solo “pretendió acallar cualquier reclamo o denuncia por acoso al interior de la misma división”. La idea de presentar una solicitud de remoción contra el fiscal Abbott surgió de un grupo de parlamentarios liderados por el Frente Amplio y esta sería ingresada a la Corte Suprema entre el viernes 15 y el martes 19 de junio, según explicó el diputado Tomás Hirsch. Si bien no quiso dar ningún pormenor del contenido argumentativo de la solicitud, señaló que aún se encuentran afinando los últimos detalles del documento final, pero recalcó que tiene certeza de que “existen los argumentos suficientes” para que la Corte Suprema declare admisible la solicitud. No fue la única En el pasado, ya ha habido otros casos que han complicado al Fiscal Nacional, los que en su mayoría terminaron teniendo una salida consensuada entre ambas partes. Uno de ellos es el de Paulina Ruiz, dirigenta sindical del Ministerio Público, hecho que data del 2016, cuando el 1 de agosto de ese año distintos dirigentes sindicales llegaron hasta la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados para exponer una serie de casos en los que se acusaba de atentar contra los derechos fundamentales de los funcionarios de la Fiscalía. Tras la sesión, Ruiz –que ejercía como presidenta de la Fenamip– fue entrevistada por CNN sobre lo expuesto en la comisión y, al día siguiente, el Fiscal Nacional hizo saber, por medio de un correo electrónico a los funcionarios, su “profundo malestar y decepción por el equívoco mensaje” entregado por la dirigenta sindical e, incluso, planteó que había sembrado “gratuitamente la desconfianza entre todos quienes tenemos el orgullo y responsabilidad de servir al Ministerio Público”. El 30 de agosto, Ruiz fue notificada por el Fiscal Regional Metropolitano de Occidente de una causa abierta en su contra por sus declaraciones en televisión y, tres días después, se le informó que había sido el propio Abbott quien había ordenado “abrir una investigación criminal” en su contra bajo el ítem “otros hechos”. Entre las pruebas recopiladas en dicha causa, se encontró un compilado de distintas intervenciones en medios de dirigentes gremiales del Ministerio Público, por lo que la Fenamip presentó una denuncia por prácticas antisindicales en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. El 30 de enero de 2017, ambas partes llegaron a un acuerdo, el cual puso fin a la causa laboral y que fue firmado por el propio Abbott, por Ruiz y el abogado de la organización gremial, Mauricio Daza, quien colaboró en un principio con el equipo que hoy lleva a cabo la solicitud de remoción del Fiscal Nacional. Este actuar de Abbott con sus funcionarios podría ser constitutivo de “negligencia manifiesta”, por hacer caso omiso de la investigación que estaba llevando adelante la misma Fiscalía interina del Ministerio Público, tal como detalla la sentencia del Juzgado del Trabajo. Argumento que también aplicaría respecto de las reuniones por el Caso Penta que mantuvo con el actual ministro Hernán Larraín y uno de los abogados en la causa. http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/06/12/el-caso-de-maltrato-laboral-que-podria-complicar-al-fiscal-nacional-ante-la-corte-suprema/#print-compact
  5. 29 Diciembre 2017 Fiscal regional Andrés Montes renuncia al Ministerio Público A través de un correo enviado a otros persecutores y funcionarios, comunicó que el 12 de enero se hace efectiva su dimisión al cargo. Durante la jornada de este viernes, el persecutor jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, el fiscal Andrés Montes Cruz, renunció al Ministerio Público. De esta forma, Montes deja vacante el cargo que asumió el 15 de septiembre de 2010, luego de que el fiscal nacional de ese entonces, Sabas Chahuán, lo nombrara en el cargo. A través de un correo enviado a otros persecutores y funcionarios, comunicó que el 12 de enero se hace efectiva su dimisión al cargo. Como se ha informado hasta ahora, el motivo de su renuncia es que ganó concurso por Alta dirección Pública para desempeñarse en el cargo de Fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero. El fiscal regional Centro Norte Andrés Montes cumplía su periodo el 17 de septiembre 2018, por lo que adelantó su salida en nueve meses. Por Ley, estaba imposibilitado de retomar su cargo como fiscal adjunto, pues los jefes regionales tienen fecha de salida tras los ocho años que dura su cargo. Dentro de su currículum, un detalle no menor, es que Montes instruye el caso Cascadas, en el que aún está pendiente una eventual formalización al ex controlador de SQM, Julio Ponce Lerou. Además, preparó la prueba, pero no estará en el juicio oral de Aldo Motta. Como fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, realizará indagatorias administrativas a empresas que violen la ley de mercado de valores o usen información privilegiada. Funciones que antes las realizaba el SVS. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/fiscal-regional-andres-montes-renuncia-al-ministerio-publico/ Fiscal Nacional, Jorge Abbott, aceptó renuncia del Fiscal Metrop. Centro Norte, Andrés Montes, quien asumirá como Fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero. Junto con agradecer su compromiso con el Ministerio Público, le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevas tareas. — Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) 29 de diciembre de 2017
  6. 03 Febrero 2017 Ex Comandante en Jefe del Ejército A la carta: General Fuente-Alba pide ser investigado por justicia militar y no por el Ministerio Público La defensa del militar en retiro quiere que se unan las indagatorias de las dos causas en su contra. El fiscal José Morales lo indaga por lavado de activos y aumento injustificado de patrimonio. La defensa del general ® y ex comandante en jefe del Ejéricito Juan Manuel Fuente-Alba, pidió fusionar las dos indagatorias que existen respecto a su cliente, y que sea la justicia militar quien la lleve a cabo y no la Fiscalía. Hasta el momento existen dos investigaciones sobre el general en retiro. Una por eventuales irregularidades en sus labores administrativas en el fraude en el Ejército, entre 2010 y 2014, además de sus bienes y cuentas, y que lleva el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo; Otra, dirigida por el fiscal centro norte José Morales, le indaga por lavado de activos y aumento injustificado de patrimonio. El requerimiento de la defensa solicita que el tribunal decida quién llevará la investigación: el ministro Astudillo -a cargo del caso por ser uno de los jueces civiles que integran la Corte Marcial- o el fiscal José Morales. El diario La Tercera cita el escrito presentado ante la corte, y que dice: “los hechos investigados por el Ministerio Público son de competencia de la Justicia Militar”, debido a que ésta tiene atribución de indagar “las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, artesanales, demás recintos militares o policiales”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/03/a-la-carta-general-fuente-alba-pide-ser-investigado-por-justicia-militar-y-no-por-la-fiscalia/
  7. 23 Noviembre 2016 Autoridades y senadores analizan medidas para afrontar violencia en La Araucanía La comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Alta realizó una sesión especial con las intervenciones del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, Carabineros y el Ministerio Público. Con el objetivo de conocer cuáles son las medidas concretas que se están adoptando para afrontar la violencia en las regiones del Biobío y de La Araucanía, la comisión de Seguridad Ciudadana del Senado realizó este martes una sesión especial con la presencia del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, del alto mando de Carabineros y de fiscales del Ministerio Público. Tras el encuentro, que se extendió por más de dos horas, el senador Alberto Espina señaló que para mejorar esta realidad que se vive en el sur del país se deben efectuar “cambios legales urgentes”. Al respecto, el parlamentario RN apuntó a que se debe aprobar el proyecto de dilación de juicio ya que “evitará que a través de resquicios legales que se demoren causas sobre este tipo de delitos”. Por otra parte, Espina expresó que “resulta inconcebible que no exista un estatuto de protección de testigos lo que hace que muchos que tienen información sobre estos hechos, no estén dispuestos a declarar y finalmente no lo hacen con lo cual aumentan enormemente los niveles de impunidad”. “También existe la necesidad de regularizar el uso de la información de los servicios de inteligencia en los juicios que en la práctica no se pueden utilizar, por lo tanto, se pierde una prueba muy útil”, argumentó. “Es urgente que el Gobierno ponga urgencia al proyecto que establece los agentes encubiertos y entrega vigilada, que curiosamente existente en la Ley de Drogas, pero no existe en la Ley de Control de Armas, Ley de Seguridad del Estado, ni tampoco en la Ley Antiterrorista, transformándose en una ventaja enorme para los delincuentes”, dijo el legislador. Finalmente, el parlamentario por La Araucanía expresó que “cuando uno ve los niveles de delincuentes que son detenidos versus los que son formalizados, y posteriormente sujetos a prisión preventiva, hay una diferencia importante”. La sesión continuará el próximo 30 de noviembre, con la exposición del director general de Carabineros, Bruno Villalobos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/autoridades-senadores-analizan-medidas-afrontar-violencia-la-araucania/
  8. Monitoreo Alerta Roja para la comuna de San Bernardo por incendio forestal 11/11/2016 | 14:25 | Metropolitana La información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) indica que el incendio forestal “Cerro Chena” se encuentra activo, consumiendo una superficie aproximada de 120 hectáreas de pastizal en la comuna de San Bernardo. Personal Comunal de Emergencia se encuentra evaluando la evolución del evento. Además, se reporta que se mantiene la interrupción del servicio de suministro eléctrico que afecta a 97.287 clientes de la empresa eléctrica CGE en las comunas de San Bernardo, El Bosque, Peñaflor, Talagante, Padre Hurtado y Calera de Tango. Lo anteriormente señalado, se debe a la ocurrencia de este incendio forestal, el que habría afectado al sistema 110kV de la empresa eléctrica CHILECTRA. Producto de esto, la Intendencia de la Región Metropolitana, en base a la información técnica proporcionada por CONAF y en coordinación con la Dirección Regional de ONEMI, mantiene Alerta Roja para la Comuna de San Bernardo por incendio forestal, vigente desde el 11 de noviembre de 2016. Cabe señalar, que la región mantiene Alerta Temprana Preventiva por reforzamiento del Sistema de Protección Civil para el monitoreo de incendios forestales, vigente desde el 26 de octubre de 2016. Trabajan en el lugar brigadas, técnicos y aeronaves de CONAF; Bomberos de San Bernardo, Metropolitano Sur, Maipú, Santiago, La Granja, Buin, El Monte y Puente Alto; camiones aljibes de los municipios de San Bernardo y La Cisterna y dos pertenecientes a la empresa Vial Vives; personal de las empresas eléctricas CGE y CHILECTRA; Encargado Provincial y Comunal de Emergencia y personal de la Dirección Regional de ONEMI. Además, ONEMI realiza gestión de una aeronave para apoyar el combate de este incendio. Fuente: http://www.onemi.cl/alerta/se-declara-alerta-roja-para-la-comuna-de-san-bernardo-por-incendio-forestal/
  9. 01 Noviembre 2016 Las razones del Ministerio Público para archivar cerca de la mitad de sus casos Cuatro fiscalías superan el 50% de este tipo de cierre: Oriente, Sur y Centro Norte de Santiago, y la de Coquimbo. Explican que estas resoluciones se relacionan con un elevado ingreso de delitos contra la propiedad. “El año pasado la fiscalía archivó varias de las causas a las que les queríamos hacer seguimiento. Por ejemplo, entraron a una casa sin moradores a robar una camioneta y cuatro meses después la causa fue archivada. Estamos muy preocupados de que los casos lleguen a nada, porque una forma de prevenir futuros delitos es llegando a los culpables”. Así describe Claudia Porcile, presidenta de la junta de vecinos de Los Trapenses, en Lo Barnechea, la situación que viven en el sector en relación con la delincuencia y la falta de resolución de los casos judiciales. Según cifras del Ministerio Público, de un total de 803.588 causas terminadas hasta junio de este año a nivel nacional, 367.137 correspondieron a archivos provisionales, lo que equivale a un 48% de casos archivados (ver infografía). Esta es una facultad que tienen los fiscales cuando en una investigación penal no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades para esclarecer los hechos. En otras palabras, cuando no hay pistas que ayuden a seguir indagando con una razonable posibilidad de éxito, el caso se archiva sin lograr determinar a la o las personas responsables del delito, al menos en forma momentánea. De acuerdo a las estadísticas, hasta junio de este año, la fiscalía con el mayor porcentaje de causas archivadas, en relación con el total de investigaciones terminadas, es la de la zona Metropolitana Oriente, con un 58,41%. Esto significa que, de un total de 89.577 casos finalizados hasta esa fecha, 49.390 de ellos fueron archivados por el Ministerio Público. La segunda fiscalía con la mayor proporción de casos archivados es la de la zona Metropolitana Sur, con un 55,78% de este tipo de salidas. Le siguen la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la de Coquimbo. Estas dos últimas también cuentan con porcentajes de archivo por sobre el 50%. Al respecto, la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explicó que “en general, la cifra de archivos se mantiene en una tasa del 48%. Tiene algunas variaciones menores, que es algo que está bien en relación a parámetros internacionales. No obstante, es algo que nos preocupa porque representa una situación no exitosa respecto de los resultados de la investigación penal”. Según Herrera, “el tema del archivo está muy relacionado con el tipo de ingresos (de ilícitos) que tienen las regiones, es decir, las que tienen un mayor ingreso de delitos contra la propiedad deberían tener una mayor tasa de archivo, porque en esos ilícitos hemos encontrado más recurrentemente situaciones de imputado desconocido, sin poder dar con su identificación en los primeros momentos de la investigación, siendo más probable una alta tasa de archivos”. De acuerdo a la abogada, esta situación se ve “en las regiones, donde las tasas se escapan sobre el 50% respecto de lo que es el promedio nacional, evidenciándose una relación directa en que esas regiones tienen el mayor ingreso de delitos contra la propiedad”. Ese es el caso, dijo, “en el que se encuentra la Fiscalía Oriente, que tiene un ingreso muy fuerte de delitos contra la propiedad y eso es congruente con su tasa de archivos. No tiene que ver con deficiencia en la investigación, sino que es coherente con la cantidad de delitos contra la propiedad que ingresan a esa fiscalía, que es mayor que otras”. Análisis parlamentario El diputado RN Gonzalo Fuenzalida calificó estas cifras de “escandalosas” y dijo que “eso demuestra el poco trabajo investigativo que están realizando”. Para el parlamentario, esto se debe a que “los incentivos que tienen los fiscales no son a investigar, sino que a cerrar causas, usualmente archivándolas. Me atrevo a decir que la fiscalía en Santiago, en particular en la Oriente, las víctimas no son citadas a declarar por el fiscal, sino que los fiscales quedan con la declaración que hacen en las policías y eso es una pésima atención. Esto, más el archivo, deja una muy mala sensación en los ciudadanos”. Para el diputado PS Leonardo Soto, la razón de los archivos radica en que “cuando se denuncian los delitos se hace sin indicar ningún dato respecto del posible autor, es lo que se llama denuncia con imputado desconocido. Es decir, al momento de cometer el delito no encuentran ningún dato del autor, entonces la fiscalía no tiene mucho que hacer y archiva la causa”. En ese sentido, el parlamentario indicó que “si no hay datos de investigación, el peor error que se podría cometer es artificialmente tener las investigaciones abiertas encomendando diligencias a las policías sin llegar a ningún resultado. Incluso puede ser más perjudicial, porque colapsaría el sistema”. En tanto, para Catalina Mertz, directora de Fundación Paz Ciudadana, entidad encargada de apoyar el desarrollo de políticas sobre seguridad pública, “los altos niveles de archivo provisional se deben a problemas operativos y prácticos de calidad de las primeras diligencias que realizan las policías y de falta de coordinación en terreno entre policías y fiscales, y que implican bajos niveles de imputados conocidos”. En ese sentido, la vocera de la Fiscalía Nacional dijo que “hace una semana celebramos un convenio con la PDI y Carabineros para definir mesas de trabajo que se van a dedicar a esta materia y también estamos actualizando el Manual de Primeras Diligencias, cosa de que podamos empezar a trabajar mejor. Esa es una de las iniciativas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/las-razones-del-ministerio-publico-archivar-cerca-la-mitad-casos/
  10. 18 Octubre 2016 Lo hace en calidad de testigo ante la fiscal Ximena Chong Caso padrón electoral llega a la fiscalía: ahora declara director del Registro Civil La causa que fue abierta por el Ministerio Público indaga presuntos delitos consagrados en el artículo 56 de la nueva Ley Electoral, donde se persigue negligencia en el extravío de información. Cerca de las 08:30 horas de esta mañana llegó a la fiscalía Metropolitana Centro Norte, el director del Registro Civil, Luis Acevedo, para declarar en calidad de testigo ante la fiscal Ximena Chong, por los errores en el padrón electoral. Este lunes, el persecutor Andrés Montes anunció que fue abierta la causa en el Ministerio Público. Esto, luego que el diputado RN Nicolás Monckeberg interpusiera el viernes pasado una denuncia por posible fraude electotal. En específico, la fiscalía indaga si se cometieron delitos consagrados en el artículo 56 de la nueva Ley Electoral que señala: "El que por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios, sufrirá la pena de prisión en su grado máximo". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/18/caso-padron-electoral-llega-a-la-fiscalia-ahora-declara-director-del-registro-civil/
  11. 21 de septiembre del 2016 / 23:18 Hrs Muertes al interior de la Armada: solicitan fiscal especial que investigue los casos Senador Navarro junto a familias de cinco conscriptos, cuyas muertes fueron calificadas como suicidios por la justicia militar, piden que el Ministerio Público inicie indagatorias. El senador Alejandro Navarro y familiares de cinco conscriptos que fallecieron -según ellos en en extrañas circunstancias- al interior de la Armada de Chile, solicitaron en la Fiscalía Regional del Biobío la designación de un fiscal especial con dedicación exclusiva en la causa. Se trata de muertes con patrones similares a los que se habrían producido al interior de la misma Armada, Carabineros y el Ejército, donde jóvenes de entre 19 y 26 años que realizaban el servicio militar o que estaban en la escuela de grumetes, se habrían suicidado. Según el senador, “hay antecedentes en los fallos de la Corte Suprema que han establecido que el Ministerio Público tiene facultades para iniciar estas investigaciones, más allá de la justicia militar. Todos estos procesos se iniciaron en la justicia militar y las familias desconfían profundamente de esos procedimientos y yo también. Creo que no es posible que un hecho que tiene características de delito y de eventual homicidio pueda ser investigado por la justicia militar”. En la Región del Biobío son 10 los casos de muertes calificados como suicidio, causas que tras investigaciones realizadas por las propias familias se han puesto en duda. Para el abogado Guillermo Rioseco, las familias tienen argumentos para sospechar de las versiones oficiales: “Hay casos inverosímiles, como por ejemplo que una persona se suicide con un fusil, teniendo a su disposición un arsenal de armas cortas que los hacen más creíble. Y llama la atención que son igual funcionarios de planta, gente con años de servicio”. Uno de los casos es el del grumete Luciano Andrés Fuentes Ovalle, quién falleció el año 2015 en la escuela de Isla Quiriquina por ahorcamiento. Según cuenta su padre, Luciano Fuentes, el 10 de mayo de ese año, a eso de 17.30 horas, lo llaman por teléfono para que fuera a buscar el cuerpo de su hijo, porque había muerto: “Nos informan por teléfono como si nada, que mi hijo estaba muerto y que viajara a buscarlo. En mi casa nos volvimos locos, no entendimos nada. Mi hijo ese día había llamado a su mamá en la mañana para saludarla. Según testigos clave, dos instructores le dieron lo que le llaman un 'picadero', un castigo hasta que finalmente le provocaron la muerte. Hay golpes visibles en las fotografías que el fiscal no ha considerado.” Otro caso es el de José Luis Villegas, quién tenía 21 años cuando falleció, el 11 de septiembre del 2014, mientras participaba de una clase de apnea en la escuela de la Armada de Isla Quiriquina. Lo habrían encontrado flotando en la piscina. Su madre Susana Muñoz cuestiona el hecho, ya que al terminar la clase nadie se percató de que faltaba una persona. “Ellos fueron al rancho y luego les tocaba infantería. Pero nadie se percató o se preocupó que faltara el grumete Villegas. Hay un pacto de silencio terrible, todos los amigos que él tenía se alejaron. En el funeral me decían tía que le digan la verdad le están mintiendo”, señaló la mujer. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-697546-9-muertes-al-interior-de-la-armada-solicitan-fiscal-especial-que-investigue-los.shtml
  12. 07 de septiembre del 2016 / 01:25 Hrs Ministerio Público indaga viajes de concejales de tres comunas de la RM y allana agencias de turismo Fiscalía Centro Norte pesquisa traslados de los funcionarios de Lampa, Cerro Navia y Colina. OS-9 de Carabineros incautó documentación en cuatro regiones del país. La Municipalidad de Lampa, uno de los municipios en el que los concejales son indagados. El 2 de septiembre, la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte solicitó al Quinto Juzgado de Garantía diferentes diligencias en el marco de la investigación que abrió por oficio la fiscal Macarena Cañas para indagar los viajes de algunos concejales de la Región Metropolitana al extranjero. La sospecha se fundó luego de que el programa Contacto, de Canal 13, diera a conocer que algunos de estos funcionarios iban al Caribe para participar en capacitaciones, a las que finalmente no asistían. Según consta en el requerimiento de la fiscalía, que indaga eventuales delitos de fraude al Fisco y malversación de fondos, “los concejales aprobarían anualmente un presupuesto por concepto de capacitaciones, que si bien está permitido por ley (mediante el artículo 92 de la ley orgánica), sería utilizado para efectuar viajes fuera de Chile, en países tales como España, Italia, Suecia, Dinamarca, China, Colombia, Cuba, Perú o en lugares turísticos de nuestro país, como Pucón, Viña del Mar, Olmué, La Serena, Isla de Pascua”. El cerco de la investigación, en la Región Metropolitana, comenzó abarcando tres municipios: Cerro Navia, Lampa y Colina, comunas que habrían aprobado en el concejo municipal la destinación de más de $ 150 millones para capacitaciones fuera de sus jurisdicciones. Según consta en la solicitud de diligencias presentada ante el tribunal, los concejales que han efectuado viajes a diversos países o lugares turísticos dentro del territorio nacional son: “En la comuna de Lampa, los concejales Juan Amigo (ind.), Marcos Alvarez (PPD), Felipe González (ind.) y Rodrigo Plaza (PDC). En Cerro Navia, Jorge Durán (RN), Judith Rodríguez (PC), Evangelina Cid (PDC) y Emilio Corbalán (RN)”. Para esto, el Ministerio Público solicitó al OS-9 de Carabineros que elabore un informe de entrada y salida del territorio nacional de cada uno de los concejales de los tres municipios investigados en el período 2010-2016. La Tercera logró contactarse con algunos de los funcionarios mencionados en el escrito presentado al tribunal. Felipe González, concejal de Lampa, que es transgénero y quien pidió ser llamado Alejandra, señaló que “he viajado porque la ley me lo habilita. Por la municipalidad he realizado 10 u 11 viajes. Yo voy a capacitarme, todo lo aprendido lo he replicado en mi comuna”. Además, manifestó que viajó a Cuba, donde “fui a ver el tema de salud familiar y a ver específicamente el tema del VIH, que en mi comuna ha aumentado en 12,8%”. También dijo que fue a España, “donde estuve en la Universidad de Alcalá y aprendí sobre la energía sustentable”. Por su parte, Judith Rodríguez, concejala por Cerro Navia, señaló que “yo no he hecho ningún viaje turístico con platas municipales y la fiscalía va a tener que comprobar eso y el Ministerio Público, lamentablemente, no investiga antes de poner ese tipo de cosas”. En tanto, ayer se desarrollaron importantes diligencias en el caso. Efectivos del OS-9 se desplazaron hacia cuatro regiones del país: Arica, Temuco, Puerto Montt y Talca, con el objetivo de allanar e incautar documentación desde las agencias de viajes que habrían operado con los ediles. De acuerdo a la autorización emanada el 3 de septiembre, el tribunal de garantía autorizó la entrada y registro de la Consultora Chile MG, en Arica; Andes Austral, en Puerto Montt; Gestión Global Ltda., en Temuco, y en la Sociedad de Servicios de Capacitación Maule Capacitaciones Ltda., en Talca. El tribunal autorizó a la policía uniformada incautar documentación, computadores, correos electrónicos, teléfonos celulares y antecedentes contables de las agencias. Además, la fiscalía también solicitó a la Contraloría que le haga llegar la información administrativa que maneja sobre los viajes. Ello, pues el organismo también ha ampliado el espectro de fiscalización en cuanto a los viajes de los concejales. Consultado sobre la situación en la Región Metropolitana, el contralor Jorge Bermúdez dijo que “ya hemos dictaminado respecto del uso de ese tipo de recursos, la Contraloría ya les dijo en qué se podían aplicar, qué significaba capacitación o no, pero parece ser que eso no fue suficiente”. Agregó que “estamos nuevamente perfilando esa jurisprudencia y estamos diciéndoles nuevamente qué se puede hacer y qué debe entenderse o no como capacitación. Evidentemente, un viaje a la playa no puede entenderse como capacitación”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-695649-9-ministerio-publico-indaga-viajes-de-concejales-de-tres-comunas-de-la-rm-y-allana.shtml
  13. 01/09/2016 Alerta por otro "chanchullo" de las AFP: Analizan investigar posible colusión de gerentes Así lo afirmó el abogado querellante en el caso SQM y expresidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Orthusteguy, advirtiendo los movimientos del Ministerio Público. Pedro Orthusteguy, abogado querellante del caso SQM, indicó que el Ministerio Público analiza iniciar una investigación penal por la eventual colusión de gerentes de AFPs para la compra de acciones de Falabella. "Es posible que la fiscalía abra un nuevo gran caso penal que podría titular como ‘colusión de las AFP' por lo que ocurrió en la compra de acciones de Falabella", explicó. "En el remate de Falabella, los 400 millones de dólares donde se abrieron dos libros paralelos en BTG Pactual y Larraín Vial hicieron que todos los afiliados en Chile pagaran 9 millones de dólares que no debieron pagar", declaró a CNN Chile. El también ex fiscal dejó en claro que "este hecho que sea investigado como eventual infracción al mercado de valores y prontamente, porqué se están moviendo mucho en ese tema, es posible que la fiscalía tenga que iniciar una investigación penal para investigar precisamente a la AFP y posiblemente una colusión de gerentes de las AFP". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160901/pags/20160901084259.html
  14. 28 de agosto del 2016 / 01:10 Hrs La deuda de Solange Huerta con los casos de menores La nueva directora del Sename registra negativos índices de desempeño en casos de niños víctimas de delitos sexuales mientras dirigió la Fiscalía Occidente. Sólo en 2015 archivó y dio salida no judicial a 1.000 denuncias -el 70% de los delitos de este tipo que indagó- y lidera a nivel nacional la aplicación de la decisión de no perseverar, la atribución más discrecional que tienen los fiscales para cerrar investigaciones. Los gritos de los vecinos evitaron una tragedia mayor. Una tarde de febrero de 2015, Francisca, de sólo cinco años, disfrutaba los juegos infantiles del parque cuando un hombre de 38 años se acercó a ella, se bajó los pantalones y al parecer le hizo tocaciones impropias. El individuo, de iniciales N.G.M.C, consumidor de pasta base y con antecedentes penales, fue detenido por la gente del barrio, que lo amarró a un poste y llamó a Carabineros. Considerando la flagrancia del delito y la gravedad del hecho, fue formalizado por abuso sexual por la Fiscalía Occidente. Tras exponer los antecedentes, el juzgado de garantía ordenó su prisión preventiva y fijó plazos para que el Ministerio Público efectuara nuevas pericias. Sin embargo, al poco andar, la fiscalía adoptó una medida que significó el cierre de la causa: en una audiencia de fecha 12 de junio de 2015, se comunicó la decisión de no perseverar (DNP), lo que no sólo puso término administrativo al caso, sino que, además, se tradujo en la libertad inmediata del sospechoso. La razón fue que no lograron localizar al testigo clave y que la menor no pudo ratificar los hechos. El 2015, en su último año al mando de la Fiscalía Metropolitana Occidente, una de las más grandes del país, Solange Huerta optó por enviar a archivo o decretar decisión de no perseverar en 1.000 casos de delitos sexuales contra menores. La cifra corresponde al 70,2% de las causas de este tipo que le tocó investigar. Siete puntos más que el promedio nacional de salidas administrativas para casos de delitos sexuales contra menores (63%) (ver infografía). Según cifras oficiales entregadas por el Ministerio Público, la ex fiscal decidió no perseverar con la investigación en el 14,3% de los casos de abusos a menores, superando a todos los fiscales a nivel nacional y donde la media es de 8,9%. El problema es que el DNP es una medida especialmente controversial, ya que es una facultad discrecional que tienen los fiscales que les permite cerrar los casos antes o después de la formalización. La decisión de no perseverar ha sido motivo de amplios debates en la academia y en el mundo del derecho, ya que es la única que otorga atribuciones jurisdiccionales a los fiscales, pese a que el espíritu original al crear el nuevo sistema procesal penal era separar la labor de los investigadores de la de los jueces. “Las decisiones de no perseverar carecen de control por los jueces. Las víctimas y querellantes no tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones. Los fiscales regionales tienen mucho poder en esta materia pues aprueban los DNP, con lo cual las víctimas quedan más desamparadas”, señala Hernán Fernández, abogado especialista en casos de familia y maltrato infantil. En el total de casos que indagó la Fiscalía Occidente el 2015, en todo tipo de delitos, Huerta registra el mayor número de DNP a nivel nacional, con 7.144 casos, lo que equivale al 5,4% de sus investigaciones. A nivel de porcentajes, sólo es superada por la Fiscalía de la VI Región, donde no se perseveró en 5.850 casos, equivalentes al 7% de los casos de esa región. Al contrario del archivo, que es una salida administrativa cuando el caso no ha sido conocido por un juez, la DNP es el cierre de un caso aun cuando haya querella y esté judicializado. Esta decisión del fiscal no es apelable por parte de las víctimas. **** No habían pasado ni 48 horas desde que asumió su cargo en el Sename cuando empezaron los telefonazos de la nueva directora Solange Huerta al celular del fiscal a cargo de investigar las muertes de menores en el servicio, Marcos Emilfork. En la Fiscalía Nacional la situación generó molestia e incomodidad. Ya había causado revuelo que la ex persecutora aceptara asumir una jefatura en el gobierno de Michelle Bachelet, apenas 18 días después de renunciar a su cargo en el Ministerio Público. No sólo porque fue la misma fiscal que investigó a la Presidenta de la República en el caso Tsunami, sino además porque recién se había abierto una indagatoria para precisar las causas y el real número de muertes de niños y niñas a cargo del Servicio Nacional de Menores. En ese contexto, su nombramiento podía interpretarse como una forma de intervenir en el caso. Según fuentes de la Fiscalía, Emilfork optó por no contestar los llamados de su ex compañera, y la tensión se hizo evidente cuando el 20 de julio el fiscal dio la orden de allanar los centros del Sename en Coquimbo, O’Higgins, y el Maule, y él mismo entró de sorpresa a la oficina central en Santiago. “¡Marcos!”, lo saludó afectuosamente Solange Huerta al ver el operativo, pero él mantuvo la distancia y la trató de “señora directora”, relatan los testigos del cara a cara. Contactada a través de su jefa de prensa, Solange Huerta no entregó su versión para este reportaje. **** Durante 2015, en el total de 138.684 casos investigados por su fiscalía, de todo tipo de delitos, Huerta sólo llegó a sentencias condenatorias en el 10,3%, siendo el índice más bajo de las 18 fiscalías regionales, y donde el promedio nacional es de un 15,2% Los números no son mejores para Huerta en los casos de violencia intrafamiliar, que agrupan casos de maltratos entre parejas y contra niños. Durante el año pasado sólo llegó a sentencias condenatorias en el 5,4% de sus casos, siendo la tercera con peor registro a nivel nacional en este tipo de delitos, donde el promedio de condenas es de un 9,5%. En esta clase de delitos, su fiscalía se ubica como la cuarta que registró mayor porcentaje de DNP, 15,7%, mientras que en cantidad de casos es la primera a nivel nacional, con 2.727 casos cerrados bajo esta modalidad. Aunque los ingresos y tipos de términos de casos por región se encuentran detallados en las memorias anuales del Ministerio Público, La Tercera solicitó vía Ley de Transparencia un desglose hasta ahora desconocido: las cifras de los casos de menores víctimas de delitos sexuales durante los últimos ocho años y cómo han terminado esos casos. En el total de sus ocho años al mando de la Fiscalía Occidente, Huerta siempre registra peores índices que el promedio nacional en casos de delitos sexuales contra menores, en materia de archivo, salidas no judiciales e índice de condenas. Así, la nueva directora del Sename, durante toda su gestión, cerró un 69,1% de sus casos enviándolos a archivarse o decretando no perseverar en la investigación. Es la quinta fiscal con más alto índice en salidas no judiciales, mientras que el promedio nacional es de un 64,7%. En materia de condenas, durante todo su período registra un 11,4% de sentencias, el cuarto índice más bajo entre las fiscalías. El promedio nacional de condenas es de un 14%. **** Conocida por un carácter fuerte que le generaba partidarios y detractores en la Fiscalía Occidente que lideró entre 2008 y enero de 2016, Huerta, abogada de la Universidad de Chile de 47 años y que en su juventud fue cercana a la corriente almeydista del PS, era señalada como una de las autoridades con más manejo y habilidades políticas del Ministerio Público. Ejemplo de esto: era la única fiscal que contaba con jefe de gabinete en su equipo, figura que sólo había tenido el ex fiscal Alejandro Peña, quien curiosamente también asumiría un cargo de gobierno, cuando el 2011 fue nombrado asesor de la Subsecretaría del Interior en el período de Sebastián Piñera. Sobre sus simpatías políticas, Huerta declaró en una entrevista a El Mercurio de enero pasado que “no voy a arrepentirme de mi historia o de mi pasado, porque me siento profundamente orgullosa de lo que he sido toda mi vida. Pero cuando una optó por la carrera de fiscal, optó por una forma de vida y eso implica tener prescindencia política total. Lo único que podemos hacer los fiscales en términos políticos es ejercer el derecho al voto”. En otra entrevista a La Tercera de esa misma fecha, reconoció que pudo ser un error comunicacional su controvertida decisión de febrero de 2015 cuando, en medio de las vacaciones del entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, ella como interina reemplazó al fiscal de los casos Penta y SQM, Carlos Gajardo, por el fiscal Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes. La decisión generó revuelo y debió ser revertida por Chahuán. “El error fue cómo se transmitió el mensaje desde la fiscalía. El ambiente estaba tan convulsionado que la gente, y en general la prensa, opinaba sobre la base del prejuicio, sin tener los antecedentes concretos”, explicó la fiscal. Tras dejar la jefatura de la Fiscalía Occidente, Huerta asumió en marzo como directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Pero renunció el 28 de junio. Según señalan en la fiscalía, ella comentó en privado que lo hizo sin tener ningún otro cargo en la mano y principalmente afectada por los sumarios internos contra su esposo, el fiscal Alvaro Pérez Verde-Ramo, por supuestos malos tratos a subalternos y no concurrir a una audiencia. No obstante, fue desde ese cargo cuando tendió puentes con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para abordar problemáticas de violencia de género, y con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, mientras trabajaban en el proyecto para implementar como evidencia en juicios las entrevistas videograbadas de menores víctimas de delitos sexuales. Según fuentes de La Moneda, la decisión de su nombramiento al mando del Sename fue tomada por Blanco y la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, y fue visada por Aleuy. **** Para las agrupaciones de defensa de niños víctimas de delitos sexuales, las cifras de cierres no judiciales de casos de menores son graves. No sólo las de la ex fiscal que hoy dirige el Sename, sino que las de todo el país. Y la tarea es cómo cambiar procedimientos y peritajes para que un mayor número de casos lleguen a condenas y no se cierren por falta de pruebas o por decisión del fiscal. Según el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, “estas situaciones sin duda pueden abrir una puerta de cuestionamiento y desconfianza. El camino para restablecer dicha confianza implica, en primer lugar, que un director o directora de un servicio tan importante como el Sename debe pasar un sistema de elección como el de Alta Dirección Pública”. En la misma línea, para Laura Germain, directora de la Fundación de Prevención de Violencia Infantil, “las cifras son preocupantes y creo que un abogado no debería estar a cargo del Sename, por la falta de visión que tienen con casos de menores. Aquí deben intervenir profesionales de más áreas, como de salud mental, terapeutas, etc.” Consultado por el nombramiento de Huerta en el Sename, el abogado Hernán Fernández sostiene que “para asumir responsabilidades en la protección de los niños hay que tener amplia formación y experiencia en esos temas. Allí deben estar los mejores, con mayor conocimiento y compromiso. Así los niños estarán protegidos." Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694287-9-la-deuda-de-solange-huerta-con-los-casos-de-menores.shtml
  15. 31 de julio del 2016 / 15:35 Hrs Minuta de la Fiscalía Nacional plantea "no perseverar" en casos sin querella del SII Unidad Anticorrupción del Ministerio Público analizó los tipos de querellas que ha emitido el ente recaudador. Según su estudio, el SII obliga en algunos casos aplicar el artículo 248 del Código Procesal Penal. Una serie de inquietudes han planteado internamente algunos fiscales a cargo de las causas vinculadas a políticos y delitos tributarios, en relación a cómo continuar sus investigaciones frente a la actitud del Servicio de Impuestos Internos de plantear querellas acotadas en los casos de financiamiento irregular de la política. Tras la serie de cuestionamientos, la Fiscalía Nacional determinó encargarle a su Unidad Especializada de Delitos Económico, Ulddeco, la tarea de hacer un análisis técnico relacionando los casos de financiamiento a la política en marcha y las querellas que hasta ahora ha ejercido el SII. Y según afirma el fiscal Nacional, Jorge Abbott, el contenido de este informe podría convertirse en instructivo obligatorio para todas las fiscalías. “He encargado un informe a una unidad con el fin de hacer luego un instructivo para las fiscalías”, señala al ser consultado la máxima autoridad del Ministerio Público. Según el artículo 162 del Código Tributario, para casos de delitos vinculados al no pago de impuestos, solo el servicio recaudador hoy a cargo de Fernando Barraza, posee la facultad única de ejercer querellas. En ese sentido, detalles en la redacción de querellas con párrafos como “contra todos quienes resulten responsables”, o querellas con cláusulas explicitas que plantean que la acción penal se dirige exclusivamente contras las personas mencionadas, o acciones que excluyen explícitamente a contribuyentes, e incluso algunas en que solamente se ejerce en contra del imputado, pero no contra las empresas presuntamente financiadoras de su campaña –caso de la querella contra Laurence Golborne-, son escenarios en los que dicha minuta siguiere a los persecutores caminos consagrados en la ley para continuar con sus investigaciones. La minuta -a la cual tuvo acceso La Tercera- plantea en su punto tercero, que para los casos en que no se vislumbre intención del servicio de ejercer acción penal, se deberá recurrir a al artículo 248 del Código Procesal Penal, cuyo texto indica “no perseverar” en la investigación. “Durante las páginas precedentes se ha tratado de fundar de la manera más adecuada posible ciertas posiciones que podrían adoptarse ante las actitudes procesales manifiestas por el Servicio de Impuestos Internos en casos relacionados con el financiamiento irregular de la actividad política”, parte diciendo la minuta en su ítem final de conclusiones. En términos resumidos esta minuta ha propuesto lo siguiente: 1) En aquellos casos en que existe denuncia o querella del SII, se estima posible perseguir a todos los imputados relacionados con los hechos, siendo el marco fáctico contenido en el escrito respectivo, el dato que determina el legítimo margen del movimiento del ministerio Público: boletas, facturas, emisores, facilitadores, beneficiarios, etcétera. En lo que guarda relación con la alusión expresa “a todos quienes resultan responsables”, la posición planteada ya cuenta con importante respaldo jurisprudencial y un equivalente respaldo normativo. 2) En los casos en que el SII ha impetrado querellas con cláusulas restrictivas, este informe ha planteado la total irrelevancia práctica de aquello, al menos para posición del Ministerio Público, debiendo entenderse que, dada la redacción de las mismas, los antecedentes contenidos en ellas y el marco legal vigente, en los casos en los que el SII ha expresado su voluntad de ejercer la acción penal contra determinadas personas, esta entidad ha habilitado al Ministerio Público para investigarlas en relación con los hechos que se contiene en la querella. 3) En el caso en que el SII ha querellado o denunciado solo una parte de las infracciones tributarias asociadas a ciertos contribuyentes o imputados, no contemplando estos hechos en aquellos escritos, los cuales han sido descubiertos con posterioridad por los fiscales del Ministerio Público, lo que correspondería - atendido el restrictivo marco legal vigente- es notificar al SII de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, y esperar la decisión de la agencia tributaria para incoar una investigación penal por esos nuevos hechos. 4) Finalmente compensando una omisión detectada en una minuta anterior, para el caso de aquellos imputados en que no se ha ejercido la acción penal y se prevé que nunca será ejercida por el SII, se propone como solución procesal la aplicación de lo dispuesto el artículo 248 del Código Procesal Penal, norma que procedería en atención a que la fiscalía no contaría con un antecedente esencial para formular la respectiva acusación. Esto es la querella o denuncia del SII”. La minuta hoy no está en manos de los fiscales a cargo de las causas Penta, SQM y Corpesca, pero sí del fiscal nacional. Pero en los próximos días, de convertirse en instructivo nacional el contenido total de este análisis, las causas de financiamiento se verán sujetas a estas disposiciones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690920-9-minuta-de-la-fiscalia-nacional-plantea-no-perseverar-en-casos-sin-querella-del.shtml
  16. 10 de julio del 2016 / 06:00 Hrs El origen de las pensiones millonarias La historia detrás de las altas jubilaciones en Gendarmería llegó a su punto más álgido tras conocerse que una de las pensionadas, ex esposa del diputado Andrade, recibe $ 5,2 millones. Una posible investigación penal, un sumario de la Contraloría, revisiones administrativas del gobierno y una serie de cuestionamientos . Ese es el escenario que se generó a partir de las pensiones de los funcionarios de Gendarmería de Chile, donde se conoció que la ex esposa del diputado Osvaldo Andrade (PS), Myriam Olate, se jubiló con$ 5.214.799 por haber tenido una subdirección técnica a su cargo. Pero no se trata sólo de Myriam Olate. De un total de 207 funcionarios jubilados de la institución entre 2014 y 2016, 187 recibieron pensiones superiores al tope legal (60 UF) y sólo 20 obtuvieron pagos que cumplen con la normativa de la Contraloría. Quien lidera la lista es el ex director de Gendarmería, el coronel Juan Letelier Araneda, quien obtuvo una pensión superior a los $ 5,6 millones. Esta situación, que repercutió tanto en la opinión pública como en la política, viene haciendo ruido en el sistema público desde hace un mes, cuando el 9 de junio el contralor Jorge Bermúdez dictaminó que las pensiones no podían superar las 60 UF ($ 1.778.000). Su argumento radicó en que la legislación que regula las jubilaciones de los gendarmes estipula que no pueden ser superiores a ese límite, lo que es rechazado por los funcionarios, quienes señalan que su condición previsional es diferente a la del resto. El origen de las pensiones de los gendarmes fue polémico desde un comienzo. En 1993, estos funcionarios pasaron a formar parte de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), luego de que el Estado asimilara su condición a la de un policía. De acuerdo al comandante Alberto Figueroa, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería (Anop), el Estado decidió pasarlos a este sistema previsional luego de que en 1990 cuatro gendarmes y un carabinero murieran acribillados a manos de una célula del Movimiento Lautaro que les preparó una emboscada en el Hospital Sótero del Río. “Nuestra adscripción a la Dipreca se dio en razón de que tuvimos cuatro muertos en un procedimiento, por consiguiente, se nos asimila la condición de Carabineros y, por ende, para efectos de previsión y término de carrera nos ceñimos por eso”, señaló Figueroa. La vinculación previsional de la entidad penitenciara a la Dipreca se ha mantenido desde entonces, convirtiéndose en la única institución que pertenece a este sistema previsional, que cuenta con una Escala Unica de Sueldos, la cual fija las remuneraciones por grado. El contralor fija límite El 17 de diciembre de 2015 asume como nuevo contralor Jorge Bermúdez. El abogado llega a hacerse cargo de la entidad que vela por la buena administración del servicio público, donde están los pensionados de Gendarmería. Sin embargo, no es sino hasta fines de marzo que Bermúdez toma conocimiento de que en las unidades de toma de razón de la Contraloría, desde 1993 en adelante, se está aplicando una interpretación que él no comparte. Según su análisis de la ley, quien está pensionado en la Dipreca debiese recibir una jubilación con un tope. Por ello, en abril la Contraloría rechazó 16 pensiones de gendarmes por superar este límite de las 60 UF. Tras eso, el 6 de mayo el Ministerio de Justicia pidió a Bermúdez, mediante el oficio N° 3017, reconsiderar su criterio de fijar un límite a las jubilaciones objetadas, argumentando que los que se verían más afectados con el tope serían los estamentos más bajos de la entidad penitenciaria. Pese a que el gobierno intentó poner un freno a la situación, dos meses después la Contraloría oficializó el criterio a través de un dictamen fechado el 9 de junio, causando la molestia de los funcionarios de Gendarmería, quienes reclaman que en su condición laboral no deben estar sujetos a una pensión limitada. “El contralor, después de 20 años de la aplicación de una norma, vuelve a reinterpretarla, generando este caos”, dijo el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, Joe González. Luego, el 22 de junio, ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Bermúdez explicó que, sin perjuicio del régimen previsional al que está adscrito Gendarmería, existen distintas reglas que se aplican para el cálculo de las pensiones. Allí expresó que el hecho de que la Contraloría General de la República haya rechazado “por ilegales” pensiones de más de $ 5 millones en Gendarmería de Chile, “demostró que la Contraloría se limitó a cumplir el rol para el cual está mandatada, es decir, resguardar el patrimonio público”. La interpretación de Contraloría podría incluso zanjarse en tribunales, pues las asociaciones de Gendarmería tienen cuatro recursos de protección para evitar que se aplique el tope en las pensiones. Por su parte, el ente contralor está revisando todos los antecedentes que se manejan para descartar irregularidades en la entrega de jubilaciones, las que, de ser detectadas, serán enviadas a la fiscalía. Con esto, el Ministerio Público podría abrir por oficio una investigación penal. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688231-9-el-origen-de-las--pensiones-millonarias.shtml
  17. 29 de julio del 2016 / 11:38 Hrs Los cambios que traerá el nuevo protocolo único de declaración en los casos de violencia contra la mujer El documento que firmó el gobierno con las policías y el Ministerio Público busca "acelerar trámites, eliminar burocracia y hacer más expeditos los procesos de las instituciones". "No es tolerable la violencia que se ejerce contra las mujeres. Sabemos que no hay recetas mágicas, pero estamos convencidos que el trabajo paso a paso, persistente, coordinado y con medidas concretas va a ser el camino del éxito". Con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet comenzó su intervención en la firma para la aplicación de un Protocolo Único de Declaración en casos de riesgo de violencia contra la mujer. El protocolo, suscrito entre el gobierno, las policías y el Ministerio Público, pretende acelerar el trámite de denuncia de la violencia y mejorar el resguardo a las mujeres, a través de un cuestionario único que manejarán todas las instituciones. "En la actualidad, una mujer que ha sido víctima de violencia y presenta una denuncia en Carabineros, PDI, los tribunales o la fiscalía, ella como víctima pasa por cuestionarios de evaluación distintos y genera repetición de funciones. Se pierde tiempo valioso para adoptar medidas que puedan hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y todo esto genera una nueva victimización de las personas denunciantes", expresó la Mandataria. En esta línea, con el nuevo protocolo se busca "simplificar diagnósticos, acelerar trámites, eliminar burocracia y hacer más expedito los procesos de las instituciones", destacó la Presidenta. "Tendremos una pauta unificada de evaluación inicial del riesgo, un cuestionario común que contará con toda la información necesaria para evaluar el nivel de riesgo al que se encuentra sometida una mujer en un momento determinado”, finalizó. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690699-9-los-cambios-que-traera-el-nuevo-protocolo-unico-de-declaracion-en-los-casos-de.shtml
  18. 25/07/2016 Ex fiscal mapuche demandó al Ministerio Público por discriminación José Ricardo Traipe Sepúlveda, ex fiscal de Collipulli, acusó que el fiscal regional subrogante, Alberto Chiffelle, lo presionaba para aplicar medidas de dureza en contra de comuneros mapuche. El ex fiscal adjunto de Collipulli, José Ricardo Traipe Sepúlveda, interpuso una demanda en contra del Ministerio Público, en la cual acusa discriminación y hostigamiento, informó El Austral. El recurso fue realizado en el Tribunal Laboral de Temuco tras su desvinculación en mayo de este año. Según la demanda, en noviembre de 2015 debía ser Traipe el encargado de subrogar al fiscal jefe de Collipulli, Héctor Leiva, quien tuvo licencia médica por tres meses. Sin embargo el fiscal regional Cristian Paredes designó a la fiscal adjunto de Angol, Pamela Contreras, quien recibió temporalmente asignaciones económicas como fiscal jefe y no Traipe, quien tendría más experiencia y era conocedor de la zona. Traipe también añade que sufrió "presiones indebidas para intensificar injustificadamente la persecución penal a sujetos de la etnia mapuche, de comunidades conocidamente conflictivas, desarrolladas por el fiscal regional (s) Alberto Chiffelle". Según el ex abogado, Chiffelle en dos oportunidades al menos le habría solicitado aplicar medidas cautelares de prisión preventiva en contra de comuneros que a su juicio, no contaban con requisitos claros para ser vinculados a un delito. Inclusive le habría dicho que no siguiera "ayudando a sus peñis pues los pacos lo tenían en la mira". Además Chiffelle le habría exgido ser particularmente duro con cualquier sujeto que tuviere relación con comunidades apreciadas conflictivas como "Temucuicui o Huente Winkul Mapu". La demanda finaliza exigiendo la reincorporación de José Traipe como fiscal adjunto grado VIII de la Fiscalía Local de Collipulli. Se pide además una suma superior a los $ 39 millones por indemnización por años de servicios, entre otros puntos. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160725/pags/20160725173809.html
  19. 24 Julio 2016 FALTA A LA PROBIDAD Ministerio Público se querella contra fiscal por obstruir investigación de tráfico y mentir a jueza para conseguir allanamiento El jefe regional Sur, Raúl Guzmán ingresó esta “querella de capítulo” en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del perseguidor Centro Norte, Álvaro Núñez, por hechos ocurridos la noche del 18 de julio de 2012, cuando ejercía el turno de noche. En esa oportunidad realizó un llamado telefónico a la magistrada del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, Sandra Rojas, con el fin de obtener una “orden de estrada, registro e incautación por un caso de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades” con datos falsos, instando a que un detective de la PDI, alterara el parte policial. Pidiendo expresa reserva y custodia de antecedentes, el titular del Ministerio Público Sur, Raúl Guzmán, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago una “querella de capítulo” en contra del fiscal Centro Norte Álvaro Núñez, por obstruir una investigación de tráfico, falsificar documentación, instar a un policía a mentir y faltar a la verdad a una jueza de garantía para conseguir una orden de entrada y registro. El libelo, que publica íntegramente The Clinic Online, es el paso previo para formalizar la investigación en contra del imputado y pedir medidas cautelares que van desde la más gravosa como es la prisión preventiva u otras como el arresto domiciliario -total o nocturno- arraigo y firma semanal o mensual. Los hechos por los cuales Guzmán requiere la actuación del tribunal de alzada capitalino, ocurrieron la noche del 18 de julio de 2012, cuando ejercía el turno en la Fiscalía de Primeras Diligencias. En esa oportunidad realizó un llamado telefónico a la magistrada del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, Sandra Rojas, con el fin de obtener una “orden de estrada, registro e incautación por un caso de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades” que, presumiblemente, ocurría en la comuna de Lo Prado. “Al momento de entregar los antecedentes con que contaba para solicitar la orden referida y frente a una pregunta realizada por la señora magistrada de turno, en orden a saber cómo llegan los policías (PDI) al lugar, tras simular estar leyendo un documento, señala el fiscal que gracias a un llamado anónimo de un vecino, los funcionarios policiales tomaron conocimiento del hecho delictual y se apersonaron en el sito del suceso. Dicho antecedente resultó ser falso en cuanto inexistente, toda vez que no provino de información alguna que el fiscal mantuviera en su poder. En base a los antecedentes expuestos se concedió la orden (…)”, señala la acción legal. El parte La autorización era sólo el comienzo del delito imputado por Guzmán a Núñez. Acto seguido se comunicó con el detective de la PDI Kurt Borneck de la Bicrim de Pudahuel. “En dicha conversación, informa a título de advert encia al funcionario policial, del hecho que, ante la consulta de la jueza de garantía (…) sobre cómo había llegado la PDI al sitio del suceso, él le indicó que fue en razón de un llamado telefónico anónimo, el cual había sido hecho por un vecino, quien señaló que en el lugar vendían drogas, por lo que a raíz de este llamado, detectan la existencia del delito haciendo vigilancias discretas”, sigue el escrito de Guzmán. Posteriormente, Guzmán Núñez inquiere al policía para que agregue estos últimos datos al parte policial, pese a que “le constaba que dicho antecedente no era efectivo (…) toda vez “que así se lo hizo ver el propio funcionario” de la PDI “de manera inmediata”. “Frente a la renuencia del (policía) Kurt Borneck, el cual señala que comentaron previamente a la fiscal anterior de lo que ocurrió que fue transitando por el lugar vieron la transacción, el fiscal Álvaro Núñez insiste (…) Para darle más énfasis a esta idea y jactarse de ello, agrega el fiscal Núñez al final de su conversación (…) ‘Así es que hay que conseguirse las órdenes’”, agrega la presentación. El regional Sur apuntó que no bastó con lo anterior, sino que además envió a la magistrada un parte preparado por él a la magistrada y que se incluyó en la carpeta judicial e investigativa”. Falta de probidad A juicio de Guzmán, el fiscal adjunto no sólo atentó en contra de la probidad en el ejercicio de su cargo como funcionario público que “detenta el ejercicio de la potestad punitiva”, sino que además incurrió en “abuso de poder” pese a estar llamado “a resguardar los derechos de las personas”. Previamente a la investigación criminal que derivó en esta “querella de capítulo” el jefe regional Centro Norte Andrés Montes, ordenó un sumario administrativo a cargo de la fiscal Ximena Chong, la misma que hoy sustancia el caso Corpesca. Las diligencias quedaron a cargo del OS-9 de Carabineros, unidad que interrogó a los detectives, dejando al descubierta la irregularidad. Terminada esta indagatoria, a Núñez le fue aplicada una multa del 50% de su sueldo. En dicho expediente, Núñez aseguró que todo se trató de un mal entendido. Si la Corte de Santiago acoge la querella de capítulo en contra de Núñez, los antecedentes serán derivados al Séptimo Juzgado de Garantía, donde Guzmán solicitará fecha para formalizarlo por falsificación y obstrucción a la investigación, donde podría enfrentar una eventual condena y expulsión del Ministerio Público. El abogado, Ricardo Freire, patrocinante de Núñez, indicó que “si bien mi representado cometió un lamentable error en el marco de su actuación administrativa como fiscal -por lo que fue sancionado por el Ministerio Público- tales hechos no son constitutivos de los delitos por los que se le pretende formalizar. En definitiva, estamos en presencia de faltas administrativas ya sancionadas, pero en ningún caso de delitos, como demostraremos en las instancias judiciales respectivas”. Lea la querella completa http://issuu.com/jorgemolinasanhueza/docs/fiscal-querella/1?e=4883542/37422871 Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/24/ministerio-publico-se-querella-contra-fiscal-por-obstruir-investigacion-de-trafico-y-mentir-a-jueza-para-conseguir-allanamiento/
  20. 13 de julio del 2016 / 15:30 Hrs Ministerio Público pide prisión preventiva para dueños de IM Forex El Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo la formalización de los ejecutivos Víctor e Ivonne Pantoja por la presunta estafa piramidal que afecta a 1.320 personas. Este miércoles, el Ministerio Público pidió prisión preventiva para los dueños de IM Forex, Víctor e Ivonne Pantoja, en medio de su formalización en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. La audiencia se reinició luego de que la defensa de los acusados solicitara postergar por una semana el procedimiento en contra de sus clientes por las presuntas estafas piramidales cometidas que, según el fiscal Pablo Norambuena, afectan a 1.320 personas. El nuevo equipo liderado por el abogado Lizandro Godoy, alegó que recién asumió el lunes la representación de los acusados, por lo que desconocen el contenido de la carpeta de investigación. Esto, después de que los hermanos Pantoja revocaran el patrocinio que hasta ahora tenía en su poder el jurista Omar Carrasco. La defensa aseguró no haber tenido acceso a los documentos correspondientes al mes de junio, por lo que se vería imposibilitada para refutar las pruebas contenidas en los cargos que enfrentan los imputados. Por lo anterior, se pidió un plazo para revisar los archivos, solicitud que se debatió en un corto receso. La magistrada encargada del caso, Ely Rothfeld, finalmente dictaminó que el tiempo otorgado para revisar las pruebas sólo se extendería hasta las 14.00 horas para concluir la formalización hoy. Las presuntas estafas piramidales por las que los acusados enfrentarían los cargos de lavado de dinero e infracción a la Ley General de Bancos y Mercado de Valores, ascienden a unos $35 mil millones de pesos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/07/680-688650-9-formalizan-a-duenos-de-im-forex-por-presuntas-estafas-piramidales.shtml
  21. 02 Julio 2016 Funcionarios del Ministerio Público reclaman asignación profesional para todos los estamentos La federación sindical también planteó a la autoridad la oposición al proyecto de ley que modificaría la ley 19.296, normativa que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, la que contempla dentro de las atribuciones del fiscal, la regulación de horas extras para los dirigentes sindicales. Fiscalización laboral, asignación profesional para todos los estamentos, deterioro del clima laboral, casos de abuso y maltrato laboral y sexual fueron algunos de los temas planteados por la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (FENAMIP), al fiscal nacional, Jorge Abbott. La federación sindical también planteó a la autoridad la oposición al proyecto de ley que modificaría la ley 19.296, normativa que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la administración del Estado, la que contempla dentro de las atribuciones del fiscal, la regulación de horas extras para los dirigentes sindicales. “Nuevamente vemos como se presentan proyectos que vulneran nuestros derechos. Primero fue la carrera funcionaria sólo para fiscales y, recientemente, la propuesta de modificación de la ley 19.296”, señala el documento. La dirigenta nacional del Ministerio Público, Paulina Ruiz, explicó que el fin de esta presentación es “transcurridos siete meses de la instalación de la nueva administración, se concrete un plan de trabajo que contemple una mesa de trabajo, un tema específico y su propuesta de solución”. En relación con la asignación profesional, la organización sindical propone trabajar en una mesa tripartita, en virtud de la importancia del tema. “La asignación profesional requiere presupuesto y una voluntad del Ejecutivo y el tema de la fiscalización laboral también, para que no se sigan realizando despidos arbitrarios dentro de la institución y también para frenar y sancionar los abusos y casos de maltrato y acoso laboral y sexual que ocurren al interior del Ministerio Público y que muchas veces quedan impunes”, finalizó. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/02/funcionarios-del-ministerio-publico-plantean-asignacion-profesional-para-todos-los-estamentos/
  22. 01 de julio del 2016 / 20:33 Hrs Más de 300 casos de falso testimonio han sido tramitados en tribunales desde 2015 De la totalidad de estas causas investigadas, se han obtenido condenas en 24 de los procesos y absoluciones en otros seis. El Ministerio Público advierte que resulta complejo demostrar este tipo de delitos, porque es un "terreno muy subjetivo". El eventual incumplimiento en el pago de un servicio avaluado en cerca de $ 56 millones, llevó al empresario y asesor financiero Arturo Rufatt Torres a demandar a la empresa Coseche. Sin embargo, lo que comenzó como una disputa en el área civil -por posibles comisiones impagas- derivó en una arista penal por supuesto falso testimonio que hoy investiga la Fiscalía Centro Norte. Fue en febrero de 2015 cuando León Cifuentes, entonces gerente de administración y finanzas de Coseche, negó ante el tribunal la veracidad de la firma estampada a su nombre, la cual había quedado plasmada en una propuesta de negocio elaborada por Rufatt. “Actuando como testigo de la parte demanda, bajo juramento y teniendo pleno conocimiento de los hechos respecto de los cuales declaraba, procedió a negar una actuación propia, de cuya verificación él no podía tener ninguna duda”, detalla la querella del abogado Alejandro Awad. Consultada por este proceso judicial, la empresa Coseche declinó referirse al tema. Según el Código Penal, los testigos -tanto de la fiscalía como la defensa- declaran bajo juramento y el inculpado, exhortados a decir la verdad. Si los testigos incurren en una mentira pueden cometer el delito de falso testimonio, arriesgando una pena que va desde los 541 días a los tres años de cárcel. Casos de este tipo no son aislados. Según cifras del Poder Judicial, entre 2015 y mayo de 2016, un total de 351 causas por este ilícito fueron tramitadas en los tribunales. De acuerdo a las estadísticas judiciales, de ese universo, sólo 30 casos llegaron a una sentencia definitiva, de las cuales 24 se tradujeron en una condena y los otros seis fueron absoluciones. ¿En qué otras causas la justicia ha investigado esta figura? Durante 2003, en medio de la investigación en contra del empresario Claudio Spiniak, Gema Bueno y el ex sacerdote José Luis Artiagoitía implicaron a políticos oficialistas y de oposición en la organización criminal. Tras ser procesados por entregar una declaración falsa, la Sala Penal de la Corte Suprema los condenó en 2008 a cuatro años de pena remitida por el delito de falso testimonio. En tanto, este año la fiscalía de Tarapacá inició una investigación contra dos funcionarios de la PDI por la supuesta entrega de falso testimonio en un causa contra un ciudadano peruano que actualmente está recluido en la cárcel de Alto Hospicio. Según los antecedentes de la causa, los policías habrían mentido al entregar medios de prueba irregulares contra el imputado. Marta Herrera, jefa de la Unidad Jurídica de la Fiscalía Nacional, aseguró que la dificultad en estos casos “radica en el alto estándar requerido para acreditarlo. Si el falso testimonio se presta por un testigo de la defensa, deberá acreditarse que su declaración altera la verdad en hechos sustantivos y que actúa con dolo directo”. Agregó que la baja cantidad de condenas de este tipo de causas se debe a que “la víctima siente que la declaración de un testigo es falsa respecto a la convicción que él tiene acerca de cómo ocurrieron los hechos y, por ello, denuncia o se querella, pero ello no significa que se ha alcanzado el estándar suficiente para obtener condena porque se trata de un terreno muy subjetivo donde deberá acreditarse fehacientemente la falsedad de esos dichos”. Al respecto, Arturo Alessandri, presidente del Colegio de Abogados, manifestó que este “es un tema muy delicado e importante para cualquier procedimiento judicial. Es esencial que las personas digan la verdad y que sean sancionadas cuando no lo hacen. Los jueces tienen que ser muy rigurosos y muy estrictos cuando se comprueba que se ha mentido”. Fuente;
  23. 10 de junio del 2016 / 22:05 Hrs Corte de Apelaciones dice que fiscalía puede formalizar sin querella nominativa del SII Al rechazar el sobreseimiento de Carlos Bombal, se señaló que bastaba la querella contra Penta. Fiscal Guerra dijo que con ese criterio se podrá formalizar a emisores de empresas ligadas a Golborne. Una relevante precisión realizó la Corte de Apelaciones de Santiago al fallar la solicitud de sobreseimiento de la defensa del ex senador UDI Carlos Bombal. En los fundamentos para resolver el rechazo al requerimiento, la Corte abordó la discusión suscitada entre defensas, Ministerio Público y Servicio de Impuestos Internos, en relación a si la fiscalía está habilitada para formalizar a un imputado sin denuncia o querella nominativa. El ex dirigente UDI había pedido el sobreseimiento definitivo luego de haber sido formalizado por facilitar una boleta emitida el 29 de julio de 2013 por $4 millones. Esto, porque ese documento no fue extendido por el ex parlamentario gremialista, sino por un cercano suyo, Manuel José Pau, interesado en ayudar a la campaña del ex candidato a diputado Fernando Herman. La participación de Bombal en el presunto ilícito se habría configurado porque, en calidad de ejecutivo de Penta, conversó sobre los aportes con los controladores del holding Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para luego cursar el pago. “Me dijeron que lo viera yo y yo lo cursé”, dijo Bombal en su declaración. La Corte fue enfática al señalar que el Ministerio Público cuenta con una denuncia y querella del SII en contra de la empresa Penta, lo que, a juicio de los magistrados, habilita a la fiscalía para ejercer la persecución penal en contra del ex dirigente UDI. “Los hechos constitutivos de delito se encuentran suficientemente desarrollados y explicados en la denuncia previa de 8 de octubre de 2014, presentada por el Servicio de Impuestos Internos, en la que se consigna expresamente que la empresa Penta S.A. registró y contabilizó una boleta de honorarios falsa de Manuel José Pau Villarino”, dice el fallo. En el párrafo siguiente, los jueces del tribunal de alzada agregan que “la realidad fáctica denunciada en que intervino el imputado Bombal se encontraba debidamente descrita en dicha actuación, por lo que no puede sostenerse que no se haya cumplido con la exigencia de procesabilidad de la acción penal tributaria que contiene el artículo 162 del Código Tributario por parte del Servicio de Impuestos Internos”, agregando que, además, en la querella se puntualiza que también se entiende a todos quienes resulten responsables. El alcance de la precisión El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, a cargo de la investigación contra Penta celebró el fallo ya que, a su juicio, más allá de rechazar el sobreseimiento de Bombal, abre las puertas para seguir investigando. “Lo recibimos positivamente porque lo que hizo la Corte fue acoger la teoría que nosotros venimos sustentando, en orden a que no es necesaria querella nominativa para poder formalizar investigaciones y acusar los responsables de delitos tributarios. Solo basta que los hechos estén denunciados, como ocurría en este caso de Bombal y como ocurre en otros casos que tenemos (...) Obviamente que eso nos abre las puertas para poder seguir avanzando en las investigaciones”. agregó En esta etapa de las indagatorias, Guerra y el equipo de fiscales a cargo poseen las rectificaciones de algunas empresas que hicieron aportes al ex candidato Laurence Golborne. El ex ministro es objeto de querella del SII, pero no así el resto de las empresas, BCI, Caburgua, CAP, Watt’s, Ripley, Inmobiliaria Ecomac, GT Advisors, Inversiones Paso Nevado, Inversiones Longovino e Inversiones Santa Virginia. Al respecto Guerra dijo: “Solo con la querella en contra del señor Golborne nosotros sí podemos investigar y formalizar a quienes tuvieron participación de los delitos y que hasta hoy no han sido objeto de querellas. Tanto a quienes prestaron boletas como a los propietarios de las empresas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/06/674-684580-9-corte-de-apelaciones-dice-que-fiscalia-puede-formalizar-sin-querella-nominativa.shtml
  24. 8 Junio 2016 Correo de Gajardo le habría informado hace 8 meses a Sabas Chahuán sobre mails entre Longueira y Contesse por Ley de Royalty El Mercurio publica este miércoles que específicamente el 28 de septiembre del 2015, el jefe de Alta Complejidad Oriente, le manda un mail al ex fiscal nacional, en el que le consigna lo siguiente: “Jefe: le envío diversos correos entre Longueira y Contesse. En ellos hablan de los proyectos de Royalty minero y Longueira le envía una minuta que habría preparado Ricardo lagos W.”. Cabe decir que la polémica al interior del Ministerio Público surgió luego de que Arias señalara este lunes a CNN Chile que Gómez supo de los correos referentes a la Ley de Royalty a fines de 2015. Por su parte, el persecutor aludido manifestó a través de Twitter que “yo los recibí el 8 de enero. Arias los tenía de hace meses”. La polémica generada al interior del Ministerio Público por la real fecha en que se conocieron los correos entre el ex senador UDI Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, sigue entregando nuevos datitos que se van agregando a la olla. El Mercurio publica que hace 8 meses -específicamente el 28 de septiembre del 2015-, el jefe de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo, le manda un mail al ex fiscal nacional Sabas Chahuán, en el que le consigna lo siguiente: “Jefe: le envío diversos correos entre Longueira y Contesse. En ellos hablan de los proyectos de Royalty minero y Longueira le envía una minuta que habría preparado Ricardo lagos W.”. Cabe recordar que Chahuán llevaba las riendas del caso Corpesca, Penta y SQM, y en este último asunto se había puesto al persecutor Emiliano Arias para seguir llevando a cabo la investigación y realizar las imputaciones que se venían. El matutino indica que el 8 de enero, y tras ordenar que los persecutores en el caso Penta interrogaran al ex ministro de Economía por boletas truchas, Gajardo toca nuevamente el tema y le cuenta de los correos al fiscal regional Manuel Guerra, que luego se los pasó al fiscal Pablo Gómez. El Mercurio aprovecha de recoger en su nota una entrevista en la que CNN Chile le pregunta a Chahuán tras dejar su cargo si tuvo conocimiento de estos mails entre P. Longueira y Contesse, y el que se menciona a Ricardo Lagos Weber. Chahuán contestó que “no lo conocí, es probable que se me haya comentado y dije que analicen los correos”. Cabe decir que la polémica surgió luego de que Arias señalara a CNN Chile que Gómez supo de los correos referentes a la Ley de Royalty a fines de 2015. Por su parte, el persecutor aludido manifestó a través de Twitter que “yo los recibí el 8 de enero. Arias los tenía de hace meses”. Al ver que el asunto podría escalar, fue el propio fiscal nacional Jorge Abbott quien salió a poner paños fríos al tema: “La discusión sobre la fecha en que fueron conocidos los mails de Pablo Longueira es intrascendente a la luz del desarrollo que ha tenido la investigación. El ex senador y ex ministro será formalizado el próximo 22 de junio, lo que ha sido posible gracias a una investigación profunda y acuciosa del fiscal Pablo Gómez y su equipo”. Agregó que “en particular, le he señalado al fiscal Arias que sus comentarios han producido efectos que lamento, por las dudas que pueda sembrar sobre la actuación de otros fiscales del Ministerio Público, sin que exista justificación alguna para ello”. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/08/correo-de-gajardo-le-habria-informado-hace-8-meses-a-sabas-chahuan-sobre-mails-entre-longueira-y-contesse-por-ley-de-royalty/
  25. 01 de junio del 2016 / 14:44 Hrs La nueva ofensiva de la Fiscalía en el femicidio frustrado que consideró infidelidad como atenuante A través de un recurso de apelación, el Ministerio Público insiste en pena de cárcel para agresor condenado a libertad vigilada intensiva en Ovalle, tras la decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena de que rechazó la nulidad del juicio. A principios de abril, un fallo de un Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle sobre femicidio frustrado causó conmoción en la opinión pública. Este consideró como atenuante el “arrebato u obcecación” que le habría causado al agresor, Marco Antonio Olmos Barraza, una infidelidad de su cónyuge, para que los jueces le entregaran una condena de libertad vigilada intensiva de cinco años. Esto motivó a que el fiscal de la causa, Herbert Rohde, interpusiera en la Corte de Apelaciones de La Serena un recurso de nulidad que buscaba revertir la sentencia condenatoria y anular el juicio de femicidio frustrado. No obstante, el tribunal de alzada rechazó la interposición ayer. Ahora, el persecutor espera la decisión de los jueces por una apelación que interpuso en la misma Corte, de forma simultánea al recurso de nulidad, para intentar revertir la condena de libertad vigilada intensiva del agresor, por considerarla un beneficio. “Presentamos recurso de apelación en forma subsidiaria a la nulidad y queda pendiente la discusión de ese recurso que presentamos en forma conjunta. Estamos discutiendo la forma en que se debe cumplir la sentencia, respecto a lo que resolvió el tribunal oral en lo penal de Ovalle”, dijo el fiscal. Barraza atacó a su esposa el 28 julio de 2015 con unas tijeras de podar, causándole heridas de gravedad en diversas partes del cuerpo. La mujer sobrevivió sólo gracias a que Carabineros ingresó en ese momento al domicilio de la pareja. RECHAZO Cuando el fallo del tribunal de Ovalle se hizo conocido a nivel nacional, diversas organizaciones sociales y académicos rechazaron la decisión de los jueces, e incluso la Presidenta Michelle Bachelet se refirió al tema afirmando que éste “manda un mensaje complicado” y que "no hay ninguna excusa que explique la violencia contra la mujer". Ahora, frente a la resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena de rechazar el recurso de nulidad del juicio, la directora de la ONG Parejas sin violencia, Mariana Madariaga, dijo que “eso es no entender el concepto de violencia”. “La lucha contra la violencia no puede ser sólo de las organizaciones sociales, del gobierno o de los parlamentarios que se refieren al tema. Primero, todos los organismos del Estado deberían ser capacitados y sensibilizados en los temas de violencia intrafamiliar y contra la mujer, incluso los jueces. Y luego, el gobierno y los parlamentarios deberían ponerle urgencia a las modificaciones a la ley para que no se vuelva a repetir una situación como ésta”, agregó Madariaga. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/06/680-683233-9-la-nueva-ofensiva-de-la-fiscalia-en-el-femicidio-frustrado-que-considero.shtml
×