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  1. 06 Noviembre 2017 Ex comandante en jefe del Ejército recibió bonos por casi $8.000 millones José Antonio Gómez por caso Fuente-Alba: "Lo importante es que los tribunales y fiscalía actúen con rapidez" El ministro de Defensa aseguró que la situación judicial del ex jefe castrense es "una situación que tendría que aclarar la investigación (...) el fallo final dirá qué responsabilidades hay en cada una de estas cosas". El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se refirió a los últimos antecedentes de la investigación judicial que dan cuenta que el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, recibió abonos por $7.942 millones entre los años 2008 y 2015. El monto no coincide con los ingresos que recibió durante ese periodo por su labor en la institución, consigna ADN Radio. Consultado por esta situación, el secretario de Estado admitió que la millonaria cifra no calza con los montos recibidos por un funcionario público: "No, claro. Si eso es realidad, es una situación que tendría que aclarar sin duda la investigación. En ese sentido, creo que lo importante es la investigación judicial que se está realizando y cualquier antecedente que salga debe ser investigado en profundidad, deben tomarse las medidas legales que correspondan y el fallo final dirá qué responsabilidades hay en cada una de estas cosas". "Lo malo es que esta situación se produzca desde el punto de vista público sin tener claridad de dónde surgen esos recursos, si es así. Pero finalmente creo yo que lo importante en este país es que los tribunales y la fiscalía actúen con la mayor rapidez y precisión frente a las responsabilidades que se tengan en esos puntos", concluyó. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/06/jose-antonio-gomez-por-caso-fuente-alba-lo-importante-es-que-los-tribunales-y-fiscalia-actuen-con-rapidez/
  2. 08/10/2016 “Milicogate”: Caen tres generales. Y los demás involucrados y los responsables políticos... ¿cuándo? Tal como lo anunciara en exclusiva Cambio21 en noviembre pasado y se reiterara en diversas publicaciones, las investigaciones que la justicia civil lleva en paralelo a la militar arrojaba responsabilidad penal sobre los generales que hoy se encuentran en prisión preventiva. Pero aún se está lejos de llegar a todos los cómplices y a los que debieron evitar que sucediera. Sin embargo esto es recién la punta de iceberg, pues son varios otros los altos oficiales que aparecen involucrados en los hechos ilícitos que se investigan, incluido un excomandante en jefe del Ejército. Algunos de oscuro pasado en materia de DDHH y fraudes a la institución. Cambio21 dio a conocer en noviembre pasado que desde la justicia civil se había detectado que varios generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, al menos durante el periodo 2010-1014, habían dejado de cumplir sus deberes militares al no controlar los trabajos y pagos que emanaban de la institución y que eran cargados dolosamente a los Fondos de la Ley Reservada del Cobre. También dijimos que "la fiscal militar Paola Jofré inició una amplía investigación sobre todos quienes trabajan en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) del Ejército, unidad desde donde desaparecieron miles de millones de pesos, a través de facturas falsas". Igualmente dimos cuenta que la abogada mantenía constantes reuniones de coordinación con la fiscal civil del caso, Ximena Chong, antes que asumiera el ministro en visita Omar Astudillo, designado de manera especial por la Corte de Apelaciones y quien ordenó los procesamientos de tres generales en retiro. Incluso cuestionábamos la justicia militar no investigara "los bienes y cuentas bancarias de los generales Miguel Muñoz, responsable de seguir la evolución de los saldos de la Ley Reservada del Cobre; Héctor Ureta, quien firmó el ingreso de la empresa Tajamar al registro de proveedores del Ejército, ni del general Jorge Salas, que en el año 2012 ordenó a funcionarios militares y civiles del CAF dejar de cumplir labores de control". Es más, señalábamos que varios otros oficiales debían ser investigados por su eventual responsabilidad en los hechos. Dos recientes resoluciones acreditaron que las aseveraciones de Cambio21 tenían fuerte respaldo en los hechos. La primera es de carácter judicial y concluyó con el procesamiento de los generales en retiro Antonio Cordero Kehr, Jorge Salas Kurte y Miguel Muñoz Farías quienes, entre 2011 y 2014, tuvieron bajo su cargo el CAF, donde se concentra el millonario fraude. La segunda es una resolución de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que amplió la responsabilidad respecto de otros involucrados, solicitando que sean investigados. La resolución judicial Al ordenar la detención de los oficiales que ahora se encuentran recluidos en Batallón de Policía Militar en la comuna de Peñalolén, el ministro Astudillo recalcó que se trataba del delito contemplado en el Código de Justicia Militar de "incumplimiento de deberes militares" y que ello -por ahora-, no implicaba imputarles enriquecimiento ilícito con los montos defraudados. Aclaró, asimismo, que los procesados no habían cumplido con el más mínimo deber de controlar que los subordinados bajo su mando no utilizaran mecanismos dolosos mediante licitaciones y adquisiciones fraudulentas y emisión de facturas ideológicamente falsas, que implicó millonarios pagos ilícitos. Lo defraudado va en más de $5.600 millones. Y no descartó que el excomandante en jefe del Ejército Miguel Fuente-Alba fuera procesado. Este no ha comparecido a prestar declaraciones en la justicia civil ni ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. De llegar a sentenciarse a los tres generales procesados las condenas podrían alcanzar hasta los cinco años y no se descarta que por los montos involucrados y la cantidad de ilícitos cometidos estas puedan ser mayores. Operará en su favor la atenuante de irreprochable conducta anterior, pero siempre y cuando no aparezca en las investigaciones que sus patrimonios se vieran beneficiados en la comisión de los delitos, lo que podría implicar que se amplíen los procesamientos. La Comisión de la Cámara de Diputados Unánime fue el acuerdo de la Comisión Investigadora que determinó responsabilidades en el fraude con los fondos reservados del cobre, más conocido como Milicogate. Las conclusiones son abrumadoras sobre la laxitud y nulo control en el uso de los millonarios recursos que transfiere Codelco a las FF.AA. y que entre el año 2000 y 2015 el Estado de Chile destinó a la compra de armas.Se trata de 20 mil millones de dólares respecto de los cuales se desconoce el monto exacto de lo defraudado, pues lo investigado hasta hoy abarca solo cuatro años. La principal deducción a la que llegaron los parlamentarios tras nueve meses de pesquisas es la increíble falta de fiscalización y la ausencia de un plan de control de la Contraloría General de la República, del Ministerio de Defensa, de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, la tesorería de la institución, y del entonces comandante en jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba. Se trata de once conclusiones lapidarias respecto de la responsabilidad de las instituciones involucradas y 22 recomendaciones, la principal de las cuales es la derogación de la Ley Reservada del Cobre. En la Comisión participaron diputados desde la UDI hasta el PC y fue dirigida por el DC Jaime Pilowsky. La unanimidad alcanzada habla de la gravedad y lo irrefutable de los hechos. La falta de control posibilitó que funcionarios del Ejército y proveedores se apropiaran miles de millones. Cae jefe de escolta de Pinochet Se trata de un viejo conocido de la prensa, no solo por haber sido el jefe de las escoltas de Augusto Pinochet y de su viuda, Lucía Hiriart, o haber asumido el mando de tropas en la Parada Militar durante la administración Piñera -época en que ocurrieron los delitos que se investigan-, sino que además porque en 2011, cuando comienzan a ocurrir los ilícitos investigados, el general Antonio Cordero Kehrera era jefe del CAF. Pero no es lo único en que se ha visto mezclado judicialmente. Una querella criminal interpuesta en contra del proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, (mayo 2016) en el marco de una licitación por más de once millones de dólares en la compra de uniformes para las FFAA y que implicó el pago de sobreprecio en perjuicio del Estado (fraude al fisco y delitos tributarios), también lo involucra como querellado. Se le imputa haber firmado la licitación y las dolosas modificaciones a sus bases que habrían favorecido a la empresa de Cartoni, CyM S.A., con sobreprecio de más de $300 millones y no pago de impuestos por más de $1.000 millones. La causa se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía. Otra querella, esta vez presentada ante la justicia militar, persigue su eventual responsabilidad y la de otros oficiales por la licitación fraudulenta. Según investigación de Cambio21, el mencionado general se desempeñaba -entre diciembre de 2012 hasta la actualidad- como director de la empresa privada S2T Servicios y Soluciones Tecnológicas que presta servicios a las FFAA, filial de las Fábricas y Maestranzas del Ejército. "Aunque cada jefe de proyecto llevaba sus saldos al día, pudo haber gente maliciosa que se aprovechara de esa brecha o interregno, e hiciera uso ilícito de esa información para cometer el fraude, amparada en la falta de visibilidad que proveían las herramientas informáticas existentes (sic)", señaló Cordero a la Comisión Investigadora. El general de la planilla Excel Jorge Salas Kurte estuvo a cargo del CAF en 2012. En ese año y de acuerdo con un informe de la PDI, "ordenó a los funcionarios militares y civiles que dejaran de revisar las facturas que les llegaban, para solo tramitarlas". No es lo único que en materia de secretismo se le imputa. En su calidad de jefe de la División de Logística, sancionó al teniente coronel Carlos Díaz Kastowsky, quien había denunciado anomalías ante el general Óscar Izurieta en un proceso de compra de helicópteros en el período 2005-2006. Salas le aplicó cuatro días de arresto y dos puntos menos en "criterio y discreción", por haber informado a la prensa las anomalías. El general reconoció que "nos vimos obligados a optimizar el sistema de registro y de administración en línea: la planilla Excel. Opino que, a pesar de ser un sistema precario, se podía hacer algo relativamente confiable asignando los atributos pertinentes". Para Salas Kurte la causa de este escándalo radica en la prensa, "porque existe la necesidad de encontrar un general (que) esté involucrado", sin hacerse cargo de del tremendo desfalco fiscal. Es más, para él toda la responsabilidad en estos ilícitos recae "en el delincuente (que) era el ejecutivo de cuentas, quien debía revisar que la documentación contable de las unidades viniera conforme y debía ingresarla al SIFIE y al sistema de planillas Excel. Por eso, no se puede hacer cargo a ningún comandante de unidad". Los culpables: la prensa y los suboficiales. ¡De Ripley! Irregularidades con botas y visores nocturnos El general Miguel Muñoz Farías, hoy procesado, también se ha visto involucrado en cuestionadas licitaciones adjudicadas a CyM, el proveedor preferido del Ejército. Una licitación de octubre de 2012 le fue encargada con una oferta de $594,3 millones (más IVA) por quince mil pares de botas Coyote para clima templado y frío. En mayo de 2013, el general Muñoz Farías suscribió un addendum (apéndice del contrato), en el que extendió el plazo de recepción del calzado (que presentaba retrasos en su entrega) y además sumó otros 4.500 pares de botas, con lo que el pago a CyM ascendió a $913,7 millones. La compra se incrementó en 25% y el valor a pagar tuvo un sobreprecio de $206 millones. No ha sido lo único en que aparece cuestionado bajo el mando de Muñoz Farías. Se adquirieron más de tres mil visores nocturnos por un monto de US$16,5 millones en julio de 2012. Seis meses después, el mismo día que debía adjudicarse, el general Muñoz invalidó la licitación por presuntos "errores administrativos", abriéndose un nuevo proceso de concurso. El escándalo explotaría en diciembre de 2013 cuando ante el entonces comandante en jefe del Ejército, Miguel Fuente-Alba, se interpuso un recurso por parte de Theon Sensors, acusando una serie de modificaciones en el proceso que favorecieron a una empresa de Cartoni: OIP Sensors Systems. La investigación demostró que Theon debió haber resultado ganador. CyM aparecía en cuarto lugar. Frente a la Comisión Investigadora Muñoz Farías se despachó algunas declaraciones de antología: "Si un grupo de personas están hoy detenidas y procesadas es justamente porque los detectó el Ejército. Tal vez, no se descubrió en el momento (...) Por haber estado a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y posteriormente del Estado Mayor del Ejército, puedo afirmar con absoluta convicción y honestidad profesional que no era efectivo que en el Ejército no existiera ningún tipo de control en la materia analizada, que permitiera la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre". O sea, nunca hubo Milicogate. Los que faltan Se trata de los responsables políticos, quienes no han asumido su responsabilidad en los hechos: los ministros de Defensa entre 2010 y 2014 -EN LA FOTO-, Jaime Ravinet de la Fuente (ind.); Alfonso Vargas Lyng (RN) - Interino; Andrés Allamand Zavala (RN) y Rodrigo Hinzpeter Kirberg (RN), quien terminó junto al mandato de Sebastián Piñera, los que -según la Cámara- "no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas". La Comisión Investigadora determinó en su informe que otros generales también tienen responsabilidad y se debe investigar su participación. Desde luego, la del general Juan Miguel Fuente-Alba, comandante en jefe de la institución castrense durante la comisión de los delitos, quien "no ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y Contraloría del Ejército". También asignó "responsabilidad directa" a los generales Andrés Polloni Contardo, Jorge Guzmán Fredes e Iván González López, que dirigieron la Contraloría General del Ejército. Asimismo, involucró y pidió investigar al conocido general Cristián LeDantec Gallardo, quien ha sido además involucrado en la desaparición de 22 campesinos de Paine en 1973 y que fuera acusado -a pesar de haberlo desmentido-, de conversaciones secretas llevadas con Sebastián Piñera durante los hechos del 27 de febrero de 2010. Imputó asimismo "falta de cuidado en el ejercicio de su cargo y la omisión del General de Brigada Carlos Villalobos Vera, quien estuvo al mando de la División de Mantenimiento del CAF desde el año 2009 hasta el año 2012, quien de manera inexplicable ignoró un informe elaborado, en septiembre de 2011, por el coronel Miguel Cantallopts, jefe del Departamento II ‘Inteligencia' quien dio cuenta de irregularidades tales como falsificación en una cotización realizada por dos funcionarios que finalmente terminaron procesados y en prisión". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161007/pags/20161007202149.html
  3. 04 de septiembre del 2016 / 03:55 Hrs Jaime Pilowsky: "De lo que me he podido informar, el sumario del Ejército es insuficiente" El presidente de la comisión que investigó el fraude en la institución castrense con fondos de la Ley Reservada del Cobre analiza los nudos que dejó este ilícito. “En muchos casos, las comisiones investigadoras establecen responsabilidades y hacen recomendaciones muy atendibles, pero algunas de ellas quedan en el olvido. Yo espero que en seis meses más podamos hacer una evaluación de las medidas propuestas, para ver si se están implementando y cuál es su efectividad”. Así se plantea el diputado DC Jaime Pilowsky respecto de la instancia parlamentaria que investigó el fraude ocurrido en el Ejército, con fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, y que él presidió. El miércoles reciente, tras ocho meses de trabajo, la comisión entregó sus conclusiones. Esta es su evaluación de la gestión. “El fraude fue cometido por un grupo acotado de funcionarios, pero durante un período de tiempo extenso, de cinco años a lo menos, por lo que claramente fallaron los controles. En las reparticiones del Ejército, principalmente en el Comando de Apoyo de la Fuerza, no había un sistema integrado y seguro de control; en el Ministerio de Defensa tampoco había un programa efectivo para cumplir con su función de fiscalizar las rendiciones de cuentas ya decretadas. Y la Contraloría se había autolimitado en sus facultades”, dice Pilowsky. ¿Cuál es la recomendación? Derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de la Defensa Nacional. Esa norma ya cumplió su ciclo y hay que derogarla. ¿Lo dejó conforme la indagatoria? Estoy satisfecho por la forma en que realizamos este trabajo con los diputados integrantes de la comisión. Nuestra labor era establecer las responsabilidades en que incurrieron los distintos actores, organismos y reparticiones que se relacionan con la administración y control de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Analizamos si hubo negligencia al cumplir las funciones a las que están obligados los funcionarios, y aquí varios quedaron ‘al debe’, particularmente los generales a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), del Ejército, repartición que administra dichos recursos. ¿Cooperaron las diferentes entidades del Ejército y del Ministerio de Defensa? Me imagino que para el Ejército no ha sido fácil asimilar una situación de fraude en una de sus reparticiones. Pero nosotros no ponemos en duda la honorabilidad de miles de funcionarios de esta institución, que trabajan de forma responsable y honrada. El Ejército y el Ministerio de Defensa cooperaron adecuadamente, dentro de sus facultades y competencias, incluso coordinando la asistencia de ex oficiales que no estaban obligados legalmente a comparecer. El único que lamentablemente se excusó de asistir fue el general ® Juan Miguel Fuente- Alba, comandante en jefe durante el período en que se cometió este fraude. Si hay algo que criticar, pero lo señalo a título personal, es la demora del Ejército en el sumario administrativo interno, que aún se encuentra en tramitación. ¿Ha examinado ese informe? No conozco el detalle de ese sumario practicado al interior del Ejército, pero de lo que me he podido informar es claramente insuficiente. Los sumarios deben revisar quién omitió realizar la labor que en definitiva permite que se verifiquen los hechos investigados, y en ello el sumario se queda corto. No puede ser que al final los responsables de todo sean dos o tres oficiales de menor graduación y un par de suboficiales. Ellos tienen superiores, y dichos superiores tienen el deber de responder por la conducta de sus subordinados cuando no adoptan las medidas que son propias de su cargo. ¿Cree que la actual Comandancia en Jefe del Ejército ha avanzado en transparentar los gastos por Ley Reservada del Cobre? En el marco actual de financiamiento y sus especiales características de reserva, resulta un tema complejo de ser resuelto sólo por el Ejército. Con todo, lo más importante es que, dentro del actual marco legal, el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, está implementando medidas administrativas internas que permiten que los procesos que se utilizan para la adquisición y mantención del potencial bélico se hagan, considerando los riesgos asociados, con controles. ¿Recibió presiones la comisión? Ninguna. Yo no recibí ningún llamado de alguien para influir en nuestras conclusiones. ¿Pedirá que se investigue más a fondo al general ® Fuente-Alba? Tanto la fiscalía como el ministro en visita Omar Astudillo se encuentran investigando su caso. Y aun cuando dichas pesquisas no dicen directa relación nuestra investigación, es absolutamente necesario esclarecer los hechos. Resulta inexplicable que un general, con el nivel de ingresos que él tenía, pueda acumular un patrimonio como el que se ha informado Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/09/680-695260-9-jaime-pilowsky-de-lo-que-me-he-podido-informar-el-sumario-del-ejercito-es.shtml
  4. 01 de agosto del 2016 / 20:47 Hrs Fraude en el Ejército: Informe castrense alertó sobre cotización adulterada en 2011 Según diputado Jaime Pilowsky, el escrito no se consideró y podría haber evitado irregularidades por la Ley Reservada del Cobre. Durante la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara, por el fraude en el Ejército, a la que asistió el comandante en jefe, general Humberto Oviedo, el diputado Jaime Pilowsky indicó que en 2011 un informe de inteligencia de la propia rama castrense determinó que se había falsificado documentación correspondiente a una cotización en que se usaron recursos de la Ley Reservada del Cobre. “Este informe es una alarma que no siguió el curso necesario para haber evitado este tipo de situaciones. El documento establecía que dos personas habían falsificado una cotización relacionada con los fondos de la Ley Reservada. Hoy ambos se encuentran procesados por el ministro Omar Astudillo”, dijo el diputado DC. Agregó que “como eso fue alertado en 2011, hay una responsabilidad de la autoridad, en este caso del general a cargo de la división de mantenimiento”. Consultado Oviedo por esta primera alerta de posibles irregularidades con la Ley Reservada del Cobre, dijo que “ese informe tiene un resultado y hay un análisis por parte de la autoridad y se tomaron medidas en el ámbito de las responsabilidades que ameritaba esa información”. El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, sostuvo que ya se despacharon 46 informes a las tres investigaciones penales que se siguen en esta indagatoria: la del ministro Astudillo, la de la fiscal Ximena Chong y la del fiscal José Morales. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-691087-9-fraude-en-el-ejercito-informe-castrense-alerto-sobre-cotizacion-adulterada-en.shtml
  5. 28 Abril 2016 Secreto Militar: Fiscalía investiga millonario patrimonio del ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba La Fiscalía Centro Norte lleva varios meses investigando el patrimonio del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete. La indagatoria, por ahora desformalizada, busca aclarar cómo el militar ® acumuló una serie de propiedades de alto valor que comenzó a comprar en el 2005 y que se extendió durante todo el periodo en que ocupó el cargo más alto al que un militar puede optar en la institución. Una de las primeras propiedades que Fuente-Alba adquirió se encuentra ubicada en el Conjunto Habitacional Club de Campo de Peñalolén que pertenecía al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. A los inmuebles, se suman automóviles de marca, como Audi y Mercedes Benz. El sueldo de Fuente-Alba en la institución era de $4 millones de pesos. A mediados de abril, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez recibió un oficio del fiscal de la Fiscalía Centro Norte, José Morales Opazo. En el escrito, se solicita al secretario de Estado información de todas las compras realizadas por el Ejército en el periodo 2010-2014, años en que el General® Juan Miguel Fuente-Alba Poblete (62) encabezó la institución con el cargo de comandante en jefe del Ejército. Ayer, otro oficio llegó a la Policía de Investigaciones de Chile. Se trata de un requerimiento respecto de todos los viajes realizados por Fuente-Alba Poblete fuera del país y el destino final de éstos, es decir, una recopilación de antecedentes que incluye la recolección de datos a través de Interpol. Ambas medidas, según la investigación realizada por The Clinic Online, dan cuenta de una indagatoria, aún desformalizada, que lleva Morales Opazo en contra del militar y que busca esclarecer el origen de su cuantioso patrimonio que este medio, tras la revisión de documentos oficiales del Conservador de Bienes Raíces y el Registro Civil, pudo corroborar que asciende a más de mil millones pesos distribuidos en cinco propiedades inscritas a su nombre; dos compradas por su esposa, Anita María Pinochet Ribbeck -quien durante la carrera del General desarrolló actividades laborales esporádicas- y dos vehículos de lujo del año. Aún se desconoce si el militar, además, tiene dinero ahorrado en cuentas corrientes, lo que podría aumentar las grandes cifras que ya se investigan. Dada su antigüedad, grado y el puesto que detentó, Fuente-Alba tuvo al final de su vida activa en las Fuerzas Armadas el sueldo más alto del Ejército que, según el portal de Transparencia de la Institución, hoy asciende a $4.049.757 bruto, es decir, alrededor de $3.500.000 líquidos. También pudo habitar en una vivienda fiscal, hacer uso de un vehículo otorgado por el Estado y tener a su disposición a cinco uniformados. Si entre los años 2010 y 2014 hubiera ahorrado el 100% de su remuneración, tendría hoy disponibles $168 millones. De acuerdo a un documento oficial del Ejército obtenido por este medio, entre los años que Fuente-Alba ocupó el cargo recibió un poco más que el monto oficial, al incluir pagos extras, y sumó un total de $187.367.861. Su sueldo se inició con una remuneración de $2.594.438 y llegó a $4.078.457 en 2014. Así, durante el 2010 Fuente-Alba Poblete recibió un total de $33.050.734; en 2011, $42.291.491; en el 2012, $44.564.229; en 2013 $47.069.122; en 2014 $20.392.285. La suma menor, se explica, según la documentación revisada por este diario, porque durante junio y diciembre no aparecen remuneraciones en el detalle mensual de su sueldo. La documentación también registra los dineros que Fuente-Alba recibió por concepto de “Profesor Militar”. En total, $14.978.350, que se dividen entre los años 2010 y 2014. En el 2010, el Ejército le canceló $2.738.659; en 2011 $3.577.594, en 2012 $3.828.424, en 2013 $4.026.666; en 2014 $807.007. Pero la indagatoria realizada por The Clinic Online, a través de la recopilación y revisión de documentos oficiales, su declaración patrimonial y títulos de propiedad, además de la revisión del registro automotriz, da cuenta que Fuente-Alba ya antes de alcanzar la cima de su carrera había adquirido una serie de departamentos, algunos de las cuales registran extrañas compra-ventas con sus tres hijos, y que en el año 2009, antes de asumir como Comandante en Jefe, había comprado una propiedad en el Edificio Polo Ecuestre de Santa María 5610, con bodega y tres estacionamientos por 19 mil UF. Al precio de la UF hoy ($25.899) se trata de una inversión de más de $492 millones. En parte de su declaración de patrimonio, con fecha de 2014, Fuente-Alba registra una propiedad para habitación adquirida el 2002 en la Región de Coquimbo, además de una bodega. También documentó propiedades adquiridas en 2013 junto con bodegas y estacionamientos. Además de acciones que se encontraban en custodia en el Banco Chile, al momento de su declaración, por un monto de $60.921.328. En total son 865.114 acciones, según el documento obtenido por este medio. A esto se suman otros productos bursátiles en Copec (300 acciones) por un valor de $2.111.220; en LanChile por $6.646.451 y en Endesa por $7.764.183. En los pasivos del declarante, como se lee en el documento, hay un inmueble de Los Militares por UF2.433.973 con crédito hipotecario en el Banco Security, además de otro bien raíz en Puerto Velero por $1.272.529. A su vez, la esposa de Fuente-Alba, Anita Pinochet, según registra el documento, posee una propiedad en Santiago con bodega y estacionamiento. LAS PROPIEDADES Y LUJOS DEL GENERAL “Me abstendré de concurrir a la invitación que me formulara, toda vez que, para colaborar eficazmente a sus fines, es indispensable hacer una detallada referencia a diversos sistemas, procedimientos administrativos y de control, existentes y creados en el lapso que se investiga, que resultaron vulnerados, y tuvieron como consecuencia este fraude fiscal”. Las palabras son parte de una carta que Fuente-Alba hizo llegar a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para declinar la invitación a exponer que el 9 de enero le realizó la instancia que busca determinar responsabilidades en el millonario fraude con fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, que reveló The Clinic y que se conoce como Milicogate. De hecho, en el libro del periodista Mauricio Weibel “Traición a la Patria”, sobre el millonario desfalco a la Ley del Cobre (Random House), el autor de la serie de reportajes que destaparon la historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile, se da cuenta también de las indagatorias de la Fiscalía en contra de Fuente-Alba. Sin ahondar en los detalles, Weibel afirma que existen importantes pasos en las indagatorias, que incluyen un informe del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se revela “un patrimonio gigantesco aparentemente injustificable”. La investigación sobre cómo operaba la máquina para realizar los retiros irregulares de recursos, destapada en The Clinic, es dirigida por el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago Omar Astudillo Contreras. Por ese caso, hay oficiales que se encuentran en prisión preventiva y se ha determinado que los ilícitos se concentraron, especialmente, entre los años 2010-2014, cuando Fuente-Alba Poblete detentaba el cargo más importante de la institución castrense. La negativa de Fuente-Alba Poblete de asistir a la comisión, fue cuestionada por los parlamentarios. Pero el militar tiene hoy una preocupación personal más importante: los sigilosos pasos del fiscal Morales Opazo que apuntan hacia su fortuna. Las primeras adquisiciones del General, que ingresó a estudiar a la Academia de Guerra del Ejército el año 1983, fue en 1999. Ese año se desempeñaba como Director de la Escuela de Suboficiales y fue destinado como Agregado Militar a la Embajada de Chile en Argentina. En paralelo, compró una propiedad en calle Las Alpacas 414 el sitio número 10 de la manzana 29 del Conjunto Habitacional Club de Campo de Peñalolén al Comando de Apoyo Administrativo del Ejército por 3.150 UF ($81.581.000); y un departamento en el exclusivo balneario de Puerto Velero, que según la información disponible en portales inmobiliarios tiene un valor de venta actual de entre $140 y $190 millones. En 2002, sumó otro departamento de veraneo en el mismo lugar. El terreno de Peñalolén lo vendió por $96.365.270 en 2004, cuando se desempeñaba como Director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares y detentaba el grado de General de Brigada (el sueldo bruto actual en este cargo es de $3.867.939). En ese mismo periodo, adquirió un departamento en el Edificio de Calle La Giocondo 4355, comuna de Las Condes, por $130.510.924; y un terreno en Avenida Los Robles 18, de la primera etapa del Condominio Los Bosques de Piedra Roja del Proyecto Ciudad de Chicureo, por 3.098 UF ($80.235.000). Posteriormente, ambas propiedades fueron vendidas por Fuente-Alba. En el año 2005, según los papeles que The Clinic Online pudo revisar,comenzaron los movimientos extraños con propiedades. El 28 de abril de ese año, su hijo Rodolfo Andrés Fuente-Alba Pinochet, Ingeniero Comercial que a esa fecha tenía 26 años compró por 3.200 UF a Inmobiliaria La Castellana Norte Limitada, un departamento en el “Edificio Nueva España Norte”, con acceso por calle Los Militares 4.915, comuna de Las Condes. En el año 2008, Rodolfo se lo vendió al General por $68 millones, que a su vez el año 2011 se lo vendió a su otro hijo, Fernando por $71.071.168. Este último en 2013 se lo revendió al excomandante en jefe del Ejército por $86.840.046. Hoy figura dentro de las propiedades vigentes de Fuente-Alba Poblete. En el 2005, otro hijo de Fuente-Alba Poblete, Juan Miguel (39), oficial del Ejército que a esa fecha tenía 28 años, adquirió un departamento también en el “Edificio Nueva España Norte” por 3120 UF, alrededor de $80.773.680. En 2006, Fuente-Alba fue ascendido a General de División (sueldo actual bruto de $4.042.934) y nombrado como Agregado de Defensa y Militar a la Embajada de Chile en los Estados Unidos de América y Jefe de la Misión Militar de Chile en Washington DC. Al año siguiente, asumió la Comandancia en Jefe de la II División de Ejército en Santiago. En 2008, se hizo cargo del Comando de Institutos y Doctrina y vendió el departamento de La Giocondo en $150.366.600. Compró posteriormente un departamento con bodega y tres estacionamientos en el edificio Atalaya, ubicado en Cerro Colorado 6130, comuna de Las Condes por UF 7800 ($201 millones). Le vendió, meses después, a su hijo Rodolfo, quien se la revendió al General, que finalmente en el año 2013 se la vendió a su otro hijo, Fernando, abogado del Ejército, y su esposa. En el año 2009, Fuente-Alba se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, recibió una pequeña herencia -un departamento en Las Condes perteneciente a su fallecida madre cuya propiedad le pertenecía a él, sus dos hermanas y su papá- y compró a Inmobiliaria del Cerro S.A por 19 mil UF ($492 millones) un departamento con tres estacionamientos y bodega en el edificio Polo Ecuestre con acceso por avenida Santa María 5610. El 9 de marzo de 2010, Fuente-Alba Poblete asumió como mandamás del Ejército y dos años más tarde vendió por el precio de 24.100 UF ($624 millones) el departamento en Santa María y adquirió a Inmobiliaria Vista Kennedy un departamento en el Edificio Los Andes 2 o Torre B con acceso por avenida Kennedy 5947 por $$125.295.910. En 2013, su esposa compró otro departamento del mismo edificio por $123.619.160. Fuente-Alba vendió el suyo en 2014 por 7.300 UF ($189 millones). En 2014, compró por 18.490 UF (más de $478 millones) la Parcela o Lote G cuatro de la subdivisión del Proyecto de Parcelación del Fundo Santa Filomena. Ese mismo año, su hijo Rodolfo, compró el lote paralelo por UF 19.000 ($491.891.000). En el 2015, ya retirado, Fuente-Alba Poblete compró un departamento en Edificio Los Andes 2 o Torre B con acceso por avenida Kennedy 5947 por $150.689.100 y su esposa compró otro departamento en el mismo edificio por el precio de $151.056.100. Ese año, su hijo Juan Miguel Fuente-Alba Pinochet vendió un departamento que tenía en el edificio uno K torre B con acceso por calle Cerro Colorado 5870 en $127.214.748. Además de los múltiples movimientos inmobiliarios, desde 2005 a la fecha Fuente-Alba comenzó a adquirir sólo autos de lujo y en el último periodo lo cambió más de dos veces en el año. En concreto, la investigación realizada por The Clinic Online da cuenta de que el General ® ostenta hoy, en conjunto con su esposa, un patrimonio que se estima en a lo menos $1.100 millones. LOS AUDI Según los datos recopilados por The Clinic Online, hasta el año 2005, el General Fuente-Alba compraba autos por un periodo promedio de dos años. Sus gustos variaban entre Peugeot y Mercedes Benz, éstos últimos en general no eran los más nuevos disponibles. En 2005, tal como ocurrió con la compra de propiedades, el militar cambió su conducta: empezó a adquirir vehículos AUDI del año y a renovarlos más de una vez en 12 meses, con la pérdida en dinero que ello conlleva. En 2005, compró un Mazda 6 (precio actual superior a los $19 millones). Lo usó entre abril y julio de ese año. Posteriormente, se concentró en los Audi: compró en septiembre un A4 (precio estimado en $18 millones ) y lo vendió en noviembre con menos de dos meses de uso. En esa época partió a Estados Unidos y retornó en 2007. Compró un A6 ($65 millones) que tuvo entre enero y noviembre, cuando cambió a un Q7 ($61 millones) que usó 13 meses y que renovó por otro del mismo modelo, pero más equipado que ocupó hasta febrero de 2010. Luego pasó a un S6 ($66 millones), que usó por 12 meses. En septiembre de 2012, compró un A8 automático ($89 millones) que ocupó por siete meses, ya que en marzo de 2013 retornó a un S6 ($66 millones) que usó por cinco meses. En agosto de 2013 adquirió un Volswagen Passat ($25 millones) que estuvo en su poder dos meses. En junio de 2014, se hizo de un Mercedes Benz S500 ($85 millones) que vendió en septiembre de ese mismo año, para obtener un Mercedes Benz E500 ($70 millones) que transfirió en mayo de 2015. En junio del año 2015, compró un Grand Cherokee 3.0 ($40 millones) y en noviembre una Station Wagon Mercedes Benz ($36 millones). FUENTE-ALBA EN DICTADURA El 31 de agosto del año 2008, el diario La Nación publicó un extenso reportaje llamado “Las Dificultades del General Fuente-Alba”. En él se ahonda en que el militar figura en el episodio de Calama de la Caravana de La Muerte. En aquel tiempo, la causa era llevada por el juez Juan Guzmán, ante el cual declararon tres personas -el ex segundo de la DINA, Pedro Espinoza; el suboficial ® de Ejército Leopoldo Pérez Paredes y el teniente ® Patricio Lapóstol- quienes aseguraron que el día en que asesinaron en octubre de 1973 a 27 prisioneros en Calama, Fuente-Alba estaba en el regimiento. Éste, en tanto, afirmó en ese entonces estaba a 18 kilómetros al norte de Calama, resguardando las instalaciones del mineral de cobre. En diciembre de 2015, el ministro en visita extraordinario para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, cerró sumario en la indagatoria. Otro hecho polémico para el General ® ocurrió en noviembre de 1986 cuando fue destinado a El Salvador, como Oficial Jefe, para desempeñarse como “Profesor Invitado” para el Centro de Estudios de las Fuerzas Armadas de ese país. El año en que la dictadura decidió enviarlo a Centroamérica fue uno de los más crudos en el enfrentamiento entre la guerrilla y el entonces presidente Napoleón Duarte. Recordada es la llamada Operación Fénix de enero de 1986, un bombardeo de las Fuerzas Armadas de ese país a un emplazamiento guerrillero dejó 250 muertos. Pues bien, como lo explica el memorándum, al que tuvo acceso este medio, la citada destinación fue en Comisión de Servicio durante un año a partir del 01 de enero de 1987. Según la documentación, mientras Fuente-Alba se mantenía en ese país, recibió remuneraciones en dólares a través de la Comandancia en Jefe del Ejército. Además de asignaciones y sobresueldos estipulados en el “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”. El militar percibió también remuneraciones variables; asignaciones familiares y gastos por traslado con derecho a pasajes y fletes y un pasaporte oficial. La destinación de Fuente-Alba se extendió hasta el 01 de febrero de 1988. En la hoja de vida de Fuente-Alba se resalta el “excelente rendimiento” obtenido en su calidad de Profesor invitado en el Centro de Estudios de ese país. Según abogados de derechos humanos, habría realizado en realidad labores de inteligencia. La designación de Fuente-Alba, según la versión del Ejército, se gestó debido a los acuerdos de reciprocidad entre ambas Instituciones castrenses, para efectos que un Oficial Jefe desempeñe funciones docentes en el instituto de formación respectivo a cada rama, según el Decreto Supremo Nº 1395 del 27 de noviembre de 1986 queThe Clinic Online pudo revisar. Fuente-Alba Poblete llegó a ser la primera autoridad del Ejército luego de ser nombrado por la presidenta Michelle Bachelet al término de su primer mandato. *The Clinic Online intentó obtener una versión de la Fiscalía Centro Norte, pero declinaron referirse al tema. Desde Defensa, en tanto, al cierre de esta edición no hubo respuesta a los llamados de este medio. Fuente-Alba no pudo ser contactado. Desde el Ejército, aseguraron que aún no manejan antecedentes del caso. *Las propiedades de los hijos del General ® aparecen mencionadas en este reportaje en razón de que los tres formaron parte de los movimientos inmobiliarios del militar. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/04/28/secreto-militar-fiscalia-investiga-por-millonario-patrimonio-del-ex-comandante-en-jefe-del-ejercito-juan-miguel-fuente-alba/
  6. 05 Mayo 2016 La columna que Beatriz Sánchez le dedica a las Fuerzas Armadas: “se mandan solas, sin control del Estado” “El periodista Mauricio Weibel -autor de la investigación sobre “Milicogate” y del libro “Traición a la Patria”- lo definió muy bien. No son palabras suyas, reproduce algo que le dijo un asesor del mismo Ministerio de Defensa: “Nosotros hacemos como que mandamos y los militares hacen como que nos obedecen”. Es allí donde está el problema, allí encontramos el hilo conductor”, afirma. Las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, se encuentran en el foco del debate por el escándalo del llamado “Milicogate”, el Robo al Fondo Reservado del Cobre, y la situación del ex Comandante en Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, investigado por el millonario patrimonio que acumuló durante su carrera (unos 3 mil millones de pesos, entre propiedades y autos de lujo). Al respecto, la periodista Beatriz Sánchez escribió una columna para Publimetro denominada simplemente… “Las Fuerzas Armadas”. En ésta, la también comunicadora radial dice que además de las situaciones mencionadas, “están los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que son procesos que llevan -muchos de ellos- 40 años en la justicia, algunos sin la verdad completa de lo ocurrido”. “¿Hay algún hilo conductor? ¿Cómo relacionamos todo lo que pasa? ¿Se pueden analizar cómo casos separados? ¿Hay acaso una lógica común que se pueda leer?”, se pregunta Sánchez. “Yo creo que sí, yo creo que existe”, se responde asimismo. Para la periodista, la respuesta a todo es “la escasa subordinación del poder militar al poder civil. Aún hoy. Ahora, cuando vivimos el año 2016”. “El periodista Mauricio Weibel -autor de la investigación sobre “Milicogate” y del libro “Traición a la Patria”- lo definió muy bien. No son palabras suyas, reproduce algo que le dijo un asesor del mismo Ministerio de Defensa: “Nosotros hacemos como que mandamos y los militares hacen como que nos obedecen”. Es allí donde está el problema, allí encontramos el hilo conductor”, afirma. Como ejemplo, dice que “un comandante en jefe del Ejército, un coronel de la Fuerza Aérea, un capitán de la Marina son funcionarios públicos. Pero todos gozan de un estátus, de una organización, de un funcionamiento que es muy distinta y distante de cualquiera otra repartición pública” También refiere que no existe control alguno sobre los gastos que realizan. “Cómo es que aceptamos como estado que haya tantas zonas grises, tan poca transparencia en gastos de miles de millones de dólares. Cuando en Chile es discusión nacional la transparencia y la honestidad en la utilización de los dineros, parece haber una excepción a las Fuerzas Armadas con la venia del Ministerio de Defensa”. “La única explicación que encuentro, es que no existe un real mando desde el poder civil al militar. Las Fuerzas Armadas, hoy, se mandan solas, sin control del Estado”, opina. Sánchez recuerda además otra situación que atraviesa a la Fuerzas Armadas, como es el clasismo. “¿Cómo es que aún aceptamos que exista en ellas un clasismo anticuado de los oficiales y los suboficiales? Donde unos NO se mezclan con los otros, con comedores, dependencias, casas y hasta centros de vacaciones distintos. Esto no es tema”. “Tampoco es tema el que se mantengan estátus distintos. La realidad de las Fuerzas Armadas, respecto al resto de los chilenos. Su presupuesto está predefinido y a todo evento y viene directamente del cobre. Su sistema de previsión y de salud es distinto y mucho mejor que el del resto de los chilenos. Y es un tema que no se aborda, no se discute, ni siquiera se pronuncia en el debate público”. “Vuelvo a preguntar: ¿por qué no son temas en el debate público? Respondo: porque no existe un real dominio del poder civil por sobre el poder militar”, cierra. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/05/533409/
  7. Oficio “secreto” confirma: Gobierno de Piñera dilapidó US$ 2.000 millones en Codelco. Las platas perdidas del cobre Por Mario López M. Documento confirma las denuncias de Cambio21. La administración pasada realizó estudios a la ligera para el proyecto denominado Nuevo Nivel Mina (NNM) en las cercanías de El Teniente. Hasta hoy nadie responde. No solo eso. Tres años se atrasó la sola posibilidad de recuperar una sola libra de cobre. El gobierno de Piñera contó en 2013 con una auditoría que elevó el riesgo de moderado a alto y la omitió. Durante la pasada administración de Sebastián Piñera Codelco dio comienzo al proyecto denominado Nuevo Nivel Mina (NNM) en las cercanías de El Teniente, en la VI región. El objetivo que se informó fue "ampliar la división sumando una nueva superficie de 2 millones de metros cuadrados". Conforme a los documentos oficiales emanados de la cuprera, la inversión proyectada era de 2.992 millones de dólares. Oficio "secreto" En septiembre pasado Cambio21 denunció que el proyecto tenía un fuerte retraso y que ello había generado que más de US$1.000 millones estuvieran prácticamente perdidos debido a malos estudios de la época. En la oportunidad el diputado Ricardo Rincón (DC) no solo ratificó la denuncia sino que además informó que había oficiado a la entidad estatal para que diera cuenta del retraso y la eventual millonaria pérdida. Este medio tuvo acceso exclusivo al oficio de respuesta del presidente de Codelco, Nelson Pizarro, dirigida al secretario de la Cámara de Diputados (PE-179-15), en que da respuesta al oficio 10.651 y cuyas principales conclusiones damos a conocer. Gravísimos antecedentes La denuncia de Cambio21 y la investigación de Rincón daban cuenta de al menos dos hechos trascendentales. El primero, que el mega proyecto estaba gravemente retrasado producto de un error del gobierno de Sebastián Piñera en la calificación del riesgo estructural en su ejecución. Lo segundo, que lo invertido a esa fecha (más de US$1.000 millones) resultaba prácticamente tirado a la basura, porque habría existido un equivocado análisis de riesgos en la ejecución del NNM. El "error" hacía irrecuperable lo invertido en mano de obra, inadecuados estudios, infraestructura inservible, maquinarias, costo financiero y alternativo, etcétera, sin contar la pérdida de vidas en la implementación errada de la obra. Hoy, el oficio que entregamos en exclusiva da cuenta que lo denunciado no solo era efectivo, sino que además quedó chico comparado con la realidad. Ello se desprende de la respuesta del presidente de Codelco, en que reconoce mediante la nota VP-GP-267-2015 adjunta a la carta que solicita sea mantenida en "secreto", que "al momento de emitir esta respuesta el proyecto desarrolla una adecuación técnica (reformulación) y se estima preliminarmente que el inicio de producción, dado su menor avance y desarrollo más lento de obras por las causas explicadas, será en torno al año 2020 con un mayor costo de alrededor de MUS$2.000". Escandaloso Es decir, aunque asegura que el proyecto "no está detenido", reconoce de manera expresa que existen 3 años de retraso, pues originalmente cifraba en 2017 el inicio de la producción y en US$2.992 millones la inversión total, hoy aumentada en otros 2.000 millones de dólares más producto de malos estudios de la administración Piñera y la ejecución ineficiente del mega proyecto. Más grave aún, lo que Codelco reconoce como "retraso", el diputado Rincón aclara que es total paralización. El parlamentario señala que "afirmar que el proyecto estaba ‘retrasado pero no detenido', es una falacia, pues los antecedentes dan cuenta de la total paralización de las obras. En realidad eso es de Ripley, porque uno puede tener diferencias, apreciaciones, opiniones técnicas sobre algo, pero en este caso los hechos no se pueden cuestionar. Este proyecto está absolutamente paralizado, no se mueve nada, eso es un hecho irredargüible. La del presidente de Codelco es una de las afirmaciones más al estilo Condorito, que he escuchado en mi vida, uno queda ¡plop!". No se trataba de cualquier proyecto, el "Nuevo Nivel Mina permitiría mantener la capacidad de El Teniente en las actuales 137.000 toneladas por día (tpd), que equivalen a una producción en régimen en torno a 434.000 toneladas de cobre fino al año. Y dejaba abierta la opción, hacia el año 2020, de tomar la decisión de iniciar las obras necesarias para poder llegar a producir 180.000 tpd", señalaban desde el gobierno de Piñera. Paralizados Sin embargo, la realidad es distinta. Afirma el diputado DC: "Respecto de algo que ahora es evidente, la opinión no puede ser sino que obvia y clara. No se puede aceptar que en hechos que resultan indiscutibles y por todos conocidos, como es la total paralización del Nuevo Nivel Mina El Teniente, se sostenga que es una interrupción temporal y de breve plazo. O simplemente no conocer la realidad de lo que está sucediendo en El Teniente en especial y en Codelco en general, o (Nelson Pizarro) está haciéndose asesorar y firmando documentos que no ha elaborado. Aquí hay gente que lo está engañando y faltando a la verdad", denuncia Rincón. Para el parlamentario, también resultan de extrema gravedad los sobrecostos que reconoce Codelco en que casi se duplica la inversión inicial. "Respecto de los montos involucrados, que es también un tema evidente, desde luego se agrava el problema, pues si originalmente se estimaba en cerca de mil millones de dólares lo que se había gastado sin a la fecha obtener ni una libra de cobre para su exportación, ahora resulta que son US$2.000 millones, entonces el problema es aún más grave", confirma. "En la medida en que un proyecto de sustentabilidad estructural como este, que permitiría el funcionamiento de la mina por prácticamente todo este siglo, tenga a la fecha un derroche de US$2.000 millones es mucho más de lo que se pensaba. El tema es tremendamente delicado y se deben intervenir absolutamente las áreas respectivas que están a cargo de los proyectos estructurales", asegura. Explicando lo inexplicable En el oficio "secreto" de la minera dirigido ala Cámara de Diputados, "la fecha de inicio de producción programada en el proyecto originalmente era julio del año 2017, con una duración del proyecto de 84 meses", se lee en el adjunto firmado por el vicepresidente de proyectos de la minera. Las razones del "retraso" serían, según el oficio, la ocurrencia de "accidentes fatales de octubre y noviembre de 2014, pues algunas obras fueron detenidas por la autoridad competente (Sernageomin) por un tiempo definido para cada una de las obras mineras relacionadas con los accidentes", señala Codelco. Más adelante el "reservado" señala como otras causales "una condición sísmica muy específica", indica sin individualizarla. También aduce que, "no obstante, el proyecto ha tenido detenciones parciales en algunas de sus obras (túneles y adits de ventilación) debido a eventos geomecánicos. Estos eventos han sido informados al Servicio Nacional de Geología de Minas (Sernageomin) reanudándose las labores en función de los protocolos y acuerdos de trabajo con esta institución", informa. El punto es que el documento reseña las 5 oportunidades en que se ha "detenido" y entre todas no suman más de 5 meses. Entonces, ¿qué justifica el atraso de 3 años en el inicio del recupero que el mismo documento reconoce? El "detalle" Lo que no se reconoce de manera directa en el oficio -solo consigna el hecho-, es que la millonaria inversión incurrió en el botadero de divisas como consecuencia de no contar con estudios certeros. Es más, los "informes previos" daban cuenta de un regular "nivel de riesgo" y en base a ellos se gastaron MUS$ 1.286.983 a valor dólar Codelco septiembre de 2015. El propio oficio secreto de Codelco reconoce que "el proyecto ha modificado la variante de explotación para que recoja los aprendizajes de la División El Teniente. Por lo anterior, desde el año 2011 a la fech, el proyecto ha desarrollado ingenierías para ajustar el Plan de Ejecución y el diseño minero de las futuras operaciones subterráneas. Los nuevos métodos de desarrollo de túneles, aparte de requerir más tiempo para su construcción, son más caros por el incremento en los sistemas de fortificación, los que permitirán aumentar la seguridad de las personas e instalaciones. La estimación definitiva de estos impactos se verá reflejada en la reformulación en curso", la que implica un sobrecosto de 2.000 millones de dólares. El gobierno de Piñera sabía Lo grave es que el gobierno de Piñera contó con una investigación realizada en 2013, según da cuenta el propio informe de Codelco: "Se realizó una auditoría al proyecto por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), cuyo Informe Final ‘Auditoría a la Ejecución del Proyecto Nuevo Nivel Mina en la División El Teniente de Codelco-Chile' fue remitido en diciembre del año 2013". En él se eleva el nivel de riesgo a "un potencial de riesgo alto"... Sin embargo, el gobierno de la época no hizo caso y las consecuencias son las pérdidas millonarias que hoy experimenta el Nuevo Nivel Mina. "Esa es una de las cosas que son derechamente golpeadoras" del informe, indica el diputado Rincón. "No hay que ser experto ni minero para darse cuenta que ante una constatación de esa naturaleza se deben hacer los cambios estructurales, pero por eso estamos como estamos y por eso no existe siquiera una fecha posible o tentativa de generación de libras de cobre o de producción de cobre fino o lo que sea por parte del NNM dados, precisamente, todos estos desaguisados", denuncia. La cifra escandaliza, porque el país se debate en tener que dar menos educación gratis para más jóvenes, menos salud o vivienda de calidad y digna, dada la realidad económica mundial y local que afecta en la actualidad; por otra parte, se dilapidan cifras estratosféricas sin control alguno y sin que aparezcan responsables y consecuencias. El botadero de dinero en este proyecto equivale a 200 "Milicogate" y un par de miles de fraudes tributarios por boletas truchas. Una enorme pérdida Rincón recalca que no es una cifra insignificante, pues "lamentablemente si comprometieran US$10 millones, sería inocuo en el futuro de la empresa, pero cuando hablamos de dos mil millones de dólares, en estas condiciones se torna casi peligrosa la forma en que Codelco está manejando sus proyectos estructurales. Porque si no hay control en este es posible pensar qué pasa con los otros que están en ejecución; uno tendría al menos un indicio que hay que ponerle ‘ojo' a todos los proyectos estructurales", espeta. Una de las conclusiones a las que arriba la auditoria de 2013 de Cochilco es que "se observó que el proyecto presenta un ‘potencial de riesgo alto' de incumplimiento de la promesa de valor establecida en su etapa de presentación y evaluación, consecuencia de atrasos en el avance físico, originados principalmente por el bajo rendimiento de los contratos celebrados con terceros encargados de desarrollar las principales obras relacionadas con su ruta crítica". No solo eso, la misma auditoría consigna la dura verdad: "La Administración del Proyecto y la Gerencia de Evaluación de Inversiones (GEI) han mantenido informado en forma permanente y adecuada a la Administración y al Directorio de la Empresa respecto del estado real del avance del proyecto y sus desviaciones, tanto en plazos como en los montos involucrados". Más allá de resaltar una promesa vana -"sin embargo, hay algunas oportunidades de mejora"-, lo cierto es que el país ignoraba, hasta ahora, este despilfarro. El Nuevo Nivel Mina contemplaba una dotación de 5.000 trabajadores propios. A enero de 2015 estos alcanzaban a 4.600 y a agosto del mismo año habían disminuido a solo 3.331. Hoy esa cifra es bastante menor dado el serio retraso del proyecto global. "En síntesis -señala el anexo del oficio secreto firmado por Gerhard Von Borries Harms, vicepresidente de proyectos de Codelco-, el proyecto no ha sido detenido, pero debido a las dificultades técnicas mineras tendrá un ritmo de avance más lento a lo programado originalmente en las obras de acceso a la mina subterránea". http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160408/pags/20160408163909.html
  8. Topic Oficial 2016 Milicogate Milicogate: Formalizan a proveedores del Ejército por perjuicio al fisco de 2 mil millones Éste se habrían concretado mediante la emisión de facturas presuntamente falsas, lo que generó a partir de un millonario desfalco de los fondos de la ley reservada del cobre. Nacional 13 de enero, 2016 Autor: El Dínamo En esta jornada, la fiscal de la zona Centro-Norte, Ximena Chong, formalizó a dos proveedores del Ejército en el contexto del caso Milicogate. Este caso se generó a partir de un millonario desfalco de los fondos de la ley reservada del cobre, dineros cuyo principal cuestionamiento tiene que ver con la falta de control que existe sobre él. Inicialmente está destinado a obtener elementos de logística (entre otros, armas) para todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Algunas facturas, por servicios que presuntamente no se prestaron, habrían sido emitidas por parte de algunos de estos proveedores del Ejército. Se trata, de acuerdo a Radio Bío-Bío, de Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole e Inversiones y Comercio Capellán. Los empresarios, padre e hijo, habrían emitido facturas ideológicamente falsas causando un perjuicio al Estado que alcanzaría 2 mil millones de pesos. Los documentos habrían sido solicitados por Miguel Escobar y Claudio González, miembros del Ejército procesados por la Justicia Militar. Asimismo, en el tribunal se comunicó que se presentan nuevos cargos contra el representante de la empresa Frasim, Francisco Huincahue, quien ya había sido formalizado por la emisión de facturas falsas al coronel en retiro Clovis Montero y al cabo Juan Carlos Cruz, también procesados. En su caso, la cifra aumentó a cerca de 300 millones de pesos obtenidos ilegalmente. Estas audiencias de comunicación de cargos corresponden a la solicitud de la fiscal Chong, tras la querella del Consejo de Defensa del Estado, que también incluía a los proveedores Pedro Salinas y Víctor Punto. El fraude total al fisco ascendería por sobre los 3 mil millones de pesos. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/01/13/milicogate-formalizacion-proveedores/
  9. Topic de Archivo 2015 Milicogate La institución y el gobierno conocían los hechos hace meses Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre Mauricio Weibel Barahona 13 Agosto, 2015 Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”. Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic. “Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy. Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic. El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic. Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año. En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas. El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar. LOS HECHOS La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”. Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos. Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario. Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal. Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones. Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco. Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos). De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems. UN NEGOCIO INQUIETANTE En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. “Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación. El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos. Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales. Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue. Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico. Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”. “Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos. El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal. Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa. Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos. Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón. Foto: Coronel Clovis Montero – ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa. – Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón. Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados. – Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones. En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía. Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado. A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos. El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total. En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio. Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles. En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos. En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver. EL DESTINO DE LOS FONDOS Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería. Foto: Juan Carlos Cruz Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré. Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento). LA DANZA DE LOS MILLONES ¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar. El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura. Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva. Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país. Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010. Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo. No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia. REVISE LOS DOCUMENTOS: Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/08/13/milicogate-el-gran-robo-del-fondo-reservado-del-cobre/
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