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  1. 12 Julio 2019 A 7 años de la promulgación de la “Ley Zamudio”: Iguales pide que sea reformada y el Movilh la considera “ineficiente” Las organizaciones aseguran que "la acción antidiscriminación está siendo poco utilizada, pues no es creíble que existan, en promedio, 6 situaciones de discriminación al mes en todo el país". Hoy se cumplen siete años desde la promulgación de la Ley Zamudio o Ley Antidiscriminación y lo hace con un análisis sombrío por parte de las organizaciones LGTB que lucharon por empujarla principalmente tras el asesinato de Daniel Zamudio. Entre 2012 y 2018 se interpusieron en Chile 389 demandas amparadas en esta normativa que denunciaron haber sido discriminados arbitrariamente por causas como la orientación sexual, la identidad de género, el sexo, la nacionalidad, la raza o el sexo de las personas, entre otras. Actualmente los índices de demandas en virtud de esta ley se encuentran estancados en no más de 72 demandas por año, mientras que el año en que más demandas llegaron a presentarse fue durante 2015, cuando hubo 79. Respecto de las causas de las denuncias las que más aumentaron en el periodo 2017-2018 fueron discapacidad o enfermedad, que creció de un 17% a un 30%; por nacionalidad lo hizo de un 8% a un 19%; orientación sexual, de un 13% a un 18%; e identidad de género, de un 1% a un 3%. Sobre el estancamiento el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que esto puede responder a múltiples factores, entre ellas, el costo del procedimiento, el tiempo de duración del mismo y, además, que la actual legislación permite que las multas sean atribuidas tanto al demandante como al demandado. “Resulta claro que la acción antidiscriminación está siendo poco utilizada, pues no es creíble que existan, en promedio, 6 situaciones de discriminación al mes en todo el país. En este sentido, resulta evidente que muchas situaciones de discriminación no son denunciadas, y por tanto, quedan en impunidad”, explicó Pi. Por lo mismo, el dirigente apuntó a que la normativa sea modificada para que, entre otras, cuente con una institucionalidad. “La Ley Antidiscriminación debe ser reformadaen dos líneas fundamentales: en primer lugar, es urgente que se establezca una institucionalidad encargada de educar y prevenir que las situaciones de discriminación sigan ocurriendo; y segundo, es necesario reformar la acción judicial, eliminando desincentivos a su uso, como la posible multa al demandante y la imposibilidad de pedir una indemnización de perjuicios por parte de la víctima”, agregó. Por su parte, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) advirtió que la norma “es apenas usada por las personas”, al tiempo en que insistió en una reforma “para garantizar efectivamente derechos humanos de sectores históricamente excluidos”. El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que estas denuncias abarcan todas las categorías de discriminación de la ley, como edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, enfermedad y discapacidad. “La cifra es evidentemente baja al considerar que solo el año pasado un total 692 personas denunció discriminación por orientación sexual o identidad de género ante nuestra organización y decidieron, en la mayoría de los casos, usar otras leyes, en tanto la Ley Zamudio no resuelve problemas”, añadió. “Tan ineficiente es la ley desde el punto de vista reparativo y punitivo, que solo en dos ocasiones se ha aplicado el agravante en delitos motivados por discriminación”, sostuvo Jiménez. En tal sentido, el Movilh insistió en solicitar al Estado, en particular al Gobierno y al Congreso Nacional, una reforma a la ley basada en un proyecto de ley elaborado por esa misma organización. La propuesta del Movilh El Movilh presentó una propuesta que podría reformar la Ley Zamudio con el apoyo técnico del abogado, académico, investigador y doctor en ciencia jurídica, Fernando Muñoz, contempla, entre otros puntos, los siguientes: 1.- Crea una institucionalidad antidiscriminatoria cuyos objetivos son ayudar legal y psicológicamente a las víctimas, generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras. 2.- Elimina del artículo 6 de la Ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias. 3.- Elimina el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias. 4.- Incorpora un artículo que obliga a indemnizar el daño moral y material causado a las personas afectadas por discriminación. En la actualidad, las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias. 5.- Elimina del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando “se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental” establecido en la Constitución. Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos humanos como más importantes que otros, ubicando al de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, éstos debieran resolverse caso a caso en sede judicial, y no generando categorías establecidas por la ley. 6.- Invierte la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria. 7.- Para aplicar la agravante, el proyecto del Movilh cambia de la ley la frase “delitos motivado” por discriminación, por el de “delitos con presencia de elementos discriminatorios”. Esto, porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en dos ocasiones se ha aplicado la agravante. En cambio, si se indica con “presencia de elementos discriminatorios”, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de algunas de las categorías protegidas por la ley. 8.- Creación de un reglamento sobre la ley. SIGUE LEYENDO "Me dio un machete en la cabeza": denuncian brutal agresión a mujer trans en Ñuble Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/07/12/a-7-anos-de-la-promulgacion-de-la-ley-zamudio-iguales-pide-que-sea-reformada-y-el-movilh-la-considera-ineficiente/
  2. 15 Febrero 2019 Ataque lesbofóbico reimpulsa cambios a la Ley Zamudio Agrupaciones piden un foco preventivo y sumar proyectos que ya están en trámite. Un presunto agresor ya fue identificado. En estado grave y con pérdida de conocimiento fluctuante, aunque fuera de riesgo vital, se mantiene hoy Carolina Torres (24), la joven lesbiana que fue golpeada violentamente en la cabeza por tres personas, mientras caminaba con su pareja la madrugada del 14 de febrero, en Pudahuel. La agresión fue repudiada por una amplia gama de la sociedad y, en este contexto, el Presidente Sebastián Piñera anunció a través de Twitter que perseguirá las agresiones de este tipo, porque “todos merecemos vivir en paz, con dignidad, respeto y tolerancia”. El ataque también repuso la discusión sobre los cambios que se le deberían aplicar a la Ley Zamudio, que sanciona las discriminaciones arbitrarias. El vocero (s) de gobierno, Emardo Hantelmann, visitó este viernes en la tarde a la víctima en la ex Posta Central y a la salida recordó que durante el primer semestre convocarán a una consulta ciudadana, “la que nos entregará información relevante y actualizada para orientar el nuevo proyecto de ley y las políticas públicas relacionadas con este ámbito”. ¿Qué cambios se deberían aplicar? Las organizaciones de diversidad y disidencia sexual ya tienen propuestas que impulsarán. Érika Montecinos, coordinadora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, dice que la Ley Zamudio “es muy deficiente, porque solo sirve para condenar monetariamente al agresor o a quien discriminó, pero quienes somos afectadas tenemos que demostrar esa agresión. Si no la probamos, nosotras tenemos que pagar”. Por ello, cree que la revisión a dicha ley debe ir acompañada de la discusión de otros proyectos que están en trámite, entre ellos los que condenan los “crímenes de odio”, que “es un concepto que instaló la ONU para indicar que a las lesbianas, gays, bisexuales y trans se nos mata con cizaña, y eso debe ir acompañado de penas de cárcel”. Montecinos dice que también se debe impulsar la discusión del proyecto que contempla la violencia integral hacia las mujeres, el que pasó al Senado y al que el gobierno le introducirá indicaciones. Claudia Amigo, de la organización Familia es Familia, que concientiza sobre los derechos lesbomaternales, coincide en que “no debiera ser que la víctima tenga toda la carga de comprobar que ha sido agredida. Hay que poner ese peso sobre los agresores. Además, necesitamos que exista más educación y respeto por la diversidad humana, porque este país está fundado sobre la violencia, que es tolerada desde el Estado”. Isabel Amor, de la Fundación Iguales, cree que la aplicación de la Ley Zamudio es siempre tardía, porque es en respuesta a las agresiones, por lo que el cambio debe ser preventivo: “Se necesita un cambio de paradigma, para entender que la sociedad se compone de personas diferentes. Hay que apuntar a la prevención”. Sospechoso identificado La joven agredida logró identificar uno de sus agresores, antecedente que está en manos de la fiscal Occidente Paola Salcedo. “Este domingo se va a tomar declaración a la pareja de Carolina, quien es testigo presencial de los hechos. Efectivamente hay un sospechoso, pero debemos recabar algunos antecedentes antes de pedir su detención. Se trata de una persona que, al parecer, anteriormente había tenido actos de hostilidad hacia Carolina”, indicó Salcedo. En tanto, Alondra Carrillo, de la Coordinadora Feminista 8M, explicó que la tipificación de los crímenes de odio será parte de la agenda de la huelga feminista que se realizará el 8 de marzo. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/ataque-lesbofobico-reimpulsa-cambios-la-ley-zamudio/531973/
  3. 19 Febrero 2019 Invocan Ley Zamudio en Angol: Joven atacó a haitiano con gollete de botella El atacante, de 24 años, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. Profirió insultos racistas y aludió al color de piel de la víctima. La víctima debió ser intervenida producto de sus graves lesiones. En prisión preventiva quedó un hombre de 24 años acusado de causar lesiones graves a un ciudadano haitiano en la ciudad de Angol, en la Región de La Araucanía. El hombre identificado como Carlos Omar Muñoz fue considerado como un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, un joven de 22 años. Según explicó el fiscal Carlos Bustos, el extranjero esperaba locomoción en el sector Huequén cuando, sin mediar provocación alguna, fue insultado y agredido con un gollete de botella, sufriendo heridas en el rostro, brazos y tórax. La víctima sufrió heridas de carácter grave y debió ser intervenida de urgencia en el hospital local para evitar su deceso. La Fiscalía formalizó a Muñoz como autor del delito de homicidio frustrado e invocó la denominada Ley Zamudio, por entender que el delito estuvo motivado por la condición racial de la víctima. "El imputado agredió a la víctima, profiriéndole insultos racistas y posteriormente intentó causarle la muerte a través de estas lesiones con un arma cortante", indicó el fiscal Bustos. El tribunal accedió a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y fijó un plazo de investigación de 60 días. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-la-araucania/invocan-ley-zamudio-en-angol-joven-ataco-a-haitiano-con-gollete-de/2019-02-19/122759.html
  4. 29 Octubre 2018 Familia de Joane Florvil y alcalde de Lo Prado se ven las caras en tribunales Los deudos demandaron a Maximiliano Ríos apelando a la "Ley Zamudio". Alegan que la madre haitiana "fue víctima de una discriminación que desencadenó su posterior fallecimiento". Joane Florvil falleció en la Posta Central un mes después de ser detenida por supuesto abandono de su hijo. Este lunes comenzó en el Quinto Juzgado Civil de Santiago la audiencia de revisión de la demanda presentada por la familia de Joane Florvil, la mujer haitiana que el año pasado falleció luego de ser detenida tras ser acusada de abandonar a su pequeña hija en la Municipalidad de Lo Prado. La acción civil está dirigida contra el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, y la jefa del Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria de la Municipalidad, a quien acusan de negar un procedimiento de apoyo a la mujer, y se enmarca dentro de la Ley Antidiscriminación, conocida como "Ley Zamudio". Al respecto, el abogado de la Fundación Proacceso, Moisés Sánchez, argumentó que la ciudadana extranjera "fue víctima de una discriminación importante en la Ilustre Municipalidad de Lo Prado que desencadenó su posterior fallecimiento, un hecho lamentable para la historia del país". El profesional añadió que "dentro de esos antecedentes nuevos que han existido, como por ejemplo la existencia de una circular nacional que está dirigida a todas las oficinas de Protección de Derechos de las municipalidades que esta Municipalidad no cumplió el día 30 de agosto, al no disponer de traductor, por lo tanto, eso implicó que Joane no tuviera la posibilidad de contar su historia". Durante esta primera audiencia se presentaron diversos testigos por la parte demandante y un representante del alcalde de Lo Prado, quien llevó testigos que no alcanzaron a brindar sus testimonios sobre los hechos. Se estima que en los próximos 10 días hábiles haya nuevas audiencias por este juicio civil, que podría tener su resolución dentro de un período de dos a tres meses. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/poblacion/inmigrantes/familia-de-joane-florvil-y-alcalde-de-lo-prado-se-ven-las-caras-en/2018-10-29/165027.html
  5. 13 Septiembre 2018 TC vuelve a discriminar relaciones sexuales con jóvenes homosexuales Pese a la vigencia de la Ley Zamudio y el Acuerdo de Unión Civil, el organismo rechazó declarar inconstitucional el artículo 365 del Código Penal, que castiga relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre jóvenes, manteniendo así un trato diferente a los heterosexuales bajo la misma conducta. A sólo un voto estuvieron las agrupaciones de liberación homosexual de lograr que el Tribunal Constitucional declarara inaplicable el artículo 365 del Código Penal actual, que sanciona a quien acceda carnalmente a un menor de 18 años, y mayor de 14 de su mismo sexo, en el entendido que se trata de relaciones sexuales consentidas y no de violación y de estupro. El TC dictaminó un fallo dividido de 5 votos a 5, y como se produjo un empate se rechazó el requerimiento de inaplicabilidad. Por esta última opción estuvo el presidente de la instancia el abogado conservador Iván Aróstica y también los ministros Domingo Hernández, Juan José Romero, Cristián Letelier y la ex ministra Marisol Peña. En tanto, por acoger estuvieron los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo, María Luisa Braham, José Ignacio Vásquez y el ex presidente de la instancia y redactor de ese voto, Carlos Carmona. En las últimas semanas los ojos se han puesto en el Tribunal Constitucional por el giro conservador que se prevé en los últimos nombramientos que se han realizado, por lo que este fallo ha sido comentario obligado en el mundo judicial por haber estado a un tris de cambiar lo que es considerado una discriminación histórica entre relaciones homosexuales y heterosexuales. La semana pasada, de hecho, se destacó en círculos jurídicos el fallo de la Corte Suprema de la India que declaró declaro inconstitucional el artículo 377 de su Código Penal que castigaba a “quien voluntariamente tenga relaciones carnales contra el orden de su naturaleza”. El actual ordenamiento jurídico reconoce a los mayores de 14 años y menores de 18 el derecho a tener relaciones sexuales consentidas con personas de igual o mayor edad. La Ley Nº 19.617 elevó la edad para ejercer responsablemente la libertad o autodeterminación sexual de 12 a 14 años, justamente para proteger a los menores, luego de algunos casos de pedofilia. La historia del caso La causa que sirvió de gestión pendiente para la presentación del requerimiento de inaplicabilidad fue un juicio por violación de mayor de 14 años tramitado en el Tribunal Oral de Talagante. Los hechos que desataron la persecución penal ocurrieron en una fiesta familiar. En ese lugar un adulto, en el marco de un vínculo homosexual consentido, tuvo relaciones sexuales con un menor de 18 años y mayor de 14, cuando fueron sorprendidos por familiares del menor. Esta no es la primera vez que el TC se pronuncia sobre esta normativa. El año 2011, por 6-3, rechazó un requerimiento en igual sentido. Sin embargo, el contexto de la actual causa era distinto pues, a diferencia de 2011, ahora estaba en vigencia por un lado la Ley Zamudio, que sanciona actos de discriminación, y también el Acuerdo de Unión Civil. En el fallo del TC, la discusión entre ambos bandos, quienes estaban por acoger y por rechazar, se centró en varios aspectos. Dentro de los más relevantes estaban la protección del menor y la igualdad. En el primero de ellos, los que estaban por rechazar sostenían que “la intención del legislador –claramente manifestada en el debate legislativo correspondiente- da cuenta que de lo que se ha tratado es de proteger a los menores de edad que son accedidos carnalmente por otro sujeto del mismo sexo y mayor de edad, es decir, penetrados analmente (y, también, bucalmente, según algunos autores), sin que exista en dichos menores la capacidad para dimensionar los efectos de consentir en tal acto como exige la protección de la indemnidad sexual”. Sin embargo, los ministros que estuvieron por acoger sostuvieron que no es posible justificar la norma en cuestión basándose en la protección del menor, como pretende el voto de mayoría. Por un lado, porque -como ya se ha señalado- los varones menores de edad supuestamente protegidos por la norma, esto es, los mayores de 14 años y menores de 18 años, son sujetos capaces para desenvolverse en diversas áreas de la vida, inclusive el ámbito sexual. Y, por otro lado, porque la protección de los menores mediante el sometimiento a un proceso penal no es una vía idónea para garantizar su integridad sexual ni psíquica, ni para que desarrollen una sexualidad responsable. Los ministros sostienen que existen numerosos otros medios menos lesivos que el derecho penal para dicho fin. En ese sentido, reflexionan, ser partícipe en un proceso penal, aun sin ser el imputado, puede resultar agresivo y perjudicial a los intereses del menor. Entonces, dice el dictamen, sostener que el artículo 365 pretende proteger a los menores púberes de las actividades sexuales traumáticas, omite considerar que los supuestos de hecho de la norma no incluyen ningún tipo de abuso, engaño, coacción o daño. No hay razones para afirmar que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo sean per se coercitivas. La igualdad Otro punto relevante en la discusión que se dio en el TC tenía que ver con la igualdad. Quienes estuvieron por rechazar sostenían que existe una diferencia biológica en la configuración del tipo penal del artículo 365 del Código Penal respecto de otras conductas similares, como las contempladas en los artículos 361, 362 y 363 del Código Penal, que pueden tener como víctimas tanto a hombres como mujeres. También para esta posición, la Convención sobre los Derechos del Niño impone el deber al legislador de proteger la indemnidad sexual de los menores de edad como una expresión del derecho a su integridad física y psíquica sin distinción de sexo. En contraparte, los que estuvieron por acoger expresaron que el delito sanciona dicha conducta cuando el sujeto pasivo de la misma es un menor púber varón, es decir, del mismo sexo del hecho. En ese sentido, advirtió que idéntica conducta es atípica respecto de una relación heterosexual análoga, es decir, habiendo acceso carnal por parte de un varón a una joven menor de 18 y mayor de 14 años; el delito previsto y sancionado en el artículo 365 del Código Penal únicamente puede ser cometido por un varón al penetrar a un varón mayor de 14 años y menor de 18, quien consiente libremente en ello. El fallo destaca, entonces, que en esa línea argumentativa en Chile no es punible, en primer lugar, que un hombre acceda carnalmente a una mujer mayor de 14 y menor de 18 años. En segundo lugar, dice la sentencia, tampoco es punible si quien realiza el acceso carnal es el menor de 18 años respecto de un mayor de edad. En tercer lugar, tampoco es punible la conducta homosexual entre adultos. En cuarto lugar, no se castiga la conducta homosexual entre mujeres, cualquiera sea la edad o la acción sexual que éstas ejecuten. Para estos ministros, entonces, el precepto legal en análisis castiga un determinado comportamiento sexual que, practicado entre otros sujetos, o con un grado de intervención diferente, no es penado. Ello genera una situación más perjudicial para los varones que tienen un cierto tipo de relaciones sexuales consentidas con personas mayores de 14 años y menores de 18, del mismo sexo. Idéntica conducta -acceso carnal consentido- entre personas de distinto sexo no es punible, tampoco lo es si el menor es el sujeto activo; ni si la relación es entre mujeres o entre menores. Los magistrados exponen en ese voto que, dado que la sexualidad es una dimensión de la integridad física y síquica de todas las personas, el carácter discriminador de la norma en cuestión se resalta por el hecho de que castiga una expresión de la sexualidad propia de los varones homosexuales. Argumentos homofóbicos Un aspecto relevante del fallo fue que en el voto de quienes estuvieron por acoger el requerimiento se sostuvo que el delito cuestionado se había probado sobre la base de argumentos homofóbicos y moralizadores. La historia legislativa, dijeron, “demuestra que se buscó legitimar la norma impugnada sobre la base de argumentos moralizadores y homofóbicos. Basta citar algunos de los fundamentos que se esgrimieron en la Cámara de Diputados, en cuyo seno se adoptó el texto finalmente aprobado, con leves modificaciones por la comisión mixta”. Se citó entonces la discusión en el Congreso dónde el diputado Iván Moreira sostuvo que “la despenalización puede ser el inicio de una serie de otras propuestas que indudablemente socavan los valores sociales y atentan contra la familia y el bien común”. Asimismo, la intervención del diputado José García Ruminot quien afirmó que la homosexualidad era “una lacra y que combatirla evitaría campañas del SIDA y otras infecciones por ella provocada y que son un castigo de Dios a toda la comunidad homosexual”. También el voto hace mención a lo que dijo en la época el entonces diputado Andrés Chadwick quien afirmó que despenalizar la sodomía significa que “una conducta anormal desde el punto de vista de la naturaleza humana, se transforma en normal y se le da el carácter de lícita (…) se genera una tendencia, pues quienes la apoyen después deberán defender también el otorgamiento de la igualdad y el otorgamiento de derechos a las personas homosexuales”. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/tc-vuelve-a-discriminar-entre-relaciones-sexuales-con-jovenes-homosexuales/318978/
  6. 17 Enero 2018 Fuentes de gobierno señalaron que hicieron un sumario pero no encontraron nada Ataque homofóbico en el corazón de La Moneda: funcionario de la Segpres fue amenazado de muerte por su orientación sexual Le enterraron un cuchillo en la mesa con una advertencia: “Muerte al fleto Lucero”. También pusieron papeles con excrementos en su mochila. Ha recibido cartas que dicen que lo “quieren muerto”; sin embargo, la Segpres hizo un sumario que no arrojó responsables y José Miguel Lucero sigue compartiendo edificio con su supuesto agresor. La semana pasada el INDH ingresó a la causa y envió un oficio al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que el ministro Gabriel de la Fuente informe sobre el caso, en el que según fuentes de derechos humanos al menos se violó la Ley Zamudio. Todo en el corazón del Palacio de Gobierno. El 28 de noviembre del año pasado, José Miguel Lucero vivió la amenaza más grave a su vida. Sobre su escritorio, un papel anónimo lo interpelaba: “Muerte al fleto Lucero”. Estaba escrito con recortes de revistas, de letras chillonas, negras y de distintos tamaños. Su enemigo había cruzado el mensaje con un cuchillo que clavó en la mesa. Seguramente fue el mismo con el que además rayó la pantalla del computador de Lucero, que ya se había enfrentado antes a amenazas y burlas en su mismo puesto de trabajo. El lunes 22 de febrero de 2016, José Miguel Lucero Soto (39) ingresó a trabajar como gestor de facturas en la Unidad de Compras del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Llevaba un título de fotógrafo, pero también media carrera de Administración Pública en la Universidad de Chile. Como las capacitaciones específicas que requería el cargo las entregaría el propio ministerio, creyó que no necesitaría nada más para enfrentar su nuevo trabajo. No pensó que ahí, a media cuadra de La Moneda, debía protegerse de la homofobia. “Te queremos fuera de aquí” El mismo día que encontró el papel en su escritorio, tomó fotografías y llamó a un abogado del ministerio que le pidió no tocar nada hasta que llegara la PDI y realizara la denuncia por amenazas de muerte. Los peritos levantaron huellas, le tomaron declaración y su caso está siendo investigado por el Ministerio Público. Sin embargo, el sufrimiento de Lucero se extendió por más de un año antes. Mucho tiempo antes de que recibiera el anónimo, José Miguel ya había lidiado con gritos y descalificaciones de quien es sindicado en todas las denuncias como el agresor directo, Manuel O, un dirigente de la Asociación de funcionarios. En mayo de 2016, José Miguel vivió un hecho que lo golpeó. “Le tiraba papeles sobre el escritorio, le pegaba portazos y le decía que no hacía bien su pega”, comenta una fuente que conoció de esa relación. Un día estaba tomando té con su pareja cuando José Miguel intentó a ciegas dar con un libro en su mochila. No encontró el libro, pero se percató de que había mal olor. Insistió en abrir aun más la mochila. Entonces se dio cuenta del desastre: le habían dejado decenas de papeles higiénicos con excremento; papeles que quedaron esparcidos por el comedor de su departamento, mientras él no atinaba a nada más que registrar lo que estaba viviendo. Tomó fotos, llamó a su jefe directo y una hora después se reunió con él para detallar los hechos que originaron un sumario. La entonces subsecretaria Patricia Silva pidió que se indagara, pero José Miguel –según detalló él mismo en los documentos que recogen su caso– vivía acoso laboral y burlas por su homosexualidad desde que llegó al trabajo por parte de Manuel O, el dirigente gremial que mencionó siempre como su acosador. A pesar de los cuadros de angustia, insomnio, estrés, visitas al psiquiatra y un periodo de licencia, el acoso no terminó. Antes del episodio del cuchillo había recibido otra carta amenazante que decía: “Esta es la última advertencia, no abrá otra carta (SIC). Ándate de la Segpres o te vamos a matar, conocemos todo cobre ti, te queremos muerto, con nosotros no se juega maricón reculiao, donde te pillemos te matamos reconcha de tu madre, te queremos bien muerto y lejos de aquí, eres una mierda de persona”. Por esos días también se enteró que el sumario que se había iniciado internamente no había llegado a ningún desenlace y que además a él jamás lo habían citado para decirle que incluso lo habían cerrado. Quienes conocen la causa, se quejan de que en siete meses de investigación interna no hubo apoyo ni seguimiento para ver su estado emocional. Lo trasladaron de piso, pero debe encontrarse diariamente con su agresor y tampoco ha recibido una llamada por su situación. A comienzos de diciembre del año pasado, vía correo electrónico, cercanos a José Miguel le comunicaron los hechos al presidente del Partido Socialista Álvaro Elizalde, porque todos los involucrados pertenecen a esa colectividad. Y no recibieron respuesta. Ante las consultas de El Mostrador, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia aseguró que tomó conocimiento de la denuncia por “acoso laboral” a principios del año 2016 y recordó que llevó adelante un sumario sin éxito y puso en resguardo a José Miguel: lo trasladó de departamento. Ante un segundo incidente, ocurrido a finales del año 2017, el Ministerio puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público y de la PDI. De forma paralela, se instruyó una investigación sumaria, la cual se encuentra en curso. “Cabe señalar que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha llevado adelante diferentes acciones en pos de una sana y respetuosa convivencia laboral, tales como la redacción y puesta en marcha de un Código de Ética Laboral y diferentes mediciones sobre clima laboral, entre otras medidas", dijeron en el Ministerio. José Miguel en cambio, no quiso contestar las preguntas de este medio, aunque sí confirmó los hechos que se indagan. “Hay una investigación que está llevando adelante la Fiscalía y que tienen un trasfondo homofóbico”, dijo escuetamente. Quienes conocen el caso señalan que desde el primer momento lo que correspondía era hacer una denuncia por amenazas, aunque esa acción demoró más de un año. Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, conoció en las últimas semanas lo vivido por el funcionario de la Segpres y cree que “en este caso en particular más que aplicar la ley antidiscriminación lo que correspondía era hacer una denuncia inmediata ante la Fiscalía o Carabineros por el delito de amenazas porque la situación vivida por José Miguel excede la Ley antidiscriminación”. Hace un mes, días después que Michelle Bachelet lanzara la política nacional de Derechos Humanos, un oficio del INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) llegó hasta la Segpres. El oficio pedía informar al ministro Gabriel de la Fuente sobre el caso de José Miguel y apuntaba a los numerosos convenios suscritos por Chile en torno a los Derechos Humanos, la homofobia y la protección que el Estado debe otorgar a quienes sufren este tipo de persecuciones. El año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los casos de violencia contra las personas LGTBI, la impunidad por estos crímenes transmite el mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que a su vez “alimenta aun más la violencia y produce la desconfianza de las víctimas en el sistema judicial”. La Segpres tiene 10 días para responder ante el INDH. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/17/ataque-homofobico-en-el-corazon-de-la-moneda-funcionario-de-la-segpres-fue-amenazado-de-muerte-por-su-orientacion-sexual/
  7. 26 Diciembre 2017 Ley Zamudio: Suprema acoge demanda contra alcaldesa de Lampa por trato discriminatorio a concejala transgénero La sentencia estableció el trato discriminatorio de la jefa comunal al referirse a la demandante por su identidad legal y no de acuerdo a su identidad social y, además, por burlarse en diversas oportunidades de su identidad de género. La Corte Suprema acogió una demanda por infracción a Ley N° 20.609, conocida como ley Zamudio, presentada en contra de la alcaldesa de Lampa, Graciela Ortúzar, por trato discriminatorio a la concejala transgénero Alejandra González Pino. La decisión la adoptó en un fallo dividido la Cuarta Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y la abogada integrante Leonor Etcheberry. El voto en contra fue del ministro Blanco. La sentencia estableció el trato discriminatorio de la alcaldesa al referirse a la demandante por su identidad legal y no de acuerdo a su identidad social y, además, por burlarse en diversas oportunidades de su identidad de género. "Se debe tener presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 20.609, corresponde entender por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funde en los motivos que señala a título ejemplar", dice la resolución. Agrega que "desde luego, la identidad de género es una de tales motivaciones, y debe entenderse por tal, conforme la definición dada por la Unidad LGTBI (lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogida) y otras expresiones de género, que comprende la vestimenta, el modo de hablar y los modales". Por lo tanto, concluye: "se declara que la demandada doña Graciela Fernanda Ortúzar Novoa, alcaldesa de la comuna de Lampa, incurrió en un acto discriminatorio respecto de doña Alejandra (Domingo Felipe) González Pino, en razón de su identidad de género, debiendo cesar en dicha conducta y dirigirse a ella con su nombre social. Además, se la condena al pago de una multa equivalente a cinco unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, sin costas", concluye. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/26/ley-zamudio-suprema-acoge-demanda-contra-alcaldesa-de-lampa-por-trato-discriminatorio-a-concejala-transgenero/
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/321553-minorias-sexuales-agresiones-y-amenazas-homofobicas-obligaron-a-pareja-lesbica-a-abandonar-su-casa/?hl=%2Bataque&do=findComment&comment=22674894 12 Septiembre 2017 Pareja lesbiana que sufrió amenazas y golpes de su vecinos presenta querella contra responsables “Lesbianas cochinas”, “lesbianas drogadictas y alcohólicas”, “mariconas de mierda” y ”perras sarnosas” son algunos de los insultos que las pareja escuchaba a diario, a lo que en el último mes se agregaron las amenazas de asesinarlas con una pistola, así como los golpes con una pala contra una de ellas. Las jóvenes Dominique Moreau (28) y Melannie León (25) presentaron hoy una querella contra los responsables de agredirlas física y verbalmente durante dos años en razón de su orientación sexual, hechos que terminaron con la salida de la pareja de su casa por temor a perder la vida. La querella por el delito de consumado de amenazas que exige aplicar el agravante contemplado en la Ley Zamudio fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Érika Lizana, su hija Javiera Sepúlveda y el esposo de esta última, Jorge Areco, todos ex vecinos de la pareja lésbica. Fue el pasado 27 de agosto cuando Dominique y Melannie debieron abandonar la casa donde vivían hace tres años debido a los abusos que el anterior 24 de agosto se tradujeron en explícitas amenazas de muerte, en la destrucción de las plantas de la pareja y el lanzamiento de pintura roja en el frontis de toda su vivienda, un atentado lesbofóbico sin precedentes. “Lesbianas cochinas”, “lesbianas drogadictas y alcohólicas”, “mariconas de mierda” y ”perras sarnosas” son algunos de los insultos que las pareja escuchaba a diario, a lo que en el último mes se agregaron las amenazas de asesinarlas con una pistola, así como los golpes con una pala contra una de ellas. La abogada del Movilh, Paola Jiménez, explicó que con la querella se están pidiendo tres años de presidio y que los hechos constituyen “discriminación arbitraría fundada en la orientación sexual situación que configura la circunstancia agravante contemplada en la Ley Zamudio” El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, enfatizó que “estos deleznables hechos no pueden quedar impunes. Aquí se alteró toda la vida de una familia producto de la lesbofobia. Esperamos la máxima sanción posible contra los responsables”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/pareja-lesbiana-que-sufrio-amenazas-y-golpes-de-su-vecinos-presentan-querella-en-su-contra/
  9. Movilh denuncia hostigamiento y agresiones contra pareja de lesbianas en tienda Ripley Los acosos comenzaron cuando una de ellas se probó una chaqueta de hombre y besó a su polola El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hostigamiento contra una pareja de lesbianas por parte de guardias de la tienda Ripley, en el mall Costanera Center. De acuerdo con la versión de la organización, los acosos comenzaron cuando una de ellas se probó una chaqueta de hombre y besó a su polola. “Aquí no hay ropa para gente como ustedes”, les dijo el vendedor, según la versión de una de las afectadas. Posteriormente, una de ellas fue obligada a sacarse la mochila y la otra, retenida por varios minutos. Los guardias comprobaron que las mujeres de 20 y 21 años no había robado nada y les dijeron: “Ya mariconas culiás, no las queremos ver más por aquí”. “Luego llegaron dos guardias más y comenzó un forcejeo, pues no nos dejaban salir del lugar. A mí me tiraron del pelo, diciéndome “no te voy a soltar mechera culiá, más encima maricona”, “a mariconas como tú hay que sacarles la chucha”. Tras eso, un guardia me dio un puñetazo en la boca. Mis labios quedaron dañados producto del golpe”, relató una de las afectadas. Las jóvenes estamparon al día siguiente una denuncia ante carabineros. El Movilh envió un carta al gerente general de Ripley, Mauricio Salinas, exigiendo disculpas inmediatas a las afectadas, sanción contra las responsables y medidas preventivas.
  10. 26 Junio 2016 Movilh solicitó al Ministerio del Interior investigar presunto crimen de odio en contra de joven lesbiana Asesinato ocurrió en Limache, y según trascendidos se trataría de un crimen homofóbico. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) lamentó hoy el asesinato de la joven Nicole Saavedra Bahamondes (23), cuyo cuerpo fue encontrado ayer en Limache. “Expresamos nuestra solidaridad a la familia de Nicole y lamentamos profundamente que una persona pierda la vida. De acuerdo a trascendidos, no confirmados, se podría estar en presencia de un crimen de odio, pues la orientación sexual de la joven era públicamente conocida. En ese sentido, hemos solicitado la intervención del Ministerio del Interior”, sostuvo el organismo a través de un comunicado. En concreto, el Movilh derivó los antecedentes hasta ahora disponibles al Programa de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos del Ministerio de Interior, “a objeto de que presten asesoría psicológica y legal gratuita a la familia en el marco del convenio de colaboración que dicha entidad tiene firmado con nosotros”. “De la misma manera, estamos solicitando se indague las causas del homicidio, pues de ser un crimen de odio, debiese aplicar el agravante contemplado en la Ley Zamudio”, apuntó la vocera del Movilh, Daniela Andrade, tras precisar que “también haremos gestiones ante el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género”. El lunes la familia de Nicole había estampado en la Municipalidad de La Calera una denuncia de presunta desgracia luego de que sábado 18 de junio se perdiera el paradero de la joven, que era oriunda de El Melón, en la comuna de Nogales. Ayer en la mañana el cuerpo de la mujer fue encontrado por un trabajador en el sector del embalse Los Aromos, en la comuna de Limache. El comisario de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Orlando Calderón, sostuvo que la joven fue encontrada “amarrada en sus extremidades superiores y tenía todas sus pertenencias y dinero en el lugar. Presentaba golpes traumáticos en la región del cráneo, rostro y algunas erosiones, que son materia de estudio”. “Hasta el momento lo que logramos apreciar en el sitio del suceso es que habría participación de terceras personas”, apuntó. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/26/movilh-solicito-al-ministerio-del-interior-investigar-presunto-crimen-de-odio-en-contra-de-joven-lesbiana-en-limache/
  11. 31 de mayo del 2016 / 20:43 Hrs Ley Zamudio: Suprema obliga a colegio a matricular a alumno discriminado Recinto de Temuco debe dar cupo a menor tras rechazarlo por presentar alteración en el lenguaje. Superintendencia de Educación llamó a padres a denunciar estos hechos. “F.S.G se mostró bastante tímido, poco expresivo y dependiente de un adulto. Se sugirió por parte de las educadoras llevarlo a un fonoaudiólogo”. Esas fueron algunas de las razones entregadas por el Colegio Alemán de Temuco para no aceptar en prekínder a un menor de cuatro años, en 2015, argumento que fue considerado por la Corte Suprema como un acto de “discriminación arbitraria”, en un fallo del 25 de mayo pasado. Los padres del niño interpusieron una demanda, amparándose en la Ley 20.609 aprobada tras la muerte de Daniel Zamudio, la que califica como delito la discriminación de cualquier institución por causas relacionadas con alguna enfermedad. La presentación fue realizada cuando no existía aún la Ley de Inclusión, que rige desde marzo pasado y sanciona prácticas similares a nivel escolar. El establecimiento les señaló que el postulante no había sido aceptado tras una “jornada de observación” realizado por el plantel. El colegio fundó el rechazo en la supuesta falta de cupos, lo que fue objetado por los padres debido a una reciente expansión de vacantes que había tenido, y porque se les informó que F.S.G requería de un “fonoaudiólogo”. La abogada de la familia, Mariel González, explicó que el estudiante “padecía de dislalia, condición que lleva a que no pueda pronunciar algunos fonemas como “r”, lo que era tratado por profesionales, quienes sostuvieron que podría superarlo”. La Corte Suprema falló en favor del afectado y ordenó que el establecimiento entregue un cupo al menor para prekínder este año, además del pago de cinco Unidades Tributarias Mensuales ($ 227.485). El ingreso del menor a ese colegio está siendo analizado por los padres, según su abogada. El Colegio Alemán, a través de un comunicado, planteó que “la Corte Suprema no confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones por razones de fondo, es por ello que nuestro colegio presentó un recurso de reposición pidiéndole a la Corte que reconsidere su resolución”. Además, añadió -en la declaración- que “resulta del todo razonable que no sea posible admitir a todos los niños que postulan”. En tanto, la familia del niño también presentó una denuncia ante la Superintendencia de Educación, la que sancionó al colegio “por no contar con un proceso de admisión objetivo y transparente”. La jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos de la Superintendencia, Ximena Bugueño, sostuvo que si los apoderados de los estudiantes de cualquier recinto educacional detectan un caso similar, deben hacer presente la situación al colegio y, si no reciben respuesta, pueden recurrir a la Superintendencia. Las sanciones dictaminadas de esta repartición van desde amonestaciones a multas si hay irregularidades. La justicia ordenó que el Colegio Alemán dé un cupo al niño afectado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-683138-9-ley-zamudio-suprema-obliga-a-colegio-a-matricular-a-alumno-discriminado.shtml
  12. El asesinato de Marcelo Lepe, el joven transformista de San Bernardo “Pestañita”, como le llamaban, murió tras recibir un disparo en el tórax en la comuna de San Bernardo. Su mamá, Marcela Parraguez, asegura que su hijo fue víctima del acoso constante por su condición homosexual y que ello motivó su asesinato. La defensa del acusado de haber disparado, J.A, sostiene que él no es el autor del crimen y que no se trató de un asesinato homofóbico. Tal como acostumbraba, ese martes 16 de febrero Marcela Parraguez (38) se recostó junto a su hijo, Marcelo Lepe (20), para ver “Kara Para Ask” en el hogar que comparte con su madre, Rosa Gaete, y su otra hija de ocho años en uno de los blocks de la población Villa Angelmó, ubicada en la comuna de San Bernardo. Ambos eran fanáticos de las teleseries turcas y para esa noche, después de una agotadora tarde pelando choclos para preparar porotos con mazamorra, aquel panorama sonaba ideal. Cerca de las dos de la mañana, cuando terminaron de ver el programa “Más Vale Tarde”, que emiten después de la teleserie, Marcela y su hijo salieron de su casa a comprar una bebida al negocio ubicado justo al frente de su block. Sobre lo que pasó después hay dos versiones: la de la madre de Marcelo y la Fiscalía, que acusa un crimen homofóbico; y el del abogado, Roberto Rodríguez, defensor penal público del único detenido, J.A, quien asegura que se trató de una pelea sin tintes discriminatorios y vinculado al consumo de pasta base. -De todos los testigos que hay, ninguno dio cuenta de que el móvil del homicidio haya sido la condición sexual de la víctima. No hay antecedentes de eso hasta la fecha de formalización, quizás con el tiempo se les pueda preguntar al respecto, pero por lo que vimos, no había nada que tuviera relación con algo homofóbico -enfatiza Rodríguez. Marcela asegura que esta última tesis es falsa y que dos mujeres, que no conoce, comenzaron sin razon a acosar a su hijo. Esta información es ratificada por el fiscal Pedro Aravena, a cargo de la causa. “Se formalizó sobre la base de un informe de la policía, de la brigada de homicidios, emitida el 17 de enero, en donde efectivamente se da cuenta de que durante el transcurso del delito a Marcelo le decían ‘maricón’, ‘hueco’, etc. Y que la persona que le disparó, al momento de tomar la pistola exclamó frente a muchos testigos ‘voy a matar a este maricón’. Esto está en el informe de la brigada de homicidios, que contiene las declaraciones de muchas personas y en todas estas se señala que las personas que lo agredieron y que luego le dispararon, exclamaban reiteradamente insultos”, asegura. En el parte policial de la noche del delito, en tanto, se consigna que “al Hospital El Pino llega la víctima Marcelo Velius Lepe Parraguez , traído por su abuela en un taxi. El ingresa con una herida bala de carácter grave con riesgo vital (…) La abuela Rosa Gaete Manríquez señala que en la esquina de Avenida Colón con Ducaud, San Bernardo, estaba peleando su hija Marcela Parraguez Gaete, madre de la víctima, con dos mujeres que la abuela conoce y las describe como la Rucia y la Pamela. Se produce una riña, y la víctima va en defensa de su madre, interviene y un sujeto desconocido le propina un disparo. Este sujeto huye del lugar en compañía de ambas mujeres”. LEY ZAMUDIO El 18 de febrero se produjo la formalización de J.A por homicidio simple. Al finalizar la audiencia, la mamá de la víctima se acercó al fiscal para mostrarle fotos en que se veía que su hijo era transformista. Esta profesión y el ser homosexual fue la razón, según Marcela Parraguez, por la que Marcelo fue acosado por dos mujeres y asesinado por un amigo de éstas: -Le gritaron “¡maricón culiao, te creí mujer!”. Yo me devolví y les dije que lo dejaran tranquilo y les pregunté qué problema tenían con él. Marcelo siempre llegaba a contarme a la casa que unas mujeres lo molestaban porque era homosexual pero yo nunca había estado presente -recuerda. Después del enfrentamiento, según cuenta Marcela, ambas mujeres la tiraron al suelo y comenzaron a golpearla en los brazos y espalda. A los segundos, dice, aparecieron dos hombres que tomaron a su hijo y le empezaron a arrojar piedras y darle patadas. La golpiza sólo acabó cuando los vecinos de un block cercano tiraron baldes de agua hacia abajo para detener la pelea, momento en que Marcela y su hijo habrían aprovechado para intentar irse del lugar y volver a su casa. Iban en camino cuando las cuatro personas volvieron a aparecer en su camino. -Una de las mujeres venía con un arma y le tiró un disparo a mi hijo que le rozó el cuello. No le pasó nada. Después seguimos caminando rápido. Yo le decía “vámonos hijo, vámonos”, pero uno de los gallos le quitó el arma a la mujer y mientras ella gritaba “¡pégale al maricón, pégale al maricón!”, le disparó en el tórax- cuenta. De forma instantánea, Marcelo cayó al suelo y su madre lo rodeó con sus brazos. El hombre que habría disparado también vivía cerca de ellos. -En ese momento le dije “hijo, por favor pídele a dios que te perdone”. En ese momento lo único que le decía era que pidiera perdón porque yo sentía que mi hijo se me iba. Después le dije que lo amaba con todo mi corazón y lo único que pudo decirme fue “yo también te amo, mamita”-recuerda. Al observar la situación, unos vecinos los llevaron a ambos al Hospital El Pino de San Bernardo, donde Marcelo, quien llegó con riesgo vital, murió tras fallidos intentos de reanimación. VIDA FAMILIAR Marcelo Lepe tenía ocho años cuando su padre, quien trabajaba en construcción, murió tras recibir una golpiza. Su madre, Marcela Parraguez, es comerciante ambulante en el Paseo Ahumada y desde pequeña ha estado relacionada a este trabajo, porque la abuela del muchacho asesinado también se dedicó a esta labor: “Trabajó toda su vida como comerciante allá y me llevaba cuando era chica, entonces ya sé todo. Tenemos nuestro puesto, ponemos un mantelito donde vendemos las cosas. Hay que andar arrancando todos los días de los pacos y varias veces me han quitado todo. Ahí uno tiene que volver a conseguirse platita para armar un nuevo mantel y así ir sobreviviendo. Estamos acostumbrados”, cuenta Marcela. Cuando iba en el colegio, Marcelo, su hijo, soñaba con ser abogado, pero después sus intereses se enfocaron netamente en las artes. En segundo de enseñanza media decidió abandonar sus estudios ya que le estaban ofreciendo una oportunidad de trabajo que no podía rechazar: ser transformista en el Circo Show Katiuska, que dejó de funcionar hacer seis meses. En un principio, Marcela no conocía el interés de su hijo respecto a esta disciplina y tenía una duda que quería resolver. Pese a que ya sabía cuál sería la respuesta, decidió conversar con él. Así recuerda el diálogo de ese día: -Hijo, dígame ¿A usted le gustan los hombres? Cuénteme, no sienta vergüenza conmigo, tiene que confiar en mí porque yo soy su madre y siempre estaré con usted -le dijo. -Sí mamá -le respondió Marcelo. -Ahora te amo más. Desde ese momento Marcelo comenzó a vivir abiertamente su homosexualidad y, con el tiempo, su familia fue conociendo más de las presentaciones que hacía en el circo. A pesar de que entre sus familiares Marcelo se caracterizaba por ser alegre, cariñoso y optimista, su madre explica que hubo ocasiones en las que llegó a la casa aproblemado y con poco ánimo por los comentarios homofóbicos que recibía de las mujeres que habrían participado en la golpiza el día de su muerte. -Él llegaba a desahogarse conmigo porque estas mujeres lo atormentaban sicológicamente. Yo le decía que eso no le tenía que importar, que pensara en su familia y en la gente que lo quería. Siempre me decía “mami, otra vez me molestaron”-recuerda Marcela. Su madre cuenta que estas mujeres, a las que dice solo conocer de vista, comenzaron a burlarse de su hijo días antes de la navidad pasada, y que incluso un día fueron a quebrarle los vidrios de la casa. Aclara además que el actuar de ellas se debe a que les gustaba “que la gente les tuviera miedo y sembrar el terror en la población”. Para Marcelo Vega, expololo de la víctima, a ese argumento se suma otro: “Cuando él se vestía de mujer, las mujeres le tenían envidia”. VALENTINA DEL SOLAR La primera vez que Marcela vio a su hijo como Valentina del Solar, su nombre artístico, fue a través de una foto en Facebook. En ese momento le dijo que se veía hermosa y que le gustaría poder conocerla en persona. -Y ahí llegó un día al lado mío. Yo estaba feliz, le di besitos y le dije “viste que no es nada del otro mundo” pero para él fue todo un proceso que yo lo viera -cuenta su madre. Sus amigos más cercanos y en el Circo Show Katiuska, a Marcelo le llamaban “Pestañita”. Las presentaciones que hacía consistían principalmente en interpretar canciones tropicales y de estilo pop, imitar a Angela Carrasco y a Yuri y hacer rutinas humorísticas. Cada vez que se subía al escenario, lo hacía como Valentina del Solar y su personalidad cambiaba totalmente. La timidez y los problemas que pudiera tener en su vida, quedaban atrás. -Por la actitud que tenía, Marcelo era una guagua. No había maldad en él, era un amor, pero cuando era Valentina del Solar cambiaba. Ahí se soltaba, echaba la talla, era la típica mujer desafiante, desilusionada del amor y que no quería a nadie. Se notaba el cambio porque era más feliz, para él era un relajo estar así- explica su ex pololo. Su principal referente en este arte era Francisca del Solar, reconocida transformista de nuestro país y Fernanda Brown, quien alcanzó mayor popularidad por su participación el programa de televisión “The Switch”. Fernando Muñoz, quien también trabajaba en el circo, compartió en diferentes ocasiones con Marcelo y la relación entre ambos siempre fue cercana. -Al momento de estar en el escenario, maquillada y con plumas, su personalidad transmitía energía positiva. Era carismática y divertida. Marcelo hacía esto para distraerse de sus problemas. Las luces y el hacer reír a la gente siempre hace que uno esté alegre. Era su refugio y lo disfrutaba mucho -recuerda. Marcelo también participaba haciendo sus shows en la agrupación liderada por Fernando, “Ángeles por una causa”, que tiene como finalidad organizar fiestas para niños, entregarles dulces en Navidad y realizar beneficios para quienes lo necesiten. LA FORMALIZACIÓN El hombre -de iniciales J.A y de 19 años- sindicado por la familia de Marcelo como autor del disparo que provocó su muerte, se encuentra detenido por homicidio simple en el Centro Penitenciario Santiago 1 tras recibir una orden de detención el 17 de febrero. J.A se desempeñaba como guardia de seguridad y en junio de 2013 fue condenado a una multa de un tercio de una UTM, cerca de $15 mil, por porte de arma blanca. El defensor penal público del acusado, Roberto Rodríguez, explica que según la versión entregada por su representado, la pelea que provocó la muerte de Marcelo habría comenzado mientras J.A se encontraba con unos amigos en un block en San Bernardo. -Estaban en eso, cuando habría llegado Marcelo al lugar donde estaba J.A para vender unos shorts para comprar droga, porque dicen que era adicto a la pasta base. Ahí se habría producido una discusión con Marcelo en la que J.A defendió a una de sus amigas que se había entrampado en una pelea con la mamá de la víctima -explica Rodríguez. La mujer que habría participado en dicha pelea, es la misma que Marcela sindica como la persona que incentivó a J.A a efectuar el disparo y la que habría emitido comentarios homofóbicos en contra de su hijo. Según Rodríguez, esta mujer está siendo buscada por la justicia pues también tiene una orden de detención. -De manera posterior Marcelo habría entrado en la pelea y J.A señaló que, en una primera instancia, le pegó combos a este para defender a su amiga. Después unos vecinos de los blocks de arriba empezaron a tirar agua hacia abajo y la pelea se disolvió -aclara Rodríguez. Lo que ocurrió después, de acuerdo a la versión de la defensa, es que tras la pelea J.A volvió con su amiga a su casa y, en ese momento, esta se dio cuenta de que en la pelea que había tenido con la mamá de Marcelo, perdió un accesorio de plata. Por ello, la mujer fue al block donde vivía la víctima. -Cuando llegó al block, J.A indicó que a su amiga la recibió la mamá de Marcelo, quien comenzó a golpearla. En eso mi representado escuchó ruidos en la calle y salió para ver qué estaba pasando. Ahí vio que le estaban pegando a su amiga y salió en su defensa, porque dijo que Marcelo estaba con cuchillos en ambas manos y con unos paños que se ponen en los antebrazos para poder pelear -precisa la defensa. Luego, J.A habría intentado sacar a su amiga de la pelea, cuando una tercera persona -que estaría por entregarse a Carabineros según la defensa- habría efectuado el disparo que hirió en el tórax a Marcelo y que produjo su muerte. Por otro lado, Rodríguez enfatiza que durante la formalización de J.A la madre de Marcelo y los testigos del hecho no se refirieron a la homosexualidad de la víctima y tampoco a los comentarios homofóbicos previos que habría recibido. Sin embargo, para diferentes organizaciones que se han puesto en contacto con la familia de Marcelo para ofrecerle ayuda, sí se trata de un crimen homofóbico. Iván Zamudio, presidente de la Fundación Daniel Zamudio, se pronunció al respecto y precisó que durante los últimos días han estado acompañando a Marcela. En esa línea, agregó que el Frente de la Diversidad Sexual en Chile entregó apoyo sicológico y jurídico a la familia de la víctima. Por otro lado, Oscar Rementería, vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), precisó que como agrupación consideran que lo ocurrido con Marcelo fue producto de la discriminación y afirmó que también le han ofrecido apoyo legal y sicológico a la familia. -Este es un crimen homofóbico, según lo que está denunciando la familia de Marcelo. Estamos muy consternados porque recibimos denuncias de discriminación durante todo el año y, a pesar de tener normativas que apuntan a erradicar esto, aún se presentan en nuestro país y en algunos casos de manera muy violenta -concluyó. Fuente: www.theclinic.cl
  13. RN invoca Ley Zamudio y se querella contra rectora de U. de Aysén por tweet sobre la gratuidad La acción judicial fue presentada por el diputado José Manuel Edwards porque RN considera que el tweet de Roxana Pey, en medio del debate de la gratuidad, fue discriminatorio y pidieron su salida de la Universidad de Aysén. En el Tribunal Civil de Coyhaique, miembros de Renovación Nacional (RN) presentaron una querella en contra de la rectora de la Universidad Aysén, Roxana Pey, por un tweet que publicó en su cuenta personal en respuesta a una columna publicada por Felipe Kast (Evópoli) y Jaime Bellolio (UDI) sobre la gratuidad en educación superior. La rectora publicó en la red social “‘Si no cuesta, no se valora’, dice la derecha. Será por conducta de sus hijitos porros?” y añadió el link a la mencionada columna. El tweet de Pey generó aireadas reacciones en la oposición. La diputada UDI María José Hoffmann le contestó por la misma vía una “vergüenza”. El diputado José Manuel Edwards, patrocinador de la querella, explicó las razones para invocar la Ley Zamudio, ya que consideran el tweet de la rectora fue discriminatorio: “Las universidades tienen que ser para todos, tienen que ser lugares pluralistas, transversales y que se fomente una cultura democrática. Por eso, hemos puesto una acción judicial, utilizando e invocando la ley Zamudio, porque creemos que las declaraciones de la nueva universidad de Aysén están siendo discriminatorias”. Además, el parlamentario de RN afirmó que se pidió la renuncia de la rectora: “Hay que miles de ayseninos que se han sentido discriminados, que se sienten inseguros de participar de esta universidad y por eso le exigimos al gobierno que remueva a esta rectora, porque simplemente no da la garantía de ecuanimidad que la región de Aysén y Chile se merecen para sus universidades estatales”. La concejala de la comuna, Aracely Leuquén, también de RN, sostuvo: “Nosotros lamentamos profundamente esas declaraciones porque creemos que no contribuyen a un proyecto tan anhelado como era tener una universidad en Aysén”. “Hoy día son muchas las familias que se sienten inseguras de enviar a sus hijos a una universidad donde les van a dar un trato diferente por la postura política. No dejaremos que personas como la señora Pey nos quiten la libertad de enviar a nuestros hijos a una universidad por la que luchamos tantos años”, remarcó. www.theclinic.cl
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