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  1. 20 Noviembre 2018 La batalla de Rancagua: Jueces Elgueta y Vásquez exigen remover a Arias y el fiscal pide recusarlos La investigación penal contra los ministros Emilio Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández, por el nombramiento ilegal de la hija de la hija de este último en tribunales de O'Higgins derivó en una pugna mayor que hoy será revisada por la Corte Suprema. Los magistrados acusan a Arias de "sorprendente y pueril odiosidad" por indagarlos; él refuta que han perdido objetividad para revisar las causas que dirige. La segunda sala de la Corte Suprema tiene previsto revisar hoy la recusación presentada hace unas semanas por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta Torres y Marcelo Vásquez Fernández. La acción se da luego de que los magistrados solicitaran a su vez al fiscal nacional, Jorge Abbott, remover a Arias de su cargo después de que éste presentara, como publicó La Tercera PM, una denuncia en su contra por el nombramiento ilegal de la hija de Vásquez, quien habría sido contratada en un Tribunal de Familia de Santa Cruz, lo que está prohibido por tratarse de un familiar directo. La pugna se da en medio de la “guerra santa” que ha enfrentado a la Fiscalía con la primera sala de la Corte de esa región, de la que forman parte Vásquez Fernández y Elgueta Torres. La decisión de ambos junto al abogado integrante Juan Guillermo Briceño de acoger el recurso de protección presentado por el obispado de Valparaíso sobre las incautaciones en el puerto, había paralizado parcialmente la indagatoria sobre la Iglesia Católica. Aquella determinación fue revertida a fines de octubre por la misma sala, aunque la composición normal de ésta fue modificada: Por Elgueta Torres ingresó Michel González y Briceño, también fue reemplazado. Sólo permaneció en su puesto Vásquez. Tras esos cambios, la investigación contra la Iglesia siguió en curso. Acusan “sorprendente y pueril odiosidad” de Arias El 22 de octubre, la Fiscalía Local de Rancagua inició una investigación sustentada en el artículo 220 del Código Penal por el nombramiento ilegal de Karla Vásquez Valenzuela, hija del ministro Vásquez Fernández como Consejera Técnica de varios Juzgados de Familia de la Región de O’Higgins. La indagatoria del Ministerio Público –que partió con una denuncia anónima- determinó que Vásquez Valenzuela fue nombrada en el cargo en 21 ocasiones, 11 de ellas en el periodo en que su papá era presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua y en 6 oportunidades , por el juez Elgueta Torres. Ello contraviene la normativa que establece que está impedida legalmente de detentar cargos en el poder judicial en la zona donde su padre ejerce. Los hechos -que han sido desmentidos por Vásquez Torres, quien asegura que su hija fue contratada regularmente-, fueron informados en su oportunidad a la ministra de la Corte Suprema Rosa Maggi Ducommun, en razón de que además e podría estar ante responsabilidad administrativa. El 29 de octubre, Vásquez y Elgueta contraatacaron y entregaron a Abbott –con copia a la Corte Suprema- una denuncia administrativa contra Arias, donde piden “ordenar la formación de sumario administrativo en su contra y en definitiva sancionarlo con la mayor gravedad, solicitando su remoción a la Excma. Corte Suprema de Justicia o aplicarle el máximo de las sanciones disciplinarias que su Estatuto le permite, acorde a la gravedad de los hechos denunciados y su contumaz reiteración”. ¿Qué dicen Vásquez y Elgueta? En la acusación, que Abbott está revisando, aseguran que es “absolutamente evidente para los suscritos que al Sr. Arias no le pareció bien que la primera sala de la Corte, luego de admitir a tramitación el recurso de protección presentado por la Iglesia Católica, diera lugar a la orden de no innovar respecto de las evidencias incautadas” y que ello motiva su accionar. “¿Es necesario seguir ahondando en lo peligroso que resulta para el mismo Estado de Derecho de nuestra república que un fiscal regional decida perseguir mediáticamente a los miembros del poder judicial, solo porque no han resuelto de la manera que le acomoda a sus intereses?”, plantean. Además, imputan que Arias “ha centrado sus potestades de indagación, en juzgamientos anticipados de responsabilidad” y ponen como ejemplo el Caso Caval y el de los incendios de 2016, donde el fiscal se reunió con las víctimas. Según Vásquez y Elgueta, Arias sufre “una sorprendente y pueril odiosidad, la que ha continuado materializando en forma artera, paradójica y ajena a toda objetividad, en los días 25 y 28 de octubre recientemente transcurridos”. El fiscal Arias, en tanto, también remitió los antecedentes al máximo tribunal para requerir que Vásquez y Elgueta no revisen las causas que él dirige, toda vez que se habría generado “resentimiento” por parte de los magistrados, lo que se refleja, plantea, en el requerimiento para sacarlo de su cargo. “Más allá de ser el fiscal y los dos ministros partes en la misma causa, en concreto, el hecho de tener los Sres. Ministros mencionados la calidad de investigados en una indagatoria generada por la fiscalía, afecta de manera intensa su imparcialidad, restándoles objetividad a los en sus decisiones a nuestro respecto. En efecto el hecho de haber iniciado la referida investigación (que es un acto obligatorio para la fiscalía según dispone el artículo 166 del Código Procesal Penal), ha motivado reacciones por parte de los dos Ministros aludidos (…) generando un resentimiento”, se lee en el texto que está en poder de la Fiscalía Nacional y la Corte Suprema. Arias agrega que “la causal de recusación del articulo 196 n° 16 del Código Orgánico dice ‘Tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida imparcialidad’. La causal invocada solo necesita un acto que refleje odiosidad y resentimiento y en este caso la presentación suscrita por estos dos ministros de la corte de Rancagua, pide la remoción, las más altas sanciones y la inhabilidad en las causas que se siguen en su contra. Estimo que en este caso los hechos expuestos tienen la entidad suficiente como para restar la necesaria objetividad a los Sres. Ministros, impidiéndoles fallar con imparcialidad en relación a los antecedentes de esta causa y de otras que en las que he asumido personalmente la dirección de la investigación”. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-batalla-de-rancagua-jueces-elgueta-y-vasquez-exigen-remover-a-arias-y-el-fiscal-pide-recusarlos/409539/
  2. 10 Marzo 2017 Obligados a la verdad: resolución judical determina que el Ejército debe entregar los nombres de 32 exCNI que trabajan en su interior La institución tiene cinco días hábiles para determinar si entrega los nombres. Organizaciones de DD.HH. evalúan una posible negativa. La situación se ha vuelto sumamente controversial, pues se trata de una solicitud que busca esclarecer alguno de los elementos más oscuros de los tiempos de la dictadura chilena y que se relaciona directamente con uno de los aparatos de mayor tradición en la historia republicana. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el alegato del Consejo para la Transparencia en contra del Ejército, obligándolo a entregar los antecedentes de 32 exagentes del organismo represivo de la dictadura Central Nacional de Informaciones (CNI). Lo significativo es que se trataría de personas que siguen activos en la institución armada. El reclamo En junio del 2016 el abogado de derechos humanos Cristian Cruz solicitó, invocando la ley de transparencia, la identidad de los 32 exagentes. La información que existe al respecto es que habrían sido transferidos a otras funciones una vez iniciado el gobierno democrático de Patricio Aylwin, permaneciendo en servicio activo en el Ejército hasta el día de hoy. La institución castrense se había negado a entregar los datos, sin embargo la abogada del Consejo para la Transparencia Andrea Ruiz Rosas alegó que estos 32 exagentes son funcionarios que actualmente prestan servicio en el Ejército, por ende, son funcionarios públicos. Por tanto el Consejo considera que "la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas que se encuentran en situación diversa, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen", argumentó. La Octava Sala de la Corte de Apelaciones, al momento de fallar a favor del requerimiento profundizó indicando que en "los órganos del Estado rige el principio de transparencia y de máxima divulgación, excluyendo sólo aquello que está sujeto a las excepciones constitucionales o legales, condición que no reúne la información requerida, en los términos que se ha hecho valer, por cuanto está referida a un acto administrativo que goza de publicidad, condición que también reúne la información acerca de la condición de funcionarios públicos de las personas que en él se citan", indicaron. A la fecha el Ejército solamente ha entregado información parcial e incompleta, por lo que la exigencia de ser transparente y completar los datos solicitados ahora solamente es cuestión de tiempo. Reflexiones Para profundizar en la instancia conversamos con el abogado de derechos humanos Héctor Salazar quien comentó la situación. "Esta situación sirve para dejar en claro, una vez más, que en materia relacionada con los derechos humanos, el accionar colaborativo de las Fuerzas Armadas es más declarativa que efectiva. Al ser un órgano del Estado tiene la obligación de entregar la información solicitada por los cuerpos investigativos, y después se resolverá y si se trata de información relevante o no", explica el abogado. "El hecho es negarse a entregar cualquier tipo de información, bajo la base de tratarse de elementos constitutivos de seguridad interna. Más aún cuando estos requerimientos se relacionan con las investigaciones de delitos graves. Espero que en esta oportunidad se cumpla la exigencia y que el Ejército entregue la información por el bien de la investigación", apuntó. "En la medida que se presenten investigaciones judiciales correspondientes, se deberá evaluar la necesidad de solicitar información semejante en los otros cuerpos de las Fuerzas Armadas, aunque de momento desconozco si existen solicitudes de este tipo. En este tiempo la información relacionada que ha entregado Fuerzas Armadas ha sido extraída con fórceps, de modo que mis expectativas son relativas. Pero se debe decir que la ruta es la adecuada: utilizar los mecanismos legales para solicitar la información correspondiente", concluyó Salazar. Por su parte, uno de los estrechamente relacionados con la solicitud de entrega de información es el abogado Cristián Cruz. Conversamos con él para saber sus expectativas. "Los que nos queda actualmente es esperar cuál será la estrategia que el Ejército tomará. Pero la resolución de la Corte de Apelaciones les conmina a entregar los nombres de los exagentes de la CNI que actualmente continúan trabajando al interior del Ejército", explicó el abogado. "Esperamos que nos entreguen las dependencias en donde se encuentran trabajando estas personas. Ellos tienen cinco días hábiles en donde tenemos que esperar para que nos dejen en claro cuál será su estrategia. Ellos podrían cumplir o recurrir, pero son realmente ellos los que deberán tomar la determinación", señaló Cruz. "Además resulta ser bastante claro que la definición de la Corte dejó en evidencia que el Ejército no tenía las facultades para ejecutar en este caso. Pues ellos están actuando en nombre de los exCNI, que lo vuelve algo realmente impresentable. Esta petición busca esclarecer por qué el Ejército tiene contratados en sus filas a estos funcionarios, tomando en consideración que los tiempos actuales no dejan espacio a este tipo de situaciones", finaliza el abogado. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170309/pags/20170309174520.html
  3. 01 Marzo 2017 Parlamentarios inauguran el año legislativo con guerrilla político judicial La derecha usa comisión investigadora sobre la campaña de Bachelet como moneda de cambio por ataque a Piñera El jefe de bancada DC dijo que es parte de la "ambición sin límite" por su parte, el diputado PS Juan Luis Castro dice que "si no dice la verdad a tiempo puede ser un fracaso" su intento por regresar a La Moneda. Por su parte en la oposición confirmaron que se aprobó la instancia parlamentaria que intentará aclarar los supuestos aportes de la constructora OAS a la campaña de la Presidenta y vaticinaron que las querellas que involucran al ex mandatario, serán "desestimadas por la justicia" Hoy se inauguró el año legislativo en el Congreso y el primer punto de prensa de los jefes de bancada de la Nueva Mayoría fue con duras declaraciones atacando los conflictos de interés del ex Presidente Sebastián Piñera, quién figura como imputado en la investigación por presunta negociación incompatible de su matriz de inversiones, Bancard, con la pesquera peruana Exalmar, mientras él era Presidente y Chile enfrentaba un litigio marítimo con ese país. "Es la naturaleza del Presidente Piñera, es pare de su esencia el tener una ambición sin límites desprovista de toda ética donde no hay ningún tipo de principios, de valores, donde se está al margen de la ley sino en la ilegalidad”, dijo el diputado DC Fuad Chahín, según consigna La Tercera. “Los chilenos no se merecen que alguien que cuando esté en el poder no piense en el bien común de Chile sino que piense en cómo poder seguir aumentando su riqueza, seguir acumulando sin ningún límite, eso es absolutamente intolerable”,agregó. En tanto, el diputado Juan Luis Castro jefe de la bancada PS aseguró que “si no se dice la verdad a tiempo esto puede ser el fracaso de una aventura anticipada en miras a la presidencial con Sebastián Piñera de por medio sin decir la verdad”, afirmó. Castro enfatizó que “los antecedentes que hoy hacen que vaya a tener que ir en calidad de imputado a declarar, colocan en tela de juicio su credibilidad frente al país. Eso es delicado, porque fue en su período de mandatario, no como particular ni como privado”, recordó. Estas palabras ocurren poco después de que fuera aprobada una comisión investigadora, impulsada por diputados de Chile Vamos para aclarar si hubo financiamiento de la constructora brasileña OAS a la campaña de Michelle Bachelet. "Hemos decidido hoy día como Chile Vamos ingresar una comisión investigadora para que, precisamente en el marco de nuestras atribuciones, se investigue si efectivamente la campaña de la actual Presidenta Michelle Bachelet, si nuestro actual Gobierno, llegó a liderar nuestro país gracias a recursos del extranjero", dijo la diputada RN, Paulina Núñez. Paralelamente, los senadores de Chile Vamos representados por Alberto Espina, salieron a defender a Piñera, diciendo que "lo vamos a defender de los ataques cobardes basados en mentiras. Sabemos que el Presidente Piñera puso los intereses de Chile por sobre cualquier otra consideración". En tanto Andrés Allamand aseguró que "la propia justicia va a dejar claro que las querellas del diputado Gutiérrez no tienen ningún fundamento". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/01/nueva-mayoria-contesta-la-comision-investigadora-de-la-campana-de-bachelet-con-duras-declaraciones-sobre-pineraparte-de-su-esencia-es-tener-una-ambicion-ilimitada/
  4. 05 Enero 2017 Independencia de aparato judicial en la mira: diversdas críticas políticas forzaron a cambio en resolución de machi Linconao aseguran los expertos Diputados, ministros, el INDH y diversos actores sociales fueron la piedra de tope para que el Poder Judicial torciera su brazo y cambiara la resolución sobre la detenida. La situación ha dejado a muy pocas personas indiferentes en el mundo político, pues la huelga de hambre que llevaba adelante la machi Francisca Linconao se volvió un tema político actual. Dividiendo las opiniones, el grueso de los protagonistas del mundo político ha hecho público una mirada crítica, sin embargo, sigue siendo un tema vedado para algunos personeros de Gobierno. Siendo esta una de las fuertes críticas que ha salido desde la ciudadanía y las redes sociales, cuando la vida de una persona está en juego, cuando un problema político-policial se radicaliza, cuando la historia deja en claro que la paz nunca se ha presentado en el sur del país, no hablar del tema es una falta grande. Visibilizando un problema Ha sido de forma gradual los que han comenzado a defender la causa de la machi Francisca, pero siempre desde movimientos independientes o de izquierda, aunque también se han presentado organismo relacionados con los Derechos Humanos, que también criticaron la situación. Gabriel Boric (Ind), Camila Vallejo (PC), Karol Cariola (PC), Daniela Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), después fue el turno del Instituto Nacional de Derechos humanos (INDH) para luego dar paso a Amnistía Internacional. Todos ellos se manifestaron en contra de la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao, quien llevaba 14 días en huelga de hambre en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, hasta que la tarde del jueves se la cambiaron las medidas cautelares. Instancia que ha abierto un flanco de críticas que ha ido en aumento contra el Gobierno, el que ha sido cuestionado de manera transversal por la oposición, el oficialismo y la familia de las víctimas. El caso inquieta en La Moneda por sus efectos jurídicos, pero sobre todo por el delicado estado de salud de Linconao, quien pesa hoy casi 40 kilos. Fuego abierto Quien comentó el tema fue Jorge Luchsinger Mackay, hijo del matrimonio fallecido, en cuya participación se acusa a la machi. "Lamentablemente, ha habido presiones de parlamentarios y otros órganos del Estado al gobierno para que tome acciones. No creemos que sea el camino para que se haga un juicio justo y que se demuestre su participación para que sean condenados como tal, y en eso vamos a ser inflexibles", aseguró. Quien también comentó la instancia fue la diputada Cariola. "Lo que acá se está haciendo es incriminar a una persona bajo la Ley Antiterrorista, que no deja ni siquiera el espacio a la presunción de inocencia. Esta es una ley que genera un juicio de partida, que genera incluso condenas previa a un proceso de investigación", afirmó Sin embargo, una constatación de las diversas presiones que generó esta situación pudo apreciarse en la votación del día jueves que se dio en la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco. Se acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de la machi decretando en su lugar la sustitución de medidas cautelares a las de arresto domiciliario y arraigo nacional. La votación fue de dos contra uno. ¿Presiones? Conversamos con el abogado Héctor Salazar sobre si los comentarios emitidos por distintas personalidades del mundo político podrían haber interferido en la resolución del Tribunal. "Personalmente creo que efectivamente que todo el contexto que se dio al exterior del tribunal hoy sí pudo haber intercedido en su resolución. No fue una presión directa, pero sí se trató de una presión indirecta muy fuerte, y se debe decir que los tribunales no son indiferentes a estas presiones políticas", comentó el abogado. Sobre si es normal este tipo de situaciones Salazar comentó: "Lo ideal sería que los tribunales gozaran de absoluta independencia en sus resoluciones, por lo que dar una señal de que ellos pueden cambiar sus fallos por presiones externas no se vuelve un buen precedente. Hubo muchas presiones para evitar un desenlace fatal en la situación que se vivía, porque esto podría haber hecho prender la pradera en La Araucanía", afirmó. Sobre la relación que tenía la situación con los Derechos Humanos y los inconvenientes que podría haber tenido con el Gobierno el abogado dijo: "En lo que respecta a los Derechos Humanos en este país, teniendo presente la historia reciente, se vuelve una piedra de tope para cualquier Gobierno. Además esta instancia se incrementa con la presidenta Bachelet, sobre todo si consideramos que se trata de alguien que en su momento fue víctima de violaciones a los Derechos Humanos. Lo que lo vuelve una situación muy difícil de enfrentar para el Gobierno, porque chocan la brutalidad del caso Luchsinger con la problemática histórica que se arrastra en el país, lo que le quita protagonismo judicial y lo coloca en un ámbito político", concluye el abogado. Por su parte, Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, tiene una mirada bastante crítica del asunto. "Se trató de una resolución judicial, y más que comentarlas uno debe de acatarlas, se deberá acatar. Sin perjuicio de ello lamento profundamente que algunos sectores hayan desplegado verdaderas operaciones comunicacionales buscando revertir resoluciones judiciales, incluso llegando a poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los poderes del Estado", indica Uribe. "Vimos a diputados viajando a la zona, haciendo declaraciones, las que evidenciaban una completa ignorancia y desconocimiento de los procesos judiciales. Es algo que francamente no deja de preocuparme. Al mismo tiempo, la cantidad de demagogia y de lugares comunes utilizados es algo sorprendente", expresó. "Acá se busca hacer pasar por víctima a personas que según lo entregado por los tribunales, existen fundamentos de haber participado en situaciones gravísimas, donde además se han desplegado una verdadera máquina comunicacionales apoyada incluso en atentados para así lograr beneficios procesales", concluyó el representante de los fiscales. Por su parte, después de sabida la información de la sustitución de las medidas cautelares a las de arresto domiciliario, el fiscal nacional, Jorge Abbott, comentó la situación. "El hecho de que sea machi (o de que alguien) sea parlamentario, senador, sacerdote, obispo o cardenal, no le pone una condición distinta. Todos los chilenos son iguales ante la ley y tiene que responder en iguales condiciones", dijo Abbott. "Quiero poner en contexto esta situación, porque suele olvidarse. Tenemos actualmente formulada una acusación en contra de 11 personas, entre las cuales está Francisca Linconao, por un delito gravísimo, que es el de incendio con resultado de muerte. Ese es el contexto del que estamos hablando y desde el que hay que abordar el problema", insistió. "Lo que nos interesa es contar con un elemento objetivo y por eso solicitamos al Tribunal una cautela de garantía. El Tribunal ha fijado audiencia para el 12 de enero para discutir esta solicitud. Pero dado que la audiencia fue fijada para la próxima semana, hemos decidido con el fiscal a cargo de la investigación y con el Fiscal Regional, proponer que aquí y ahora, un médico del SML examine a Francisca Linconao", aseveró. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170105/pags/20170105172434.html
  5. 03 Enero 2017 Demanda judicial de profesores despedidos: El primer dolor de cabeza para al alcalde de Santiago Felipe Alessandri Tomando en cuenta que la Corte Suprema, en distintos fallos y sentencias ejecutoriadas, ha reconocido los derechos a indemnización que poseen los trabajadores a honorarios de la administración local y central, los profesionales exonerados anunciaron que “demandarán al municipio” por lo que califican como una medida política más que técnica. El pasado 27 de diciembre de 2016 empezó la "operación despidos" por parte del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN). Según denunció a Cambio21 el exconcejal y presidente de la Fundación Defensoría Ciudadana, Ismael Calderón, fueron notificados cerca de 40 funcionarios, "medida que se contrapuso a lo dicho por el edil, en el sentido de que serían previamente evaluados estos trabajadores antes de tomar una determinación final". "Entre los trabajadores despedidos se encuentran dirigentes del sindicatos de trabajadores a honorarios del municipio de Santiago y una funcionaria con prenatal, lo que demuestra que esta medida, aparte de tener sesgo político, ha sido una decisión con desprolijidad administrativa", alegó. A juicio de Calderón, "estamos en presencia de un acto que atenta contra los derechos de los trabajadores y habla mal del alcalde Alessandri, situándolo en el comportamiento habitual de las autoridades de derecha". "Solamente basta recordar que en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se desvincularon durante los cuatro años a más de cinco mil funcionarios", insistió. Tomando en cuenta que la Corte Suprema, en distintos fallos y sentencias ejecutoriadas, ha reconocido los derechos a indemnización que poseen los trabajadores a honorarios de la administración local y central, el además militante del PS adelantó que los profesionales exonerados "demandarán al municipio". "Apoyaremos y asesoraremos a estos trabajadores para que puedan hacer las presentaciones respectivas ante los tribunales de justicia, para que se les restituyan sus derechos", remató el exrepresentante comunal. Molestia dirigencial Desde el Colegio de Profesores hablan de "despidos políticos", dado que se trata de personal que se desempeñaba en el Departamento de Desarrollo Comunal (Dideco) de la Municipalidad de Santiago y que en gran número había renunciado de manera voluntaria al cargo tras la llegada de la nueva administración de Alessandri. Lo que molestia en el gremio es que el jueves 22 de diciembre el recién electo presidente del Magisterio, Mario Aguilar, se reunió con el alcalde, quien se había comprometido a no tocar a los profesores y solucionar cuestiones legales que venían de la anterior gestión de Carolina Tohá (PPD) en cuanto a derechos laborales. Dirigentes del profesorado han señalado que dentro de los 350 despidos anunciados existen funcionarios municipales a honorarios que nada que tienen que ver con Tohá. Por otro lado, se destaca que el jefe edilicio haya prometido pagar las cotizaciones impagas a los profesores, no despedir a "profesores de aula" y que se mantendrá el 65/35 de relación de horas lectivas y no lectivas. Sobre este mismo punto, Patricia Romo, presidenta comunal de Antofagasta, y María Isabel Martínez, integrante del directorio comunal de Lo Espejo, expresaron en una declaración pública que "la renovación de contratos depende de los directores y no tiene fecha clara". "Como ocurre año a año, los despidos son una realidad innegable, ya que comunas como Recoleta anuncian despidos a profesores y despide a más de 100 profesores luego del paro de 2015 por la carrera docente. Con esto los establecimientos mantienen bajo el nivel de los salarios docentes y quita antigüedad a los trabajadores para que éstos coticen menos y no sean indemnizados", reclaman las dirigentas. "Está por verse si los establecimientos en Santiago replicarán la ‘operación despido' de su alcalde. Lo que queda claro es que el Colegio de Profesores no puede confiar en alcaldes que año a año despiden profesores a través de los directores", concluyeron. Se viene un verano tenso en la principal alcaldía del país. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20170102/pags/20170102235217.html
  6. 13 de agosto del 2016 / 01:29 Hrs Radiografía judicial del Congreso: 46% de los parlamentarios registra causas en tribunales Uno de cada cinco legisladores fue acusado por incumplir pagos de seguro de cesantía e imposiciones. El 44% de los diputados y el 55% de los senadores han sido objeto de acciones legales en el área civil, penal, laboral y cobranza. La revisión del historial judicial de los 120 miembros de la Cámara de Diputados y los 38 parlamentarios que integran el Senado, evidenció una realidad, hasta ahora, desconocida al interior del Congreso: uno de cada dos legisladores enfrentó procesos judiciales en los últimos cinco años. Para desarrollar este análisis, La Tercera se basó en los antecedentes contenidos en el sistema de búsqueda del Poder Judicial tanto en los Juzgados de Garantía, Laborales, Civiles, de Cobranza Laboral, como en las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. El catastro final reveló que del total de 158 parlamentarios, 74 de ellos estuvieron sujetos a procesos judiciales. Es decir, el 46,8% del total de legisladores. En el desglose por cámara, el 55% de los senadores ha sido objeto de alguna querella o demanda (21 casos), mientras que para los diputados la cifra alcanza al 44% (53 casos). El detalle completo, caso a caso, se puede revisar en www.latercera.com Si bien los casos de financiamiento irregular de campañas que estallaron el 2014 han centrado la atención de la opinión pública y son causantes de la negativa percepción de la política y el Congreso (83% desaprueba su labor, según la última encuesta GFK-Adimark), la revisión de los casos que llegaron a tribunales arroja otro tipo de denuncias como, por ejemplo, que 30 legisladores, casi el 20% del Congreso, enfrentaron procesos ejecutivos por incumplir el pago de cotizaciones previsionales o los seguros de cesantía de sus empleados. Otro grupo, en tanto, fueron demandados en ámbito civil y laboral, y una cantidad menor enfrentó querellas o causas penales por cometer presuntos delitos y por los cuales la fiscalía pidió su desafuero. Aunque el 46% de estos casos se encuentra archivado y un 28% fueron cerrados. Pese a ello, aún siguen vigente un 26% de casos contra parlamentarios. Consultado sobre estos antecedentes, el presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade (PS) dijo que “no puedo opinar como presidente de la Corporación porque desconozco la naturaleza de los asuntos en cada caso en particular y no tengo antecedentes al respecto”. En tanto, Milton Juica, ministro y vocero de la Corte Suprema, es enfático en manifestar que en el Poder Judicial “no hay ningún criterio distinto para el caso de los parlamentarios. Se aplica la ley igual para todos, sin un criterio distinto”. * Cotizaciones impagas Uno de cada cinco parlamentarios (19%) fue demandado por una AFP o Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía de Chile S.A., según los registros del Poder Judicial. Aunque en algunos casos que llegaron a los Juzgados de Cobranza Laboral se trata de montos bajos (incluso, de apenas de $6 mil), el retraso en estos pagos es calificado como “grave” por miembros de la judicatura, quienes destacan que al tratarse de autoridades esta situación no debe ocurrir. Por otro lado, resaltan la afectación directa a los trabajadores. Del catastro se puede detallar que 21 diputados y 9 senadores incurrieron en esta situación que llevó a las aseguradoras a emprender acciones legales. Algunos de los legisladores demandados, incluso, integran las comisiones de Trabajo y Desarrollo Social de sus respectivas Corporaciones y han levantado la voz ante las propuestas de cambios al sistema de previsión impulsado por el gobierno. * Querellas y desafuero Delitos tributarios, fraude al Fisco, cohecho, causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos e injurias. Esas son las principales causas que llevaron al desafuero de dos senadores y dos diputados en ejercicio: Jaime Orpis (UDI), Carlos Bianchi (Independiente), Rosauro Martínez (RN) y Gaspar Rivas (Independiente). En el caso de Orpis, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en su contra por delitos de presunta corrupción. En tanto, la causa contra el diputado Rivas se inició por un libelo por injurias interpuesto por el empresario Andrónico Luksic. Luego de ser desaforado, el senador Carlos Bianchi enfrentó un juicio oral y fue absuelto de los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible. En la otra vereda se encuentran otros cinco diputados que salieron airosos en sus procesos de desafuero. Christian Urízar (PS) fue imputado por un supuesto desvío de fondos de la Intendencia de Valparaíso; Marcelo Chávez (DC) fue formalizado por conducción en estado de ebriedad causando daños y abandonar el lugar sin dar cuenta a la autoridad. Por su parte, Gustavo Hasbún (UDI) enfrentó una querella por injurias por parte de la familia del estudiante Rodrigo Avilés, herido en los incidentes del 21 de mayo, y su Jorge Sabag (DC) fue formalizado por fraude al Fisco por un supuesto mal uso de asignaciones parlamentarias. Por último la diputada Cristina Girardi (PPD) afrontó una querella por injurias presentada por el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. En todos estos casos tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema rechazaron desaforarlos, lo que produce la calidad jurídica de “sobreseimiento definitivo”, según estipula la ley. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-692454-9-radiografia-judicial-del-congreso-46-de-los-parlamentarios-registra-causas-en.shtml
  7. Solicitan investigación judicial en fundación de "Los 33" en Copiapó Los mineros Mario Sepúlveda y Samuel Ávalos son quienes interpusieron la denuncia para conocer los destinos de los dineros del organismo. SANTIAGO.- Dos de los mineros que estuvieron encerrados en la mina San José en Copiapó, solicitaron a la Subsecretaría de Justicia que se fiscalice a la Fundación Los 33. Mario Sepúlveda y Samuel Ávalos son quienes buscan que se aclare el destino de los dineros del organismo. En tanto, los antecedentes ya se encuentran en la Fiscalía, según informó este viernes el "Diario Atacama". La denuncia fue interpuesta por administración fraudulenta y apropiación indebida para que se investigue a Luis Urzúa (presidente) Jorge Galleguillos (secretario) y Juan Carlos Aguilar (tesorero), como administradores del organismo. "Usaron nuestro nombre para recibir donaciones, a la cual nosotros le pedimos a don Luis Urzúa que justificara los dineros y él dijo que había sufrido un robo en la fundación", señaló Samuel Ávalos. Por su parte, al ser consultado sobre la acusación, Luis Urzúa manifestó que "es una mentira muy grande. Cómo nos vamos a estar robando nosotros mismos". "Aquí está la mano de los abogados que están representando a los mineros. Es la verdad la que tiene que salir adelante, no hay nada que no se pueda demostrar, eso es para enlodarnos", indicó el ex jefe de turno de la faena, y parte de los 33 mineros. Fue el 22 de mayo de 2013, cuando los mineros lanzaron la Fundación Los 33 de Atacama, donde el propósito del organismo era convertirse en una ayuda para los pirquineros, ya que existía una deuda con la sociedad y el apoyo que hubo para rescatarlos de la mina. www.emol.com
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