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  1. 02 Junio 2018 Ex presidente de Comisión para el Mercado Financiero,Carlos Pavez por fallos del TC en caso Cascada: “Se debe evitar esta sensación de impunidad que se está instalando” El fallo del TC que en la práctica disminuye las multas a los multados por el caso Cascada, le preocupa al ex regulador. La confianza de los actores del mercado es fundamental, afirma. También responde las críticas del socio de Aurus, firma sancionada por el regulador. Amitad de camino está Carlos Pavez, el expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Porque en septiembre termina su período de bloqueo para participar del sector privado luego de haber dejado su puesto a mediados de marzo. En esta etapa se ha dedicado a las consultorías internacionales, pero tiene la intención de plasmar su experiencia en el mercado local. “Me gustan las asesorías, pero también veo espacio para aportar desde la empresa. Me encantaría, por ejemplo, tener algún rol de una empresa y en el ámbito de los gobiernos corporativos”, reconoce. Es que la calidad de los gobiernos corporativos es un tema que lo obsesiona. Dice que fue uno de lo temas que marcó su gestión en la Superintendencia de Valores y Seguros, además de la creación de la CMF. Precisamente, esa materia es lo que cruza toda esta entrevista en la que aborda el caso Cascada y la polémica por la multa de Aurus. Del caso Cascada, cuenta que fue lo más complejo que le tocó vivir como regulador, aunque asegura no hubo presiones políticas. “Además, por su naturaleza es complejo de entender, y todavía se presta para confusiones. Por ejemplo, con los pronunciamientos del Tribunal Cons titucional (TC)”. El TC ha emitido resoluciones que en la práctica significa que las multas instauradas por la SVS quedan reducidas a una mínima parte. “Más que preocuparme de cómo se podría llegar a debilitar las resoluciones que sacó la Superintendencia, que en ningún caso creo que sea así, sí me preocupa el daño que se le hace al mercado”, afirma. ¿Puede dar la sensación de que el regulador queda debilitado, de que va perdiendo frente a los multados, de que no son culpables? -Queda la sensación, eso es lo preocupante. Uno lo ve en el día a día, en ámbitos muy distantes al económico. En las redes sociales por estos días hay mucha participación de la ciudadanía por la nueva regulación que apunta a sancionar a las personas que ejercen algún comentario indebido a las mujeres. El debate es muy necesario de hacer, pero lo relacionan con el caso Cascada. Dicen “oye, una sanción importante por decir esto y al que infringió la ley de valores u otros delitos económicos le sale gratis o por algo insignificante respecto de los recursos que obtuvieron irregularmente”. Eso va haciendo mella en la gente. Ahí uno tiene que preguntarse en qué estamos fallando quienes participamos en los mercados. Todos coincidimos, públicos y privados, de que la fe pública, la confianza, es muy importante. Pero no tenemos el mismo cuidado cuando analizamos las implicancias de determinadas actuaciones o resoluciones como en este caso. Creo que es muy necesario destacar esto, se transforma en algo muy grave generar sensaciones de eventual impunidad en relación a incumplimientos graves por parte de algunos actores del mercado de capitales. Ahí queda una sensación que no es responsabilidad del TC, más allá de la diferencia que tengo con el TC en cuanto al fondo de la resolución que ha emitido. Ha emitido un pronunciamiento bien preciso, en el que dice que determinada disposición legal, el artículo 29 de la ley orgánica de Valores y Seguros cumple o no cumple con los estándares de constitucionalidad. ¿No toca el fondo, pero demuestra que se equivocaron con el nivel de las multas? -Está dentro de su competencia, pero creo que es una conclusión errada. Hay un fundamento importante en los votos de minoría, no se olvide que esto ha sido en votación dividida. Los argumentos apuntan a que estas eran materias propias de decisión de los tribunales ordinarios de justicia. Es una disposición que, por lo demás, al momento de aplicarse estaba plenamente vigente y no estaba cuestionada (el artículo 29). Era parte de lo que la superintendencia en el ejercicio de sus facultades debía tener en consideración al momento de determinar el monto de la multa atendida la gravedad de los hechos que estaba sancionando y después los tribunales ordinarios de justicia. Tenemos que ser todos muy cuidadosos en generar la confianza que todos entendemos que debe existir en los mercados, y evitar esta sensación de impunidad que se está instalando. ¿Es una sensación o real? -La gente debe terminar de entender muy bien, de que está muy lejos de terminarse la culpabilidad de las personas que fueron sancionadas. Eso sólo se determinará en los tribunales de Justicia. Hasta ahora ha habido cinco resoluciones de la Justicia, de las cuales cuatro han ratificado en todas sus líneas las sanciones de la SVS en el caso Cascada. Entonces, siendo prudente y reiterando que hay que esperar hasta el final, aquí estamos muy lejos de entender que se desestimó o ha perdido el peso que tuvo el caso Cascada y la actuación que tuvo la SVS en términos de generar las sanciones que correspondía. Un detalle, el caso relacionado a la primera sentencia del TC el caso del señor Roberto Guzmán, fue muy categórica en ratificar en todas sus líneas y todos los aspectos la resolución de sanción de la SVS. En cuanto a que ocurrieron los hechos de la manera que la SVS lo determinó como en la participación que tuvieron las personas sancionadas y, lo más importante, en la gravedad que tuvieron esas infracciones. ¿Esto se liga con su preocupación por los gobiernos corporativos? -La preocupación por gobiernos corporativos está en todas las sociedades, sobre todo en las que administran y están a cargo de la gestión de recursos de terceros, partiendo por las sociedades anónimas, pero también en el caso de las compañías de seguros y administración de activos de terceros. Un elemento clave para que los mercados se desarrollen y funcionen bien está relacionado con el empoderamiento que deben ejercer quienes ejercen roles dentro de los gobiernos corporativos de las distintas entidades. De entender de función de director o gerente el componentes de control, mecanismos de control, de dar facultades recursos suficientes a las auditorías internas, una buena relación con empresas de auditorías externas, tener suboficiales de cumplimento. Entendiendo esto no como un gasto, no como una necesidad de cumplimiento normativo, sino que como un componente de gestión estratégico de las compañías. Uno de los casos de administradores de terceros fue el caso Aurus. A propósito, José Miguel Musalem socio de la entidad, lo acusó de tratarlo como delincuente, que dejaba huella en los oficios. ¿Hubo algo personal en este trato? -Siempre es importante despersonalizar estos temas, incluso cuando se te apunta directamente como responsable de decisiones que tienen algún tipo de intencionalidad que se pudiera haber alejado con las estrictamente relacionadas con la función que uno cumplía como superintendente. Tengo la tranquilidad de que eso no es así. Están los elementos de prueba a la vista de todos, por eso es importante esta transformación institucional. Prefiero que los hechos hablen por sí solos. Me correspondió formular los cargos en el caso Aurus por las eventuales -en ese minuto- infracciones que podrían haberse verificado producto del problema del que se tomó conocimiento hace un par de años, en cuanto a un tema de valorización, incumplimiento de normas que estaban vigente para la administración de fondo. Pero no fui yo el que terminó emitiendo una sanción. No se puede desconocer que hay una sanción categórica, que la emitió el consejo de la CMF, que da cuenta de la decisión unánime de los cuatro comisionados que participaron de esa decisión, en la cual se expresa con total claridad que quedó acreditado la ocurrencia de algunas infracciones y algunas negligencias que dan cuenta de infracciones muy graves, en el ámbito de la administración de recursos de terceros. ¿Cuál fue el principal error de los directores? -Cómo va a ser posible que en el ámbito de la administración de recursos de terceros, sabiendo que hay que establecer mecanismos de control, contrapesos, que no puede ser una sola persona que tome todas las decisiones, la que verifique el cumplimiento y haga el seguimiento de las inversiones, de cómo se registran, de cómo se valorizan… que buena parte de esas decisiones está entregada a una sola persona. Todavía más grave, cuando ya se han levantado observaciones en los procesos de fiscalización sobre esas debilidades y cuando hay conocimiento de esas debilidades. Ahí es cuando queda de manifiesto la importancia de un buen gobierno corporativo. Aquí, queda demostrado que desde el punto de vista de funcionamiento de la institucionalidad, hay una tremenda distancia en relación a lo que se imputa en la entrevista que me menciona con lo que realmente fue. La resolución se expresa con claridad que hubo infracciones graves, negligencias importantes y, en definitiva, los montos de las sanciones tienen que ver con las reparaciones de los perjuicios que se ocasionaron en la oportunidad. Musalem dijo que tenían cerco eléctrico y alarma, pero igual robaron, porque la persona los engañó ¿Era efectivo que tenían cerco eléctrico? -En un buen sistema de control, no basta con hacer la instalación, sino con hacerlo operativo. Esa es la clave de los sistemas de control interno. Eso muchas veces falla, y debe partir por la intervención, las decisiones y el involucramiento de los directores, particularmente en compañías de seguros y administradores de activos. Hay que comprar la alarma, instalar la alarma, pero también conectarla, y complementarla con otras medidas como dejar cerrada las puertas y ventanas. Eso es particularmente grave cuando has recibido advertencias sobre las debilidades sobre el sistema de control de la administradora. También se queja de que la SVS fue un obstáculo para la venta de algunos activos. Cerraron el problema pese a la SVS, arguyó. – El principal rol de la CMF es resguardar los intereses de los inversionistas, en este ámbito. Difiero absolutamente con esa declaración. El legislador es claro cuando establece la importancia de los sistemas de control en una administradora de fondos de terceros. Tanto es así que la Ley Única de Fondos fijó que la Superintendencia le puede quitar la autorización de existencia a una administradora cuando verifica elementos que dan cuenta de una actuación negligente o de sistema de control débiles. Cuando esto se aprecia, teniendo a la vista el interés de los inversionistas o aportantes, lo que se hace es hacer los requerimientos de información a los administradores y directivos para ver las alternativas de solución que se planificaban. Eso se hizo en este caso, más allá de que uno pudo haber tomado una decisión distinta, lo que se hizo fue dar los espacios para que efectivamente se pudieran dar las soluciones como se fueron dando. Fuente: http://www.latercera.com/pulso/noticia/ex-presidente-comision-mercado-financierocarlos-pavez-fallos-del-tc-caso-cascada-se-evitar-esta-sensacion-impunidad-se-esta-instalando/189865/
  2. 20 Septiembre 2017 Además de militares participan reconocidos abogados vinculados al mundo civil Operación impunidad: cómo se organiza el mundo militar en retiro para apoyar a los violadores de derechos humanos Una ONG recibe dineros de militares para la defensa de aquellos con causas por DD.HH. Sus arcas han sido financiadas incluso por Juan Emilio Cheyre. Otros ex uniformados se reúnen en una multigremial para defender su situación previsional, hacer lobby con parlamentarios y, además, abogar por los suyos en prisión. Es parte de la red que sostienen quienes ya no están dentro de las Fuerzas Armadas y que ayudan a otros, aunque hayan cometidos los más deplorables crímenes. “Administrad la justicia con ecuanimidad y rectitud y, si es necesario, con rigor y ejemplaridad. Pero cuando la naturaleza de las gentes y las cosas lo permitan, sed también misericordiosos y benignos”. Ese es el párrafo de bienvenida a la página web de Jure, la ONG de Desarrollo, Justicia y Reconciliación que, en 2007, creó un grupo de militares retirados. El objetivo era defender judicialmente a los militares en retiro que cargan con causas de violaciones a los derechos humanos. La organización es, para muchos abogados de Derechos Humanos, un brazo judicial importante de los militares que ya no están en la filas del Ejército, pero que aún mantienen un vínculo con la institución castrense e ilustres retirados. Una vez militar, dicen, se lo es para toda la vida. En el nacimiento de Jure –que hoy recibe aportes de uniformados en retiro, ex miembros de la CNI y de la DINA–, estuvo el general ® José Gaete Paredes, y el ex auditor del Ejército Guido Poli Garaycochea; sin embargo, entre sus fundadores también hay abogados que han ayudado a tramitar 687 causas hasta agosto de este año: 176 de ellas ya cerradas y 511 todavía en curso. Según los datos de la propia ONG, existen actualmente 539 personas del Ejército afectadas por causas judiciales. De estas, Jure lleva el 67%. 114 están condenados y cumpliendo penas efectivas. La institución se mantiene con aportes voluntarios que recogen por medio de cuentas bancarias en BCI, Santander y Banco Estado. Es una obligación depositar para aquellos que utilizan los servicios de defensa, pero también cuenta con otros voluntarios, entre los que se destacan incluso ex comandantes en Jefe del Ejército, como Juan Emilio Cheyre, quien ocupó ese cargo entre 2002 y 2006. En 2013, Cheyre registró en su declaración de intereses, ya como presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, su nivel de participación en Jure (ver documento adjunto). Allí se identificó como colaborador de la ONG y mencionó un vínculo de seis años, es decir, desde que se creó la organización. Juan Emilio c Hey Re by Diario ElMostrador.cl on Scribd Jure también cuenta con reconocidos abogados vinculados al mundo civil, como el actual secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mario Correa Bascuñán, profesional de esa misma casa de estudios, reconocido como fundador de la organización y además su vicepresidente, de acuerdo a una circular que se distribuyó entre la "familia militar" en junio de 2009. El año 2012, también se conoció que Jure pagaba mensualmente la TV digital de la que gozaban los reos del penal Punta Peuco. Mario Correa Bascuñán –contactado telefónicamente por El Mostrador­– se niega a hablar de Jure, pero confirma que el organismo aún se financia gracias a los socios y que se mantienen trabajando en casi las mismas causas que tomaron en años anteriores. Todos juntos A comienzos de septiembre, una carta firmada por quienes ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas sorprendió al mundo político. El texto –publicado en El Mercurio– señalaba, entre otras cosas, que “el anunciado cierre del penal Punta Peuco (…)" marca, "entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”. La misiva buscaba poner sobre la mesa la situación de los derechos humanos de los militares en retiro y cuestionaba asimismo la apertura de nuevos procesos judiciales “muy difíciles de probar”. La carta estaba firmada por Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba (ex comandantes en Jefe del Ejército); Jorge Arancibia, Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga (ex comandantes en Jefe de la Armada); Fernando Rojas, Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega, Jorge Rojas (ex comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea); y Fernando Cordero, Manuel Ugarte, Eduardo Gordon, Gustavo González (ex generales directores de Carabineros). Todos designados en democracia. “Se organizaron de forma importante, pero es la élite”, cuenta un hombre del mundo militar, que indica que se trató de una maniobra de peso, con nombres de “alto vuelo”, aunque la mayoría de los militares hoy se organizan en grupos como Facir, la multigremial que reúne a personal en retiro de las FF.AA., Carabineros, PDI y montepiados. Facir comenzó a trabajar en octubre de 2015, aunque se constituyó oficialmente en julio del año pasado y proyecta tener 220 mil socios en el corto tiempo. Se levantó para darles mayor impulso a sus demandas con objetivos transversales: salud, pensiones y DD.HH. de militares en retiro, temas para los cuales estaban seguros que necesitarían la máxima unidad, por eso eligieron a un suboficial para presidir la organización. Pedro Beas, miembro de Facir, se queja de que los presos de Punta Peuco tienen entre 75 y 76 años, múltiples enfermedades e incluso 3 han muerto en prisión, una situación que él califica como “inhumana”. Para esto también mantienen un vínculo constante con parlamentarios de oposición. Quieren que la protección de los militares en la cárcel y su sistema previsional sean resguardados por ley. En 2013, Cheyre registró en su declaración de intereses, ya como presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, su nivel de participación en Jure (ver documento adjunto). Allí se identificó como colaborador de la ONG y mencionó un vínculo de seis años, es decir, desde que se creó la organización. Mientras fue comandante en Jefe también fue benefactor. Jure cuenta asimismo con reconocidos abogados vinculados al mundo civil, como el actual secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Mario Correa Bascuñán, profesional de esa misma casa de estudios, reconocido como fundador de la organización y además su vicepresidente, de acuerdo a una circular que se distribuyó entre la "familia militar" en junio de 2009. El año 2012, también se conoció que Jure pagaba mensualmente la TV digital de la que gozaban los reos del penal Punta Peuco. “Estamos preocupados, a través de determinados parlamentarios, para establecer ciertos proyectos de ley”, indica Beas y no tiene problemas en decir que se reúnen con ellos frecuentemente para contar con su apoyo. “En este instante tenemos diferentes canales, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán, Baldo Prokurica, son personas que están trabajando directamente con nosotros, y en el tema de DD.HH. hablamos con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe”. Bajo perfil Otra de las organizaciones donde se reúnen ex militares, aunque no tiene el nivel de vocerías de la multigremial, es el Instituto O'Higginiano, que –según señala en su página– tiene como misión “promover por todos los medios a su alcance, y, en especial, mediante la investigación, extensión, docencia y publicidad, el conocimiento de la vida, valores y obras del Libertador americano Don Bernardo O'Higgins, Capitán General del Ejército de Chile”. Es una institución de derecho privado, donde decenas de militares en retiro se reúnen en torno a la investigación y conservan estrechas relaciones con el Ejército. El año 1978, dicha entidad comenzó a ocupar las instalaciones del siniestro cuartel ubicado en Londres 38. El 29 de noviembre de ese año, mediante un decreto firmado por Augusto Pinochet, la propiedad fue transferida gratuitamente al Instituto O'Higginiano,organismo estrechamente vinculado al Ejército y dirigido, hasta el año 2006, por el general retirado Washington Carrasco, ex vicecomandante en Jefe de la mencionada institución castrense y ministro de Defensa de Pinochet. Antes de llegar a poder del instituto, Londres 38 había tenido una historia sangrienta. Fue un centro de detención en dictadura, conocido como “cuartel Yucatán” y fue utilizado por la DINA contra el MIR, el PS y el PC. En Londres 38, además de otros recintos de exterminio y tortura, como Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y el recinto ubicado en calle Irán 3037, fueron hechas desaparecer y ejecutadas más de 219 personas. En la necesidad de recordar lo que allí se vivió, antes de que el inmueble se rematara, fue recuperado. El instituto debió emigrar a Londres 25 y en ese lugar, según han señalado por la prensa, la realidad no ha sido próspera. Comenzaron a atravesar una crisis financiera después que el Estado dejara de entregarles un aporte financiero por ser una entidad sin fines de lucro. El último aporte que recibieron fue en 2013, por $10 millones, por lo que tuvieron que moverse de Londres hasta la calle Antonio Varas. A pesar de su autonomía, las buenas relaciones con el Ejército quedaron de manifiesto en ese cambio de casa. En el traslado desde Santiago a Providencia los ayudó un camión del Ejército de Chile, como lo demuestran las fotografías tomadas por sus –hasta entonces– vecinos, el espacio de memoria Londres 38. Al revisar la nómina de integrantes del Instituto O'Higginiano, destacan algunos consejeros regionales, como Iván Andrusco Aspé, quien fue cuestionado por organizaciones de DD.HH., al ser nombrado como director de Gendarmería en 2010. Andrusco perteneció a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo de inteligencia policial al que pertenecían los agentes que en 1985 secuestraron a los militantes comunistas Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes posteriormente fueron degollados. También forma parte de sus integrantes Raúl Iturriaga Moreira, ex jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea. El instituto también entrega históricamente un sello: la condecoración O’Higginiana. “Mediante este acto que parece simple se demuestra que sus vínculos políticos están a alto nivel”, señala un abogado del mundo de los derechos humanos. En junio de 2016, el reconocimiento se quedó en las manos del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra, quien ese año dio una entrevista que causó polémica. En ella señalaba que los militares condenados por causas de violaciones a los DD.HH. tienen derecho a libertad condicional. A pesar de nuestra insistencia, por medio de correos electrónicos y llamadas, fue imposible contactarnos con el Instituto O'Higginiano. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/20/operacion-impunidad-como-se-organiza-el-mundo-militar-en-retiro-para-apoyar-a-los-violadores-de-derechos-humanos/
  3. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/318009-caso-penta-fiscalia-pide-audiencia-para-otorgar-suspension-condicional-a-cardemil/?hl=%2Bdesafuero&do=findComment&comment=22450637 02 Agosto 2017 Sentencia de la Corte de Apelaciones confirma impunidad para casos de financiamiento de campañas políticas El tribunal de alzada capitalino dio a conocer el fallo donde resolvió rechazar el desafuero del diputado UDI Felipe de Mussy. El texto era esperado por los diferentes actores que han estado involucrado en las llamadas causas de platas políticas, como son los casos Penta y SQM. La Corte de Apelaciones dio a conocer el contenido del fallo donde resolvió rechazar el desafuero del diputado UDI Felipe de Mussy, debido a que los hechos no estaban contenidos en la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco del caso Penta. El texto era esperado por los diferentes actores que han estado involucrado en las llamadas causas de platas políticas, como son los casos Penta y SQM. En la sentencia, los jueces argumentan que es un impedimento para el desafueron del parlamentario el hecho de que el SII no se haya querellado directamente en contra del diputado Mussy. “El SII no ejerció la acción penal que habilite poner en movimiento al órgano jurisdiccional, faltando, entonces, un requisito de procedibilidad, lo que impide la existencia de un proceso criminal en contra del imputado y conduce al rechazo del desafuero solicitado”, señala el documento judicial. Agregando que “no es un dato menor la circunstancia de que en su denuncia el SII señale expresamente que -en relación a las personas excluidas- ejercería oportunamente las acciones legales correspondientes (…) pues con ello evidencia que hará en el futuro uso de las facultades que su Ley Orgánica le confiere en orden a decidir en cada caso la responsabilidad que haría efectiva”. “No hay duda de que el único titular para dar inicio a una denuncia o querella por delito tributario es el SII (...) no sólo debe contener los hechos ilícitos concretos que se atribuyen al querellado o denunciado, también debe contener la individualización específica de este último; esto es, debe ser nominativa”, advirtió en el fallo el presidente del tribunal, Miguel Vásquez. Esto contradice el planteamiento de que el Ministerio Público puede formalizar a personas que no estén directamente querelladas o denunciadas por el SII y podría afectar las causas contra los senadores Jorge Pizarro (DC) y Fulvio Rossi (ex PS), consigna La Tercera. Cabe recordar que el diputado UDI De Mussy es investigado en el marco del caso Penta por una boleta por $7 millones que emitió su amigo el entrenador de fútbol José Tomás Garcés. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/02/sentencia-de-la-corte-de-apelaciones-confirma-impunidad-para-casos-de-financiamiento-de-campanas-politicas/
  4. 13/08/2016 Chile y su “contradicción vital”: El cara y sello de la impunidad Avances como los casos Cheyre o Víctor Jara se contraponen a proyectos de leyes que buscan amnistiar a violadores de DDHH o que intentan excluirlos de responsabilidad penal por razones de edad o salud. En el ámbito judicial también se produce el claroscuro con jueces empeñados en obtener verdad y justicia y un poder judicial que aún mantiene entre sus miembros a quienes ampararon delitos de lesa humanidad. Han pasado cuarenta y tres años desde el golpe de Estado que interrumpió la vida democrática en el país y veintiséis desde que se volvió -al menos en lo formal-, al cauce institucional. Sin embargo seguimos arrastrando una pesada mochila que no solo carga las espaldas de miles de familias de víctimas de la represión de agentes del Estado, sino también las de familiares de violadores de DDHH que han tenido que asumir lo que hicieron sus progenitores o parientes y, lo peor para ellos, ver cómo se consumen privados de libertad. Las tres llaves que no han funcionado ¿Dónde está la llave de la "verdad" para destrabar el libre tránsito de la historia con verdad, justicia, castigo y reparación? Pareciera que los que poseen el original son los que se encuentran en Punta Peuco y que conocen al detalle qué pasó con los miles de chilenos que fueron víctimas de las políticas de exterminio desarrolladas por la dictadura. La misma que esconden los cómplices activos y pasivos que deambulan por las calles sin haber recibido castigo alguno por sus atrocidades. Ellos callan, niegan, ocultan información que podría devolver a miles el derecho de saber la verdad, conocer el destino de los suyos, ver responder a los que los torturaron, violaron, mancillaron. También está y estuvo la llave de la "justicia", depositada en los tribunales del país, que por años se negaron a usarla y causaron tanto dolor a miles de chilenos.Cientos de recursos de amparo fueron rechazados sin siquiera tramitarse. Cada uno era una vida en juego y el poder judicial se negó a salvaguardarlo. Hoy, jueces individualmente considerados se la han jugado por establecer justicia, pero falta mucho, faltó un compromiso institucional que haga efectivo el castigo a los culpables. Quien ha imposibilitado el uso de la llave de la "reparación" es el Consejo de Defensa del Estado, el que ha sido un escollo no menor que ha objetado cada indemnización declarada judicialmente a favor de los sobrevivientes y de las víctimas que perdieron a uno o más de los suyos. Los recursos oponiéndose a las cifras -muchas veces exiguas-, ha generado que muchos hayan muerto antes de ser desagraviados por esta vía, mecanismo apenas simbólico, pues nada puede devolverles las vidas de los suyos o su propia integridad física o sicológica. El simbolismo del caso Cheyre El solo hecho de la detención y procesamiento (equivalente a formalizar) del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, donde el magistrado estableció que "sin perjuicio de las circunstancias que rodean sus acciones, el elemento esencial es su conocimiento de lo que se estaba realizando en esas tres horas que estuvo la comitiva (Caravana de la Muerte) en La Serena", donde se desempeñaba como segundo tras el comandante del regimiento y donde se ejecutó, sin juicio alguno, a más de una decena de personas. Un procesamiento no implica culpabilidad y no es la prensa la que debe dictar culpabilidades, por cierto, pero resulta incuestionable que los hechos contenidos en el procesamiento se atienen al mérito del proceso que lleva el juez Mario Carroza. Así lo asegura el diputado (PC) Hugo Gutiérrez, para quien "romper la impunidad de Cheyre es un gran paso para la justicia chilena (...) más allá de los privilegios y cargos que se dio, él no está más allá de ésta y tiene que responder también por los crímenes que cometió", afirmó el parlamentario a Cambio21. También destaca el simbolismo la abogada Carmen Hertz, para quien con este procesamiento se "terminan 43 años de impunidad". La profesional de DDHH, quien además es viuda de Carlos Berger -una de las víctimas de la Caravana de la Muerte-, aseguró a nuestro medio que "la decisión del ministro Carroza es algo extremadamente importante. Las evidencias y una cuota de coraje culminan en el procesamiento de Cheyre después de 43 años de impunidad. (Ello) tiene un simbolismo no menor, porque de alguna manera se resquebrajan estos blindajes que han tenido ciertas instituciones y personajes que no se pueden cuestionar y hoy, en una resolución judicial, un ministro lo hace". "Encarna la impunidad" Más allá de resultar condenado o no, el caso Cheyre representa un elemento transversal en materia de derechos humanos en estas más de cuatro décadas, pero sobre todo en los años de democracia. Ello pone de manifiesto la deuda que el país todo, sus instituciones y autoridades y aún los simples ciudadanos, tenemos pendientes en verdad, justicia y reparación respecto de la violación de los DDHH bajo la dictadura. También la evidente falta de voluntad política de avanzar a paso firme tras dichos objetivos por parte de las diversas instituciones del Estado. El solo hecho que en muchas de ellas -como ha denunciado Cambio21- se encuentren aún enquistados personajes que fueron parte del aparataje de represión, denota esta suerte de "complicidad activa" que subyace en el país e inhibe la reconciliación. El objetivo, más o menos encubierto por dar vuelta la página rápido, dilata cada decisión de los órganos del Estado. No se cierra Punta Peuco con excusas de falta de espacio carcelario, cuando en realidad existe todo un módulo en Colina que espera por esos criminales. Legisladores promueven leyes que permiten que condenados salgan de las cárceles, los jueces de DDHH no cuentan con recursos suficientes para actuar de manera más expedita (peritos, policías dedicados, acceso a laboratorios internacionales, etcétera). Ley de punto final Altas autoridades militares que, si bien no tuvieron directa participación en los hechos ocurridos a partir de 1973, han amparado entre sus filas a elementos vinculados a los servicios de seguridad que operaron ilegalmente en dictadura, a torturadores y criminales provenientes de la DINA y la CNI, como lo ha reconocido su propio comandante en jefe ante el Congreso. La reciente ley promovida por parlamentarios de la "bancada militar" y quienes aparecen identificados con el régimen de la dictadura -Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN)-, y que busca reducir las penas para autores, encubridores y cómplices ya condenados por crímenes de lesa humanidad, deja de manifiesto que las banderas de la impunidad flamean al interior del Congreso. El texto fue declarado inconstitucional por la Comisión de Constitución Legislación Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados, pero sigue su trámite legislativo y pasará a la mesa de la corporación que volverá a discutir su admisibilidad. Para el diputado Sergio Aguiló (IC), el proyecto es una "amnistía completa para todos los violadores de Derechos Humanos. Nunca vamos a aceptar que los violadores a los DDHH gocen de impunidad en una sociedad donde la convivencia civilizada debe basarse en la verdad, en la justicia, y en que nunca más se cometan estos crímenes. En el evento que un proyecto así se apruebe, sería un acicate para que violaciones tan atroces vuelvan a cometerse", indicó a nuestro medio. Por su parte Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, afirmó que la iniciativa atenta contra la "verdad, justicia y reparación". Comisión Valech: ¿Debida reserva? En los primeros años post dictadura los tribunales se abrieron a revisar las causas de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos. Muy recientemente el abanico se abrió a la de torturados y aún más actual es la apertura a conocer y sancionar los abusos sexuales cometidos en presas y presos políticos, aunque muchos de ellos por vergüenza callen tan cruda realidad. Sin duda esto representa un avance. Sin embargo, tal apertura sería tal si se abriera la caja de Pandora que se mantiene cerrada por disposición legal: los testimonios contenidos en el "Informe Valech". La justificación legal para mantener su reserva radica en que muchas personas contaron su verdad bajo tal condición de privacidad y darlos a conocer antes de los 50 años que rigen como restricción, sería violar ese compromiso. Para otros, desde el lado de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, no se trata sino de impunidad, pues allí están los nombres de los miles que fueron parte del aparato represor. Dicen que no es posible que tras 43 años solo existan -de acuerdo con el último informe anual del Programa de DDHH del Ministerio del Interior-, 1.373 exagentes procesados, acusados y condenados. De ellos, 344 están condenados por sentencia ejecutoriada, 163 recibieron presidio efectivo, de los cuales solo 117 a fines del año pasado lo cumplían. El diputado PPD Tucapel Jiménez, quién personalmente es víctima en su condición de hijo homónimo del dirigente de la CUT asesinado en dictadura, señaló que "hay muchos que creemos que hay que terminar con el secreto de cincuenta años que estableció la Comisión Valech.La gran duda recae en la condición en la que las personas prestaron testimonio y a nosotros nos queda claro que esta no fue bajo secreto, sino que este se estableció después por el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. En ese sentido, nosotros creemos que la verdad debe estar siempre por delante de todo y que los secretos en un país le hacen daño a cualquier sociedad", aseguró a nuestro medio. Recuadro 2 La impunidad 2.0 El claroscuro de la corrupción denunciada al interior de la clase política ha representado un evidente avance en materia de transparencia y evitado que se siguiera consumando una verdadera cooptación de la clase política por la clase empresarial en perjuicio del país. Impactante ha sido -parte medio llena del vaso- ver a influyentes empresarios, parlamentarios y hombres públicos desfilar en las pasarelas de la justicia, incluso algunos ingresando a unidades penitenciarias. La parte medio vacía la representa el ver tanto truhán enquistado en cargos públicos (parlamento, municipios y otras entidades) que, a pesar de formalizaciones e imputaciones, sigue gozando de libertad y prebendas propias de sus cargos. El reciente instructivo del fiscal nacional, Jorge Abbott, a todos los fiscales frente al tema de la corrupción y las platas políticas, bajo la excusa de la inacción del SII, instruyó que en las causas de delitos tributarios el Ministerio Público no perseverará en la acción judicial si no hay querella por parte de Impuestos Internos. En otras palabras,se archivan los antecedentes que solo podrán -mientras no prescriban- reactivarse con nuevos antecedentes y la querella correspondiente del servicio. Bajo este concepto, los parlamentarios, facilitadores y boleteros truchos que están involucrados en el financiamiento ilegal de campañas políticas y que no han sido formalizados aún, no serán objeto de investigación y, como consecuencia, campeará la impunidad. Felices todos aquellos tránsfugas transversales de la política que por fin descansarán tras el instructivo que rige desde esta semana, pues solo los fiscales podrán investigar los documentos falsos tributarios y a todas las personas que emitieron, facilitaron o incorporaron a su contabilidad o se hayan beneficiado de este ilícito, perono podrán perseverar si no hay querella nominativa del SII o si no aparecen delitos conexos. ¿Y qué harán frente a un delito evidente y cuyos antecedentes disponen? Solo oficiar cada tres meses al SII para que se pronuncie y, si no lo hace en un año, desistirse. En Chile la impunidad se toma el país. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160812/pags/20160812224656.html
  5. Topic Oficial 2016 Reforma Tributaria 11 Abril 2016 Tesorería saca cuentas alegres ante desaceleración económica: recaudación tributaria creció 12,2% gracias a los efectos de la reforma En la cuenta pública del organismo realizada esta mañana, el tesorero general de la república, Hernán Frigolett, señaló que la cifra alcanzada se encuentra por sobre el crecimiento promedio del último lustro. Lo destacable es que el aumento se habría logrado a pesar de que el pago de empresas por impuesto a la renta habría sufrido su mayor baja en 5 años, y que impuestos que pagaron las 169 empresas más grandes de Chile cayeron en un tercio. Tesorería reveló nuevos brotes verdes de la reforma tributaria. Esta mañana, en la cuenta pública anual, el tesorero general de la república, Hernán Frigolett, dio cuenta de que la recaudación tributaria aumentó a una tasa anual de 12,22% en 2015. Dicho resultado se ubicaría por sobre el crecimiento promedio de los últimos cinco años, según señaló el titular del organismo recaudador, y correspondería al resultado de una mejor conducta de pago de los contribuyentes y a los primeros efectos de la Reforma Tributaria. Según explicó Frigolett, la nueva política de convenios y condonaciones que introdujo la reforma permitió recaudar más de $146.500 millones, siendo el Impuesto a la Renta y el IVA los principales aportes a la recaudación tributaria. En cuanto a los presupuestos del Estado, detalla que se alcanzó un 67,6% de ejecución de recursos, donde la mayor fue registrada por el Ministerio de Educación, que recibió la mayor cantidad (36,9%), seguido de Trabajo (30,5%) y Salud (20,7%). Destacó además que durante el 2015 la distribución de recursos desde el Tesoro Público a terceros creció en un 15,9%. Esta mayor recaudación se habría logrado a pesar de que el pago de empresas por impuesto a la renta habría anotado su mayor baja en cinco años. De acuerdo a un reportaje del Diario Financiero que cita cifras de Bloomberg, los impuestos que pagaron las 169 empresas más grandes de Chile en 2015 cayeron en un tercio (34%) a US$ 3.640 millones. Las 169 empresas en conjunto acumulan ventas que representan alrededor del 80% del PIB: US$ 195.000 millones. Todas son cifras recabadas de los informes que ingresan a las SVS. Fuente: http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/04/11/tesoreria-saca-cuentas-alegres-ante-desaceleracion-economica-recaudacion-tributaria-crecio-122-gracias-a-los-efectos-de-la-reforma/
  6. A pesar del "nunca más" la UDI sigue blindando a Novoa por El Mostrador 22 marzo 2016 Juan Antonio Coloma, jefe de bancada de la tienda del gremialismo, afirmó que Novoa y el Tribunal Supremo ya tomaron una decisión y debe respetarse. El fin de semana pasado la UDI realizó su consejo general en el que se hizo un llamado al “nunca más” y a revisar los criterios para enfrentar los casos de falta a la probidad. Sin embargo, siendo uno de los partidos más afectados por los casos de financiamiento irregular, el gremialismo sigue blindando a Jovino Novoa, ex senador de la tienda que decidió mantener su militancia a pesar de su condena a tres años de pena remitida por el caso Pena, constata Radio Bío Bío. Juan Antonio Coloma, jefe de bancada de la tienda de calle Suecia, afirmó que Novoa y el Tribunal Supremo ya tomaron una decisión y debe respetarse. “También respeto la opinión del senador Novoa y también la del Tribunal Supremo que ha señalado que en este tipo de casos no merecería reproches la actitud del senador”, dijo Coloma. Luego agregó que lo importante es que el “nunca más” se cumplirá en su totalidad. El diputado de la colectividad Felipe Ward dijo que en el futuro deberá modificarse el criterio para enfrentar casos similares a los de Moreira, Novoa y Longueira, junto con señalar que deben respetarse las decisiones personales. Hernán Larraín, presidente de la UDI, explicó que su directiva trabajará junto al Tribunal Supremo para determinar cuál debe ser el criterio para enfrentar casos que afecten la probidad, pero en el futuro. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/22/a-pesar-del-nunca-mas-la-udi-sigue-blindando-a-novoa/
  7. Topic de Archivo 2016 Reforma Tributaria Mercado prepara "lápiz y cuaderno" ante complejidad de reforma tributaria El mundo académico se encuentra actualizando programas de pregrado y postgrado, además de seminarios, que faciliten la comprensión de la nueva normativa. Carlos Agurto 26 de diciembre del 2015 / 06:15 Hrs Complejidad. Ese es el concepto que se repite entre los expertos al analizar la reforma tributaria aprobada en septiembre del año pasado y que se mantiene a pesar de los avances que reconocen en el proyecto de simplificación presentado este mes por el gobierno. Por esta razón, el mercado se prepara con el objetivo de entender a cabalidad el articulado y llegar bien preparados al 2018, cuando la reforma tributaria entre en plena vigencia. Es en este escenario donde universidades, abogados tributaristas, y empresas de auditoría buscan afrontar la creciente demanda por capacitación de parte de ejecutivos de empresas y profesionales de las áreas de auditoría, contabilidad, derecho e ingeniería comercial. Esto a través de la actualización de los programas de estudios de pregrado y postgrado, creando nuevos diplomados y desarrollando seminarios que faciliten una mejor comprensión de la nueva normativa. “Por la envergadura de la reforma tributaria, claramente ha habido un aumento importante en la demanda por acceder a los diplomados y seminarios que nosotros ofrecemos y que evidentemente hace un par de años no existía”, explica el abogado y director académico del Diplomado en Tributación de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco. Visión similar tiene la abogada y jefa de programa del Diplomado en Análisis y Planificación Tributaria de la Universidad Católica, Soledad Recabarren. “Entiendo que hay mucho interés en el tema tributario, en gran medida porque hay muchas personas que se desempeñan en este ámbito y quieren actualizarse de manera ordenada. Que alguien le explique las cosas de la A a la Z”. A los programas de postgrado que ofrecen ambas casas de estudios, se suma el que entregará en forma inédita a partir del próximo año la Universidad del Desarrollo, tras un joint venture con la firma auditora PwC Chile. “Este diplomado obedece a la necesidad que nosotros vislumbramos va a tener el mercado respecto de capacitación de una normativa que involucra el mayor cambio en nuestro sistema impositivo en 30 años”, revela el coordinador del Diplomado Reforma Tributaria y socio del área legal y tributaria de PwC, Luis Avello. Materias complejas Los expertos reconocen que la coexistencia de los sistemas de renta atribuida e integración parcial y la nueva norma general anti elusión surgen como los temas más complejos de la reforma y, por lo tanto, a los que han prestado mayor atención a la hora de elaborar los programas de estudio. “Hay algunos temas que son complejos en lo conceptual, como por ejemplo, la norma general anti elusión, porque no tenemos jurisprudencia previa en Chile, porque estamos supeditados a la interpretación del SII, y después habrá que espera cómo queda en la práctica. (…) Hay otros temas que son complejos por su practicidad, específicamente los dos sistemas de tributación. Debemos considerar que hay nuevos registros y estos entrarán a operar a partir del 1 de enero de 2017. Hay que saber en la práctica cómo llenarlos, cómo operan las normas de prelación para efectos de retiros”, explica Avello. En tanto, Polanco agrega que, por ejemplo, el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) lo seguirá en enseñando por mucho tiempo más “porque la reforma no elimina el FUT histórico, entonces los alumnos tienen que seguir conociéndolo”. No obstante, “ahora se añaden los famosos sistemas de renta atribuida e integración parcial, por lo que hubo que aumentar las horas y cambiarla de nombre a Sistemas de Imputación”. En el caso de las normas anti elusión, Recabarren reconoce que debieron separar el ramo denominado código tributario de sus programas de magister. “Uno es obligaciones tributarias, derechos y deberes y después tienes un módulo distinto sobre litigación tributaria. (…) Por la dificultad de este tema amerita que tengas dos cursos sobre el tema y no un curso resumido”. La abogada explica además que en la UC le han dado hincapié en mantener el concepto de planificación tributaria. “Ahora mucho de los programas han cambiando el concepto por estrategias de decisión, y nosotros hemos reforzado el concepto, porque queremos que la gente enfrente el tema y lo evalué en toda su extensión. El tema es conflictivo y hay que tratarlo en la sala de clases. (…) Tenemos que conocer muy bien cuál es la línea divisoria entre planificación, elusión y evasión, y tienes que ser capaz de entender la diferencia”. Simplificación Gonzalo Polanco reconoce que el año pasado habían hecho “un gran esfuerzo” en actualizar sus contenidos y que luego que se apruebe el proyecto de simplificación que actualmente se discute en el Congreso tendrán que realizar un esfuerzo similar. Respecto de los plazos, esperan que se concrete a fines de enero como pretende el Ejecutivo y no en marzo. “Eso generará la dificultad que vamos a tener menos tiempo para que nuestros profesores actualicen sus conocimientos”. En esta línea, Soledad Recabarren explica que lo que han hecho los profesores es ajustar los programas para que, llegado el momento, siempre tengan tiempo disponible para poder ver los cambios. “Eso nos obliga estar todo el día pendientes de cómo se va avanzando”. Con todo, Luis Avello advierte que si no se aprueba el proyecto de simplificación en enero “van a quedar temas abiertos”. Por lo tanto, “si se aprueba lo antes posible dará certezas a todos los participantes y a las instituciones que dan este tipo de capacitación”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2015/12/655-661553-9-mercado-prepara-lapiz-y-cuaderno-ante-complejidad-de-reforma-tributaria.shtml
  8. Agustín Silva, actor de la película del caso Larraín: “No se atreven a hablarlo porque son los poderosos de Chile” El actor de 22 años protagoniza "Aquí no ha pasado nada", del director Alejandro Fernández. En entrevista con Que Pasa contó sobre cómo su experiencia de vivir en un mundo parecido al de Larraín lo ayudó a forjar su personaje. POP18 de febrero, 2016 Autor: El Dínamo Agustín Silva (22) es hermano del director Sebastián Silva, es actor y ha participado en casi todas sus películas: La Nana (2009), Magic Magic (2013), Crystal Fairy (2013) y Nasty Baby (2015). Además actuó también en dos películas que se estrenan este año: “La Princesita” y “Prueba de Actitud”. En entrevista con la revista Que Pasa, Agustín contó detalles de su rol de protagonista en la película “Aquí no ha pasado nada”, del director Alejandro Fernández Almendras, en donde reveló que su participación no fue solamente actuar sino también ser una especie de asesor en el guión dada su experiencia de haber crecido y vivir en un círculo parecido al que retrata la película, la clase alta de Chile. “Estoy inmerso en esa clase, me relaciono con personas de ese mismo tipo, creo que nunca se ha provocado tanto a ese círculo social en el cine. Alejandro decía eso: es un poco un tema tabú y la gente no se atreve a hablarlo porque son los poderosos de Chile. Creo que esta película es el retrato más fiel que se ha hecho de ese mundo en el cine chileno”, dice. Luego hace una rápido radiografía de lo que significa vivir en ese mundo. En conceptos es esto: Fiesta en La Dehesa. Piscolas al seco. Misa con caña. Otra fiesta. Falta de vocación. Estudiar ingenieria comercial “obligado”. Miedos. Falta de pasión. Sobre el hecho de que “Aquí no ha pasado nada” tenga como protagonista a Vicente, su personaje, el amigo de Manuel y no Manuel (que vendría a ser Martín Larraín), Agustín explica que eso permite que la historia se centre en “las relaciones humanas superficiales y no en el conflicto legal”. “Está inspirado en el caso real y tampoco pretende tomar un lado político. Es difícil sentir que estoy disociado políticamente cuando intento explicar algo relacionado con la película. Siempre siento que me van a encasillar en algún partido. Eso me pasa con Chile. Todo es muy blanco o negro. No se puede entender un hecho por lo que fue”. Fuente: http://foros.fotech.cl/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=18
  9. Justicia condena al médico que falsificó autopsia del hombre atropellado por Martín Larraín por Felipe Saleh 14 enero 2016 El doctor Mario Peña y Lillo fue condenado a 300 días de presidio menor. Aunque se determinó que al momento de hacer el exámen no sabia de la participación de Larraín. La Fiscalía de la Región del Maule, condenó al médico Mario Peña y Lillo, acusado de manipular la autopsia de Hernán Canales, quien fue atropellado en septiembre de 2013 por Martín Larraín Hurtado, hijo del ex senador Carlos Larraín. El doctor luego de que un nuevo examen al cuerpo arrojó datos distintos a los que él consignó. Por lo que fue acusado de falsificación de instrumento público. El fiscal Nelson Riquelme según consignó Cooperativa, que "el informe de autopsia elaborado por el doctor Peña y Lillo decía y afirmaba hechos que en realidad no habían sido constatados y verificados durante el desarrollo de la autopsia y fue así que el tribunal lo apreció de la misma manera y determinó un veredicto condenatorio respecto del imputado". En la investigación se determinó que Mario Peña y Lillo, al momento de hacer la autopsia no sabía quien era el autor del atropello, porque la participación de Larraín se determinó un día después. "El juicio se desarrolló a través de un procedimiento abreviado en el juzgado de Garantía de Parral y se solicitó una pena, por parte del Ministerio Público, de 300 días de presidio menor en su grado mínimo atendidas las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que fueron invocadas y reconocidas por parte del Ministerio Público, además de las accesorias legales correspondientes entre ellas la suspensión de cargos y oficio público por el tiempo que dure la condena", afirmó el fiscal. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/14/justicia-condena-al-medico-que-falsifico-autopsia-del-hombre-atropellado-por-martin-larrain/
  10. Bachelet, Frei y Piñera Ossandón apunta a cortina de impunidad para no tocar a ex presidentes en casos de platas políticas por El Mostrador 11 enero 2016 "Cada uno de ellos tendrá que enfrentar en algún minuto a Chile y dar explicaciones", sostuvo el senador RN. El senador y precandidato presidencial de RN, Manuel José Ossandón, aseguró que existe una "sensación inmensa de impunidad" respecto de los casos de corrupción y de financiamiento irregular de campañas políticas. En entrevista con Diario Financiero, el ex alcalde de Puente Alto sostuvo que "hoy día no vamos a superar nada si no somos transparentes y decimos la verdad. Hay una sensación inmensa de impunidad, porque cuando hacen zumbar a una persona como Orpis, pero no tocan a la Presidenta Bachelet ni a los ex presidentes Piñera y Frei, claramente hay una cortina de impunidad. Dan versiones que nadie cree". Consultado por si hay un tipo de protección a Piñera por cuanto es 'el más probable candidato presidencial', Ossandón contestó: "No, quién dijo eso. Mire las encuestas. Caballo pillado, es caballo ganado. No me preocupa. El tema de Piñera, Frei y la Presidenta, cada uno lo tiene que enfrentar y van a tener que enfrentar en algún minuto a Chile y dar explicaciones. Si realmente no tienen nada que ver, la prueba de la blancura será si ellos se querellan o no contra las personas que los metieron en el forro; porque si no hay querellas, es porque sabían". "Chile tiene una crisis muy profunda de autoridad y honestidad. La de honestidad nos involucra a todos como sociedad. Y de autoridad, porque vemos que las personas que tienen que tomar las medidas no lo hacen", recalcó el parlamentario. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/01/11/ossandon-apunta-a-cortina-de-impunidad-para-no-tocar-a-ex-presidentes-en-casos-de-platas-politica/
  11. Topic de Archivo 2015 Reforma Tributaria Presidente del Senado llama a “adecuar” la reforma tributaria: “No sacamos nada con redistribuir pobreza, redistribuir miseria” En entrevista con La Tercera, el senador DC se abrió a la posibilidad de revisar la Reforma Tributaria, que es señalada por los empresarios como la principal causa del frenazo económico que vive el país. Patricio Walker apuntó a la necesidad de simplificar la aplicación operativa de la primera gran reforma del gobierno. Nacional 13 de junio, 2015 Autor: El Dínamo El senador DC Patricio Walker advierte que en la actual situación económica que vive Latinoamérica, cercana a una recesión, y principalmente Chile, con proyecciones de crecimiento entre 2% y 3%, se debe recuperar la confianza del sector privado y facilitar la inversión. “Uno de los temas que hay que trabajar con mucha fuerza es crear los incentivos, la certeza, las confianzas para que el sector privado invierta. Los inversionistas son sensibles y si queremos que inviertan en Chile y no se vayan a Colombia, Perú u otros países, tenemos que crear un clima de confianza con reglas de juego claras”. En entrevista con La Tercera, el senador DC agregó que: “No sacamos nada con con redistribuir pobreza, redistribuir miseria. Hay que ayudar a crear las condiciones para que en Chile vuelva a haber entusiasmo y los empresarios vuelvan a invertir, por supuesto, con mayor contribución a la equidad social, pero con reglas claras”. Las críticas apuntan a la primera reforma estructural presentada por el gobierno, y que es señalada como la principal responsable del bajo crecimiento económico por parte de los empresarios, y ahora también por parte de un sector de la coalición de gobierno. Una posición que contrasta con la mostrada por el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien al asumir su cargo, advirtió que no habrían cambios en la Reforma Tributaria, cuando dijo que “No vamos a moderar las reformas porque los empresarios pidan moderar las reformas”, posición que reiteró durante su intervención en Icare esta semana. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/06/13/reforma-tributaria-patricio-walker-criticas-crecimiento-economico/
  12. Película chilena inspirada en el caso de Martín Larraín participará en Festival Sundance La producción desnuda la realidad del sistema de justicia chileno y cuenta con las actuaciones de Agustín Silva, Daniel Muñoz, Luis Gnecco, Alejandro Goic y Paulina García, entre otros.  CultPOP3 de diciembre, 2015 Autor: El Dínamo La cinta “Aquí no ha pasado nada” del chileno Alejandro Fernández participará de la sección World Cinema del próximo Festival de Cine de Sundance, que se celebrará en enero de 2016. La película, inspirada en el caso de Martín Larraín, hijo del ex senador Carlos Larraín y quien dio muerte a Hernán Canales tras atropellarlo y darse a la fuga en Curanipe, mostrará la realidad del sistema de justicia chileno. La producción cuenta con las actuaciones de Agustín Silva, Daniel Muñoz, Luis Gnecco, Alejandro Goic y Paulina García. Esta será la segunda participación de Fernández en el conocido festival independiente, ya que en 2014 se quedó con el Gran Premio del Jurado por “Matar a un hombre”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/cultpop/2015/12/03/pelicula-martin-larrain-festival-sundance-aqui-no-ha-pasado-nada/
  13. Karadima a lo Pinochet: Declaración estuvo marcada por varios “no me acuerdo” The Clinic Online 11 Noviembre, 2015 El ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, abandonó tribunales en medio de la expectación de los periodistas que intentaron romper su silencio sepulcral, luego de declarar como testigo en la arista civil de la demanda que sus querellantes interpusieron contra el Arzobispado de Santiago por presunto encubrimiento tras las denuncias de abusos. Según dijo el abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, quien salió minutos antes de la diligencia, “básicamente fue una declaración marcada por muchos ‘no me acuerdo'”. Karadima, agregó el jurista, manifestó además no saber por qué se están realizando estas denuncias, y que no contrató a sus abogados, que los contrataron cercanos a él. Además reiteró que no abusó de nadie. Revise acá la declaración completa. Escoltado por gendarmes y cuatro guardaespaldas, con un rosario en mano, con la vista al frente, y en total silencio. Así abandonó el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, en medio de la expectación de los periodistas que intentaron romper su silencio sepulcral, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago luego de declarar ante el juez Juan Manuel Muñoz como testigo en la arista civil de la demanda que sus querellantes interpusieron contra el Arzobispado de Santiago, esto por presunto encubrimiento tras las denuncias de abusos. Según dijo a los medios presentes el abogado de las víctimas, Juan Pablo Hermosilla, quien salió minutos antes de la diligencia, “básicamente fue una declaración marcada por muchos ‘no me acuerdo'”. Efectivamente, la declaración del expárroco tuvo bastante de aquello. Fernando Karadima desconoció los abusos, negó haber contratado a sus abogados, conocer cualquier detalle de su defensa y que no recuerda las declaraciones que anteriormente ha dado, ante la Ministra Jessiza González y ante el fiscal Xavier Armendáriz. Sobre sus abogados, Karadima indicó que “en civil fue el sr. Muga y don Juan Pablo Bulnes, yo no los contraté y no he hablado con ellos nunca. Tampoco he pagado un centavo. Amigos míos me deben haber ayudado, pero no sé quiénes. En la canónica actuó el padre Ariel Buso, que es un argentino canonista, yo no sé cómo fue mi defensa. Haría que preguntarle al abogado sr. Juan Pablo Bulnes”. Haciendo gala de su mala memoria, consultado sobre las denuncias de abuso sexual que aparecieron en la opinión pública, Karadima dijo que se enteró por la prensa. “Lo que yo leí en la prensa el año 2010, pero yo no recuerdo ni que leí. Yo declaré ante la sra. ministro y tampoco me acuerdo de lo que declaré con ella. También declaré con el sr. Armendáriz, pero tampoco me acuerdo de mi declaración”. Karadima, además, negó tajantemente haber cometido abusos contra menores en la parroquia El Bosque. “No reconozco los abusos, con niños nunca, jamás y eso lo declaré con la Ministro. Respecto de los actores, sostengo mi inocencia. Con respecto a Hamilton fui su confesor, eso ya lo dije anteriormente y tuve un careo en la causa criminal con él, pero no me acuerdo. Nunca tuve relaciones sexuales con los actores”, dijo refiriéndose a las víctimas. En ese contexto, el abogado Juan Pablo Hermosilla apuntó a que hubo un aspecto de la declaración de Karadima de suma relevancia para ellos como parte querellante, esto es que el cura aseguró que nunca nadie lo interrogó. “Confirma la tesis de que el Arzobispado no pescó las denuncias”. En concreto Karadima aseguró que “nunca” recibió algún tipo de sanción o amonestación canónica antes de las denuncias de abuso sexual y que no recuerda si se le tomó declaración canónica al respecto. En todo caso, el sacerdote, hoy recluido en un hogar de monjas, reconoció la autoridad del Arzobispado. “Dependía de que yo estaba en la Parroquia del Sagrado Corazón, por ello todo lo que yo hacía era por orden de él, él era nuestro jefe”. Ante la pregunta del fiscal Muñoz sobre si conocía a políticos y empresarios que lo apoyaran al momento de aparecer las denuncias, Karadima aseguró que “eso lo declaré anteriormente, pero no me recuerdo de nada”. Sobre su salida de la Parroquia de El Bosque, Karadima negó que tuviera relación con las denuncias por abuso sexual. “Eso fue porque yo ya había cumplido 75 años y además porque llevado 24 de párroco y el máximo son 12, lo que está en el derecho canónico. No fue un castigo, nunca me dijo el Arzobispo que fuera por otra cosa”. El fiscal Muñoz además inquirió al sacerdote por la carta que le envió el Cardenal Errázuriz -revelada por The Clinic Online- explicándole cómo enfrentar a los feligreses de El Bosque, pero éste aseguró que no recuerda la misiva. Vea acá la declaración completa Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/11/11/karadima-a-lo-pinochet-declaracion-estuvo-marcada-por-varios-no-me-acuerdo/
  14. Juez de Valparaíso atropelló a señora y apuntó con una pistola a los testigos que intentaron impedir su fuga Anibal Rey Ríos se confesó frente a las cámaras de televisión, pero la investigación judicial todavía está determinando si era él quien manejaba el auto que atropelló a Elena Zaval.  Nacional23 de octubre, 2015 Autor: Luc Gajardo Domingo 4 de octubre. Viña del Mar. La inclinada en pendiente avenida Agua Santa es la que conecta la ciudad con la ruta 68 y cuando es escenario de accidentes, por lo general son fuertes. La fuerza de gravedad hace lo suyo con la velocidad de los vehículos. Pero la fuerza y la gravedad de este caso no tienen tanto que ver con la física. Eran cerca de las 8 de la tarde cuando los destinos de la señora Elena Zaval y el señor Anibal Rey Ríos se cruzaron. Ella iba a pie. Él en su auto. Ella iba cruzando la calzada, cuando fue impactada por el auto de él. Un detalle: Anibal Rey Ríos es juez del Segundo Juzgado de Policia Local de Valparaíso. “No me di cuenta de absolutamente nada”, dirá después, enfrentado a las cámaras de Chilevisión, 17 días más tarde, cuando un equipo de prensa lo fue a buscar a su domicilio. Antes, justo después del atropello que dice no haber notado, fue enfrentado por un montón de personas que sí lo notaron. Entonces, el juez Rey Ríos, enfrentado a la turba iracunda que le recriminada el accidente que dice no haber percibido, sacó su pistola debidamente inscrita y apuntó a la muchedumbre. Después se fue. Elena Zaval fue llevada a un centro asistencial con heridas de diversa consideración. Testigos anotaron la patente del auto y le hicieron llegar los dígitos al canal de televisión. “Pensé que me querían asaltar”, le dirá a Chilevisión el juez. También dirá que lo siente mucho por la víctima. Elena fue dada de alta pero deberá permanecer dos meses en cama. La Fiscalía de Viña del Mar, independiente la confesión del juez Rey Ríos, encargó a la PDI peritajes para determinar quién era el conductor del vehículo al momento del atropello y la investigación, a cargo del fiscal jefe de Viña, Pablo Avendaño, se encuentra en una etapa previa desformalizada, por lo que todavía faltan un montón de diligencias antes de que el juez sea siquiera citado a declarar. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/10/23/juez-valparaiso-atropello-a-senora-y-pistola-testigos-fugara/
  15. Multitudinaria velatón en el Estadio Nacional recuerda a víctimas de la Dictadura Paula Correa y Héctor Areyuna | Viernes 11 de septiembre 2015 16:44 hrs. Lejos de las autoridades, esa fue la tónica de las actividades realizadas por la sociedad civil en recuerdo de las víctimas caídas en Dictadura. En las diversas citas, los asistentes increparon al Gobierno por mantener la impunidad de los victimarios. Cientos de velas alumbraron la noche de Ñuñoa. Hoy, como cada año, muchos chilenos se acercaron al Estadio Nacional para rendir homenaje a sus víctimas. Mientras en diversos puntos de Santiago, incidentes empañaron la conmemoración de las víctimas. Sus familias y muchos otros conmovidos por el horror de la Dictadura se acercaron al principal recinto deportivo del país para recordarnos que ahí se detuvo y torturó a miles de compatriotas. En el aniversario 42 del fatídico 11 de septiembre, números actos se sucedieron en el país. En todos ellos la tónica fue similar: los sobrevivientes y las familias de los caídos criticaron la política con la que los Gobiernos de la Concertación y ahora Nueva Mayoría han prolongado la impunidad de los civiles y militares que fueron parte del Golpe de Estado. Más temprano, emotivas conmemoraciones enmarcaron los actos en recuerdo de las víctimas de la Dictadura.A cuarenta y dos años del trágico 11 de septiembre de 1973 y lejos de los reconocimientos oficiales, organizaron jornadas de reflexión y debate, pero también de recuerdo y reclamo contra quienes han impedido avanzar en justicia, reparación y verdad. Así, mientras en el interior de La Moneda las autoridades llevaban adelante las ceremonias oficiales, en las afueras del Palacio, principalmente en calle Morandé 80, distintas organizaciones realizaron homenajes a la figura del Presidente Salvador Allende y conmemoraron un nuevo año del Golpe de Estado que inició la Dictadura cívico-militar. Entre las críticas deslizadas por los familiares de los detenidos desaparecidos, la central apunta a la inercia del gobierno de la Nueva Mayoría para detener la impunidad con la que civiles y militares se han mantenido, pese a conocerse su responsabilidad en los secuestros, muertes y torturas. En Villa Grimaldi, la actual dirigencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile junto con los representantes estudiantiles de los ochenta y noventa, rindieron homenaje a los estudiantes, académicos y funcionarios caídos a partir del 11 de septiembre. “Hay consenso social respecto de la necesidad de hacer justicia, que se rompan estos pactos de silencio, que desde el Estado se haga un esfuerzo por reconocer estas luchas, darle justicia no sólo a las personas que lucharon sino que al país, el cual requiere una transformación en su conjunto, para recuperar lo que se nos arrebató, nuestros derechos sociales”, dijo Valentina Saavedra. Por su parte, Yerko Ljubetic, ex presidente entre 1985/86, consultado acerca de las demandas en derechos humanos como el cierre del Penal Punta de Peuco, dijo que “hay una serie de cuestiones emblemáticas que debieran ser de fácil resolución y que debieran eliminarse porque hieren la sensibilidad de las personas, como el que se rinda homenaje todavía en algunas unidades militares al asesino Manuel Contreras y al propio Augusto Pinochet, son cosas que ofenden la memoria, que no debieran requerir esfuerzos ni recursos, pero que tienen un carácter emblemático, en las cuales este gobierno debiera avanzar con mucha mayor rapidez”. La Universidad de Santiago también recordó a sus caídos. La actual dirigente de la Feusach, Marta Matamala, dispuso en sus redes sociales, las fotografías con los diferentes homenajes que se hicieron al interior de la casa de estudios ubicada en Estación Central. La música tampoco estuvo ausente de estos homenajes. En el Teatro Caupolicán se realizará el concierto gratuito “Voces por la memoria” organizado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Para el sábado, en la comuna de Recoleta, a partir de las 10:00 horas, se recordará al periodista José Carrasco Tapia, referente de la lucha por la libertad de expresión durante la Dictadura y asesinado por agentes de la CNI en 1986. Ese mismo día, también la Corporación Memoria Lonquén recordará a los ejecutados políticos del Puente Viejo de Naltagua, en el sector de Isla de Maipo, a las 16:00 horas, con un acto de homenaje en el monolito que los recuerda, instalado en el lugar donde fueron fusilados y posteriormente lanzados al río. En cuanto al domingo, la convocatoria es a la tradicional romería al Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, a partir de las 10:00 horas desde la Plaza Los Héroes, con un acto central que se desarrollará en las afueras del Cementerio General. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/09/11/organizaciones-sociales-acusan-al-gobierno-de-prolongar-impunidad-de-la-dictadura
  16. Topic Oficial Caso John O'Reilly Gendarmería alerta en informe psicológico sobre “riesgo de reincidencia ” de John O’Reilly Según el documento elaborado por los profesionales de la institución Sonia Araos y Pablo Sánchez, "la utilización de su investidura y poder formal para ejercer el abuso, además de la reiteración del ilícito cometido, constituirían factores que aumentan el riesgo de reincidencia". Nacional 28 de julio, 2015 Autor: El Dínamo Gendarmería dio a conocer un informe psicológico realizado al sacerdote John O’Reilly, quien hace ocho meses fue declarado culpable de abusos sexuales reiterados en contra de una alumna del Colegio Cumbres entre 2010 y 2012, en el cual recalca que el religioso “insiste en su inocencia y hay riesgo de reincidencia”. Según el documento elaborado por los profesionales de la institución Sonia Araos y Pablo Sánchez, “la utilización de su investidura y poder formal para ejercer el abuso, además de la reiteración del ilícito cometido, constituirían factores que aumentan el riesgo de reincidencia”. Los psicólogos explicaron su análisis, sosteniendo que O’Reilly “no visualiza daño a la víctima, evidenciándose la presencia de distorsiones cognitivas al respecto (…) no elabora juicio crítico con respecto a las conductas transgresoras efectuadas”. No obstante, “se aprecia que percibe la necesidad actual de cambiar aspectos de su vida, relacionados con sus cogniciones y conducta, teniendo disposición para asistir y atender los requerimientos indicados para dar cumplimiento a la condena”. Junto con ello, el informe de Gendarmería dado a conocer por La Segunda da cuenta que el sacerdote de los Legionarios de Cristo “no está de acuerdo con la condena, negando haber cometido el delito, percibiéndose a sí mismo como víctima de un malentendido y de las circunstancias”. Además, está en tratamiento psiquiátrico “tomando una serie de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos para estabilizar el ánimo”. El sacerdote John O’Reilly fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por los abusos cometidos, pena que comenzó a cumplir el 9 de diciembre del 2014. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/07/28/gendarmeria-alerta-en-informe-psicologico-sobre-riesgo-de-reincidencia-de-john-oreilly/
  17. De los cerdos de Agrosuper a la gran minería El paraíso de Mr. Burns: Aprueban mina de titanio en Freirina David Ortiz y Daniela Yáñez | 11 Agosto, 2015 Hace cuatro meses que el Servicio de Evaluación Ambiental dio luz verde a Cerro Blanco, un inédito proyecto minero en América Latina dedicado a la extracción de rutilo (dióxido de titanio) en la Región de Atacama. Con una inversión de 380 millones de dólares, el proyecto contempla la construcción de un relave a 15 kilómetros de Freirina. La iniciativa hoy divide a una de las comunidades más golpeadas por las malas prácticas empresariales. La desconfianza está instalada y Freirina, a solo dos años de la salida de Agrosuper, está nuevamente despertando. En febrero de 2013, la gente de Freirina pasaba por uno de sus peores momentos. Llevaban casi dos años movilizándose para que la planta de Agrosuper, que tenía a todo el pueblo oliendo a mierda de cerdo, cerrara definitivamente sus puertas. Las barricadas se tomaban la carretera y el movimiento social, liderado por la Asamblea “Freirina Conciente”, juró no dar un paso atrás. La empresa agroindustrial más grande de Chile se tenía que ir de su territorio. Fue durante esos días de ira social, que el proyecto minero “Cerro Blanco”-primer yacimiento extractor de rutilo (dióxido de titanio) de América Latina-, ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). Ninguna autoridad, a pesar de la complicada situación que vivía la comuna, les cerró las puertas. En mayo pasado, después de dos años de reuniones entre la municipalidad, la autoridad ambiental y la empresa titular “White Mountain Titanium”, el SEA le dio luz verde al proyecto. Hoy Cerro Blanco es una realidad latente. Se ubicará a 15 km de distancia de Freirina, transformándose en el nuevo vecino de la comunidad que protagonizó uno de los conflictos socio-ambientales más grandes de la última década. “Familias enteras quedaron peleadas a muerte por lo de Agrosuper, veo venir lo mismo con esta mina y eso no es bueno para la gente”, cuenta Ivette Muñoz, dueña de un local de comida en Freirina. La desconfianza en la población no ha sido fácil de erradicar. Durante el 2012 y el 2013, la mayoría del pueblo se unió bajo una bandera de lucha, pero hoy se separan en dos fuerzas opuestas: los que están a favor de las megaempresas que dan trabajo y los defensores del medio ambiente. “Acá las cosas no están bien, porque hemos vivido todos juntos y ahora pueden ver al vecino como un traidor. Esta minera viene a agudizar las heridas que nos dejó el pasado”, asegura una dirigente social. Freirina cambió los cerdos por el titanio. LA DESCONFIANZA Poco antes de llegar a Freirina, en la ruta que une Vallenar con esta comuna, sobrevive una oxidada señalética que advierte sobre la planta de alimentos de Agrosuper. El escenario raya en lo apocalíptico. Las enormes instalaciones que hace unos años albergaron 700 mil animales y que significaron una inversión de más de 500 millones de dólares, hoy están clausuradas y deterioradas. Son los últimos vestigios del enfrentamiento de los pueblerinos con la empresa agroindustrial más grande del país. El 2012 fue un año movido en la tercera región. Los locales lo recuerdan como “la primavera de Atacama”, porque fue un año marcado por movilizaciones sociales que dejaron grandes pérdidas para las empresas de la zona. Los primeros en alzarse fueron los vecinos de Totoral, logrando revocar los permisos de la Termoeléctrica Castilla. Los siguieron la comunidad diaguita del Huasco, paralizando el proyecto minero El Morro y por último, Freirina, que echó de su territorio a la planta de cerdos que tenía a sus hogares impregnados de un olor pestilente. “Nosotros evitamos que siguiera avanzando esta lógica de aceptar cualquier megaproyecto contaminante en nuestro territorio. No podemos permitir que el Valle del Huasco se convierta en el Valle de Copiapó o en Chañaral”, cuenta Yahir Rojas, vocero de la asamblea “Freirina Conciente”, en contra de Cerro Blanco. No hay duda que el debate que divide a Freirina es el trabajo. Atacama es la región con la tasa más alta de desocupación del país, alcanzando el 8% según cifras del INE. “Acá estamos todos cesantes, a nosotros solo nos mueve la necesidad de trabajar” asegura Olga Pastén, vocera del grupo Freirina Esperanza, a favor de Agrosuper y Cerro Blanco. Una de las principales expectativas que el grupo “Freirina Esperanza” tiene con el proyecto, es la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Según las estimaciones de la empresa, en su fase de construcción entregarán en promedio 700 puestos y durante su fase de operación, que durará cerca de 20 años, otros 510. Cifras tentadoras, pero que esconden sutilezas. -La mina dará trabajo recién en varios años más y será para hombres. No tenemos muchas mujeres cualificadas para la minería y somos las que más necesitamos la pega. Se nos debe incluir como fuerza laboral- dice Olga Pastén. Según cifras del año 2012, más del 39,9% de los hogares de Freirina son mantenidos por mujeres. Por lo mismo, el Gerente de Operaciones de Cerro Blanco, Francisco Rojas, asegura que la empresa estaría tomando medidas: “Nos juntamos recientemente con el Sernam para ver la posibilidad de comprometernos con el 20% de la fuerza laboral para las mujeres, pero como empresa no tenemos ningún tipo de trato especial hacia los hombres. Mujeres y hombres son bienvenidos a las capacitaciones”. Yahir Rojas, de “Freirina Conciente”, hace un llamado a que la gente no se deje deslumbrar por estas cifras: “La comunidad no puede aceptar lo que venga bajo la condición de empleabilidad. No criticamos a los vecinos que necesitan trabajo, pero tenemos que tener ojo con la letra chica y las condiciones para que no nos repitan el chancho”. EL RELAVE El proyecto Cerro Blanco es único en su especie. La sociedad minera White Mountain Titanium, se formó después que unos ingenieros chilenos encontraran rutilo -materia prima para formar titanio- en Freirina, el año 2004. Casi seis años se demoraron en encontrar inversionistas, los que hoy son mayoritariamente chinos. ¿La razón? El alto riesgo de inversión: Cerro Blanco es la primera mina de extracción de rutilo del mundo que tendrá similar estructura y funcionamiento a una mina de cobre. “Era la forma de poder generar trabajos para la gente, porque en Australia o Sudáfrica, donde se genera el 80% de la producción mundial, las mineras tienen una estructura muy distinta a la que se conoce en Chile”, explica Francisco Rojas, Gerente de la empresa. Por eso, al igual que otras mineras, esta planta que producirá 73.000 toneladas anuales de concentrado de rutilo, tiene contemplado un relave a 15 km de Freirina. Esta es la piedra de tope para la comunidad y quizás su único punto de acuerdo. Todas las organizaciones convergen en que no existen estudios concluyentes que indiquen los efectos de la exposición del ser humano al dióxido de titanio y que por lo mismo, las autoridades debieron actuar con cautela. Opinión que comparte el doctor Andrei Tchernitchin de la Comisión de Salud y Medioambiente del Colegio Médico. – Me parece pésimo que se instale un tranque de relave en un lugar tan cercano a una población sabiendo los riesgos de ruptura y contaminación. Independiente del mineral que se extraiga, debe estar alejado para evitar la contaminación agrícola- asegura Tchernitchin. El doctor también ha sido consultado por la Asamblea “Freirina Conciente” para analizar la responsabilidad de las autoridades en la aprobación del proyecto Cerro Blanco: “Nos dijo que si no hay estudios concluyentes sobre este mineral, la autoridad tenía que tomar medidas precautorias o simplemente no aprobar el proyecto sin entender los posibles efectos negativos sobre la salud humana”, cuenta Yahir Rojas, vocero de la Asamblea. El relave se transformó en la preocupación más importante para los vecinos de Freirina luego de los aluviones de la tercera región en marzo de este año y por lo mismo, no quieren correr la misma suerte. “Se habla de desarrollo, de trabajo, de progreso; pero la verdad es que en zonas como Chañaral o Tierra Amarilla el progreso no fue tal”, sentencia Rojas. Este es el escenario que tiene a la Asamblea “Freirina Conciente”, levantando actividades de información a los vecinos y buscando apoyo de especialistas que puedan analizar los posibles efectos sobre la población. Francisco Rojas, Gerente de Cerro Blanco, asegura que no hay nada de qué preocuparse, porque el rutilo será extraído en Chile, pero será procesado en el exterior. -El titanio no es cancerígeno como algunos grupos están diciendo. Está presente en los medicamentos como el omeprazol y la aspirina, en los maquillajes, en las prótesis médicas, en grandes construcciones. No produce cáncer, no es radioactivo y no produce impotencia- aclara Francisco Rojas. Pese a no existir estudios científicos reconocidos en la materia, países como Vietnam y Kenya han cerrado sus plantas de titanio debido a la oposición de la población y la contaminación de sus aguas subterráneas. Otras de las preocupaciones es la contaminación de aguas marinas por utilización de químicos en el proceso de separación de metales pesados. De ahí la intranquilidad de las organizaciones sociales de Freirina. Aparte del relave, la mina también contempla una planta desalinizadora, que sacará agua del mar para abastecer la faena. El movimiento S.O.S Huasco, fue el primero en encender las luces de alerta. “Son 40 años de contaminación por estas empresas en la zona y ahora le sumaríamos una desalinizadora que viene a seguir matando el fondo marino y generando más daño a los vecinos. Los defensores del proyecto deben abrir los ojos”, asegura su vocero Juan Carlos Labrín. El conflicto en Freirina está recién comenzando. El viernes 26 de junio, algunos dirigentes entregaron una carta al Arzobispado y en la sede de la OCDE de Santiago, denunciando la falta de fuentes laborales y los resquemores de los vecinos en contra de la minera. “Esas acciones solo llaman a más empresas a nuestro territorio. Vamos a terminar a combo limpio entre nosotros si seguimos así. Les aseguramos que si tenemos que volver a tomarnos la calle por el bien de nuestras familias, lo haremos sin titubear”, advierte uno de los dirigentes. Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/08/11/el-paraiso-de-mr-burns-aprueban-mina-de-titanio-en-freirina/
  18. Dijo que no se puede pronunciar Corte Suprema rechaza abrir nuevo juicio contra Martín Larraín y obliga a familia Canales a ir al extranjero El máximo tribunal consideró que la causa se encuentra ejecutoriada, por lo que "no caben recursos de ninguna naturaleza" y que "no se puede pronunciar sobre algo ya resuelto". Matías Rojas Ayer 22:08 El pleno de la Corte Suprema rechazó por “incompetente” un recurso de nulidad ingresado por la familia de Hernán Canales, quien falleció luego de ser atropellado por el hijo del extimonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, en septiembre de 2013. El escrito, ingresado por el abogado Gonzalo Bulnes Núñez, pretendía revertir el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes que absolvió a Martín Larraín por el cuasidelito de homicidio de Canales, para que se invalidara dicho juicio y la sentencia y proceder a la realización de un nuevo juicio oral. La iniciativa surgió después de que el jurista sostuviera una cita con el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, quien le explicó que la instancia de nulidad de derecho público internacional cuenta con las herramientas necesarias para resolver el caso sin que sea necesaria la intervención de cortes internacionales, según consignó El Dínamo el pasado 30 de julio. No obstante aquello, el día de ayer, la Corte Suprema adoptó un acuerdo lapidario. Consideró que la causa se encuentra ejecutoriada, por lo que “no caben recursos de ninguna naturaleza” y que “no se puede pronunciar sobre algo ya resuelto”. El abogado de la familia Canales había señalado que, de ser rechazado el recurso, ya se estaba coordinando con sus representados para solicitar una intervención del caso en Estados Unidos, país al que viajará el próximo 12 de agosto. Matías Rojas El Ciudadano Fuente: http://www.elciudadano.cl/2015/08/08/198137/corte-suprema-rechaza-abrir-nuevo-juicio-contra-martin-larrain-y-obliga-a-familia-canales-a-acudir-al-extranjero/
  19. El reportaje de Contacto que causó molestia en el Parlamento y que Canal 13 decidió no emitir Investigación sobre uso de pasajes aéreos de parlamentarios para hacer campaña estaba listo para el despegue y se quedó en el hangar. Nacional 7 de agosto, 2015 Autor: El Dínamo Tema de El Dínamo Se sabe. La relación del programa Contacto con el mundo político siempre ha sido tensa. Hace seis años el programa de Canal 13 investigó a los parlamentarios que más inasistencias tenían, provocando nerviosismo tanto en la cámara alta como la baja. Por ese entonces se filtró que el canal estaba retrasando y editando con pinzas el capítulo y la revista Qué pasa realizó un reportaje sobre las supuestas presiones que desde el mundo político llegaron a la estación. El reportaje nunca salió al aire. La historia se volvió a repetir el domingo recién pasado, cuando la dirección de Canal 13 decidió no emitir el episodio que originalmente saldría al aire ese día: un reportaje que aborda otro tema incómodo para diputados y senadores; el uso de los pasajes aéreos asignados para labores legislativas y que según la investigación, algunos honorables usan para viajar a las regiones por las que planean candidatearse. Un tema que ya había sido expuesto a la opinión pública en febrero a través de un reportaje de La Tercera, cuando el diputado Osvaldo Andrade calificó el hecho como “un escándalo“. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que durante la realización de la investigación, el periodista Emilio Sutherland entrevistó a la actual Presidenta del Senado Isabel Allende, quien visiblemente molesta por el tema del reportaje dio un abrupto final a la conversación. Las mismas fuentes señalan que posteriormente, la senadora habría manifestado su malestar a los ejecutivos del canal. Todo esto en el contexto del peor año en la historia del Parlamento chileno: el 13% de los senadores están enfrentando alguna investigación judicial, incluida la sospecha de que al menos uno de ellos habría legislado en favor de los intereses de una empresa pesquera a cambio de dinero, como es el caso del senador Orpis quien está siendo investigado por cohecho y lavado de activos. Además, la desaprobación ciudadana de su labor bordea el 80% en ambas cámaras según la Adimark de julio, situación que llevó al Congreso a licitar una “asesoría de imagen” -cosa inédita en la historia de la República- por 44 mil millones de pesos, la que finalmente fue dejada sin efecto luego de las críticas que recibió de parte de los votantes, según informó ayer La Segunda. Para el mismo trabajo fueron entrevistados además el diputado Gustavo Hasbún (quien ya había señalado públicamente que sus intenciones de candidatearse por la región de la Araucanía eran ciertas, pero que el dinero de los pasajes -de las 17 veces que en un año viajó hasta allá- habían salido de su bolsillo), el senador Iván Moreira, el actual presidente de la cámara de diputados Marco Antonio Nuñez y Patricio Walker, presidente del Senado. Lo que salió en pantalla el domingo, en vez del controvertido reportaje, fue una investigación sobre la eutanasia. Hasta el momento se desconoce si finalmente el reportaje sobre los viajes de los parlamentarios verá la luz o terminará archivado. Sobre qué reportaje será emitido por Contacto este domingo, no hubo confirmación oficial de Canal 13 hasta el cierre de esta nota. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/08/07/contacto-parlamento-investigacion-canal13-viajes-parlamentarios/
  20. Familia Canales llega hasta la Corte Suprema para anular la absolución de Martín Larraín El abogado Gonzalo Bulnes adelantó que en caso de obtener una respuesta negativa del máximo tribunal, ya están realizadas las coordinaciones internacionales para presentar en Estados Unidos una solicitud de intervención del caso. Nacional30 de julio, 2015 Autor: El Dínamo La familia Canales llegó hasta la Corte Suprema para presentar un recurso de nulidad de derecho público internacional y así anular el juicio en el cual el Tribunal de Cauquenes absolvió a Martín Larraín por el atropello y muerte de Hernán Canales, ocurrido en septiembre de 2013. El abogado Gonzalo Bulnes detalló que esta iniciativa surgió luego de entrevistarse con el presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, quien le explicó que dicha instancia cuenta con las herramientas necesarias para resolver el caso sin necesidad de la intervención internacional. “Con este recurso de nulidad de derecho público internacional le estamos pidiendo justamente a la Corte Suprema que corrija el actuar y ordene la realización de un nuevo juicio con la presencia de la familia”, declaró Bulnes a radio Cooperativa. El jurista agregó que sus representados le dieron “los poderes para acudir a los organismos internacionales, en que se va a viajar el 12 de agosto para presentar esto. Sin embargo, la Corte Suprema tiene la posibilidad de corregir en Chile, si es que acogiera este recurso de derecho público internacional”. Se espera que en transcurso de los próximos días se conozca si la Corta Suprema acoge a trámite esta acción judicial y si la respuesta es favorable, hay un plazo de seis meses para conocer el dictamen final del tribunal. En caso contrario, Gonzalo Bulnes adelantó que ya se están realizadas las coordinaciones internacionales para presentar en Estados Unidos una solicitud de intervención del caso, el cual involucra a los jueces de Linares que decidieron, en un segundo juicio, absolver de toda culpa a Martín Larraín, hijo del entonces presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/07/30/familia-de-hernan-canales-llega-hasta-la-corte-suprema-para-anular-la-absolucion-de-martin-larrain/
  21. Caso Degollados: Familiares denuncian impunidad por libertad condicional a homicida La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad condicional al cabo Alejandro Sáez Mardones, y al sub oficial en retiro del ejército Miguel Pablo Muñoz Uribe ambos condenados a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura. Como fruto de esta decisión, los familiares de las víctimas lograron concertar una reunión con la ministra de Justicia Javiera Blanco para exigir que los casos de lesa humanidad no sean medidos con la vara de los delitos comunes. Con tristeza, y molestia, las familias de las víctimas del caso Degollados tomaron la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de otorgar la libertad condicional al ex agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) Alejandro Sáez Mardones, y al ex suboficial del ejército Miguel Pablo Muñoz Uribe. Mardones y Muñoz están condenados por crímenes de lesa humanidad. El primero a cadena perpetua como autor de los secuestros y homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y como autor de los secuestros de otras seis personas. Mientras que Muñoz es sindicado como el homicida del Secretario Regional del Partido Comunista de Magallanes, Carlos Raúl Baigorri Hernández, del militante socialista Germán Simón Cárcamo Carrasco y de Ramón Domingo González Ortega, ejecutados en los inicios de la dictadura, en Porvenir, Magallanes. Sin embargo, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que ambos uniformados cumplían con los requisitos de “irreprochable conducta anterior”, asistieron a los talleres de rehabilitación y tenían conciencia del daño causado, por lo que descartó la argumentación de la Comisión de Libertad Condicional de este mismo tribunal y declaró como ilegal el rechazo al beneficio carcelario. Hechos que provocaron un gran pesar en los familiares, según aseguró Camilo Parada, hijo del sociólogo José Manuel Parada: “Hay una sensación de impunidad y de desprotección que es infinita, o sea, porque estamos hablando de personas que secuestraron, torturaron y degollaron a Manuel Guerrero, a Santiago Nattino y a mi padre, José Manuel Parada y emocionalmente esto es muy difícil, muy complejo”. Parada explicó que “lo primero que me invadió fue una consternación al comprobar con dolor la verdad que Gendarmería y la Corte de este país están equiparando de facto delitos comunes con delitos de lesa humanidad”. Manuel Guerrero Antequera, otro de los hijos de las victimas agregó que la sentencia del tribunal de alzada es una pésima señal para el país: “Nos parece que es una pésima señal en Chile y los propios documentos oficiales del Estado han constatado y calificado, decenas de miles de caso de violaciones a los Derechos Humanos apenas hay 60 personas cumpliendo condena por estos delitos y además se les beneficia por estos delitos”. En este sentido, el abogado que representa a las familias, Fernando Leal, calificó de vergonzoso el fallo y sostuvo que apelarán al dictamen en la Corte Suprema. “No puede ser que personas que no tienen una adecuada conciencia del delito, del mal y daño causado, tratándose de un crimen tan horrendo como el caso Degollados, donde tres personas fueron secuestradas y fueron asesinadas siendo degolladas. Estamos hablando de uno de los peores crímenes cometidos en la Dictadura y que más impacto causó en la opinión pública”. Desde el punto de vista legislativo, el diputado Comunista Hugo Gutiérrez indicó estar cansado de solicitar que se revoquen estos recursos y que es necesario legislar un proyecto de ley que trace la diferencia entre aquellos delincuentes que comenten delitos ordinarios y aquellos que producen los crimines más aberrantes que son los de lesa humanidad. “De una vez por todas presentemos un proyecto de ley que efectivamente establezca con claridad que todo aquellos que son condenados por estos delitos de lesa humanidad no tengan ningún tipo de beneficio “intramuro”, es decir que no tienen posibilidad alguna de obtener ningún beneficio carcelario que les permita recuperar la libertad antes del total cumplimiento de la pena”. Finalmente, la ministra de Justicia, Javiera Blanco accedió a reunirse con los familiares de las víctimas de Nattino, Parada y Guerrero durante este martes para hacerle llegar su pesar y la necesidad de legislar sobre esta materia. http://radio.uchile.cl
  22. ¡Esto es indignante!: Tribunal absuelve a los acusados de colusión del caso Farmacias 23/06/2015 | El caso explotó en 2008 tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). En 2012, el TDLC multó por unos US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand, en tanto FASA colaboró con la investigación y llegó a un acuerdo conciliatorio en 2009. En fallo dividido, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió a los 10 ejecutivos de cadenas farmacéuticas y laboratorios acusados por el Ministerio Público de colusión de precios. La resolución fue adoptada con el voto en contra del juez José Flores, quien expuso que la Fiscalía sí logró acreditar la comisión del delito. Los votos a favor de la absolución corrieron por cuenta de la presidenta del tribunal María Inés Collin, y la jueza Laura Assef. El caso explotó en 2008 tras un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC). En 2012, el TDLC multó por unos US$20 millones a Cruz Verde y Salcobrand, en tanto FASA colaboró con la investigación y llegó a un acuerdo conciliatorio en 2009. Ese año se abrió la arista penal del caso, y en el desarrollo del proceso, la Fiscalía acusó a ejecutivos de Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde de alzar concertadamente desde noviembre de 2007 el precio de 220 medicamentos hasta en un 134%, alterando el precio natural que habrían tenido. El Ministerio Público presentó un centenar de correos electrónicos que dan cuenta de la coordinación de los ejecutivos de las tres cadenas, que cubren más del 90% del mercado farmacéutico. Sin embargo, para la jueza Collin, la coordinación de la que hablan los correos no prueba que se trate de aumento fraudulento en el precio de los fármacos sino simplemente tiene que ver con la manera cómo se entiende la industria con los laboratorios. La sentencia será dictada el 28 de julio. Los ejecutivos absueltos son Roberto Leopoldo Belloni, Ramon Ávila Silva, Mehilin Velazquez Chau, Claudia Fanny Carmona Zuñiga, y Judith Margarita Carreño Oteiza, todos ligados a Salcobrand. También los ejecutivos Sergio Purcell Robinson, Ricardo Ewertz Munchmeyer, relacionados con Farmacias Ahumada y los ejecutivos Ricardo Iván Valdivia Kloques, y Cristián Marcelo Catalán López, ligados a Cruz Verde. El décimo absuelto es Mario Zemelman Riveros, de Laboratorio Medipharm. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20150623/pags/20150623114941.html
  23. Caso Leopard: Corte de Santiago absuelve a miembros del Ejército por malversación La resolución modifica la sentencia dictada que había determinado la absolución de los acusados, pero aplicando la figura de la prescripción. A. Baeza. / 23/06/2015 - 10:10 La Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a los miembros del Ejército ® Luis Iracabal y Gustavo Latorre de responsabilidad en el supuesto delito de malversación de caudales públicos en la compra de 200 tanques Leopard, en junio de 1998. En fallo dividido, la Sexta Sala del tribunal de alzada dictó sentencia absolutorio del ex director y ex gerente de Fábricas de Maestranzas del Estado (Famae), al no configurarse el delito. La resolución modifica la sentencia dictada en primera instancia por la ministra en visita Teresa Figueroa Chandía, quien había determinado la absolución de los acusados, pero aplicando la figura de la prescripción. La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra González, quien fue partidaria de revocar la decisión de primera instancia y condenar a los acusados por el delito de malversación de caudales públicos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/06/680-635635-9-caso-leopard-corte-de-santiago-absuelve-a-miembros-del-ejercito-por-malversacion.shtml
  24. PRESIDENTA RECHAZÓ EL TEXTO QUE PREPARÓ EL COMITÉ POLÍTICO ANTERIOR Los secretos del proyecto que intentó dejar impune el financiamiento ilegal de la política Por : Mónica González en Reportajes de investigación Publicado: 10.06.2015 La noche del 28 de abril, cuando Bachelet anunció su batería anti corrupción política y privada, un proyecto de ley que tipificaba y sancionaba el delito de las boletas y facturas ideológicamente falsas, entre otros ilícitos, quedó listo para su firma. La Presidenta lo desechó tras ser advertida de la trampa que escondía. CIPER reconstruyó el itinerario de ese proyecto, el que se originó en un acuerdo político con la UDI para evitar que los que emitieron y recibieron boletas falsas fueran llevados a tribunales. Aquí se entregan los párrafos más importantes de ese proyecto de ley. El mensaje que la Presidenta Michelle Bachelet envió al país por cadena nacional el 28 de abril, al anunciar su paquete de medidas para combatir la corrupción, incluyó un párrafo que para un reducido grupo de entendidos tenía una segunda lectura. Al destacar sus prioridades, las que darían paso a proyectos de ley y medidas administrativas, afirmó: “Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas”. La frase estaba directamente relacionada con un artículo que contenía un proyecto de ley que preparó en tiempo express y en absoluta reserva un grupo coordinado desde el Ministerio del Interior, encabezado por el entonces ministro Rodrigo Peñailillo, y que contó con el auspicio de dirigentes de la UDI. Rodrigo Peñailillo La exploración de un acuerdo político que consagrara la “vía administrativa” para evitar que los episodios de financiamiento ilegal de la política lleguen a los tribunales, se venía intentando desde marzo de este año, cuando la principal afectada por los ilícitos del Grupo Penta era la UDI, entonces presidida por el diputado Ernesto Silva. Su salida de la cabeza del gremialismo no paralizó las conversaciones tendientes a que las boletas y facturas falsas usadas por políticos tuvieran solo sanciones leves y subsanadas con el pago de los impuestos defraudados. Fue precisamente el trabajo de la “Comisión Engel” el que dio la excusa para intentar institucionalizar algo similar a esa “vía administrativa” en un proyecto de ley que si bien innovaba en la sanción a la corrupción entre dinero y política, abría la puerta a una amnistía. El proyecto que buscaba endurecer las penas para los delitos de corrupción en la relación entre empresas y políticos –al que CIPER accedió-, incluía además un artículo que, de haberse aprobado, facilitaba la amnistía para todos aquellos que hubieran incurrido en el delito de emitir boletas o facturas falsas a cambio de dinero ilegal para sus actividades políticas. También beneficiaba a los que hicieron esos aportes obteniendo rebaja ilícita de sus impuestos al aumentar los costos de sus empresas de manera indebida. “Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de delitos en contra de la corrupción”, era el título del texto de nueve páginas que esa noche del 28 de abril estaba a un paso de ser enviado al Congreso para su trámite. En ese acotado articulado se introducían modificaciones al artículo 197 del Código Penal cuyo detalle lleva el título: “Documentos tributarios ideológicamente falsos”. Allí se “consagra expresamente como conducta constitutiva de delito otorgar documentos tributarios falsos, es decir, aquellos emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el producto a que hace referencia el documento, así como también se castiga el contribuyente receptor”. La paradoja es que la redacción de este artículo aparece como una medida efectiva contra la corrupción política al tipificar, por primera vez, las boletas o facturas falsas ya no solo como un ilícito tributario, sino como un delito inserto en el Código Penal. Pero en los hechos, al describir en el proyecto una nueva conducta ilícita que anteriormente no estaba tipificada, se está diciendo implícitamente que quien incurrió antes de la vigencia de la nueva ley en esa conducta, no cometió delito. En la práctica, una suerte de amnistía. MOMENTO DELICADO La Presidenta lanzó esa noche del 28 de abril su paquete de medidas en un clima convulsionado. La avalancha de facturas y boletas falsas que beneficiaban a distintos dirigentes políticos y que emanaban de la investigación judicial a los ilícitos cometidos por los dueños de Penta y de Soquimich, entre otros, había minado gravemente la confianza de los ciudadanos. Todo ello agravado por el estallido de los beneficios obtenidos por la empresa de su nuera, Natalia Compagnon, en un oscuro negocio inmobiliario que contó con un millonario crédito otorgado por el banco de propiedad de Andrónico Luksic. Hacía solo cuatro días que la Presidenta había recibido el informe final de la llamada “Comisión Engel”, un comité asesor que ella misma convocó para enfrentar la crisis de cuya gravedad ya nadie dudaba. De allí que sus palabras graficaran el delicado momento. “El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos. Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder, debemos asumir nuestra responsabilidad en esta situación. Y parto por mí misma…”, afirmó Bachelet al iniciar la cadena nacional esa noche de abril. Junto con informar que ella misma encabezaría el plan de ejecución de las medidas, anunció que lo haría “con toda mi energía y sin temor de ningún tipo” para cumplir con el objetivo de “cambiar las cosas de raíz”. “Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, dijo la Mandataria esa noche. En esos cuatro días transcurridos desde que la “Comisión Engel” le entregara a la Presidenta su informe final, hasta la noche de su discurso, y a pesar de que el informe de la comisión no dice una sola palabra sobre boletas o facturas falsas, el proyecto de ley estaba listo para la firma de Bachelet. Para los que esperaban que se abriera una puerta a la llamada “vía administrativa” del financiamiento ilegal de la política, fueron horas intensas, pero que aportaron una cuota de oxígeno. Un elemento que se había ido consumiendo junto con el espacio para maniobrar dada la férrea actitud que tanto en Impuestos Internos mantuvieron el subdirector jurídico Cristián Vargas y los funcionarios que lo respaldaban, como en el Ministerio Público que seguía sin tregua pidiendo formalizar y ampliar las querellas a políticos. Entre los que presionaban por establecer la “vía administrativa” se agregaban ahora figuras del oficialismo y un grupo importante instalado en el gobierno -encabezado por el ministro Peñailillo- que había recibido financiamiento ilegal de Soquimich, Aguas Andinas y empresas del Grupo Angelini a través de una sociedad de Giorgio Martelli. Pero los hechos no se desarrollaron como lo planificaron quienes incluyeron ese artículo en el proyecto de ley que encabezaría la batería presidencial contra la corrupción. Porque Michelle Bachelet no solo no firmó el proyecto de ley, sino que ocho días después de su discurso del 28 de abril anunció en entrevista con Don Francisco en Canal 13 que le había pedido la renuncia a todos sus ministros, para terminar el 11 de mayo desalojando de La Moneda a todo el Comité Político que estaba asociado a ese proyecto de ley. ¿QUIÉN INCLUYÓ ESE PÁRRAFO? La indagación hecha por CIPER no logró identificar quién incluyó el párrafo relativo a las “boletas y facturas ideológicamente falsas” en el discurso de Bachelet en la cadena nacional del 28 de abril. Lo que sí se pudo determinar es que para la preparación de ese proyecto de ley, se pidieron borradores a distintos abogados y que una parte esencial del articulado al que hizo alusión la Mandataria en esa alocución, salió del Ministerio de Justicia, cuyo titular entonces era José Antonio Gómez. Gómez, quien el 11 de mayo pasó a ocupar la cartera de Defensa, afirmó a CIPER que él cumplió una tarea encomendada por los ministerios del Interior y Secretaría General de la Presidencia, encabezado entonces por Ximena Rincón. Dice que asumió esa tarea, porque tenía estrecha relación con su misión como ministro de Justicia hasta ese momento. Y acotó: “Pero nunca participé de ninguna reunión donde se tomara la decisión de qué hacer con ese proyecto. La decisión política de lo que se presenta o no se presenta, la armazón de lo que será el proyecto de ley, no es mía, es del Comité Político y yo no formaba parte de él”. El entonces ministro de Justicia relató también a CIPER cómo se llegó a ese articulado. Recordó que en septiembre de 2014, el Ministerio de Justicia le encargó a una comisión de seis expertos la elaboración de un nuevo Código Penal (el vigente fue promulgado en 1874). El grupo lo presidió el académico de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández y lo integraron los abogados: Juan Domingo Acosta, Jaime Couso, Juan Pablo Mañalich y Luis Ortiz Quiroga. Cabe precisar que tanto Hernández como Acosta integraron la comisión formada por Sebastián Piñera en marzo de 2013, para el mismo objetivo, y que encabezó el penalista Jorge Bofill. El actual ministro de Defensa agregó que frente a las tareas que emergieron con carácter de urgencia del informe de la “Comisión Engel”, él le solicitó al abogado Héctor Hernández que trabajara en el proyecto de ley que sancionaría delitos de corrupción no tipificados en la normativa vigente, así como los que merecían endurecer las penas. La respuesta que le habría dado Hernández al ministro fue que no tenía tiempo para realizar ese trabajo, pero que aceptaba hacer una minuta. Una vez que en el despacho del entonces ministro de Justicia recibieron la minuta, el equipo de Gómez habría hecho la tarea de completar las indicaciones dadas por el abogado Hernández. Todo se hizo en forma rápida y el resultado se mandó al Ministerio del Interior y a la Segpres. El abogado Héctor Hernández confirmó a CIPER que no pudo realizar el trabajo que le pedía el ministro Gómez, por estar ocupado con otros compromisos laborales, pero que efectivamente realizó una minuta. “Fue un punteo en el que frente a cada materia que establecía el informe de la ‘Comisión Engel’, yo fui colocando en qué página del proyecto del nuevo Código Penal estaba mencionado”, señaló. Hernández recordó bien que en su punteo figuraba el delito de cohecho, la corrupción entre privados y fórmulas de evasión de impuestos por medios engañosos, pero descartó que haya incluido en ese punteo ninguna referencia a “boletas o facturas ideológicamente falsas”. ¿Quién incluyó ese artículo en el proyecto de ley para combatir la corrupción? Misterio. Tanto como la persona que incluyó la frase relacionada a ese artículo preciso en el mensaje que la Presidenta entregó al país el 28 de abril. EL TENTADOR ENVASE DE LA TRAMPA El proyecto de ley que “modifica el Código Penal en materia de delitos en contra de la corrupción”, implicaba también modificar el Código Tributario. En el mensaje presidencial que lo acompañaba se dice: “En marzo del presente año, en un particular momento político y social del país, consideramos necesario efectuar una revisión del régimen jurídico vigente a fin de proponer medidas concretas de orden legal y reglamentario para el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, y el eficaz control del tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés” (ver facsímil) En ese contexto, se dice en el párrafo siguiente, se le encomendó al Comité Asesor Presidencial, presidido por Eduardo Engel, la tarea de proponer “medidas concretas de carácter legal o administrativo, en los ámbitos de la prevención, regulación, sanción y reparación de conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción en todas sus formas, en el mundo de los negocios, la política, el servicio público y las relaciones entre éstos”. En el punto II y bajo el subtitulo “Objetivos del Proyecto de Ley”, se dice: “A fin de revertir esta situación, la presente iniciativa legal que someto a vuestra consideración incorpora una serie de medidas tendientes a reforzar en unos casos la persecución penal de conductas en las que se encuentran comprometidos funcionarios públicos y, por otra parte, incorpora nuevos tipos penales que afectan a privados, pero que inciden en la actividad pública”(ver facsímil). Ministro José Antonio Gómez Solo dos artículos contiene el proyecto. El primero se titula: “Delitos relativos al financiamiento y gasto electoral de las campañas y partidos políticos” e introduce modificaciones al Código Penal (ver facsímil). Establece sanción a quienes “ofrezcan, efectúen, soliciten o acepten para un partido político aportes prohibidos o que excedan los límites establecidos por la ley” (presidio menor en sus grados medio a máximo). También se castiga al que “efectuare gastos electorales cuyo monto total exceda del límite permitido por la ley (presidio menor en sus grados medio a máximo y si el exceso es superior a la mitad del monto autorizado se impondrá el grado máximo), y al que llevare contabilidad falsa o incompleta sobre ingresos y gastos electorales a la autoridad” (con reclusión mayor en su grado mínimo). Allí se incorpora un tipo penal sancionable en conformidad a la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. En ese punto y bajo el “número 2”, se introducen modificaciones al artículo 197 del Código Penal, que habla de “la falsificación de instrumentos privados”. En el proyecto de ley las modificaciones se detallan bajo el título: “Documentos tributarios ideológicamente falsos”. Y dice: “a.- Intercálase en el inciso segundo, entre las expresiones ‘cometido en’ y ‘letras de cambio’ la siguiente expresión: ‘documentos tributarios’. (Así quedaría el inciso modificado: “Si tales falsedades se hubieren cometido en documentos tributarios, letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables con presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte sueldos vitales, o sólo con la primera de estas penas atendidas las circunstancias”). b.- Agrégase un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor: ‘En todo caso, se consideran falsos los documentos tributarios emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el producto a que hace referencia el documento. Con igual pena se sancionará al contribuyente receptor del respectivo documento” (y se establece que si el emisor o receptor es una persona jurídica se aplicará lo dispuesto en la Ley 20.393). (ver facsímil). Bajo el número tres y cuyo título es “ampliación del sujeto activo en el caso del delito de tráfico de influencias”, lo relevante del proyecto es que ya no solo el empleado público es el sujeto activo de ese delito, sino que se establecen sanciones para aquel que “ejerza influencia en un empleado público con el objeto de obtener una decisión favorable a sus intereses”.También “se aumenta la pena máxima para aquel que cometa el delito de cohecho, pasando de reclusión menor en su grado mínimo a reclusión menor en su grado medio”, si se trata de un empleado público que acepta o recibe mayores derechos que los que consagra su cargo o beneficios económicos para sí o para un tercero; o por omitir un acto propio de su cargo. Y se endurecen las penas para quienes cometan delito de soborno. El número 8, incorpora el delito de “corrupción entre privados”, bajo el argumento de que “las relaciones entre privados también se ven teñidas de irregularidades que terminan excediendo la esfera de lo privado”. Y se castiga al “ejecutivo de la empresa que solicita o acepta recibir un beneficio para él u otra persona en la obtención de un negocio”, con pena equivalente a la que el mismo proyecto le impone al que comete delito de cohecho (artículo 248 del Código Penal) (ver facsímil) El artículo 2º, introduce modificaciones al Código Tributario, endureciendo las penas de dos delitos regulados en su artículo 97: el primero se refiere a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas; y el segundo, a la venta o facilitación de documentos tributarios para la evasión de impuestos (vea el facsímil). LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ EL RUMBO Cuando se analiza el orden en que la Presidenta Bachelet anunció sus medidas para combatir la corrupción la noche del 28 de abril, lo primero que destaca es que son similares al orden del proyecto de ley que a esas horas estaba listo para su firma. En primer lugar, mencionó la actividad política y de los partidos: “Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito. Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes”. Juan Pablo Hermosilla Pasaron los días y la Presidenta no firmó el proyecto. La indagación de CIPER indica que la presión de los interesados en que el proyecto de ley se enviara al Congreso, se acrecentó. Hubo al menos dos personas que la alertaron del veneno o trampa que contenía ese proyecto de ley. Una de ellas fue el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien defiende al ex director de Chilevisión, Jaime de Aguirre, por las boletas falsas que emitió para Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, cuando el canal pertenecía a Sebastián Piñera. CIPER consultó con el abogado Hermosilla y su respuesta fue escueta pero clara: “Dado el cúmulo de antecedentes que me entrega, no lo puedo desmentir, pero por secreto profesional no le puedo dar más detalles. Gracias”. Lo cierto es que Michelle Bachelet analizó los contenidos del proyecto y de otras situaciones que estaban ocurriendo y exactamente ocho días más tarde, el 6 de mayo, les pidió la renuncia a todos sus ministros. El 11 de mayo un nuevo equipo político desembarcó en La Moneda, encabezado por el ministro del Interior Jorge Burgos. Los testimonios recogidos por CIPER indican que de inmediato, entre el 12 y el 13 de mayo, una pregunta formulada por algunos parlamentarios comenzó a rondar a los ministros políticos del nuevo gabinete: ¿qué pasaba con el primer proyecto de ley contra la corrupción?, haciendo mención al polémico artículo. Fue entonces que se le habría hecho llegar al ministro Burgos el borrador del proyecto que tanto inquietaba a algunos. Una versión indica que el proyecto fue analizado en el nuevo Comité Político. Allí, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría dicho que enviar ese proyecto sería “un suicidio político”, mientras que Jorge Burgos habría acuñado el término de “amnistía impropia”. El entonces ministro de la Segpres, Jorge Insunza, se sumó al rechazo, al igual que su colega del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz. Hubo consenso total. Lo que ocurrió después fue clave para lo que vendría: la Presidenta se reunió con el Comité Político y les dijo en forma tajante que por ningún motivo firmaría ese proyecto de ley, porque era una decisión tomada hacía varios días. Lo último que se supo de este proyecto fue lo que dijo Jorge Insunza en los patios de La Moneda, el domingo 7 de junio, al terminar su anuncio de que renunciaba al Ministerio Secretaría General de la Presidencia: “Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez”. Así fue como la “amnistía impropia” fue a dar al tacho de la basura. Fuente: http://ciperchile.cl/2015/06/10/los-secretos-del-proyecto-que-intento-dejar-impune-el-financiamiento-ilegal-de-la-politica/
  25. 28 de abril de 2015 El escándalo de financiamiento irregular de campañas genera cuestionamientos al rol de los medios Daniel Matamala responde dura columna de Matías Rivas contra “reyes de la moralina” y dice que molesta el periodismo que no le teme al poder "Nunca le leí furia similar contra el periodismo que fulmina a lanzas de poca monta, falsos curanderos o vendedores de plumillas en los semáforos", dijo el conductor de CNN Chile sobre la crítica que formuló el director de contenidos de la UDP por la forma en que él y profesionales de otros medios han cubierto los casos Penta, Caval y SQM. por El Mostrador El periodista de CNN Chile Daniel Matamala no quedó indiferente ante la columna que publicó el sábado el diario La Tercera, donde el director de Publicaciones de la Universidad Diego Portales, Matías Rivas, lo incluyóen un listado de periodistas a los que acusó de ser los “reyes de la moralina” frente a los casos SQM, Penta y Caval. “Escuchar el despliegue oratorio de ciertos periodistas, como Daniel Matamala, Tomás Mosciatti, Fernando Paulsen o Matías del Río, por ponerle nombres a la trenza, es una experiencia muy similar a escuchar en AM a los predicadores de iglesias brasileras. Hablan con una certeza que da miedo. En algo recuerdan al cura Hasbún en sus momentos de fulgor mesiánico. Estos próceres nos revelan verdades y, además, se dan el trabajo de interpretarlas con una pasión que linda en el ridículo. He estado tentado de grabar sus peroratas para ver cómo sonarán en cuatro años más”, escribió Rivas. Y también afirmó que ellos son “los nuevos acólitos de un periodismo de tono pontificante en el que brillan las inflexiones de voz y escasean las ideas y la compasión. Curiosa forma de entender el periodismo la de estos titanes. Yo, ingenuamente, creía que esta profesión era una labor donde los escrúpulos, la duda y las medias tintas estaban presentes, sobre todo después del trauma de la dictadura”. Matamala respondió en una carta publicada este martes por el mismo diario. En ella, planteó que, con sus planteamientos, el también crítico literario deja en evidencia su molestia con un perodismo que no es complaciente con el poder. “A este Catón chilensis le molesta un periodismo que no es temeroso ni complaciente ante el poder, sino que indaga y revela sus prácticas. No parece agradarle, por ejemplo, que mis investigaciones hayan descubierto la entrega de dinero por medio de boletas irregulares de un canciller en ejercicio a un candidato a senador. O que en un reciente reportaje haya descrito cómo los 18 mayores grupos económicos de Chile han financiado la política durante la última década”, sostuvo el periodista. Agregó que “para Rivas todo ello es ‘resentimiento’, ‘rabia’ y ‘envidia pura’. Y en esos argumentos muestra los hilos de su indignación. Porque nunca le leí furia similar contra el periodismo que fulmina a lanzas de poca monta, falsos curanderos o vendedores de plumillas en los semáforos”. Y remató: “Defiendo al periodismo que pone la lupa sobre prácticas ilícitas de la elite política y económica. Creo que cumple una función relevante en una sociedad democrática, respetuosa de la igualdad ante la ley y alérgica a las injusticias y los privilegios. Aunque, desde su púlpito moral, a Rivas todo este trabajo le parezca cosa de envidiosos y resentidos”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/pais/2015/04/28/d%EF%BB%BFaniel-matamala-responde-dura-columna-de-matias-rivas-contra-reyes-de-la-moralina-y-dice-que-molesta-el-periodismo-que-no-le-teme-al-poder/
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