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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339565-aborto-3-causales-junio-idea-de-la-udi-de-ir-al-tc-no-genera-consenso-en-chile-vamos-pagina-2/page-1 01 Julio 2018 Ignacio Sánchez: “El gobierno no está haciendo un reglamento (de objeción de conciencia) que se ajuste al bienestar de las personas” El rector de la UC analizó el documento sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, presentado el viernes a la Contraloría, donde se reincorpora la restricción institucional para aquellas entidades de salud privadas que reciban recursos del Estado mediante convenios. De oficializarse la iniciativa, anunció que la UC recurrirá a instancias legales. “Yo atribuyo esto a que el gobierno quiere estar completamente en la línea de las pautas que dictó Contraloría, pero no hay una convicción detrás. Esa de decir que están bien los lineamientos de Contraloría, pero que el reglamento tiene que tener aspectos que un gobierno considera importante para las personas y su bien”. Así explicó a La Tercera el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, la sensación que le dejó el reglamento presentado el viernes por La Moneda a Contraloría, respecto de la objeción de conciencia ante la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. El documento en cuestión restablece una restricción en relación a la objeción institucional, en el área de obstetricia y ginecología, para las entidades de salud privadas que reciben fondos públicos. El documento ingresado al ente contralor dice que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, podrán ser objetores de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología”. Para Sánchez, quien fue uno de los artífices y defensores del concepto de la objeción de conciencia institucional, aún quedan instancias para modificar el reglamento. Y no descarta recurrir a instancias judiciales. A partir de la información publicada, ¿qué le parece el reglamento? Aun no hay oficialización de que sea ese el documento, pero nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales. Ellos son generados por todos los chilenos y tienen que estar orientados a los proyectos de bien público. Algunos, realizados por instituciones estatales, y otros por no estatales. En el proyecto de ley no aparecen restricciones y nos parece que no es el espíritu de la ley que un reglamento comience a ponerle restricciones a un derecho. Es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones. Eso es inconstitucional. En ese escenario, ¿podrían ustedes recurrir al Tribunal Constitucional? Está todo abierto. Las instituciones pueden ir bajo las razones que mencioné, pero también pueden hacerlo los parlamentarios. Es un flanco abierto que podría esgrimirse para acudir al Tribunal Constitucional. ¿E interponer un recurso de protección…? Como esto se conoció ayer (el viernes), es muy encima para hacer un análisis completo. La alternativa que tienen instituciones como la nuestra es, por supuesto, acudir a los tribunales de justicia o al TC. Tenemos que estar atentos para saber si parlamentarios de distintos partidos pueden acudir o no por la interpretación errónea que, a nuestro juicio, se está haciendo de la ley, y a partir de eso ver también qué sucederá con los convenios. De darse todo esto, la universidad tendrá que interponer una instancia legal, porque no nos parece aceptable el reglamento que ha trascendido. ¿A qué responde, a su juicio, esta decisión del gobierno? El gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas, y me parece grave que no tenga esa mirada de bien común, sino solo la de evitarse problemas con la Contraloría. ¿Qué sucederá con los convenios que tienen ustedes con el Estado? Tenemos un convenio amplio con el sistema público de salud, por más de 15 años, en nuestros consultorios de salud en La Pintana y Puente Alto. Atendemos a cerca de 65 mil personas, con todas las prestaciones, incluyendo ginecología y obstetricia. Son consultorios de atención familiar, por lo tanto, es de una gran complejidad separar las prestaciones. Alguien podría decir: “Bueno, por qué la universidad no se queda solamente con las prestaciones que no incluyen ginecología y obstetricia”, pero no es una opción tan fácil de tomar cuando lo que uno quiere es servir a la población. Lo que más llama la atención de este reglamento, bajo la lógica de los lineamientos de Contraloría, es que no se pone en el lugar de las personas. Se pone en el lugar de la asignación de recursos públicos. En términos económicos, ¿cuánto dejaría de recibir la UC de parte del Estado por estos convenios? No es que dejemos de recibir. Es al revés. Nosotros ponemos recursos. La Universidad Católica dejaría de invertir $ 400 millones todos los años, así que no hay ningún detrimento económico, todo lo contrario. Ese es el mejor indicador de cuál es la motivación nuestra: estamos por hacer las cosas bien, pensando en las personas, poniendo recursos extra. Nunca hemos tenido un interés económico. Visto de la óptica del usuario, el hecho hipotético de que ustedes, como objetores, salieran de los convenios, ¿cómo afectaría a la gente? El 100% de las personas que se atienden en estos consultorios son beneficiarios de Fonasa, nosotros no atendemos de manera particular en estos consultorios. Todas las personas tienen un pago per cápita por parte del Ministerio de Salud, una atención gratuita. Por lo tanto, si tuviéramos que cortar parte del convenio, ninguna mujer se podría atender en estos consultorios. Tendrían que ir a otra instancia. Si usted piensa que, en cifras entregadas por el ministro de Salud, son 350 pacientes en algo menos de la mitad de un año (las que han invocado la ley de aborto), podríamos llegar a tener 600 o 700 en todo un año. El 40% de ellas estaría distribuido en la Región Metropolitana. Estamos hablando de un número de pacientes bastante pequeño, que perfectamente pueden tener una derivación segura y oportuna, según los convenios que hemos hecho, tanto con el sector público y privado. Y en vez de solucionarse ese tema acotado, lo que se busca aquí es amplificarlo a un número muchísimo mayor de pacientes. Porque ya no sería una decena, sino que pasarían a ser miles las mujeres que eventualmente tendrían que sufrir las consecuencias de modificar el convenio existente. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/ignacio-sanchez-gobierno-no-esta-reglamento-objecion-conciencia-se-ajuste-al-bienestar-las-personas/227346/
  2. 15 Mayo 2018 Ignacio Sánchez, rector UC sobre aborto en niñas por violación: “Es un llamado de atención a toda la sociedad” La autoridad universitaria afirma que el embarazo en menores de 18 años, tras una agresión sexual, revela “un drama” que debe ser evaluado, pero que “la respuesta no debiera ser el aborto”. Dice que objeción de conciencia de Red UC es para las tres causales, pero que en caso de riesgo de vida de la madre se elimina la prerrogativa. El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, califica como una situación “terrible y dura” el que casi la mitad de los abortos registrados hasta ahora en el país, por casos de violación, se hayan practicado a menores de edad. Además, se manifiesta contrario a la resolución de Contraloría, que determinó que las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado, en materia de salud, no puedan hacer objeción de conciencia, es decir, exceptuarse de realizar estos procedimientos. En ese contexto, admite que no descarta recurrir a la justicia si el reglamento que elaborará Salud para reemplazar el antiguo protocolo no los deja conformes. Del total de abortos realizados por la causal de violación, casi la mitad han sido a menores, y al menos cuatro casos se practicaron a niñas que aún no cumplían los 14 años. ¿Qué le parecen estas cifras? Me parece que es una situación muy terrible, muy dura, que se da muchas veces por violencia sexual intrafamiliar, y ahí tenemos que ver claramente cuál es el entorno donde esto se está produciendo. Es un gran llamado de atención para ver cuál es la situación de esas disfunciones a nivel familiar. ¿Un llamado de atención a quién? A toda la sociedad. Hemos conocido lo que significa en familias vulnerables, niños en situación de abandono y mucha precariedad social, y eso nos abre los ojos de que esa situación hay que evaluarla, pero por supuesto que es un drama muy grande. Nosotros conocíamos que en un porcentaje importante de situaciones de embarazos no deseados y que resultan producto de violación iban a ser afectadas adolescentes o niñas menores. Hay que apoyar muy fuertemente para prevenir situaciones de este tipo y apoyar cuando las situaciones se han producido. Pero también hay que pensar en la vida del ser inocente que es producto de aquello. Cuando la situación se produce, hay que hacer un acompañamiento psicológico, médico, humano, familiar, personal a la víctima y la respuesta no debiera ser el aborto. Hasta ahora los abortos en la causal de violación suman 37 , mientras que los procedimientos realizados por riesgo materno son 99 e inviabilidad fetales 57. ¿Eso no descarta que la ley esté abriendo la puerta al aborto libre? Las cifras son interesantes, muestran una tendencia, pero hay que ser cautos y dejar pasar un tiempo mayor antes de sacar conclusiones. La población ha estado viviendo la polémica de los protocolos y la implementación, y creo que cuando ya esté la reglamentación y protocolos que tienen que estar, ahí las estadísticas van a tener una mayor validez. Me parece que no podemos sacar conclusiones todavía. ¿Usted considera que las cifras van a revertir la actual tendencia cuando la ley esté en completo régimen? No sabemos hacia dónde van a darse, pero me gustaría ver qué pasa cuando la ley esté en régimen, con la ejecución normal en el país. El dictamen de Contraloría impide que un recinto privado que reciba recursos del Estado mediante convenios de salud pueda ser objetor de conciencia institucional. ¿Le sorprendió la resolución? Ahí no estoy de acuerdo con lo que dice Contraloría porque la prestación que una institución hace y por la cual recibe recursos es una prestación que puede hacer. Ninguna institución recibe recursos públicos por prestaciones que no hace y no se compromete a hacer. Por lo tanto, ninguna institución va a recibir recursos por prestaciones que no va a hacer en tema de aborto. Esa institución va a trasladar a la paciente, por lo tanto esa entrega de recursos públicos no se va a dar. ¿Acudirá a la justicia si el reglamento que trabaja el Minsal para corregir los errores del protocolo continúa condicionando la objeción a las instituciones privadas? No se puede descartar nada, pero lo que puedo asegurar es que me voy a reunir con todos los asesores legales de la universidad para analizar el tema. Esto es complejo y los caminos legales pueden ser diversos. No lo puedo descartar de plano, pero no quisiera hacerlo porque uno no quiere judicializar el proceso. Lo que quiero es que la implementación sea sensata y se haga dentro de los marcos que la ley indica. Dónde se va a derivar a las pacientes que, buscando interrumpir su embarazo por las tres causales, acudan a la Red de Salud UC Christus ? Las pacientes del sector público serán derivadas a los hospitales más cercanos a la red y las del sector privado según los convenios con sus isapres. Eso está todo establecido en la carta que se envío al Minsal. Depende de la ubicación del centro de salud. Si llegan a la red Ancora, serán derivadas al Sótero del Río, si es en Marcoleta se derivarán a la Posta Central o al Hospital San Borja Arriarán, y en el caso de las isapres a las clínicas con las que tengan convenio esas isapres. El cómo se deriva también dependerá de la situación de salud y se evaluará según su estado. Si consulta ambulatoriamente, se derivará de esa manera. Si consulta en el servicio de urgencia y tiene alguna sintomatología o problema médico, se derivará en ambulancia. Lo importante es orientarla y asegurar su traslado. ¿Hasta el momento se ha generado alguna petición de interrupción de embarazo en la Red UC? Desde septiembre hasta ahora no ha habido ninguna solicitud de realizar este procedimiento, por lo tanto no hemos hecho ningún traslado. La objeción institucional que ha declarado la UC es para las tres causales o solo para la tercera causal de violación? La objeción es para las tres causales, pero en cualquiera de ellas, cuando haya compromiso vital de la mujer, se deja de lado la objeción personal e institucional. No hay ninguna discusión ahí. La objeción es para las tres causales, pero la excepción, si compromete la vida de la madre, también es para las tres causales. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/ignacio-sanchez-rector-uc-aborto-ninas-violacion-llamado-atencion-toda-la-sociedad/165185/
  3. 17 Septiembre 2017 Ignacio Sánchez: “Me llama la atención que haya gente con tanta irritación sanguínea en contra de la UC y de este rector tras el fallo del TC” Su rol frente a la despenalización del aborto, la crítica al gobierno por no reconocer el papel público de las universidades tradicionales, su preocupación frente a la ampliación de la gratuidad y las dudas que abre la visita del Papa. Todo eso a continuación. Ignacio Sánchez abre la puerta de su despacho y se sienta en uno de los tres sillones instalados en medio de la habitación. Justo frente al rector de la Universidad Católica, sobre un arrimo, destaca una foto familiar, donde aparece con su esposa y sus siete hijos. Arriba, en la pared, figuran otras tres, donde se le ve junto a las máximas autoridades de la Iglesia Católica chilena, con el Papa Juan Pablo II, y en otra, más reciente, posando al lado de Francisco I. Una postal que Sánchez espera repetir en los próximos días, cuando el Sumo Pontífice visite la Casa Central de la UC, actividad que ya figura con día y hora en la agenda papal: el miércoles 17 de enero de 2018, a las 18.00. ¿Qué postura espera que asuma el Papa Francisco en su visita al país respecto de la agenda valórica que el gobierno ha establecido, como la despenalización del aborto, y de la que se comienza a discutir en el Congreso, como matrimonio igualitario y derechos de adopción? La visita del Papa es un regalo para el país, además, hemos sido distinguidos con su futura presencia, lo que nos alegra mucho, ya que será una experiencia de fe y de crecimiento para toda nuestra comunidad. Los temas que va a abordar el Santo Padre en nuestro país solo los conoce él. Nos ha demostrado en otras visitas que todo lo humano le es propio y de interés, por lo que con seguridad va a abordar todas esas materias en nuestro país, para avanzar y fortalecernos como comunidad preocupada de la dignidad y crecimiento integral de cada uno de sus miembros. ¿Qué costos le trajo a la institución y a usted, en lo personal, haber liderado la oposición a la despenalización del aborto? Siempre participamos con respeto en las discusiones sobre el tema, planteando respeto a la vida, cuidado de la madre y respeto al niño que está por nacer, y en mi experiencia, las personas siempre fueron muy respetuosas, pero me llama la atención que haya gente con tanta irritación sanguínea en contra de la institución y de este rector después del fallo del Tribunal Constitucional (TC). Ellos deben entender que la ley se aprobó con estas características. ¿Sienten como un triunfo propio la objeción institucional que reconoció el Tribunal Constitucional? Sí, planteamos que era muy necesario tener una objeción de conciencia personal, no solamente al médico, sino que al equipo, y me alegra que sea a todos quienes podrían llegar a formar parte del procedimiento. Planteamos esta objeción poniendo un ideario institucional más que objeción de conciencia, porque es obvio que las instituciones son formadas por personas y son ellas quienes tienen conciencia. Ese fue un logro que obtuvimos y nos alegramos por ello, entendiendo que lamentamos mucho que se haya aprobado la ley de aborto en estas tres causales, diciendo que el embrión no se reconoce como persona hasta el momento de nacer. Eso es muy grave y lamentable. Así lo ratificó el TC y vamos a ejercer nuestro derecho de ideario institucional. ¿Qué harán con los profesores que trabajen en hospitales públicos que sí realicen abortos? Hay profesores nuestros que se desempeñan en campos clínicos públicos y que tienen parte de su jornada en docencia con nuestros estudiantes, pero la institución no quiere estar metido en la cabeza de cada persona, son libres de actuar como determinen, pero nos parece que sería una incongruencia que un profesor nuestro, ocupando nuestro logo y delantal, en un campo clínico externo haga un aborto. No podemos ponerles un chip a nuestros profesores en los distintos campus por todo el día, creo que hay que quitarle el dramatismo, porque esta institución no va a perseguir a nadie. Este punto ha sido tan polémico que llevó a algunos a contrastar la postura objetora de la UC frente al aborto por violación con la asistencia médica ofrecida a Karadima, sacerdote investigado por abusos sexuales… ¿Cómo interpreta ese tipo de críticas? Los que hablan así no entienden el objetivo de la medicina. Es lamentable que las personas opinen sin tener un conocimiento. Cuando un paciente llega con un infarto agudo al miocardio de modo grave y se tiene que operar a las pocas horas, porque o si no fallece, estamos llamados a salvar la vida. La analogía que se debiera hacer es que si recibimos a una madre que se provocó un aborto, también la vamos a llevar a pabellón, restauraremos su salud de la misma forma, porque es un paciente grave que está en posible muerte. No veo que tenga ninguna relación recibir a una persona que esté condenada por hechos muy deleznables y criticables, porque sería lo mismo que se nos trasladara de la cárcel pública a un paciente que tiene un infarto y que ha cometido crímenes zanjados con condena, ahí me pregunto ¿no deberíamos atender esa urgencia? Todas estas argumentaciones y comparaciones no tienen ningún asidero ni sentido. El jueves, tras la promulgación de la ley que despenaliza el aborto, la UC izó la bandera hasta media asta. ¿Por qué? ¿No pudo ser visto como un acto de provocación? La UC considera que la aprobación del proyecto de ley de aborto significa un hecho triste y lamentable para el país, que será recordado para siempre. El cuidado y respeto a la vida debe ser nuestra primera preocupación como sociedad. Es por esto que izamos la bandera de la universidad a media asta, como signo y testimonio de duelo y dolor. No es un acto de provocación, sino de compromiso y coherencia con lo que desde la institución hemos planteado desde el inicio de esta discusión. Por otra parte, a través de la objeción de conciencia personal y ratificación del ideario institucional, reafirmamos nuestra decisión de proteger y cuidar la vida desde la fecundación hasta la muerte natural en todas nuestras dependencias de salud, hospitales, clínicas y Red de Salud UC Christus. Público y estatal Hace un año y tres meses se ingresó el proyecto de educación superior, pero tras las críticas se decidió realizar un escrito propio para las universidades estatales. ¿La separación de estos proyectos generó tensión al interior del Cruch? Al principio manifestamos nuestras diferencias sobre el proyecto global, como la falta de reconocimiento de lo público que no fuera del Estado, nos parecía que no había una valoración real de las universidades regionales, pero esto se tensionó más con la división, porque como G9 (red de universidades públicas no estatales que integran el Cruch) pensamos que las universidades del Estado han acordado temas más como de este rol que como Consejo de Rectores. Los rectores de las universidades estatales han estado más preocupados de ese proyecto de ley que el de educación superior. ¿Qué costos trajo la división de los proyectos? Cuando se saca un proyecto de ley específico para las estatales, pueden pasar dos cosas: o se minimiza el gran proyecto de reforma a la educación superior o se desvían los intereses de las universidades que están en uno u otro mundo. Ahora la discusión está enfocada hacia las Ues. estatales más que con el proyecto global, lo que me parece un error, porque este último va a influir en todas. Como rectores estamos trabajando en dos bandas: una como G9 hablando del proyecto de ley en general, y el Cuech más focalizado en otro proyecto. ¿No pareciera razonable que el Estado haga una ley para instituciones que son de su propiedad? Me parece normal que tengan un tratamiento jurídico particular, porque tienen características jurídicas especiales, pero en un sistema de educación superior que está articulado por un consejo de rectores que por más de 60 años trabaja en conjunto, en el mismo proyecto de ley podría haberse dado una solución. Se tomó la decisión de un proyecto especial para dar más fortalecimiento, pero eso no puede ser a expensas de otras instituciones. Y ahora tal como está, ¿el proyecto es a expensas de ustedes? Por el planteamiento económico, sí. Si se comparan los aportes económicos que se han dado a las universidades estatales y las del G9 en los últimos cuatro años hay un desbalance importante. El aporte económico debería ir ligado al aporte a la comunidad, con estudiantes vulnerables bien formados, por eso llamamos a que se evalúe seriamente, según el resultado que cada una de estas instituciones entrega. ¿Piden un trato igualitario al que se les dará a las universidades estatales? Equivalente más que igualitario… ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, si una institución estatal de regiones necesita mayores aportes durante un tiempo, estamos todos de acuerdo en que la reciba. Si una institución de G9 necesita por alguna circunstancia un aporte extra, pensamos también que tiene que ser equivalente. Por eso el trato no tiene que ser necesariamente con dar lo mismo, sino que estar en relación con las necesidades particulares y al aporte que esa institución va a entregar. El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que se “naturalizó el aporte del Estado a universidades privadas y que en otros países no pasa”. ¿Por qué en Chile sí se debería seguir dando recursos a las universidades privadas y no a un colegio privado? Eso que en el mundo no pasa no es tan así, sabemos que sí ocurre en Nueva Zelandia, Australia, Holanda y algunos lugares de Alemania, donde hay instituciones privadas que tienen recursos estatales por el aporte público que entregan. La diferencia con los colegios es que en la educación superior se trata que sea lo más inclusiva posible, en la UC hay 4.500 estudiantes con gratuidad que nunca podrían haber llegado acá sin apoyo estatal. Las instituciones piden recursos para formar a estudiantes de muy buena calidad que de otra manera no podrían entrar. Entonces… ¿El rol público es lo que los hace merecedores de recibir recursos estatales? Las universidades tienen función de crear conocimiento que es de bien público, y eso requiere un apoyo del Estado para que se produzca, de otra manera un sistema universitario amplio y diverso no existiría. Entonces, si una institución que no tiene fin de lucro, sino que tiene la intención de bien público, no es apoyada por el Estado, lo que va a ocurrir es que se va a jibarizar el sistema de educación superior. Hay que salir de la lógica de la competencia o de no estar contento porque a uno se le apoye y a otro no, tenemos que manifestar nuestra voz de que los apoyos a un sector como las universidades estatales no pueden ser en desmedro de otro grupo. Aumento de la gratuidad Es conocido que la implementación de la gratuidad les ha generado déficit, pero el Mineduc adecuó mecanismos para subsanarlo, como aportes por investigación. ¿Esto ayudó a corregir los problemas? Hay que reconocer el esfuerzo que hace el Mineduc, porque reconoce que las instituciones de alto nivel de investigación favorecen a los estudiantes. En algunos casos estos déficit han disminuido, en otros desaparecieron, en otras como la nuestra se han mantenido, pero si se sube al 60% la gratuidad, para nuestra institución son cerca de mil alumnos más y, por lo tanto, si no hay correcciones de lo que estamos hablando, nuestro déficit, que bajó de $ 1.700 millones a $ 1.000 millones va a volver a subir. No podemos financiar estos déficit incrementando los aranceles de los estudiantes que están pagando. ¿Dicho así pareciera que la gratuidad es una amenaza para la calidad? Es un riesgo, pero se debe abordar, ya conversamos con la jefa de la Dirección de Educación Superior, y sabemos que los cambios no pueden ser repentinos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ignacio-sanchez-me-llama-la-atencion-haya-gente-tanta-irritacion-sanguinea-la-uc-este-rector-tras-fallo-del-tc/
  4. 05 Enero 2017 Los argumentos del rector de la PUC para demandar al Estado por el AFI Ignacio Sánchez acusa la no entrega del aporte correspondiente a la Asignación Fiscal Indirecta, cuyo perjuicio estima en los $1.700 millones. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez comunicó en la sala de audiencias de Casa Central que a primera hora de este jueves entregó en tribunales una demanda civil en contra del Estado de Chile para “llamar la atención sobre el incumplimiento de la ley vigente”. Respecto a esto, el rector manifestó que esta demanda civil “busca pedirle la opinión a los tribunales de justicia sobre el incumplimiento de la la ley que se ha producido en la presentación de la Ley de Presupuesto entre septiembre y noviembre pasado con motivo de la ausencia de la Asignación Fiscal Indirecta (AFI) para todas las universidades del país”. Desde el 14 de enero de 1981, según el artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N°4, es obligación del Estado otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que matriculen a los primeros 27.500 puntajes de la ex Prueba de Aptitud Académica (PAA) y de la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU). Este es un monto que se considera de los estudiantes matriculados en el primer año de estudios del período inmediatamente al anterior. Es decir, corresponde a la suma adeudada a todas las universidades del sistema que responda a lo recibido por cada una de ellas mediante los estudiantes ingresados en marzo del año pasado. A juicio del rector de la U. Católica, el incumplimiento de esta ley tiene un daño para esta universidad de un monto cercano “a los 1.700 millones de pesos que afecta el proyecto educativo, que tiene que ver con los estudiantes, la investigación y nuestro desarrollo del presente y futuro”. Asimismo, el director de Asuntos Jurídicos de la UC, Juan Esteban Montero explicó que “este es un juicio ordinario que una vez que se presentó la demanda y lo provee el tribunal, se le notifica a la contraparte que es el Consejo de Defensa del Estado para que ellos respondan la demanda y ahí comienza todo el procedimiento, un juicio de largo pronunciamiento”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/los-argumentos-del-rector-la-puc-demandar-al-estado-afi/
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