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  1. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/338285-programa-ascar-pdi-toma-158-declaraciones-y-revisa-60-carpetas-sobre-programa-ascar-del-sename/?hl=%2Bcaso+%2Bsename&do=findComment&comment=23613793 05 Agosto 2018 Caso Ascar: Fiscal no descarta citar a declarar a ex ministros en calidad de imputados La ex ministra de Justicia ya fue interrogada por esta causa en calidad de testigo. Marcos Emilfork pretende "determinar las responsabilidades en todas las esferas que sean necesarias". El fiscal a cargo del caso Sename no descarta citar a declarar a a los ex ministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco. El fiscal a cargo del caso Sename, Marcos Emilfork, dijo que no descarta citar a declarar en calidad de imputados a los ex ministros de Justicia José Antonio Gómez y Javiera Blanco por la presunta malversación de fondos públicos en el marco del programa de Aseguramiento a la Calidad de las Residencias (Ascar). Blanco ya fue interrogada como testigo por el equipo que investiga la causa, y por ahora Javier Lagos Rosales, ex coordinador de Ascar, se mantiene como el único imputado por estas irregularidades. Anteriormente, Rosales aseguró que en el programa procedían bajo instrucciones del ministro del momento, y que los gastos "se hicieron conforme a los procedimientos establecidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". En entrevista con Reportajes de La Tercera, Emilfork indicó que autoridades de otros gobiernos están siendo investigadas, y advirtió que "puede que en los próximos días la ex ministra Javiera Blanco y el ex ministro José Antonio Gómez sean citados en calidad de imputados". El fiscal añadió que "quienes trabajaban en Ascar sabían desde el principio que se trataba de un programa cuyo objetivo era mejorar la calidad de vida de los niños en el sistema residencial. Lo mismo con el pago de subvenciones, donde también hemos encontrado inconsistencias en los pagos a privados por parte del Estado". "Estamos desarrollando con mi equipo una estrategia para determinar las responsabilidades en todas las esferas que sean necesarias, siempre con responsabilidad y de forma seria y objetiva", finalizó. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/infancia/proteccion/caso-ascar-fiscal-no-descarta-citar-a-declarar-a-ex-ministros-en/2018-08-05/122246.html
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/343083-infancia-agosto-suspenden-a-coordinador-de-aldeas-sos-por-presuntos-abusos/?hl=%2Binfancia&do=findComment&comment=23979872 16 Septiembre 2018 Exministro presenta recurso de protección por caso Sename José Antonio Gómez acusa falta de conducción del fiscal nacional en la investigación. Corte de Apelaciones pidió informe a Jorge Abbott. EL FISCAL NACIONAL, JORGE ABBOTT CHARME, Y EL EXMINISTRO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO BACHELET, JOSÉ ANTONIO GÓMEZ. La Corte de Apelaciones de Santiago dio un plazo de cinco días al fiscal nacional, Jorge Abbott, para remitir un informe y todos los antecedentes referidos a posibles vulneraciones constitucionales en contra del exministro de Justicia José Antonio Gómez, quien se encuentra imputado por el caso Sename, en su arista Ascar. La exautoridad del gobierno pasado presentó un recurso de protección en contra de la máxima autoridad del Ministerio Público -que fue declarado admisible el viernes-, al considerar que este no habría ejercido “sus funciones constitucionales” al negarse a ejercer acciones contra el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. A este último lo acusa de haber cometido “graves infracciones legales y administrativas” en conocimiento de Abbott. Estas, apunta el recurso, tienen relación con declaraciones emitidas por Emilfork, fiscal del caso Sename y a quien acusa de infringir el deber de abstenerse de dar opinión y antecedentes de la investigación. Esto no es nuevo. José Antonio Gómez se reunió el pasado 8 de agosto con Abbott para manifestarle su descontento por la situación, posición que reiteró el 30 de agosto a través de una carta. El fiscal Emilfork asumió las investigaciones relacionadas a muerte de niños al interior del Sename. De esta causa derivó la arista Ascar, en que se indagada el eventual mal uso de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los niños que están en residencias de la red Sename. Por esta indagatoria, Gómez se reunió con Emilfork el pasado 11 de septiembre. La citación, originalmente, era para que el exministro declarara en calidad de imputado. Gómez no entregó su testimonio, pero sí dio a conocer una serie de antecedentes y accedió a que revisaran sus correos electrónicos institucionales de su período en Justicia. “El fiscal Emilfork ha vulnerado principios y normas expresas de la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Código Procesal Penal, instrucciones y reglamentos del fiscal nacional. Todas estas disposiciones son letra muerta para el fiscal Emilfork y lo más grave es que lo han sido también para el fiscal nacional”, señala el recurso de Gómez, quien es representado por la abogada y exsubsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic. Este es el segundo intento de la defensa de Gómez contra Abbott, ya que el 11 de septiembre la Corte de Apelaciones declaró inadmisible la solicitud, al considerar que “en la presentación efectuada en estos autos no aparece que se hayan mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración a las garantías constitucionales” y que la petición dice relación “con el ejercicio de una atribución privativa del fiscal nacional”. Si embargo, la defensa repuso el recurso y a partir de ello, el 14 de septiembre obtuvo una respuesta favorable que derivó en la solicitud formal a Abbott. Entre los dichos que se cuestionan a Emilfork están las declaraciones que dio a La Tercera el 5 de agosto pasado, en que señaló que “no habrá miramientos si son altas autoridades de gobierno o director, funcionario, nada. Estoy en la búsqueda investigativamente de responsabilidad de orden penal”. La exministra de Justicia Javiera Blanco también ha apuntado en contra del fiscal regional, luego de que se conociera que fuera citada a declarar como imputada por el caso contrataciones en Gendarmería. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/exministro-presenta-recurso-proteccion-caso-sename/321832/
  3. 29 Mayo 2018 Consejo de Asignaciones Parlamentarias publica informe con prohibiciones a diputados y senadores Oficio presentado por la entidad encabezada por el exsenador Andrés Zaldívar delimita en qué se pueden utilizar los recursos destinados al ejercicio de la función parlamentaria. Tras diez sesiones, que se realizaron entre los meses de abril y mayo, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias -compuesto, entre otros, por el exsenador Andrés Zaldívar y el exministro José Antonio Gómez- revisó y analizó las asignaciones parlamentarias y finalmente, evacuó un informe de más de cien páginas, publicado hoy, que regula la utilización de estos recursos. En el documento se define que la asignación parlamentaria “constituye un fondo público destinado por cada Cámara a financiar el ejercicio de la función parlamentaria”, el cual, se señala, es distinto a su dieta parlamentaria. El informe regula el uso de financiamiento para el cumplimiento de la función parlamentaria y, por ejemplo, queda prohibido que una misma persona preste servicios a un senador con cargo a dos ítems distintos comprendidos en las asignaciones. Se prohíbe también la contratación de asignaciones parlamentarias destinada a personal de apoyo o asesoría externa, de funcionarios públicos y de personas que declaren candidaturas a cargos de elección popular. También se prohíbe con el gasto de asignaciones parlamentarias se financien actividades electorales se campaña. Señala también el documento que el consejo establece que la contratación de concejales o consejeros regionales con cargo a las asignaciones parlamentarias “puede traer aparejado un potencial conflicto de interés”. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/consejo-asignaciones-parlamentarias-publica-informe-prohibiciones-diputados-senadores/184772/
  4. Durante las investigaciones por las muertes de niños y adolescentes en estos recintos se detectó que hubo pagos irregulares o que se hicieron sin haberse prestado los servicios que los motivaban. El fiscal Marcos Emilfork lidera una investigación por presunto fraude al fisco en el Ministerio de Justicia, donde busca determinar a los responsables de irregularidades presentadas en el programa Ascar. Según informó anoche T13, la idea de esta iniciativa era mejorar las atenciones en las cuestionadas residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero durante las investigaciones por las muertes de niños y adolescentes en estos recintos se detectó que hubo pagos irregulares o que se hicieron sin haberse prestado los servicios que los motivaban. El licenciado en Teología y ex funcionario del Ministerio de Justicia, Franlkin Ceballos, reconoció que le pagaron más de $5 millones por funciones que no realizó. Además explicó que fue reclutado por Ascar luego de un almuerzo con el ex diputado Pedro Araya y la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. El reportaje también consignó que el programa social fue reimpulsado por el también ex titular de Justicia, José Antonio Gómez, quien visó, a través de sus asesores, la contratación a honorarios de la actriz Ana María Gazmuri. La directora ejecutiva de la Fundación Daya recibió pagos por poco más de $17 millones por cumplir la función de terapeuta. Sin embargo, ésta explicó que esa sólo era la descripción de la función y que su rol fue hacer 40 charlas durante seis meses. “No fui contratada como terapeuta, esa es la definición de mis capacitaciones en el contrato. Más bien mi rol era de comunicadora”, indicó, tras lo cual comenzó “a trabajar en diálogos ciudadanos para abrir espacios de conversación ciudadana, bajar temas como estos y poder socializarlos“, señaló, agregando que no fue testigo de irregularidades. 📺 #T13 | Indagan fraude en ministerio de Justicia. EN VIVO » https://t.co/iuDoPAmuAb pic.twitter.com/Afxtbs2MzN — T13 (@T13) 14 de mayo de 2018 Por su parte, desde el Ministerio Público señalaron que han prestado declaraciones 130 de los 150 funcionarios que trabajaron en el programa Ascar. La investigación de oficio lleva 1 año y, hasta ahora, hay un solo imputado: Javier Lagos, quien fuera jefe de unidad de Ascar, y que hoy sigue desempeñándose como funcionario del Ministerio de Justicia. También se indagan los delitos de realización de función pública diferente (a la contratada) y eventuales falsificaciones de documentos para justificar pagos. http://www.eldesconcierto.cl/2018/05/14/investigan-presunto-fraude-al-fisco-en-programa-del-ministerio-de-justicia-que-mejoraria-el-sename/ Al igual que tú, ninguna explicación para tan dura realidad, que nos avergüenza como país. “La situación de la infancia en Chile es una herida abierta en el alma del país”, dije en entrevista con @Emol en la que hablé de mi trabajo en prevensión de ASI https://t.co/pYjAUy2VbF — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) 14 de mayo de 2018
  5. 06 Noviembre 2017 Ex comandante en jefe del Ejército recibió bonos por casi $8.000 millones José Antonio Gómez por caso Fuente-Alba: "Lo importante es que los tribunales y fiscalía actúen con rapidez" El ministro de Defensa aseguró que la situación judicial del ex jefe castrense es "una situación que tendría que aclarar la investigación (...) el fallo final dirá qué responsabilidades hay en cada una de estas cosas". El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, se refirió a los últimos antecedentes de la investigación judicial que dan cuenta que el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, recibió abonos por $7.942 millones entre los años 2008 y 2015. El monto no coincide con los ingresos que recibió durante ese periodo por su labor en la institución, consigna ADN Radio. Consultado por esta situación, el secretario de Estado admitió que la millonaria cifra no calza con los montos recibidos por un funcionario público: "No, claro. Si eso es realidad, es una situación que tendría que aclarar sin duda la investigación. En ese sentido, creo que lo importante es la investigación judicial que se está realizando y cualquier antecedente que salga debe ser investigado en profundidad, deben tomarse las medidas legales que correspondan y el fallo final dirá qué responsabilidades hay en cada una de estas cosas". "Lo malo es que esta situación se produzca desde el punto de vista público sin tener claridad de dónde surgen esos recursos, si es así. Pero finalmente creo yo que lo importante en este país es que los tribunales y la fiscalía actúen con la mayor rapidez y precisión frente a las responsabilidades que se tengan en esos puntos", concluyó. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/06/jose-antonio-gomez-por-caso-fuente-alba-lo-importante-es-que-los-tribunales-y-fiscalia-actuen-con-rapidez/
  6. 08 Septiembre 2017 Ex comandantes en jefe de las FF.AA. cuestionan “discriminación” hacia ex uniformados en temas judiciales "Por el contrario, los otros actores, activos y pasivos, en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas, que en el caso de los ámbitos políticos y judiciales no fueron ni pocas ni menores", expresaron 16 ex altos mandos en el texto. “Septiembre, Fuerzas Armadas y Carabineros”, así se titula la carta publicada hoy en El Mercurio, en el que un grupo de altos cargos militares hicieron un llamado a las autoridades a “reflexionar sobre esta situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos…”. El texto está firmado por los ex comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuente – Alba; los ex comandantes en jefe de la Armada: Jorge Arancibia, Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga ; los ex comandantes en jefe de la Fuerza Armada: Fernando Rojas, Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega y Jorge Rojas y los ex generales en directores de Carabineros: Fernando Cordero, Eduardo Gordon y Gustavo González. En la carta, Óscar Izurieta, ex comandante en jefe del Ejército nombrado durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, junto a otros quince ex altos mandos, plantearon que “Chile vive un nuevo septiembre. Las Fiestas Patrias nos llaman a renovar nuestra fe en el destino que todos aspiramos y que estamos llamados en conjunto a construir. La democracia y las instituciones se han consolidado y se han abierto espacios para seguir progresando. En la construcción de ese Chile que queremos, resulta vital reforzar la paz interna, la amistad cívica, la cohesión social y los consensos políticos”, se lee en el texto. “A este esfuerzo nadie puede restarse. Sin embargo, para las FF.AA. y Carabineros, especialmente para su personal en retiro, se han generado brechas que van separándolas de una sociedad de la cual forman parte. En el último tiempo, ha habido una transgresión a las formas como la política y la justicia enfrentaban el ayer, respecto de las responsabilidades que les pudieran caber a las instituciones y su personal en los hechos del pasado”. En este sentido, agregaron, que “la manera de lograr el común objetivo de alcanzar justicia, verdad, reparación y asegurar la no repetición de las violaciones a los DD.HH., en el contexto de una justicia transicional, se ha visto afectada, cuando en el plano político y judicial se mira y evalúa el ayer solo con los ojos y criterios de hoy”, expresan los militares. Los ex altos cargos militares denunciaron “la apertura de nuevos procesos, ya no solo vinculados con muertes o desapariciones, sino con denuncias de todo tipo -muy difíciles de probar-; la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces solo por presunciones; el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas -que incluso han perdido la noción de lo que sucede-; el anunciado cierre del penal Punta Peuco, que en democracia y por acuerdo político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad; la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y de normas con efecto retroactivo, marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”. Para los ex comandantes en jefe firmantes se trata de una situación “grave” que “al único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine tan abiertamente. Por el contrario, los otros actores, activos y pasivos, en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas, que en el caso de los ámbitos políticos y judiciales no fueron ni pocas ni menores”. Y agregan: “Para qué decir de aquellos que optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad”. Los militares expresaron que “la situación descrita nos duele y nos preocupa. Cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras responsabilidades y en la época que nos correspondió, contribuimos a un actuar que buscó cerrar las heridas existentes, en el convencimiento de que había una voluntad de considerar el contexto del pasado y hacer racionalmente justa la forma de responder por el mismo. Actualmente, se ha trastocado todo aquello”. En este sentido, los firmantes hacen “un llamado a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre esta situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos y donde se aplique la máxima de “dar a cada cual lo suyo, sin más”. No pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado. Fortalezcamos en vez de debilitar a instituciones fundamentales de la República”. “En el mes de la Patria, donde la ciudadanía como siempre mira la historia de Chile y rinde tributo a sus instituciones militares, nos parece legítimo que, después de 44 años, aspiremos a vivir en un Chile reconciliado, que con tanta decisión y valor las FF.AA. y Carabineros han ayudado a construir”, concluye la carta. Fuente: http://foros.fotech.cl/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=238
  7. 20 Julio 2017 Comisión de Defensa cita a declarar al ministro José Antonio Gómez y al general Humberto Oviedo Jorge Tarud: "Instructivo del Ejército implica una injerencia indebida en los derechos ciudadanos de los militares" Frente al documento difundido por la institución castrense el pasado 31 de marzo que hizo un llamado a los uniformados para que se abstuvieran de votar en las elecciones primarias, el diputado PPD responsabilizó al alto mando militar de contribuir en que hubiese mayor abstención. Por su parte, la vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, defendió el derecho fundamental que tienen todos los chilenos y chilenas mayores de 18 años y que está establecido en la constitución. Los diputados miembros de la comisión de Defensa de la Cámara Baja Jorge Tarud (PPD) y Paulina Núñez (RN) anunciaron que citarán a declarar al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y al comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, para que entreguen su versión respecto al polémico instructivo difundido por la institución castrense el pasado 31 de marzo que hizo un llamado a los uniformados para que se abstuvieran de votar en las elecciones primarias. Una situación que fue revelada ayer por El Mostrador. "Es muy lamentable que una institución armada como el Ejército se haya atribuido facultades que no tiene. Ellos no pueden tener injerencia alguna en lo que son los derechos ciudadanos de los militares, ellos tienen todo el derecho a votar en primarias con elecciones generales", sostuvo el parlamentario. "Por lo tanto, emitir este instructivo fue un error garrafal y que no puede cometerse. además, ellos contribuyeron a que haya más abstención. En consecuencia, vamos a invitar al ministro de Defensa y también al comandante en jefe para que den todas las explicaciones del caso, esto no puede volver a repetirse", agregó Tarud. A juicio de Tarud, "es una injerencia absolutamente indebida en los derechos ciudadanos de los militares" "Evidentemente nadie de ellos participó de estas primarias, lo que es un hecho muy muy grave", reparó el legislador oficialista. Por su parte, la diputada Núñez calificó el hecho como "un des criterio total, nunca antes visto. Al Ejército no le corresponde inmiscuirse en los procesos electorales y menos enviar un instructivo a su gente para que se abstenga de ir a votar a las primarias". "Luego de eso, enmiendan el error con una situación que resulta aún peor, reconociendo del error cometido a través de este instructivo. La frase la cambian y es abstenerse de firmar por un candidato", arremetió. "¿Qué dice el ministro de Defensa sobre esta situación? ¿Fue una instrucción del Ejecutivo?, ¿El Ejército se mandó solo?", preguntó la legisladora. Desde La Moneda, su vocera, Paula Narváez, aseguró que "el gobierno tiene como opinión que en Chile existe el derecho a voto para todos mayores de 18 años y está establecido en nuestra legislación. Es un derecho fundamental". De todos modos, la secretaria de Estado quiso bajarle el perfil al hecho señalando que "en los comunicados el Ejército queda bastante claro cuáles son los alcances que pueden tener esos instructivos (...) creemos que son explicaciones que se hacen cargo del problema de fondo". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/20/jorge-tarud-instructivo-del-ejercito-implica-una-injerencia-indebida-en-los-derechos-ciudadanos-de-los-militares/
  8. Historia del Topic acá http://foros.fotech.cl/topic/315716-presunto-financiamiento-irregular-fiscalia-espera-antecedentes-de-red-de-corrupcion-brasilena-para-indagar-alcance-en-chile/?hl=%2Babbott 06 Julio 2017 Jorratt declara por dichos sobre Peñailillo en TVN: "Los hechos son claros; lo que se pretendía era impedir el trabajo de la fiscalía" El ex director del SII aseguró en el programa "Informe Especial" haber recibido presiones del entonces ministro del Interior para evitar la apertura de una investigación a SQM. El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien lidera la investigación en el caso Soquimich, citó a declarar a fnes de mayo al ex director de Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt. El objetivo del persecutor era que el ex funcionario aclarara sus dichos en el programa "Informe Especial" de TVN emitido en abril pasado donde dijo haber recibido presiones del entonces ministro del Interior para evitar la apertura de una investigación a SQM. "El énfasis de las declaraciones que da en televisión es distinto a aquel que él señala en su declaración del 2015", puntualizó el fiscal Gómez. "En forma más precisa declaré nuevamente el tema de los camiones, no recuerdo cómo fue exactamente la pregunta que me hizo la periodista, pero yo le declaré que la jefa de gabinete del ministro de Hacienda, Andrea Palma, me había comentado de parte del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que si era necesario fuéramos con camiones a buscar la contabilidad a SQM", sostuvo Jorratt, quien compareció en calidad de imputado. "(Palma) estaba preocupada por que el SII investigara a SQM (...) los hechos son claros, en el sentido de que lo que se pretendía era impedir el trabajo de la fiscalía", insistió el ex director del SII. Ante la pregunta "¿en qué momento habría recibido la instrucción de llevarse la contabilidad de SQM con camiones?", respondió: "Esta instrucción la recibí después de presentada la querella, después de presentado el requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional de parte de SQM, y después que la fiscalía había requerido del SII la entrega de la contabilidad que habíamos recibido de parte de SQM". Asimismo, se le consultó sobre la versión entregada por el ex subdirector jurídico del SII Cristián Vargas, quien declaró que Jorratt le había comentado que "con el ministro del Interior había ido a hablar un fiscal que era de la Nueva Mayoría, quien le había dicho que con esa querella habíamos dejado la cagada, porque le iba a permitir a los fiscales incautar la contabilidad de SQM entre el 2009 y 2014". Al respecto, Jorratt contestó: "Me acuerdo muy poco (...). Si alguien me hizo algún comentario como este, debe haber sido Andrea Palma, quien era la única funcionaria del Ministerio de Hacienda que se relacionaba conmigo en nombre del ministro Peñailillo. Como he señalado anteriormente, yo no conozco al Sr. Peñailillo". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/06/jorratt-declara-por-dichos-sobre-penailillo-en-tvn-los-hechos-son-claros-lo-que-se-pretendia-era-impedir-el-trabajo-de-la-fiscalia/
  9. 09 Mayo 2017 Sueldos millonarios en el Estado para parientes de Carolina Goic, Carlos Montes y José Antonio Gomez entre otros Es el caso de Pedro Goic, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que recibe un sueldo de $8,6 millones mensuales brutos. Algo similar ocurre con Marcela Goic, que trabaja en el departamento de contenidos de la Presidencia, labor por la que recibe $5,5 millones mensuales brutos. Ambos son hermanos de la presidenta de la DC, senadora y candidata de ese partido Carolina Goic. No es nueva la sensación entre los votantes de que la clase política goza de ciertos privilegios respecto de un ciudadano común que no pertenece a ella. Esta percepción se convierte en una certeza cuando se constata que al interior de la administración del Estado, ocupan puestos importantes con sueldos millonarios, muchas personas ligadas por parentesco a dirigentes y parlamentarios del bloque oficialista, en este caso, la Nueva Mayoría. Así lo comprobó una investigación publicada por radio Biobio, que reveló como se repiten ciertos apellidos en importantes cargos públicos. Es el caso de Pedro Goic, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que recibe un sueldo de $8,6 millones mensuales brutos. Algo similar ocurre con Marcela Goic, que trabaja en el departamento de contenidos de la Presidencia, labor por la que recibe $5,5 millones mensuales brutos. Ambos son hermanos de la presidenta de la DC, senadora y candidata de ese partido Carolina Goic. Por el lado del PS, destaca la subsecretaria de Turismo Javiera Montes, quien por este cargo tiene una renta mensual de $8,4 millomes brutos. La autoridad es hija del senador socialista Carlos Montes. Su yerno Juan Manuel Sánchez, es directivo en el Mnisterio de Obras Públicas y percibe un sueldo de $6,8 millones mensuales brutos. También del PS es la ministra de Vivienda Paulina Saball. Su hija Macarena Ossandón Saball, trabaja en el área de Gestión y Correspondencia en la Presidencia, trabajo por el cual recibe $4,7 millones mensuales. Volviendo a la DC, aparece el caso ligado al diputado Gabriel Silber. Su esposa, es directora en el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y gana mensualmente $5,4 millones. Julio Valladares, cuñado del diputado, trabaja en la subsecretaría de Economía por lo cual recibe 5,5 millones brutos al mes. El Partido Radical Social Demócrata (PRSD) el primero en apoyar la postulación de Alejandro Guillier, no está fuera de este grupo. En este caso, a partir del Ministro de Justicia, Jaime Campos. Dos de sus hijos, Juan Antonio y José Manuel, se desempeñan en el Ministerio de Energía y la Direcon, respectivamente con sueldos de $1,8 y 1,9 millones cada uno. Del mismo partido es el Ministro de Defensa José Antonio Gómez. Su hijo Sebastián Gómez, es asistente jurídico en el Ministerio de Bienes Nacionales, trabajo por el cual recibe $2,7 millones mensuales brutos. Otro ministro con parientes trabajando en el Estado, es el titular de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Su hermana, Trinidad Undurraga. trabaja como jefa de asesores en el gabinete del Sernac y recibe $4,7 millones mensuales brutos. El listado completo de la investigación se puede revisar aquí Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/09/sueldos-millonarios-en-el-estado-para-parientes-de-carolina-goic-carlos-montes-y-jose-antonio-gomez-entre-otros/
  10. 11 Febrero 2017 Nueva arista en caso de platas políticas Las pistas que sigue el fiscal Gómez que podrían complicar a Andrés Chadwick y al corazón de la UDI Se trata de una posible triangulación de dineros para actividades del partido fundado por Jaime Guzmán, esta vez, presuntamente, a través de la empresa Copra S.A., ligada no solo a Longueira, sino también a otros nombres emblemáticos de la derecha, como el ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. A pesar de las presiones que habría recibido la Fiscalía Nacional para que el fiscal Gómez no persistiera en esta nueva arista, la investigación continúa y produce nerviosismo al interior del gremialismo. [ACTUALIZADA] (*) Luego que el juez del 8° Juzgado de Garantía, Álvaro Arriagada, resolviera autorizar el acceso a cuentas bancarias del ex senador Pablo Longueira, entre 2009 y 2013, por caso SQM, las declaraciones del fiscal adjunto Claudio Rebeco, quien forma parte del equipo investigador del caso, abrirían una nueva puerta que, en su momento, le quisieron cerrar al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez. Se trata, según sus dichos, de una posible triangulación de dineros para actividades de la UDI, esta vez, presuntamente, a través de la empresa Copra S.A., ligada no solo a Longueira, sino también a otros nombres emblemáticos de la derecha, como Andrés Chadwick y Luis Cordero, todos socios originales de dicha sociedad. Según declaró Rebeco esta semana, se ha podido establecer la existencia de dos préstamos concedidos por la empresa Copra S.A: el primero de ellos, por $100.000.000, destinado al financiamiento de la campaña política del partido gremialista, que luego fue pagado, parcialmente, por la asesora histórica de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; y el segundo, por un valor de $25.000.000, a petición del ex senador, el cual habría sido pagado por su hijo homónimo, aunque se desconoce el origen del dinero usado para saldar estas deudas. Las operaciones se llevaron a cabo entre 2009 y 2013, es decir, cuando Longueira fue senador y luego ministro de la actual carta presidencial de la derecha, Sebastián Piñera. Y habría cierto nerviosismo en el entorno de Longueira y Piñera, considerando que las indagaciones lideradas por el fiscal Pablo Gómez estarían abriendo un nuevo frente que apunta al ex senador Andrés Chadwick, primo del ex Presidente y hombre fuerte de la derecha, por posible financiamiento irregular de partidos políticos. De concretarse una eventual citación a declarar, sería un fuerte golpe al corazón de la UDI, partido que se ha visto especialmente golpeado, durante los últimos años, por la relación espuria entre dinero y política. Según fuentes de Fiscalía, las pistas que sigue Gómez –a pesar de las presiones que habría recibido la Fiscalía Nacional para que no continuara profundizando en esta nueva arista– tienen como eje central a Copra S.A., formada en 1986 por Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Luis Cordero y Andrés Serrano. “En mayo de 1990 aparecían como socios de Copra S.A., además de Luis Cordero, los ingenieros gremialistas Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz, inseparables desde sus tiempos universitarios, y las esposas de Longueira, Chadwick y Andrés Serrano. Cuando ellas se retiraron de la sociedad, entraron tres destacados militantes de la UDI: el abogado Fernando Barros Tocornal, quien ha sido asesor del candidato Sebastián Piñera en sus estudios sobre el fideicomiso ciego; Patricio Cordero Barrera, el hermano de Luis, brazo derecho de Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago; y Viviana Paredes Mendoza, concejala de la UDI de la Municipalidad de Lo Prado y directora de la Fundación La Vaca, presidida por Lavín”, escribió Maria Olivia Monckeberg en su libro “Los magnates de la prensa”, entregando ciertas luces sobre los fuertes vínculos que unen al núcleo duro de la UDI entorno a Copra S.A. “Por otro lado, gente de la Universidad San Sebastián también aparece en Copra. Recordemos que el propio Longueira, cuando se murió su amigo Marcelo Ruiz en un accidente de avión, pasó a ser miembro de la junta directiva a nombre de la familia hasta que fue nombrado ministro. Hay una relación entre Copra y la San Sebastián, a la que también le arrienda locales”, sostuvo Monckeberg en una entrevista. Según el Boletín Comercial, los controladores de Copra S.A. siguen siendo la familia Cordero Echeverría y las sucesiones de Ignacio Fernández Doren y Marcelo Ruiz Pérez. (*) N de la R: Posterior a la publicación de esta nota, Andrés Chadwick Piñera envió la siguiente carta aclaratoria al Director, donde asegura que se desvinculó totalmente de Copra S.A. "tanto directa como indirectamente, el 20 de mayo del año 1990, como consta en los registros públicos correspondientes". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/11/las-pistas-que-sigue-el-fiscal-gomez-que-podrian-complicar-a-andres-chadwick-y-al-corazon-de-la-udi/
  11. PRESIDENTA RECHAZÓ EL TEXTO QUE PREPARÓ EL COMITÉ POLÍTICO ANTERIOR Los secretos del proyecto que intentó dejar impune el financiamiento ilegal de la política Por : Mónica González en Reportajes de investigación Publicado: 10.06.2015 La noche del 28 de abril, cuando Bachelet anunció su batería anti corrupción política y privada, un proyecto de ley que tipificaba y sancionaba el delito de las boletas y facturas ideológicamente falsas, entre otros ilícitos, quedó listo para su firma. La Presidenta lo desechó tras ser advertida de la trampa que escondía. CIPER reconstruyó el itinerario de ese proyecto, el que se originó en un acuerdo político con la UDI para evitar que los que emitieron y recibieron boletas falsas fueran llevados a tribunales. Aquí se entregan los párrafos más importantes de ese proyecto de ley. El mensaje que la Presidenta Michelle Bachelet envió al país por cadena nacional el 28 de abril, al anunciar su paquete de medidas para combatir la corrupción, incluyó un párrafo que para un reducido grupo de entendidos tenía una segunda lectura. Al destacar sus prioridades, las que darían paso a proyectos de ley y medidas administrativas, afirmó: “Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas”. La frase estaba directamente relacionada con un artículo que contenía un proyecto de ley que preparó en tiempo express y en absoluta reserva un grupo coordinado desde el Ministerio del Interior, encabezado por el entonces ministro Rodrigo Peñailillo, y que contó con el auspicio de dirigentes de la UDI. Rodrigo Peñailillo La exploración de un acuerdo político que consagrara la “vía administrativa” para evitar que los episodios de financiamiento ilegal de la política lleguen a los tribunales, se venía intentando desde marzo de este año, cuando la principal afectada por los ilícitos del Grupo Penta era la UDI, entonces presidida por el diputado Ernesto Silva. Su salida de la cabeza del gremialismo no paralizó las conversaciones tendientes a que las boletas y facturas falsas usadas por políticos tuvieran solo sanciones leves y subsanadas con el pago de los impuestos defraudados. Fue precisamente el trabajo de la “Comisión Engel” el que dio la excusa para intentar institucionalizar algo similar a esa “vía administrativa” en un proyecto de ley que si bien innovaba en la sanción a la corrupción entre dinero y política, abría la puerta a una amnistía. El proyecto que buscaba endurecer las penas para los delitos de corrupción en la relación entre empresas y políticos –al que CIPER accedió-, incluía además un artículo que, de haberse aprobado, facilitaba la amnistía para todos aquellos que hubieran incurrido en el delito de emitir boletas o facturas falsas a cambio de dinero ilegal para sus actividades políticas. También beneficiaba a los que hicieron esos aportes obteniendo rebaja ilícita de sus impuestos al aumentar los costos de sus empresas de manera indebida. “Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de delitos en contra de la corrupción”, era el título del texto de nueve páginas que esa noche del 28 de abril estaba a un paso de ser enviado al Congreso para su trámite. En ese acotado articulado se introducían modificaciones al artículo 197 del Código Penal cuyo detalle lleva el título: “Documentos tributarios ideológicamente falsos”. Allí se “consagra expresamente como conducta constitutiva de delito otorgar documentos tributarios falsos, es decir, aquellos emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el producto a que hace referencia el documento, así como también se castiga el contribuyente receptor”. La paradoja es que la redacción de este artículo aparece como una medida efectiva contra la corrupción política al tipificar, por primera vez, las boletas o facturas falsas ya no solo como un ilícito tributario, sino como un delito inserto en el Código Penal. Pero en los hechos, al describir en el proyecto una nueva conducta ilícita que anteriormente no estaba tipificada, se está diciendo implícitamente que quien incurrió antes de la vigencia de la nueva ley en esa conducta, no cometió delito. En la práctica, una suerte de amnistía. MOMENTO DELICADO La Presidenta lanzó esa noche del 28 de abril su paquete de medidas en un clima convulsionado. La avalancha de facturas y boletas falsas que beneficiaban a distintos dirigentes políticos y que emanaban de la investigación judicial a los ilícitos cometidos por los dueños de Penta y de Soquimich, entre otros, había minado gravemente la confianza de los ciudadanos. Todo ello agravado por el estallido de los beneficios obtenidos por la empresa de su nuera, Natalia Compagnon, en un oscuro negocio inmobiliario que contó con un millonario crédito otorgado por el banco de propiedad de Andrónico Luksic. Hacía solo cuatro días que la Presidenta había recibido el informe final de la llamada “Comisión Engel”, un comité asesor que ella misma convocó para enfrentar la crisis de cuya gravedad ya nadie dudaba. De allí que sus palabras graficaran el delicado momento. “El país ha conocido irregularidades, corrupción y faltas a la ética que afectan a la política y a los negocios. Eso es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios y desigualdad. Los chilenos y chilenas están molestos. Los que tenemos posiciones de liderazgo y poder, debemos asumir nuestra responsabilidad en esta situación. Y parto por mí misma…”, afirmó Bachelet al iniciar la cadena nacional esa noche de abril. Junto con informar que ella misma encabezaría el plan de ejecución de las medidas, anunció que lo haría “con toda mi energía y sin temor de ningún tipo” para cumplir con el objetivo de “cambiar las cosas de raíz”. “Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, dijo la Mandataria esa noche. En esos cuatro días transcurridos desde que la “Comisión Engel” le entregara a la Presidenta su informe final, hasta la noche de su discurso, y a pesar de que el informe de la comisión no dice una sola palabra sobre boletas o facturas falsas, el proyecto de ley estaba listo para la firma de Bachelet. Para los que esperaban que se abriera una puerta a la llamada “vía administrativa” del financiamiento ilegal de la política, fueron horas intensas, pero que aportaron una cuota de oxígeno. Un elemento que se había ido consumiendo junto con el espacio para maniobrar dada la férrea actitud que tanto en Impuestos Internos mantuvieron el subdirector jurídico Cristián Vargas y los funcionarios que lo respaldaban, como en el Ministerio Público que seguía sin tregua pidiendo formalizar y ampliar las querellas a políticos. Entre los que presionaban por establecer la “vía administrativa” se agregaban ahora figuras del oficialismo y un grupo importante instalado en el gobierno -encabezado por el ministro Peñailillo- que había recibido financiamiento ilegal de Soquimich, Aguas Andinas y empresas del Grupo Angelini a través de una sociedad de Giorgio Martelli. Pero los hechos no se desarrollaron como lo planificaron quienes incluyeron ese artículo en el proyecto de ley que encabezaría la batería presidencial contra la corrupción. Porque Michelle Bachelet no solo no firmó el proyecto de ley, sino que ocho días después de su discurso del 28 de abril anunció en entrevista con Don Francisco en Canal 13 que le había pedido la renuncia a todos sus ministros, para terminar el 11 de mayo desalojando de La Moneda a todo el Comité Político que estaba asociado a ese proyecto de ley. ¿QUIÉN INCLUYÓ ESE PÁRRAFO? La indagación hecha por CIPER no logró identificar quién incluyó el párrafo relativo a las “boletas y facturas ideológicamente falsas” en el discurso de Bachelet en la cadena nacional del 28 de abril. Lo que sí se pudo determinar es que para la preparación de ese proyecto de ley, se pidieron borradores a distintos abogados y que una parte esencial del articulado al que hizo alusión la Mandataria en esa alocución, salió del Ministerio de Justicia, cuyo titular entonces era José Antonio Gómez. Gómez, quien el 11 de mayo pasó a ocupar la cartera de Defensa, afirmó a CIPER que él cumplió una tarea encomendada por los ministerios del Interior y Secretaría General de la Presidencia, encabezado entonces por Ximena Rincón. Dice que asumió esa tarea, porque tenía estrecha relación con su misión como ministro de Justicia hasta ese momento. Y acotó: “Pero nunca participé de ninguna reunión donde se tomara la decisión de qué hacer con ese proyecto. La decisión política de lo que se presenta o no se presenta, la armazón de lo que será el proyecto de ley, no es mía, es del Comité Político y yo no formaba parte de él”. El entonces ministro de Justicia relató también a CIPER cómo se llegó a ese articulado. Recordó que en septiembre de 2014, el Ministerio de Justicia le encargó a una comisión de seis expertos la elaboración de un nuevo Código Penal (el vigente fue promulgado en 1874). El grupo lo presidió el académico de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández y lo integraron los abogados: Juan Domingo Acosta, Jaime Couso, Juan Pablo Mañalich y Luis Ortiz Quiroga. Cabe precisar que tanto Hernández como Acosta integraron la comisión formada por Sebastián Piñera en marzo de 2013, para el mismo objetivo, y que encabezó el penalista Jorge Bofill. El actual ministro de Defensa agregó que frente a las tareas que emergieron con carácter de urgencia del informe de la “Comisión Engel”, él le solicitó al abogado Héctor Hernández que trabajara en el proyecto de ley que sancionaría delitos de corrupción no tipificados en la normativa vigente, así como los que merecían endurecer las penas. La respuesta que le habría dado Hernández al ministro fue que no tenía tiempo para realizar ese trabajo, pero que aceptaba hacer una minuta. Una vez que en el despacho del entonces ministro de Justicia recibieron la minuta, el equipo de Gómez habría hecho la tarea de completar las indicaciones dadas por el abogado Hernández. Todo se hizo en forma rápida y el resultado se mandó al Ministerio del Interior y a la Segpres. El abogado Héctor Hernández confirmó a CIPER que no pudo realizar el trabajo que le pedía el ministro Gómez, por estar ocupado con otros compromisos laborales, pero que efectivamente realizó una minuta. “Fue un punteo en el que frente a cada materia que establecía el informe de la ‘Comisión Engel’, yo fui colocando en qué página del proyecto del nuevo Código Penal estaba mencionado”, señaló. Hernández recordó bien que en su punteo figuraba el delito de cohecho, la corrupción entre privados y fórmulas de evasión de impuestos por medios engañosos, pero descartó que haya incluido en ese punteo ninguna referencia a “boletas o facturas ideológicamente falsas”. ¿Quién incluyó ese artículo en el proyecto de ley para combatir la corrupción? Misterio. Tanto como la persona que incluyó la frase relacionada a ese artículo preciso en el mensaje que la Presidenta entregó al país el 28 de abril. EL TENTADOR ENVASE DE LA TRAMPA El proyecto de ley que “modifica el Código Penal en materia de delitos en contra de la corrupción”, implicaba también modificar el Código Tributario. En el mensaje presidencial que lo acompañaba se dice: “En marzo del presente año, en un particular momento político y social del país, consideramos necesario efectuar una revisión del régimen jurídico vigente a fin de proponer medidas concretas de orden legal y reglamentario para el cumplimiento efectivo de los principios éticos, de integridad y transparencia, y el eficaz control del tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés” (ver facsímil) En ese contexto, se dice en el párrafo siguiente, se le encomendó al Comité Asesor Presidencial, presidido por Eduardo Engel, la tarea de proponer “medidas concretas de carácter legal o administrativo, en los ámbitos de la prevención, regulación, sanción y reparación de conflictos de interés, tráfico de influencias y la corrupción en todas sus formas, en el mundo de los negocios, la política, el servicio público y las relaciones entre éstos”. En el punto II y bajo el subtitulo “Objetivos del Proyecto de Ley”, se dice: “A fin de revertir esta situación, la presente iniciativa legal que someto a vuestra consideración incorpora una serie de medidas tendientes a reforzar en unos casos la persecución penal de conductas en las que se encuentran comprometidos funcionarios públicos y, por otra parte, incorpora nuevos tipos penales que afectan a privados, pero que inciden en la actividad pública”(ver facsímil). Ministro José Antonio Gómez Solo dos artículos contiene el proyecto. El primero se titula: “Delitos relativos al financiamiento y gasto electoral de las campañas y partidos políticos” e introduce modificaciones al Código Penal (ver facsímil). Establece sanción a quienes “ofrezcan, efectúen, soliciten o acepten para un partido político aportes prohibidos o que excedan los límites establecidos por la ley” (presidio menor en sus grados medio a máximo). También se castiga al que “efectuare gastos electorales cuyo monto total exceda del límite permitido por la ley (presidio menor en sus grados medio a máximo y si el exceso es superior a la mitad del monto autorizado se impondrá el grado máximo), y al que llevare contabilidad falsa o incompleta sobre ingresos y gastos electorales a la autoridad” (con reclusión mayor en su grado mínimo). Allí se incorpora un tipo penal sancionable en conformidad a la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho. En ese punto y bajo el “número 2”, se introducen modificaciones al artículo 197 del Código Penal, que habla de “la falsificación de instrumentos privados”. En el proyecto de ley las modificaciones se detallan bajo el título: “Documentos tributarios ideológicamente falsos”. Y dice: “a.- Intercálase en el inciso segundo, entre las expresiones ‘cometido en’ y ‘letras de cambio’ la siguiente expresión: ‘documentos tributarios’. (Así quedaría el inciso modificado: “Si tales falsedades se hubieren cometido en documentos tributarios, letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables con presidio menor en su grado máximo y multa de dieciséis a veinte sueldos vitales, o sólo con la primera de estas penas atendidas las circunstancias”). b.- Agrégase un inciso tercero, nuevo, del siguiente tenor: ‘En todo caso, se consideran falsos los documentos tributarios emitidos por quien no realizó un servicio o no entregó el producto a que hace referencia el documento. Con igual pena se sancionará al contribuyente receptor del respectivo documento” (y se establece que si el emisor o receptor es una persona jurídica se aplicará lo dispuesto en la Ley 20.393). (ver facsímil). Bajo el número tres y cuyo título es “ampliación del sujeto activo en el caso del delito de tráfico de influencias”, lo relevante del proyecto es que ya no solo el empleado público es el sujeto activo de ese delito, sino que se establecen sanciones para aquel que “ejerza influencia en un empleado público con el objeto de obtener una decisión favorable a sus intereses”.También “se aumenta la pena máxima para aquel que cometa el delito de cohecho, pasando de reclusión menor en su grado mínimo a reclusión menor en su grado medio”, si se trata de un empleado público que acepta o recibe mayores derechos que los que consagra su cargo o beneficios económicos para sí o para un tercero; o por omitir un acto propio de su cargo. Y se endurecen las penas para quienes cometan delito de soborno. El número 8, incorpora el delito de “corrupción entre privados”, bajo el argumento de que “las relaciones entre privados también se ven teñidas de irregularidades que terminan excediendo la esfera de lo privado”. Y se castiga al “ejecutivo de la empresa que solicita o acepta recibir un beneficio para él u otra persona en la obtención de un negocio”, con pena equivalente a la que el mismo proyecto le impone al que comete delito de cohecho (artículo 248 del Código Penal) (ver facsímil) El artículo 2º, introduce modificaciones al Código Tributario, endureciendo las penas de dos delitos regulados en su artículo 97: el primero se refiere a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas; y el segundo, a la venta o facilitación de documentos tributarios para la evasión de impuestos (vea el facsímil). LA DECISIÓN QUE CAMBIÓ EL RUMBO Cuando se analiza el orden en que la Presidenta Bachelet anunció sus medidas para combatir la corrupción la noche del 28 de abril, lo primero que destaca es que son similares al orden del proyecto de ley que a esas horas estaba listo para su firma. En primer lugar, mencionó la actividad política y de los partidos: “Transparentaremos completamente el financiamiento de la política y eliminaremos los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer aportes de ningún tipo. La transgresión de estas normas será considerada delito. Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes”. Juan Pablo Hermosilla Pasaron los días y la Presidenta no firmó el proyecto. La indagación de CIPER indica que la presión de los interesados en que el proyecto de ley se enviara al Congreso, se acrecentó. Hubo al menos dos personas que la alertaron del veneno o trampa que contenía ese proyecto de ley. Una de ellas fue el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien defiende al ex director de Chilevisión, Jaime de Aguirre, por las boletas falsas que emitió para Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, cuando el canal pertenecía a Sebastián Piñera. CIPER consultó con el abogado Hermosilla y su respuesta fue escueta pero clara: “Dado el cúmulo de antecedentes que me entrega, no lo puedo desmentir, pero por secreto profesional no le puedo dar más detalles. Gracias”. Lo cierto es que Michelle Bachelet analizó los contenidos del proyecto y de otras situaciones que estaban ocurriendo y exactamente ocho días más tarde, el 6 de mayo, les pidió la renuncia a todos sus ministros. El 11 de mayo un nuevo equipo político desembarcó en La Moneda, encabezado por el ministro del Interior Jorge Burgos. Los testimonios recogidos por CIPER indican que de inmediato, entre el 12 y el 13 de mayo, una pregunta formulada por algunos parlamentarios comenzó a rondar a los ministros políticos del nuevo gabinete: ¿qué pasaba con el primer proyecto de ley contra la corrupción?, haciendo mención al polémico artículo. Fue entonces que se le habría hecho llegar al ministro Burgos el borrador del proyecto que tanto inquietaba a algunos. Una versión indica que el proyecto fue analizado en el nuevo Comité Político. Allí, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría dicho que enviar ese proyecto sería “un suicidio político”, mientras que Jorge Burgos habría acuñado el término de “amnistía impropia”. El entonces ministro de la Segpres, Jorge Insunza, se sumó al rechazo, al igual que su colega del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Marcelo Díaz. Hubo consenso total. Lo que ocurrió después fue clave para lo que vendría: la Presidenta se reunió con el Comité Político y les dijo en forma tajante que por ningún motivo firmaría ese proyecto de ley, porque era una decisión tomada hacía varios días. Lo último que se supo de este proyecto fue lo que dijo Jorge Insunza en los patios de La Moneda, el domingo 7 de junio, al terminar su anuncio de que renunciaba al Ministerio Secretaría General de la Presidencia: “Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez”. Así fue como la “amnistía impropia” fue a dar al tacho de la basura. Fuente: http://ciperchile.cl/2015/06/10/los-secretos-del-proyecto-que-intento-dejar-impune-el-financiamiento-ilegal-de-la-politica/
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