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  1. 21 Septiembre 2016 Ministro Gómez asegura que 30 ex funcionarios de la CNI siguen en servicio activo en el Ejército "Hay una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura. De eso quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos. Eso es lo que tenemos como información, pero era personal civil", manifestó. ATON Compartir El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, sostuvo que al menos 30 funcionarios de la ex Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet, aún siguen en servicio activo al interior del Ejército, pero ninguno ejerce cargo en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden. En entrevista con Emol, el titular de la cartera informó que durante los años 90 existían mil 200 funcionarios que mediante una ley secreta siguieron al interior de la institución castrense. "Hay una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura. De eso quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos. Eso es lo que tenemos como información, pero era personal civil", manifestó. Por otra parte, el ex senador reafirmó que las fuerzas armadas no avalan los pactos de silencios hechos por los ex miembros de las instituciones castrenses para no informar sobre las violaciones a los derechos humanos, argumentado que “todo lo que sea 'pacto de silencio', de quedarse callados en violaciones a los Derechos Humanos, si existe, son de quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas que hoy están en retiro. Pero la institución hoy no ampara 'pactos de silencio'. Al revés, se están buscando y entregando todos los antecedentes". En este sentido, Gómez indicó que al interior de los actuales altos mandos del Ejército "ninguno de ellos perteneció a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) ni a la CNI (Central Nacional de Informaciones), ni tuvo participación en los hechos que se investigan en los tribunales", afirmó. En dicho contexto, recordó que el comandante en jefe de esa institución, general Humberto Oviedo, elaboró un documento en el que se "hace explícita la situación que se vivió en esa época y se habla sin eufemismos, se habla de violaciones a los Derechos Humanos y creo que eso es muy importante de decirlo, porque si yo culpo al actual comandante en jefe de las violaciones que cometieron (Augusto) Pinochet y los criminales de esa época, estamos trasladando eso al actual mando y lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones miren hacia atrás, les dé vergüenza los delitos cometidos y no que se establezca una cierta relación de defensa si es que es atacado el actual Ejército". Además , la autoridad efectúo un llamado a los militares en retiro a que “si tienen antecedentes lo pudiera declarar ante los tribunales”, sin embargo, “esta gente participó en una época en que había impunidad total y por lo tanto han tenido una participación en el tiempo que no ha sido de colaboración, salvo casos muy particulares". Finalmente, el otrora timonel Radical valoró la acción de la justicia para buscar la verdad sobre los delitos de lesa humanidad durante la dictadura, argumentando que “los jueces están haciendo una labor increíble desde el punto de vista de la investigación, en particular Mario Carroza. Él está haciendo una buena labor y día a día logra mayores antecedentes, con lo que significa la demora en el tiempo". Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/ministro-gomez-asegura-que-30-ex-funcionarios-de-la-cni-siguen-en-servicio-activo-en-el-ejercito/xIQpiu!299RUy8xaA34s/
  2. 21 Septiembre 2016 Ministro Gómez asegura que aún existe un "pacto de silencio" entre ex miembros de las Fuerzas Armadas "Todo lo que sea 'pacto de silencio', de quedarse callados en violaciones a los Derechos Humanos, si existe, son de quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas, que hoy están en retiro. Pero la institución hoy no ampara 'pactos de silencio'", sentenció el Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se refirió al secreto de la Comisión Valech y a los supuestos pactos de silencio entre ex militares involucrados en casos de violación a DDHH. "Todo lo que sea 'pacto de silencio', de quedarse callados en violaciones a los Derechos Humanos, si existe, son de quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas, que hoy están en retiro. Pero la institución hoy no ampara 'pactos de silencio'", sentenció Gómez. El ministro recalcó que "de los actuales mandos del Ejército, ninguno de ellos perteneció a la DINA, ni a la CNI, ni tuvo participación en los hechos que se investigan en los tribunales" y que sólo quedan cerca de 30 personas en servicio activo en el Ejército, que pertenecieron a la CNI de los 1.200 que eran en febrero de 1990, según consignó Emol. Por otra parte, Gómez separó aguas y definió que "si yo culpo al actual comandante en jefe de las violaciones que cometieron (Augusto) Pinochet y los criminales de esa época, estamos trasladando eso al actual mando y lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones miren hacia atrás, les dé vergüenza los delitos cometidos y no que se establezca una cierta relación de defensa si es que es atacado el actual Ejército". Finalemnte en Ministro de Justicia sentenció que hacer un llamado a los ex militares que estarían bajo el pacto de silencio "es difícil, porque esta gente participó en una época en que había impunidad total y por lo tanto han tenido una participación en el tiempo que no ha sido de colaboración, salvo casos muy particulares". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/21/ministro-gomez-asegura-que-aun-existe-un-pacto-de-silencio-entre-ex-miembros-de-las-fuerzas-armadas/ __________________ Error en el articulo, Ministro Gomez, no es Ministro de Justicia, sino que Ministro de Defensa
  3. 08 de agosto del 2016 / 22:04 Hrs Senadores impulsan proyecto para que gastos reservados se detallen ante Contraloría Iniciativa de la Comisión de Defensa fija nuevas exigencias en rendición de dichos recursos. Modificación apunta a Presidencia, Interior, Defensa, Cancillería y las Fuerzas Armadas. Un proyecto de ley para dar mayor transparencia a la rendición de los gastos reservados de organismos públicos ingresó la semana pasada un grupo transversal de senadores. Se trata de una modificación a la Ley 19.863 -que establece y regula los gastos reservados- impulsada por el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, Baldo Prokurica (RN), y que cuenta con el respaldo de todos los legisladores integrantes de dicha instancia. Según la actual legislación, se entiende por gastos reservados aquellos egresos -establecidos en la Ley de Presupuestos- que pueden ser utilizados por algunas reparticiones públicas “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”. Entre los organismos facultados para usar gastos reservados se cuentan Presidencia; los ministerios del Interior, Defensa y RR.EE.; la subsecretaría de Fuerzas Armadas; el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros y la PDI, entre otras. Según la Ley 19.863, actualmente los gastos reservados se rinden ante Contraloría sólo de manera “genérica y secreta”, a diferencia de los demás gastos fiscales, que se rinden de forma detallada y pública. “De los gastos reservados se rendirá cuenta anual, en forma genérica y secreta, a la Contraloría”, señala el artículo 4 de la normativa, que sólo exige que la rendición incluya “una desagregación por rubros que permita ilustrar sobre el contenido fundamental de dichos gastos”. Este es, precisamente, el artículo que los senadores buscan modificar. Las modificaciones El proyecto de los senadores establece que en el artículo 4 quede consagrado que “de los gastos reservados se rendirá cuenta semestral, en forma detallada y con la documentación de respaldo”. Lo anterior, con el objetivo de que Contraloría tenga mayor poder de fiscalización sobre esos recursos. Con todo, el proyecto pide mantener el carácter de “reservado” del uso de estos montos, siendo el contralor quien deberá mantener el deber de secreto. “El examen y juzgamiento de las cuentas corresponderá al contralor, quien lo efectuará expresando al Presidente de la República, de manera secreta, su opinión sobre el destino otorgado a estos gastos”, dice el texto. A juicio de Prokurica, “hoy la administración de recursos públicos exige mayores estándares de transparencia y fiscalización, por lo que es necesario que el contralor pueda acceder al detalle del uso de estos recursos”. En tanto, el senador Pedro Araya -también miembro de la Comisión de Defensa- agregó que “la idea es abrir la discusión sobre las facultades de la Contraloría para una mejor fiscalización de estos gastos”. La iniciativa surgió luego de que el contralor, Jorge Bermúdez, acudiera a fines de mayo a la Comisión de Defensa para abordar, entre otros temas, los gastos reservados. En su exposición, detalló que los organismos que han recibido más fondos en el período 2010-2016 bajo este concepto son Presidencia y el Ejército, con $ 12 mil millones y $ 9 mil millones, respectivamente. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-691960-9-senadores-impulsan-proyecto-para-que-gastos-reservados-se-detallen-ante.shtml
  4. 18 Mayo 2016 La Nueva Constitución y las FF.AA. La nueva Constitución democrática debe reorganizar las relaciones de poder entre las instituciones estatales, así como entre éstas y la ciudadanía, a partir de una arquitectura constitucional radicalmente diferente a la Constitución de 1980, incluidas sus reformas hasta el 2005. Éstas, en lo esencial, mantuvieron estructuras de autonomía del poder militar, diseñadas por el régimen militar, frente al poder democráticamente electo. La nueva Constitución debe retomar la mejor tradición constitucional chilena desarrollada hasta 1973, especialmente en subordinación y obediencia de las Fuerzas Armadas frente a la autoridad civil. Uno de los aspectos básicamente inalterados en la actual Constitución es el lugar que ocupan las FF.AA. en ella, así como el uso extensivo del concepto de seguridad nacional que permite conectar a estas instituciones con una variedad de funciones que expanden su rol más allá de la tarea propia de la defensa nacional. En relación a lo primero, la actual Constitución, más allá de los capítulos sobre nacionalidad, derechos, reformas y gobierno, establece una serie de capítulos sobre los órganos autónomos del Estado incluyendo Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Servicio Electoral y Justicia Electoral, Contraloría, Banco Central, FF.AA., fuerzas de orden y seguridad pública y Consejo de Seguridad Nacional. Al equiparar en un capítulo especial a las FF.AA. con otros órganos autónomos se desvirtúa de plano su función en el marco constitucional otorgándoles un estatus como poder del Estado que no les corresponde. 
 La forma de inclusión de las FF.AA. en la actual Constitución es una situación nacional e internacionalmente anómala. Nacionalmente, por primera vez se incluyeron en ésta como parte del Estatuto de Garantías de 1971. A nivel internacional, en la gran mayoría de las constituciones de países democráticos desarrollados, las FF.AA. no figuran como un capítulo constitucional. Nos parece que sus roles y otras disposiciones institucionales sólo deberían ser materia de ley, y que la carta fundamental sólo debiese dejar bien estipulado los principios básicos de profesionalismo, jerarquía, disciplina, no deliberación y obediencia al poder político. En la actual Constitución las FF.AA. son el Poder de Seguridad, una expresión utilizada, precisamente, por el General Pinochet para determinar la arquitectura del poder autoritario definido en las reglas constitucionales. Consistente con lo anterior, el Artículo 1 de la actual Constitución establece que: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional” y entre los roles que establece la Constitución para las FF.AA. señala que existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. Por tales razones, el Consejo de Seguridad Nacional adquiere un protagonismo excesivo en relación a su función asesora del Presidente de la República. 
 El concepto de seguridad nacional es ajeno a la tradición constitucional chilena, proviniendo del sistema de seguridad nacional de los EE.UU., de la lucha anti subversiva francesa en Argelia, estadounidense en América Latina y de las dictaduras brasilera y boliviana de los años sesenta y setenta. Permea al conjunto de la Constitución incidiendo en las funciones y roles de las FF.AA. en temas ajenos a ellas como: la reserva de las leyes; la libertad de enseñanza; derecho a huelga; emprendimiento económico; derecho de propiedad; identidad nacional; atribuciones presidenciales; instituciones estatales; política monetaria; estados de excepción; penas judiciales. A su vez estableció una confusión y ambigüedad entre los conceptos seguridad nacional, seguridad del Estado, seguridad de la Nación y seguridad externa e interna, integrados en la Constitución sin armonización alguna entre ellos. El actual texto establece un símil institucional entre las funciones de seguridad pública (específicamente Carabineros) y la función de la defensa nacional al tratarlos dentro de un capítulo. Aquello también constituye una anomalía respecto de otros textos de democracias avanzadas, ya que las funciones de defensa nacional y de seguridad pública debiesen plantearse separadamente en el texto. Por lo tanto, una nueva Constitución requiere redefinir sustantivamente la forma en que las instituciones castrenses estarán dispuestas en dicho texto, la posición que ocuparán en la estructura del Estado, y los conceptos ordenadores en materia de defensa. Un cuerpo constitucional coherente con una república constitucional democrática requiere, entre otras, eliminar: la asignación de un capítulo especial a las FF.AA.—las funciones asociadas a ellas debiesen ser recogidas principalmente en el capítulo de gobierno—, y las menciones al concepto de “seguridad nacional”. El texto debe también distinguir claramente las funciones asociadas a la defensa de las del orden público. La actual constitución asigna al Presidente de la República “la jefatura suprema” de las FF.AA. en tiempos de guerra, pero nada dice de su jefatura suprema en tiempos de paz, cuestión que es una anomalía respecto de un sistema democrático en forma. Debiese explicitarse el rol que le cabe al Presidente de la República como comandante en jefe de las instituciones castrenses en todo momento. De esta forma, se consolida institucionalmente la subordinación democrática de las FF.AA. Como cuerpos armados, las FF.AA. son esencialmente obedientes y no deliberantes, profesionales, jerárquicas y disciplinadas. En consecuencia, debieran abstenerse de debatir y proponer normas constitucionales y legales que las impliquen, y por tanto abstenerse de participar -en todas y cada una de sus dependencias- en el proceso constituyente. Lo anterior se fundamenta en el monopolio de las armas que la sociedad asigna a sus fuerzas armadas, dotándolas con las capacidades materiales de subvertir el orden establecido en una determinada circunstancia histórica. Así, no cumplir con los principios de obediencia, jerarquía, disciplina, profesionalismo y no deliberación se constituirían en una amenaza al sistema democrático. Su plena integración en la sociedad democrática, incorporando los avances que en ella ha observado el país en su totalidad, cerrará gradualmente las fisuras que aún existen entre civiles y militares. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/18/la-nueva-constitucion-y-las-ff-aa/
  5. 25.02.2016 Hasbún Hasbún: Diputado asegura que condenas a miembros de Fuerzas Armadas son actos de “venganza” En una carta publicada en La Tercera, Hasbún aseguró que no sabe si esas condenas por violaciones a DDHH son un acto de justicia o de venganza. “Es inaceptable que esta venganza haya permeado a nuestros tribunales, y que para dejar tranquila a la izquierda gobernante se actúe de modo parcial e inconstitucional”, dice. Por [email protected] Foto: AgenciaUno. El diputado UDI Gustavo Hasbún no se detiene en cuanto a sus declaraciones polémicas. El día de hoy, a través de una carta al director enviada a La Tercera, quiso referirse a las condenas a miembros de las Fuerzas Armadas por violaciones a los DDHH. “La condena y posterior encarcelamiento de un integrante de nuestras Fuerzas Armadas, pone en el tapete si estamos frente a un acto de justicia o de venganza”, partió diciendo, y luego agregó: “No puedo sino recordar las declaraciones del ministro Solis, quien ha reconocido que sólo se les condena por una “ficción jurídica” y que resulta prácticamente imposible corroborar si tuvieron participación en los hechos por los que se les condena”. Luego procedió a condenar las condiciones bajo la que viven los militares condenados: “Bajo el deseo de justicia, se hace evidente la venganza que ellos y una buena parte de los militares en retiro sufren a diario. Dada su condición de uniformados no se les concede ningún beneficio carcelario, ni siquiera considerando las existencia de enfermedades terminales o su edad”, agrega el legislador opositor. Finalmente remató: “Es inaceptable que esta venganza haya permeado a nuestros tribunales, y que para dejar tranquila a la izquierda gobernante se actúe de modo parcial e inconstitucional”. Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2016/02/25/hasbun-hasbun-diputado-asegura-que-condenas-a-miembros-de-fuerzas-armadas-son-actos-de-venganza/
  6. Topic de Archivo 2015 Milicogate La institución y el gobierno conocían los hechos hace meses Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre Mauricio Weibel Barahona 13 Agosto, 2015 Los desfalcos comenzaron en 2010, durante los albores del gobierno del presidente Sebastián Pïñera y continuaron hasta marzo de 2014, cuando despuntaba el segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los involucrados, el cabo Juan Carlos Cruz, gastó 140 millones en el casino Monticello. Estos son los coletazos del “Milicogate”. Millones de dólares desaparecieron de los fondos reservados del cobre a través de cientos de operaciones fraudulentas que comenzaron en 2010, según prueban inéditas conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que accedió en exclusiva The Clinic. “Yo asumo el error como usted me lo está planteando”, dijo el coronel Clovis Montero, principal imputado y detenido en el caso, en un diálogo privado de más de una hora con el general Jozo Santic, el cual fue mantenido en reserva hasta hoy. Montero, tras admitir sus faltas, dijo que lamentaba la actitud de sus superiores. “¿Cuántas veces yo me di cuenta de cosas y llamaba a la persona que me pedía (favores) y no al que firmaba para que resolviera el tema? ¿Cuántas veces lo hice yo como tesorero del Estado Mayor? Usted sabe las facturas que me llegaban de (La Casa Militar) de Lo Curro, por seis o siete millones”, insistió Montero ante el general Santic. El general, tras enrostrarle reiteradamente su error a Montero, le planteó además que fue desacertado de su parte confiar en el cabo Juan Carlos Cruz, el otro detenido en el caso. “Si esto mismo te lo hubiera pedido (el coronel) Fernando Grossi, se habría arreglado entre caballeros”, opinó Santic. Al caso que se refiere el general Santic es el desfalco a los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyas primeras luces de alarma estallaron el 2 de abril de 2014, tal como denunció The Clinic en marzo de este año. En esa fecha fueron descubiertos los primeros indicios de la defraudación. Estas operaciones, que inicialmente involucraron 103 millones de pesos, ascenderían ya a miles de millones de pesos y la Justicia Militar continúa las pesquisas. El mayor problema hasta ahora es cerrar el cerco sobre otros implicados en el caso, que está bajo la investigación de la abogada Paola Jofré de la VI Fiscalía Militar. LOS HECHOS La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la institución en el rubro “material de guerra y repuestos”. Frasim, sociedad domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que jamás fueron entregados. El cabo Juan Carlos Cruz, quien solicitó al Tribunal Constitucional en febrero que se pronuncie sobre la legalidad de que la causa sea investigada simultáneamente en tribunales civiles y militares, admitió además haber recibido 15 millones de pesos en sobornos en esta sola operación. El coronel Montero, tras ser descubierta la operación en 2014, contactó urgente a Huincahue y le pidió que Frasim devolviera el último pago recibido por 53 millones de pesos. Huincahue accedió y pasó a Montero un vale vista del Banco de Crédito e Inversiones, el que el coronel entregó a su vez al tesorero del Ejército, su amigo, el general Samuel Poblete, en el estacionamiento del Edificio Bicentenario. Pero nada detuvo la avalancha judicial y las pesquisas prosiguieron. De hecho, casi nadie cree en la Justicia Militar que un cabo y un coronel pudieran cometer por sí solos esta enorme defraudación fiscal. Sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército (Sifie), para luego pasar por Tesorería para su pago. Mensualmente, además, el Estado Mayor revisa los saldos que quedan de los decretos supremos que autorizan los giros de los fondos reservados del cobre. Con esos remanentes se pagan operaciones como las vinculadas a estas defraudaciones. Por ser fondos reservados además, la Contraloría General de la República carece de autoridad para fiscalizar estas operaciones. Ni siquiera el Congreso puede inmiscuirse en la definición de los armamentos a comprar tampoco. Hoy, sin embargo, The Clinic revela por primera vez en la historia de Chile los decretos secretos con que los militares y el gobierno han autorizado el gasto de miles de millones de dólares en armas, como muestran oficios firmados por los ex ministros Andrés Allamand, Rodrigo Hinzpeter, Felipe Larraín, Jaime Ravinet y Nicolás Eyzaguirre, entre otros (ver documentos). De esos recursos, cientos de millones de dólares fueron destinados a los proyectos Rotor, Centauro, Llaca, Kutrul, Llaitún y Limbo, para lanzamientos de misiles, nocturnización de equipos y compras de helicópteros, entre otros ítems. UN NEGOCIO INQUIETANTE En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis Montero admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. “Pero yo no recibí dinero alguno”, aseguró Montero, oficial de la Contraloría del Ejército, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás beneficiarios de la operación. El cabo Cruz, quien admitió que falsificó la rúbrica del general Ureta, aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y dijo que sus superiores directos en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están en la cadena de documentos. Las pesquisas, sin embargo, revelaron rápidamente que eran varias las empresas involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para financiar programas sociales. Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer (ver documento) en operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de Francisco Huincahue. Ante la escalada de denuncias, la fiscal militar Paola Jofré pidió periciar el servidor de respaldo del Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones. Sin embargo, la diligencia no fue posible debido a que ese equipo computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a Frasim en marzo del año pasado, se juntó con el dueño de esa empresa, Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en los estacionamientos del Club Hípico. Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”. “Luego de esto me fui a mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al cabo Cruz”, agregó Montero ante la fiscal Jofré. Días después reveló a la fiscal que Cruz estaba acompañado por el empleado civil Danilo Alarcón Báez de la Dirección de Finanzas del Ejército. Este último niega los hechos. El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal. Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su empresa. Ya en junio de 2014, con los nuevos antecedentes, la Contraloría del Ejército envió un informe reservado a la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes Quintanilla superaban los 303 millones de pesos. Fue el inicio de la escalada. El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo Alarcón. Foto: Coronel Clovis Montero – ¿Por qué el huevón (Cruz) hizo la firma (falsa), huevón? -preguntó Clovis Montero desde su casa. – Porque el huevón es porfiado -respondió Alarcón. Ambos, además, hablaron sobre qué habría hecho Cruz con los dineros defraudados. – Qué sé yo dónde tiene la huevá… si es que la tiene -apuntó Alarcón en el informe emitido por el perito en sonido Rodrigo Tapia de Investigaciones. En septiembre pasado el caso escaló por primera vez institucionalmente hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento. La causa ya ardía. Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado. A los pocos días la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en realidad los 1.400 millones de pesos. El ministerio de Defensa, encabezado entonces por Jorge Burgos, no estaba entonces en condiciones de saber cuáles operaciones eran lícitas y cuáles no. El caos era total. En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio. Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. Era el inicio del desbande. También de una mayor cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, quien indaga los delitos cometidos por los civiles. En diciembre, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro de Defensa, Jorge Burgos, hoy titular de Interior, que la situación era peor de lo imaginado en un oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de documentos. En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver. EL DESTINO DE LOS FONDOS Las hojas de vida institucionales de todos los oficiales involucrados en los casos son intachables, todos con calificaciones sobre 6,0, como revisó The Clinic. Sus sueldos líquidos superan además los dos millones de pesos, como muestran sus liquidaciones. En el caso del cabo Cruz su estipendio superaba los 550.000 pesos antes de su detención. No obstante, los últimos tres años, Cruz registra viajes a México y Cuba. Clovis Montero, en tanto, a Colombia y Estados Unidos, según Extranjería. Foto: Juan Carlos Cruz Montero mantenía además un minimarket en una estación de servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su declaración. Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos veces por semana a jugar”, aseguró el cabo a la fiscal Jofré. Pero no era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según Monticello (ver documento). LA DANZA DE LOS MILLONES ¿Cómo fue posible que miles de millones de pesos desaparecieran de las arcas del Ejército y terminaran en un casino de juegos? Varios testimonios indican que hace tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron de sus superiores la instrucción de no revisar más las facturas, sino de simplemente tramitarlas, como admitieron varios testigos a la Justicia Militar. El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en dictadura. Esta norma, de hecho, establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva. Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. A ese monto hay que agregar otros 500 millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados. También construir 300 mil viviendas de 1000 UF para familias de bajos recursos en dos gobiernos, acabando con los campamentos en el país. Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las fuerzas armadas ante el terremoto de 2010. Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en vuelo. No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas hoy por el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia. REVISE LOS DOCUMENTOS: Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/08/13/milicogate-el-gran-robo-del-fondo-reservado-del-cobre/
  7. En plena reducción de personal, Ejército compra auto de 43 millones para uso de comandante en Jefe Esta semana se reunió la directiva de esta rama de las Fuerzas Armadas, en la que se informó que tendrían un menor presupuesto para el próximo año.  Nacional30 de octubre, 2015 Autor: El Dínamo Todo el país ha resentido, de una u otra forma, el escenario de desaceleración que afecta al mundo, que también ha provocado que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, enfatice que incluso el presupuesto del próximo año será austero, y que se intentarán llevar adelante lo mejor posible las reformas planteadas por el gobierno de Michelle Bachelet. Es en aquel contexto que en esta semana se anunció una rebaja en el presupuesto total para una serie de ministerios. El de Defensa verá reducido en un 0,4% sus fondos en el próximo año, lo que repercutió inmediatamente en al menos una de las ramas de las Fuerzas Armadas. El Ejército sostuvo una reunión en esta semana, donde se informó que habrá tanto un ajuste en los sueldos del persona, y que habría una disminución de cerca de un 20% de los cargos de personal a contrata para el próximo año. De dos mil personas que están en esta modalidad, el recorte alcanzaría los 400 puestos de trabajo. Por eso resulta al menos curioso el hecho de que esta rama castrense haya determinado la compra de un auto de 43 millones de pesos para el uso del comandante en jefe, Humberto Oviedo. De acuerdo a La Segunda, se trata de un Hyundai Equus (foto de referencia), por un monto de 43 millones y medio de pesos. Según declaraciones del Ejército, a través de su departamento de comunicaciones, la justificación que se entregó fue que este vehículo se adquiere en el marco de la renovación de los automóviles de esta rama de las Fuerzas Armadas. “Al uniformar la línea de vehículos, se obtendrá un menor costo en el mantenimiento. En este caso en particular, se optó por una marca de menor costo al de la línea Mercedes Benz que se tenía. Su costo fue de 63 mil 233 dólares (43 millones 560 mil 897 pesos), incluyendo 30 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Esto se realiza precisamente en la línea de racionalización institucional y de eficiencia en el empleo de los recursos”, reza el comunicado que cita el vespertino. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/10/30/reduccion-personal-ejercito-auto-43-millones-comandante-en-jefe/
  8. Y la gente cuándo: el 93% de los aportes de Codelco al Fisco fueron a las FF.AA El monto entregado a las instituciones castrenses desde 1995 hasta los primeros seis meses de 2015 alcanza a 17.127 millones de dólares.  Nacional16 de octubre, 2015 Autor: El Dínamo Un 93 % de los aportes que la Codelco entregó al Fisco en el primer semestre de este año, equivalente a 529 millones de dólares, fueron destinados a las Fuerzas Armadas, según datos de la minera que publica El Mercurio. Estos aportes se canalizan en el marco de la denominada “ley reservada del cobre”, que establece que Codelco debe entregar a las Fuerzas Armadas, para compras de equipos militares, el equivalente al 10 % de sus ventas. La cifra correspondiente al primer semestre de este año es significativa, pero se considera un monto bajo en comparación a la asignación de años anteriores, debido a la drástica caída en el precio del cobre, el alza del dólar y la volatilidad de la economía mundial, según los informes de Codelco. El monto entregado a las instituciones castrenses desde 1995 hasta los primeros seis meses de 2015 alcanza a 17.127 millones de dólares. La compañía estatal afronta actualmente la necesidad de invertir 12.000 millones de dólares en los llamados “proyectos estructurales”, destinados a modernizar la explotación de sus yacimientos para mantener y aumentar sus niveles de producción, que alcanzan actualmente a alrededor de 1,7 millones de toneladas anuales. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/10/16/codelco-aportes-reservados-ley-del-cobre/
  9. Los vestigios pinochetistas de la formación militar en Chile El homenaje a un dictador, conservación de grados militares a violadores de derechos humanos, actos de discriminación y xenofobia en las escuelas matrices y exaltación de la "Honorable Junta Militar", son algunos de los gestos y características que aún permanecen al interior de nuestras Fuerzas Armadas. Por Mauricio Leandro Osorio | 29/09/2015 Foto: ww.ejercito.cl El 10 de diciembre de 2006 a las 2:45 de la tarde falleció Augusto Pinochet a los 91 años en el Hospital Militar luego de haber sufrido un infarto. Pinochet murió siendo General en retiro el día Internacional de los Derechos Humanos. Dos días después de la muerte del ex dictador, en la Escuela Militar se le rindieron honores fúnebres por parte del Ejército. El acto se realizó bajo autorización del Ejecutivo por tratarse de un ex General y contó con la presencia de la entonces ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, pero el Gobierno desechó la posibilidad de rendirle honores de Estado. No obstante, por esos días y bajo la venia de La Moneda, en los recintos del Ejército se izaron banderas a media asta. “En la década de los 70, como consecuencia de la crisis política, social y económica a la que había llegado el país, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron el poder de la Nación el 11 de septiembre de 1973″. Pinochet murió con honores militares sin responder ante la Justicia por los miles de crímenes cometidos durante la dictadura que encabezó, en la cual unas 28.459 personas sufrieron detenciones ilegales, tortura, ejecuciones o desapariciones entre 1973 y 1990, periodo donde cerca de 300 mil chilenos tuvieron que exiliarse por razones políticas. Actualmente, en la página oficial del Ejército de Chile, se describe este periodo de forma curiosa: “en la década de los 70, como consecuencia de la crisis política, social y económica a la que había llegado el país, las Fuerzas Armadas y de Orden asumieron el poder de la Nación el 11 de septiembre de 1973″, a lo que se agrega “el Ejército, junto con las otras Instituciones armadas, fueron exitosas en su rol de la Defensa Nacional”. No existe un ápice de autocrítica o mención a la forma como “asumieron el poder”, fue mediante un Golpe Militar; o sobre las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidos durante ese periodo por miembros del Ejército; o la permanencia, hasta el día de hoy y a partir de allí, de la Justicia Penal Militar. LA AUTONOMÍA DEL EJÉRCITO “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes”, dicta el artículo 101 de la Constitución Política de Chile, pero cabe preguntarse hasta qué punto se da cumplimiento de esta norma. En este sentido, los cuerpos armados deberían estar subordinados al poder político civil, tanto en mando como en el sentido de su propia formación, pero las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas en Chile responden, como todo plantel de educación superior, a la libertad de enseñanza que se estableció en la Constitución de 1980, por lo que las entidades militares se autoeducan en sus propios preceptos. Según el libro Vuestros nombres, valientes Soldados de la periodista Catalina Gaete, “la mayor parte del alto mando actual, en las tres ramas armadas, participó de la intervención militar de 1973, así como de los sucesivos años de represión y políticas socioeconómicas neoliberales”. La mayor parte del alto mando actual, en las tres ramas armadas, participó de la intervención militar de 1973, así como de los sucesivos años de represión y políticas socioeconómicas neoliberales. Para el analista y conocedor de las políticas en defensa internacional, Guillermo Holzmann, entrevistado por eldesconcierto.cl la Escuela Militar “invita a las universidades a que entreguen propuesta para hacer cursos humanistas o todos aquellos cursos que no son de formación militar neta”, cursos que son “pasados por civiles de universidades públicas y privadas que lograba acreditar adecuadamente la capacidad y competencia para poder entregar esos contenidos”. El tema es que el Ministerio de Defensa no puede decidir los contenidos de formación en las escuelas matrices, debido a que ellas son las que escogen los contenidos que tomarán y cuales no, dejándolo a consideración del propio Ejército de forma autónoma, el contenido humanista que impartirán en la formación para sus oficiales. Asimismo, el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien ha defendido la permanencia de una foto del fallecido ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, en galerías de la institución alega que “si empezamos a esconder los procesos históricos, puede ser peligroso“, pero rehuye al hecho que Contreras murió condenado como criminal, debiendo muchos años de sentencia, sin ser aún degradado en sus cargos militares. Son varias acciones, rituales y premios que se asocian a la dictadura militar y la imagen de Pinochet. Algunas han desparecido desde los 90 a la fecha y otras fueron mutando, por ejemplo: la aún existente medalla 11 de septiembre; la medalla Comandante en jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet Ugarte, a la cual se le cambió el nombre; la Biblioteca Presidente Augusto Pinochet Ugarte, que se fusionó con otra y se le cambió el nombre; la estatua al almirante José Toribio Merino en el Museo Marítimo, aún ergida frente a la ex Escuela Naval; la Honorable Junta de Gobierno que menciona hasta el día de hoy en el sitio oficial de la Armada de Chile; la Plazoleta Presidente Augusto Pinochet a pocos metros de la Escuela de Artillería en Linares, todavía con ese nombre; o la villa Augusto Pinochet en Cauquenes. LA DISCRIMINACIÓN Han sido varios los gestos y filtraciones que han evidenciado una actitud discriminatoria al interior de las Fuerzas Armadas y las escuelas matrices como fue el conocido instructivo que solicitaba una “especial preocupación en la selección respecto a reclutar a los ciudadanos más idóneos, moral e intelectualmente capacitados, debiendo excluir a aquellos que presenten problemas de salud física, mental, socioeconómica, delictuales, consumidores de drogas, homosexuales, objetores de conciencia y testigos de Jehová”. A ello podríamos sumar el rito de iniciación de los infantes de marina que se filtró a través de un vídeo colgado en redes sociales, donde se mostró cómo gente con mayor antigüedad en la Armada, “bautizan” a los nuevos, burlándose, golpeándolos y poniéndolos de rodilla frente a una cubeta con deshechos, llevándolos al extremo de vomitar. También ocupa un triste recuerdo en la memoria, especialmente por los parlamentarios que defendieron aquel episodio de un vídeo que mostró a un pelotón de marineros chilenos entonando en la costa viñamarina un xenófobo canto en el que vociferaban “argentinos mataré, bolivianos fusilaré, peruanos degollaré…” Tal vez el acto más destacable o cotidiano, es el hecho de que las escuelas matrices, discriminan económica y socialmente a quienes quisieran ser oficiales dentro de cualquiera de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, si usted quisiera hoy formar parte profesionalmente del Ejército y deseara obtener el grado de oficial, debería desembolsar en primer año por concepto de “equipamiento de ingreso” $1.771.396, junto a una mensualidad, hasta el cuarto año, de $278.362. A partir del segundo año, la matrícula sería de $227.750, calculándolo respecto al valor actual de la UF. Pareciera a lo menos extraño que se le cobre a personas que finalmente van a trabajar para el Estado, pero por si esto fuera poco, no olvide que de cumplir con los requerimientos del pago de su colegiatura deberá llevar una foto familiar. Tal vez el joven Bernardo Riquelme no habría podido ingresar hoy a la escuela que lleva su nombre. Foto: facebook.com/WHINSEC LA ESCUELA DE LAS AMÉRICA En el alto mando del ejército estadounidense no figura el Jefe de la Misión Militar de EEUU en Chile. Tal vez en ningún Estados soberano un cuerpo de generales cuente con tal cargo dándonos tan honorable importancia. En Chile, el General de División Guido Montini Gómez, quien es miembro del alto mando del Ejército de Chile, ostenta el título de Jefe de Misión Militar de Chile en los EEUU de América. No se trata de rechazo hacia todo lo que huela a gringo, pero EEUU, país que financió y azuzó el más reciente Golpe de Estado que sufrió nuestro país, aún no ha pedido disculpas o mostrado algún gesto por reparar aquel hecho. Por el contrario, en vez de alejarse de nuestra política interna, los EEUU siguen formando oficiales chilenos en el seno de la ex Escuela de las América, hoy rebautizada con el nombre Instituto de Cooperación y Seguridad de Hemisferio Occidental, WHINSEC por sus siglas inglés. Pero el ejército chileno no sólo participa como un país más en la WHINSEC. Chile es promotor de polémicos ejercicios militares en Centroamérica, donde en un juego de guerra, algunas naciones americanas crean militantes terroristas imaginarios, a quienes combaten cuidadosamente, dejando recelo a su paso entre venezolanos y nicaragüenses. Este juego en defensa de la ficticia “Nueva Centralia” es llevado a cabo entre algunos ejércitos latinoamericanos, junto al programa Estrategia del comando sur de los Estados Unidos. Cabe recordar que de la ex Escuela de las Américas egresaron oficiales que posteriormente se convirtieron en dictadores, ministros de Defensa y jefes de policías secretas, puestos desde donde pusieron en práctica lo aprendido en la institución, llevando a cabo torturas, homicidios, desapariciones y el desplazamiento de cientos de miles de personas. Para el año 2004 Chile era el quinto país con mayor número de oficiales graduados en WHINSEC. Asimismo, durante 2013 Chile fue el segundo país que más envió soldados a la WHINSEC -después de Colombia- según datos publicados por el mismo instituto militar. Otras instancias de colaboración y apoyo militar se han generado desde la región, bajo el concepto de soberanía e integración, como es la Escuela Sudamericana de Defensa, ESUDE, con sede en Ecuador y engendrada desde la UNASUR, la que busca generar una alternativa local sobre lo que representa WHINSEC y la formación de oficiales latinoamericanos en las entrañas de EEUU. Cuando comenzó el debate respecto a la participación Chile en la ESUDE, el Coronel Jefe del Departamento comunicacional del Ejército, Cristóbal de la Cerda Rodríguez, publicó una columna en El Mostrador en la que intentó aclarar que en “los programas de instrucción y cursos que ofrece WHINSEC incluyen, por ley, contenidos sobre democracia y derechos humanos”, pero recalcando el hecho que “más de dos mil integrantes del Ejército de Chile, entre instructores y alumnos, han sido comisionados a WHINSEC desde su creación el año 2001, destacándose por su desempeño académico, liderazgo, competencias tácticas y capacidades físicas”. Foto: facebook.com/WHINSEC Sobre la formación en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, los contenidos en las páginas web de la Armada y el Ejército, y el envío de soldados chilenos a la WHINSEC, fueron consultados el actual Subsecretario de Defensa Gabriel Gaspar Tapia y Jefe de prensa del ministerio, Mario Aguilera, quienes quedaron en respondernos un cuestionario a través de correo electrónico. A la fecha no hemos recibido respuestas. Fuente: http://eldesconcierto.cl/las-fuerzas-armadas-alma-de-la-patria/
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