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  1. 10 Mayo 2019 Los correos entre Moya y la Fiscalía Nacional para preparar el interrogatorio a Michelle Bachelet El intercambio de correos entre el fiscal Sergio Moya y la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional data del 9 de mayo de 2016, quince días antes del interrogatorio a la expresidenta. La declaración en calidad de imputado del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, ante su homólogo de Magallanes, Eugenio Campos, abrió un nuevo foco de conflicto al interior del Ministerio Público. Esto, debido a que en su declaración Arias habría dado a conocer una presunta irregularidad cometida durante la elaboración del interrogatorio a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en el marco del caso Caval. La exmandataria fue interrogada por el propio fiscal Sergio Moya en La Moneda, el pasado 24 de mayo de 2016. Según el abogado José Luis Andrés, defensor de Emiliano Arias en la arista penal del caso, su representado relató “muchas conversaciones que tuvo con el fiscal (Sergio) Moya, en donde este decía que tenía en su poder copia de correos electrónicos que intercambió con la Fiscalía Nacional, donde, según él, la Fiscalía Nacional a través de sus asesores le limitó sustantivamente el cuestionario (a la expresidenta Michelle Bachelet)”, dijo a La Segunda. Fuentes cercana al caso, advierten que Arias solo entregó el testimonio verbalmente, pero no entregó ningún tipo de pruebas que acreditaran los hechos que relató. Tras conocer este antecedente, La Tercera accedió a una cadena de correos electrónicos que, 15 días antes del interrogatorio a la entonces Mandataria, intercambió el fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, y la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción, Marta Herrera. La primera comunicación, ocurrió a las 9.08 del 9 de mayo de 2016. Con el asunto “cuestionario”, el fiscal Moya envió una batería de 20 preguntas en las que intentaba ahondar en el conocimiento que la expresidenta Bachelet tenía de los negocios de su nuera, Natalia Compagnon, a través de la empresa Caval. “¿Realizó usted alguna función pública para el estado de Chile durando los años 2012 a 2013?”, “si su respuesta anterior fue afirmativa, describir las funciones realizadas y el periodo de las mismas” ó “durante el año 2012 y 2013, tuvo conocimiento usted de la existencia de la sociedad Caval Inversiones Limitadas?”, fueron algunas de las preguntas contenidas en el interrogatorio original de Moya. Más de una hora y media después, Marta Herrera responde al correo de Moya: “Sólo le sumaría ésta al final para cubrir el espectro, particularmente con una persona: ¿Tuvo conocimiento usted si otra persona, distinta de las dos anteriores, invocó su nombre con el objetivo de obtener facilidades en la obtención de un crédito para la empresa Caval Inversiones Limitada, por la suma de 6500 millones de pesos? Te llamo”, concluye el correo. A las 13.00 del mismo 9 de mayo, Marta Herrera envía un nuevo email a Moya. Esta vez era la “invitación a prestar declaración” en la indagatoria del caso Caval. En el documento se destaca la calidad de Presidenta de la República del interrogado y los pasos legales para realizar la diligencia. Finalmente, el intercambio de correos termina con un mail enviado por Moya en el cual da el nombre del funcionario que entregará el oficio en La Moneda, a fin de coordinar el testimonio de la expresidenta Michelle Bachelet. Para ver ampliado, haz click en la imagen Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/los-correos-moya-la-fiscalia-nacional-preparar-interrogatorio-michelle-bachelet/650379/
  2. 16 Enero 2019 Exdirectivo de la Fiscalía Nacional que renunció tras denuncia por acoso, lleva a Abbott a tribunales y lo acusa de encubrimiento Luis Torres presentó una querella contra la máxima autoridad del Ministerio Público, acusándolo de una serie de irregularidades en el sumario interno que se llevó en su contra. “Estimado fiscal nacional, junto con saludar, le informo personalmente que he interpuesto una querella criminal en su contra. He decidido que usted no se entere por la prensa, tal como me comunicaron a mi la sanción de remoción del cargo de Director de la Unidad Especializada que dirigía”. Así empieza el correo electrónico que el exjefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, le envió hoy a las 10.00 a su entonces jefe, Jorge Abbott. Torres estuvo casi dos años en el puesto y no solo dio a conocer el catastro de los abusos sexuales presuntamente cometidos por miembros de la Iglesia Católica, sino que además quedó a cargo de coordinar todas las investigaciones emprendidas por las fiscalías locales y regionales. Esto fue parte de su trabajo hasta que el 29 de octubre de 2018, cuando se efectúo una denuncia en su contra por hechos presuntamente de acoso sexual contra alumna en práctica, supuestamente ocurridos en la celebración del aniversario institucional de la Fiscalía Nacional el 26 de octubre pasado. Luego de la acusación, la institución tomó la decisión de suspenderlo de sus funciones de forma temporal, mientras se resolviera el sumario en el que se están investigando tras las denuncias en su contra. En el mail, le explicó las razones de la acción legal en su contra: “Como le señale el 10 de diciembre y le reiteré el 6 de enero al comunicarle mi renuncia, no descansaré hasta agotar todos los medios legales para defenderme de las falsas acusaciones en mi contra, y del ilegal y arbitrario sumario realizado por Mauricio Fernández (director de la Unidad de Lavado de Activos, ULDECCO, de la Fiscalía Nacional), el cual no ha respetado las más mínimas normas del debido proceso, con prácticas constitutivas de delitos que ahora fundan la querella”. Agregó en el correo, acusando a Abbott de encubridor, que “todas estas conductas punibles se las comuniqué oportunamente por los canales formales y usted decidió rechazarlas, fuera de los casos que le permite el reglamento institucional. Asimismo, se negó reiteradamente a remitir las denuncias efectuadas a la fiscalía competente, en actos que no pueden ser sino calificados de una intención de encubrir los hechos y las personas que los ejecutaron”. La querella En detalle, son cuatro los delitos que acusa Torres en contra de los funcionarios de la Fiscalía Nacional: perjurio, falsificación de documento público, violación de secretos y falta penal de omisión de denuncia. Y la querella apunta no solo contra Abbott, también va en contra Mauricio Fernández; la abogada asesora de la Unidad Especializada en DD.HH., Catalina Duque; y Gisela Schoenmakers, abogada asesora de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional. En relación al perjurio, apunta en su querella, tendría participación Catalina Duque. De acuerdo a Torres, la jurista “faltó gravemente a la verdad en sus dos declaraciones como testigo en la investigación administrativa”. Esto ya que nunca transparentó, según Torres, “su calidad de denunciante del sumario, no reconociendo una reunión privada con la afectada antes de la presentación de la denuncia, y no reconociendo la colaboración de una abogada de la unidad de asesoría jurídica de la Fiscalía Nacional”. Torres también cuestiona el actuar de Schoenmakers, indicando que “el investigador designado Mauricio Fernández, atendido que no se encontraba disponible, solicitó al fiscal nacional la designación de Gisela Schoenmakers como investigadora ad-hoc, con la sola finalidad de tomar contacto con la afectada y recibir la denuncia”, cosa que la abogada realizó, pese a que “ya conocía los hechos motivo de la denuncia, y que había asesorado a la denunciante Catalina Duque”. De esta forma, Torres cuestiona por qué “no se inhabilitó de aceptar el nombramiento como investigadora ad-hoc teniendo el deber de hacerlo”. El abogado, además, apuntó al actuar de Fernández, ya que “el 12 de noviembre, tanto Mauricio Fernández como Gisela Schoenmaker, según consta a fojas 167 del sumario, toleraron y permitieron que Catalina Duque no dijera la verdad, con la aquiescencia de ambos, puesto que ellos sabían y no podían sino conocer la denuncia de fojas 7 que dio inició a la investigación administrativa”. Torres también denuncia que el 10 de diciembre de 2018 se comunicó vía correo electrónico con el fiscal nacional para informarle de todas las presuntas irregularidades ocurridas durante el desarrollo de la investigación administrativa seguida en su contra, “señalándole además que el investigador del sumario me había negado el derecho de defenderme, al solo entregarme copias de la investigación el mismo día que cerró la investigación”. Sin embargo, Abbott rechazó iniciar una investigación administrativa por estos hechos. “Se acompaña (…) la referida resolución de manera íntegra, la cual, en síntesis, da cuenta que ante mi denuncia, el fiscal nacional pidió informe a los denunciados y como ellos negaron los hechos, entonces rechazó iniciar un sumario interno, omitiendo completamente los fundamentos de mi petición y toda la documentación de respaldo que justificaba el inicio de una investigación conforme dispone el reglamento de responsabilidad administrativa del Ministerio Público”, dice la acción legal. Además, indica Torres, la Fiscalía Nacional “nunca remitió la denuncia a la Fiscalía Centro Norte”. Así, según la querella, “las conductas antes descritas referidas al fiscal nacional, Jorge Abbott Charme, constituyen la falta penal de omisión de denuncia, referida a los hechos que tomó conocimiento que son hechos punibles y no los denunció a la autoridad competente” y “de encubrimiento (de) los hechos ilícitos (…) relacionados con los hechos que configuraron perjurio y falsificación de instrumento público por las personas antes ya referidas”. Otros casos Esta no es la primera vez que Abbott debe comparecer ante la justicia. En agosto pasado dio inicio el juicio contra el fiscal nacional por prácticas antisindicales. El caso se llevó adelante en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago y la contraparte fue la Federación de Funcionarios del Ministerio Público. El caso se cerró luego que se llegara a un acuerdo. A nivel político, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio llevó adelante un juicio de destitución ante la Corte Suprema, ya que los diputados acusaban a la autoridad de la fiscalía de promover las salidas judiciales por las causas de financiamiento de campañas políticas. El máximo tribunal falló a favor del fiscal nacional en octubre del año pasado. Un tercer caso fue el protagonizó el fiscal regional de O’Higgins, quien presentó un recurso contra Abbott acusándolo de arbitrariedades en el sumario en que se llevó a cabo en su contra, donde este fue sancionado por su actuar en los incendios forestales de 2017. La Corte Suprema respaldó el actuar de Abbott. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/exdirectivo-la-fiscalia-nacional-renuncio-tras-denuncia-acoso-lleva-abbott-tribunales-lo-acusa-falsificacion/487651/
  3. 18 Septiembre 2018 Chile dio cuenta de 802 casos de violencia policial a la ONU Según cifras de la Fiscalía Nacional, en un año ingresaron más de dos mil denuncias por violencia cometida por funcionarios públicos a civiles. Cinco carabineros vestidos de civil entraron sin orden judicial a un departamento en La Cisterna, el 4 de agosto de 2016. Sin identificarse como policías, apuntaron con pistolas a las dos personas que vivían ahí, J.M.R. y F.C.M., los golpearon, esposaron y se llevaron $ 1,8 millones, además de sus celulares, ropa, zapatos, relojes, perfumes, un computador, un televisor y una consola de juegos. Los trasladaron a la 12° Comisaría de San Miguel, y uno de ellos, F.C.M., fue formalizado por tráfico de drogas, luego de que los oficiales escribieran en el parte policial que le encontraron 300 gramos de cocaína en una fiscalización vehicular. Sin embargo, F.C.M. denunció lo ocurrido y entregó a la fiscalía las grabaciones con las cámaras de seguridad de su edificio, que daban cuenta de lo que realmente había pasado. Con estos antecedentes, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en el caso contra F.C.M. y formalizó en mayo de 2018 por presunto robo con intimidación, allanamiento y detención ilegal, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público a dos uniformados: Daniel Huenchullán y Luis Rodríguez, quienes hoy están con arresto domiciliario total. Luego, en agosto, formalizó por robo con intimidación, allanamiento y detención ilegal y apremios ilegítimos a Luis Vásquez y Jorge Álvarez. Un caso similar ocurrió en la PDI cuando en 2014 fueron condenados nueve funcionarios por apremios ilegítimos y allanamientos y detenciones ilegales. Según los datos incluidos por el Estado de Chile en su último informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las policías asciende a un total de 802 entre 2010 y 2017. En detalle, desde ese año hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Y, de acuerdo a la información adicional facilitada por la delegación (integrada por autoridades del Ministerio Público, la PDI, Gendarmería, Carabineros y el gobierno), en 2017 se impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución y la PDI instruyó 36 actos administrativos desde 2010. Al respecto, la ONU señaló en sus observaciones finales “su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes” y “abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos”. Asimismo, lamentó “no haber recibido información completa” y planteó que “también preocupa que las denuncias por violencia policial se remitan para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución”. La fiscal de la Zona Sur, Paulina Díaz, quien formalizó a los cuatro carabineros y está designada como fiscal preferente para estos delitos, explicó que “las denuncias ingresadas por abusos contra particulares y apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos han aumentado en un 100%. La mayoría apunta a un accionar abusivo y exceso de violencia al momento de la detención”. El director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien viajó a Ginebra con la delegación chilena para rendir el examen ante la ONU, explicó que “la violencia institucional dice relación con agentes del Estado que ejercen violencia fuera del marco legal”. Detalló que registran un total de 2.042 denuncias ingresadas entre noviembre de 2016 y 2017. “Estos casos corresponden a violencia carcelaria y policial”, detalló. Señaló que la ONU consultó a la delegación sobre la agresión por parte de Carabineros a una menor en Valparaíso en junio. Otra causa de interés para el organismo -dijo Torres- fue el caso Huracán, en el que se indaga la presunta falsificación de evidencia de parte de Carabineros para inculpar a personas por atentados en La Araucanía. Un caso de este tipo se dio en Valparaíso, donde la fiscalía formalizó en junio de este año a los carabineros Cristóbal Miller, Jorge Tapia, David Espinoza y José Ignacio Lagos, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, “hicieron llegar a la fiscalía partes policiales, actas y declaraciones falsas, a través de los cuales simularon delitos inexistentes (…) que condujeron al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares en perjuicio de sujetos detenidos”. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló por torturas de funcionarios públicos en 91 casos en 2018 y en 79 en 2017. Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH, dijo que “preocupa que sean tan bajos los porcentajes de sanciones en casos de violencia institucional, ya que la gran mayoría ni siquiera llega a una sentencia”. Versión de Carabineros y PDI Desde Carabineros señalaron que tomando en cuenta el total de procedimientos policiales que realiza la institución, es muy menor el número de casos registrados por presuntos abusos. “Es una tasa muy baja, pero es de nuestro interés que sea lo más cercano a cero”, dijeron. Explicaron que Carabineros ha implementado mecanismos para conocer de estas eventuales infracciones. Entre ellas, indicaron “un sistema público de recepción de quejas y denuncias, a través de una plataforma de internet o en forma directa”. Indicaron que no se referirán a casos específicos “por respeto a los derechos de los inculpados y el debido proceso”. En tanto, desde la PDI indicaron que el “Plan Estratégico 2017-2022 ha establecido elaborar una política de probidad, ética y derechos humanos, con un enfoque sistémico, que se instale en los momentos más tempranos de la carrera funcionaria”. Agregaron que cuentan con un programa destinado a recapacitar a los más de 12 mil miembros de la PDI en materias de ética y derechos humanos. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/chile-dio-cuenta-802-casos-violencia-policial-la-onu/323572/
  4. 31 de julio del 2016 / 15:35 Hrs Minuta de la Fiscalía Nacional plantea "no perseverar" en casos sin querella del SII Unidad Anticorrupción del Ministerio Público analizó los tipos de querellas que ha emitido el ente recaudador. Según su estudio, el SII obliga en algunos casos aplicar el artículo 248 del Código Procesal Penal. Una serie de inquietudes han planteado internamente algunos fiscales a cargo de las causas vinculadas a políticos y delitos tributarios, en relación a cómo continuar sus investigaciones frente a la actitud del Servicio de Impuestos Internos de plantear querellas acotadas en los casos de financiamiento irregular de la política. Tras la serie de cuestionamientos, la Fiscalía Nacional determinó encargarle a su Unidad Especializada de Delitos Económico, Ulddeco, la tarea de hacer un análisis técnico relacionando los casos de financiamiento a la política en marcha y las querellas que hasta ahora ha ejercido el SII. Y según afirma el fiscal Nacional, Jorge Abbott, el contenido de este informe podría convertirse en instructivo obligatorio para todas las fiscalías. “He encargado un informe a una unidad con el fin de hacer luego un instructivo para las fiscalías”, señala al ser consultado la máxima autoridad del Ministerio Público. Según el artículo 162 del Código Tributario, para casos de delitos vinculados al no pago de impuestos, solo el servicio recaudador hoy a cargo de Fernando Barraza, posee la facultad única de ejercer querellas. En ese sentido, detalles en la redacción de querellas con párrafos como “contra todos quienes resulten responsables”, o querellas con cláusulas explicitas que plantean que la acción penal se dirige exclusivamente contras las personas mencionadas, o acciones que excluyen explícitamente a contribuyentes, e incluso algunas en que solamente se ejerce en contra del imputado, pero no contra las empresas presuntamente financiadoras de su campaña –caso de la querella contra Laurence Golborne-, son escenarios en los que dicha minuta siguiere a los persecutores caminos consagrados en la ley para continuar con sus investigaciones. La minuta -a la cual tuvo acceso La Tercera- plantea en su punto tercero, que para los casos en que no se vislumbre intención del servicio de ejercer acción penal, se deberá recurrir a al artículo 248 del Código Procesal Penal, cuyo texto indica “no perseverar” en la investigación. “Durante las páginas precedentes se ha tratado de fundar de la manera más adecuada posible ciertas posiciones que podrían adoptarse ante las actitudes procesales manifiestas por el Servicio de Impuestos Internos en casos relacionados con el financiamiento irregular de la actividad política”, parte diciendo la minuta en su ítem final de conclusiones. En términos resumidos esta minuta ha propuesto lo siguiente: 1) En aquellos casos en que existe denuncia o querella del SII, se estima posible perseguir a todos los imputados relacionados con los hechos, siendo el marco fáctico contenido en el escrito respectivo, el dato que determina el legítimo margen del movimiento del ministerio Público: boletas, facturas, emisores, facilitadores, beneficiarios, etcétera. En lo que guarda relación con la alusión expresa “a todos quienes resultan responsables”, la posición planteada ya cuenta con importante respaldo jurisprudencial y un equivalente respaldo normativo. 2) En los casos en que el SII ha impetrado querellas con cláusulas restrictivas, este informe ha planteado la total irrelevancia práctica de aquello, al menos para posición del Ministerio Público, debiendo entenderse que, dada la redacción de las mismas, los antecedentes contenidos en ellas y el marco legal vigente, en los casos en los que el SII ha expresado su voluntad de ejercer la acción penal contra determinadas personas, esta entidad ha habilitado al Ministerio Público para investigarlas en relación con los hechos que se contiene en la querella. 3) En el caso en que el SII ha querellado o denunciado solo una parte de las infracciones tributarias asociadas a ciertos contribuyentes o imputados, no contemplando estos hechos en aquellos escritos, los cuales han sido descubiertos con posterioridad por los fiscales del Ministerio Público, lo que correspondería - atendido el restrictivo marco legal vigente- es notificar al SII de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Tributario, y esperar la decisión de la agencia tributaria para incoar una investigación penal por esos nuevos hechos. 4) Finalmente compensando una omisión detectada en una minuta anterior, para el caso de aquellos imputados en que no se ha ejercido la acción penal y se prevé que nunca será ejercida por el SII, se propone como solución procesal la aplicación de lo dispuesto el artículo 248 del Código Procesal Penal, norma que procedería en atención a que la fiscalía no contaría con un antecedente esencial para formular la respectiva acusación. Esto es la querella o denuncia del SII”. La minuta hoy no está en manos de los fiscales a cargo de las causas Penta, SQM y Corpesca, pero sí del fiscal nacional. Pero en los próximos días, de convertirse en instructivo nacional el contenido total de este análisis, las causas de financiamiento se verán sujetas a estas disposiciones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-690920-9-minuta-de-la-fiscalia-nacional-plantea-no-perseverar-en-casos-sin-querella-del.shtml
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