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  1. Von Baer: la senadora investigada por casos Penta y SQM que no se abstendrá en votación de Fiscal Nacional "Me debo a mis electores que me eligieron como senadora y voy a cumplir con mi deber", declaró la UDI involucrada en la investigación del Caso Penta. Así, descartó la inhabilitación y dejó entre ver que votará en contra o a favor en vez de abstenerse, tal como lo afirmó su compañero de bancada Iván Moreira. Por eldesconcierto.cl | 07/10/2015 A poco tiempo de las elecciones del próximo fiscal nacional, que asumirá en diciembre, han surgido presiones hacia aquellos senadores que están involucrados en investigaciones por los casos Penta, SQM y Corpesca. En ese marco, la senadora por la región de Los Ríos, Ena Von Baer (UDI), acaba de confirmar su participación en la elección del sucesor de Sabas Chahuán. “Yo me debo a mis electores que me eligieron como senadora y voy a cumplir con mi deber de representar a los ciudadanos de la Región de los Ríos”, aseguró. Su respuesta deja abierta las tres posibilidades de voto desde el punto de vista legislativo: a favor, en contra o abstención, ya que en los tres casos cumpliría su deber. Aunque no fue clara y no respondió a las preguntas de la prensa, su declaración deja entrever que votará a favor o en contra y no se abstendrá, como lo anunció su compañero de bancada, el senador Iván Moreira (UDI). Tampoco sigue la línea del senador Fulvio Rossi (PS), que anunció que se inhabilitaría. “Como senadora de la república no tengo ninguna inhabilidad, en este caso no cabe inhabilitarse. He sido sumamente respetuosa de la instituciones, en su momento entregué toda la información al Ministerio Público, mucha gente no sabe, pero yo no fui formalizada”, añadió Von Baer, que estará presente cuando sea el momento de ratificar la elección que realice la presidenta Michelle Bachelet entre los cinco candidatos propuestos por la Corte Suprema. Cabe recordar que, además de su vínculo al caso Penta, el 22 de septiembre pasado el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra la sociedad del ex administrador de la campaña de Von Baer por falta de antecedentes justifiquen los pagos que obtuvo desde SQM Salar. Además, en enero de este año se conocieron correos electrónicos de la senadora pidiendo ayuda económica de manera irregular para su campaña política. En ese entonces, la parlamentaria se dirigió sin intermediarios y solicitó directamente a Carlos Alberto Délano ayuda con la deuda que le había dejado la campaña electoral. En un correo enviado el 18 de diciembre, la senadora escribió: “Como te podrás imaginar de la experiencia que tienes, después de haber pasado por dos campañas en un año: los inicios de la primaria en Santiago y la campaña en Valdivia, he quedado con una importante deuda. Esto se debe a la deuda de la campaña de Santiago y, además, a que la UDI recortó en 50 millones el aporte que había comprometido. Bueno, y ahora tengo que tratar de poder cubrir una deuda de alrededor de 100 M. Espero que me puedas ayudar, espero con ansias la respuesta“, Fuente: http://eldesconcierto.cl/von-baer-la-senadora-investigada-por-casos-penta-y-sqm-que-no-se-abstendra-en-votacion-de-fiscal-nacional/
  2. Nueva legislación: políticos deberán transparentar fortunas y vender ante conflictos de interés Las autoridades, de cualquiera de los tres poderes del Estado, deberán valorizar específicamente sus bienes. Además, si tienen un patrimonio superior a las 25 mil UF (algo menos de 635 millones de pesos), deberán traspasar la administración de sus acciones, o eventualmente dejarlo en dominio de otra persona o institución.  Nacional5 de octubre, 2015 Autor: El Dínamo Hasta la explosión del caso Penta, y luego SQM y Corpesca, siempre fue un tema la relación entre la política y los negocios. Cuando esto se hizo más patente para la opinión pública fue hace dos elecciones presidenciales, en el momento en que se le criticaba a Sebastián Piñera que no quisiera desprenderse de parte de sus negocios. De a poco este tema empezó a hacerse más y más patente, teniendo otra expresión hace unos meses, cuando se reportó que el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Jorge Insunza, había asesorado a empresas mineras mientras encabezaba -en su período como diputado- la comisión del ramo. Este tipo de situaciones fueron en paralelo a las investigaciones judiciales que tenían por foco a los políticos que presuntamente recibieron aportes irregulares por parte de empresas, lo que provocó un enorme descrédito ante la ciudadanía. En ese sentido el gobierno impulsó una serie de medidas y leyes que buscan transparentar y perfeccionar el quehacer político, junto con el financiamiento de éste. Hace tres años que existe una iniciativa, que estuvo inmóvil en el Senado, la que fue reactivada hace poco, según reporta La Segunda. Ésta es la llamada Ley de Probidad en la Función Pública, y aparenta ser una de las que va en serio. Esto, porque extendería el espectro de autoridades públicas -considerando miembros del poder judicial, legislativo (parlamentarios) y Ejecutivo (Presidencia)- que estarán obligadas a declarar su patrimonio e intereses. Esto era algo que debía hacerse hasta estos días, pero si se hace efectiva esta nueva ley, el detalle de esta declaración será muchísimo mayor. Uno de los puntos es que será obligatorio entregar el valor del patrimonio. Hasta ahora esto es voluntario. Otro aspecto de esta ley responde a la necesidad de traspasar a un ente externo la participación o las acciones en ciertas empresas, en particular cuando existan conflictos de interés con el Estado, o sean por montos superiores a las 25 mil UF, que asciende a la Unidad de Fomento de hoy hasta poco menos de 635 millones de pesos. A esto se le llama fideicomiso ciego, y sería encargado a corredoras de bienes, bancos y o administradoras de fondos. La autoridad que constituya el mandato tendrá prohibido tomar contacto con la persona o entidad que esté administrando estos elementos. Incluso según reporta el vespertino, diversas autoridades estarían adelantando esta revisión patrimonial. De acuerdo a la información disponible, son 24 parlamentarios que disponen un patrimonio considerado como “alto”: más de tres propiedades, más de una sociedad o valores en acciones o participaciones en empresas por sobre 100 millones. En el Senado algunos que han transparentado esto son los senadores Patricio Walker, Ignacio Walker, Manuel Antonio Matta y Andrés Zaldívar (todos DC), Baldo Prokurica y Alberto Espina (RN) y Jaime Orpis y Hernán Larraín (UDI). Los senadores Eugenio Tuma (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI) y Manuel José Ossandón (RN) no entregan muchos detalles, pero informan respecto de sus propiedades. En la Cámara de Diputados se consideran los casos de los diputados Daniel Farcas y Enrique Jaramillo (PPD), Alejandro Santana y Diego Paulsen (RN), Pedro Browne (Amplitud), José Pérez (Radical), Matías Walker, Roberto León y Pablo Lorenzini (DC) y José Antonio Kast, Ernesto Silva, Ignacio Urrutia y Ramón Barros (UDI), entre otros. La complicación surge cuando existen sociedades constituidas con familiares, lo que hace más difícil su disolución, o la creación de un fideicomiso con el porcentaje de participación. En el gobierno, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, es el que posee el mayor patrimonio declarado, de cerca de 27 millones de dólares. Él, por ejemplo, se acogió a un fideicomiso ciego para desligarse de la administración de sus vienes. Hay muchas otras autoridades que manifiestan participación en empresas, pero no detallan montos. Con la nueva ley deberán hacerlo y precisar el valor de sus bienes. Sanciones Si es que -en el caso de los parlamentarios- no se informa correctamente de estos montos, se supone que serán las comisiones de ética quienes los insten a entregar información correcta. En ese caso podrían enfrentarse a multas que oscilan entre los 5 y las 50 Unidades Tributarias Mensuales o UTM (entre 223 mil y 2 millones 228 mil pesos al valor de hoy). Los ministros y jefes de servicio, además de las multas, podrán ser destituidos. En el caso específico de que un parlamentario no se desprenda -no deje de tener participación- en una empresa que preste servicios al Estado, que tengan tarifas reguladas o que exploten concesiones públicas, se exponen a multas que van desde las 10 a las mil UTM (entre 446 mil a 44 millones 553 mil pesos). El universo de autoridades y funcionarios que deberá transparentar sus bienes y patrimonio ascendería a 17 mil. Se sumarán asesores a honorarios de altas remuneraciones, consejeros del Servicio Electoral, del Consejo para la Transparencia, del Instituto de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de la Televisión y de la Alta Dirección Pública, directores y gerentes de empresas públicas, expertos de tarifas eléctricas, del Transantiago y de concesiones de Obras Públicas y rectores de Universidades. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/10/05/ley-busca-fin-de-relacion-entre-dinero-y-poder-politicos-deberan-transparentar-fortunas-y-vender-ante-conflictos-de-interes/
  3. Exigen que senadores de casos Penta, SQM y Corpesca se resten de elección del Fiscal Nacional Fernando Seymour D. | Martes 29 de septiembre 2015 20:06 hrs. Al menos siete senadores debieran omitirse de la votación para dirimir quién será el próximo Fiscal Nacional, dada su relación con los casos Penta, SQM, Corpesca y otras irregularidades que investiga el Ministerio Público. Sin embargo, dentro del Senado no existe total convencimiento de que así ocurra. El proceso para elegir al próximo Fiscal Nacional está curso. Si bien han surgido algunos inconvenientes entre los once candidatos, como los cuestionamientos al actual jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, por presuntas irregularidades en una investigación de 2014, las críticas se han enfocado principalmente hacia el Senado. Esto, porque serán sus integrantes quienes ratificarán la elección que realice la Presidenta Michelle Bachelet, previa selección de cinco candidatos por la Corte Suprema, para reemplazar, el 1 de diciembre, al jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuan. El contexto es bastante preocupante, si se considera que al menos siete senadores podrían omitirse en dicha votación, que requiere de un quorum de dos tercios de los 38 legisladores. Por lo pronto, Carlos Bianchi ya está fuera, al ser desaforado y enfrentar un juicio oral. Los otros seis, vinculados a distintas investigaciones que encabeza precisamente el Ministerio Público por irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. En el caso Penta, los UDI Ena Von Baer e Iván Moreira. Por el caso SQM, el socialista Fulvio Rossi y el DC Jorge Pizarro, a propósito de las asesorías de sus hijos a la empresa minera no metálica. En el caso Corpesca, el UDI Jaime Orpis. También el PPD Eugenio Tuma, por supuesto fraude al Fisco. ¿Debieran inhabilitarse estos senadores en la votación que determinará al responsable de decidir si proseguirán dichas investigaciones? ¿Perdería legitimidad la elección del nuevo Fiscal Nacional por los conflictos de interés que surgen a simple vista? Para muchos existe un grave problema de forma, donde resulta bastante cuestionable que sean los propios senadores quienes decidan quién encabezará las investigaciones que afectan a miembros de su propia institución. El problema que se generaría es el aumento de la crisis de confianza que hace bastante tiempo afecta al Congreso y al resto de las instituciones políticas. Así lo plantea el abogado Álvaro Castañón, director de la Fundación Multitudes. Lo complejo es “incrementar las sospechas con relación a quién llevará la investigación de los casos Penta y SQM, que son casos jurídicamente claves, no solo por su contenido político, sino porque también reflejan el colapso de un sistema electoral de financiar la política que hoy se está tratando de reformar”. Como ex integrante de Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, apunta a lo que considera un claro conflicto de interés. “Ellos tienen el interés en que la investigación de estos casos termine en inocencia, en que no hubo irregularidades, que no existieron delitos penales”. Por ello, asegura que “es evidente que existe una obligación de inhabilitarse y que debería existir al menos un mínimo de decoro y de eficiencia de la Comisión de Ética, en poder exigir esto con miras a que el gran activo que tiene el Congreso Nacional, que es su trabajo legislativo, no se dañe por una falta de confianza y por una falta de credibilidad, en que en el fondo están haciendo lo mejor para el bien común”. Sin embargo, desde la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la respuesta no es alentadora. Esto, dado que la actual legislación impide que sean los propios senadores quienes interpelen a sus pares. Uno de sus integrantes, el socialista Alfonso de Urresti, si bien reconoce que se ha conversado para que exista alguna instancia o comisión independiente, que pueda establecer conflictos de interés o anticipar situaciones como las que deberán enfrentar los parlamentarios, por ahora nada de eso es factible. “Hay que ser claros y precisos que la Comisión de Ética no tiene facultades jurisdiccionales. Eso corresponde a los tribunales, por lo que hay que ser respetuoso de esa situación. Yo soy abogado y creo en el principio de la legalidad. Hay que actuar de acuerdo a lo que la ley establece y no lo que opina tal o cual persona”, manifiesta el senador. Pero no todos piensan igual en el Congreso. La senadora Lily Pérez, por ejemplo, no duda en la necesidad de que los senadores involucrados en investigaciones judiciales se inhabiliten en votaciones de este tipo. Confirma que la idea de que se pueda interpelar u obligar a otros parlamentarios a inhabilitarse frente a determinadas situaciones ya se la planteó al senador Alejandro Guillier, jefe de bancada de los senadores independientes. “Desconozco qué ha sucedido con dicha materia”, reconoce la representante de Amplitud. Su intención es que donde aparezcan conflictos éticos debería predominar la voluntad de cada parlamentario. “Pero como al parecer no es así, tendrá que ser el propio Senado el que se refiera al respecto”. Y agrega: “Creo que es evidente el conflicto ético que surge cuando hay algún senador o senadora que está siendo investigado por el Ministerio Público y tenemos nosotros, los senadores, que nominar al próximo Fiscal Nacional. Y me extraña la posición mayoritaria del resto de los senadores, que salvo el senador Antonio Horvath y yo, todo el resto está de acuerdo con que voten. Que no tienen por qué inhabilitarse”. También como integrante de la Comisión de Ética, el senador Alejandro Guillier asegura que efectivamente se ha avanzado en un trabajo de seguimiento de todos los casos de parlamentarios investigados, donde incluso se ha interpelado a varios de ellos. Esto, mientras se prepara una propuesta para darle mayor fuerza a dicha Comisión. Y si bien se manifiesta a favor de que los cuestionados legisladores se inhabiliten, también reconoce la ausencia de normas para que aquello sea una obligación. “La sana convivencia, la transparencia y lo razonable indican que sería conveniente, prudente y que contribuiría, especialmente porque los fiscales son los que persiguen muchos de los delitos o faltas que están siendo investigados y sería una señal de transparencia ante la opinión pública. Parece lo razonable, estoy de acuerdo con eso, pero es solo una recomendación. No es una obligación, porque no hay estatutos jurídicos como para aquello”, lamenta. En cuanto a esto último, detalla que las comisiones de ética tienen funciones distintas a los tribunales de justicia, puesto que solo éstos pueden inhabilitar a diputados y senadores en el ejercicio del cargo y de las distintas funciones que eso implica. Incluso advierte que otorgar mayores atribuciones a una comisión de ética podría prestarse para asuntos poco transparentes. Eventualmente conflictos de naturaleza política, por lo que no sería conveniente extender sus facultades. “La Comisión de Ética simplemente tiene que decidir si alguien actuó correcta o incorrectamente y darle un reproche moral. Pero en una democracia debería bastar con que un parlamentario sea objetado por sus propios pares por no dignificar su función pública, para que sea castigado por el elector”, concluye. Entre las propuestas para enfrentar este vacío, la de Álvaro Castañón va más allá de que los propios parlamentarios puedan interpelarse entre ellos. “Debe existir un sistema de acción pública para que cuando un diputado o senador esté transgrediendo la ley, o esté próximo a infringir alguna norma de probidad, conflicto de interés o corrupción, cualquier ciudadano, fundación, parlamentario o cualquier persona pueda advertir a la Comisión de Ética que esté atenta sobre algún tema”. En ese sentido, plantea la necesidad de “generar incentivos virtuosos para que todos podamos ejercer un rol de fiscalización y que los parlamentarios no se sientan atacados por eso”. Fuente: http://radio.uchile.cl/2015/09/29/exigen-que-senadores-de-casos-penta-sqm-y-corpesca-se-resten-de-eleccion-del-fiscal-nacional
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