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  1. "Ley Rutherford" avanza en el Senado y alerta a investigados por fraude en el Ejército Ayer se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta el proyecto en general, que extiende la visita de los ministros por dos años. Lo que viene: se votará en sala y luego vuelve a la comisión para votarse en particular. De pasar todos los filtros, la ley podría promulgarse entre septiembre y octubre. Acudir al Tribunal Constitucional (TC) fue una estrategia que siguieron algunos de los procesados por el fraude en el Ejército, pues era una forma de evitar un encuentro con la ministra en visita Romy Rutherford. La jugada era clara: presentar un recurso de inaplicabilidad, pedir que se suspendiera la investigación en su contra y esperar que la investigación avanzara, sin ellos en el radar de la jueza. Sin embargo, la última resolución del TC acabó con esas aspiraciones, pues se levantaron los tres suspensiones que habían en el caso (Humberto Oviedo, Iván Faber y Alejandro Villagra). No obstante, hay otro grupo de militares y exmilitares que también están bajo la lupa de la ministra en visita, quienes, según comentaron distintas fuentes del caso, solo esperan que el tiempo que le queda a la jueza pase rápido y quedar fuera de eventuales procesamientos ¿Por qué? En marzo del próximo año vence el plazo que tiene como investigadora en la causa, salvo que el Senado diga otra cosa. En mayo de este año los diputados Matías Walker (DC) y Leonardo Soto (PS) presentaron un proyecto de ley para extender la visita de los ministros de la Corte de Apelaciones en casos de Justicia Militar. Soto señaló que “resulta esencial que los casos que se investigan, conforme a la normativa vigente-, y puedan avanzar con la debida eficiencia y eficacia, independiente de la graduación de los involucrados”. En tanto, Walker es más gráfico y explicó que “la investigación ha sido compleja: la entrega de información ha sido a cuenta gotas por parte del Ejército y la estrategia judicial de los involucrados ha sido a la ‘uruguaya’, es decir, ‘haciendo tiempo'”. El proyecto, tras un informe de la Corte Suprema, asumió una modificación y pretende que sea el máximo tribunal el que analice la extensión en el cargo hasta por dos años, aplicándose así únicamente en determinadas coyunturas. Aunque el proyecto ingresó tímidamente a la Cámara, hoy ha tomado fuerza. Hace dos semanas entró al Senado y ayer se votó en general en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, siendo aprobado por tres votos y dos abstenciones (Andrés Allamand, RN; y Víctor Pérez, UDI). El senador Allamand, señaló que “tengo la mejor impresión de la investigación que lleva adelante la ministra Rutheford, pero antes de resolver me parece prudente escuchar la opinión de la Corte Suprema en la comisión”. Ahora el proyecto pasará a votación a la sala del Senado, y luego volverá a la Comisión de Constitución para la revisión en particular. De aprobarse en todas las instancias, la llamada “Ley Rutherford” podría quedar ejecutada ente septiembre y octubre. El presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe (PPD), manifestó que “es un proyecto que entrega a la Corte Suprema la facultad de extender mandato de ministros en funciones en la Corte Marcial, lo que parece adecuado como procedimiento”. De promulgarse la ley, será la Corte Suprema la que decida si escoger a un nuevo ministro o ministra para la visita en el caso, o extender las funciones exclusivas de Rutherford por dos años más. Otra fuente del caso concluyó que esto no sería una buena noticia para los militares que han tomado estrategias de defensa dilatorias en la causa. https://www.latercera.com/nacional/noticia/ley-rutherford-avanza-senado-alerta-investigados-fraude-ejercito/782965/
  2. 19 Septiembre 2019 Presidente Piñera destacó que el Ejército "ha afrontado bien" los escándalos por malversación El Mandatario aseguró que "se han hecho las investigaciones" y se están "corrigiendo los errores" que llevaron a tener a la institución bajo la lupa de la Justicia. "Ha habido problemas pero también soluciones", subrayó tras la Parada Militar. Tras la Parada Militar 2019, el Presidente Sebastián Piñera analizó la situación que vive el Ejército, desde hace varios años en la mira de la Justicia, y destacó que la institución ha sabido afrontarlo de buena manera. La imagen del Ejército sigue complicada en el marco de la investigación por el desfalco de dineros de la Ley Reservada del Cobre, por el que tiene procesados por la Justicia a varios de sus últimos comandantes en jefe por malversación de caudales públicos, como Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. El caso ha provocado importantes repercusiones, como la derogación de esa ley y la promulgación de un nuevo sisterma de financiamiento a las FF.AA. "Sin duda ha sido un año muy duro para el Ejército, pero lo ha afrontado bien y se han hecho las investigaciones y corrigiendo los errores. Tenemos una nueva ley de financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas, algo que era necesario hace muchos años", destacó Piñera. Pese a estos problemas que han vivido las Fuerzas Armadas, el mandatario aseguró que se han realizado varias soluciones para mejorar la seguridad dentro de la institución. "Tenemos una nueva ley que regula los gastos reservados, mejores mecanismos de control para que los gastos en las Fuerzas Armadas se realicen de acuerdo a ley y de forma correcta; ha habido problemas pero también soluciones", añadió. Piñera aprovechó para pedir que exista una unidad en el país más allá de las Fiestas Patrias. En tanto, el actual comandante en jefe de la institución, Ricardo Martínez, apuntó que "el Ejército tiene más de 209 años, ha pasado situaciones difíciles, no es la primera. Estamos seguros de que estamos haciendo todo lo correcto para salir de una vez por todas de ésta". Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/presidente-pinera-destaco-que-el-ejercito-ha-afrontado-bien-los/2019-09-19/183742.html
  3. 13 Agosto 2019 Ministro Espina comparece ante diputados por presunto espionaje del Ejército El secretario de Estado acudirá esta tarde a las comisiones de Control del Sistema de Inteligencia y a la de Defensa de la Cámara Baja. El ministro de Defensa, Alberto Espina, acude este martes a las comisiones de Control del Sistema de Inteligencia del Estado y a la de Defensa, ambas de la Cámara de Diputados, donde los parlamentarios le pedirán explicaciones por los presuntos espionajes realizados por el Ejército. En ambas instancias, citadas para abordar diversos temas, los parlamentarios le consultarán al secretario de Estado detalles respecto a las operaciones "Topógrafo" y "W" que tuvieron como objetivo interceptar las comunicaciones de funcionarios del Ejército que denunciaron irregularidades al interior de la institución y del periodista Mauricio Weibel que reveló un millonario fraude en la entidad. El citado periodista acudió al Congreso este martes para sostener un encuentro con parlamentarios de la DC a la espera del desarrollo de estas comisiones y conocer lo que planteará Espina, a quien criticó duramente en Cooperativa. "La ley no autoriza en ninguna parte el seguimiento a civiles ni mucho menos a periodistas" y agregó que en la Ley de Inteligencia no existe autorización "bajo ninguna circunstancia, es absolutamente ilegal. Por eso es tan torpe y tan ignorante las declaraciones del ministro", dijo Weibel en alusión a las declaraciones del ministro sobre que los actos del Ejército fueron autorizados por la Justicia. "Yo no le tengo miedo a un puñado de generales corruptos pero sí hago responsable al ministro Espina de cualquier situación que afecte a mí o a mi familia", agregó. En la misma línea, el ex ministro de Defensa, Jorge Burgos, dijo que se ve a lo menos extraño el espionaje en contra de un civil, en el caso de Weibel, un periodista que realizaba una investigación. "Parece extraño y con los antecedentes que uno tiene no queda suficientemente claro que un periodista pueda ser objeto de eso (escuchas telefónicas), salvo que se presumiera que detrás de la actividad de ese periodista hubiera un riesgo a la seguridad del Estado, a mí no me da mucho eso, pero no tengo más antecedentes que eso", dijo el otrora secretario de Estado en conversación con El Primer Café. "No hay duda que se abrió una discusión sobre si la medida fue bien o mal otorgada. Si fue mal otorgada va a tener un problema teórico quien la solicitó y también quien la otorgó, salvo que este último haya sido víctima de una entrega de antecedentes 'truchos' o falsos", añadió. En la arista judicial de este caso, la Corte Suprema podría solicitar los antecedentes de la autorización que dio la Corte de Apelaciones al Ejército para realizar las interceptaciones telefónicas, algo que según fuentes del Poder Judicial aún no se ha concretado. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/ministro-espina-comparece-ante-diputados-por-presunto-espionaje-del/2019-08-13/142053.html
  4. 18 Junio 2019 Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, BioBioChile publicó que el Ejército había sancionado a los fiscales militares de Angol y Puerto Varas, respectivamente. ¿El motivo? Ambos habían realizado trabajos como abogados particulares durante sus horas de trabajo. En el caso del primero incluso aparecían firmados los libros de asistencia, en el segundo no se pudo saber, porque dicho libro fue incinerado. A raíz de estos hechos un ex fiscal militar, presentó un requerimiento a la Contraloría General de la República donde manifiesta, con una serie de documentos, que esos dos hechos no son aislados al interior de la Tercera División de Montaña y que también habría al menos un integrante del alto mando involucrado. El Ejército reaccionó, dicen que antes de que la CGR interviniera, e intentó "endurecer" las medidas de control difundiendo una circular, para lograr (una vez más) que sus funcionarios respeten las normas de probidad. Con fecha 16 de mayo de 2014, el entonces comandante en jefe de la Tercera División de Montaña del Ejército, general de brigada Camilo Vidal Castillo, distribuyó una especie de recordatorio a las 18 unidades castrenses que dependen de su mando. El documento (con timbre “público”) al cual tuvo acceso BioBioChile, se refiere al control horario de ingreso y salida al cual están sujetos los oficiales de los servicios profesionales, incluyendo las disposiciones para el control de la jornada laboral a través de un libro de asistencia o registro electrónico. Lee también... Sancionan a fiscal militar por participar en causas particulares: indagan quema de libro La intervención del “mandamás” del Ejército Sin embargo, de poco sirvió ese intento de refrescar la memoria entre los funcionarios, ya que el 18 de abril de este año, nuevamente se distribuyó un documento similar (eso sí con timbre “reservado”) y que se titula “Circular de Comando”, esta vez fue firmada por el mismísimo comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez Menanteau. En él, se realiza una considerable modificación donde se incluye a “los oficiales que pertenecen a los escalafones de los servicios profesionales y del servicio religioso”, quienes “deberán registrar diariamente sus horarios de llegada y salida en la organización institucional de la cual forman parte, para efectos de dejar constancia de las horas trabajadas; las que, semanalmente, deberán ser concordantes con aquellas consignadas en el respectivo decreto de nombramiento”. Una medida que no nació porque sí. El origen de la nueva medida En diciembre de 2018 y enero de 2019, BioBioChile publicó dos notas similares, desde Los Ángeles y Puerto Montt, respectivamente. En ambas se informaba sobre la sanción a fiscales militares que participaron en audiencias particulares, durante sus horarios laborales. Se trata del entonces fiscal militar de Angol, capitán Cristopher Marchant Bocaz y el fiscal militar de Puerto Varas, teniente coronel Rodrigo Cuadra Schlie. En este último caso se incluye la incineración del libro de asistencia, que denunció el ex fiscal militar Rodrigo Vera Lama. Pero no fueron los únicos que habrían caído en este tipo de irregularidades. El requerimiento a Contraloría Precisamente el también abogado, Rodrigo Vera, ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República, solicitándole que investigue “faltas a la probidad en el Ejército”. En el documento de 149 páginas, se detallan las irregularidades mencionadas, pero se suman más antecedentes y nuevos nombres como el del mayor Eduardo Padilla Lizama (ex fiscal militar de Temuco y actual asesor jurídico de la Tercera División de Montaña), quien junto con Marchant Bocaz, habrían realizado labores como docentes, durante sus horarios de trabajo, pero no precisamente en universidades. “Empleaban la jornada de trabajo del Ejército, para fines particulares, ya sea ejercicio libre de la profesión de abogados y también haciendo clases dentro de grupos de formación de Carabineros, en las ciudades de Temuco y Valdivia”, explica Vera Lama. Representando a sus superiores De acuerdo a lo investigado por Rodrigo Vera y que explica a través de su requerimiento en la CGR, el ex fiscal militar de Angol, Cristopher Marchant, actuó como abogado particular, durante sus horas de trabajo, pero tuvo dos “clientes” que conocía bastante bien. Se trata del coronel Juan Michelsen Haverbeck y el entonces teniente coronel Miguel Ángel Navarrete Rehren, a quienes los representó en audiencias registradas el 24 de marzo de 2017 en el Juzgado de Garantía de Los Ángeles y el 19 de abril de 2018 en la Corte de Apelaciones de Temuco, respectivamente. Aunque para el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, quien conversó sobre el requerimiento con Radio Bío Bío, la acusación contra Michelsen y Navarrete “es totalmente errado, totalmente errado, no es así como usted lo dice”. ¿Pero qué roles cumplían estos oficiales en ese entonces en el Ejército? El coronel Michelsen se desempeña como Auditor del Tercer Juzgado Militar, mientras que el actual coronel Navarrete era el comandante del Destacamento Número 17 de Los Ángeles. Oficiales importantes para la institución que aparecen en este requerimiento, pero hay uno con mucho más poder, que igualmente es mencionado. El rol de un alto mando El general de brigada Rodrigo Sandoval Calderón, desempeñaba y desempeña un rol clave en el Ejército, al momento de las irregularidades denunciadas tenía el grado de coronel del Escalafón de Justicia y era el auditor militar. Actualmente es el Auditor General del Ejército y por último, aunque no menos importante, ejerce como integrante de la Sala Penal en la Corte Suprema, cuando se revisan casos que vienen de la Justicia Militar. Este uniformado también aparece en el requerimiento a la CGR, porque su firma y timbre están en los cuestionados libros de asistencias de Marchant y Padilla. El mismo Rodrigo Vera lo explica: “Estos libros de asistencia -que contienen información que no se condice con la realidad, es decir que aparecen firmados, no obstante que estos oficiales no prestaban funciones en el Ejército en esas fechas, porque estaban haciendo trabajos particulares- llevan la firma del entonces coronel Rodrigo Sandoval”, detalla. Agregando que “se le hace la interrogante a la Contraloría respecto a las razones por las cuales este coronel, actual general en servicio activo, realizaba esta firma como una especie de control”. En cuanto al libro de Cuadra, como fue incinerado, no se puede saber si también contaba con la rúbrica y timbre del general Sandoval. El comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, también fue consultado sobre el rol del general Rodrigo Sandoval en la revisión de estas asistencias inexistentes, pero indicó que “hoy el general Rodrigo Sandoval se encuentra en Santiago y a mí no me consta lo que usted dice”. Aún así, los libros de asistencias son claros… Las respuestas del Ejército El requerimiento a la Contraloría General de La República lo ingresó el abogado y ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama el 27 de marzo de este año. Según el general Morales, ellos sabían antes de eso lo que estaba pasando, pero la “Circular de Comando”, fue emitida el 18 de abril de este año. “Nosotros ya estábamos enterados, ya habíamos tomado las medidas administrativas”, antes de que se presentara el requerimiento. “La institución ya estaba en conocimiento de los hechos relacionados con esta presentación, que era efectivamente que hubo tres fiscales militares que habían utilizado algunas horas de su trabajo, en actividades particulares como abogados”, sostuvo el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña. Pero no sólo eso, también -agregó- se adoptaron las sanciones correspondientes a situaciones que calificó como “faltas a la probidad administrativa”. “Medidas disciplinarias que fueron ejemplares en relación a la situación y obviamente a partir de eso se adoptaron medidas a nivel de todas las fiscalías militares, (…) toda vez que los fiscales tienen que cumplir como cualquier funcionario público las horas para las cuales están contratados”, recalcó el general. Reintegro de sueldo percibido Consultado sobre qué medidas se adoptaron, el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña se limitó a decir que son “medidas administrativas propias de la administración que tiene el Ejército”. Ante la pregunta de si corresponde que se regresen los dineros que percibieron los fiscales militares mientras trabajaban como docentes o abogados particulares en horarios que correspondía que cumplieran como funcionarios de la institución castrense, este respondió que “las medidas que se adoptan en el ámbito institucional, van a la hoja de vida, en términos de que hay una puntuación negativa, es decir, tienen efectos negativos en sus carreras”. La opinión institucional “Obviamente no estamos por avalar ninguna actitud que afecte a la probidad administrativa y por eso es que en el momento de tomar conocimiento de algunas situaciones de esta naturaleza, se tienen que adoptar las medidas que correspondan a fin de remediar estas conductas”, manifiesta el general Joaquín Morales. Junto con eso, agregó que ya existiría un aprendizaje por parte de los fiscales militares. “En estos momentos los fiscales militares tienen muy claro su quehacer y esperamos que esto no vuelva a ocurrir”, recalcó el oficial. Posibles delitos Tras el requerimiento presentado por el ex fiscal militar, Rodrigo Vera Lama, la Contraloría General de la República pidió las explicaciones y el Ejército respondió. En paralelo, hay sumarios administrativos en desarrollo que ejecutan internamente en la institución castrense. Para Vera Lama, al menos en el caso de la incineración del libro de asistencia de Puerto Varas, a través de la Justicia Militar, este hecho sí revestiría características de delito. Sin embargo, el comandante en jefe de la Tercera División de Montaña, general Joaquín Morales Burotto, aclara que “para nosotros este tema está zanjado”, porque según él ya tomaron todas las medidas administrativas que debían adoptar. <iframe height="600px" width="600px" src="https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2019/06/cje-emge-dpe-1-1b-r-n-1000-11680-18-abr_-2019.pdf?title=cje-emge-dpe-1-1b-r-n-1000-11680-18-abr-2019" frameborder="0" allowfullscreen="true" style="border: 0px solid;"></iframe> <iframe height="600px" width="600px" src="https://www.biobiochile.cl/assets/bbcl-embed/#/static/documentos/2019/06/presentacion-1.pdf?title=presentacion-1" frameborder="0" allowfullscreen="true" style="border: 0px solid;"></iframe> Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2019/06/18/de-pitutos-a-quema-de-libro-de-asistencia-denuncia-revela-nuevas-irregularidades-en-el-ejercito.shtml
  5. 01 Marzo 2019 Los días de detención de Fuente-Alba: con TV y libre plática El exjefe de la institución castrense completa 16 días detenido en el Regimiento N° 1 Policía Militar de Peñalolén. “La reclusión está dispuesta conforme a la normativa y procedimientos, y según lo que establece la ministra”, señala una fuente de Ejército, respecto de la prisión preventiva del ex comandante en jefe, general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. El exjefe de la institución castrense completó 16 días detenido en el Regimiento N° 1 Policía Militar de Peñalolén, en Santiago, luego de que el pasado 14 de febrero la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga irregularidades en el Ejército, ordenara su arresto y determinara más tarde su procesamiento, por la eventual malversación de caudales públicos. ¿Cómo pasa sus días Fuente-Alba? Trascendió que aunque se trate de un ex alto oficial, el Ejército ha sido estricto en no moverse ni una coma de lo que establece la ley. No tiene autorización para utilizar teléfono celular, computador ni otros dispositivos magnéticos. Sí, en cambio, dispone de televisión y permanece en modalidad de “libre plática”. Puede hablar con quien lo visite, sin restricciones. El lugar de detención es una pequeña cabaña, de las cuales hay cuatro, junto al casino de oficiales del recinto. Todas dan a un patio con árboles. No tiene personal exclusivo (mayordomo, por ejemplo) y come el rancho diario que allí se cocina. El lugar consta de un dormitorio, un pequeño living, baño y cocina. Y puede tener visitas de lunes a viernes, de 10 a 20.30 horas. Tampoco existen restricciones horarias de luz ni electricidad. En el mismo regimiento, que existe desde 2009, se encuentra desde el jueves, en prisión preventiva, el general (R) Jozo Santic, exjefe de finanzas del Ejército en el período de Fuente-Alba. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-dias-detencion-fuente-alba-tv-libre-platica/551419/
  6. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/348527-fraude-en-el-ejercito-caso-viajes-en-el-ejercito-general-oviedo-llega-a-declarar-ante-ministra-rutherford/?hl=%2Bejercito&do=findComment&comment=24433290 14 Enero 2019 Fraude en el Ejército: Ratifican sentencia contra dos militares a 12 y 10 años de cárcel El cabo Juan Carlos Cruz y la sargento Liliana Villagrán, ambos en retiro, fueron condenados por el delito de fraude al Fisco. Además deberán pagar 138 millones de pesos cada uno. La Corte Marcial ratificó el fallo de la ministra Rommy Rutherford. La Corte Marcial ratificó este lunes una sentencia contra dos militares por el delito de fraude al Fisco vinculado a la Ley Reservada del Cobre, que dio paso a la investigación del desfalco al interior del Ejército. El cabo en retiro Juan Carlos Cruz deberá cumplir una pena de 12 años como autor del delito de fraude al fisco y la sargento en retiro Liliana Villagrán Vásquez una pena de 10 años de presidio por el mismo ilícito, sumado a una multa por una cifra superior a los 138 millones de pesos que deberá pagar cada uno. Según los antecedentes, ambos militares, entre 2010 y 2013, mientras integraron el Comando de Apoyo de la Fuerza, cometieron la defraudación mediante la emisión de facturas falsas a proveedores del Ejército por más de 2.700 millones de pesos. De esta forma se ratificó el fallo de la ministra Rommy Rutherford, quien también indaga una veintena de aristas en el caso del fraude en el Ejército. Además, la Corte Marcial descartó una infracción a la Convención Americana de Derechos Humanos. Poder Judicial Chile ✔@PJudicialChile Corte Marcial confirma fallo que condenó a suboficiales del Ejército ® por fraude al fisco https://bit.ly/2D8HIHA 3 16:22 - 14 ene. 2019 Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/fraude-en-el-ejercito-ratifican-sentencia-contra-dos-militares-a-12-y/2019-01-14/163024.html
  7. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/349529-trafico-de-armas-general-martinez-cabos-indagados-por-armas-eran-de-la-escuela-militar-pagina-3/page-3?hl=%2Bmartinez&do=findComment&comment=24330530 09 Diciembre 2018 Ejército: Fiscalía sumó nueve imputados a caso por tráfico de armas Los sujetos son imputados por el presunto tráfico de armas y delitos por Ley de Control de Armas. De los nueve investigados, cuatro son procesados por el llamado Caso Ejército. El Ministerio Público amplió la investigación por el presunto robo y tráfico de armas y municiones a narcotraficantes por parte de funcionarios del Ejército y sumó a nueve indagados más. Según los antecedentes que mantiene la Fiscalía Metropolitana Sur, revelado por El Mercurio, las nueve personas están acusadas por el presunto tráfico de armas y delitos relacionados con la Ley de Control de Armas. Entre los imputados se encuentra el funcionario del Ejército Jesús Yáñez, quien sustrajo "sin la autorización competente y con ánimo de lucro" desde el Regimiento Logístico N°2 Arsenales de Guerra, en Colina, 105 corvos (cuchillos), cinco yataganes (un tipo de espada) y tres machetes. El sujeto sustrajo las armas en su vehículo particular, junto con el también imputado Roberto Alarcón, que mantenía 50 cartuchos calibre 9 mm en su domicilio, que luego serían comercializadas. Ambos fueron detenidos el 2 de agosto pasado y formalizados por hurto de especies militares y tenencia ilegal de municiones que eran mantenidos en un denominado "centro de acopio" en La Granja, donde se encontraron, además, dos fusiles AK-47, un fusil SIG, modelo 510 (inscrita por el Ejército), silenciadores y cargadores. Dentro de los indagados, cinco de ellos son investigados por Ley de Control de Armas y los otros cuatro son procesados por el llamado Caso Ejército, por desempeñarse como suboficiales de la Escuela Militar. Según las investigaciones, aún no se ha podido comprobar si las armas llegaban a narcotraficantes como lo señaló el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ff-aa-y-de-orden/ejercito/ejercito-fiscalia-sumo-nueve-imputados-a-caso-por-trafico-de-armas/2018-12-09/103333.html
  8. 02 Diciembre 2018 El laberinto del general Ricardo Martínez El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, sabe -y así lo ha reconocido- que enfrenta una compleja situación interna. Dentro de su propia institución hay sectores que buscan desestabilizarlo. El martes 20, el Aula Magna de la Escuela Militar estaba prácticamente llena. Novecientos oficiales del Ejército ocupaban la totalidad de los asientos de la platea baja y la mayoría de las localidades del balcón esperando escuchar las palabras de su comandante en jefe. Solo un centenar de butacas, al fondo del segundo piso, quedaron desocupadas. Ese día, el general Ricardo Marcelo Martínez Menanteau no subió al escenario con decorado de madera y pesadas cortinas rojas. Tampoco pidió un podio para dirigirse a sus subordinados. En manga de camisa y con un micrófono inalámbrico en la mano, el militar se ubicó junto a sus subalternos. Tal como lo había hecho en abril pasado, cuando sostuvo dos encuentros masivos similares -primero con oficiales y al día siguiente con suboficiales-, la idea era romper por un momento la verticalidad del mando y sostener un diálogo franco con los miembros de una institución golpeada por varios escándalos de corrupción. Apenas 11 días antes, 21 generales habían sido pasados a retiro, el mayor remezón para el Ejército en tres décadas, lo que se sumaba a la reciente detención y procesamiento del general John Griffiths -hasta ese momento el número dos de la institución castrense- acusado de fraude al Fisco en la arista viáticos y pasajes que lleva la ministra de la Corte Marcial Romy Rutherford. Martínez pensaba que ese momento de intimidad con su gente en el Aula Magna de la Escuela Militar le permitiría reforzar un liderazgo interno golpeado desde varios flancos. Deben apagar sus celulares y guardarlos, se les ordenó antes de iniciar la conversación. Era la misma instrucción que había dado en abril pasado. Pero esta vez, uno de los oficiales no obedeció. Recién habían pasado las 18 horas del martes 22 cuando el ministro de Defensa, Alberto Espina, recibió un llamado a su celular mientras estaba en La Moneda. No lo sorprendió que el comandante en jefe del Ejército lo llamara -en los últimos meses ambos hablan casi a diario-, lo que lo pasmó fue lo que el militar le dijo. En grandes trazos, Martínez le explicó la filtración a The Clinic del audio con sus declaraciones en la reunión con un grupo de oficiales en la Escuela Militar, donde aseveró que había oficiales que compraban armas particulares, las que luego declaraban perdidas, pero que terminaban siendo vendidas al narcotráfico; o que las irregularidades en el uso de pasajes y viáticos era una práctica que también se extendía a las otras ramas de las Fuerzas Armadas, y que había que aceptar la prolongación de la carrera militar, proyecto que planea llevar adelante el gobierno, porque lo importante era defender “con dientes y muelas” el sistema previsional que favorece a los uniformados. A Espina, Martínez también le indicó que había agendado entrevistas para aclarar sus dichos. Fuentes de gobierno aseguran que el titular de Defensa no daba crédito a lo que oía. En círculos políticos y castrenses, Martínez ha tenido fama de “rústico” y “poco cuidadoso en la forma de expresarse”. De hecho, hay una anécdota que lo retrata y que nunca lo ha abandonado. Cuentan en el Ejército que uno de los apodos con que lo llaman a sus espaldas es “Me felicito”, mote que le pusieron cuando era alférez en la Escuela Militar y, como primera antigüedad, reunió a todos los cadetes en el patio de la escuela para darles un discurso, el mismo que empezó con esa frase. Pero esta vez, la evaluación del gobierno era más severa: el jefe castrense había sido extremadamente imprudente y parte de sus dichos rozaban en la deliberación. Aunque Martínez le aseguró que se trataba de un hecho antiguo que había sido puesto en conocimiento de la justicia castrense -que involucra a cinco cabos de la Escuela Militar-, Espina le ordenó al comandante en jefe hacer la denuncia ante el Ministerio Público sobre el eventual desvío de armas particulares a bandas criminales. También le instruyó que no diera más entrevistas y que se presentara a las 9 horas del día siguiente en el Ministerio de Defensa con un informe detallado de todos los hechos. Martínez así lo hizo. En el oficialismo aseguran que el general llegó en la mañana del viernes 23 al piso 4 del edificio de calle Zenteno, donde está el gabinete del ministro de Defensa, con la sensación de que se le pediría la renuncia. Aunque la conversación fue directa y dura, la salida del comandante en jefe no estuvo en la mesa. Para el gobierno, Martínez “giró todo el crédito político que tenía en su cuenta”. En otras palabras, el general no tiene margen para otra imprudencia. Sin embargo, el gobierno decidió darle un fuerte respaldo para no debilitar al Ejército. Un factor que jugó esta vez a su favor: a juicio de Defensa, sacar al comandante en jefe en estos momentos, tras la salida de 21 generales, solo profundizaría la crisis dentro del Ejército y no resolvería el problema. Además, reconocen en La Moneda, con varias investigaciones en curso por irregularidades, en las que se habla de al menos otros cuatro generales en servicio activo involucrados, no hay, en estos momentos, nombre para un eventual sucesor. El riesgo es grande, sin embargo. Martínez sabe -y así lo ha reconocido- que enfrenta una compleja situación interna. Al interior de su propia institución hay sectores que buscan desestabilizarlo. La inédita filtración del audio, hecho por el cual el comandante en jefe anticipó que presentará una denuncia en contra de quien resulte responsable, lo ha obligado a dar explicaciones públicas toda la semana ante las comisiones de Defensa del Senado y de la Cámara de Diputados, y también ante la ministra Romy Rutherford, quien investiga las aristas del llamado “milicogate”. Pero esa filtración es solo uno de varios golpes internos que ha recibido de sus propios compañeros de armas desde noviembre de 2017, cuando la Presidenta Bachelet optó porque fuera él quien dirigiera el Ejército. Flanco interno En la institución castrense, al menos a nivel de mandos superiores, es un secreto a voces que el favorito de los uniformados para llegar a la Comandancia en Jefe era el general de división John Griffiths. En el gobierno de Bachelet, admiten fuentes de Defensa de la época, las dudas entre Martínez y Griffiths eran intensas. En el Ejército estaban al tanto de esa situación, lo que propició una pugna de alta intensidad que dejó muchas heridas que hasta hoy no han cicatrizado. Un personero del gobierno de Bachelet que se desempeñó en el área de la Defensa asegura que optaron por Martínez luego de que se filtrara un encuentro del general Griffiths con el excomandante en jefe Juan Manuel Fuente-Alba, cuando este último ya estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Para un grupo de generales y coroneles cercanos a Griffiths se trató de una operación interna para favorecer a Martínez. Y algunos, al parecer, no la han perdonado. Entre las varias cosas que, de manera anónima, algunos militares en retiro y en servicio activo han filtrado desde que Martínez asumiera como comandante en jefe, figura la idea de que él era el “delfín” de Fuente-Alba. Martínez es consciente de que se ha tratado de instalar esa idea, la que refuta con su currículum militar. En toda su carrera, sostienen sus cercanos, no ocupó un puesto de confianza de designación directa del general Fuente-Alba. Ese, en todo caso, es solo uno de los varios rumores, filtrados desde sectores castrenses, que ha tenido que enfrentar el actual comandante en jefe. Hace solo unos días, en internet aparecieron blog que reflotaron la noticia del fallecimiento del chofer de Martínez, quien fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza el 12 de marzo en el estacionamiento del edificio Bicentenario del Ejército, en Blanco Encalada. Sin ninguna información nueva, sólo los imprudentes dichos de Martínez en la Escuela Militar respecto de que algunos oficiales compraban armas particulares en el mercado legal, las que después daban por perdidas, las que podían terminar siendo vendidas a narcotraficantes, especularon con el caso para golpear al comandante en jefe. Fuentes del Ejército indican que la investigación de la muerte del sargento José Urzúa Melo está próxima a cerrar en la Fiscalía Militar y que la indagación es por suicidio. El general Ricardo Martínez no niega la existencia de una campaña en su contra. A sus cercanos y también a quienes no lo son tanto les ha dicho que siente que han sido muy duros con él. Mucho más que con los últimos comandantes en jefe. ¿A quiénes se refiere el uniformado con esas palabras? Tanto en el Ministerio de Defensa, como parlamentarios de la ex Concertación coinciden con las sospechas de Martínez. “Hay un grupo muy duro de exgenerales y mandos superiores activos que no toleran que el Ejército tome distancia de Pinochet”, señala una alta fuente de Defensa. Desde el mundo político califican al general Ricardo Martínez como el primer “comandante en jefe republicano”. Aunque el jefe castrense no se refiere a ese calificativo, desde el inicio de su gestión está trabajando en sacar adelante en todos los regimientos y unidades militares un “profundo proceso de reflexión del rol del Ejército en los últimos 50 años”. Su meta es que ese proceso decante el año 2020 en un documento doctrinario que permita modificar la malla curricular de los centros de formación militar, entre otras medidas concretas. Plantear una revisión de los últimos 50 años no es casual, pues fija como fecha de inicio de este replanteamiento el 21 de octubre de 1969, cuando un grupo de oficiales liderados por el general Roberto Viaux protagonizaron el “Tacnazo”. “Martínez es crítico de cómo Pinochet metió a los militares en tareas represivas, pero también es crítico del rol político que asumieron con el ingreso de generales al gabinete en el gobierno de Salvador Allende”, explican cercanos al comandante en jefe. Por lo mismo, tal vez, Martínez se ha cuidado de no explicitar cercanía con ninguna tendencia política. Pese a que en el gobierno de Piñera y en la oposición lo sitúan como un hombre de centro, sus cercanos plantearon que no es cierto que juegue tenis con el exministro Jorge Burgos, ni con el senador Jorge Pizarro. Los dos personeros políticos han jugado con el hermano del comandante en jefe, el general en retiro Leonardo Martínez. En el entorno de Martínez están convencidos de que algunos militares y exmilitares no verían con buenos ojos el proceso de reflexión que pretende llevar adelante. En ese sentido, creen que la filtración del video de la clausura de la primera olimpíada intergeneraciones en la Escuela Militar, en octubre pasado, en la que se leyó una carta del exagente de la Dina Miguel Krassnoff Martchenko y su hijo, el coronel Krassnoff Bassa, agradeció “la valentía y hombría” de quienes recuerdan a su padre, fue parte de una campaña interna de sectores pinochetistas para perjudicar el mando de Martínez. A estas alturas, la inteligencia militar ya sabe que el video fue grabado por la esposa del coronel Miguel Krassnoff Bassa, quien lo envió a su suegra y cuñados, quienes lo viralizaron. Tras ese hecho, Martínez ordenó hacer inmediato el pase a retiro que estaba cursando el coronel Krassnoff y la salida del director de la Escuela Militar, el coronel Germán Villarroel Opazo, hijo del exvicecomandante del Ejército en tiempos de Pinochet, “por faltas a la disciplina que generaron una gran daño al Ejército”. Un mes antes de ese incidente, sin embargo, Martínez ya le había avisado al coronel Villarroel que lo sacaría de la dirección de la Escuela Militar, la que había asumido recién en enero de este año, y que sería redestinado a otra repartición en diciembre. Detrás de esa inusual decisión, afirman cercanos a Martínez, habría estado el interés del comandante en jefe de no tener al mando de la emblemática escuela matriz del Ejército, justo cuando se debe llevar adelante el proceso de reflexión, a alguien vinculado, aunque sea por nexos familiares, con lo que representó el Ejército de Pinochet. Viajes y patrimonio Hay otro flanco que ha dejado expuesto a Martínez. En las filas castrenses, aseguran oficiales de Ejército que pidieron reserva de sus nombres, molestó la forma en que se desmarcó del resto del alto mando y de los oficiales de Estado Mayor en el tema de los pasajes aéreos y viáticos irregulares, arista que tiene en sus manos la ministra Romy Rutherford. “Todos mis viajes están regulares”, dijo Martínez el 23 de octubre, en Iquique, cuando asistía junto al Presidente Sebastián Piñera y al ministro de Defensa, Alberto Espina, a un ejercicio militar. El general respondía así a otro rumor que han hecho circular sus detractores. “Pero si es el general más antiguo en servicio activo y uno de los que tiene más viajes al extranjero y en Chile”, comentaban por los chats de WhatsApp, que comparten oficiales, tanto en servicio como en retiro, según sus promociones y grados. Según una investigación de Radio Bío Bío publicada el 4 de enero pasado, en el período en que Martínez se desempeñó como subjefe del Estado Mayor (2014-2015) con el grado de general de brigada, registró 30 viajes a distintas regiones del país y al extranjero, con destino a Estados Unidos, África, Europa y América Central. El costo de estos viajes fue de 120 millones de pesos, incluyendo el pago de viáticos y los tickets aéreos. En Defensa aclaran, sin embargo, que cinco de los viajes que se le adjudican se deben a que por su cargo él habría firmado, pero corresponden a comisiones de servicio que incluían a otros uniformados. El enojo, señalan los detractores del actual comandante en jefe, apunta a una supuesta falta de liderazgo de Martínez, por no defender a los oficiales que se habrían visto involucrados en irregularidades por el uso de pasajes y viáticos institucionales. Para estos sectores, el comandante en jefe debió haber manifestado con más firmeza que se trataba de una práctica común y extendida dentro del Ejército, debido a que se consideraba como “el pago de un derecho” lo que hoy es cuestionado por la justicia. En el entorno de Martínez, sin embargo, aseguran que el comandante en jefe cree que hubo oficiales que fueron más allá en términos de irregularidades. Desde su llegada a la comandancia en jefe, el patrimonio de Martínez ha estado en la mira. Según la actualización voluntaria de su declaración de patrimonio, la que presentó el 20 de julio y que está disponible en la web de Infoprobidad, el general Martínez declara la propiedad de dos vehículos, una Nissan Pathfinder del 2005 -cuyo evalúo fiscal es de $ 4.000.000-, una moto Suzuky V-Strom 1000 del año 2010 -con avalúo fiscal de $ 3.200.000-, además de dos propiedades, una casa en Las Condes, cuyo avalúo fiscal es de $ 120.441.301, y una vivienda en copropiedad con su esposa en el barrio Los Frailes, en Las Condes, la que adquirió en marzo de este año, en UF 26.520 (equivalente a más de 715 millones de pesos), según consta en la escritura en el Conservador de Bienes Raíces. Sin embargo, en su nueva declaración de patrimonio ya no figuran la inversión que el oficial tenía en la Jefatura de Ahorros para la Vivienda, que depende del Comando de Bienestar del Ejército, y donde tenía depositados poco más de $ 403 millones. Además, incluyó como pasivo un crédito hipotecario en el BCI por 107 millones de pesos. El general Martínez declara dos inversiones en fondos mutuos, una por 138 millones de pesos en el Bci y otro en el banco Santander, por US$ 21.132. En el Ministerio de Defensa señalan que el general Martínez comunicó al gobierno su total disponibilidad para abrir sus estados financieros para que estos fueran auditados por las autoridades de gobierno. Fuente : https://www.latercera.com/reportajes/noticia/laberinto-del-general-ricardo-martinez/426190/
  9. 09 Noviembre 2018 Presidente Piñera ratifica remoción de casi la mitad del Alto Mando del Ejército 21 generales, de 46 que componen la estructura, pasaron a retiro, marcando una cifra inédita en los últimos 40 años. En medio de investigaciones que involucran a funcionarios del Ejército en supuestos fraudes al fisco, el Presidente Sebastián Piñera ratificó hoy la remoción de casi la mitad del Alto Mando del Ejército, marcando una cifra inédita en los últimos 40 años. De esta forma, el Mandatario aceptó la lista entregada por la institución castrense, con lo que 21 de 46 generales que componen la instancia pasaron a retiro. Este año, el proceso se atrasó, luego de que el gobierno pidiera extremar el análisis de cada general y coronel. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/presidente-pinera-ratifica-remocion-casi-la-mitad-del-alto-mando-del-ejercito/395599/
  10. 09 Julio 2018 Ministro Espina por posibles facturas duplicadas en el Ejército: “No hagamos ni saquemos conclusiones anticipadas” El jefe de la cartera de Defensa agregó que la institución castrense "ha colaborado absoluta y totalmente en la entrega de toda la información". “Respecto de hechos de corrupción, de hechos que puedan constituir ilícitos existe tolerancia cero. Hay que esperar que esas investigaciones se lleven adelante, se agoten, se conozcan los resultados y ahí daremos la opinión definitiva y final”. Con estas palabras el ministro de Defensa, Alberto Espina se refirió al caso de posibles facturas duplicadas en el Ejército por 200 millones de dólares. La información fue dada a conocer por un reportaje de Radio Biobío en donde se detalla que dichas boletas estarían asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos, que fueron efectuadas mediante la maestranza de la institución, FAMAE, y algunas empresas extranjeras. “Esperemos el resultado de la investigación. Porque lo que entiendo es que se está investigando 200 millones de dolares, pero no que se hayan cometido hechos irregulares sobre 200 millones de dólares. Son cosas distintas. Una cosa es que se investigue qué pasó, qué ocurrió, por qué hay duplicidad de facturas. Este es un hecho que se está investigando hace tiempo. Pero no hagamos ni saquemos conclusiones anticipadas”, agregó Espina. El titular de la cartera fue enfático en indicar que “el Ejército ha colaborado absoluta y totalmente en la entrega de toda la información” y que “estos son hechos que ocurrieron no durante el actual gobierno, ocurrieron hace varios años atrás”. Ricardo Martínez Menanteau, comandante en Jefe del Ejército, por su parte criticó la filtración de estos antecedentes. “Lo que llama la atención es que se le da un gran valor a declaraciones de procesados”, dijo. Añadió que “la cantidad oficial que tenemos es alrededor de $ 6 mil millones y eso es fruto de una propia investigación que hizo el Ejército en 2014”. Pero señaló que “si hubiese alguna cosa distinta, permanentemente estamos colocando los antecedentes en poder de la ministra en visita. Por lo tanto les pido un poco de responsabilidad con el Ejército. Porque el Ejército merece que una vez que las cosas estén debidamente claras se le hagan todas las imputaciones que quieran, pero mientras la ministra especial no haya resuelto nada queda sencillamente en eso”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-espina-posibles-facturas-duplicadas-ejercito-no-hagamos-saquemos-conclusiones-anticipadas/236633/
  11. Comisiones de servicio falsas: CDE se querella en contra de 26 exuniformados del Ejército El Consejo de Defensa del Estado presentó esta acción legal por fraude al Fisco luego de que la Contraloría detectara que el Ejército pagó cerca de 180 millones de pesos a través de dos mecanismos irregulares. Uno de ellos consistió en comisiones de servicios que nunca se realizaron y el otro fue por medio de contratos a honorarios por trabajos que no fueron prestados. Todos estos pagos fueron efectuados para compensar a los ahorrantes que se vieron afectados por el cierre del Fondo de Ayuda Mutua, también conocido como FAM . Entre los querellados se encuentran tres generales en retiro. A fines de marzo pasado, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío publicó un artículo que dio cuenta de un nuevo fraude al interior del Ejército, institución que ha estado envuelta en diversos casos de corrupción en los últimos años. Lo anterior, pues un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que se habían pagado cerca de 180 millones de pesos, entre 2015 y 2016, a través de dos mecanismos irregulares con cargo a recursos castrenses, es decir, del Fisco. Uno de ellos consistió en el pago de 122,7 millones de pesos a 90 funcionarios activos a través de viáticos derivados de comisiones de servicio que no se habrían realizado, ya que no existe documentación que respalde su ejecución. El otro fue el desembolso de 56,9 millones de pesos por parte de la Tesorería del Ejército a 19 funcionarios en retiro por contratos de servicios a honorarios, de los cuales tampoco hay evidencia de que se hayan efectuado. Todo esto se llevó a cabo en la IV División del Ejército que funciona en la Región de Aysén. Estos pagos realizados a través de vías fraudulentas se efectuaron con el fin de compensar a los uniformados que se habían visto afectados por el cierre del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema de ayuda solidaria que había funcionado de forma extra institucional en la zona de Aysén entre la década de 1950 y 2006. El término del FAM generó fuertes cuestionamientos por parte de los aportantes que se vieron perjudicados, pues cientos de ellos no pudieron recuperar los dineros que habían ahorrado en el fondo solidario. Para evitar que el conflicto escalara, en 2008 el entonces comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, instruyó que se buscaran soluciones para resarcir de alguna forma a los afiliados al FAM, aunque, según él mismo aseguró a Radio Bío Bío, pidió que todo se hiciera dentro de los marcos legales y normativos. Si es que hubo algo irregular, dijo, fue después de que él dejara el mando de la institución castrense. Como sea, nunca imaginó los ribetes que alcanzaría esta decisión 10 años después. Esto, ya que varios han sido los flancos que se han abierto a raíz del informe de la Contraloría. Cuando el organismo fiscalizador emitió el informe, envió dichos antecedentes al Ministerio Público de la Región de Aysén para que investigara los posibles delitos que podrían implicar los pagos realizados de forma irregular. En base a las indagaciones que lidera la fiscalía de la zona, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) esta semana presentó una querella por el delito de fraude al Fisco contra 26 ex uniformados y todos aquellos que resulten responsables. La acción legal, a la que accedió Radio Bío Bío (ver querella), apunta contra tres generales en retiro ® y, entre otras diligencias, instruyó al Laboratorio de Criminalística de la PDI de Coyhaique para que realice un informe que determine el monto de dinero defraudado. En paralelo a ello, el Ejército está desarrollando un sumario interno para determinar quiénes fueron los responsables y en base a ello aplicar sanciones, y la Fiscalía Militar de la zona lleva a cabo un juicio por el mismo tema. El rol de los comandantes de división “Con el objeto de defraudar al Fisco de Chile, los comandantes en Jefe de la IV División del Ejército, Rodrigo Díaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, ordenaron la devolución de los aportes efectuados al FAM a los ex ahorrantes, con cargo a fondos fiscales”, cita la querella del CDE. “Para tales efectos, procedieron a disponer comisiones de servicio a distintas localidades de la Región de Aysén, las que, en algunos casos no se realizaron; sin embargo, los viáticos asignados a las comisiones, fueron pagados, teniendo los funcionarios querellados, designados para su ejecución, pleno conocimiento de que se trataba de un mecanismo para la devolución de dineros aportados al FAM”, añade. Junto con ello, los generales ® Díaz Amechazurra y San Cristóbal Schott fueron quienes dispusieron la contratación en calidad de honorarios de 19 uniformados en retiro, cuyos servicios fueron pagados pese a que nunca fueron prestados. En esos contratos, además, intervino el entonces comandante del Comando de Personal, general de brigada Daniel Aberl Pacheco, pues fue quien suscribió los mencionados contratos. En tanto, los ex funcionarios que firmaron los contratos aceptaron los dineros fiscales teniendo pleno conocimiento de que formaba parte de “un mecanismo ideado e implementado para hacer devolución de los aportes que estos hicieron al FAM, consigna el documento. En vista del rol que jugaron en la creación y ejecución de los mecanismos irregulares de compensación para los ex afiliados del FAM, el CDE estableció dos clases de acusados. Mientras los generales ® Díaz, San Cristóbal y Aberl fueron acusados de ser autores directos del delito de fraude al Fisco, el resto de los uniformados, que en su mayoría eran suboficiales, fueron querellados por ser coautores del mentado ilícito. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/06/06/comisiones-de-servicio-falsas-cde-se-querella-en-contra-de-26-exuniformados-del-ejercito.shtml
  12. 12 Mayo 2018 Comandante en jefe del Ejército podría ser citado al Senado por sobreprecio de naves El contralor Jorge Bermúdez defendió el trabajo metodológico de la revisión de antecedentes y dijo que la institución no había mezclado peras con manzanas. “Es de la mayor gravedad, porque demuestra un descontrol instalado y no corregido en el Ejército respecto de las compras y adquisiciones. Lo que reveló el reportaje de La Tercera nos preocupó muchísimo y creemos que corresponde que la máxima autoridad del Ejército dé una explicación”, sostuvo el senador e integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, Pedro Araya, al anunciar que el próximo martes la instancia zanjará la citación del comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez Menanteau, para que explique por qué se produjo el sobreprecio de US$ 8,6 millones en la compra de dos helicópteros por parte de la institución. El legislador señaló que, en especial, le pedirán a Martínez Menanteau dar a conocer cuál es el plan de la entidad para que situaciones como esta no se repitan. Tal como reveló este medio, el 26 de abril pasado la Contraloría General de la República emitió su Informe Final 473/2017 sobre auditoría y examen de cuenta de los pagos efectuados por la Brigada de Aviación del Ejército de Chile (Bave) entre los años 2015 y 2017 a la empresa C&M World Enterprises Corporation, del reconocido agente Virgilio Cartoni, quien es investigado por la fiscal Ximena Chong. En el documento se acusó una eventual sobrevaloración en la adquisición de dos aeronaves, compradas en el marco del Proyecto Rotor del Ejército de Chile, entre 2013 y 2014 a Eurocopter S.A. y Airbus Helicopters, respectivamente, que en la época eran representadas en Chile por C&M, compañía de Cartoni. Los antecedentes, por orden de la Contraloría, fueron remitidos al Ministerio Público que los derivó al fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz. Al respecto, el Ejército y el Ministerio de Defensa aseguraron que el trabajo metodológico usado por el ente de control no había considerado una serie de detalles específicos de los modelos en cuestión que justificarían por qué se pagó un valor que la entidad considera excesivo. Entre los elementos más relevantes que a juicio de las instituciones no fueron contemplados está si tiene o no piloto automático; el equipamiento general, para misiones e interior; la protección operacional; el armamento, además de “comunicaciones, navegación, administración de vuelo, sensores, interfaces, entre otros”. Por lo mismo, anunciaron que solicitarán una reconsideración del dictamen. Luego de que se conociera el informe del organismo fiscalizador, el contralor del Ejército, general Jorge Peña Leiva, explicó que “ahora tenemos mayor tiempo para poder requerir la información oficial a los fabricantes para poder demostrar que la diferencia de precios en la adquisición de los helicópteros del Ejército, con la cotización que la auditoría tuvo a la vista, no implica un porcentaje elevado”. En tanto, el contralor Jorge Bermúdez rechazó ese argumento la semana pasada: “Queda la sensación de que se hubieran comparado peras con manzanas y eso, evidentemente, no es así”. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/comandante-jefe-del-ejercito-podria-citado-al-senado-sobreprecio-naves/162983/
  13. 03 Mayo 2018 Bus del Ejército cayó a río en Cochamó dejando dos muertos y varios heridos El Cuerpo Militar del Trabajo se encontraba realizando labores de mantención de caminos y puentes, según dijo el intendente de Los Lagos. Durante esta tarde, un bus del Ejército con 40 funcionarios, se volcó cayendo 50 metros a un río de la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos, a la altura del kilómetro 62 de la Ruta v59. De acuerdo a información preliminar proporcionada por Carabineros, el conductor de un bus que transportaba a personal de Cuerpo Militar del Trabajo “perdió el control de este vehículo, cayendo en una altura aproximada de 50 metros, se precipitó al mar, donde donde a raíz de esta acción, lamentablemente, fallecieron dos personas y resultaron cuatro con lesiones graves y seis con lesiones menos graves”. La policía uniformada precisó que no hay personas desaparecidas y que los heridos fueron trasladados hasta la Posta Río Puelo, ubicada a 10 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Según indicó a La Tercera la gobernadora de la Provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce, el Cuerpo Militar del Trabajo se encontraba realizando faenas en la Ruta del Valle. “Hay ocho personas heridas, que tienen distintos niveles de gravedad, que serán trasladas a través de dos helicópteros”, sostuvo Oyarce. El Intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, junto con lamentar el accidente, sostuvo que “el bus venía de vuelta de una jornada que realiza este cuerpo militar. Estaban realizando un trabajo de mantención de caminos, puentes, ellos venían de regreso hacia Puerto Montt“. Personal de emergencias acudió hasta el lugar para rescatar a las personas atrapadas y ayudar a los lesionados del bus que terminó completamente sumergido en el río. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/bus-cayo-a-rio-en-cochamo-dejando-ocho-lesionados/152558/
  14. 30 Abril 2018 Por qué Alemania, la gran potencia europea, tiene un ejército cuyo armamento es una “catástrofe” Cuando en 2014 un grupo de militares alemanes se presentó en unas maniobras conjuntas de la OTAN en Noruega armado con palos de madera, sus colegas del resto de ejércitos de la Alianza quedaron asombrados. Los soldados de la “Bundeswehr”, como se conoce al ejército alemán, tomaban parte en unos ejercicios que debían servir como ensayo para la Fuerza de Reacción Rápida de la OTAN, formada entonces como respuesta a la intervención rusa en la crisis de Ucrania. Como no contaban con fusiles suficientes para todos, los palos, cubiertos de pintura negra, fueron la solución. El episodio ilustra un problema crónico que recientemente ha resumido Hans-Peter Bartels, el comisionado para las fuerzas armadas del Bundestag, el Parlamento alemán: “La disponibilidad de material de la Budeswehr es una catástrofe”. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y se le reconoce como el país más poderoso e influyente de la Unión Europea. Sin embargo, “sus capacidades militares en modo alguno son equiparables a su peso económico o diplomático”, señala Jonathan Marcus, corresponsal de Seguridad y Defensa de la BBC. “El ejército alemán se ha anquilosado en los últimos años y gran parte de sus equipos están obsoletos o mal mantenidos”, añade. En varias oportunidades el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha quejado de que los miembros europeos de la OTAN no invierten lo suficiente en Defensa. Pese a que los Estados miembro se fijaron en 2014 el objetivo de destinar a este fin un 2% de su Producto Interno Bruto (PIB), Alemania se queda en un 1,22%, muy por debajo de lo que invierten las otras dos grandes potencias de Europa occidental: Reino Unido (2,14%) y Francia (1,79%). “Seguramente por la fortaleza de su economía, ha habido últimamente la sensación de que Alemania no está gastando lo suficiente en Defensa y de que su contribución no es proporcional a sus posibilidades”, afirma Marcus. Berlín contesta a las protestas estadounidenses que el dinero dedicado a la cooperación internacional ayuda más a prevenir los conflictos que el que se gasta en programas de armamento. Si Trump quiere que Alemania y los otros países europeos aumenten su gasto militar, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, mostró su “preocupación” por la reducción de su aportación al presupuesto de Naciones Unidas y sus organismos multilaterales anunciada por Washington. La reticencia alemana a incrementar el gasto militar ha sido una de las fuentes del disenso reciente entre Washington y Berlín. Fiel a su tradición de no sumarse a acciones militares que no cuenten con el respaldo de Naciones Unidas, Alemania no participó en el reciente ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra objetivos en Siria por el supuesto uso de armas químicas por parte de las fuerzas del presidente Bashar al Asad. Dependencia Judy Dempsey, investigadora y editora del centro de análisis Strategic Europe, explica en conversación con BBC Mundo que la seguridad de Alemania “depende enormemente del paraguas de Estados Unidos, Francia y la OTAN”. Aunque Merkel dijo en mayo de 2017 que “los tiempos en los que podíamos depender totalmente de otros se están acabando”, en lo que se interpretó como una crítica a la dudosa fiabilidad de Estados Unidos como aliado con Trump en la presidencia, nada indica que las capacidades de la “Bundeswehr” hayan mejorado en los últimos tiempos. Karl-Heinz Kamp, presidente de la Academia Federal para la Política de Seguridad, un organismo gubernamental que se dedica a la formación de los altos cargos en Alemania, asegura que se está haciendo un esfuerzo, pero pasa desapercibido. “En los últimos años hemos incrementado el presupuesto de Defensa, algo que apenas se ha notado porque nuestro PIB estaba creciendo mucho más rápido, con lo que el famoso objetivo del 2% de la OTAN se alejaba en vez de acercarse”, le cuenta a BBC Mundo. “El gobierno planea invertir mucho más en Defensa, acercando el porcentaje del PIB al 1,5% en 2021”. El umbral del 2% quedaría para 2024. Dempsey cree que se mantienen “serios déficits” . Kamp no lo desmiente: “Todos los informes que usted lee sobre submarinos que no navegan y tanques que no disparan son correctos”. De acuerdo con el informe presentado por el comisionado Bartels el pasado febrero, basado en entrevistas con los propios militares, los seis submarinos tipo 212A de la armada alemana están fuera de servicio, lo mismo que ocurre con más de la mitad de los 244 carros de combate. También la flota de aviones de transporte A400M sufre un mantenimiento deficiente y la falta de aeronaves operativas obliga con frecuencia a retrasar el traslado de las tropas. Pero los problemas no afectan solo a los sofisticados sistemas de armamento, sino también a pequeños elementos de uso cotidiano en la milicia, como la ropa de protección, las gafas de visión nocturna o los repuestos para los automóviles. Bartels culpó de las carencias a “25 años de recortes en el presupuesto”. Kamp los atribuye a que el fin de la Guerra Fría y la sensación de que un conflicto abierto era cada vez más improbable llevaron a partir de 1990 a casi todos los países europeos a “descuidar” sus fuerzas armadas. “Condujimos el carro sin mantenimiento, aceite, ni repuestos y ahora está fallando, como ocurre con los carros viejos, todo a la vez”, resume. Dempsey apunta que no solo es un problema de falta de dinero sino también de cómo se gestiona. “Hay una grave falta de planificación en el caso alemán”, dice. “Comparado con otros ejércitos, gran parte de los recursos se gastan en costos de personal, más que en renovar los equipos y en el entrenamiento”. La ministra Von der Leyen prometió el pasado febrero que el nuevo gobierno de coalición acordado entre los democristianos de la CDU y los socialdemócratas del SPD seguiría la senda del incremento presupuestario para la “Bundeswehr”. Advirtió, no obstante, de que llevará años corregir los problemas. Recelo del militarismo La pobre dotación y organización del ejército alemán es un problema de raíces antiguas. Jonathan Marcus cree que la situación actual “refleja el legado vigente de la Segunda Guerra Mundial y los años del nazismo, así como un fuerte consenso en la política interna que recela del militarismo”. Dempsey sostiene que en un país todavía dolido por el recuerdo de Adolf Hitler y el III Reich “a la clase política no le gusta hablar de las fuerzas armadas”. Según esta experta, tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana, se llevó a cabo la última gran remodelación militar. “Básicamente se redujo el tamaño a costa de suprimir el ejército de la República Democrática Alemana (RDA)”, el Estado oriental alineado con la URSS y el bloque comunista en los años de la Guerra Fría. La reducida “Bundeswehr” resultante tuvo poca actividad hasta que se produjeron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y otros puntos críticos de Estados Unidos. Después de aquello, las fuerzas alemanas empezaron a implicarse bajo la bandera de la OTAN en misiones de mantenimiento de la paz, de estabilización e incluso de combate en lugares tan dispares como Afganistán o Kosovo. Algunas de sus actuaciones estuvieron envueltas en polémica. En septiembre de 2009, decenas de civiles murieron en Kunduz, Afganistán, bajo las bombas de un caza F-15 estadounidense que actuaba siguiendo instrucciones de un oficial de inteligencia alemán que había alertado de la presencia de guerrilleros talibanes en la zona. El incidente motivó las protestas del gobierno afgano y desembocó en la dimisión del entonces ministro de Defensa alemán, Franz Josef Jung. El desafío ruso Fue la crisis de Ucrania y la anexión rusa de la península de Crimea en 2014 lo que hicieron que una nueva manera de pensar sobre la seguridad nacional se abriera paso en Alemania. Como en otros países de Europa occidental, allí se empezó a ver a la Rusia de Vladimir Putin como una potencial amenaza frente a la que había que prepararse. En la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada aquel año la delegación alemana marcó un nuevo rumbo y un nuevo tono. Se impuso una retórica que afirma la necesidad de que Alemania tenga un poder militar acorde a su importancia y asuma en la escena global el papel que le corresponde por su peso político y económico. A partir de entonces, Berlín impulsó en el seno de la Unión Europea el Acuerdo para una Cooperación Estructurada Permanente en Defensa, que Estados Unidos ve con recelo por constituir un embrión de ejército común en el viejo continente que podría algún día entrar en contradicción con la OTAN. También asumió el liderazgo de un batallón multinacional en Lituania como parte del operativo Presencia Avanzada Reforzada que la Alianza Atlántica acordó desplegar en las antiguas repúblicas soviéticas del Báltico. Pero, aunque los dirigentes alemanes afirmen la necesidad de reforzar al ejército, la asignación presupuestaria ha ido hasta ahora más despacio que las palabras. Dempsey asegura que “el poder de disuasión alemana es débil” y subraya que la garantía frente a una hipotética acción rusa sigue siendo el artículo 5 del Tratado fundacional de la Alianza Atlántica, que compromete a todos los países miembros a responder solidariamente si se produce un ataque contra uno de ellos. Venta de armas La recurrente escasez de equipos en la “Bundeswehr” contrasta con el dinamismo de la industria armamentística del país, cuarto exportador mundial de armas en 2017, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Dempsey detecta en la actitud alemana “un cierto elemento de hipocresía”. Compañías como Hekler & Koch, cuyo fusil G36 es uno de los más usados entre cuerpos armados de todo el mundo, o Rheinmetall figuran en la lista de los mayores fabricantes mundiales. Tras años de críticas de activistas, Hekler & Koch anunció en 2017 que dejaría de vender sus productos en los países en conflicto y en los que no se respeten los derechos humanos. Fuente: http://www.latercera.com/mundo/noticia/alemania-la-gran-potencia-europea-ejercito-cuyo-armamento-una-catastrofe/149510/
  15. 09 Marzo 2018 Gral. Ricardo Martínez asumió como 60° comandante en jefe del Ejército En la Escuela Militar, la Presidenta Michelle Bachelet oficializó ayer al sucesor del general Humberto Oviedo. “A mis camaradas de armas los exhorto a seguir trabajando cohesionados”, dijo el nuevo alto oficial. “Las autoridades nacionales, mis conciudadanos y, por cierto, todos mis camaradas de armas pueden tener la más absoluta certeza de que entregaré todas mis capacidades y competencias para el fiel cumplimiento de esta responsabilidad, para que perseveremos y mantengamos en alto la historia más que bicentenaria, consecuentes con la permanente vocación de estar al servicio de Chile”. Estas fueron las primeras palabras que el general Ricardo Martínez Menanteau entregó ayer como nuevo comandante en jefe del Ejército, en reemplazo de Humberto Oviedo. Tras una ceremonia realizada en la Escuela Militar, en la comuna de Las Condes, se oficializó el cambio de mando, luego de que el pasado 15 de noviembre la Presidenta Michelle Bachelet lo designará para el cargo, en el cual se desempeñará hasta 2022. Tras la lectura del decreto de nombramiento por parte de la subsecretaria para las FF.AA., Paulina Vodanovic, la Presidenta impuso la condecoración “Collar de la Gran Cruz” al general Martínez. Simultáneamente, se efectuó el cambio de gallardete de mando, los honores de cañón con salvas de reglamento y se le entregó el sable del primer comandante en jefe del Ejército, por parte de la Presidenta de la República, símbolo de autoridad y mando de sus sucesores, momento en que asumió oficialmente el mando de la entidad castrense. Para que el alto oficial pudiera asumir, el gobierno debió aplicar el denominado Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, cuerpo legal considerado como sucesor de la llamada “Ley Canessa”, mediante el cual se prorrogó durante unos meses la carrera militar del nuevo CJ, quien en diciembre pasado debió haber pasado a retiro. Hoy asumió la comandancia en jefe de la institución militar con 38 años de servicio. La ceremonia fue encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, en medio de los rumores que circularon durante toda la semana por un posible cierre del penal Punta Peuco, que acoge a ex uniformados condenados por crímenes de DD.HH. También asistieron el Mandatario electo, Sebastián Piñera, y el ministro de Defensa, José Antonio Gómez; entre otras autoridades del país. En su discurso, Menanteau, quien se convirtió en el 60° comandante en jefe del Ejército, también abordó las diversas crisis que ha debido enfrentar la institución, como el caso del fraude. “Continuaremos trabajando en diversos ámbitos de la gestión institucional con las nuevas autoridades de la Defensa, de forma de asegurar y dar cuenta oportuna del correcto uso de los recursos entregados”. El nuevo titular de la institución tiene 58 años, es oriundo de Santiago y desde 1976 forma parte del Ejército, fecha en la cual ingresó a la Escuela Militar, donde se graduó de alférez en enero 1980, en el arma de infantería. Proveniente de una familia militar, sus hermanos también fueron parte de la institución. Antes de asumir el cargo, Martínez había sido ascendido en 2013 al grado de general y asumió como subjefe del Estado Mayor General, alzándose como jefe en diciembre de 2015. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/gral-ricardo-martinez-asumio-60-comandante-jefe-del-ejercito/93985/
  16. 25 Enero 2018 Ejército crea libro con “lecciones” que dejó el fraude La institución elaboró un documento con la cronología del caso, calificándolo como “repudiable”. Además, enumeraron las medidas aplicadas para que no se repita. Son 31 páginas, en las cuales el Ejército explica cómo ocurrió el fraude de $ 5 mil millones al interior de la institución. El relato, que cuenta con una presentación del comandante en jefe, general Humberto Oviedo, se llama Lecciones aprendidas de un fraude. El texto fue entregado hoy por el general Oviedo al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y hoy será puesto a disposición de la Comisión de Defensa de la Cámara y del contralor Jorge Bermúdez. En la introducción del libro, el Ejército resume el origen del fraude en 2014 y cómo fueron ocurriendo las irregularidades, mediante facturas adulteradas, para que un grupo de militares y proveedores de la institución sustrajeran fondos de la Ley Reservada del Cobre. Los hechos son catalogados de “graves”, donde se señala que luego de que “un grupo reducido de militares malversó dinero fiscal, engañando la confianza no sólo de sus camaradas, sino la de todos los chilenos, la institución ha estimado un deber que el país conozca los detalles de cómo y por qué ocurrió este repudiable hecho”. Por lo mismo, dice la institución, ellos denunciaron la malversación. Estos antecedentes son indagados en dos líneas paralelas: por un lado, la ministra en visita Romy Rutherford y, por otro, la fiscal Centro Norte Ximena Chong, quien ya obtuvo la condena de cuatro ex proveedores del Ejército. Además, la institución castrense incluyó en el texto las 22 medidas que aplicó tras el fraude. Entre ellas, la eliminación de involucrados en el registro de proveedores, una auditoría externa, la elaboración del manual “Ethos del Ejército”, la creación de un departamento de control a la demanda institucional, modernización de la Tesorería, un nuevo sistema de declaración de patrimonio, entre otros. Las “lecciones” terminan con consideraciones finales, donde se señala que “ninguna medida reemplazará jamás la integridad y la ética que debe caracterizar a las personas (…). Sin embargo, el Ejército de Chile, consciente de su responsabilidad y de la valiosa confianza que ha heredado producto de su historia, ha sido celoso de hacer cumplir la normativa y las leyes vigentes, tal y como lo ha demostrado frente a los responsables de este caso y en todas aquellas conductas que se distancien de la ética y virtudes que la ciudadanía espera de sus soldados. Ello, independientemente del mea culpa que debió asumir al autodenunciarse”. El general Oviedo dijo a La Tercera que “el espíritu de esto tiene como fundamento principal generar una información válida, documentada, de cosas que se anunciaron y se ejecutaron. Creemos que es muy importante hacer todos los esfuerzos para seguir llevando esto de manera transparente, de manera rigurosa, y así la ciudadanía se sienta protegida por el Ejército”. En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, manifestó que “es un reconocimiento institucional a la ausencia de control que derivó en uno de los fraudes más importantes del país, por lo que es un paso positivo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ejercito-crea-libro-lecciones-dejo-fraude/
  17. 11 Diciembre 2017 Suprema ordena reserva de información sobre ex integrantes de la CNI que permanecen como empleados civiles del Ejército "Los datos solicitados pueden comprometer su seguridad y vida privada, así como la de su grupo familiar, desde que su develación podría exponer a unos y a otros a acciones de hostigamiento y de acoso, así como al menosprecio y a la condena pública, sin que haya mediado sentencia judicial condenatoria alguna", concluye la resolución, que se adoptó con los votos en contra del ministro Sergo Muñoz y el abogado integrante Jean Pierre Matus. La Corte Suprema rechazó este lunes un recurso de queja presentado en contra de los integrantes de sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó al Ejército entregar información sobre exintegrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que permanecen como empleados civiles de la rama castrense pero, actuando de oficio, mantuvo la reserva de dichos datos. En un fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados integrantes Jean Pierre Matus y Jorge Lagos– no dio lugar al recurso jurisdiccional, pero consideró que la divulgación de la información solicitada vulnera la honra de los afectados y sus familias. "Que, como se dijo, los cuestionamientos que el Comandante en Jefe del Ejército dirige a la divulgación de la información de que se trata se vinculan con la afectación que dicha publicidad podría causar a derechos de los funcionarios oponentes y de sus familias que se encuentran garantizados en la Carta Fundamental, en particular aquellos referidos a su seguridad, su salud y la esfera de su vida privada. Al respecto, y con el fin de corroborar sus afirmaciones, el reclamante acompañó copias simples de diversas publicaciones periodísticas en las que se da cuenta de al menos ocho actividades conocidas como "funas", esto es, de actuaciones coordinadas destinadas a encarar, increpando y fustigando de manera pública, a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, con el fin de desacreditarlas ante la comunidad", sostiene el fallo. Resolución que agrega: "De tales elementos de juicio se desprende, sin ningún género de duda, la efectividad de que hechos como los que sirven de fundamento a la causal de reserva esgrimida por el actor han ocurrido, efectivamente, con anterioridad, de modo que la posibilidad de que las mismas se repitan respecto de los treinta funcionarios que manifestaron su oposición no puede ser descartada de un modo tan categórico". "Por el contrario, los antecedentes referidos más arriba obligan a estos sentenciadores a considerar, al menos como factible, que hechos como los descritos puedan llegar a afectar a los empleados civiles del Ejército tantas veces mencionados, de modo que se ha de concluir que existen elementos bastantes para estimar que la revelación de su identidad redundará, con toda probabilidad, en la afectación de su seguridad y la de su familia y en la perturbación de su vida privada y familiar, en los términos previstos en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285". "Los datos solicitados pueden comprometer su seguridad y vida privada, así como la de su grupo familiar, desde que su develación podría exponer a unos y a otros a acciones de hostigamiento y de acoso, así como al menosprecio y a la condena pública, sin que haya mediado sentencia judicial condenatoria alguna", concluye la resolución, que se adoptó con los votos en contra del ministro Sergo Muñoz y el abogado integrante Jean Pierre Matus. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/12/11/suprema-ordena-reserva-de-informacion-sobre-ex-integrantes-de-la-cni-que-permanecen-como-empleados-civiles-del-ejercito/
  18. 30 Noviembre 2017 Consejo para la Transparencia ordena al Ejército entregar hoja de vida de Manuel Contreras “El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar su rango, jerarquía o desempeño, está garantizado y debe ser respetado por todas las instituciones y organismos del Estado”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago en relación a la divulgación de estos datos. Luego de cinco meses de tramitación y análisis, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó al Ejército entregar copia de la hoja de vida y calificaciones de Manuel Contreras Sepúlveda, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA). Según explicó el CPLT, el requerimiento de esta información fue realizado por un ciudadano en mayo de este año y exigía datos relativos al periodo comprendido entre los años 1970 y 1978. Un mes después, el mismo solicitante demandó a la Armada antecedentes idénticos, pero entre los años 1973 y 1977 del ex contralmirante Rolando García Le Blanc, quien también se desempeñó en la DINA. Sin embargo, ambas ramas de las Fuerzas Armadas denegaron la entrega de la información, argumentando que la divulgación de estos datos contraviene la vida privada de los ex uniformados. Dicho argumento fue desechado por el CPLT que, en un fallo unánime, determinó que la hoja de vida de un ex funcionario público “constituye un antecedente de naturaleza pública”, ya que este documento “ha sido elaborado con recursos públicos, detalla de modo pormenorizado el desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirve de base a los respectivos procesos de calificación”, por lo que ordenó su entrega. “El derecho de los ciudadanos a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar su rango, jerarquía o desempeño, está garantizado y debe ser respetado por todas las instituciones y organismos del Estado”, señaló el presidente del CPLT, Marcelo Drago en relación a la divulgación de estos datos. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/30/consejo-para-la-transparencia-ordena-al-ejercito-entregar-hoja-de-vida-de-manuel-contreras/
  19. 02 Noviembre 2017 Los documentos contenían información clave sobre Detenidos Desaparecidos La hoguera de microfilms: New York Times revela la gran quemazón de archivos secretos realizada por el Ejército Entre ellos había carpetas con fichas de personas, fotografías, cédulas de identidad, recortes de diario y planos, donde cada carpeta correspondía a una persona o hecho relevante. Sin embargo, durante el mismo tiempo, el Ejército negó insistentemente la existencia de estos archivos ante la justicia. El medio estadounidense The New York Times accedió a la declaraciones de algunos oficiales y empleados del Ejército por el homicidio del ex presidente Eduardo Frei Montalva, y a través de esto, pudo dar cuenta cómo se quemaron los miles de archivos de la dictadura respaldados en microfilmes, a diez años de iniciada la democracia. Durante esta semana a través de un reportaje, el prestigioso diario de Estados Unidos, reveló que a inicios del 2000, una década después de terminada la dictadura de Augusto Pinochet, los archivos microfilmados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron quemados. Según los testigos, cada rollo contenía unas 2500 imágenes, pero los especialistas recalcan que podrían guardar hasta 10 mil. Entre ellos había carpetas con fichas de personas, fotografías, cédulas de identidad, recortes de diario y planos, donde cada carpeta correspondía a una persona o hecho relevante. Antes del regreso de Pinochet desde Londres, los documentos fueron desaparecidos en la Escuela de Inteligencia del Ejército, en la localidad de Nos, en las afueras de la capital. Los microfilmes fueron llevados en bolsas y se lanzaron a un horno encendido hasta que no quedó nada. Sin embargo, durante el mismo tiempo, el Ejército negó insistentemente la existencia de estos archivos ante la justicia, que realizaba investigaciones por los crímenes de derechos humanos. Hasta ese entonces los archivos estaban custodiados en un bóveda por más de diez años. El exministro de la Corte de Apelaciones Alejandro Solís, quien investigó casos de derechos humanos y hoy es coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa indicó que “preguntaba a los militares dónde habían quedado y nadie sabía. Esa siempre fue su posición oficial”. En 1999, el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, ordenó a la jefa de Archivo de la DINE, Mercedes Rojas, revisar si los microfilmes contenían información vinculada a derechos humanos, según las declaraciones. Esto ocurrió unos meses después de que el Gobierno convocara a las Fuerzas Armadas para iniciar un diálogo sobre información acerca del destino de los desaparecidos. Jara instruyó incinerar todo el material y la orden fue enviada al suboficial Luis Zúñiga y el cabo Osvaldo Ramírez. Hasta ahora, no se ha podido confirmar de dónde vino la orden de destruir los rollos ni cuál fue el grado de participación del ex comandante en jefe del Ejército Ricardo Izurieta, quien sucedió a Pinochet. El ex jefe de inteligencia de la PDI y jefe del primer equipo de investigación de la policía en causas de derechos humanos señaló que dicha información podría aclarar el destino de los detenidos desaparecidos y resolver numerosos crímenes. Sin embargo, agregó que “lamentablemente, por lo mismo creo que los destruyeron”. Fuente : http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/02/la-hoguera-de-microfilms-new-york-times-revela-la-gran-quemazon-de-archivos-secretos-realizado-por-el-ejercito/
  20. 01 Octubre 2017 Mayor ® de Ejército preso hace 29 años: “No busquen en Punta Peuco la verdad que falta en DD.HH.” A la espera del cierre del penal, el oficial de 65 años, que ha pasado casi 30 años privado de libertad por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, sostiene que falta información en las causas de DD.HH., pero apunta al Ejército y a quienes fueron cómplices pasivos del régimen. Aquí, uno de los primeros reclusos de Punta Peuco cuenta cómo se viven los últimos días de esa cárcel. Por primera vez en los 22 años de existencia del penal Punta Peuco no hubo festejos el 11 de septiembre, cuando se conmemoraron 44 años del Golpe Militar. Antes, los internos organizaban un almuerzo y recordaban la “gesta” en que participaron -según algunos de ellos- para “librar al país” del gobierno marxista de la Unidad Popular. Uno de los “socios fundadores” del recinto pelitenciario exclusivo de militares, como se autodenomina, el mayor ® de Ejército Carlos Herrera Jiménez, condenado a cadena perpetua por el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez y el carpintero Juan Alegría, tiene una explicación: “No están los ánimos”. El ex agente de la CNI que el próximo año podría optar por beneficios carcelarios agrega que “hasta el año pasado se celebraba, algunos ponían marchas militares, que a mí me cargan, pero este año no, y ¿sabe? es mejor, porque es una fecha que divide a Chile”. Es jueves 28 y son las 9.30 horas. Los gendarmes de Punta Peuco cuentan a los internos. Es una práctica que se hace a diario antes del desayuno. Luego, algunos de los reclusos -todos militares condenados por violaciones a los derechos humanos- se acercan hasta una reja, la primera de cinco que los separan del mundo exterior, para pedir sus medicamentos, organizar su salida al médico o pedir algo. Minutos después, con un libro de apuntes bajo el brazo, aparece Herrera Jiménez. ¿Cómo está el ambiente con el anuncio del gobierno sobre el cierre de Punta Peuco? Hay de todo, algunos más preocupados que otros. Tengo 29 años y tres meses preso. He estado en cárceles en Argentina, La Serena, Puente Alto, o sea… sé lo que es la vida carcelaria. He estado 29 años y tres meses preso por causas de derechos humanos, de manera que para mí no es un tema que me preocupe, ni tampoco me siento llamado a defender la permanencia o no de Punta Peuco. ¿Sabe por qué? Porque estimo que se puede malinterpretar, que queremos mantener supuestamente este hotel de cinco estrellas del que hablan ciertas personas. Y eso no es así. Soy socio fundador de esta cárcel. Llegué cuando se construyó, cuando se hizo para la prisión del general Contreras. Antes de él habíamos tres presos. Como socio fundador, y habiendo estado en otros penales, ¿no cree que esta es una cárcel con comodidades? No. Esta es una cárcel como cualquier otra. Es un mito que hay más comodidades. Si usted ve estas paredes, lo que está pintado fue por los presos. Cuando recibimos esta cárcel no tenía ni muebles. La mayoría de las partes era obra gruesa. Si a 22 años de vida institucional esta cárcel está en mejor estado es por nosotros. La amoblamos, le ponemos cuadros que pintan los propios presos, los televisores los compramos nosotros, hicimos los jardines, todo. ¿Con recursos propios? Claro. Si la mayoría somos pensionados. Si esta cárcel tiene mejores estándares, como dijo el ministro de Justicia, se debe a que es una cárcel que ha sido arreglada por los presos. Todos los años se pinta con cargo a nosotros. Si usted huele, no hay olor a orina ni a fecas, pero eso es porque nosotros limpiamos. Usted va a ver los baños, están impecables, y nos organizamos por módulo, nuestras piezas lo mismo. Le aseguro que si nos cambian de cárcel en un plazo de tres meses ese penal al que lleguemos vamos a arreglarlo igual y nuevamente nos van a tener que sacar, porque “es una cárcel de cinco estrellas”. Por lo que entiendo, entonces, ¿a usted no le molesta el cierre de Punta Peuco? Mire, el problema va más allá de esto. Y eso lo devela el ánimo de cierre de Punta Peuco. Acá falta una definición política, transparentar a 44 años del Golpe qué se pretende cambiándonos de cárcel. ¿Para qué nos cambian? ¿Para que vivamos peor? ¿Para que suframos? ¿Por qué nos cambian? Porque fíjese que esta cárcel se hizo en 1995 y el decreto de formación dice que es una cárcel de alta segmentación y de alta segregación, para cumplir delitos especiales ocurridos en un momento especial. Palabras más, palabras menos, es lo que dice el decreto. Pero tienen más espacio, jardines, pueden salir al médico… Pero esas condiciones no han cambiado de 1995 al 2017, sigue siendo igual. De esta cárcel hablan personas que no la conocen. Autoridades penitenciarias han dicho que esta cárcel cumple con todos los estándares de una común. Si está ordenada es por nuestra idiosincrasia: ¡Somos militares!, tenemos una formación distinta y un nivel socioeconómico distinto al reo común, pero no hay lujos, vengan a vernos… ¿Qué se pretende con este cambio? ¿Que vivamos mal? ¿Nos quieren ver con pantalones cortos, sin camisa y con un estoque como en las películas de las cárceles? Eso no va a pasar, ya no pasó aquí, probablemente en Colina 1 los internos que ya están allá también la están arreglando. Lo que falta acá es sinceridad, cuál es el objetivo de todo esto. Una explicación. ¿Cómo se enteraron del cierre? Por las noticias. Pero sabe, todos los años, cuando se acerca septiembre, dicen que nos van a cambiar. Pero este año la Presidenta dijo en CNN que cumplirá el compromiso con Carmen Gloria Quintana… No tengo cómo saber si esa versión es cierta. Aún así, ¿están preparados? ¿Lo hablan? ¿Se han organizado? Bueno, si se hace, creo, no va a ser algo traumático. Algunos como yo tendremos que ayudar a los más abuelos. Acá casi todos somos viejos, pero algunos están peor que otros. No creo que Gendarmería vaya a adoptar medidas inhumanas para este cambio. Creo que se hará con la debida prudencia. Es evidente que nos va a cambiar la vida, porque esta es una cárcel donde solo estamos nosotros y veo poco probable que mis nietos vayan a ese nuevo penal. Como familia lo hemos conversado y no me gustaría exponerlos a ellos tan chicos a una fila en una cárcel común, tampoco a mis hijas. Va a ser triste, pero no quiero pensar en ellos en filas con visitas de cárceles comunes. Afuera se habla de personas con avanzadas enfermedades, algunos terminales y con alzheimer… ¿Es así? Claro que es así. Aquí hay personas que están con alzheimer. Hay tres aquí que no tienen idea de dónde están. Ahí la condena ya no es para esa persona, es para su familia, ellos ya no están acá. ¿Quiénes son? El más conocido es el general Héctor Orozco. Hay otras dos personas, pero no me gustaría nombrarlas, porque no sé si ya saben que tienen alzheimer. Uno se da cuenta de que son repetitivos, hablan lo mismo siempre, preguntan lo mismo, andan como perdidos. En esos casos siento que hay un trato inhumano, pero no es de Gendarmería, es de los jueces cuando dictan sentencia y no se constata el estado de salud de la persona. En el caso del general Orozco, por ejemplo, el último examen de salud que tenía era de 2013, y fue condenado el 2017, en base a ese informe. El tribunal debió haberse fijado, porque usted se da cuenta desde lejos que la persona no está en sus cabales. ¿Les han hecho ver eso a los jueces que vienen a visitar el penal? Es que no vienen mucho. Se supone que deberían venir semestralmente, pero cuando vienen cuesta mucho pedirles entrevista. Yo desde el 2008 que estoy en condiciones de pedir beneficios y no me los han dado. Lo que pasa es que usted está condenado por delitos de lesa humanidad… Eso es lo que se argumenta y ha habido una negativa sistemática por otorgarnos beneficios, porque la autoridad que debe hacerlo, el Ministerio de Justicia y los tribunales, tienen un ojo puesto en el expediente y el otro mirando al mundo político. “El mundo político suele hablar de Punta Peuco como el palacio de la impunidad, y es lo contrario. Aquí están los que están pagando”. ¿Cómo es la convivencia acá? La convivencia es buena. Hemos extremado las medidas de respeto para que no haya problemas. En esta cárcel no hay peleas. ¿Cómo es la rutina de un día normal en Punta Peuco? Todos los días son como el mismo día. Me levanto alrededor de las 7 am, tengo una bicicleta elíptica en la cual hago 30 a 45 minutos de ejercicio. Tomo desayuno, y a las 9 de la mañana nos cuentan a los presos que estamos y verifican que no haya enfermos. Terminada esa “ceremonia matutina” quedamos a libre disposición. Algunos hacen deporte, otros caminan. En mi caso, escribo y leo mucho. ¿Y sobre qué escribe? Estoy trabajando con pactos internacionales que dicen relación con la tenencia de reclusos y de condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Ha descubierto algo? ¡Uffff! Cosas muy interesantes. Chile no respeta ninguno de esos pactos. El conflicto de los DD.HH. es un problema de Estado al igual que el conflicto mapuche. Ambos conflictos tienen un inicio y un desarrollo de tipo político y, como tal, deberían tener un final de carácter político. Y la solución política no significa tener impunidad, sino que nos ordenemos y nos pongamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el conflicto mapuche? ¿Qué vamos a hacer con el conflicto de los derechos humanos? Me parece que ese paso todavía no lo damos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir toda la vida sin reconciliarnos y vamos a seguir toda la vida con los mapuches peleando? ¿O vamos a buscar vías de solución? La primera pregunta que usted me va a decir es que falta verdad. Claro. Eso es lo que exigen los familiares que aún no encuentran a sus padres, hijos, esposos… Y estoy de acuerdo en que falta verdad. ¿Falta verdad de parte de quién? ¿Del Ejército? ¿De los agentes del régimen? ¿De dónde están los desaparecidos? De todos. No busquen en Punta Peuco la verdad que falta en los casos de derechos humanos, porque esa ya está entregada. Y ya voy a llegar a su pregunta de dónde están. Cuando se judicializó el conflicto de los derechos humanos desde el ámbito político se decidió dar una solución del tipo judicial y esta, a su vez, fue el castigo penal. Pero, en sede penal, sólo son responsables las personas naturales vivas y no son imputables las personas jurídicas o las instituciones y las personas fallecidas. ¿Quiénes hicieron, diseñaron, planificaron, financiaron el Golpe Militar? Bueno, fueron las instituciones de la Defensa Nacional, a través de sus mandos designados por decreto supremo con nombre y domicilio conocido. Todos hoy están fallecidos. Están respondiendo de los hechos que ocurrieron del 11 de septiembre en adelante, las personas que cometieron el grave delito de ser jóvenes en aquella época. ¿Como usted? Claro. Subtenientes en el caso de los oficiales y cabos en el caso de los suboficiales. Porque esos son los que quedan vivos. Hoy somos viejos. Pero quienes tienen la responsabilidad de los hechos están fallecidos. Hay personas que también tenían su edad en esa época y que tampoco están acá… A eso me refiero también. Cuando el ex Presidente Sebastián Piñera habló de cómplices pasivos, estoy de acuerdo con que hubo cómplices pasivos y que al día de hoy no han respondido. En el ámbito penal se debe determinar la participación y la responsabilidad de las personas en los hechos. Una cosa es la participación y la otra es la responsabilidad que se tiene. Por eso digo que cuando hablo de soluciones políticas, no tiene que ver con impunidad, sino que nos ordenemos en cómo lo vamos a hacer para poder solucionar o llegar a vías de solución de este conflicto. Porque si no vamos a vivir eternamente mal. Y volviendo a su pregunta de dónde están… fíjese que me atrevo a decir, responsablemente, que por la acción de la justicia de un universo aproximado de 1.500 detenidos desaparecidos -alguien podrá decir no, son 1.800 y otros no, son 1.300-, pero hablemos de ese universo, han aparecido más o menos 150. O sea, estamos hablando del 10%. Desde ese punto de vista falta verdad. Pero no somos los presos de Punta Peuco los encargados de dar la respuesta de dónde está el otro 90%. Porque los presos de acá, aunque suene un poquito jactancioso, han producido la trilogía perfecta: verdad, justicia y reconciliación. ¿Por qué cree eso? Del juicio penal de los presos que estamos en Punta Peuco se han derivado acciones civiles que han ido a pagar las indemnizaciones de las víctimas nuestras. Pero no es el caso de otros. El mundo político suele hablar de Punta Peuco como el palacio de la impunidad, y es lo contrario. Aquí están los que están pagando, y en los cuales se han derivado acciones civiles que han redundado en la reparación de las víctimas. ¿Usted dice que hay personas que están en libertad y que tienen la información? Claro que sí, y volvemos al problema. Acá el tema de los derechos humanos se solucionó judicializando los casos. Usted comprenderá que aquel viejito de 78 años, que vive con su viejita en una casa, y tiene algún grado de información que aún oculta, si tuviera la peregrina idea de ir a un tribunal y decir “yo sé dónde hay algo”, esa persona queda inmediatamente presa. ¿Usted cree que alguien que tiene información la va a entregar? Acá se ha privilegiado, para mi gusto, el castigo por sobre la verdad. ¿Qué vamos a querer: verdad o el castigo?, porque las dos cosas, a través de 27 años, han demostrado que no se pueden conjugar. ¿Ustedes no tienen más información? La información se dio. Mire, la impunidad está afuera, busque la impunidad en cualquier lugar, menos en Punta Peuco. No la busquen aquí. Y cuando hay abogados querellantes que hablan que las instituciones tienen un grado de responsabilidad o tienen información, yo estoy de acuerdo con ello. El ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército dicen que se ha entregado toda la información. ¿Usted qué cree? Que eso no es así, que tienen información, pero no es la información que están esperando. Yo creo que las instituciones tienen algo que decir, probablemente no sea dónde hay detenidos desaparecidos. Eso creo yo y lo afirmo… no tienen por qué saberlo. Pero las instituciones, y no me refiero sólo al Ejército, sino que a las cuatro instituciones de la Defensa Nacional, les falta dar algún tipo de información. No han dicho, por ejemplo, quiénes son los mandos que tienen algún grado de responsabilidad. Hay registros de los procedimientos, tienen que estar. ¿Esa información se ocultó? No sé si se ocultó o no, pero no se ha entregado. O no se ha querido entregar. No han informado sobre procederes, que es también importante. Se lo grafico con un ejemplo. Creo que faltó que en este caso el Ejército, a través de su comandante en jefe, hubiese aclarado que no es justo ni posible que el general Contreras haya tenido la misma pena que el cabo Basclay Zapata, porque no es justo. Porque los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena. No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes. Eso no se usa militarmente, y si se usa así, entonces hay que reformar toda la malla curricular de las instituciones. Como la hipótesis que plantea Cheyre… Y en el caso de Cheyre se vuelve a demostrar el problema que antes planteé. Como está judicializado, sólo son responsables las personas vivas. Y los que le dieron la orden en el lugar donde estaba Cheyre están muertos. ¿Cómo lo hace Cheyre ahora? Va a tener que pagar él como cómplice. “No es posible que suboficiales tengan la misma pena que sus jefes (…). Los grados de responsabilidad y de participación no son iguales. Sin embargo, tienen la misma pena”. Si le propusieran a personas que tienen información contar la verdad y no ir a la cárcel, ¿cree que lo harían? La verdad, no lo sé. Podría ser una de las tantas soluciones que se pueden explorar. Pero hay personas acá que siguen negando participación… No. Yo creo que la gente que está acá ya habló y por algo está presa. Pero es distinto en el caso de otras personas que a lo mejor no han entregado la información porque no hay ningún estímulo para que lo hagan. Y eso hay que decidirlo pronto, porque esas personas se están muriendo y es fundamental que hagamos un alto y nos pongamos de acuerdo. Busquemos soluciones políticas. A través de las soluciones políticas se pueden dictar leyes. Por la acción de la justicia en 27 años han aparecido alrededor de 78 personas. Juzguen ustedes. ¿Está bien esa velocidad de hallazgos? ¿Chile resistirá ese tiempo? ¿Los familiares resistirán esperando 23 o 24 años más? ¿Podrá seguir esperando doña Ana González de Recabarren, que tiene desaparecidos a su cónyuge, a dos hijos y la nuera, para que reciba su indemnización? ¿Será justo? Es injusto, más cuando políticos perciben indemnizaciones hace años y sale de nuevo el chilenismo de los pitutos. ¿Dice que hay gente que ha zafado de la justicia por influencia política? Así es, y políticos también. Yo hablé en mi proceso de un edecán que era hermano de un connotado dirigente (Enrique Krauss) que fue exonerado de toda culpa en Pisagua. Y él era mi jefe. Yo estoy preso y él libre. Y se dio la paradoja que judicialmente quedó establecido que mientras este señor ‘contaba remedios’ en la enfermería del recinto, el subteniente Carlos Herrera, es decir yo, se hizo cargo de todo, del campamento militar de prisioneros de guerra, el más grande que había en Chile. Y se hizo cargo de la tropa, de la Armada, de Carabineros y de Gendarmería de esa época. ¡Eso es un absurdo desde el punto de vista militar! Ahí falta también que la institución saque la voz e indique que eso no es posible. Pero se hizo y la justicia lo dio por hecho. Yo no puedo otra cosa sino pensar que hubo una mano política que ayudó. Tengo asumidos mis crímenes y mi castigo, pero lo que quiero es graficar que en el caso de los DD.HH. hay quienes han logrado escapar gracias al “pituto”. ¿Cree que levantando el secreto de la Comisión Valech se puede obtener más información? No lo creo. Todo apunta a que se guarde silencio. Fíjese con este asunto de judicializarlo todo y pasarlo al ámbito penal, lo que se ha logrado ha sido silencio más que verdad. Las agrupaciones de DD.HH. buscan que ustedes estén en una cárcel común… Si nosotros somos condenados por delitos de lesa humanidad, entonces nos asiste la Convención de Ginebra, que en su artículo 77 de la segunda convención dice que tenemos que estar en un lugar aparte, entonces Punta Peuco se justifica. Usted colaboró, se arrepintió y pidió perdón, pero hay compañeros suyos que aún creen que cumplieron su deber… Qué bueno que me tocó el tema, se me estaba olvidando. Sí, pues, es que es así. Mire, voy hablarle de mí, que es el tipo que más conozco. Yo di muerte a Tucapel Jiménez y al carpintero Alegría. Y por muchos años me sentí muy orgulloso de eso. Que el Estado a través de mi jefe haya confiado en mí para dar muerte, en este caso a Tucapel Jiménez por ser un traidor a la patria. Yo estaba convencido de eso y que así era y me sentía muy orgulloso. Pero con el paso del tiempo me enteré de otras cosas que no eran. Que a mí no se me contó la verdad, que me mintieron, bueno eso está en el expediente. Hay mucha gente que, como yo, pensó que lo que hizo estuvo bien y que sigue pensando que lo que hizo estuvo bien, porque fue la orden que recibieron. ¿Se sienten héroes? En Punta Peuco no hay nadie que se sienta como héroe, sería un absurdo. Los héroes no están presos. Si saliera de la cárcel, ¿qué haría? Irme al campo, vivir con mi señora, malenseñar a mis nietos y ver si puedo retomar mi hobbie, la radiodifusión. ¿Cuándo cree que van a cerrar el penal? No creo que la Presidenta se quiera generar otro problema más de los que ya tiene. Tiene otros problemas más importantes que resolver, como por ejemplo el conflicto mapuche. Piñera ahora tiene altas posibilidades de ser gobierno. Él cerró el penal Cordillera, ¿qué esperan de él? Yo no espero nada. Piñera ya fue Presidente, y yo pasé los cuatro años acá, le pedí el indulto y me dijo que no. Yo no espero nada de Piñera, no sé el resto. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mayor-r-ejercito-preso-29-anos-no-busquen-punta-peuco-la-verdad-falta-dd-hh/
  21. 28 Septiembre 2017 Lugar funcionó como sitio de tortura y exterminio en 1973 Ejército se opone a declaratoria de monumento nacional de centro de exterminio en Cerro Chena A diferencia de otros sitios de memoria, incluye una edificación que está prácticamente intacta, según sobrevivientes. El próximo 6 de octubre se cumplen 44 años del fusilamiento de 18 personas en ese lugar, incluido un niño de 17 años, a manos de militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos, sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares. Indignación hay en agrupaciones de derechos humanos por la oposición del Ejército a la declaratoria como monumento nacional, mención sitio de memoria, del "Cuartel N° II" de la Sección de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo (Casas Viejas de Chena), en el cerro Chena, en la comuna de San Bernardo, decidido en junio por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). La declaratoria, ocurrida el 28 de junio, ha sido gestada por la Corporación Memorial Cerro Chena, tras una postulación formal en julio de 2016, en virtud de que tras el golpe de Estado allí fueron torturadas y asesinadas numerosas personas. Sus verdugos fueron militares de la Escuela de Infantería, a la cual pertenece el predio, y que incluye la tristemente célebre "Escuelita", una edificación que permanece prácticamente intacta según testimonios de sobrevivientes. En el lugar murió un centenar de personas a lo largo de varios días. Uno de los hechos más resonantes fue la ejecución de 18 hombres, incluidos 11 obreros ferroviarios, el 6 de octubre de 1973, una matanza de la cual se cumplen 44 años la próxima semana y que incluirá una tradicional romería en la comuna. El único condenado por los hechos, un ex oficial de Ejército, murió sin purgar su pena por este caso. El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos -entre otros, que la entidad no habría podido expresar sus puntos de vista durante el mismo- sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares e incluso podría afectar su seguridad ante países enemigos. Cabe mencionar que anteriormente la institución sí cedió varios terrenos para ser parte del Parque Metropolitano Sur. "Te aseguro que si allí se quisiese instalar una estatua en homenaje al dictador o a los violadores a los derechos humanos, el Ejército de Chile jamás levantaría la voz", lamentó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). El dirigente sindical Manuel Ahumada, uno de los sobrevivientes del recinto siendo liceano y militante comunista, que estuvo recluido allí con 17 años de edad, en tanto, dijo que "es una pena que el Ejército insista tozudamente en querer tapar esa mancha enorme, sangrienta, pero creo que no lo van a lograr. Les avergüenza que en esas instalaciones, que se supone cumplían un rol en lo que ellos determinan la defensa de la patria, se haya detenido, vejado, torturado y asesinado a compatriotas". La declaratoria ha sido respaldada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Intendencia Metropolitana. También ha recibido cartas de apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, varios concejales de Paine y San Bernardo, la ONG Crea Conciencia y varios sobrevivientes. Ahora la ministra de Educación, Adriana Delpiano, de la cual depende el CMN y que debe firmar el decreto de declaratoria, deberá decidir en octubre si acoge o no el reclamo. Esta es la "Escuelita" donde estuvieron varios prisioneros. Este lugar permanece casi intacto a 44 años del lo sucedido. Los asesinatos La matanza del Cerro Chena que se conmemora el 6 de octubre afectó a 18 estudiantes, campesinos y trabajadores, y militantes del PS, el PC y el MIR. En parte se debió a la venganza por la Reforma Agraria, que había sido muy activa en el sector y molestó a varios latifundistas. En el lugar estuvieron detenidos unas 450 personas, entre hombres y mujeres. Las tropas de la Escuela de Infantería además habían sido claves en el asedio de La Moneda el día del golpe. Once de los asesinados eran trabajadores de la Maestranza San Bernardo de Ferrocarriles, todos comunistas. Otro de los ejecutados, Héctor Hernández Garcés, simpatizante socialista y estudiante de un liceo de Puente Alto, tenía apenas 17 años. También había tres campesinos de Paine y un ex GAP. Los acusaron de querer volar el gasoducto de la maestranza. Tras varios días de torturas, estos prisioneros fueron reunidos y aparentemente obligados a correr cerro arriba mientras les disparaban por la espalda. El mismo cerro donde, hasta 1973, el poderoso movimiento obrero local solía celebrar el "18 chico" los primeros días de octubre de cada mes. Algunos de sus cuerpos fueron recuperados por familiares en el Servicio Médico Legal, mientras otros fueron enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Los militares informaron que se les dispararon en un intento de fuga. Antes los prisioneros habían sido ocultados ante una visita de la Cruz Roja. La Comisión Rettig "alcanzó la convicción de que todas las víctimas fueron ejecutadas al margen de todo proceso por agentes del Estado". Según el proceso judicial, los responsables máximos fueron el director de la Escuela, coronel Leonel Koenig, que se suicidó años después; su segundo, Pedro Montalva Calvo, quien el año siguiente fue premiado al ser designado director de Gendarmería y luego falleció; y el entonces capitán Víctor Pinto, quien en 2002 fue condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez y recluido en Punta Peuco, y en 2011 sentenciado por los crímenes de Paine a apenas cinco años en libertad vigilada. Pinto murió el año 2014. En total, fueron 94 víctimas mortales las cuales pasaron por la Escuela de Infantería, específicamente el Batallón de Inteligencia que manejaba el "Cuartel 2" junto a Carabineros de Paine. De ellas 37 permanecen desaparecidas, 56 son ejecutados políticos y una murió por torturas. Según fuentes judiciales, por estos casos también están acusados los ex oficiales de Ejército Andrés Magaña Bau, Jorge Romero Campos y Alfonso Faúndez Norambuena, éste último además luego miembro de la DINA y jefe en Villa Grimaldi. Según documentos oficiales, el Cerro Chena formaba parte de una gran hacienda de propiedad de la familia García de La Huerta, que en el contexto de la Reforma Agraria y para evitar su expropiación, fue donada al Ejército de Chile. Fue inscrito a favor del fisco en 1971 y destinado formalmente en 1976 al Ejército, que ya estaba haciendo uso de él desde comienzos de 1970, instalando el Cuartel N° II de la Escuela de Infantería de San Bernardo. San Bernardo era escena de un poderoso movimiento sindical. La declaratoria La declaratoria de monumento nacional es sólo un hito más en la lucha de la Corporación Memorial Cerro Chena por preservar el recuerdo de lo ocurrido. Luego que el Ejército acordara ceder parte de los terrenos del lugar para la creación del Parque Metropolitano Sur, en 2014 la Corporación interpuso un recurso de protección para que el acuerdo incluyera un memorial y se resguardara un sector de fosas, afectado por una ampliación de la Ruta 5 Sur. En 2015 se instaló, con autorización del Ejército, una cruz en el lugar, pero luego fue removida por los militares, según denunció el diputado socialista Leopoldo Soto. Otro hito ocurrió en 2016, cuando por primera vez miembros de la Corporación se reunieron con la oficialidad a cargo de la Escuela de Infantería. Allí le solicitaron permiso para ingresar al recinto y rendir homenaje a sus familiares asesinados, a lo cual el Ejército accedió por primera vez. Para la conmemoración del año pasado ingresó un centenar de personas, aunque por una autorización que está pendiente, es incierto que se repita este año. En una sesión de junio de 2017 del CMN, Mónica Monsalvez, Laura González y Andrea García, de la Corporación Memorial Cerro Chena, formada por familiares y sobrevivientes del recinto de detención, pidieron formalmente la declaratoria "para poder preservar la memoria histórica y proteger sus vestigios materiales". En la ocasión expresaron que el Cerro Chena, que en la década de 1960 era un lugar "de encuentro y de vida", tras el golpe de Estado se transformó "en un símbolo de impunidad y muerte". También dijeron que, a pesar del esfuerzo por obtener verdad y justicia, sólo han podido a la fecha obtener verdad, como ha señalado el ministro de fuero Héctor Solís Montiel. Por el caso de la ejecución de los 11 ferroviarios el único condenado obtuvo el beneficio de la libertad condicional, quedando los hechos en la impunidad. Agregaron que el año 2000 iniciaron las gestiones para construir un memorial en el lugar que dé cuenta de los hechos, en relación a las orientaciones dadas por los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Y señalaron que "es un deber del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger este sitio como un símbolo de las garantías efectivas de no repetición y como testimonio de la vida". La petición fue acogida por unanimidad. El CMN sólo acotó que, por motivos de seguridad, sería el Ejército el que determine el acceso al recinto de la "Escuelita". En la ocasión, el CMN fundamentó la declaratoria al señalar entre otros que "el sitio constituye un símbolo de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia por parte de las agrupaciones a los derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión, siendo identificado como el principal sitio de memoria de la comuna de San Bernardo". Asimismo, "es una expresión de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado. Su preservación constituye una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad y un reconocimiento público de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región". Cabe recordar que la existencia la "Escuelita" inicialmente fue negada por el Ejército y recién se acreditó su existencia en 2015, gracias a una declaración judicial de Ahumada, hijo de obrero ferroviario. "De la 'Escuelita' no hablaba nadie como sitio de detención. Hemos logrado averiguar con las hijas de los fusilados que no existen sobrevivientes que hayan pasado por la 'Escuelita'", dice. Aquí se ubicaba la "casa del techo rojo", otro recinto de tortura. Actualmente es parte del Parque Metropolitano Sur. Objeción del Ejército El Ejército se opuso desde el principio a la declaratoria, siempre con los mismos argumentos. Primero, a través de un oficio de marzo de 2017, del Comando de Ingenieros del Ejército. Luego, mediante un segundo documento del 21 de agosto, documento firmado por el comandante en jefe, Humberto Oviedo. En el segundo, Oviedo señala que si bien su entidad "ha adquirido un rol preponderante" en materia de derechos humanos y reconoce como "legítima" la aspiración de los familiares de las víctimas a tener memoriales para recordarlos, la declaratoria "debe reconocer límites que se relacionan con la función institucional" como "cuerpo armado", además de señalar supuestos vicios jurídicos en la misma, entre otros, que no tuvo la posibilidad de señalar sus descargos. Entre otros, argumenta que convertir el lugar en monumento nacional "genera una interferencia insoslayable al desarrollo de las actividades propias de la institución (por ejemplo, a través de visitas continuas de personal civil)". También alude a "el ejercicio de operaciones militares básicas, todas actividades imprescindibles para que el Ejército pueda cumplir adecuadamente sus misiones", como disparos y detonaciones, así como que en el lugar se concentran gran parte de las unidades de combate de la Región Metropolitana. El acceso de civiles incluso facilitaría el acceso de "agente encubiertos" de la "Inteligencia adversaria" que podrían "filmar o fotografiar" actividades militares en las inmediaciones. Críticas de organizaciones Esta actitud fue duramente criticada por agrupaciones de derechos humanos. La presidenta de la AFDD señaló que "esta ha sido una conducta permanente que boicotea cualquier acción de memoria". Recordó que en algún momento se instaló una cruz en el lugar, que fue retirada por los militares, y fue repuesta tras fuertes críticas. "Creo que es el reflejo de lo que son las Fuerzas Armadas chilenas, puntualmente el Ejército de Chile. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: las Fuerzas Armadas deben tener sitios de memoria en los lugares donde cometieron exterminio, y en general en sus instituciones, que muestren la verdad de lo ocurrido y no resalten para nuevas generaciones la figura de Augusto Pinochet o los involucrados en crímenes de lesa humanidad", dijo Pizarro. El hecho muestra "lo capturadas que siguen las Fuerzas Armadas por la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional que permitió el golpe cívico militar de 1973". Fuente: http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/09/28/duras-criticas-de-grupos-de-los-ddhh-al-ejercito-por-oponerse-a-declaratoria-de-monumento-nacional-de-centro-de-exterminio-en-cerro-chena/
  22. 25 Septiembre 2017 Carabineros y Ejército lideran reclamos por acceso a información Ambas instituciones, además de Salud, Educación e Interior, han recibido la mayor cantidad de quejas ante el Consejo para la Transparencia entre 2015 y 2017. Hace poco más de nueve años, el 11 de agosto de 2008, Michelle Bachelet promulgó la Ley de Transparencia sobre Acceso a la Información Pública. La normativa -que entró en vigencia varios meses después, el 20 de abril de 2009- estableció cuál es la información que debe estar a disposición de las personas en los sitios web institucionales de los organismos del Estado, junto con la forma que tiene la gente para solicitar otros datos, regulación que está bajo la supervigilancia del Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo que ha debido recibir y procesar los reclamos contra las reparticiones públicas que niegan el acceso a cierto tipo de información o que entregan datos incompletos que no cumplen con lo solicitado. Así, en los últimos tres años de aplicación de la ley existen reparticiones que han liderado, sistemáticamente, los reclamos: Carabineros, el Ejército, la Subsecretaría de Salud Pública, y los ministerios de Salud, Educación e Interior. Eso se establece en un estudio elaborado por el Consejo para la Transparencia, en el que se analizó desde enero de 2015 a julio de 2017, centrado en instituciones del gobierno (ministerios y subsecretarías) y FF.AA. y de Orden. Según esa información, en 2015 se ingresaron 102 recursos de amparo ante el Consejo en contra de Carabineros, número que subió a 107 en 2016. Durante este año, esa institución lleva 65 recursos, llegando a un total de 274 en el período estudiado. En segundo lugar aparece el Ejército, con 61 en 2015, 87 al año siguiente y 36 en lo que va de 2017, con un total de 184 en el lapso analizado. En el CPLT explican, en todo caso, que ambas instituciones son, a la vez, las que mayor solicitud de información reciben cada año, algo que se repite en el caso de los otros organismos que figuran entre los con mayor cantidad de recursos de amparo presentados ante el Consejo (ver infografía). “Hay un dato interesante: las temáticas más consultadas por los ciudadanos, mayoritariamente, tienen que ver con estas áreas sensibles, como lo son educación, seguridad y salud. Eso no sólo refleja la existencia de una sociedad cada vez más empoderada, sino que también evidencia el creciente interés de las personas en saber cómo el acceso a la información puede mejorar su calidad de vida. Y tratándose de aspectos tan importantes, creemos que organismos como estos deben duplicar sus esfuerzos no sólo para cumplir la ley, sino que también para proporcionar información útil y fidedigna a quienes la exigen”, dice el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María. Además, explica que en 2016 se registraron más de 123 mil solicitudes en el portal de transparencia de ese organismo, más del doble de lo que ocurría dos años atrás. En el caso del Ejército, las razones de los amparos ante el CPLT se deben, principalmente, a una respuesta negativa de esa institución a la información solicitada por las personas, con un total de 75 reclamos por ese aspecto entre 2015, 2016 y 2017. En ese mismo período se presentaron 30 quejas porque simplemente no hubo respuesta a la petición, y 13 debido a que los datos entregados no correspondían a lo solicitado. El Ejército, a la vez, apeló 11 veces a la “seguridad nacional” en ese período para no entregar información, en 15 ocasiones señaló que la información no se encontraba, y 17 veces respondió que hubo una “oposición de un tercero”. Carabineros, en tanto, en el mismo período argumentó en 35 ocasiones que no podía entregar información por el “debido funcionamiento” del servicio, y 27 veces por “seguridad nacional”, entre otros motivos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/carabineros-ejercito-lideran-reclamos-acceso-informacion/
  23. 15 Septiembre 2017 Comenzó la carrera de nombres para suceder a Oviedo en el Ejército Presidenta Michelle Bachelet debe resolver sobre la quina de generales de mayor antigüedad, que puede no ser la actual. La Parada Militar 2017, de este martes, será la última del general Humberto Oviedo como comandante en jefe del Ejército, cargo en el cual fue designado por el ex presidente Sebastián Piñera en noviembre de 2013. A mediados de octubre próximo, aunque también podría ser en noviembre, la Presidenta Michelle Bachelet deberá nombrar a su sucesor. Y el “juego de nombres” y rumores ya comenzó a circular. Según el Artículo 104 de la Constitución de la República, “los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, y el General Director de Carabineros, serán designados por el Presidente de la República de entre los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos…”. Actualmente, en la institución castrense aquellas cinco antigüedades son los generales de división Ricardo Martínez, Guido Montini, Luis Farías, Leonardo Martínez y Oscar Bustos (ver fichas). Sin embargo, los nombres pueden inducir a error. Y no por un cuestionamiento de sus capacidades ni currículo, sino porque la designación también involucra un análisis y metodología previa, que eventualmente podría alterar la quina de mayor antigüedad. Por ejemplo, justo antes de la designación de 2013, el general Oviedo ocupaba la octava antigüedad en el Ejército. “Pero no es que, literalmente, el Presidente se haya saltado a los otros oficiales, sino que, previo a la designación del comandante en jefe, se emitió el decreto a través del cual se reordenó el alto mando de la institución, con los correspondientes retiros y ascensos, entre ellos el de coroneles y generales. El general Oviedo ascendió y, finalmente, sí figuraba entre las cinco primeras antigüedades”, explica una fuente de Defensa. Para esta oportunidad, en círculos militares y de expertos en el área, el general John Griffiths Spielman es uno de los nombres que no aparece entre las primeras antigüedades, pero que se repite. Profesor de Técnica de Artillería, Historia Militar y Estrategia, y Táctica y Operaciones, se lo identifica muy ligado al mundo académico castrense. Actualmente se desempeña como comandante del Comando Conjunto Norte, con asiento en Iquique. Por otro lado, de la actual quina de antigüedades, el general Ricardo Martínez, jefe del Estado Mayor General, es otro de los oficiales que pareciera aunar votos. Eduardo Santos, analista en temas de Defensa, sostiene que “(John Griffiths) es una de las principales cartas que se maneja dentro de la institución, tanto por sus capacidades como por su cercanía al Estado Mayor Conjunto (EMCO)”. El analista en temas de Defensa, Guillermo Holzmann, sostiene que “tanto el general Griffiths como otros del alto mando tienen muchos méritos. Sí, me parece que la elección Presidencial (19 de noviembre) podría implicar un ordenamiento diferente de los tiempos para la designación. Sin embargo, en la decisión final también podrían pesar factores como experiencia en situaciones duales, como emergencias y catástrofes, y manejo de relaciones internacionales y la EMCO”. Los cinco generales que actualmente son las mayores antigüedades del Ejército Ricardo Martínez M., jefe del Estado Mayor General del Ejército. Tiene especialidad primaria de Oficial de Estado Mayor y secundarias de Comandos y Paracaidista. Es profesor de escuela en Técnica de Infantería. Guido Montini G., comandante de Apoyo a la Fuerza. Ostenta la especialidad primaria de Oficial de Estado Mayor. Es profesor militar de academia en las asignaturas de Logística, y Organización y Personal. Luis Farías G., comandante de Operaciones Terrestres. Posee la especialidad primaria de Oficial de Estado Mayor. Es profesor militar en Táctica del Arma de Ingenieros, Historia Militar y Estrategia, y Logística. Leonardo Martínez M., comandante de Educación y Doctrina. Posee la especialidad primaria de Oficial de Estado Mayor y secundaria de Combate Especial. Es profesor de Táctica de Infantería, Táctica y Operaciones, e Inteligencia. Óscar Bustos C., comandante de Industria Militar e Ingeniería. Tiene especialidad primaria de Ingeniero Politécnico Militar en Armamento y secundaria en Inteligencia. Es profesor militar de Inteligencia de Combate, Táctica de Caballería Blindada, y Balística. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/comenzo-la-carreranombres-para-suceder-a-oviedo-en-el-ejercito/
  24. 24 Agosto 2017 Volcano: el entrenamiento con que el Ejército se prepara para enfrentar emergencias de proporciones Con un simulador computacional, autoridades de la Región de Tarapacá y miembros de las Fuerzas Armadas ensayaron la coordinación de distintas entidades, para hacer frente a catástrofes como un terremoto y tsunami ocurriendo casi al mismo tiempo. Con un escenario ficticio, en el que distintas emergencias ocurren de manera casi simultánea, autoridades y miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden de Tarapacá, realizaron una simulación para coordinar su actuación frente a desastres de proporciones. Volcano es el nombre de este entrenamiento y se basa en la simulación computacional que modela los complejos efectos de distintas catástrofes, como un terremoto de gran magnitud y un devastador tsunami ocurriendo de manera casi simultánea. La iniciativa que es impulsada por el Ejército de Chile y busca ayudar a los participantes en el ejercicio a resolver los problemas que se generan producto de esos desastres. El director nacional de la Onemi, Ricardo Toro, destacó el entrenamiento y dijo que pone a prueba las capacidades de respuesta de distintos organismos del Estado. “Esta es una buena oportunidad para practicar las planificaciones in situ, que no queden sólo en el papel. Nos permite ver cuáles son las responsabilidades de cada una de las autoridades y las organizaciones, de tal manera que la capacidad de respuesta sea más rápida para salvar la vida de las personas”. Por su parte, la intendenta, Claudia Rojas, precisó que uno de los desafíos ha sido convertir a Tarapacá en una región líder en el manejo y gestión de desastres y emergencias. “Para lograr esa meta, no sólo hemos hecho inversión en infraestructura, implementación de planes de respuesta, sino que también nos comprometimos a entregar capacitación a la población y las autoridades que deben tomar decisiones frente a catástrofes”. Eel jefe del Comando Conjunto Norte, general John Griffiths, en tanto, dijo que a través de este tipo de ejercicios se han puesto a disposición las capacidades de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. “Estamos orgullosos de poder interactuar con los distintos organismos ligados a emergencias. Además, hemos contado con la presencia de efectivos de otros países, lo que habla muy bien de lo que se está haciendo, pues están recogiendo nuestra experiencia para incorporar a sus planes de emergencias”. En el ejercicio que concluye hoy, participaron delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Perú y Argentina, que buscan recoger la experiencia chilena en materias de seguridad. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/volcano-entrenamiento-ejercito-se-prepara-enfrentar-emergencias-proporciones/
  25. 06 Agosto 2017 Ejército: Contraloría detectó pago de US$ 12 millones sin respaldo a proveedores Informe de compras de 2015 alertó sobre pagos a cuatro proveedores. Frente a ello, la fiscalía abrió una nueva arista de investigación, en el marco del uso irregular de recursos de la Ley Reservada del Cobre. La institución castrense explicó que los problemas se subsanaron y abrió sumarios. Esta semana, la Fiscalía Centro Norte cerró uno de los capítulos en la investigación de fraude en el Ejército, donde se indaga el desvío de fondos de la entidad castrense a través de la Ley Reservada del Cobre por cerca de $ 5.700 millones: cuatro ex proveedores de la institución fueron condenados por el mal uso de estos montos. Las pesquisas parecían terminarse. Sin embargo, una nueva causa comenzó su trámite a partir de un informe evacuado por la Contraloría. El 30 de diciembre de 2016, el ente fiscalizador terminó el informe de auditoría en el Ejército sobre los gastos ejecutados en proyectos financiados con recursos de la Ley Reservada del Cobre. Dicho análisis encapsuló el periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y arrojó una serie de observaciones sobre la forma en que la institución uniformada realizaba negocios con sus proveedores. La auditoría fue despachada por la Contraloría al Ministerio Público a comienzos de este año, en el marco de la investigación del fraude en el Ejército, para que se indagara la eventual existencia de delitos en las observaciones hechas por la entidad. Pero debido a la complejidad de los antecedentes, la Fiscalía Centro Norte decidió abrir una nueva causa para pesquisar la existencia de eventuales ilícitos, la que recayó en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. Entre las conclusiones realizadas por el organismo hay un análisis crítico de los niveles de control interno de la institución (ver nota en página 4) y se advierte sobre “facturas pagadas sin la documentación de respaldo” por cerca de US$ 12 millones. Según el informe, “se observó que la Tesorería del Ejército pagó facturas a los proveedores Peña Spoerer y Cía. S.A., FAMAE, Vectronix AG, Thales Electronic Systems GMBH, y Servicios de Abastecimiento y Mantención -esta última correspondiente a una empresa ubicada en la Zona Franca y utilizada por la Sociedad Exportadora e Importadora CYM S.A.-, por un total de US$ 12.762.427, careciendo de la documentación requerida en el contrato vigente en los términos de referencia, así como en las bases administrativas que regulan el proceso de adquisición efectuado”. En el caso de Peña Spoerer y Cía. S.A., la Contraloría observó la “adquisición de estanques flexibles por un monto de US$ 2.600.000, careciendo el expediente de rendición del certificado de recepción cuantitativa y cualitativa”. La institución, según da cuenta el organismo fiscalizador, hizo llegar copia de la factura, pero la entidad contralora indicó que “se carece de la concurrencia del personal del Regimiento Logístico Nº 2, Arsenales de Guerra, tal como se exigiera en el contrato respectivo; corresponde mantener lo observado”. Consultada la firma emplazada, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Respecto de FAMAE, se pagaron facturas correspondientes a la adquisición de municiones por US$ 1.169.726, y visores nocturnos por US$ 3.751.163, y “sin perjuicio de que el servicio (Ejército) adjunta los antecedentes relativos a las recepciones de los visores comprados, así como los distintos informes emitidos por el IDIC, la observación debe mantenerse toda vez que estos documentos no se encontraban dentro del expediente de rendición de cuentas, y, por consiguiente, no se tuvieron a la vista al momento del pago”. En el caso de los proveedores Vectronix AG (firma con domicilio en Estados Unidos) y Thales Electronic Systems GMBH (con domicilio en Alemania), también se cuestiona el pago sin el respaldo requerido para este tipo de operaciones. El Ejército entregó, a ambas firmas, más de US$ 2.700.000. Esas sociedades fueron consultadas a través de correo electrónico y hasta el cierre de esta edición no se había logrado una respuesta. El otro de los pagos detectados sin respaldo corresponde, de acuerdo con el informe de Contraloría, a Servicios de Abastecimiento, usado por la sociedad Comercializadora Exportadora e Importadora CYM S.A., por la compra de contenedores “por un monto de US$ 1.457.253, 32”. Y, según se consigna en la auditoría, “no contaba con el certificado de recepción definitiva emitido por el Ejército”. Consultado Samuel Donoso, abogado del propietario de CYM S.A., Virgilio Cartoni, dijo que dichos antecedentes están contenidos en una querella que presentó otro proveedor del Ejército, y que también es investigada por la Fiscalía Centro Norte. “Dicho contrato está siendo investigado por la fiscal Ximena Chong por una querella interpuesta por un competidor que ha pretendido, a través de distintas acciones judiciales y administrativas, entorpecer la operación de CYM”. El abogado, quien fue el único de los consultados que contestó, dijo que “a la fecha hemos prestado toda nuestra colaboración en dicha investigación, y no existe ninguna irregularidad, ya que todos los productos licitados se entregaron al Ejército, quien no ha formulado reclamo alguno, ni por calidad ni cantidad”. Sobre los pagos a los proveedores mencionados, la Contraloría advirtió que “finalmente, y sin perjuicio de que el Ejército en esta ocasión adjunte la documentación que fue requerida para autorizar los pagos de los compromisos adquiridos, y que no estuvo adjunta en el expediente de rendición de cuentas, lo objetado da cuenta de la falta de control y rigurosidad al momento de que esa entidad solicita autorizar el pago a los proveedores, sin que se acompañen los antecedentes solicitados en las cláusulas contractuales”. En las conclusiones de la Contraloría se sostuvo que la institución “deberá en lo sucesivo acompañar a sus rendiciones la totalidad de los antecedentes que den cuenta de las compras y recepción de las adquisiciones que acrediten los desembolsos”. Sobre esto, el Ejército dijo a La Tercera que “las observaciones establecidas por la Contraloría son hechos acontecidos el año 2014 y estas observaciones obedecen a falencias de los procesos administrativos, los cuales a la fecha se encuentran subsanados y acreditados ante el ente contralor”. La fiscal Chong, además de los pagos cuestionados, indaga el resto de las observaciones para detectar la eventual existencia de delitos. La auditoría también “detectó que la institución pagó 21 facturas no autorizadas” por el Servicio de Impuestos Internos (SII). También se está indagando lo que dice relación con la entrega de fondos anticipados a cuatro empresas proveedoras de pertrechos “no contempladas en las bases de licitación, por 8 radares de vigilancia terrestre, 6 sistemas de avión no tripulado y 49 contenedores”, por un total de US$ 8.389.050. Sobre ambos puntos la institución militar respondió que “estas situaciones fueron aclaradas y solucionadas ante el ente contralor, habiendo el Ejército subsanado y mejorado los procesos administrativos de adquisición y pago de bienes y servicios”. En la causa ya se han decretado algunas diligencias que, según fuentes del caso, la fiscalía ya solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Además, se han pedido antecedentes a Aduanas y al mismo ente contralor, a través de los funcionarios que hicieron la auditoría. Según informó el Ejército a La Tercera, “actualmente se encuentran en proceso dos investigaciones sumarias administrativas por parte de la institución, para determinar responsabilidades en cuanto a las fallas en los procesos de control de adquisiciones y pago de bienes y servicios”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ejercito-contraloria-detecto-pago-us-12-millones-sin-respaldo-proveedores/
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