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  1. 03 Junio 2019 Contraloría ordenó sumario por millonaria deuda en la Universidad de Chile Un informe del organismo indicó que, hasta fines de 2017, la "Casa de Bello" acumulaba documentos impagos por más de 6.800 millones de pesos. También dispuso que se investiguen problemas en las rendiciones de gastos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La Contraloría ordenó realizar sumarios por las "responsabilidades administrativas" que hay detrás de dos multimillonarias deudas en dos planteles estatales: la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Según informó La Tercera PM, el organismo emitió el 13 de marzo un informe sobre el endeudamiento de la Universidad de Chile en que analizó las obligaciones contraídas hasta el año 2017. En él afirma que corresponde que la institución "realice un análisis detallado de los 10.046 documentos impagos al 30 de noviembre de 2017, por la suma de $6.843.926.976, así como las partidas de las cuentas por pagar con vencimiento de más de un año, por un valor de $ 781.014.312, adoptando las acciones que resulten necesarias para extinguir el pago de ellas, informando documentalmente de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento". Además, ordenó "pagar a la brevedad las 1.630 facturas que tiene pendiente al mes de julio de 2018 y que provienen del año 2017, por la suma de $1.435.747.919". El proceso sumarial, indicó el vespertino, se instruye por las facturas a pagar, las causas civiles abiertas por cuentas impagas y los gastos asociados a multas pagadas por los incumplimientos. Rendiciones en la UMCE En el caso de la UMCE, un informe de mayo sobre tres convenios marco celebrados los años 2015 y 2016 entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y el Ministerio detectó una serie de irregularidades en las rendiciones de la casa de estudios "respecto de recursos destinados al fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión estratégica para formación de profesionales de calidad y la instalación de Plan Plurianual 2016-2020 contenidos en los convenios UMC 1555, UMC 1655 y UMC 1655", informa La Tercera PM. Así, señaló que en un plazo de 30 días hábiles "procede que esa entidad universitaria confirme la efectiva realización de las actividades consignadas en los aludidos acuerdosde voluntades o bien restituya al Ministerio de Educación la suma global de $1.816.554.047, correspondientes a desembolsos que no se relacionan con algún hito de los convenios marco". En paralelo, informa que se "incoará un procedimiento sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas" por pagos de prestaciones de servicios sin boletas de honorarios; pago de honorarios en que no se acreditan las labores ejecutadas y rendiciones de gastos por transferencias de capital superiores a las autorizadas. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/contraloria-ordeno-sumario-por-millonaria-deuda-en-la-universidad-de/2019-06-03/154533.html
  2. 30 Marzo 2019 Sename: deuda con entes colaboradores se duplica y supera los $ 10 mil millones Obligación surge por ley que faculta a los tribunales para obligar a atender a menores, aun cuando no existan vacantes. MÁS DE 45 MIL NIÑOS FUERON DERIVADOS POR LOS TRIBUNALES DE FAMILIA A ORGANISMOS COLABORADORES HACIENDO USO DEL ARTÍCULO 80 BIS. La deuda que el Servicio Nacional de Menores (Sename) mantiene con los organismos colaboradores (Oca) supera en la actualidad los $ 10 mil millones, según la directora nacional Susana Tonda. Este dinero corresponde al pago que el gobierno debe hacer a las instituciones privadas, luego de que los tribunales ordenen la derivación de los menores a organismos colaboradores. El artículo 80 bis de la Ley 19.968, que creó los Tribunales de Familia, obliga a las entidades privadas a abrir vacantes y prestar atención en residencias o programas ambulatorios en casos de falta de cupos. En agosto de 2018, esta deuda alcanzó los $ 5 mil millones. Del total, $ 1.300 millones se arrastraban por atenciones prestadas entre 2013 y 2017. Según el Sename, en 2018 se atendieron 45.774 menores de esta forma. De ellos, 1.030 ingresaron a residencias y 44.744 fueron atendidos en diagnóstico y programas ambulatorios. La mayoría de estos últimos entró a los planes Prevención Focalizada (14.041) y Reparación de Maltrato (11.850). Por estas atenciones, el servicio pagó $ 31 mil millones. No obstante, la autoridad reconoce que el último cálculo hecho en diciembre detectó una deuda de $ 6 mil millones. De ahí en más, el verano acrecentó el retraso, según afirmó la propia Tonda, lo que derivó en que la deuda al menos se duplicara desde agosto. “Puede que la deuda supere los $10 mil millones. Incluso, siendo el gasto mensual por 80 bis de aproximadamente $ 3.500 millones, no me extraña que en el verano se hayan sumado un par de meses adicionales”, dijo Tonda. Desde Fundación Ciudad del Niño indicaron que sólo a ellos se les adeuda, por las atenciones de los 20 mil menores que recibieron por 80 bis hasta febrero de 2019, casi $ 967 millones. Un escenario similar al de Fundación Mi Casa, donde indican que en su caso la cifra es cercana a los $ 900 millones. Según estimación de Ciudad del Niño, hasta el 31 de diciembre de 2018 a las 10 instituciones más grande se les debían $ 6.170 millones. En este sentido, indican que históricamente a este grupo les ha correspondido 40% de la deuda total. A partir de este cálculo, estiman que el monto por pagar a los 115 organismos colaboradores que atienden por derivaciones de tribunales sería de cerca de $ 14 mil millones. Colapso financiero José Pedro Silva, presidente de Ciudad del Niño, destacó que nunca se había llegado a un nivel de deuda como el actual y aseveró que ello ocurre “porque la necesidad de atender niños es inmensa y porque el Estado no está pagando. Las instituciones están resolviendo el tema con recursos propios. Nos están llevando al colapso financiero”. Silva, además, cuestionó que ya no se les permite transferir recursos destinados para otras atenciones con tal de “sanear” la deuda por esta derivación. Para Teresa Izquierdo, coordinadora de la Mesa de Residencias de Organismos Colaboradores, “hay instituciones que están muy desfinanciadas y esto afecta directamente en la atención de los niños: en la calidad de los profesionales, calidad de las prestaciones, apoyo educacional y respuesta a los problemas de salud mental que tenemos que financiarlos privadamente”. Además, manifestó su preocupación por la situación de las instituciones más pequeñas. “Se les debe menos dinero, pero les afecta mucho más, porque tienen menos recursos. Y que no les paguen el 80 bis repercute muchísimo”. La directora del Sename relaciona esta situación a la crisis “histórica” en que el sistema ha estado. “El uso de este mecanismo más que ayudar, al final hace todo más engorroso, con más burocracia, más problemas y demoras”, dijo. No obstante, Tonda dice entender que los jueces hagan uso de esta facultad: “Ellos pretenden que se atienda a los niños porque lo necesitan”. Para Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, el tema de la deuda pública del Sename con las instituciones “es un escándalo”. “En la práctica los organismos colaboradores están subsidiando al Estado en la prestación de un servicio de atención con niños de alta vulnerabilidad. La situación es crítica”, dijo. Según el académico, el problema fue advertido en el Acuerdo Nacional por la Infancia, lo que derivó en la constitución de una instancia técnica de trabajo entre los actores. Se trata de 17 mesas regionales que deben entregar su propuesta en los próximos meses “Dentro de las soluciones posibles que se debiese tomar está el reglamentar con mucha mayor precisión el uso del 80 bis por parte de los Tribunales de Familia”, señaló Irarrázaval. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/sename-deuda-entes-colaboradores-se-duplica-supera-los-10-mil-millones/594461/
  3. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/352072-municipalidad-de-recoleta-enero-alcalde-jadue-lanza-libreria-popular-de-recoleta-libros-costaran-hasta-70-menos-que-en-tiendas/?hl=%2Brecoleta&do=findComment&comment=24568714 02 Febrero 2019 “Basura, deterioro y deuda”: Iván Poduje apunta a Jadue por “tapar los problemas” de Recoleta con servicios populares "Es una comuna con severos problemas de basura, deterioro urbano, desregulación", apuntó el arquitecto. Todo empezó con la llamada farmacia popular. Luego de eso siguió la óptica popular, la Universidad Abierta y ahora último la librería popular. Con ello, la comuna de Recoletaha sido pionera en instalar diferentes tipos de servicios a menor costo del que ofrece el mercado. Sin embargo, el arquitecto Iván Poduje manifestó sus dudas al respecto, señalando las carencias de la zona. “Recoleta es una comuna con severos problemas de basura, deterioro urbano, desregulación (comercio, estacionamientos) y una preocupante deuda”, escribió en redes sociales. Ante eso, indicó que “los servicios ‘populares’ han sido muy exitosos para tapar estos problemas y concentrar la atención mediática. Muy curioso el fenómeno”. Ivan [email protected] Recoleta es una comuna con severos problemas de basura, deterioro urbano, desregulación (comercio, estacionamientos) y una preocupante deuda. Los servicios "populares" han sido muy exitosos para tapar estos problemas y concentrar la atención mediática. Muy curioso el fenómeno 1.251 23:10 - 29 ene. 2019 Todos los servicios populares han sido impulsados bajo la administración del alcalde Daniel Jadue (PC), muchos de los cuales han sido replicados en otras comunas. La librería popular cuenta con más de 6.500 títulos con precios entre un 40 y un 70% más baratos que en el mercado tradicional. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/02/01/basura-deterioro-y-deuda-ivan-poduje-apunta-a-jadue-por-tapar-los-problemas-de-recoleta-con-servicios-populares/
  4. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/343145-fin-al-cae-nos-vendieron-video-muestra-a-deudor-universitario-increpando-a-bitar-y-eyzaguirre/?hl=%2Bdeudores&do=findComment&comment=23985981 02 Octubre 2018 Comisión del CAE responsabilizará a exministros por la deuda estudiantil Además, el informe pedirá “recompensar” a los jóvenes por el agobio financiero, sin detallar los mecanismos. Un punto que será motivo de discusión es el impacto del crédito en la expansión de la educación superior. EL CAE FUE DISEÑADO EN 2006 POR EL GOBIERNO DEL EXPRESIDENTE RICARDO LAGOS, Y COMENZÓ A FUNCIONAR EN 2007. HOY SE DISCUTE UN SISTEMA QUE LO REEMPLACE. La Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado (CAE), que indaga las responsabilidades del fisco en el endeudamiento de miles de estudiantes, votará este martes su informe final, el que tendrá como uno de sus puntos centrales el responsabilizar a los exministros de Educación y Hacienda, desde 2007 a la fecha, por no haber frenado el agobio financiero a los alumnos. Conocedores del documento final aseguran que dicha responsabilidad estará dividida entre el diseño del crédito (que correspondió al gobierno de Ricardo Lagos) y la implementación del mismo. Esto porque la comisión advirtió que fue en esta última fase donde el Estado incurrió -mayormente- en faltas y abusos, al no hacerse cargo de los vicios del CAE, lo que sería consenso en la instancia. Así, una de las figuras “enjuiciadas” será el exministro de Educación y Hacienda de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre. El informe, además, contendrá un reconocimiento de los abusos del sistema, en que están involucrados los bancos, y hará una evaluación de cómo el CAE permitió concentrar la matrícula en el sistema privado, lo que no generó consenso entre Chile Vamos y la oposición. Sin embargo, la instancia también pedirá “reparar” a los jóvenes que se han visto endeudados, pero sin detallar mecanismos, por lo que tendría una consideración amplia: para algunos sectores sería la condonación, para otros sería el traspaso de los morosos al nuevo sistema de financiamiento que está en tramitación en el Congreso. La presidenta de la comisión, Camila Rojas (IA), explica a La Tercera que la instancia hizo “una evaluación de lo que ha significado el CAE y en ese sentido es importante decir que acá hubo tanto falencias de diseño como de implementación”. “Este informe tiene que servir para lo que viene. El gobierno tiene la oportunidad de considerar lo que aquí se investigó, de tomar en cuenta lo que se determine, pensar en cómo solucionarlo para quienes ya están endeudados y no repetir estas prácticas en nuevos mecanismos de financiamiento”, agrega. El diputado Jaime Bellolio (UDI) coincide en que “hay responsabilidades en el diseño y la implementación, en eso no hay lugar a dudas”, y plantea que Lagos, su entonces ministro de Educación, Sergio Bitar, y Eyzaguirre son culpables de ello, pues “se pudo haber hecho un sistema igual al del Fondo Solidario, pero se decidió hacer distinto para no pelear con los rectores de las universidades estatales. Además, el crédito no fue contingente al ingreso y ese fue un tema relevante”. Sin embargo, dice que el primer gobierno de Sebastián Piñera estaría exento de la responsabilidad, pues “la primera vez que se hizo un cambio que mejoró sustantivamente la condición de los deudores fue en 2012, en que se bajó la tasa del 6% al 2% y se hizo contingente al ingreso”. En esa línea, se muestra de acuerdo con que la comisión exija una “reparación”, como el traspaso de los morosos al nuevo sistema de financiamiento. Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) plantea que la comisión “no es la llamada a dictaminar algún tipo de forma de reparación, porque nos parece que eso excede completamente nuestras atribuciones”. Además, defiende el Sistema de Fondo Solidario, que reemplazará al CAE “en los términos en que lo ha planteado el Presidente Piñera, es decir, contingente al ingreso y con tope máximo de condonación; es un modelo que es perfectamente compatible con la gratuidad”. Recomendaciones El informe también entregará un compilado con unos 800 testimonios de jóvenes que se han visto agobiados por el endeudamiento, y ofrecerá recomendaciones para la formulación de políticas de financiamiento, las que serán votadas hoy. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/comision-del-cae-responsabilizara-exministros-la-deuda-estudiantil/338196/
  5. 02 Octubre 2017 Las 10 medidas propuestas para saldar la deuda con la infancia vulnerada en Chile Centro de Estudios Públicos UC señala que se debe subir de $ 262 mil a $ 800 mil la subvención por niño entregada por el Estado a las residencias del Sename. Medidas que pueden implementarse por vía administrativa, y no necesariamente a través de nuevos proyectos de ley, son parte de las propuestas en protección de la infancia que un equipo de expertos del Centro de Políticas Públicas UC presentará al gobierno y discutirá hoy en el Centro de Extensión de esa casa de estudios. La idea es incorporar, con sentido de urgencia, 10 medidas (ver listado) que mejoren la calidad de vida de los niños que viven en las residencias de la red del (Sename), y que si bien representan un porcentaje menor (2,3%) de la población infantil, son los más pobres y vulnerados en su derecho a una vida protegida y un desarrollo óptimo. Según el estudio, un 44% de estos menores ha sido víctima de algún maltrato y un 10% ha sido abusado sexualmente, resultando paradójico para los expertos que la institución que debe protegerlos y restituir sus derechos, sea la que perpetúa su situación de vulneración y desventaja. En forma paralela, el ingreso desde 2015 de seis proyectos al Congreso, que buscan mejorar el sistema de protección de la niñez, siguen sin aprobarse. “Lamentablemente, nos hemos quedado empantanados en una discusión ideológica en la Cámara, y mientras tanto siguen vulnerándose los derechos de los niños en las residencias. El tiempo pasa y si no intervenimos ahora a estos menores, entre los cero y ocho años, la posibilidad de recuperarlos se reduce al mínimo”, advierte Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC. Para remediar esta crisis, entre las medidas más urgentes estudiadas por expertos en trabajo social, economía, sicología, derecho, medicina y gobierno de la UC que participaron en el estudio, está aumentar la subvención que entrega el Estado a las residencias especializadas, para pasar en un plazo de tres años de $ 262 mil por niño al mes a $ 800 mil. Si bien la cifra no es la óptima, estaría aterrizada a la realidad nacional y la factibilidad de aprobarse administrativamente (sin un proyecto de ley) vía glosa , en la discusión del presupuesto nacional que comienza ahora en octubre. “Estamos hablando de fondos muy menores en el contexto del gasto público y completamente abordables, y aún así estaríamos bajo los estándares internacionales óptimos”, señala Irarrázaval. Como consecuencia, varias organizaciones de la sociedad civil se estarían retirando de las licitaciones como proveedores de servicios para el Sename. Es el caso de Fundación María Ayuda, que acaba de cerrar dos hogares en Concepción. “Es inconcebible que tengamos que cerrar dos centros muy bien evaluados por falta de recursos. Una persona en la cárcel gasta $ 600 mil, por lo tanto, $ 800 mil no es un volumen significativo para el Estado. Es, en consecuencia, una decisión política y no presupuestaria. El Sename aumentó las exigencias en los programas, y nos parece bien, pero no lo aparejó con más presupuesto”, advierte Ximena Calcagni, subdirectora nacional de María Ayuda. Supervisión La UC propone que este aumento en la subvención vaya unido a un mejor sistema de control de los recursos y de las prestaciones, función que debiera estar en manos de una agencia externa, y no a cargo del Servicio, como ocurre hoy. “La supervisión tiene que ser independiente, el Sename no puede ser juez y parte de las políticas que diseña. Tiene que ser un externo el que las valide en relación a estándares internacionales”, agrega Alejandra Riveros, directora de abogacía de Fundación Aldeas S.O.S. En ese sentido, se propone revisar el sistema de licitaciones para incentivar el ingreso de nuevos prestadores privados. Se sugiere que en el futuro el Sename proporcione la infraestructura y se licite únicamente la gestión de los centros. Marcelo Chávez, presidente de la Fundación San Carlos de Maipo, concuerda con esta medida, e incluso es partidario de la concesión total del servicio. “Se puede construir una oferta, ya sea pública o privada, con estándares de calidad que permitan licitar la gestión a entidades que lo hacen bien, pero cuya barrera de entrada hoy es no contar con ese tipo de infraestructura (de alto estándar), pero que sí tienen los equipos humanos y terapéuticos para hacer un buen trabajo”, argumenta Chávez. Para el directivo, si bien esta medida podría ser un aporte para mejorar el sistema de protección, la ley de subvenciones y el sistema de licitaciones son los grandes ausentes en la discusión parlamentaria. Carolina Salinas, abogada de familia de la Facultad de Derecho de la UC y panelista del estudio concuerda con Chávez. “De los seis proyectos en el Congreso, ninguno aborda las subvenciones. Hoy, las licitaciones son solo por dos años, entonces las instituciones no saben si tendrán recursos para seguir, de esa manera, ¿cómo contratan buenos profesionales? No hay que perder el foco, la responsabilidad primera y última es del Estado, y las organizaciones no tendrían por qué andar haciendo colectas para financiarse”. Para Salinas, la protección de los niños es el rol estatal que no se ha cumplido en forma adecuada, pues el actual sistema de protección no solo no repara la vulneración, sino que separa a los niños de su entorno, transgrediendo el derecho a estar en familia. “Paramos la vulneración al sacar al niño de su familia, pero vulneramos otros derechos en las residencias sin que se restituya el daño. Es paradójico”, explica Salinas. Así, enviar un niño a una residencia debiera darse idealmente en última instancia, y solo en forma transitoria. A esto se sumaría la incapacidad del sistema para entregar las prestaciones de salud y educación que los niños institucionalizados necesitan. Según el estudio, una forma de garantizar estos derechos es crear un catálogo de prestaciones, similar al GES, que asegure un acceso mínimo de atenciones, en especial, las de salud mental. En este sentido, si el sistema público no es capaz de entregar la atención requerida, el Estado debe financiarlas mediante el pago a prestadores privados. “Cuando un niño es removido de su hogar tiene problemas de salud mental que requieren servicios muy especializados, y el servicio público no tiene cómo atender a los menores descompensados, que son difíciles de controlar o tienen ideación suicida. No es solo un problema del Sename, sino del Estado, en ese sentido, el Minsal tiene que preocuparse de contar con más siquiatras infanto-juveniles, y también el Mineduc evitar que estos niños sean segregados en las escuelas”, plantea Carolina Muñoz, académica de la Escuela de Trabajo Social de la UC. Muñoz enfatiza, en términos de medidas estructurales, el trabajo preventivo, pues el sistema de protección se activa solo después de ocurrida una denuncia en los tribunales. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/las-10-medidas-propuestas-saldar-la-deuda-la-infancia-vulnerada-chile/
  6. 10 Agosto 2017 Cinco días estará preso el alcalde de Copiapó por no pagar millonaria deuda a profesores El Juzgado de Letras del Trabajo obligó al jefe comunal a pagar $2.440 millones a 986 profesores, monto correspondiente al bono Subvención Adicional Especial (SAE). Personal de la PDI detuvo ayer al alcalde de Copiapó, Marcos López, por no cumplir con un fallo del Juzgado de Letras del Trabajo que lo obliga a pagar $2.440 millones a 986 profesores, monto correspondiente al bono Subvención Adicional Especial (SAE). El jefe comunal, que se encontraba en su oficina al momento de su detención, deberá permanecer hasta el próximo lunes en la cárcel local cumpliendo los 5 días de arresto decretado por el tribunal. La asesora jurídica de la municipalidad, Marisol Delgado, aseguró a El Mercurio que la medida se podría extender en caso que el magistrado así lo determine. En tanto, los profesores se encuentra en paro indefinido afectando a 21 mil alumnos de la comuna. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/10/cinco-dias-estara-preso-el-alcalde-de-copiapo-por-no-pagar-millonaria-deuda-a-profesores/
  7. 11 Agosto 2017 Hospitales demoran hasta 150 días en pagarle a proveedores Asociación de empresas denuncian que los tiempos de cancelación triplican el margen legal de 45 días. Deuda hospitaliaria ya va en $ 262 mil millones. Hasta tres veces más de lo permitido por ley ha aumentado la mora de los hospitales con sus proveedores, llegando a efectuarse los pagos en un promedio de 150 días, cuando lo permitido son 45. Dicho reclamo se hizo desde la Asociación de Proveedores de Salud (Apis), cuyos miembros representan el 40% de la deuda total que mantienen los recintos con sus abastecedores, y que a mayo de este año marcó $262 mil millones. Según el secretario ejecutivo del organismo, Pablo Prüssing, “legalmente, el plazo de pago del Estado a sus proveedores es de 30 días y en el caso de salud es de 45 días, mientras que nosotros estamos en 150 días como promedio”. Se trata, según agregó el dirigente gremial, de cifras aproximadas, “ya que hay proveedores que les pagan un poco antes y otros que les pagan después”. Añadió que “lo que preocupa al gremio es que con estos promedios de plazo, es difícil que una empresa pequeña pueda subsistir”. También destacó que la situación es “absolutamente inusual, al igual que el nivel de deuda que, según los parámetros que se están manejando, estaría en torno a $ 300 mil millones”. Deuda hospitalaria Este atraso en el pago de los hospitales con sus empresas proveedoras es lo que va generando la deuda hospitalaria, que este año ha tenido un incremento de 35% respecto de los $193.960 millones con los cuales se cerró 2016. La situación se ha ido agravando con el tiempo y se aprecia una tendencia al aumento de la deuda. Eso es lo que lleva a los hospitales a tener que suspender servicios cuando no cuentan con los insumos necesarios. Por ello, el Minsal y los proveedores conformaron una mesa de trabajo, que buscaba entre otras cosas, conciliar la deuda, en un intento de establecer un monto con el cual ambos estén de acuerdo, así como mecanismos para saldarlo. Sin embargo, y tras un trabajo iniciado en 2016, no ha sido posible aún llegar a un monto acordado. “Agradecemos la voluntad del Minsal de acceder y sentarse en una mesa con nosotros y proceder a esta conciliación. Sin embargo, después de algunos meses, la efectividad de la respuesta ha sido pobre. Se le pidió a los hospitales que informaran las deudas que les reclamamos y respondieron que no había información. Es preocupante que las instituciones de salud no tengan información de sus propias deudas que se les está pidiendo conciliar”, aclaró Prüssing. Reacciones Matías Goyenechea, vocero de la Fundación Creando Salud, indicó que “esto pasa porque los hospitales funcionan con menos recursos de los requeridos, lo que está relacionado a un problema estructural, en un contexto donde tampoco pueden dejar de atender a los pacientes ni pagar el sueldo de los funcionarios”. Agregó que “es así como los pagos a proveedores terminan siendo la variable de ajuste para la falta de recursos que tienen”. También manifestó que se debe “sincerar todos los gastos y recién en ese contexto generar el financiamiento”. La diputada integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Karla Rubilar (Ind.), sostuvo que “esto demuestra cómo el papel aguanta mucho y que las medidas que dicen que van a tomar para solucionar el problema o no las toman o no sirven”. El Ministerio de Salud, hasta el cierre de esta edición, no había respondido las preguntas de La Tercera. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/hospitales-demoran-150-dias-pagarle-proveedores/
  8. 13 Julio 2017 Chile recibe primer recorte en la clasificación de riesgo en 25 años con rebaja de Standard & Poor’s El prolongado crecimiento económico moderado perjudicó la revolución fiscal de Chile, y contribuyó al aumento de la carga de la deuda pública, dijo la agencia. La agencia Standard & Poor’s bajó la clasificación de riesgo en moneda extranjera a largo plazo de Chile a A + de AA- con perspectiva estable, en lo que constituye la primera rebaja en la nota del país en 25 años. “El prolongado crecimiento económico moderado perjudicó la evolución fiscal de Chile, y contribuyó al aumento de la carga de la deuda pública”, dijo la agencia. La agencia estimó que la economía chilena crecerá 1,6% en 2017, 2% en 2018, y 2,4% en 2019. Pese al recorte, que era esperado luego que en enero S&P cambiara el panorama de su nota para Chile a negativo desde estable, el país mantiene la categoría investment grade, la que tiene desde 1992 cuando entró al mercado de deuda. En el caso de las otras dos grandes clasificadoras la nota de Chile es de A+, con perspectiva negativa por parte de Fitch y de Aa3, con perspectiva estable en el caso de Moody’s. La clasificación por parte de estos agentes, refleja la perspectiva que tienen de la capacidad de pago de un país, o del riesgo de quiebra o de caer en insolvencia frente a sus deudas. De la nota que le asignan a los países, depende la tasa de interés que aplique el mercado a sus emisiones de deuda soberana y ello, a su vez, será la referencia para el costo de financiamiento de las empresas que buscan levantar capital en el exterior. Existen dos categorías de clasificación crediticia: investment grade (grado de inversión) y non investment grade. Fitch y S&P tienen como máxima nota AAA, que define una capacidad de pago muy fuerte, hasta BBB, que considera una capacidad de pago adecuada, pero con riesgos en el mediano y largo plazo. Eso corresponde a la categoría investment grade y de ahí hacia abajo sigue la non investment grade. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/agencia-standard-poors-baja-la-clasificacion-riesgo-chile/
  9. 21 Junio 2017 Deuda en municipio de Valparaíso creció siete veces en administración anterior Corporación municipal presentó informe en el que se establece que la deuda llegó a 73 mil millones de pesos a diciembre de 2016. Ruidosa exposición hizo la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), sobre la morosidad interna que recibió la adherida “Alcaldía Ciudadana”, liderada por Jorge Sharp. A la fecha, $73 mil millones se adeudan, correspondientes a las áreas de salud, educación y cementerios. El detalle expresa que la pérdida, que al año 1999 llegaba a $3.700 millones de pesos, pasó a $13.071 millones, en el año 2008. De esa fecha a diciembre del 2016, la deuda ascendió a más de $70 mil millones, o sea que la deuda – de la última administración- creció siete veces. Las duras cifras, surgieron del resultado de informe interno que la Cormuval entregó a los concejales, que además transparenta que el déficit operacional del último año fue de $8 mil millones. El alcalde, Jorge Sharp, manifestó que “no fue posible documentar en qué se gastaron 3 mil millones que ingresaron a las arcas de la Corporación por concepto de subvenciones para la educación. No hay justificación del gasto, lo que es de extrema gravedad, porque instala un manto de dudas razonables sobre qué pasó con los recursos”. Durante el primer año de conducción, la Acaldía Ciudadana no ha podido fijar proyectos que involucren presupuesto , por lo que se ha impuesto un régimen de estabilización, que han implicado auditorías, cambios en procesos computacionales, análisis salariales por reajuste. El edil fue enfático en acusar que “eso expresa que no fueron sólo razones estructurales, vinculadas a la municipalización de derechos como la salud y la educación, las causantes del déficit, sino un conjunto de decisiones políticas, administrativas y financieras que se tomaron en los últimos ocho años que hicieron crecer el déficit de la forma en que creció”. El concejal Carlos Bannen señaló que “el motivo del déficit es una baja de matrícula (aproximadamente 1.500 alumnos por año y se mantiene misma cantidad de establecimientos educacionales y dotación docente). Finalmente, no coincide la información que se nos ha entregado anteriormente con la que se nos entregó ahora. Por eso pedimos comisión especial para analizar el caso, queremos el detalle de cada ítem, de los $ 73 mil millones” Por su parte, el concejal Marcelo Barraza (DC) dijo que “nos sorprendió lo de la administración anterior, que a fines de noviembre del 2016 nos decía que tras una auditoría externa arrojaba una suma de $ 47 mil millones de déficit presupuestario. Ahora nos dicen que es de $73 mil millones. Es por esto que se solicitó al señor alcalde poder profundizar y detallar estas observaciones, que las calificamos de gravísimas si así se demuestran en la próxima comisión de régimen interno”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/deuda-municipio-valparaiso-crecio-siete-veces-administracion-anterior/
  10. 30 Mayo 2017 Gobierno admite dificultad en control de gastos de salud y deuda hospitalaria Director de Presupuestos dijo que “en el futuro esto se puede disparar sin control”. Déficit ha elevado a 60 días la demora en pagos, 15 más que los permitidos. Autoridades exponen en Comisión de Salud de la Cámara. “La estrategia ha sido financiar de forma reactiva el presupuesto de salud, porque no tenemos un mecanismo o una metodología que nos permita controlar los gastos”, sostuvo ayer, ante la Comisión de Salud de la Cámara, el director de Prespuestos del Ministerio de Hacienda, Sergio Granados, admitiendo así la compleja situación de la cartera sanitaria, que enfrenta un creciente nivel de deuda e incumplimientos en el plazo legal de pago a proveedores. “Es una situación a la cual hay que dedicarle mucha preocupación, porque en el futuro se puede disparar sin control”, agregó. Granados explicó a los parlamentarios que es el propio quehacer del sector, sumado a problemas de gestión de los servicios de salud, lo que ha dificultado mantener la cartera dentro de su presupuesto. Esto, debido a que los “inductores de gasto”, es decir, los elementos que inciden o elevan los costos, están asociados directamente a la acción asistencial, como consultas, cirugías, compra de medicamentos e insumos, entre otros. “No hay metodología posible, al menos todavía no hemos logrado una, común, de poder controlar ese inductor del gasto. Entendemos que al interior de los hospitales es muy difícil establecer un modelo de gestión que permita que los inductores de gasto de la gestión clínica se adecuen a un nivel presupuestario”. Con todo, Granados planteó que no existe un déficit histórico de la cartera, sino que un comportamiento donde los costos van al alza, lo que hoy redunda en una deuda hospitalaria que, a abril pasado, llegó a $ 231.466 millones. En ese contexto, que hasta 2015 los pagos a proveedores se habían mantenido dentro del plazo de 45 días legales, pero que desde mediados de 2016, a la fecha, sobrepasan los 60 días. “Estamos con un problema donde no logramos bajar”, reveló. Incluso, Chilecompras precisó a La Tercera-mediante Ley de Transparencia- que en 2016 el sector salud llegó a los 78 días de demora, promedio, para los pago. El director de Presupuestos planteó que se requiere, a mediano plazo, implementar áreas y metodología de control, para mantener el gasto “dentro de términos razonables”, considerando en esto el aumento de la demanda asistencial, el mayor financiamiento que implican las políticas impulsadas por el gobierno y los distintos niveles de complejidad con que operan los hospitales de la red. “Es necesario cambiar el modelo de financiamiento y la estrategia general del sistema de salud. Los establecimientos gestionados en red (autogestionados) deberían tener un mecanismo de asignación de recursos mucho más relacionados a nivel de producción y complejidad, lo que no existe hoy día. Se han introducido variables significativas y positivas respecto de la salud de la población, pero no han sido resueltos con una metodología de gestión”, sostuvo. La subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, sostuvo que se ha logrado disminuir las compras a privados de cirugías, camas e intervenciones de urgencia, pero que el modelo requiere cambios. “La autogestión en red efectivamente requiere ser revisada, los mismos que propiciaron el modelo lo han reconocido. Eso hay que revisarlo, no está dando la respuesta que esperábamos respecto de la autogestión”. Ante ese escenario, el diputado UDI,Gustavo Hasbún, cuestionó si la situación “tiene que ver con que no están las personas idóneas en el cargo o que si efectivamente se está generando un problema o desorden gigantesco donde no se puede hacer una proyección del gasto?”. Mientras, su par y correligionario Javier Macaya manifestó que “cuando uno cruza la deuda hospitalaria y las listas de esper Ges o no Ges, se encuentra con que a mayor deuda mayor cantidad de personas en lista de espera. No veo diligencia en la gestión, donde la atención primaria converse o se relacione con la atención secundaria. No digo que esto sea patrimonio de ineficiencia de un sólo gobierno, pero se requieren propuestas”, señaló. A su turno, Manuel Monsalve, del PS, afirmó que “la explicación mayoritaria de la deuda hospitalaria es que si hace más prestaciones, y el Estado transfiere recusos a un costo inferior de lo que cuestan, más se va a endeudar”, añadiendo que “lo escandaloso es que si se mira el presupuesto, la sociedad chilena le entrega 4 puntos del PIB a salud, insuficiente donde la OMS recomienda entregar 6”. Por su parte, Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, indicó que “los últimos tres años se ha disparado la deuda de manera incontrolablemente, y esto no tienen que ver con los hospitales autogestionados”. Añadió que los factores que inciden son “indisciplina fiscal, baja producción en salud de los recursos humanos que hay y la ausencia de gestión clínica”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-admite-dificultad-control-gastos-salud-deuda-hospitalaria/
  11. 26 Mayo 2017 Colegio de profesores advierte una posible “deuda histórica 2” Magisterio dice que solo ocho municipios deben $ 25.300 millones y piden al Mineduc intervenir las administraciones en crisis. El Colegio de Profesores denunció un aumento en la cantidad de municipios que adeudan pagos previsionales y salariales a sus docentes. Según datos entregados por el gremio, solo en ocho municipalidades las morosidades ascienden a $ 25.300 millones. Además, en Santiago, comuna que tiene una deuda total de $ 21 mil millones, se les deberían $ 10 mil millones a los trabajadores. “Oficialmente, no tenemos idea de a cuánto asciende la deuda, porque las autoridades de gobierno nos dicen que no tienen una cifra consolidada, pero creemos que podría superar los $ 150 mil millones en 100 municipios. Esto podría originar una ‘deuda histórica 2’, si no se resuelve’”, señaló Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. La polémica deuda histórica se originó cuando se traspasó el servicio educativo a los alcaldes, en la década del 80, y algunas asignaciones no fueron pagadas. Según el Magisterio, cerca de 70 mil docentes fueron afectados. “Tememos que con el proyecto de desmunicipalización, cuando se traspasen los trabajadores, no se resuelvan adecuadamente las deudas municipales y se genere una nueva deuda histórica”, remarcó Aguilar. El proyecto que crea el Sistema de Educación Pública o de desmunicipalización -actualmente en trámite en el Congreso- propone trasladar los colegios públicos desde los municipios a servicios locales de educación. “Antes de la desmunicipalización, se debe generar una ley que le otorgue al Mineduc facultades para intervenir los municipios en crisis. Esto es urgente y si el gobierno no escucha, los profesores no tenemos otra alternativa que movilizarnos”, añadió Aguilar. El senador Jaime Quintana (PPD) reconoció que también han detectado un aumento de la deuda municipal, que no solo se debe a sueldos o previsiones morosas, sino también a proveedores y otros ítemes: “No se trata solo de que el Mineduc ponga plata; también de que el municipio limite ciertos gastos y se autoimponga restricciones”. El 14 de junio, el Magisterio realizará una consulta a sus bases para decidir si están conformes con el proyecto. El Mineduc fue consultado por la situación, pero declinó referirse al tema. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/colegio-profesores-advierte-una-posible-deuda-historica-2/
  12. Bazucazo de Sharp a Jorge Castro: deuda de Valparaíso sería al menos $60 mil millones Una vez que se realice la auditoría de Contraloría, Sharp evaluará las medidas administrativas o judiciales. Se estima que el informe final esté durante el primer semestre 2017.60 mil millones de pesos sería la deuda total del Municipio de Valparaíso, acarreada durante el último periodo del ex alcalde Jorge Castro (UDI), siendo 40 mil millones más que lo declarado inicialmente por éste a la administración del edil Jorge Sharp. Así lo afirmó el gerente de la Corporación Municipal de Valparaíso, Marcelo Garrido, a El Desconcierto, donde informan que el nuevo asesor jurídico de la municipalidad pidió a la Contraloría Regional una auditoría para confirmar estas cifras. “En el ámbito financiero el escenario es crítico, no sólo por la deuda histórica del municipio, que a nivel total es bastante más grande de lo que hablaba la administración anterior, sino que también por las deudas operacionales que cada año suman unos 5 mil millones extra”, explicó Garrido. Según el medio, la intervención de la Contraloría General de la República ocurre luego de una reunión entre Sharp y el contralor nacional, Jorge Bermúdez, donde se planteó esta solicitud, en vista de que no implicaría gastos para el municipio, en un contexto donde la deuda actual es similar al presupuesto de todo el año: 68 mil millones. La crisis financiera ya era conocida, aunque no de esta envergadura. Se tenía conocimientos de una deuda de 8 mil millones a la empresa de maquinaria Total Transport S.A., más mil millones a la empresa proveedora de aseo y ornato, Fesa. También una deuda por cotizaciones impagas a funcionarios municipales que alcanza los ocho mil millones de pesos. Una vez que se realice la auditoría de Contraloría, Sharp evaluará las medidas administrativas o judiciales. Se estima que el informe final esté durante el primer semestre 2017. http://www.eldinamo.cl/nacional/2017/01/20/bazucazo-de-sharp-a-jorge-castro-deuda-de-valparaiso-seria-al-menos-60-mil-millones/
  13. 28 Diciembre 2016 Valparaíso: Bomberos no acudirán a incendios forestales por deuda con Onemi El monto adeudado con la institución asciende a los $13 millones. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Miguel Sánchez, anunció que dejarán de asistir a los incendios forestales que se produzcan en la zona. Esto, debido a que la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad (Onemi) mantiene una deuda de $13 millones correspondientes a trabajos realizados durante incendios forestales, uno de ellos desde octubre del año pasado. Esto, a juicio de Sánchez, genera problemas para pagar combustible, colaciones y sueldos del personal remunerado. "Nosotros vamos a concurrir a los incendios pero vamos a tener que priorizar, a nosotros nos interesa que la ciudadanía este protegida, por lo que nosotros estaríamos dispuestos a dejar de asistir a incendios forestales donde solamente se están quemando bosques", aseguraron desde la superintendencia de Bomberos. La Onemi aclaró que no son ellos los encargados de realizar los pagos, sino que sólo certifican que los gastos que registra Bomberos están conforme a los protocolos establecidos, consigna TVN. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/28/valparaiso-bomberos-no-acudiran-a-incendios-forestales-por-deuda-con-onemi/
  14. Lucía Pinochet deberá pagar impuestos adeudados entre 2000 y 2005 La Corte Suprema descartó infracción de ley en la sentencia recurrida que ordenó el reintegro de los impuestos que la hija del ex comandante en jefe del Ejército no pagó en esos años. La mañana de este martes, la Corte Suprema determinó que Lucía Pinochet Hiriart deberá pagar las diferencias de impuestos de primera categoría, global complementario y a la renta de los años tributarios 2000 a 2005. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm– descartó infracción de ley en la sentencia recurrida que ordenó el reintegro de los impuestos adeudados. En el periodo señalado, la hija del ex comandante en jefe del Ejercito no declaró todos los ingresos que recibió. www.latercera.com
  15. 06 Diciembre 2016 Alessandri asume alcaldía de Santiago criticando “amarre” de contratos El edil aseguró que solicitará una auditoría externa a la administración de Carolina Tohá por "problemas económicos". Con una crítica visión sobre la administración de Carolina Tohá asumió esta mañana en municipio de Santiago el nuevo edil, Felipe Alessandri (RN). En su discurso, el ex concejal destacó lo que serán los cuatro pilares fundamentales de su mandato: el diálogo con los movimientos estudiantiles, el trabajo con los vecinos, el trabajo con los funcionarios municipales y con los inmigrantes. Respecto al último tema -arista que ha marcado el debate político en las últimas semanas-, Alessandri indicó que “esta es una comuna inclusiva, no podemos estigmatizar. La delincuencia no tiene nacionalidad, la inmensa mayoría de los migrantes viene a aportar y los que no, tendrán que pasar por los tribunales de justicia”. Por otro lado, el alcalde aseguró que solicitará una auditoría externa a la gestión de Tohá por la existencia de “problemas económicos. “Amarre” de contratos Finalmente, Alessandri cuestionó la renovación de contratos que hizo Tohá al salir del Municipio, hecho que calificó de “amarre”. “La administración anterior renovó los contratos hasta diciembre de 2017. A mí me hubiera gustado tener la posibilidad de poder evaluar algunos de ellos porque es natural y de sentido común que un alcalde entrante quiera trabajar con la gente que mejor le parece”, manifestó. “Los considero lamentable pero ya está hecho, así que nosotros vamos a trabajar con lo mejor y ciertamente que lo vamos a evaluar”, concluyó el edil. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/alessandri-asume-alcaldia-santiago-criticando-amarre-contratos/
  16. 01 Noviembre 2016 Cuánto aumentó la deuda de Argentina desde que Mauricio Macri asumió la presidencia y por qué puede convertirse en su talón de Aquiles Aunque el gobierno de Mauricio Macri ha tratado de resolver varios problemas que afectan a la economía argentina, muchos economistas -y no sólo de la oposición- se muestran preocupados por el endeudamiento del país, que puede traer problemas a mediano y largo plazo. Algo –o alguien– tenía que aguar la fiesta. En Argentina, un grupo cada vez más grande y diverso de economistas y políticos muestran preocupación por los niveles inéditos de endeudamiento a los que ha llegado el gobierno de Mauricio Macri, a un mes de cumplir un año en el poder. Este nerviosismo contrasta con el entusiasmo que se siente en algunos círculos y medios de comunicación, que celebran con frases como "no terminamos como Venezuela" el viraje de las políticas "populistas" del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con el cambio de forma y algunas medidas concretas –como ajustar tarifas de servicios públicos, negociar con la oposición y buscar más transparencia en las cifras– Macri logró generar la suficiente confianza interna y externa para pagar una deuda de US$9.300 millones con tenedores de bonos. 3 cifras que mejoraron y 3 que empeoraron en Argentina desde que Mauricio Macri llegó al poder Con eso, Argentina volvió a los mercados internacionales después de 15 años. Y sí que lo ha aprovechado. En estos 11 meses, gobierno, provincias y bancos argentinos han recibido US$40.000 millones en préstamos, con lo que la deuda pública queda en cerca de US$200.000 millones, que representan casi el 30% del Producto Interno Bruto(PIB). 3 grandes obstáculos para que Argentina "vuelva a ser parte del mundo" Los números son alarmantes para algunos economistas; no por lo que revelen en sí, porque a niveles latinoamericanos Argentina sigue siendo uno de los países menos endeudados. Lo que temen, más bien, es que la llamada "lluvia de dólares"pueda echar para atrás todo lo "bueno" que consideran se ha hecho para bajar la inflación, reducir el déficit y recuperar el crecimiento. Los traumas del pasado El temor tiene el trasfondo en experiencias anteriores, cuando un alto déficit fiscal se financió con emisión de deuda sin la resolución estructural de la manera como Argentina paga sus cuentas. Pasó, guardadas las proporciones, en 2001, cuando el esquema de financiamiento internacional se cerró de repente en medio de una profunda crisis política y económica que terminó en el famoso "corralito" (la restricción de los depósitos bancarios) y en una explosión social que dejó 39 muertos. Pasó, también, en 1989, cuando varios planes gubernamentales para contener la inflación usando préstamos para financiar el déficit no funcionaron y se creó un ambiente de incertidumbre que disparó la fuga de capitales, generó hiperinflación y aceleró la salida del poder del entonces presidente, Raúl Alfonsín. Y pasó durante el régimen militar en 1979, cuando el gobierno de facto hizo varias minidevaluaciones sin reducir el gasto y no pudo contener la pérdida de reservas, lo que obligó a hacer una devaluación traumática y llegar, una vez más, a rozar la hiperinflación. Los argentinos saben del riesgo que implica emitir deuda, un mecanismo de financiación que en teoría es necesario y todos los gobiernos del mundo utilizan. No en vano la deuda es uno de los aspectos que más utiliza la expresidenta Fernández, que representa a una facción importante de la oposición, para criticar a Macri. "¿Adivinen quién lo va a pagar?", se preguntó en una reciente intervención difundida en las redes sociales redes. "No va a ser la banca extranjera, no va a ser el gobierno; van a ser los millones de argentinos y argentinas". Por qué puede ser un problema Por mucho que sean críticos de Fernández, algunos analistas que cuestionan el endeudamiento del gobierno Macri comparten la preocupación de la exmandataria. Y, en términos generales, lo explican así: los préstamos que ha recibido el gobierno no se están gastando en planes a largo plazo que puedan generar el dinero para cancelar esa deuda, sino en pagos de caja menor, reducción del déficit fiscal y aumento de las reservas internacionales. La pregunta es qué va a pasar con la deuda y el gasto del gobierno el próximo año. Los expertos consultados por BBC Mundo explican que las inversiones mixtas y privadas de hasta US$50.000 millones que Macri dice haber consolidado no son del todo directas y son consideradas "inversiones golondrina". En otras palabras, son capitales que pueden volver a salir del país en cualquier momento de incertidumbre o crisis internacional. Macri ha mantenido los altos niveles de gasto público del gobierno anterior, en parte debido a la presión que ejercen sindicatos y gremios y en parte, aseguran analistas, porque en 2017 habrá elecciones legislativas. Argentina tiene uno de los niveles más altos de gasto público de la región, que en un 80% se destina a servicios sociales (salud, educación o vivienda) y económicos (infraestructura, fomento o transferencias). Si el gobierno sigue gastando más de lo que tiene, coinciden los especialistas, tarde o temprano, de una u otra manera, se va a quedar sin dinero para pagar a los emisores de deuda. Y, con eso, podría volverse a los escenarios del pasado. BBC Mundo habló con el Ministerio de Hacienda y Finanzas en busca de un comentario para este artículo, pero no obtuvo respuesta concreta hasta el momento de publicación. "Por ahora tenemos calma,al menos hasta septiembre-octubre del año próximo", dice Hector J. Rubini, profesor e investigador de la Universidad del Salvador, con sede en Buenos Aires. "La preocupación es que se observa un fuerte crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública, pero no de la inversión productiva; y eso, sumado al atraso del tipo de cambio real, puede generar en el futuro serias dudas sobre la capacidad efectiva del Estado de generar suficientes dólares y pesos para pagar los compromisos con los acreedores", le asegura el economista a BBC Mundo. Juan José Cruces, director del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, añade: "Nuestra sociedad se cree mucho más rica que lo que es y está demasiado lista a desacreditar a cualquier gobierno que le pida un ajuste". Y hace un llamado: "Tomemos conciencia que el endeudamiento es una solución transitoria a un problema fiscal". "Yo tengo la esperanza de que el gobierno lo haga luego de las elecciones de 2017", dice en referencia a un ajuste que implicaría reducir significativamente el gasto público, que ha sido históricamente alto. Y concluye: "El riesgo es que nunca lo hagamos, ahí sí que estamos en problemas". Un recorte, sin embargo, podría tener efecto en los programas sociales que Macri prometió mantener, algo quizá más impopular que endeudarse. En ambos casos, una fiesta tendrá que aguarse. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/11/01/cuanto-aumento-la-deuda-de-argentina-desde-que-mauricio-macri-asumio-la-presidencia-y-por-que-puede-convertirse-en-su-talon-de-aquiles/
  17. De dónde nacen los $6 mil millones en deuda que deberá negociar Jorge Sharp en Valparaíso El monto de la deuda que deja Jorge Castro (UDI) corresponde principalmente. El próximo 6 de diciembre, Jorge Sharp asumirá oficialmente como alcalde de Valparaíso, luego de haber ganado en una sorpresiva elección frente al UDI Jorge Castro que llevaba varios años en el municipio. Y una de las primeras cosas que deberá sortear será la renegociación de una deuda gigantesca que deja Castro: 6 mil millones de pesos a distintos acreedores. Ese monto corresponde principalmente a dos grandes deudas: con el proveedor Total Transport S.A., encargada de proporcionar maquinaria operativa al municipio porteño. La cifra con esa empresa asciende a más de 5 mil millones de pesos, que deberán ser renegociados con Sharp. La segunda gran deuda corresponde al aseo y ornato de la comuna por servicios prestados por la empresa Fesa, a quienes se les debe mil millones de pesos. A esos dos montos se suma una deuda histórica del municipio que deja Jorge Castro con la Corporación Municipal de Valparaíso y que tiene que ver con el no pago de cotizaciones de trabajadores pertenecientes a ese organismo. Según El Mercurio de Valparaíso, el monto que debe la municipalidad a los trabajadores es de ocho mil millones de pesos, que fue pactado para pactar mensualmente 200 millones de pesos. http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/07/de-donde-nacen-los-6-mil-millones-en-deuda-que-debera-negociar-jorge-sharp-en-valparaiso/
  18. 19/09/2016 A la familia de Augusto Pinochet la sigue viendo dura, demandados y embargados por más de $3 mil millones por el Estado Los dineros mal habidos del dictador y traspasados a su mujer e hijos, como se acreditó en el caso Riggs, siguen dándoles de cabeza. El no pago de impuestos o una declaración inferior a la que les correspondía hacer, gatilló una serie de demandas e investigaciones. Y eso que no incluye el tema de Cema Chile. Así, varios de sus hijos enfrentan litigios, como la hija primogénita del dictador, Inés Lucía Pinochet Hiriart, quien sufre un embargo de la Tesorería General de la República por una deuda de $354 millones en impuestos no pagados. Por su parte a Verónica Pinochet Hiriart se le ordenó reabrir una causa por más de $ 64 millones de tributos no enterados en arcas fiscales y que había sido declarado prescrito, cuestión que la Corte de Apelaciones desestimó ordenando al Juez Tributario continuar con la acción. Y en la Corte Suprema se encuentra radicada otra causa, esta vez contra otra de las hermanas, Inés Lucía y que está pendiente de embargo. Marco Antonio Pinochet también se ha visto involucrado a través de la sucesión de Augusto Pinochet, que posee según el SII un incumplimiento tributario de más de $2.500 millones. No solo eso, En noviembre del año pasado y a petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Corte de Apelaciones decidió unificar la tramitación de las cinco causas por impuestos impagos entre el SII y el exgeneral Augusto Pinochet y la de su hijo, Marco Antonio. Las deudas tributarias del fallecido dictador ascienden a $2.500 millones y la de su hijo a $380 millones. Y suma y sigue, pues está en pleno apogeo el caso por impuestos impagos en tribunales cuyo origen es el caso Riggs (2004). Tal como señala Bío-Bío, el Servicio de Impuestos Internos fiscalizó el patrimonio familiar, determinando que Pinochet y parte de su familia "subdeclararon rentas, pagando así menos impuestos". Se liquidaron en consecuencia tributos por más de $3 mil millones que hoy se demandan. Ah y doña Lucía, la viuda del dictador, recién está siendo investigada por los dineros provenientes del acaudalado patrimonio de Cema Chile en sonde propiedades y cuentas y depósitos han sido embargados y en que el Fisco reclama su restitución al Estado, depredado en cientos de inmuebles. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160919/pags/20160919102531.html
  19. 28 de agosto del 2016 / 01:10 Hrs La deuda de Solange Huerta con los casos de menores La nueva directora del Sename registra negativos índices de desempeño en casos de niños víctimas de delitos sexuales mientras dirigió la Fiscalía Occidente. Sólo en 2015 archivó y dio salida no judicial a 1.000 denuncias -el 70% de los delitos de este tipo que indagó- y lidera a nivel nacional la aplicación de la decisión de no perseverar, la atribución más discrecional que tienen los fiscales para cerrar investigaciones. Los gritos de los vecinos evitaron una tragedia mayor. Una tarde de febrero de 2015, Francisca, de sólo cinco años, disfrutaba los juegos infantiles del parque cuando un hombre de 38 años se acercó a ella, se bajó los pantalones y al parecer le hizo tocaciones impropias. El individuo, de iniciales N.G.M.C, consumidor de pasta base y con antecedentes penales, fue detenido por la gente del barrio, que lo amarró a un poste y llamó a Carabineros. Considerando la flagrancia del delito y la gravedad del hecho, fue formalizado por abuso sexual por la Fiscalía Occidente. Tras exponer los antecedentes, el juzgado de garantía ordenó su prisión preventiva y fijó plazos para que el Ministerio Público efectuara nuevas pericias. Sin embargo, al poco andar, la fiscalía adoptó una medida que significó el cierre de la causa: en una audiencia de fecha 12 de junio de 2015, se comunicó la decisión de no perseverar (DNP), lo que no sólo puso término administrativo al caso, sino que, además, se tradujo en la libertad inmediata del sospechoso. La razón fue que no lograron localizar al testigo clave y que la menor no pudo ratificar los hechos. El 2015, en su último año al mando de la Fiscalía Metropolitana Occidente, una de las más grandes del país, Solange Huerta optó por enviar a archivo o decretar decisión de no perseverar en 1.000 casos de delitos sexuales contra menores. La cifra corresponde al 70,2% de las causas de este tipo que le tocó investigar. Siete puntos más que el promedio nacional de salidas administrativas para casos de delitos sexuales contra menores (63%) (ver infografía). Según cifras oficiales entregadas por el Ministerio Público, la ex fiscal decidió no perseverar con la investigación en el 14,3% de los casos de abusos a menores, superando a todos los fiscales a nivel nacional y donde la media es de 8,9%. El problema es que el DNP es una medida especialmente controversial, ya que es una facultad discrecional que tienen los fiscales que les permite cerrar los casos antes o después de la formalización. La decisión de no perseverar ha sido motivo de amplios debates en la academia y en el mundo del derecho, ya que es la única que otorga atribuciones jurisdiccionales a los fiscales, pese a que el espíritu original al crear el nuevo sistema procesal penal era separar la labor de los investigadores de la de los jueces. “Las decisiones de no perseverar carecen de control por los jueces. Las víctimas y querellantes no tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte de Apelaciones. Los fiscales regionales tienen mucho poder en esta materia pues aprueban los DNP, con lo cual las víctimas quedan más desamparadas”, señala Hernán Fernández, abogado especialista en casos de familia y maltrato infantil. En el total de casos que indagó la Fiscalía Occidente el 2015, en todo tipo de delitos, Huerta registra el mayor número de DNP a nivel nacional, con 7.144 casos, lo que equivale al 5,4% de sus investigaciones. A nivel de porcentajes, sólo es superada por la Fiscalía de la VI Región, donde no se perseveró en 5.850 casos, equivalentes al 7% de los casos de esa región. Al contrario del archivo, que es una salida administrativa cuando el caso no ha sido conocido por un juez, la DNP es el cierre de un caso aun cuando haya querella y esté judicializado. Esta decisión del fiscal no es apelable por parte de las víctimas. **** No habían pasado ni 48 horas desde que asumió su cargo en el Sename cuando empezaron los telefonazos de la nueva directora Solange Huerta al celular del fiscal a cargo de investigar las muertes de menores en el servicio, Marcos Emilfork. En la Fiscalía Nacional la situación generó molestia e incomodidad. Ya había causado revuelo que la ex persecutora aceptara asumir una jefatura en el gobierno de Michelle Bachelet, apenas 18 días después de renunciar a su cargo en el Ministerio Público. No sólo porque fue la misma fiscal que investigó a la Presidenta de la República en el caso Tsunami, sino además porque recién se había abierto una indagatoria para precisar las causas y el real número de muertes de niños y niñas a cargo del Servicio Nacional de Menores. En ese contexto, su nombramiento podía interpretarse como una forma de intervenir en el caso. Según fuentes de la Fiscalía, Emilfork optó por no contestar los llamados de su ex compañera, y la tensión se hizo evidente cuando el 20 de julio el fiscal dio la orden de allanar los centros del Sename en Coquimbo, O’Higgins, y el Maule, y él mismo entró de sorpresa a la oficina central en Santiago. “¡Marcos!”, lo saludó afectuosamente Solange Huerta al ver el operativo, pero él mantuvo la distancia y la trató de “señora directora”, relatan los testigos del cara a cara. Contactada a través de su jefa de prensa, Solange Huerta no entregó su versión para este reportaje. **** Durante 2015, en el total de 138.684 casos investigados por su fiscalía, de todo tipo de delitos, Huerta sólo llegó a sentencias condenatorias en el 10,3%, siendo el índice más bajo de las 18 fiscalías regionales, y donde el promedio nacional es de un 15,2% Los números no son mejores para Huerta en los casos de violencia intrafamiliar, que agrupan casos de maltratos entre parejas y contra niños. Durante el año pasado sólo llegó a sentencias condenatorias en el 5,4% de sus casos, siendo la tercera con peor registro a nivel nacional en este tipo de delitos, donde el promedio de condenas es de un 9,5%. En esta clase de delitos, su fiscalía se ubica como la cuarta que registró mayor porcentaje de DNP, 15,7%, mientras que en cantidad de casos es la primera a nivel nacional, con 2.727 casos cerrados bajo esta modalidad. Aunque los ingresos y tipos de términos de casos por región se encuentran detallados en las memorias anuales del Ministerio Público, La Tercera solicitó vía Ley de Transparencia un desglose hasta ahora desconocido: las cifras de los casos de menores víctimas de delitos sexuales durante los últimos ocho años y cómo han terminado esos casos. En el total de sus ocho años al mando de la Fiscalía Occidente, Huerta siempre registra peores índices que el promedio nacional en casos de delitos sexuales contra menores, en materia de archivo, salidas no judiciales e índice de condenas. Así, la nueva directora del Sename, durante toda su gestión, cerró un 69,1% de sus casos enviándolos a archivarse o decretando no perseverar en la investigación. Es la quinta fiscal con más alto índice en salidas no judiciales, mientras que el promedio nacional es de un 64,7%. En materia de condenas, durante todo su período registra un 11,4% de sentencias, el cuarto índice más bajo entre las fiscalías. El promedio nacional de condenas es de un 14%. **** Conocida por un carácter fuerte que le generaba partidarios y detractores en la Fiscalía Occidente que lideró entre 2008 y enero de 2016, Huerta, abogada de la Universidad de Chile de 47 años y que en su juventud fue cercana a la corriente almeydista del PS, era señalada como una de las autoridades con más manejo y habilidades políticas del Ministerio Público. Ejemplo de esto: era la única fiscal que contaba con jefe de gabinete en su equipo, figura que sólo había tenido el ex fiscal Alejandro Peña, quien curiosamente también asumiría un cargo de gobierno, cuando el 2011 fue nombrado asesor de la Subsecretaría del Interior en el período de Sebastián Piñera. Sobre sus simpatías políticas, Huerta declaró en una entrevista a El Mercurio de enero pasado que “no voy a arrepentirme de mi historia o de mi pasado, porque me siento profundamente orgullosa de lo que he sido toda mi vida. Pero cuando una optó por la carrera de fiscal, optó por una forma de vida y eso implica tener prescindencia política total. Lo único que podemos hacer los fiscales en términos políticos es ejercer el derecho al voto”. En otra entrevista a La Tercera de esa misma fecha, reconoció que pudo ser un error comunicacional su controvertida decisión de febrero de 2015 cuando, en medio de las vacaciones del entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, ella como interina reemplazó al fiscal de los casos Penta y SQM, Carlos Gajardo, por el fiscal Andrés Montes, hijo del senador PS Carlos Montes. La decisión generó revuelo y debió ser revertida por Chahuán. “El error fue cómo se transmitió el mensaje desde la fiscalía. El ambiente estaba tan convulsionado que la gente, y en general la prensa, opinaba sobre la base del prejuicio, sin tener los antecedentes concretos”, explicó la fiscal. Tras dejar la jefatura de la Fiscalía Occidente, Huerta asumió en marzo como directora de la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional. Pero renunció el 28 de junio. Según señalan en la fiscalía, ella comentó en privado que lo hizo sin tener ningún otro cargo en la mano y principalmente afectada por los sumarios internos contra su esposo, el fiscal Alvaro Pérez Verde-Ramo, por supuestos malos tratos a subalternos y no concurrir a una audiencia. No obstante, fue desde ese cargo cuando tendió puentes con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para abordar problemáticas de violencia de género, y con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, mientras trabajaban en el proyecto para implementar como evidencia en juicios las entrevistas videograbadas de menores víctimas de delitos sexuales. Según fuentes de La Moneda, la decisión de su nombramiento al mando del Sename fue tomada por Blanco y la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, y fue visada por Aleuy. **** Para las agrupaciones de defensa de niños víctimas de delitos sexuales, las cifras de cierres no judiciales de casos de menores son graves. No sólo las de la ex fiscal que hoy dirige el Sename, sino que las de todo el país. Y la tarea es cómo cambiar procedimientos y peritajes para que un mayor número de casos lleguen a condenas y no se cierren por falta de pruebas o por decisión del fiscal. Según el presidente de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, “estas situaciones sin duda pueden abrir una puerta de cuestionamiento y desconfianza. El camino para restablecer dicha confianza implica, en primer lugar, que un director o directora de un servicio tan importante como el Sename debe pasar un sistema de elección como el de Alta Dirección Pública”. En la misma línea, para Laura Germain, directora de la Fundación de Prevención de Violencia Infantil, “las cifras son preocupantes y creo que un abogado no debería estar a cargo del Sename, por la falta de visión que tienen con casos de menores. Aquí deben intervenir profesionales de más áreas, como de salud mental, terapeutas, etc.” Consultado por el nombramiento de Huerta en el Sename, el abogado Hernán Fernández sostiene que “para asumir responsabilidades en la protección de los niños hay que tener amplia formación y experiencia en esos temas. Allí deben estar los mejores, con mayor conocimiento y compromiso. Así los niños estarán protegidos." Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-694287-9-la-deuda-de-solange-huerta-con-los-casos-de-menores.shtml
  20. 19 de agosto del 2016 / 21:16 Hrs Colegio de Profesores pide compensar a 70 mil docentes por deuda histórica Magisterio retomó trabajo con el Mineduc y anunció marcha. Dicen que deuda real es de US$ 12 mil millones. Con una velatón este 31 de agosto y una marcha el 3 de septiembre, el Colegio de Profesores retomó su ofensiva por la deuda histórica. Esta fue una de las demandas más fuertes que marcó las movilizaciones de 2014 y que dio origen a una mesa de trabajo con el Mineduc que se quebró a fines del año pasado. Sin embargo, esa instancia fue rearticulada en junio con el objetivo de encontrar una salida al conflicto por esta deuda que, según cálculos del magisterio, asciende a US$ 12 mil millones y afecta a 70 mil profesores, aproximadamente. “Esta cifra equivale al 80% del presupuesto de Educación. Es como una bola de nieve que se ha vuelto impagable. Ante esta situación, lo que le estamos proponiendo a la autoridad es el camino de una reparación, de poder hacer una compensación”, explicó Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores. Así, según señaló el dirigente, luego de que en la comisión encargada de este tema el Mineduc les exigiera una propuesta concreta, el magisterio decidió pedirles un aumento de $ 300.000 en las pensiones de los docentes, además de un bono que variaría entre $ 5 y $ 10 millones. Gajardo agregó que la cartera de Educación está trabajando actualmente “en la cuantificación de la deuda, verificando los datos. Buscan tener claro el universo y la deuda, y sobre esa base hacernos una contrapropuesta”. La deuda histórica es una demanda de los docentes, quienes reclaman porque cuando se produjo el traspaso de los colegios públicos a la administración municipal, en 1981, se cambió el sistema de sueldos y se crearon asignaciones que no eran imponibles, lo que perjudicó sus pensiones. El Archivo Nacional es el encargado de perfilar a quiénes vivieron esta situación, explicó Verónica Monsalve, dirigenta del magisterio y presidenta de la comisión del gremio encargada de las negociaciones con el Mineduc. “Estamos presionando con toda esta acción para que la solución quede planteada este año. Independientemente de los tiempos que proyecta el gobierno. Estamos consciente de que estamos encima del presupuesto nacional, por lo tanto, estamos pendientes de lo que va a ocurrir en el Congreso. Buscaremos que nos apoyen como lo han hecho en ocasiones anteriores”, señaló Monsalve. Los profesores también buscarán el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según Monsalve, le “exigió anteriormente al gobierno chileno que repare el tema de las pensiones de los profesores, por lo que exigiremos que reclame y presione”. En la instancia negociadora participan 11 dirigentes del magisterio, y en representación de la ministra de Educación, Jaime Veas, director del Centro de Políticas de Educación. Otra de las actividades que el Colegio de Profesores está desarrollando para volver a situar en la opinión pública el tema de la deuda histórica es una campaña denominada “Gobierno cumpla, reparación a la deuda histórica”, que cuenta con un video en el que participan varias figuras públicas. Anteriormente, el gremio había propuesto un subsidio a la pensión, que consistía en un máximo de $ 120 mil. Para Jorge Schiappacasse, director de Impulso de Políticas Públicas de Elige Educar, “lo que refleja la discusión de pensiones es que quedan políticas por seguir discutiendo. Subimos el piso con el sistema de desarrollo profesional docente, pero falta todavía para llegar al techo”. Cabe destacar que en el marco de las demandas pendientes de los docentes, la extensión del bono de retiro está tramitándose en última etapa en el Congreso. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-693172-9-colegio-de-profesores-pide-compensar-a-70-mil-docentes-por-deuda-historica.shtml
  21. 13 de agosto del 2016 / 01:29 Hrs AFP suman más de un millón de juicios contra empresas por cotizaciones impagas Litigios por deuda efectiva de cotizaciones declaradas y no pagadas suman 986 mil. Deuda previsional sumaba $ 1,7 billón a 2014. El 60% del stock de deuda tiene más de 15 años. Las seis AFP del sistema mantienen 1.176.000 juicios contra empresas por cotizaciones impagas. Y en el registro histórico, los litigios que las administradoras han entablado para perseguir deudas previsionales, cuyo paradero deberían ser las cuentas de capitalización individual de los empleados, superan los dos millones, según cifras de la Asociación de AFP (AAFP). Al desagregar, los juicios por deuda efectiva -es decir, derivados de cotizaciones declaradas y no pagadas, DNP- suman 986 mil. En tanto, aquellos por mora presunta totalizan 190 mil y se trata de cotizaciones declaradas y no pagadas automáticamente (DNPA). Vigentes desde 1982, las DNP permiten a los empleadores declarar y diferir el pago de cotizaciones. O sea, con esta modalidad reconocen esos impagos, comprometiéndose a enterarlos, incluyendo intereses y reajustes. En su creación, el objetivo fue aliviar la situación financiera de las compañías, entonces afectadas por la crisis de la deuda. Mientras, a través de las DNPA se obliga a los empleadores a informar movimientos de personal y ceses laborales, presumiéndose que las cotizaciones se encuentran en mora si no son informadas oportunamente. No se trata de deuda efectiva, sino que presunta. Con todo, entre 1997 y 2015 las DNP, que involucran deuda cierta, han representado entre el 4% y el 7% del total de las cotizaciones. De hecho, las 264 mil cotizaciones declaradas y no pagadas registradas a diciembre del año pasado representaron un 4,5% de las 5,8 millones de cotizaciones pagadas. Al 31 de diciembre de 2014 el stock de deuda previsional por DNP ascendía a $ 1,7 billón (US$ 2.628 millones, con un dólar de $ 650), incluyendo intereses, reajustes y recargos, según el Informe de Deuda Previsional de la Superintendencia de Pensiones (SP) de 2015. La cifra representaba un 1,7% del valor de los fondos de pensiones acumulados a esa fecha. Sólo el 17,2% del stock señalado era por la deuda original de los empleadores, mientras que el 66,4% correspondía a intereses (ver infografía). En tanto, al desglosar por antigüedad, el 60,4% mostraba una historia mayor a 15 años, correspondiente a “cotizaciones previsionales por remuneraciones devengadas hasta el año 2000. A partir de entonces, el incremento porcentual del stock de deuda en el porcentaje acumulado ha ido decreciendo”, dice el informe de la SP. Efectos Los bajos montos de ahorro para la vejez son uno de los argumentos que se han esgrimido como causa de las reducidas pensiones. ¿Incide la deuda previsional en ello? Roberto Fuentes, gerente de estudios de la Asociación de AFP (AAFP), indica que las “DNP, debido al nivel de recuperación en la gestión de cobranza prejudicial y judicial, hoy no es significativo a nivel agregado, comparado con las lagunas previsionales o densidad de cotizaciones”. El documento Deuda Previsional en el Sistema de AFP, presentado el año pasado por la Dirección del Trabajo (DT), consignó que de los $ 200.322 millones generados por DNP en 2013, un 47,3% se recuperó en el mes; un 32,6% en los tres meses siguientes, como resultado del pago de los empleadores y de la cobranza prejudicial realizada por las AFP, y un 6,6% en el resto del año. Sin embargo, el 13,6% restante ($ 27.175 millones), pasó al stock de deuda. Vicente Lazen, director de RegFin y ex intendente de fiscalización de la SP, dice que “muchos empleadores utilizan este mecanismo como acceso informal a liquidez de corto plazo, especialmente en períodos de dificultad económica, pero la gran mayoría se termina pagando, con intereses y multas, en los primeros meses de retraso sin necesidad de mayores trámites por parte de las AFP”. La Comisión Bravo se refirió al tema en su informe final. Al hacer un diagnóstico identificó la ausencia de una institución específica responsable de la recaudación de la cotización y del cumplimiento de la ley. También observó cuellos de botella en el procedimiento judicial de cobranza y una “débil fiscalización” de la DT respecto de la evasión y elusión previsional. La propuesta 14 de las 58 sugerencias que hizo esa instancia apuntaba a crear en la DT una división que reporte a la Subsecretaría de Previsión Social sobre las materias vinculadas a las declaraciones, pagos, fiscalización y cobranza. “Se requería perfeccionar a la institución para que los montos que se recuperen sean mayores y, con ello, las pensiones de los trabajadores”, plantea José Luis Ruiz, integrante de la Comisión y director del magíster en finanzas de la U. de Chile. Fuentes expone que temas relacionados son la subcotización y la evasión. La primera es cotizar por una renta imponible menor a la verdadera; la segunda consiste simplemente en eludir el pago. “Los niveles de evasión de trabajadores asalariados llegan al 19%. De ese total, un 13% no tiene contrato de trabajo y un 6% con contrato no paga las cotizaciones”, manifiesta. Como sea, explica que el instrumento DNP facilita la gestión de cobro. “Permite que en un tiempo breve se identifique al deudor y se recupere la deuda reconocida por el empleador en un porcentaje muy elevado. No obstante, para aquellos trabajadores donde la recuperación no es posible, los efectos en la pensión pueden ser importantes”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2016/08/655-692452-9-afp-suman-mas-de-un-millon-de-juicios-contra-empresas-por-cotizaciones-impagas.shtml
  22. 05 de agosto del 2016 / 20:42 Hrs Deuda hospitalaria mantiene alza y llega a $ 187 mil millones a junio Esto, pese a inyección de Hacienda para saldar déficit y plan de contención del Minsal. Proyecciones indican que monto se duplicará. A junio, la deuda hospitalaria llegó a $ 187.997 millones a nivel nacional, confirmando la tendencia al alza de los últimos tres meses. Eso, pese a la inyección de $ 131 mil millones que realizó Hacienda en abril pasado, buscando revertir el déficit al mejorar los flujos y márgenes de negociacion de los directores de los 29 servicios de salud con sus proveedores. Se trata de un aumento que se mantendrá según la proyección realizada por el Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, que muestra que, a diciembre de este año, la deuda llegaría a los $ 400 mil millones netos. “Esto se debe a que existe una indisciplina fiscal a nivel de servicios de salud y al déficit del Auge/Ges, que se financia a través de la deuda. Además, responde a presupuestos de hospitales mal calculados y a un descontrol sectorial que es brutal”, dijo Héctor Sánchez, director del Instituto. Al respecto, la ministra de Salud, Carmen Castillo, dijo que “efectivamente la deuda está en alza y eso tiene que ver con temas estructurales que, históricamente, no hemos podido solucionar, porque requieren de un manejo y aclaración específica respecto a la materia”. La secretaria de Estado aclaró que “lo más importante es señalar que nunca vamos a dejar de hacer acciones, en beneficio de las personas, que permitan solucionar las urgencias”. La diputada (Ind) Karla Rubilar indicó que “no sirvió de nada la inyección de un cheque en blanco de Hacienda. Es posible que las medidas anunciadas fueran sólo de papel”, aludiendo la estrategia de equilibrio del gasto operacional que anunció el Ministerio de Salud (Minsal) y que consiste en que los gastos no sobrepasen el 3% de los ingresos de los establecimientos. Entre las instrucciones entregadas a los directivos, además, el Minsal ordenó mejorar el control de los gastos con programaciones financieras y ajustarse al presupuesto asignado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/08/680-691627-9-deuda-hospitalaria-mantiene-alza-y-llega-a--187-mil-millones-a-junio.shtml
  23. La querella de Pancha Merino por estafa por más de $ 230 millones contra socios de su marido Cuando Glamorama informó, en marzo pasado, sobre el divorcio de Pancha Merino, la panelista del matinal de Canal 13 ya había iniciado los trámites legales. La actriz entabló una querella por estafa y abuso de firma en blanco contra los socios de su ex esposo, el ingeniero Claudio Labbé, en una empresa dedicada a productos agrícolas llamada Comercial South Farms Limitada. Así lo informan hoy el diario La Cuarta y Emol. Según los datos publicados, los demandados por la protagonista de clásicas teleseries como Adrenalina y Cerro Alegre son Mario Dabed Jamis y Sergio Jalaff Sáenz. Ambos muy cercanos a ella, debido a que eran, aparte de socios, grandes amigos de su esposo. Jalaff fue compañero de colegio de Labbé y es el padrino de uno de los tres hijos del matrimonio. Por eso la crisis fue tan grande, que Merino cayó en una gran depresión y se separó. Y aunque nunca detalló públicamente las causas del quiebre matrimonial, en revista Cosas deslizó que “se trata de líos de platas que no han sido aclarados como yo quisiera. Ha sido muy duro porque hay cariños que se acaban, círculos que se destruyen”. Ahora que se conoce la querella, se hace público que la comentarista de Bienvenidos alega que se vio involucrada en una estafa por un monto aproximado de 232 millones de pesos. Afirma que los socios y amigos de su ex marido supuestamente la hicieron firmar, en calidad de esposa de Labbé, documentos para llevar a cabo operaciones de Comercial South Farms. “Lo que este (Claudio Labbé) me pedía que firmara, yo lo hacía sin ninguna desconfianza ni revisión”, señala ante tribunales, según los documentos a los que tuvo acceso La Cuarta. En los papeles presenatados ante la justicia, Merino detalla: “(Labbé) Me confesó que, presionado por Sergio Jalaff y Mario Dabed, y atendida la situación precaria de la empresa Comercial South Farms Limitada, los tres se habían puesto de acuerdo para engañarme y me habían hecho firmar una venta de mi terreno en Maitencillo en beneficio de la empresa de su ‘amigo’ Sergio y del hijo de Mario Dabed, ‘Global Soluciones Financieras S. A., con el fin de pagar deudas que también eran millonarias, pero que nada tenían que ver conmigo”. La actriz además señala que los acusados “utilizaron las hojas en blanco firmadas por mí y con mi huella digital para fines defraudatorios”.
  24. Mercado Central de Concepción sería rematado por millonaria deuda con el Fisco El ex administrador del recinto, José Neira, sostuvo que la expropiación sería el único camino para pagar la deuda que llega a los $1.000 millones. El recinto sufrió un incendio el pasado 28 de abril del 2013. SANTIAGO.- El Mercado Central de Concepción sería rematado este viernes 15 de julio debido a la millonaria deuda que acumula por contribuciones no pagadas. La acción se debe al requerimiento presentado por la Tesorería General de la Républica, que según informó el diario El Sur, acusa una deuda de $700 millones, que sumado los intereses y multas supera los $1.000 millones. "Son impagables las contribuciones, porque uno puede llegar a un acuerdo de tres años, pero al otro año llega otro monto y sube, lo que la final se hace insostenible", comentó el ex administrador y presidente de los accionistas del Mercado Central, José Neira a El Sur. Recordar que el edificio no está siendo utilizado debido a los daños que le provocó el incendio ocurrido el 28 de abril de 2013 y que hace cinco años vivió una situación similar. En esa oportunidad se suspendió el proceso debido a que el director de la Tesorería de la época, Juan Paulo Garrido, recibió un oficio del Servicio de Impuestos Internos, donde se informaba que se estaba realizando un nuevo avalúo del inmueble. En esa línea, el ex administrador de recinto comercial expuso que ya están presentando los escritos pertinentes para paralizar el proceso. Tal situación sería resuelta el mismo día 15 de julio. "Al final no va a haber remate. Tengo la convicción de que esa situación no sucederá", declaró Neira que además sostuvo que la tasación fiscal del Mercado es de $3.800 millones. "Con el intendente estuvimos ayer en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en Santiago, con el subsecretario Ricardo Cifuentes, para conseguir los recursos para el tema de la expropiación. Son más de $9 mil millones para ese fin, más los dineros que se deben tener para luego construir.", comentó el jefe comunal, el que sostuvo que el remate del edificio sería una mala decisión, comentó el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. www.emol.com
  25. Corte acoge recurso de protección en contra de empresa telefónica por acoso a cliente La acción judicial, dirigida a Movistar, fue presentada por el abogado Francisco Bravo. El tribunal de alzada señala que hubo un actuar arbitrario de la firma. SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por el abogado Francisco Bravo en contra de la Movistar S.A. por acoso telefónico a cliente por una supuesta deuda con la empresa. La sentencia del tribunal de alzada determina el actuar arbitrario, irracional e justificado el proceder de la empresa al utilizar "un verdadero acoso telefónico a un deudor". "Podemos colegir que existe un ámbito de protección de las personas que se encuentra precisamente referido a su integridad psíquica, que no puede ser vulnerado por los proveedores aun en caso de deudas, sino que debe recurrirse a los procedimientos ordinarios de cobranza judicial", indicó el fallo. A juicio del tribunal de alzada debería bastar "con poner en noticia del deudor la existencia de la obligación impaga, sin que tenga justificación bajo ningún aspecto incurrir en un verdadero acoso telefónico a un deudor, al margen de todas las oposiciones que aquél pueda realizar legítimamente en el procedimiento de cobro judicial de la deuda”. La resolución sostuvo que "ciertamente, la recurrida intenta justificar su conducta en la existencia de una deuda del recurrente, debiendo cuestionarse la empresa acerca de la racionalidad o justificación razonable de su proceder con dicha finalidad, la que aquí, como se viene sosteniendo, no es posible divisar”. "Nuestra Carta Fundamental consagra en el artículo 19 N° 1, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona, derecho fundamental que se ve vulnerado en cuanto a lo que se refiere a la integridad psicológica, en la medida en que este acoso telefónico resulta ser persistente, ajeno a lo razonable y excede, por lo mismo, los márgenes de lo permitido y tolerable, y en consecuencia procede acoger la acción interpuesta", agregó el fallo. Por lo tanto, concluye, "se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don Francisco Alejandro Bravo López, abogado (...) en contra de TELEFONICA CHILE S.A. (MOVISTAR), en lo principal de la presentación de fojas 15 y siguientes, debiendo la recurrida abstenerse de efectuar en el futuro llamados telefónicos de cobros extrajudiciales de la presunta deuda que con ella mantiene el recurrente ya individualizado". www.emol.com
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