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  1. 10 Febrero 2019 Una miserable farsa “Yo no sé si tiene igual alegría un católico a quien se invita a Roma o un árabe que marcha hacia la Ciudad Santa donde se guardan los restos de Mahoma. En el caso nuestro no hay espejismos religiosos, pero indudablemente existen fe, confianza y cariño”. Así escribía el senador comunista Elías Lafertte tras visitar la Unión Soviética en 1931, mientras la colectivización forzosa del campo ordenada por Stalin dejaba entre 3 y 11 millones de muertos. Lafertte no se enteró. Ojos que no ven, corazón que no siente. Por décadas se bromeó con que “cuando llueve en Moscú, los comunistas chilenos salen con paraguas”. Dependiendo de los intereses de la URSS, el PC chileno fue detractor o partidario de dictadores de izquierda como Fidel Castro (“aventurero pequeño-burgués”, lo llamaron en 1959), Mao y Tito. En nombre del antiimperialismo, el PC chileno apoyó todas las maniobras imperialistas de la URSS: la invasión a Hungría en 1956 (“en defensa del socialismo y la paz”, dijeron); el aplastamiento de la Primavera de Praga en 1968 ( “para impedir la exportación de la contrarrevolución”, según explicaron), y la intervención en Afganistán en 1979 (“frente a la conspiración externa, se recurre a la ayuda generosa y fraternal de la Unión Soviética”). Incluso cuando los comunistas chilenos combatían valerosamente contra la dictadura de Pinochet, respaldaban la represión a Solidaridad en Polonia, en 1981 (para “ayudar al pueblo polaco a aplastar la contrarrevolución”). En 1939, la URSS pactó con la Alemania nazi para repartirse Europa central y oriental, y luego invadió Polonia, Finlandia y los países bálticos. El canciller de Stalin, Mólotov, proclamó que “no hay incompatibilidad” entre el comunismo y el nazismo. Volodia Teitelboim recuerda que en Chile hubo “discusiones a gritos hasta entrada la noche buscando una justificación coherente”. No la encontraron, por cierto. Pero eso no impidió al PC chileno seguir defendiendo lo indefendible, “tratando de explicar lo sucedido a amigos no comunistas, estupefactos e indignados”, dice Teitelboim. Había en esta subyugación intereses financieros, como demostraron las investigadoras Evguenia Fediakova y Olga Uliánova. Pero, más que nada, lo que había era esa “fe” de la que hablaba Lafertte. En la era de las utopías, la URSS era el guía a la tierra prometida, y se la seguía con la certeza de estar del lado correcto de la historia. Esa certeza, como sabemos, se derrumbó hace mucho. Pero el PC chileno aún respalda dictaduras, en un eco que sigue rebotando cuando la música ya se ha apagado. En 2011 destacó a la tiranía hereditaria de Corea del Norte por su “lucha por la construcción de una próspera sociedad socialista (… y) la defensa de los intereses del pueblo coreano en contra de las maniobras del imperialismo norteamericano”. (Sí, “próspera”. Los coreanos del norte tienen un PIB per cápita de US$ 1.700 contra US$ 39.000 de sus hermanos del sur; viven 11 años menos, y son 5 centímetros más bajos que ellos). En 2018 celebró que Vietnam “mantiene en alto las banderas del socialismo y hoy destaca entre los países de mayor crecimiento económico y social” (al parecer nadie les contó que la dictadura vietnamita comenzó a crecer cuando se volcó al capitalismo, siguiendo el modelo chino). Ahora, el PC chileno cierra filas en torno a Maduro. La fraseología es la misma de 1956 o 1968: “extrema derecha golpista”, “salida fascista”. La ausencia de cualquier cuestionamiento al dictador de turno, también: “Maduro fue electo en un proceso transparente”, “el intento de golpe fue derrotado por el pueblo de Venezuela”, etc. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Puede el sufrimiento del pueblo venezolano aceptarse como un costo colateral en la gran marcha de la historia? ¿Alguien cree aún -como lo creían sinceramente con Fidel o Stalin- que el sacrificio vale la pena, porque el paraíso comunista está a la vuelta de la esquina? El padre del comunismo moderno, Karl Marx, escribió que “la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”. Ya sabemos cuál fue la gran tragedia del comunismo en el siglo 20. Hoy, Maduro es sólo la farsa. Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/una-miserable-farsa/523017/
  2. 12 Diciembe 2018 Daniel Matamala fustiga a parlamentarios que comparten noticias falsas: “Mienten descaradamente” "Es una tendencia peligrosa que está destruyendo el debate público y minando la democracia", sostuvo el periodista. Duras palabras para los parlamentarios y autoridades que difunden noticias falsas tuvo el periodista Daniel Matamala. Y es que su juicio, éstos “mienten descaradamente” porque hacerlo les otorga réditos políticos. Matamala hizo estas afirmaciones en el programa 360° de CNN Chile, donde se enfocó en tres casos recientes de “fake news”. Uno de ellos tuvo como protagonista a la diputada RN, Camila Flores, quien sostuvo en un programa radial que “los países serios están más bien abandonando la ONU”. “Falso. Nunca un país se ha retirado de las Naciones Unidas, y ni los serios ni los no serios, sea como uno los diferencie, han abandonado esa organización”, sentenció el periodista de CNN Chile. El segundo caso involucra al diputado PR Fernando Meza, quien dijo haber recibido información de que en TVN habrían prácticas de “sexo por pantalla“, que fueron desmentidas el mismo día por la estación televisiva. “El propio diputado debió desdecirse y pedir disculpas por esa falsedad, la que, vaya coincidencia, lanzó justo después de que una investigación periodística de TVN lo mencionó”, agrega Matamala. Finalmente, el profesional recordó las palabras del diputado RN Leonidas Romero, quien junto con decir que Chile tenía “una de las tasas más altas de Sida”, vinculó este hecho con la llegada de inmigrantes al país: “Doblemente falso. Aunque los contagios por VIH han aumentado, Chile está muy lejos de tener la tasa más alta de enfermos de SIDA. Y también es falso que “la mayoría” de los migrantes estén enfermos”. “¿Por qué autoridades públicas mienten tan descaradamente?”, se pregunta Matamala. “Por simple ignorancia y desidia, tal vez, pero también porque tristemente la mentira da frutos. Estas falsedades se replican sin chequeo alguno por redes sociales, les dan protagonismo, y son creídas por quienes ven que ellas se ajustan a sus prejuicios ideológicos (…) Es una tendencia peligrosa que está destruyendo el debate público y minando la democracia”, finalizó. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/12/11/daniel-matamala-fustiga-a-parlamentarios-que-comparten-noticias-falsas-mienten-descaradamente/
  3. 06 Enero 2019 En Chile no pasan esas cosas Está jodido Perú. Fíjense que en la víspera del Año Nuevo el fiscal nacional destituyó a los persecutores Pérez y Vela, que investigaban el caso Odebrecht. Un manto de impunidad caía así sobre esa trama de corrupción que involucra a empresarios y políticos de distintos partidos. Ay, Perú. País subdesarrollado, corrupto, con instituciones débiles. Por suerte en Chile no pasan esas cosas. Aquí habría sido inimaginable que los fiscales que develaron el esquema de platas ilegales en la política hubieran sido apartados de sus investigaciones. ¿Los fiscales Gajardo y Norambuena fuera del Ministerio Público por investigar demasiado? ¡Imposible! En Chile no pasan esas cosas. Aquí sería impensable, por ejemplo, que la Presidenta de la República hubiera intervenido el Servicio de Impuestos Internos para que este no se querellara y así frenar las investigaciones de platas políticas. ¡Ni pensarlo! O que intentara designar notario al fiscal que había indagado el caso Caval que involucraba a su familia. ¡Cómo se les ocurre! No sean majaderos. Si ya lo aclaró Enrique Correa: en Chile no hay corrupción, hay “maneras informales de financiar la política”. Por algo somos los ingleses de Sudamérica, los suizos del Cono Sur, los jaguares del hemisferio. Las instituciones funcionan, como decía don Ricardo. Y cuando alguien viola las normas, ¡ay de él! Si no me cree, vea el caso de los tragamonedas. En interceptaciones telefónicas captadas en 2017, aparecen evidencias de plata negra en campañas políticas de oficialismo y oposición. El cuñado y asesor de la actual diputada Érika Olivera le asegura al entonces presidente de la asociación de tragamonedas que “la Érika estaba muy contenta” y que “tenemos un voto asegurado pa’ la legalización” de los casinos clandestinos. El hijo del entonces candidato Nelson Hadad incluso da a un financista instrucciones específicas sobre cómo violar la ley electoral (“yo se lo paso a mi viejo, mi viejo lo deposita y se acabó”). La justicia será implacable, acuérdense de mí. Claro, es cierto que la ley aprobada por los mismos parlamentarios dice que sin querella del Servel no se puede investigar el financiamiento ilegal de campañas, y que el Servel -cuyos directores son ratificados por esos parlamentarios- ya decidió no querellarse en este caso. También es verdad que, a diferencia de cualquier otra infracción que cometa un ciudadano común, estos delitos prescriben tras solo 24 meses (o sea, a fines de este año). Y que el fiscal que ordenó interceptaciones y allanamientos fue removido del caso tras recibir el informe de la PDI que daba cuenta de “fraude al Fisco, tráfico de influencias, cohecho, defraudaciones, financiamiento ilegal de campañas políticas y asociación ilícita”. Pero en Chile no pasan esas cosas. Y cuando pasan, son severamente castigadas, sin importar si los culpables son personas poderosas. Todo el peso de la justicia caerá sobre ellos, tal como ocurrió con la colusión de las farmacias, los pollos y el confort, Caval, Penta, SQM y los abusos de O’Reilly y Karadima, casos todos en los cuales, como es sabido, sus responsables purgan severas penas de cárcel. Aquí sería impensable que un senador como Iván Moreira, confeso de haber recibido plata ilegal de un grupo económico, no solo quedara libre y sin castigo judicial, sino incluso siguiera sentado en el Senado. Mucho menos, que los dueños de Penta, líderes de una trama de evasión de impuestos y platas negras a políticos, terminaran sancionados con clases de ética. O que el propietario de Corpesca, tras descubrirse los millonarios pagos a parlamentarios que seguían las instrucciones de su empresa, fuera galardonado por el Diario Financiero como “Mejor Empresario” del año. Eso solo pasa en republiquetas. En países en que las instituciones son manipuladas por la élite para su propio beneficio. En que tener poder garantiza impunidad, incluso ante los delitos más graves y las evidencias más contundentes. Ustedes saben, países como Perú. Donde, para terminar la historia, la destitución de los fiscales provocó una ola de protestas en todo el país. El Presidente de la República volvió de emergencia de una visita a Brasil para enfrentar la crisis. Y, tras 48 horas, el fiscal nacional debió echar pie atrás, y los persecutores Pérez y Vela fueron repuestos en sus cargos para seguir investigando la corrupción. Eso sí que no pasó en Chile. Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/chile-no-pasan-esas-cosas/472812/
  4. 15 Diciembre 2018 Columna de Daniel Matamala: Dos minutos de odio Entre las páginas más perturbadoras de “1984”, la novela distópica de George Orwell, está la descripción de los “dos minutos de odio”. Un ritual en que se reunía a los ciudadanos de Oceanía frente a una gran pantalla para atizar su rabia hacia enemigos externos (el país rival de Eurasia) e internos (el traidor Emmanuel Goldstein). En 2018, presenciamos la demoledora eficacia política de los minutos de odio, en formato redes sociales. La campaña contra el Pacto Migratorio, impulsada por movimientos xenófobos europeos y replicada por sus imitadores en Chile, sigue el mismo libreto: escoger un “otro” (extranjero, negro, musulmán, homosexual) y volverlo una amenaza, propagando el miedo hacia él a través de mentiras. Con más de 17 mil visitas, el video de la activista Teresa Marinovic en YouTube advierte que de firmarse el pacto, “criticar la inmigración ilegal será un delito, usted no podrá decir nada contra la inmigración, porque si lo hace estará violando un tratado internacional”, y que “no habrá distinción entre migrante legal e ilegal”. Ambas son mentiras. El pacto (que no es un tratado) dice explícitamente que se debe “proteger la libertad de expresión” (página 28) y que como “los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria (…) podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular (página 5). Pero claro, entre darse la lata de leer un documento jurídico de 39 páginas, o apurarse en ganar likes viralizando el link, no hay donde perderse. Más cuando el siguiente video que YouTube activa es “El pacto satánico migración de la ONU se está celebrando” (67 mil visitas), seguido por “Einstein siervo illuminati: carta contra Dios – nunca fue científico” (9 mil visitas). ¡A quién le importa la verdad, cuando hay entretención asegurada! Por supuesto, oponerse al pacto migratorio es perfectamente legítimo, y el debate democrático sobre él es bienvenido. Pero toda esta histeria de infundios no tiene nada que ver con lo que realmente dice ese texto. La diputada Flores asegura que “los países serios se están saliendo de la ONU” (ninguno lo ha hecho). El diputado Romero encadena dos mentiras flagrantes: “nuestro país tiene una de las tasas más altas de enfermos de SIDA. Los migrantes que han llegado, la mayoría, vienen con su enfermedad”. Extranjeros, negros y sidosos. Perfecto. Más likes. Un expresidente se suma al circo. “Un millón” de inmigrantes han llegado a Chile en los últimos dos años, asevera Frei (la cifra real está en torno a la mitad). “Está lleno”, dice (tenemos 4,3% de migrantes, contra 10% de promedio en la OCDE). En “1984”, Orwell imaginó una gigantesca estructura de control, inspirada en el estalinismo de la URSS. 2018 es su versión light. Quién necesita telepantallas para vigilar a los ciudadanos en sus casas, si nosotros mismos revelamos nuestra intimidad a cambio de emoticones; para qué tener una policía del pensamiento, si basta con algoritmos que nos enganchan con contenidos a la carta (¡pactos satánicos!, ¡científicos illuminati!). En “1984”, cada vez que el Gran Hermano cambiaba su política, los funcionarios del Ministerio de la Verdad debían adulterar e incinerar documentos para reescribir la historia. En 2018, después que el gobierno cambiara su postura sobre el Pacto Migratorio, la cuenta oficial de la misión de Chile ante Naciones Unidas simplemente borró el tuit de julio en que “daba la bienvenida” al pacto. Ahora basta con un click para pretender que algo nunca ocurrió. ¿Que la evidencia sigue disponible en la web? No hay problema: la evidencia gana menos likes que el prejuicio. En septiembre, el Presidente Piñera dijo ante Naciones Unidas que el pacto migratorio estaba “en perfecta armonía” con la política del gobierno. Ahora, asegura que ese mismo pacto (no se le ha cambiado ni una coma) “contradice principios de nuestra política de migración”, “restringe nuestra soberanía”, “incentiva la migración irregular” y “lesiona los intereses de los chilenos”. Las razones políticas son fáciles de inteligir. Con su intempestivo giro, el gobierno cambió la agenda, del Caso Catrillanca a la migración, un tema en que tiene amplio apoyo popular y en que la oposición carga con el peso de la pésima gestión del gobierno de Bachelet. Como operación política para frenar la caída de Piñera en las encuestas, todo un éxito. Uno que nos pone en el eje de Trump, Orban y Bolsonaro, y empodera a los grupos radicales que usan las noticias falsas (vaya oxímoron) y el discurso de odio como efectivos mecanismos de acción política. Es pretender domesticar a un tiburón dándole una probadita de sangre. Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-matamala-dos-minutos-odio/447685/
  5. 25 Noviembre 2018 Columna de Daniel Matamala: Dientes y muelas "En resumen: el comandante en jefe del Ejército le ocultó a su superior civil información sobre graves delitos, la que sí compartió con 1.900 de sus subordinados en dos reuniones masivas. Y mintió sobre el involucramiento de oficiales en estos delitos: o en su discurso (¡dos veces!) o en su posterior explicación pública". “Desde el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas y Carabineros se han mandado solos”, dijo esta semana José Miguel Insulza. Viniendo de otro, habría sido una simple opinión. Saliendo de él, es una confesión. Gozan “de la autonomía para hacer prácticamente lo que quieren”, reconoció el ministro del Interior que más ha durado en el cargo en el último medio siglo. “Volvimos a la democracia y eso sigue siendo igual”. La confesión de Insulza es un hilo conductor para entender una semana que comenzó con el general director de Carabineros explicando una mentira, y terminó con el comandante en jefe del Ejército justificando otra. Lo de Carabineros es historia repetida: el enésimo “caso aislado” de mentira institucional. Hicieron pasar por enfrentamientos los baleos de Alex Lemún y Matías Catrileo. Dispararon a cascos y chalecos antibalas para presentarlos como falsa evidencia en tribunales tras matar a Jaime Mendoza Collío. Mintieron sobre el ataque de un carro lanzaagua que dejó en coma a Rodrigo Avilés en Valparaíso. Hicieron un montaje para inventar pruebas y enviar comuneros a la cárcel en la Operación Huracán. Y ahora destruyeron evidencia para encubrir la muerte de Camilo Catrillanca. En estos casos, la autoridad civil fue una entusiasta vocera de esas falsas versiones, cuestionándolas solo después de que la evidencia periodística o judicial las derrumbara. La explicación del general Hermes Soto por la destrucción de las imágenes de la muerte de Catrillanca (“eran imágenes personales de una situación personal con su señora”), fue el toque tragicómico. La filtración del audio del comandante en jefe del Ejército cerró el círculo de la confesión de Insulza. Hablando ante una audiencia de militares, el general Ricardo Martínez dijo que “oficiales y cuadro permanente” trafican armas al crimen organizado. Y lo repitió: “oficiales y suboficiales”, dijo, venden “a grupos de narcos, de delincuentes”. Apenas se publicó el audio, la reacción refleja de la autoridad civil fue, de nuevo, justificar. “Esto pasó hace meses, es un hecho público y notorio que fue judicializado y se conoce, de manera que no hay en esto una desinformación”, dijo el ministro de Defensa. Pero no era cierto. Horas después, Martínez debió reconocer que el caso -que en su nueva versión involucraría solamente a cinco cabos- no había sido informado ni al ministro de Defensa ni a la Fiscalía. La denuncia se hizo solo ante la justicia militar. ¿Y qué pasó con los oficiales? “Al mencionar a oficiales, buscaba evitar una diferenciación entre los integrantes”, dijo Martínez, una explicación que rivaliza en lo absurda con la del video íntimo del carabinero del Gope. En resumen: el comandante en jefe del Ejército le ocultó a su superior civil información sobre graves delitos, la que sí compartió con 1.900 de sus subordinados en dos reuniones masivas. Y mintió sobre el involucramiento de oficiales en estos delitos: o en su discurso (¡dos veces!) o en su posterior explicación pública. Los masivos cambios en los altos mandos de Carabineros y el Ejército este año pueden entenderse al menos como un intento del poder civil por abrir una primera rendija que perfore esta cultura de secretos y descontrol. Una cultura que explica cómo los fraudes en el Ejército y Carabineros pudieron alcanzar las gigantescas dimensiones que conocemos. Sumemos la Ley Reservada del Cobre, que es una receta de laboratorio para generar corrupción: inyecte US$ 26 mil millones sin fiscalización externa, tape la olla y espere a ver qué pasa: Caso Fragatas en la Armada, tanques Leopard en el Ejército, Caso Mirage en la Fuerza Aérea… Crímenes, mentiras, corrupción, ¿algo más? Sí: privilegios heredados de la dictadura. Mencionemos solo los dos más aberrantes. Uno es el piso mínimo para el presupuesto anual de las Fuerzas Armadas, equivalente al gasto, reajustado por inflación, de 1989. Una afrenta a la democracia: en el Chile de 2018, Pinochet sigue legislando. El segundo: el sistema previsional de los militares, en que por cada peso de cotización el resto de los chilenos aportamos nueve pesos adicionales. Así, los oficiales en retiro reciben jubilaciones promedio de $2.300.000. Por algo el general Martínez pidió a sus filas “defender con dientes y muelas” ese privilegio. ¿Es esa -la defensa corporativa de discriminaciones aberrantes- la función que esperamos de los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas? Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/columna-daniel-matamala-dientes-muelas/417338/
  6. RAE desmiente a concejala UDI que trató de corregir ortografía de Daniel Matamala Lo que comenzó como una discusión política entre el periodista Daniel Matamala y la concejala de Colina Soledad Vial (UDI) terminó con la propia RAE (Real Academia Española) interviniendo. Todo comenzó luego que Vial cuestionara al periodista por la editorial presentada el 10 de junio en CNN, en donde Matamala habló del caso La Polar. ¿Y Universidad Arcis, Daniel? Partido comunista: llegar y robar y Sindicatos de empresas Maersek: Extorsionar y quebrar. Por favor, Daniel, deja de ser activista político de izquierda, y empieza a hacer periodismo. Ustedes son los que han echado a perder el periodismo en Chile, escribió la concejala. Luego, siguió discutiendo con otras personas que salieron en defensa de Matamala, donde tildó la palabra eso en más de una ocasión. En su respuesta, el comunicador le indicó a la representante gremialista que la palabra eso no llevaba tilde, lo que cambió el trasfondo de la discusión. Si va a seguir en esta discusión circular, acusando a todo el mundo de ser de izquierda, por favor al menos deje de escribir eso con tilde una y otra vez. Duelen los ojos. Gracias, tuiteó el presentador de noticias. Es común que cuando la izquierda se queda sin argumentos, comienza a atacar con la ortografía. En este caso, el periodista de izquierda, Daniel Matamala, que informa, opina y hace editorial de CNN, le salió el tiro por la culata, porque desconoce la regla de los deícticos, fue la enfática respuesta de la aludida. Posteriormente la concejala compartió una supuesta cita textual de la RAE que apoyaba su postura. Sin embargo, luego de algunos días, fue la propia RAE la que intervino en la discusión, explicando que eso nunca lleva tilde. Y además aseguró que el escrito subido por Vial no fue redactado por ellos. Los demostrativos neutros «esto», «eso», «aquello» no llevan (ni han llevado nunca) tilde diacrítica porque no son ambiguos (siempre son pronombres), explicó la RAE. Para usar el logo de la RAE debe ponerse en contacto con [email protected] ya que el texto puede confundir a los lectores de este texto con un comunicado o texto oficial de la RAE, algo que no es. Le rogamos que retire el logo de su texto para no generar más confusión. Gracias, agregó, poniendo fin a la discusión ortográfica. Finalmente, Soledad Vial terminó reconociendo el error ante la insistencia de los usuarios que le pidieron una respuesta ante el emplazamiento de la RAE.
  7. 29 Abril 2018 Atado y bien atado Como nos hemos enterado en las últimas horas, en el caso Penta ahora lo intransable se transa, el soborno ya no es soborno, y tanto Wagner como "los Carlos" negocian recibir una cómoda pena remitida, sin juicio oral y sin cárcel. «De más está decirte que cuentes conmigo para lo que necesites», le decía Pablo Wagner en sus mails a uno de los dueños de Penta, Carlos Lavín. En esos mismos correos en que se declaraba «agradecido de por vida», negociaba con él el pago de $ 42 millones que recibió en platas negras de Penta mientras era subsecretario de Minería, y hacía gestiones como promover la designación de su mecenas en el directorio de Codelco. Para el fiscal Manuel Guerra, hace poco esos correos y esos $ 42 millones eran prueba de soborno, «un tema intransable, por la relevancia de este delito, en cuanto al bien jurídico que afecta: la probidad pública». Pero, como nos hemos enterado en las últimas horas, en el caso Penta ahora lo intransable se transa, el soborno ya no es soborno, y tanto Wagner como «los Carlos» negocian recibir una cómoda pena remitida, sin juicio oral y sin cárcel. Todo atado y bien atado. Que «se le dé la mayor celeridad posible a la investigación por la cual ha sido desaforado, atendiendo que se afectan los quórums necesarios para la aprobación de leyes y para no afectar la voluntad popular expresada en el reciente acto eleccionario». Esas fueron las palabras con que un oficio del Senado exigió al fiscal nacional apurar el caso de Iván Moreira. Poco después, la fiscalía abandonó el caso sin perseguir condena, con una simple suspensión condicional. Esta semana, Jorge Abbott tomó el micrófono ante una audiencia selecta que incluía a uno de los dos firmantes de ese oficio, el entonces senador y ahora ministro de Justicia, Hernán Larraín. Como un alumno ansioso por complacer a sus examinadores, Abbott repitió frente a ellos casi textualmente esas palabras, pero ahora haciéndolas suyas. «Los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que se afectan los quórums de las votaciones legislativas». Los persecutores ya no solo deben investigar delitos, sin importar quién los cometa. Ahora su trabajo «se trata de resguardar la voluntad popular expresada en las urnas» (otra frase que Abbott copió casi textualmente del oficio del Senado). El argumento es más increíble aún porque estamos hablando de casos en que, precisamente, se violaron las reglas de la competencia democrática. Parlamentarios ganaron haciendo trampa, recibiendo platas negras para romper los límites de gasto electoral. Al abandonar las investigaciones, la fiscalía permite que esa trampa determine la composición del Congreso. Todo atado y bien atado. Según Transparencia Internacional, Chile es el segundo país menos corrupto de Sudamérica, pero su posición se ha deteriorado en los últimos tres años. Esta es una pendiente resbaladiza. Si todos compran y venden influencia con platas negras, quien no lo hace queda en desventaja, tal como el atleta honesto no puede competir si no se controla el doping. A ese empresario o político íntegro le quedan solo dos opciones: retirarse de la competencia o hacer trampa él también. Y si el poder compra impunidad, el incentivo no es no hacer trampa. Es acumular el poder suficiente para estar a resguardo si la trampa llega a descubrirse. Y eso es clave. Porque la evidencia mundial muestra que para ganarle a la corrupción no basta con el crecimiento económico, la democracia, la transparencia y la educación. Es necesario que la élite decida liderar esa batalla. Veamos el caso de Suecia y Dinamarca, considerados hoy como paradigmas de la probidad. Hasta mediados del siglo XIX eran países muy corruptos, en que los puestos en el Ejército se compraban y los funcionarios públicos que robaban al Fisco quedaban impunes si devolvían la plata al ser pillados con las manos en la masa. ¿Qué pasó? Según investigaciones como la de Rothstein y Teorell, fue solo cuando la oligarquía se sintió bajo una amenaza existencial que accedió a las reformas. En el caso de Suecia, fue una guerra perdida con Rusia y un extendido fermento revolucionario los que crearon la conciencia. Los casos, más modernos, de Hong Kong y Singapur muestran algo parecido; solo cuando la élite se sintió bajo amenaza interna o externa avanzó en medidas reales para derrotar la corrupción en el más alto nivel. En Chile, esa amenaza fue fuerte en 2015, cuando Penta, Caval y SQM estaban fuera del control político. Esa sensación de peligro existencial permitió algunos avances, como las reformas propuestas y empujadas por la Comisión Engel. Pero ese impulso ya acabó. La marea ha vuelto a la normalidad. Y ante la evidencia, más que imitar a Suecia, los dueños del poder están decididos a hacerse los suecos. Confían en que ya está todo atado y bien atado. Fuente: http://www.latercera.com/opinion/noticia/atado-bien-atado/148499/
  8. 15 Abril 2018 Columna de Daniel Matamala: Peces gordos "Los peces gordos siguen confiados. Tanto que, después de ser sorprendidos in fraganti, con las manos en la masa, siguen desafiantes como si nada hubiera ocurrido, amenazando al Estado con demandas si se toca el punto clave: el obsequio de los 20 años renovables a perpetuidad para las grandes pesqueras". “La empresa como tal es totalmente ajena”. La expresión de Roberto Angelini es de esas que hay que leer una y otra vez para convencerse de que es cierta. Pero lo es: el dueño y presidente de Corpesca, en una carta a sus accionistas, sostiene que la empresa no tiene ninguna relación con el cohecho que acusa la fiscalía sobre los exparlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi en ese caso. Sabemos que el entonces gerente general de la firma, Francisco Mujica, pagaba una mesada a parlamentarios mientras les daba instrucciones explícitas sobre cómo votar, qué gestiones hacer, qué discursos dar. Todo con formularios del tipo “firme aquí”, muchas veces en los mismos correos en que se discutían detalles de los pagos. Y no solo sobre la Ley de Pesca. Presentaciones a la Contraloría, ratificación de tratados internacionales, cuotas de captura del jurel, todo era controlado, con puntos y comas, desde la gerencia general. Pero todo eso -nos enteramos ahora- es “totalmente ajeno” a Corpesca. Al parecer, el gerente general pagaba a parlamentarios como un hobby personal, en sus ratos libres, tal como otros riegan el jardín o ven un partido de fútbol. La acusación de la fiscalía es solo la punta de un iceberg de platas e influencias, tanto legales como ilegales. Sabemos que al menos 20 compañías pesqueras financiaron campañas vía aportes reservados, y que, sumando los aportes de sólo siete de ellas, un mínimo de $ 333 millones pasaron, por la vía legal, de las pesqueras a las campañas de 35 políticos. Los casos de boletas por supuestas asesorías a parlamentarios y sus cercanos suman decenas. Fue, sin duda, plata muy bien invertida. Tras aprobarse la Ley de Pesca, una de las empresas, Blumar, pudo anunciar orgullosamente en su memoria como parte de sus activos 48 millones de dólares en “derechos de permisos de pesca” con una vida útil “indefinida”. Fue el generoso regalo de todos nosotros a las pesqueras. Luego, Michelle Bachelet prometió cambios sustanciales a la ley. En vez de eso, nombró a uno de los favoritos de la billetera de las pesqueras como subsecretario del ramo. Raúl Súnico recibió aportes reservados para sus campañas, y su esposa boleteó para las pesqueras mientras él operaba en su favor desde el municipio de Talcahuano. La ley, por supuesto, sobrevivió incólume al gobierno de Bachelet. Cambio de mando. Y Jorge Ulloa, principal defensor del lobby pesquero en el Congreso (boletas cruzadas mediante), es el nuevo intendente del Biobío. Francisco Orrego, expresidente de Sonapesca, ha sido nombrado en la presidencia de TVN. Orrego asumió el liderazgo de las pesqueras después del trámite de la ley. Pero fue su principal defensor, llegando a acusar de “chavistas” a quienes piden anularla. La verdad es que si algo es chavista, es la Ley de Pesca vigente. Hace lo que ocurre en las autocracias como Venezuela; beneficiar con un regalo regulatorio a los incumbentes que tienen el poder y saben cómo aceitar a las autoridades. Es un ejemplo de libro de cómo el poder económico puede extraer rentas cooptando a la política. Y es una vergüenza para un país que dice practicar la libre competencia…, mientras no haya un interés suficientemente poderoso al que no le convenga. Los peces gordos siguen confiados. Tanto que, después de ser sorprendidos in fraganti, con las manos en la masa, siguen desafiantes como si nada hubiera ocurrido, amenazando al Estado con demandas si se toca el punto clave: el obsequio de los 20 años renovables a perpetuidad para las grandes pesqueras. Ese es el dilema que definirá si la anunciada reforma a la Ley de Pesca será cosmética o de fondo. Como senador, en los años 90, Sebastián Piñera fue un importante adversario de las regalías a los Angelini y los otros colosos del sector pesquero. Pero en su campaña de 2009 fue el principal receptor de aportes reservados de las pesqueras, y ya sabemos lo que hizo en su primer gobierno. ¿Será capaz ahora Piñera de enmendar uno de los legados más impresentables de su primer mandato? ¿Se atreverá a enfrentar -como lo hizo siendo un joven senador- el poder de los peces gordos de la industria? Es una prueba de fuego. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/columna-daniel-matamala-peces-gordos/134013/
  9. 12 Marzo 2018 Columna de Daniel Matamala: Después de mí, el diluvio La parte oscura del cuatrienio Bachelet es mucho más profunda y, a largo plazo, peligrosa, que un par de puntos menos en el PIB. Lo que se instaló en estos cuatro años fue la cohesión de una élite atrincherada en sus privilegios, e impúdica a la hora de usar las instituciones para defender su impunidad. No sabemos si lo dijo Luis XV o su poderosa amante, Madame de Pompadour. Qué importa. La frase es eficaz, porque mezcla la advertencia profética (mal que mal, el sucesor de Luis XV no lograría conservar su real cabeza sobre sus hombros), con una desganada indolencia sobre lo que viene después del monarca de turno. Luis XV dejó una bomba de tiempo: un Estado económicamente arruinado, con una estructura de poder fosilizada, sorda a las demandas de la pujante burguesía. Pero qué más da. Après moi, le déluge. La frase captura el espíritu que marcó la desconcertante última semana de Michelle Bachelet en La Moneda. No tenía por qué terminar así. De hecho, el calendario regalaba un cierre dulce para la Presidenta. El Día Internacional de la Mujer le permitía redondear su mandato sacando lustre a sus éxitos en materia de igualdad de género, como el aborto en tres causales y la ley de cuotas. Mejor aún: el Oscar a Una Mujer Fantástica le entregó en bandeja una ocasión perfecta para liderar la discusión nacional y poner a la defensiva a un Sebastián Piñera que había dicho que a veces casos como el de la aclamada Daniela Vega “se corrigen con la edad”. Desde el episodio Bielsa que no había un momento tan propicio para contraponer los puntos fuertes de la Presidenta con los débiles del Presidente. Pero Bachelet no lo quiso así. Prefirió que sus éxitos (un Chile más inclusivo, con libertades individuales ampliadas y menos tabúes sociales que hace cuatro años) pasaran a segundo plano. Y que, dictado desde La Moneda, un tono de apatía ante la inminencia del diluvio se tomara la escena. ¿Cómo si no describir la impavidez de un gobierno bajo cuyas narices se desenvuelve el escándalo del caso Huracán? Una “máquina de implantación de pruebas”, en palabras del Ministerio Público, con la cual Carabineros embarcó a La Moneda en lo que se presentó como su mayor éxito policial en La Araucanía. ¿Qué queda de eso? Evidencia inventada para encarcelar sujetos incómodos, desprestigiar fiscales y espiar periodistas. Y por añadidura, todo esto hecho a punta de chambonadas dignas del Súper Agente 86. La respuesta de La Moneda: un enérgico “téngase presente” dirigido… al fiscal nacional. De Ripley. La sobrevivencia en sus puestos de los generales Blu y Villalobos (cómplices en el peor de los casos, negligentes en grado sumo en el mejor) terminó siendo indicativa de una herencia nefasta de este gobierno: el relajo de las normas de responsabilidad, e incluso de la sujeción policial a la autoridad civil. Sigamos con el proyecto de nueva Constitución, otro monumento a una cierta indolencia, a la falta de disciplina de una idea que tuvo dos momentos potentes (el “Marca AC” en 2013 y los cabildos en 2016), desperdiciados sin mayor explicación ni estrategia. Presentar un proyecto a la hora nona, después de haber dilapidado todo el capital político ganado en esas movilizaciones ciudadanas, suena más a frivolidad que a la concreción de una promesa. Una sensación que se refuerza con un texto que saca del sombrero el conejo de vetar a los menores de 40 años la posibilidad de ser candidatos presidenciales. ¿Cómo un proceso ciudadano para abrir de par en par las puertas de la política termina como instrumento para sacar de carrera posibles nuevos líderes de 2021? Sumemos el epílogo de Punta Peuco, una serie por entregas en que la Presidenta tenía dos opciones respetables: mostrar su compromiso con los derechos humanos cerrando ese penal de privilegio, o explicar al país por qué esa medida no era conveniente. En cambio, Bachelet convirtió el futuro de los violadores de derechos humanos en un jueguito de misterio, que terminó por enervar hasta a sus más fervientes partidarios en la izquierda. Y qué decir del notario. En cualquier país serio, lo ocurrido es un escándalo gigantesco. Un fiscal investiga un caso que involucra al hijo de la Presidenta de la República. Tiene en sus manos parte del futuro judicial de su familia, y el político de su gobierno. Toma decisiones de enorme trascendencia: formaliza a la nuera, pero no hace lo propio con el hijo, y se niega a interrogar a la Presidenta. Tras dejar el caso, ese fiscal postula a una lucrativa posición de privilegio, decidida a dedo (desde una terna) por el gobierno. Se elige a otro candidato, pero “instrucciones superiores” (como explica Jaime Campos a sus colaboradores según La Tercera), obligan al ministro de Justicia a deshacer el decreto original y nombrar en cambio al ex investigador. El único superior directo del ministro es la misma Presidenta de la República, cuya suerte política y familiar había dependido de las resoluciones del beneficiado. La pérdida de pudor de todos los involucrados en el episodio (partiendo por el propio Toledo) resulta pasmosa. Los críticos al gobierno que terminó ayer se han centrado en el frenazo económico y la polarización política como los grandes pasivos en el balance de Bachelet. Y, en consecuencia, el nuevo gabinete repite como mantra las palabras “crecimiento”, “inversión”, “diálogo” y “consensos”. Pero la parte oscura del cuatrienio Bachelet es mucho más profunda y, a largo plazo, peligrosa, que un par de puntos menos en el PIB. Lo que se instaló en estos cuatro años fue la cohesión de una élite atrincherada en sus privilegios, e impúdica a la hora de usar las instituciones para defender su impunidad. Huracán y el notario no son casos aislados. Más bien resultan el corolario en la destrucción de la credibilidad de instituciones tan fundamentales como Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos (usado por el gobierno como dique salvador de los políticos en los casos de platas irregulares), y la propia fiscalía, convertida en escenario de arreglos bajo cuerda que aseguran la impunidad para los que tienen el cargo, el apellido o la conexión correcta. Fue una seguidilla incremental de decisiones, primero tímidas, luego envalentonadas y finalmente desembozadas, que han cerrado uno a uno los boquerones que amenazaban con hacer de la igualdad ante la ley algo más que un bonito eslogan. En esto Bachelet no estuvo sola, claro. Pero ella tuvo una oportunidad única para haber canalizado la indignación ciudadana en un movimiento reformista capaz de desatar los nudos entre política y dinero, a la usanza de Theodore Roosevelt y su cruzada contra el poder de los “barones ladrones”, a comienzos del siglo pasado en Estados Unidos. Tras llegar a la Presidencia con dinero ilegal de los magnates de Wall Street, Roosevelt tuvo el talento político para encabezar el movimiento de repulsa a las mismas prácticas que lo habían beneficiado. Reformó el sistema, y hoy su cabeza está esculpida en el monte Rushmore junto a las de George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. El camino del Chile de 2014-2018 fue otro. Cuando el agua entró en ebullición, la élite decidió sellar la olla a presión en vez de darle una vía de escape. Al menos Luis XV estaba consciente de que venía el diluvio. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/columna-daniel-matamala-despues-diluvio/96385/
  10. Hasta Alfredo Moreno, presidente de Penta, es socio de la entidad Daniel Matamala critica duramente a Chile Transparente, donde es director Insulza, por defensa del ex canciller a Longueira por El Mostrador 16 febrero 2016 El periodista cuestiona el estándar de la organización local frente al de su matriz internacional al recordar que aquí al menos su presidencia parece un cargo reservado para políticos en tránsito a otros cargos. Sin contar que algunos de sus socios son conocidos nombres de la elite, pero cuestionados en algún momento por su desempeño privado. "Transparencia a la chilena" se llama la columna que el periodista Daniel Matamala publicó en revista Qué Pasa a propósito de la entrevista en que José Miguel Insulza defendió al ex senador Pablo Longueira, después de que se descubrieran los correos relativos al lobby que hizo con Patricio Contesse, ex gerente de SQM en el marco de la tramitación de la reforma tributaria. Matamala, autor del recientemente publicado Poderoso Caballero: El peso del dinero en la política chilena, recuerda que Insulza está entre los integrantes del directorio de Chile Transparente, capítulo chileno de la ONG global Transparency International. Matamala se encarga de comparar el estándar de la sede chilena con el de la matriz internacional con sede en Berlín, Alemania. "No soy partidario de los linchamientos populares", repitió dos veces en entrevista con La Segunda el director de Chile Transparente. Y agregó que la conducta de Longueira ("negoció muchas cosas y seguramente intercambió mucha información con muchos empresarios") era "perfectamente normal". ¿Cómo calzan tales palabras con los ideales que TI promueve en el mundo? La corrupción, debemos recordar citando la definición de la misma TI, es "el abuso del poder confiado para obtener una ganancia privada". A Pablo Longueira le fue un confiado un poder en representación de los ciudadanos (un cargo de senador), el cual usó en beneficio de un poder privado con quien mantenía relaciones de mutua conveniencia. Y sin embargo, en nuestra muy chilena versión de la transparencia, cuestionar las prácticas de ese poder confiado por los ciudadanos equivale a salir a la calle portando cruces ardiendo y con la cara tapada con un gorro cónico blanco, buscando a quien colgar de un árbol, escribió Matamala. El conductor de CNN cita al presidente de la organización para cuestionar la posición de Insulza. "El presidente de Transparency International, José Ugaz, cree lo contrario. El abogado peruano destaca la indignación pública ante los escándalos en países como Brasil: "'Es alentador que los ciudadanos se hayan movilizado para combatir la corrupción y los corruptos', consigna Matamala, y agrega: Sabemos que Pablo Longueira no sólo filtró información reservada a su amigo y financista Patricio Contesse en 2010, cuando era senador. Hizo lo mismo en 2014, cuando ya no ejercía cargos formales, pero de todos modos negociaba la reforma tributaria. Hay en ese episodio una doble opacidad: la participación de Longueira se hizo de espaladas a la ciudadanía, y él uso esa posición secreta para beneficio de su financista. Y luego vuelve sobre Insulza recordando otra de sus respuestas en la entrevista con La Segunda: "No siendo funcionario público yo informo a quien quiero de lo que me da la gana'", es el estándar de Insulza. O sea, quienes participan de las «cocinas» extrainstitucionales en que suele condimentarse la política chilena, tienen carta blanca para usar esa posición para su provecho personal (...) El estándar de TI, afortunadamente, es muy diferente al del miembro del directorio de su capítulo chileno: la corrupción política, explican, es cometida por quienes 'abusan de su posición para sostener su poder, estatus y riqueza. Después Matamala además cuestiona una especie de "silla musical" para políticos en tránsito que se da en la versión chilena de la organización. En la presidencia, antes que Insulza, estuvo José Antonio Viera-Gallo, quien había cumplido su período como ministro en el Tribunal Constitucional y "dejó" en el cargo a José Miguel Insulza, cuando fue nombrado embajador en Argentina. Insulza venía de cumplir su período en la OEA y dejó la presidencia de Chile Transparente, para quedar solo en el directorio, cuando fue nombrado agente chileno para la demanda boliviana en La Haya. Un perfil que contrasta fuertemente con el de TI, donde los principales cargos no son ocupados por políticos en transición entre un cargo y otro, sino por destacados luchadores contra la corrupción en sus respectivos países. Su directorio está presidido por Ugaz, quien persiguió, hasta llevar a la cárcel, a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, escribe Matamala Efectivamente, el nombre de Insulza no es el único que podría cuestionarse entre los socios que aparecen en la lista de Chile Transparente. Entre ellos se encuentra además el ex canciller Alfredo Moreno, parte directorio de las empresas Penta, y asesor del grupo cuando estallaron los casos de financiamiento irregular en la política. También lo integran el abogado Enrique Barros, que defendió a la empresa Don Pollo, multada por colusión. Además el estudio al que pertenece tomó la defensa de la supermercadista SMU, acusada de coludirse con la competencia en el mercado avícola. Entre los socios también está el ex subsecretario Jorge Correa Sutil, que mientras estuvo en Interior, durante el gobierno de Lagos, fue cuestionado por la forma en que manejó el programa de Derechos Humanos que dependía de él, dificultando la investigación en algunos casos. En la lista también está el ingeniero Marcos Lima que, como gerente de Codelco, no quiso en primera instancia entregar los sueldos de algunos ejecutivos de la estatal con la excusa de que la competencia podía levantarlos. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/02/16/daniel-matamala-critica-duramente-a-chile-transparente-donde-es-director-insulza-por-defensa-del-ex-canciller-a-longueira/
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