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  1. 30 Octubre 2019 Gobierno recibe a delegación de la ONU por DDHH y asegura "la mayor transparencia" a investigación El Gobierno aseguró que facilitarán todas las herramientas a la delegación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que este miércoles llegó a Chile. La información fue confirmada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien aseguró que “la mayor trasparencia, la mayor apertura, la mayor disposición”. Las declaraciones de la autoridad se dieron luego de una reunión que sostuvo junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, con parte de la delegación que llegó para constatar posibles violaciones a los DDHH por parte de agentes del Estado. Esto último, en el contexto de la crisis social y política que enfrenta nuestro país desde hace algunas semanas, cuando secundarios comenzaron a evadir el Metro para manifestarse en contra del alza de la tarifa. En este escenario, la subsecretaria Recabarren explicó que “ha sido una primera reunión de presentación para conocernos, donde el ministro ha puesto en conocimiento de esta delegación toda la disponibilidad por parte del Ejecutivo”. En esa línea, la autoridad afirmó que los observadores de la ONU tendrán espacio también para reunirse con otros organismo, como el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, además de otros actores de la sociedad civil. En voz del Ejecutivo, la subsecretaria reafirmó que van facilitar la realización de “todas las reuniones o instancias que ellos requieran para poder en estas tres semanas llevar a cabo esta misión técnica”. Lo anterior, con la finalidad de que se realice un informe sobre la gestión que ha realizado el Gobierno para restablecer la normalidad. El Gobierno que lidera el presidente, Sebastián Piñera, ha sido duramente cuestionado por haber decretado Estado de Emergencia en las principales ciudades del país, lo que se tradujo en que las Fuerzas Armadas se encargaran por una semana de la seguridad pública. Esto, atrajo consigo distintas denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que habrían sido cometidas por militares, sumado a casos en que se acusa de aquello a funcionarios de Carabineros a lo largo del país. Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/10/30/gobierno-asegura-la-mayor-transparencia-a-delegacion-de-la-onu-por-los-ddhh-que-ya-esta-en-chile.shtml
  2. 16 Septiembre 2019 Rodrigo Mundaca gana nuevamente Premio Internacional de Derechos Humanos en Nuremberg El activista chileno fue reconocido por su lucha por el libre acceso de agua en Petorca. Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ganó por segundo año consecutivo el Premio Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, en Alemania. De acuerdo al comunicado alemán, publicado por Modatima, Mundaca fue reconocido por su misión del libre acceso al agua en Petorca, Región de Valparaíso. “En Chile, un 90 por ciento de los derechos de agua han sido privatizados, por lo que las grandes corporaciones agrícolas pueden drenar el agua de los ríos para abastecer sus pozos privados y plantaciones, primordialmente de aguacate y cítricos. Como consecuencia, surgen conflictos con campesinos y campesinas locales así como la población rural, la cual sufre gravemente a causa del robo de agua”, señala el documento. En ese sentido, destacan que al galardonar al activista, “el jurado hace hincapié en la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio de 2010, en la que se reconoce el acceso al agua limpia, derivada del derecho a la alimentación, como un derecho humano”. “El jurado también quiere apelar a la conciencia de los consumidores y sensibilizarlos al consumo responsable. El público tiene derecho a conocer los efectos negativos en los cultivos que requieren de agua en abundancia”, argumentan. Mundaca agradeció el premio a través de sus redes sociales, donde aseguró que “llegaremos a Nuremberg el día 18, serenos como siempre, jamás hemos buscado honor o reconocimiento alguno, hemos estado hasta el último momento en nuestro territorio, y agradecemos el premio”. Fuente; https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/09/16/rodrigo-mundaca-premio-internacional-derechos-humanos/
  3. 11 Septiembre 2019 Murió el neofascista italiano Stefano Delle Chiaie, colaborador de la dictadura de Pinochet El fundador de la organización Avanguardia Nazionale, acusado de perpetrar numerosos atentados en Italia en los '70 y '80, murió a los 82 años en Roma. El neofascista italiano Stefano Delle Chiaie, fundador de la organización Avanguardia Nazionale y acusado de estar relacionado con numerosos atentados en Italia entre las décadas de los 70 y 80, murió este martes en Roma a los 82 años, informaron medios locales. Además de vinculársele con algunas de las mayores masacres sufridas en Italia, su nombre también se ha relacionado con dictadores como Augusto Pinochet en Chile o Hugo Banzer en Bolivia, según las mismas informaciones. Nacido en Caserta (sur de Italia) en 1936, fue exponente de la derecha radical y en Italia se le acusó de estar vinculado con numerosos atentados en la década de los 70 y 80, como el de Piazza Fontana en 1969 en Milán (norte del país), donde murieron 17 personas, o la masacre de Bolonia (norte) en 1980, con 85 fallecidos, pero fue absuelto en ambos casos por "pruebas insuficientes". Era conocido en los círculos neofascistas romanos como "Er caccola" y fue uno de los "fantasmas negros" de los años oscuros de la estrategia de tensión, indicó el diario "La Repubblica". Huyó de Italia en 1970 y fue arrestado en Caracas en 1997. Poco antes de su muerte, publicó el libro "El águila y el cóndor: la historia de un militante político". Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/murio-el-neofascista-italiano-stefano-delle-chiaie-colaborador-de-la/2019-09-11/040012.html
  4. 02 Septiembre 2019 Condenan a la cúpula DINA y otros agentes por desaparición de mirista en la Operación Colombo En total, 28 represores de la dictadura fueron sentenciados por el secuestro calificado de Teobaldo Tello en 1974. Teobaldo Tello Garrido es uno de los 119 desaparecidos en el marco de la "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos. La Justicia condenó este lunes a 28 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía represora de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por el secuestro calificado (desaparición) en 1974 de un opositor, según informaron fuentes judiciales. La decisión de la Corte de Santiago fue unánime en el caso de la desaparición de Teobaldo Antonio Tello Garrido, uno de los 119 desaparecidos en el marco de la llamada "Operación Colombo", un montaje de la dictadura para encubrir la desaparición de presos políticos, con la colaboración de las policías secretas de Argentina y Brasil. En esos países se publicaron ediciones únicas de periódicos que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en purgas internas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), versión que fue recogida por la prensa chilena de la época. La Justicia determinó una pena de 13 años para los generales César Manríquez Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, y para los brigadieres Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito. Para otros 22 ex agentes del Estado el tribunal determinó una condena de 10 años y para los últimos dos la pena de 4 años y 541 días de cárcel, respectivamente. "La presente causa se originó para investigar las circunstancias de la desaparición forzada de Teobaldo Antonio Tello Garrido, después de haber sido detenido por agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), el 22 de agosto del año 1974", explicó la Justicia chilena en su fallo. En ese sentido, destacaron que el desaparecido fue mantenido en los centros de detención de Ollagüe , Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, "recintos que eran custodiados por guardias armados, donde Teobaldo Tello fue objeto de torturas provocadas por agentes de ese organismo, desconociéndose posteriormente su paradero". La resolución agregó que "no cabe duda" de que el delito es un crimen de lesa humanidad como son los secuestros calificados, delitos que "forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil, conformado, en este caso, por miembros y adherentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), condición que tenía a esa época la víctima". En el aspecto civil se confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar más de 110.000 dólares a los familiares de la víctima. Durante el régimen militar, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/judicial/condenan-a-la-cupula-dina-y-otros-agentes-por-desaparicion-de-mirista-en/2019-09-02/214033.html
  5. 08 Agosto 2019 En Penco será sepultado detenido desaparecido cuyos restos aparecieron tras 45 años Arturo Villegas, ex dirigente sindical de Fanaloza, desapareció el 18 de septiembre de 1973. Fue hallado al interior del ataúd de otro dirigente asesinado en dictadura. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en el Biobío confirmó que este sábado, después de 45 años sin saber de su paradero, será sepultado el ex dirigente sindical de Fanaloza de Penco Arturo Villegas Villagrán. Villegas era casado, padre de seis hijos y militante socialista. El 18 de septiembre de 1973 fue detenido en su hogar por carabineros de la Comisaría de Penco y desde entonces no se tenían noticias de su paradero hasta que fue revicada la tumba de Mario Ávila, otro dirigente asesinado, y en ella encontraron los restos de ambos. Hilda Espinoza, presidenta de la agrupación en el Biobío, indicó que "para nosotros ha sido una esperanza, una alegría saber que uno de nuestros familiares, porque somos una familia en la agrupación, reciban los restos del detenido desaparecido que estaba en el cementerio de Penco". "Es parte de un ciclo que se cierra: la búsqueda. Pero falta la parte de justicia porque aquí no ha habido aún, los culpables no han sido castigados. De todos los gobiernos que han pasado nadie ha tenido la voluntad de investigar los casos de derechos humanos y detenidos desaparecidos", añadió la dirigenta. Este fin de semana la familia de Villegas podrá darle sepultura. El viernes le serán entregados los restos, que serán velados en la casa donde vivió en Penco. A las 10:30 horas del sábado los restos serán trasladados hasta la Iglesia de Penco, frente a la plaza, donde al mediodía se oficiará una misa. A las 13:00 horas, en romería, será trasladado al Cementerio Parroquial donde será sepultado. En la causa judicial hay cuatro ex policías condenados, sin embargo, tienen una sentencia por desaparición forzosa, figura que ahora puede cambiar a homicidio con el hallazgo de sus restos. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/en-penco-sera-sepultado-detenido-desaparecido-cuyos-restos-aparecieron/2019-08-08/132103.html
  6. 27 Junio 2019 Australia negó la libertad provisional a la ex secretaria de Manuel Contreras La Justicia australiana rechazó hoy un recurso de Adriana Rivas, ex agente de Pinochet requerida en Chile por secuestro agravado de siete personas. "Permanecerá en un correccional en Sídney hasta que se vea la solicitud de extradición en su totalidad", determinó la jueza. La Justicia australiana rechazó este jueves una demanda de libertad provisional a Adriana Rivas, la ex agente de Augusto Pinochet requerida en Chile por secuestro agravado de siete personas hace más de cuatro décadas. La jueza Margaret Quinn, del tribunal penal del estado de Nueva Gales del Sur, determinó que "ninguno de los factores presentados por Adriana Rivas a favor de una solicitud de libertad provisional son suficientes ni excepcionales" para que se acceda a su pedido, dijo a Efe la abogada Adriana Navarro. "La señora Rivas permanecerá en un correccional en Sydney hasta que se vea la solicitud de extradición en su totalidad en algún momento posterior a septiembre de este año", precisó Navarro, quien representa a las familias de seis presuntas víctimas de Rivas. Las partes implicadas en el proceso han acordado un calendario para la presentación de alegatos y el 5 de septiembre se sopesará si ya se da paso a las audiencias, que pueden durar varios días y posiblemente se celebren el próximo año. La magistrada tenía previsto anunciar el fallo sobre la libertad condicional el 18 de junio pero lo pospuso a petición del abogado de Rivas, que alegó problemas de salud de su cliente. La ex agente había pedido que se le concediese la libertad provisional poco después de ser detenida en Sydney el pasado febrero a raíz de una demanda de extradición de Chile. La chilena trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y era mano derecha de Manuel Contreras, considerado uno de los máximos criminales de la dictadura de Pinochet, cuando ocurrieron estas violaciones a los derechos humanos que se le atribuyen. Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, policía política de la dictadura de Pinochet (1973-1990). La acusada vive desde hace más de tres décadas en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas. En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, aunque logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional. Los testimonios de torturados destacan que Rivas era una persona despiadada en los interrogatorios que se realizaban en el cuartel Simón Bolívar, donde operaba la llamada Brigada Lautaro de la DINA, a la que pertenecía. Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/australia-nego-la-libertad-provisional-a-la-ex-secretaria-de-manuel/2019-06-27/005637.html
  7. 30 May 2019 Duro informe de Amnistía Internacional: Piñera tiene una deuda con los DDHH La organización acusó que el Gobierno ha entorpecido la aplicación de la ley de aborto en tres causales y criminaliza al pueblo mapuche. "Me parece una visión muy sesgada, muy ideologizada", dijo el ministro Andrés Chadwick sobre el estudio. "Nada de esto son asuntos inevitables, son todas decisiones que adoptan los Gobiernos, que adoptan concientemente", aseguran desde AI. Amnistía Internacional en Chile presentó este jueves un duro informe sobre el primer año del segundo Gobierno de Sebastián Piñera a días de la cuenta pública, en la que se asegura que el Mandatario tiene "una deuda con los derechos humanos". Según el organismo, bajo el eslogan "Piñera nos debe", varias medidas tomadas por la actual Administración son preocupantes ya que atentan contra la dignidad, la igualdad, la justicia y la garantía de las condiciones de vida adecuadas. Se analizaron 26 áreas, de las cuales 24 están calificadas como en deuda, entre ellas la ley de aborto en tres causales que, según Amnistía Internacional, desde el Estado se ha tratado de entorpecer su aplicación principalmente con el reglamento de objeción de conciencia y también de que existe deficiente protección de la comunidad LGBTIQ+. En el caso de migración, se cuestionó la implementación del programa de regularización extraordinaria de migrantes, el cual "se podría traducir en expulsiones colectivas aplicando criterios generales sin un análisis caso a caso", y se acusó que el Ejecutivo no asegura el debido acceso al procedimiento para personas solicitantes de asilo y refugio en nuestro país. También se menciona el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a consecuencia del actuar de "Comando Jungla" y la insistencia en aplicar la Ley Antiterrorista, asegurando que estos son "aspectos que acrecientan la deuda y encienden alarmas sobre la criminalización del pueblo mapuche". La deuda de Piñera, según AI. La directora de la organización en Chile, Ana Piquer, indicó que "es un aumento de la deuda la decisión de no firmar el pacto global de migraciones de Naciones Unidas y también hemos sido muy críticos de muchos otros temas vinculados al proceso de regularización migratoria extraordinaria, a la manera en que se ha estado dando trato a los solicitantes de refugio". "También ha aumentado la deuda en relación a lo que desde Amnistía hemos llamado la criminalización del pueblo mapuche. Nada de esto son asuntos inevitables, son todas decisiones que adoptan los Gobiernos, que adoptan concientemente y que, en definitiva, lo que hacen es profundizar las deudas que ya hay en materia de derechos humanos", aseguró. Gobierno acusa una visión "sesgada e ideologizada" Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, calificó el estudio como"sesgado y fuertemente ideologizado", apuntando a que faltan antecedentes en la documentación de la organización. "Yo no he podido leer el informe oficial, sólo tengo la información de prensa, que me parece que lo que he leído tiene dos problemas: uno, me parece un informe sesgado, desinformado y fuertemente ideologizado, politizado; y, en segundo lugar, comete errores en la información que entrega, por lo tanto, está faltando a la verdad", acusó. El secretario de Estado indicó que "se centra fundamentalmente en materias de proyectos de ley en el ámbito del género, de la sexualidad y no hay una palabra para la agenda de mujer que ha impulsado el Presidente de la República y que ya se ha concretado en varias materias. Ni una palabra". Tras las declaraciones del ministro, Roberto Morales, vocero de Amnistía en Chile, replicó que "lo primero que él dice es que no ha leído el informe y que está respondiendo por titulares de prensa. Más que todo llamarle e invitarle a que lea el informe y eso es una mirada positiva, no es una mirada de descalificación". En tanto, la diputada PS Emilia Nuyado, presidenta de la comisión DD.HH. de la Cámara Baja, sostuvo que "yo le pediría ad portas de entregar una cuenta pública que el Presidente pueda revisar y tener en consideración lo que le señala este informe de Amnistía Internacional Chile". "El llamado es a que él mire internamente a su país y no solamente vea los números, las cifras económicas, sino que pueda revisar la situación de dignidad, de respeto, de discriminación, de marginalidad en que ellos tienen sometido, con esta forma de gobernar, a la ciudadanía", añadió la parlamentaria. Aspectos positivos A pesar del crítico informe, Amnistía Internacional reconoció medidas favorables de la actual administración, como la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la aprobación de Ley de Identidad de Género. Al respecto, Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, comentó que "nosotros llamamos al Gobierno a cesar su intento constante de mantener la discriminación hacia las familias de la diversidad sexual, hacia las familias diversas. Hoy en día, las parejas del mismo sexo no tienen acceso al matrimonio". "El Gobierno es uno de los principales opositores que hoy en día existe respecto de este derecho humano fundamental ya establecido por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Gobierno tiene que tomar conciencia respecto a que no puede ser cómplice de mantener a las familias diversas en situación de discriminación y vulnerabilidad respecto a sus relaciones familiares", añadió el dirigente. Sin embargo, cuestionó que en esta última normativa se dejara fuera la niñez trans, asegurando que "requieren de mayor protección y reconocimiento". Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/dd-hh/duro-informe-de-amnistia-internacional-pinera-tiene-una-deuda-con-los/2019-05-30/143208.html
  8. 29 Marzo 2019 Bachelet anuncia visita a México para reunirse con defensores de los DD.HH, víctimas y familiares de personas desaparecidas De acuerdo a un comunicado de la oficina del Alto Comisionado, la visita -a partir de una invitación extendida por el presidente mexicano Andrés Pérez López Obrador- se concretaría entre el 5 y 9 de abril. La mañana de este viernes, la expresidenta y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, anunció su visita oficial a México a través de su cuenta de Twitter, la cual se concretaría el próximo 5 de abril y se extendería hasta el martes 9. “Me es grato anunciar que la semana que viene visitaré oficialmente México, donde tendré la oportunidad de reunirme con autoridades, migrantes, defensores de los derechos humanos, víctimas y familiares de personas desaparecidas”, publicó la expresidenta. Este mensaje es una confirmación de lo que, el pasado viernes 22, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU indicó a través de un comunicado en el que fijaban la visita a inicios de abril. Desde la Oficina de la ONU informaron que durante su estancia Bachelet se reunirá con el presidente Andrés Pérez López Obrador y con ministros del gobierno. Además “mantendrá encuentros con altos funcionarios y legisladores, así como con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el fiscal general y con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos“, confirmó el comunicado de la Oficina. Se espera que en este viaje se profundicen temas como la inclusión de altos estándares en derechos humanos en la formación y operación del proyecto de Guardia Nacional propuesto por el mandatario mexicano. Fuente: https://www.latercera.com/mundo/noticia/bachelet-anuncia-visita-mexico-reunirse-defensores-los-dd-hh-victimas-familiares-personas-desaparecidas/592468/
  9. 13 Marzo 2019 Juez Cisternas condenó a seis oficiales (r) del Ejército por crimen de Soria El juez condenó a Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana y Juan Morales Salgado a las penas de 6 años de presidio, en calidad de coautores del delito de homicidio calificado. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, condenó a seis oficiales (r) de Ejército por su participación en el homicidio calificado del ciudadano chileno-español yfuncionario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Carmelo Soria. En su determinación, el juez condenó a Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana y Juan Morales Salgado a las penas de 6 años de presidio, en calidad de coautores del delito de homicidio calificado. El fallo, indica que el 14 de julio de 1976, Soria fue detenido por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional y llevado al inmueble donde los esperaban otros miembros del organismo de la dictadura. “En ese recinto Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores, buscando la impunidad del delito, simularon un desbarrancamiento del referido automóvil, causando a la víctima además y previamente un forzado estado de ebriedad”, concluyó el magistrado. En el dictamen, Cisternas decidió absolver a René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé por falta de participación en el delito de homicidio; y a Guillermo Salinas Torres al acoger la excepción de cosa juzgada. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/03/13/juez-cisternas-condeno-a-seis-oficiales-r-del-ejercito-por-crimen-de-soria/
  10. 21 Enero 2019 Informe de Chile a la ONU destaca política migratoria Subsecretaria Lorena Recabarren -quien lidera delegación de nuestro país- expone este martes ante el Consejo de DD.HH. en Ginebra. Documento enviado a ese organismo también resalta el Plan Araucanía y defiende el uso de la Ley Antiterrorista, desestimando un “ánimo de criminalizar a ningún grupo en particular”. LA SEDE DEL CONSEJO DE DD.HH. DE LA ONU, EN GINEBRA. Una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, realizará este martes el gobierno, en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU), instrumento creado en 2006 por la Asamblea General y que se realiza cada cuatro años. El EPU consiste en una evaluación del cumplimiento de obligaciones internacionales sobre derechos humanos, de acuerdo a un trabajo realizado entre los países miembros de la ONU y en el que se aceptan recomendaciones de distintos gobiernos. En ese contexto, la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, será la encargada de intervenir ante el organismo, en base a un informe de 26 páginas elaborado por el Ejecutivo en coordinación con los otros poderes del Estado. De hecho, la delegación que viajó a Suiza la integran también el ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama, representantes del Congreso y de varios ministerios. En el documento se abordan los avances entre 2014 y 2018, destacando, además, lo realizado por el Presidente Sebastián Piñera, entre otras cosas, referente a la política migratoria, el Plan Araucanía y defendiendo la aplicación de la Ley Antiterrorista. “El gobierno (…) se encuentra realizando esfuerzos para promover una agenda de derechos humanos con alto impacto social, apoyando a grupos históricamente violentados en sus derechos. Ello, a través de medidas como: (a) el Acuerdo Nacional por la Infancia; (b) el Plan Araucanía (pueblo mapuche); © el Plan Adulto Mejor (adultos mayores) y la Agenda Mujer”, dice el texto. * Migrantes e “integración” En uno de sus apartados, el informe menciona el proyecto del gobierno que modifica la Ley de Migraciones, que la semana pasada fue aprobado en la sala de la Cámara y despachado al Senado, pese a las críticas que han lanzado desde varios partidos de la oposición, acusando que la iniciativa, entre otras cosas, vulnera los derechos humanos de los inmigrantes. “Su objetivo es avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, dando un trato humano a los migrantes, con igualdad de derechos y obligaciones, promoviendo la integración. El proyecto establece un Consejo de Política Migratoria y crea el Servicio Nacional de Migraciones”, se señala en el escrito enviado a la ONU. * Ley Antiterrorista: “Sin ánimo de criminalizar” Sobre el Plan Araucanía, el informe plantea que “el actual gobierno, en septiembre de 2018, presentó el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz, enumerando los ejes principales. Además, se aborda la Ley Antiterrorista, normativa que ha generado cuestionamientos en años anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, se produjo en octubre de 2017, cuando expertos de la ONU pidieron que no se aplique en el contexto de protestas de los mapuches. El escrito sostiene que “la aplicación” de esa normativa “responde a su carácter general, sin ánimo de criminalizar a ningún grupo en particular”. Y se agrega: “Considerando aquellos casos de primera instancia correspondientes a imputados acusados por el Ministerio Público por conducta terrorista (2015-2018), se identificaron seis sentencias en que se habría aplicado esta normativa. Ello, sin perjuicio de que la norma se ha aplicado en otros casos a acusados que no pertenecen a ningún pueblo originario”. Además, recalca que “en una reciente sentencia, la Corte Suprema refuerza el alcance general de la ley, exigiendo a los tribunales fundamentar su decisión eliminando todo análisis que llevase a considerar el origen étnico de los imputados como un factor para sancionar”. En el anterior EPU ante el Consejo de DD.HH. también le correspondió al gobierno de Piñera, en su primera administración, enviar un informe a la ONU, fechado en enero de 2014. Y en ese documento se aborda directamente la “aplicación (de la) Ley Antiterrorista a pueblos indígenas”, aunque sin recalcar que no se busca “criminalizar” a ningún grupo. Aquella vez, el escrito señalaba que “el Ministerio del Interior en ningún caso ha elaborado lineamientos o políticas para la aplicación de esta ley a los pueblos indígenas” y que su aplicación “obedece estrictamente a que algunos hechos investigados se encuentran comprendidos bajo los tipos penales que dicha normativa consagra y no a la participación de miembros de pueblos originarios o grupos determinados”. Bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, en tanto, se envió un informe a la ONU en 2009 -durante el primer examen del Consejo de DD.HH.- en el que no se menciona la Ley Antiterrorista. * “Derechos sexuales y reproductivos”: aborto en tres causales El informe también destaca la institucionalidad del Estado de Chile en materia de DD.HH. y aborda los “derechos sexuales y reproductivos”, mencionando, en ese punto, la publicación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales -que fue impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y resistida por la centroderecha-, los programas de acompañamiento y la objeción de conciencia institucional “bajo ciertas condiciones”. * Ley de Inclusión: “En Educación, el Estado ha dado pasos importantes” Otro aspecto impulsado por Bachelet que se menciona en el escrito es la Ley de Inclusión. “En educación, el Estado ha dado pasos importantes. En materia legislativa, se aprobó la Ley de Inclusión Escolar 20.845 (2015), que entrega las condiciones para que los niños, niñas, adolescentes y adultos que asisten a colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad”, se lee en uno de los párrafos del documento. Además, se expone la ley que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, “transfiriendo gradualmente los establecimientos educacionales desde los municipios a 70 nuevos servicios locales de educación, creando un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública para mejorar la calidad”. * Cambios a “Ley Zamudio” Entre 2012 y 2016, 234 causas en tribunales de primera instancia, 87 recursos ante cortes de Apelaciones y 10 en la Corte Suprema. Eso registra el informe sobre la aplicación de la denominada Ley Antidiscriminación o “Ley Zamudio”, especificándose que la normativa “ha sido invocada generalmente para discriminación por enfermedad o discapacidad, ideología u opinión política y orientación sexual. Además, se señala que el Ministerio Secretaría General de Gobierno está aplicando una segunda consulta ciudadana sobre no discriminación, lo que -se lee en el escrito- “servirá de insumo para la presentación de modificaciones a la ley”. * Sename: “El país se encontraba en deuda” El informe también aborda la situación del Sename, algo que fue criticado en julio por la ONU, organismo que acusó violaciones a los derechos humanos de los menores en esos centros. “Respecto de la protección de la niñez y adolescencia, la institucionalidad existente era deficiente y el país se encontraba en deuda en esta materia. Es por esto que el Presidente asumió esta materia con prioridad, tomando varias medidas, entre ellas convocó una mesa de trabajo sobre temas de infancia, donde participaron parlamentarios de distintas tendencias políticas, ministros y expertos de la sociedad civil. Dicha mesa presentó en mayo de 2018 el ‘Acuerdo Nacional por la Infancia’. El informe contiene una serie de medidas destinadas a ofrecer adecuada protección a niños, niñas y adolescentes en general; a aquellos en riesgo de vulneración de derechos, y a aquellos cuyos derechos ya hubiesen sido efectivamente vulnerados”, se lee en el escrito enviado por el Ejecutivo a Naciones Unidas. En el texto también se enumeran las medidas adoptadas, como la “Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez (segundo trámite constitucional); creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del Servicio de Protección a la Niñez, que reemplazan al actual Sename; aumento de la subvención que el Estado entrega a las residencias de los organismos colaboradores; reforma al sistema de adopción, y para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños y niñas”. Fuente; https://www.latercera.com/politica/noticia/informe-chile-la-onu-destaca-politica-migratoria/495251/
  11. El día en que la justicia chilena negó a Francia la extradición de 10 agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad En 2013, la Corte Suprema rechazó la petición de extraditar a diez criminales de la dictadura de Pinochet que fueron condenados en París, por la desaparición forzada y muerte de cuatro ciudadanos franceses. "Es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición", sostuvo entonces la jueza Rosa María Maggi. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre las espaldas de la derecha chilena. Apenas se confirmó que la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas entregaría asilo político al ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor material del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán, todo tipo de acciones de advertencia y rechazo comenzaron a planificarse. De hecho, pese a que no tiene competencia al respecto, el Gobierno anunció que entregarán una nota de protesta ante la Embajada de Francia, mientras que Piñera informó que enviará una carta a su homólogo francés, Emmanuel Macron, para exigir que se cumpla con el tratado de extradición que existe entre Chile y Francia. “Le voy a enviar una carta al Presidente Emmanuel Macron, porque este tema lo conversamos y él me confirmó que la primera decisión la tenía esta oficina independiente del Gobierno francés”, señaló en El Informante. Llama la atención la persistencia del oficialismo porque se cumpla el tratado de extradición entre ambos países, un interés que no han mantenido cuando ha sido la justicia francesa la que se ha interesado en procesar a criminales chilenos. De hecho, en noviembre de 2013 pasado, la jueza Rosa María Maggi rechazó extraditar a diez ciudadanos chilenos condenados en Francia -en ausencia, en diciembre de 2010-por la muerte de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet. La sentencia de la jueza integrante de la Corte Suprema estableció que “es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición, dado que se trata de hechos acaecidos a partir del 11 de setiembre de 1973 y cuyo principio de ejecución se sitúa dentro del territorio de nuestro país”. De esta manera, la jueza negó la extradición de los oficiales Luis Ramírez Pineda, Emilio Sandoval Poo, Blascay Zapata Reyes, Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff Martchentko, Gerardo Godoy García, Marcelo Moren Brito y Rafael Ahumada Valderrada. Enrique Arancibia Clavel y de Herman Brady, dos de los condenados en el juicio desarrollado en París, murieron poco después de la sentencia. Alfonso Chanfreau. Desaparición forzada, tortura y asesinatos de cuatro ciudadanos franceses El 17 de diciembre de 2010, el Tribunal en lo Criminal de París condenó a los diez ex agentes de la dictadura de Pinochet a penas que iban desde los 15 años de prisión a presidio perpetuo, por su participación en los asesinatos y desaparición forzada de Alfonso Chanfreau Oyarce, Georges Klein Pipper, Jean-Ives Claudet Fernández y Ettiene Pesle. Georges Klein era consejero del presidente Allende, mientras que el ex sacerdote Etienne Pesle trabajaba en la reforma agraria y Alphonse Chanfreau, estudiante de Filosofía de la U. de Chile, se desempeñaba como dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Los tres desaparecieron en los primeros años del régimen, entre 1973 y 1975, mientras que Jean Yves Claude, también militante Mir, desapareció en Buenos Aires. Por estos hechos, tanto Manuel Contreras, fundador de la DINA, como el agente Pedro Espinoza fueron condenados a cadena perpetua por la instancia judicial en Francia. Sin embargo, en su resolución, la jueza Maggi argumentó que los casos estaban siendo investigados por tribunales chilenos, a quienes “incumbe prioritariamente el conocimiento y fallo de los hechos por los que se formula el requerimiento, existiendo en la actualidad en Chile una multiplicidad de procedimientos orientados a determinar la existencia de violaciones a los derechos fundamentales e identificar a sus responsables”. En octubre de 2011, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) realizó una misión especial a Chile para solicitar a las autoridades chilenas que cumplieran con las órdenes de detención decretadas en contra de los responsables del asesinato, torturas y desaparición de los cuatro ciudadanos franceses. Las palabras del fiscal general del país, Francois Falleti, quedaron marcadas tras el fallo condenatorio en Francia: “Es necesario recordarlo: este juicio es indispensable (…) y debe lanzar un mensaje claro”, sostuvo, argumentando que crímenes de dicha índole “deben dar lugar a demandas ante la justicia, en cualquier momento y lugar”. “Lo expuesto descarta la competencia subsidiaria que invoca el estado requirente por lo que, compartiendo el parecer de la señora Fiscal Judicial, no se estima procedente dar inicio formal a la investigación conforme al artículo 646 del Código de Procedimiento Penal”, cerró el fallo de la justicia chilena. Más tarde, en enero de 2004, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal confirmó la resolución en un fallo dividido. La mayoría de los condenados se encuentra hoy cumpliendo penas en Chile por crímenes de lesa humanidad, aunque la justicia tardó en procesar a algunos. El empresario temuquense Emilio Sandoval Poo recibió su condena recién en mayo de 2016 por el el secuestro calificado del sacerdote francés Etienne Pesle de Menil, un delito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973 en Temuco. http://www.eldesconcierto.cl/2018/11/05/el-dia-en-que-la-justicia-chilena-nego-a-francia-la-extradicion-de-10-agentes-de-la-dictadura-condenados-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
  12. 08 Enero 2019 Más de 50 académicos suscriben carta de apoyo para crear ramo sobre DD.HH. Propuesta de diputada Hertz -que continuará este miércoles su discusión en la Cámara- es resistida en el gobierno. Dicen que los contenidos están considerados en distintas asignaturas. La doctora en Educación Graciela Rubio tomó la iniciativa, redactó una carta y comenzó a difundirla entre académicos de Valparaíso, que luego la hicieron circular por distintas universidades, consiguiendo 56 firmas para expresar su respaldo al proyecto que impulsa la diputada Carmen Hertz (PC) para crear la asignatura de “Memoria y DD.HH.” en la enseñanza básica y media, que comenzó a verse la semana pasada en la comisión ad hoc de la Cámara. El texto es apoyado por el premio nacional de Historia Gabriel Salazar y académicos de las universidades de Chile, Alberto Hurtado, de Concepción, de Valparaíso, de Los Lagos y Católica del Maule, entre otras. Y en él se afirma que la iniciativa permite abrir “una discusión relevante sobre el establecimiento de los derechos humanos como un estándar ético de la democracia”, al tiempo que releva la “necesidad de formar ciudadanías responsables ante la historia, la defensa y promoción de los DD.HH. en nuestro país y en el mundo”. Al mismo tiempo, exponen la necesidad de hacer público su respaldo en virtud de la “respuesta inicial” del gobierno. Esto, ya que el Ejecutivo ha argumentado que esos contenidos están incorporados en las bases curriculares en los distintos ciclos de enseñanza. “La promoción y el respeto de los derechos humanos está contemplado en el currículum nacional, tanto para la básica como para la media, en distintas asignaturas con distintos niveles de profundidad, dependiendo del estado de madurez de los jóvenes”, dijo el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, a La Tercera. Además, explicó que los contenidos han sido trabajados en la cartera con el Consejo Nacional de Educación a partir de un proceso establecido en la Ley General de Educación, y las bases curriculares vigentes no han sido implementadas aún en todos los niveles. “Cualquier proyecto que busque agregar nuevas asignaturas, lo que hace es distorsionar la formación del currículum e, incluso, puede ser contraproducente, en cuanto da una señal equivocada de que ciertos aspectos importantes para la vida nacional no están bien tratados, cuando sabemos que, luego de las modificaciones curriculares, estos aspectos están adecuadamente tratados tanto en la enseñanza básica como en la media”, afirmó respecto de la iniciativa, que continuará este miércoles su discusión en la Comisión de DD.HH. Sistematizando en ocho puntos los argumentos por los que, en su opinión, se debe incluir el nuevo ramo en los establecimientos escolares, la carta de los académicos expone que, desde 1990, la responsabilidad asumida por el Estado respecto de las violaciones a los DD.HH. ocurridas en la dictadura ha significado impulsar “procesos de establecimiento de la verdad histórica” -como los Informes Rettig y Valech- y “de reparación y de justicia (incompleta) (sic) para las víctimas”, pero dicha responsabilidad también demanda “educar a las nuevas generaciones para evitar la repetición de los hechos”. En particular en el ámbito educativo, el texto menciona que, aunque desde 1996 se han incorporado los DD.HH. en los currículums escolares, ello se ha hecho con un “enfoque universalista”, al tiempo que las enseñanzas en torno a la historia nacional reciente -es decir, del período comprendido entre 1965 y 1990- “prioriza una aproximación general a los derechos humanos que no permite su uso como una referencia ética” y “describe, en una apretada lista de acontecimientos, la dictadura militar, la violación de DD.HH. como acontecimiento histórico y su resistencia, las transformaciones económicas e institucionales, el plebiscito y el retorno a la democracia en 1990, limitando las instancias necesarias de reflexión”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/mas-50-academicos-suscriben-carta-apoyo-crear-ramo-dd-hh/476788/
  13. 16 Diciembre 2018 INDH denuncia “abuso policial” de Carabineros en zonas mapuches En 2017 la entidad presentó 12 querellas y siete recursos de amparo por supuestas vulneraciones de derechos. Informe, además, alerta por “falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza” de Carabineros en movilizaciones. FUNCIONARIOS DE FUERZAS ESPECIALES DE CARABINEROS, DURANTE UNA MANIFESTACIÓN REALIZADA EL 6 DE DICIEMBRE. Una serie de situaciones en las que los funcionarios policiales han incurrido en el uso desmedido de la fuerza, especialmente en manifestaciones y en operativos en La Araucanía, advierte el informe sobre Función Policial y Orden Público de 2017, elaborado este año por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El documento, de 210 páginas, está separado en seis capítulos. El primero de ellos se enfoca en el desempeño de Carabineros en manifestaciones. Señala que en 2017 se registraron 3.594 eventos de este tipo en el país, de los cuales el organismo observó 22. De estas movilizaciones, 19 habían sido previamente autorizadas, mientras que otras tres no lo fueron. Asimismo, dice el informe, antes de iniciarse la manifestación la presencia de Carabineros fue registrada en 21 de los 22 eventos y en 13 se observó presencia de personal de Fuerzas Especiales (FF.EE.). Según el INDH, esto “implica un excesivo control policial en contextos de manifestación, donde el foco de la acción policial debería ser puntual y aislado, no preventivo y general”. Se detalla que “el empleo de gases lacrimógenos se registró en 11 de las manifestaciones (…) esto equivale a un 50% respecto de las 22 manifestaciones observadas, lo que significa una disminución proporcional del uso de gases lacrimógenos respecto a los años anteriores”. Asimismo, indica que en tres observaciones, la represión fue iniciada por FF.EE. y hubo dos detenciones en Santiago en que se registró el uso desproporcionado de la fuerza. Señala que al igual que en informes anteriores, se constata “la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de FF.EE.”, unidad que reemplazará al Grupo de Operaciones Especiales (Gope) en la zona roja de La Araucanía. El tercer capítulo analiza la actuación policial en el contexto del llamado conflicto mapuche. Se indica la existencia de “hechos constitutivos de abusos policiales contra el pueblo mapuche y, de los casos denunciados y/o de los que se ha tomado conocimiento durante el período correspondiente a 2017, varios afectan los derechos de niños/as mapuches”. Durante ese año, el INDH presentó 12 querellas y siete recursos de amparo por presuntas vulneraciones de derecho por parte de Carabineros en la zona, y en cinco casos se nombra a niños involucrados en los hechos. Asimismo, la entidad advierte una “lentitud” en las investigaciones penales, y falta de programas especializados en reparación. Migración y actuar policial El informe, además, contiene cifras entregadas por el Ministerio Público, que detallan que en 2017 se registró un total de 2.024 casos de migrantes que ingresaron al país por pasos fronterizos no habilitados. Sobre esta materia, el organismo manifestó que “al INDH le preocupa que no se observen, ante interceptaciones de migrantes en pasos no habilitados, la voluntariedad de asistencia consular”. Otro de los puntos abordados es el rol de Carabineros y la PDI en delitos de apremios ilegítimos y torturas. De acuerdo con el documento del INDH, la PDI informó que en 2017 hubo 17 funcionarios denunciados por apremios ilegítimos, torturas, abuso y detenciones ilegales. En 2016, en tanto, contabilizó 86 policías. Carabineros, en tanto, informó de 34 casos (en 2016 reportó 12) que implicarían a 51 funcionarios por violencia innecesaria, abuso de autoridad, apremios ilegítimos, detención arbitraria y tortura. Reacciones La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, señaló que uno de los pilares de su trabajo es la capacitación y formación en DD.HH. para los funcionarios públicos, incluyendo a las FF.AA. y de Orden. “Hemos tenido un trabajo muy fluido con Carabineros, ya que como subsecretaria participé en la X y la XI versión del curso de instructores en DD.HH. para Carabineros, que se realizó en Santiago y Antofagasta. Estamos disponibles para colaborar en la instauración de la nueva dirección de DD.HH. a nivel nacional de la policía uniformada”. Para el senador PPD Felipe Harboe, “es bueno que se den estos debates porque permiten ir actualizando tácticas. Carabineros tiene que hacer modificaciones en sus planes de formación, adecuarlos a nuevas realidades y buscar un uso racional de la fuerza”. La diputada comunista Carmen Hertz señaló que el informe evidencia “la subordinación de Carabineros al poder civil porque hoy prácticamente es una fuerza policial militarizada, tal como lo era en dictadura y eso es delicado”. El diputado de Evópoli Andrés Molina dijo que “este análisis que hace el INDH anualmente es interesante, pero me gustaría que nos mostrara si ve una evolución positiva a través de los años. El INDH tiene una responsabilidad no solo de hacer público su informe anual, sino hacer un esfuerzo en la educación”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/indh-denuncia-abuso-policial-carabineros-zonas-mapuches/448296/
  14. 22 Noviembre 2018 Una más de la Comisión Funa: Interceptan a ex CNI en café de Providencia En esta ocasión el "blanco" fue Marco Derpich Miranda, condenado en primera instancia por el caso "Operación Alfa Carbón". Mientras estaba tranquilamente tomando un café en la comuna de Providencia con algunos cercanos, Marco Derpich Miranda fue abordado por integrantes de la Comisión Funa, conocida, como su nombre lo dice, por ‘funar’ a sus “blancos”. Derpich Miranda, alias “El Gitano”, es ex integrante de la Central Nacional de Informaciones y de acuerdo a los datos con los que cuenta la comisión, habría planificado y ejecuta un operativo en que 200 efectivos se coordinaron para “neutralizar y eliminar” al MIR en ciudades del sur del país. Por dicho Operativo, denominado Operación Alfa Carbón y desarrollado 23 y 24 de agosto de 1984, fue condenado por el ministro en visita Marcos Aldana, junto a Álvaro Corbalán y otros agentes, a 20 años de presidio como coautor de homicidios calificados y a 5 años y un día de presidio como coautor de asociación ilícita. Recordar que en el marco de ese caso las víctimas fueron: Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala. Esta publicación de Facebook ya no está disponible. Es posible que se haya eliminado o que haya cambiado su configuración de la privacidad. (NOTA: En página de fuente, se puede ver un video) https://www.latercera.com/nacional/noticia/una-mas-la-comision-funa-interceptan-ex-cni-cafe-providencia/413081/ Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/una-mas-la-comision-funa-interceptan-ex-cni-cafe-providencia/413081/
  15. 09 Noviembre 2018 “De rodillas ni cagando me verán”: Activista de DDHH presenta recurso contra Carabineros por “amenazas de muerte” Cecilia Heyder dice estar consciente de que "uno debe hacerse cargo de lo que hace", aludiendo a su rol de activista, pero para ella, esta situación ha sobrepasado los límites. Dice estar cansada de los constantes controles de identidad que le realiza Carabineros. Cecilia Heyder, activista de Derechos Humanos, cuenta que en un corto plazo fue sometida a cuatro de estos procedimientos. En el último, asegura que le revisaron la cartera y sus ropas. Se siente acosada y teme por su vida, pues de acuerdo a la información que comparte con La Tercera, efectivos policiales la llama, le dicen que se cuide, que tenga “ojo” en las calles, ya que en cualquier momento podría haber un accidente. “Además de los controles, las llamadas a mi celular son constantes. Me dicen que me cuide, que me pueden atropellar, que disfrute del aire que me queda. Yo no le daba importancia, pero lo que me colapso fue una llamada a mi casa, donde el número es nuevo. En ese entonces me dijeron que dejara de andar inventando cosa contra los héroes que salvaron a Chile etc y mil garabatos. Decían que me harían desaparecer”, expone. Si bien está consciente en que “uno debe hacerse cargo de lo que hace”, pues como activista constantemente expone casos de violaciones a los derechos humanos, cree que esto supero los límites de lo tolerable. En razón de aquello, decidió presentar un recurso de amparo en contra de Carabineros, “por los contantes controles de identidad, y contra anónimos que sean responsables por las amenazas de muerte hacia mi persona, como llamadas a mi teléfono celular y al teléfono de mi domicilio particular”. “Espero que ahora dejen de acosarme, porque de rodillas ni cagando me verán, esto no logrará callarme”, subraya Heyder. En el documento hace presente que aun cuando los autores de los llamados “no se han identificado debidamente, no hacen más que vulnerar mis Garantías Constitucionales de la libertad personal y seguridad individual”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/rodillas-cagando-me-veran-activista-ddhh-presenta-recurso-carabineros-amenazas-muerte/395174/
  16. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/347690-compromiso-pais-pinera-ataca-duramente-a-bachelet-zno-les-llama-la-atencion-que-cuando-la-pobreza-y-la-desigualdad-se-han-estancado-o-crecido-haya-sido-en-gobiernos-con-presidenta-socialista/?hl=%2Bcompromiso+%2Bpais&do=findComment&comment=24179369 02 Noviembre 2018 Gobierno incluye plan “Compromiso país” en informe sobre DD.HH. enviado a la ONU Ejecutivo remitió la semana pasada un documento a Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal que instauró el organismo a partir de 2006. LA SUBSECRETARIA DE DD.HH., LORENA RECABARREN, DICE QUE SE PROFUNDIZARÁ SOBRE EL INFORME EN EL MES DE ENERO EN GINEBRA. Un informe sobre derechos humanos envió el gobierno, el 22 de octubre pasado, a Naciones Unidas. El documento corresponde al cumplimiento del Examen Periódico Universal (EPU), instrumento creado en 2006 por la Asamblea General, que se realiza cada cuatro años y que incluye a todos los países que forman parte del organismo. El EPU implica evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en cada uno de esos países. Esto, en base a un trabajo que se hace entre pares y que es monitoreado por el Consejo de DD.HH., siguiendo las recomendaciones que aceptó cada Estado. Actualmente, Chile se encuentra en su tercer ciclo de este examen, en el que se analizarán las recomendaciones aceptadas en 2014. Si bien el documento enviado a la ONU se mantiene bajo reserva, en una minuta de la Subsecretaría de DD.HH. se detallan algunos ejes de lo que Chile informó a ese organismo. En el escrito se explica que los temas abordados son los avances en la “ratificación de tratados internacionales y la adecuación del derecho interno a los tratados vigentes; la creación de institucionalidad nacional en derechos humanos, aspecto respecto del cual se informó sobre la creación y entrada en funciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la elaboración del Plan Nacional de DD.HH.; y otros avances temáticos en la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes, personas en situación de discapacidad, población LGBTI, adultos mayores, y personas privadas de libertad”. En este sentido, el documento señala que se “reportó iniciativas adoptadas por el actual gobierno en beneficio de esos grupos, tales como el ‘Acuerdo Nacional por la Infancia’, el ‘Plan Araucanía’, la ‘Agenda Mujer’, y el programa ‘Adulto Mejor’”. Otro elemento que incluyó el gobierno en el informe fueron -se lee en la minuta- los “avances en la implementación de recomendaciones alusivas a la promoción de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, sobre lo cual se detalla que se informó “acerca del Plan ‘Compromiso País’, el cual tiene por objetivo trabajar en la promoción y protección del bienestar de 16 grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas privadas de libertad, las personas en situación de calle y las personas que viven en campamentos”, entre otros aspectos. “Finalmente, el informe también reportó las iniciativas llevadas a cabo por el Estado en relación a las recomendaciones efectuadas por los Estados para reparar las violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura. De la misma forma, se informó acerca de las medidas adoptadas por las fuerzas de orden y seguridad públicas para compatibilizar las necesidades derivadas del orden público con la protección de derechos de las personas”, se agrega en el escrito. “Chile siempre ha destacado por cumplir sus compromisos internacionales. En ese sentido es que hemos enviado recientemente a Naciones Unidas el informe para dar respuesta al tercer Examen Periódico Universal en materia de derechos humanos, cuyos detalles profundizaremos en enero frente al organismo evaluador, en Ginebra”, explicó la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren. “El documento es fruto de un riguroso trabajo, que contó con la colaboración de diversos ministerios y servicios públicos, así como con instancias de participación de actores de la sociedad civil, con el objeto de recoger sus comentarios y opiniones, a quienes agradecemos mucho su interés y disposición. En el marco del compromiso del gobierno del Presidente Piñera con la promoción y protección de los derechos humanos, la presentación es una nueva oportunidad para dar cuenta de los avances que como Estado hemos ido realizando en esta materia, al mismo tiempo que un espacio para relevar los desafíos que tenemos por delante para consolidar una cultura de DD.HH. en Chile”, agregó Recabarren. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/gobierno-incluye-plan-compromiso-pais-informe-dd-hh-enviado-la-onu/386133/
  17. 22 Octubre 2018 Otros 10 años de cárcel para el homenajeado: Sala Penal de la Suprema dicta nueva condena contra Miguel Krassnoff El ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff Martchenko, quien ha estado en el ojo del huracán tras el homenaje realizado en su honor en la Escuela Militar el pasado 6 de octubre, suma una nueva condena a su registro. Esta vez, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia por el secuestro calificado de Eva Eugenia Palominos Rojas, una sobreviviente de Villa Grimaldi. En fallo dividido, la Segunda Sala de la Corte Suprema condenó a otros 10 años de cárcel al brigadier ® del Ejército, Miguel Krasnoff Martchenk, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado causando grave daño a Eva Eugenia Palominos Rojas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) sobreviviente de Villa Grimaldi. La instancia confirmó de este modo la sentencia que condenó a Krassnoff junto al ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo por este caso de violación de derechos humanos. Krassnoff Martchenko ha estado en el ojo del huracán tras el homenaje realizado en su honor en la Escuela Militar el pasado 6 de octubre. En esa oportunidad, su hijo, el coronel –ahora en retiro Miguel Krassnoff Bassa leyó un discurso donde destacó que “es tremendamente importante que nuestros padres que dieron la cara y dieron la vida por Chile y su familia estén siempre en el corazón de todos ustedes” y agradeció a la institución “por este gesto de valentía y de hombría” al recordar a su padre. El homenaje al condenado por delitos de lesa humanidad causó revuelo y provocó el llamado a retiro tanto de Krassnoff Bassa, como del director de la Escuela Militar, coronel Germán Villarroel. La sentencia El fallo conocido este lunes fue adoptado con los votos favorables de los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm, mientras el abogado integrante Jorge Lagos estuvo por acoger los recursos casación en el fondo deducidos por el Consejo de Defensa del Estado y la defensa de los condenados Krassnoff Martchenko y Espinoza Bravo. Durante el proceso, quedó establecido que Eva Eugenia Palominos Rojas, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) “fue detenida el día 7 de diciembre de 1974, por agentes de la DINA dirigidos por Miguel Krassnoff Martchenko, quienes las trasladaron al recinto de detención ubicado en Villa Grimaldi”. En Villa Grimaldi, “fue desnudada aplicándose electricidad en un procedimiento conocido como “La Parrilla” en todo su cuerpo, provocándole hemorragia permanente sin recibir atención médica, y luego de permanecer tres semanas en el recinto, fue trasladada a los centros de detención 4 Álamos, 3 Álamos, respectivamente, y finalmente a la Cárcel Publica”. Con esta condena, la Corte Suprema ha confirmado 72 sentencias contra Krassnoff Martchenko, que ya suma penas por 678 años de cárcel, según los registros judiciales. La resolución La sala de la Suprema además condenó a Gerardo Godoy García a cumplir 10 años de presidio como autor del secuestro de Patricia Zúñiga. En la resolución de la Suprema, se señala que tanto en el caso de Eva Palominos como de Patricia Zúñiga “se acreditó que fueron secuestradas sin orden administrativa o judicial, luego conducidas a un recinto de detención clandestino, conocido como ‘Villa Grimaldi', donde les aplicaron torturas atroces, confirmaron el fallo de primer grado, declarando que el hecho establecido se enmarca en el tipo penal descrito en el artículo 141 inciso tercero, esto es el delito de secuestro calificado, causando grave daño en la persona, en atención a que la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, entidad a la que pertenecían los acusados, fue un organismo secreto que actuó por encima de la ley, y los agentes o efectivos que la integraban escapaban no solo del conocimiento público, sino también del control efectivo de legalidad, tanto en la aprehensión como en el posterior encierro de las víctimas, a quienes retenían en recintos clandestinos, en este caso Villa Grimaldi, cuartel secreto en que se mantuvo a Eva Eugenia Palominos Rojas y Patricia del Carmen Zuñiga Barros encerradas e interrogadas bajo torturas atroces causándoles grave daño, como quedó acreditado en este proceso”. En el aspecto civil, se confirmó la sentencia que ordenó al Fisco pagar una indemnización de $60.000.00 a cada una de las víctimas. Lea la resolución de la Suprema aquí http://www.elmostrador.cl/media/2018/10/EVA-PALOMINOS-Y-OTRA-SUPREMA.pdf Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/10/22/otros-10-anos-de-carcel-para-el-homenajeado-sala-penal-de-la-suprema-dicta-nueva-condena-contra-miguel-krassnoff/
  18. 10 Septiembre 2918 Bellolio pide que candidatos de Chile Vamos expresen su compromiso con los DD.HH. Diputado envió carta en que critica el “negacionismo” y pide a sus dirigentes “condena total” y “sin contextos” a violaciones a los derechos humanos. Todos nos podemos equivocar, pero en derechos humanos ¡no!”. Con esa descripción circula por las redes sociales un video con el que el diputado UDI Jaime Bellolio busca difundir su postura en esta materia, posición que ahonda en un documento que hoy distribuirá entre distintos dirigentes de su partido y de Chile Vamos. Bajo el título “Para construir el futuro, debemos enfrentar con decisión el pasado. Reflexiones sobre los 45 años del Golpe de Estado”, el parlamentario realiza una dura crítica a la forma en que tanto en su sector como en la izquierda se ha abordado este tema, donde acusa la existencia de “negacionismo” y apela a la necesidad de una “condena total” y “sin contextos” frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura. En el texto, el parlamentario plantea que las personas de la generación del 80 -como él- evaden el debate o, si lo enfrentan, se les cuestiona, pues “no habían nacido”, o se les acusa de “traición”. Esto, pues en la derecha, según él, “hablar del 73 siempre ha sido hablar del paquete completo (…) Luego, por lo mismo, se justifican las acciones y con ello, las violaciones a los DD.HH.”. Bellolio hace un llamado al sector a “dar pasos significativos” para saldar la deuda”. Para eso, propone que “partamos exigiéndole un compromiso inclaudicable a cada uno de nuestros dirigentes y a cada uno de nuestros futuros candidatos, con los derechos humanos”. Añade que: “Pero que sea un compromiso de verdad, sin contextos ni justificaciones. Un compromiso limpio con la condena total y absoluta de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Chile y en el resto del mundo, y también, con las que ocurren actualmente. Un estándar mínimo que es indispensable para legitimar a una derecha moderna, consciente y responsable”. El legislador llama a hacer “una reflexión profunda”, en particular, “ciertos actores que fueron participantes activos o pasivos del régimen, a que confronten su pasado y asuman que todas sus acciones, por más bien intencionadas que fueren, terminaron siendo insuficientes. Una sola víctima, una sola familia que fue afectada por estos crímenes detestables, tiene que removernos la conciencia e impulsarnos a dar un paso al frente y reconocer que nos equivocamos”. Bellolio plantea que esta reflexión es necesaria tanto para la derecha como para la izquierda, pues en ambos sectores, acusa, existe “negacionismo”. “Por la derecha, en un grupo de personas que siguen diciendo que hay que comprarse ese paquete completo. Los que hace pocas semanas pedían el famoso contexto que tenía que acompañar el relato del Museo de la Memoria. Por la izquierda, en aquellos que hoy cierran los ojos y los oídos para no ver ni escuchar sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria, Turquía o China. Me rebelo frente a ellos”, afirma. En esta línea, el diputado acusa que sectores de izquierda utilizan el tema como “comodín” y detentar una supuesta “superioridad moral” en sus propuestas de política pública, o bien para unir a su sector. El documento plantea, así, que “a la luz de los hechos, tuvimos que hacer mucho más y tenemos que hacer mucho más hoy día para avanzar en la reconciliación del país”. Una reconciliación que, dice, “no se obtiene por decreto o por ley. Es necesariamente algo cultural, un proceso de cambio social”. Y para que exista, concluye, “tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación. Y tiene que haber perdón”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/bellolio-pide-candidatos-chile-expresen-compromiso-los-dd-hh/314009/
  19. 21 Septiembre 2018 Ministro Carroza condena a 20 exagentes de la Dina por Operación Cóndor Ministro Mario Carroza absolvió a otros 32 exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia por falta de acreditación de participación en los hechos. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó por violaciones a los derechos humanos a 20 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), como responsables de los delitos de secuesto y homicidio calificado de personas durante la acción coordinada de diferentes servicios de inteligencia de Sudamérica en la década del 70’, en la denominada Operación Cóndor. El fallo aborda la muerte y desaparición de siete personas, quienes fueron asesinadas en Paraguay, Bolivia y Argentina. En la causa, el ministro Carroza absolvió por falta de acreditación de participación en los hechos a otros 32 exagentes de la Dina. En el aspecto civil, el magistrado acogió las demandas presentadas por familiares de las víctimas, condenando al Estado a pagar indemnizaciones por concepto de daño moral de entre $20 y $90 millones. Además de una serie de medidas de reparación. Condenados El ministro de fuero condenó a los agentes Cristoph Georg Willeke Floel y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann a 17 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito reiterado de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, Julio del Tránsito Valladares Caroca, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autores del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Juan Hernán Morales Salgado a la pena de 15 años y un día de presidio, en calidad de autor mediato del delito de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor mediato del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulnian Bortnik y Matilde Pessa Mois. Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor de los delitos reiterados de secuestro calificado de Julio del Tránsito Valladares Caroca, Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez, Luis Gonzalo Muñoz Velásquez, Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Jorge Marcelo Escobar Fuentes, Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda y Miguel René Riveros Valderrama deberán purgar 15 años y un día de presidio, como autores mediatos de los delitos reiterados de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autores mediatos del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Gladys de las Mercedes Calderón Carreño deberá cumplir 10 años y un día de presidio, en calidad de autora de los delitos reiterados de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autora de los homicidios calificados de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce. Carlos José Leonardo López Tapia fue condenado a la pena de 10 años y un día de presidio, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Juan Humberto Hernández Zazpe, Manuel Jesús Tamayo Martínez y Luis Gonzalo Muñoz Velásquez. José Alfonso Ojeda Obando, Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme y Héctor Raúl Valdebenito Araya deberán cumplir 7 años de presidio, como autores del delito reiterado de secuestro calificado de Alexei Vladimir Jaccard Siegler y Héctor Heraldo Velásquez Mardones; y como autor del delito de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik y Matilde Pessa Mois. Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Ernesto Godoy Garcíacumplirán 5 años y un día de presidio, como autores del delito de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón; Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán deberán purgar 5 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Julio del Tránsito Valladares Caroca. Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Hermón Helec Alfaro Mundaca y Juan Ángel Urbina Cáceres, fueron sentenciados a 301 de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como cómplices del delito de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón, y Manuel Rivas Díaz, a 100 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, como cómplice del delito de secuestro calificado de Jorge Isaac Fuentes Alarcón. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministro-carroza-condena-20-exagentes-la-dina-operacion-condor/326486/
  20. 18 Septiembre 2018 Chile dio cuenta de 802 casos de violencia policial a la ONU Según cifras de la Fiscalía Nacional, en un año ingresaron más de dos mil denuncias por violencia cometida por funcionarios públicos a civiles. Cinco carabineros vestidos de civil entraron sin orden judicial a un departamento en La Cisterna, el 4 de agosto de 2016. Sin identificarse como policías, apuntaron con pistolas a las dos personas que vivían ahí, J.M.R. y F.C.M., los golpearon, esposaron y se llevaron $ 1,8 millones, además de sus celulares, ropa, zapatos, relojes, perfumes, un computador, un televisor y una consola de juegos. Los trasladaron a la 12° Comisaría de San Miguel, y uno de ellos, F.C.M., fue formalizado por tráfico de drogas, luego de que los oficiales escribieran en el parte policial que le encontraron 300 gramos de cocaína en una fiscalización vehicular. Sin embargo, F.C.M. denunció lo ocurrido y entregó a la fiscalía las grabaciones con las cámaras de seguridad de su edificio, que daban cuenta de lo que realmente había pasado. Con estos antecedentes, el Ministerio Público tomó la decisión de no perseverar en el caso contra F.C.M. y formalizó en mayo de 2018 por presunto robo con intimidación, allanamiento y detención ilegal, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público a dos uniformados: Daniel Huenchullán y Luis Rodríguez, quienes hoy están con arresto domiciliario total. Luego, en agosto, formalizó por robo con intimidación, allanamiento y detención ilegal y apremios ilegítimos a Luis Vásquez y Jorge Álvarez. Un caso similar ocurrió en la PDI cuando en 2014 fueron condenados nueve funcionarios por apremios ilegítimos y allanamientos y detenciones ilegales. Según los datos incluidos por el Estado de Chile en su último informe periódico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las policías asciende a un total de 802 entre 2010 y 2017. En detalle, desde ese año hasta mediados de 2015 se investigaron 732 casos de supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, de los que 392 fueron derivados a la justicia y 137 castigados disciplinariamente. Y, de acuerdo a la información adicional facilitada por la delegación (integrada por autoridades del Ministerio Público, la PDI, Gendarmería, Carabineros y el gobierno), en 2017 se impusieron sanciones disciplinarias a 34 funcionarios de esta institución y la PDI instruyó 36 actos administrativos desde 2010. Al respecto, la ONU señaló en sus observaciones finales “su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de las fuerzas de seguridad contra manifestantes” y “abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos”. Asimismo, lamentó “no haber recibido información completa” y planteó que “también preocupa que las denuncias por violencia policial se remitan para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución”. La fiscal de la Zona Sur, Paulina Díaz, quien formalizó a los cuatro carabineros y está designada como fiscal preferente para estos delitos, explicó que “las denuncias ingresadas por abusos contra particulares y apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos han aumentado en un 100%. La mayoría apunta a un accionar abusivo y exceso de violencia al momento de la detención”. El director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, Luis Torres, quien viajó a Ginebra con la delegación chilena para rendir el examen ante la ONU, explicó que “la violencia institucional dice relación con agentes del Estado que ejercen violencia fuera del marco legal”. Detalló que registran un total de 2.042 denuncias ingresadas entre noviembre de 2016 y 2017. “Estos casos corresponden a violencia carcelaria y policial”, detalló. Señaló que la ONU consultó a la delegación sobre la agresión por parte de Carabineros a una menor en Valparaíso en junio. Otra causa de interés para el organismo -dijo Torres- fue el caso Huracán, en el que se indaga la presunta falsificación de evidencia de parte de Carabineros para inculpar a personas por atentados en La Araucanía. Un caso de este tipo se dio en Valparaíso, donde la fiscalía formalizó en junio de este año a los carabineros Cristóbal Miller, Jorge Tapia, David Espinoza y José Ignacio Lagos, por obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado, “hicieron llegar a la fiscalía partes policiales, actas y declaraciones falsas, a través de los cuales simularon delitos inexistentes (…) que condujeron al Ministerio Público a solicitar medidas cautelares en perjuicio de sujetos detenidos”. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló por torturas de funcionarios públicos en 91 casos en 2018 y en 79 en 2017. Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica del INDH, dijo que “preocupa que sean tan bajos los porcentajes de sanciones en casos de violencia institucional, ya que la gran mayoría ni siquiera llega a una sentencia”. Versión de Carabineros y PDI Desde Carabineros señalaron que tomando en cuenta el total de procedimientos policiales que realiza la institución, es muy menor el número de casos registrados por presuntos abusos. “Es una tasa muy baja, pero es de nuestro interés que sea lo más cercano a cero”, dijeron. Explicaron que Carabineros ha implementado mecanismos para conocer de estas eventuales infracciones. Entre ellas, indicaron “un sistema público de recepción de quejas y denuncias, a través de una plataforma de internet o en forma directa”. Indicaron que no se referirán a casos específicos “por respeto a los derechos de los inculpados y el debido proceso”. En tanto, desde la PDI indicaron que el “Plan Estratégico 2017-2022 ha establecido elaborar una política de probidad, ética y derechos humanos, con un enfoque sistémico, que se instale en los momentos más tempranos de la carrera funcionaria”. Agregaron que cuentan con un programa destinado a recapacitar a los más de 12 mil miembros de la PDI en materias de ética y derechos humanos. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/chile-dio-cuenta-802-casos-violencia-policial-la-onu/323572/
  21. 14 Septiembre 2018 Militar chileno condenado por DD.HH. presenta inédita solicitud de refugio político en Argentina Sergio Jara Arancibia, detenido en Mar de Plata en julio pasado, alcanzó a permanecer prófugo cerca de 11 meses en el país vecino. Hoy, sin embargo, quien fuera condenado por delitos de lesa humanidad durante el régimen militar busca mantener su libertad. El 15 de julio pasado la Policía Federal de Argentina detuvo en Mar del Plata a quien fuera condenado en enero de 2016 a 18 años de cárcel por el homicidio del dirigente del Partido Socialista Rigoberto Achú Liendo y del militante comunista Absalón Wegner Milla, en diciembre de 1973. Se trata de Sergio Jara Arancibia. De esta forma se daba pie para que el ex coronel de Ejército, que permanecía prófugo desde agosto de 2017, fuera extraditado a Chile y comenzara a cumplir su condena por violación a los derechos humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, desde ese momento y considerando que se negaba a ser extraditado, sus abogados, tanto en Chile como en Argentina, comenzaron con las diligencias para impedir su traslado a territorio nacional y mantener su libertad. Fue en ese contexto que el abogado Eduardo Sinforiano San Emerito presentó una solicitud de refugio político a la Comisión Nacional para Refugiados, a la que tuvo acceso La Tercera PM, argumentando que Jara Arancibia “ha sido y es un perseguido político en su país”. En ese sentido, agrega que en Chile “se lo ha juzgado en clara violación a las leyes vigentes al momento del delito que falsamente se le ha imputado y condenado”. Por esa persecución a la que alude, incluso, manifiesta que se encuentra pendiente un recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Junto con la solicitud de que se le conceda el carácter de refugiado político en la República Argentina, el abogado solicita que a su defendido se le suspenda el proceso de extradición que se encuentra actualmente en trámite. Sin precedentes Si bien al momento aún no hay pronunciamiento respecto a la petición, se trata de la primera vez que un militar condenado por crímenes de lesa humanidad solicita el refugio en el extranjero, según comenta Raúl Meza, su abogado en Chile. Junto con celebrar su “valentía”, Meza indicó que este hecho sin duda “constituye un precedente judicial y político histórico en la defensa de los derechos de los militares condenados por derechos humanos”, puesto que, como dice, en los procesos de uniformados se les ha vulnerado “el principio de la igualdad ante la ley, la cosa juzgada, la ley de amnistía, la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, siendo juzgados por un sistema penal inquisitivo, arbitrario e inconstitucional”. Con todo, sí existe un antecedente de petición de asilo político en Argentina, pero desde el lado completamente opuesto: la presentada por el ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Galvarino Apablaza, que fue acogida durante el mandato de Cristina Fernández. Caso del que, según anticipó Meza, se han sacado argumentos para la presentación de Jara. “Los fundamentos que serán invocados ante la justicia argentina para que se rechace la solicitud de extradición activa que fue pedida por la justicia chilena y de esta manera, se conceda el refugio político, tendrán como lineamientos jurídicos los que esgrimió el ex líder del FPMR Galvarino Apablaza, entre otros, que en Chile la justicia de su país no le garantiza un debido proceso y la autonomía e independencia para resolver su libertad”, detalla. A juicio de dicha defensa, el ilícito por el cual Jara Arancibia fue condenado corresponde a un delito político, el que define como un “acto que se realiza por causas políticas y motivaciones altruistas y patrióticas con la finalidad de la autodefensa del gobierno”. “Mi representado no desea volver para enfrentar a la justicia chilena porque tiene la convicción, al igual que el ex frentista Apablaza que no se le garantizará un debido proceso, un juez imparcial y una debida defensa, especialmente considerando que en su caso, fue condenado por simples presunciones fundadas de participación en un delito de homicidio que nunca cometió y que jamás se le acreditó durante el proceso judicial algún medio de prueba directo para fundar la imputación penal”, agrega Meza, haciendo hincapié en que el ex coronel cumple con los requisitos para ser declarado refugiado. “Retroceso para los derechos humanos” La noticia de esta solicitud fue un balde de agua fría para Cecilia Heyder, activista de derechos humanos e hija de un militar asesinado en dictadura, quien aseguró que “jamás” pensó que “sufriríamos tal retroceso en derechos humanos”. “No quiero imaginar que me los podré encontrar en la calle ahora que la Corte Suprema ha entregado la llave para que las puertas se les abran a los asesinos y torturadores de nuestros familiares, de nuestros compañeros sobrevivientes. Nos dijeron e inculcaron que la dictadura había terminado, que ahora tendríamos una democracia y justicia, a pesar que sería ‘en la medida de los posible’, pero como todo solo fueron palabras. Aún no termina esta dictadura disfrazada de democracia. No queda otra que seguir luchando ante la impunidad de los genocidas de ayer y los cómplices de hoy”, añade. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/militar-chileno-condenado-por-dd-hh-presenta-inedita-solicitud-de-refugio-politico-en-argentina/320371/
  22. 09 Septiembre 2018 “Traidor” y “asesino”: Atacan tumba de Jaime Guzmán tras romería que conmemora los 45 años del golpe militar La situación fue rápidamente rechazada por la senadora Jacqueline van Rysselberghe: "Es francamente impresentable". Tras conmemorar los 45 años del golpe militar en el Cementerio General, desconocidos atacaron la tumba del ex senador UDI, Jaime Guzmán. En el lugar, se pueden apreciar rallados que rezan “traidor” y “asesino”. La situación fue rápidamente rechazada por la senadora Jacqueline van Rysselberghe: “Es francamente impresentable, este tipo de violencia no puede seguir en el país, es el tipo de violencia que, si se valida, deteriora la democracia”. Junto con ello, la timonel de la UDI pidió a los demás partidos a rechazar este hecho: “Queremos hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, sobre todo a los partidos de izquierda, a que condenen este acto. Nosotros creemos que si no se condena y se valida la violencia como un mecanismo de actuar lícito en política, es un comienzo del deterior de la democracia”. El presidente de RN, Mario Desbordes, condenó el ataque “perpetrado contra la tumba del ex senador Jaime Guzman, por violentistas amparados en la marcha por los DDHH. Solidarizamos con la UDI y llamamos a los organizadores a condenar con claridad lo ocurrido”. En tanto, el timonel del PRI Demócrata, Eduardo Salas, sostuvo que “esto se suma a la intolerancia beligerante de una izquierda que todavía no comprende que la violencia política es incompatible con la democracia”. El Gobierno también rechazó el ataque. La ministra Segegob, Cecilia Pérez, señaló que “nada justifica la violencia y el odio, a propósito de ninguna fecha, causa o defensa de ideas (…) Una sociedad mejor se construye con respeto, tolerancia, reflexión y real voluntad democrática”. Esta no es primera vez que el mausoleo del fundador de la UDI -quien fue asesinado en 1991 en un atentado del FPMR- se vio afectado, pues había ocurrió anteriormente el 2015 y 2016 bajo el mismo contexto de la romería. [email protected] Condenamos enérgicamente los desmanes y actos de odio que sufrió la tumba de nuestro fundador #JaimeGuzmán, la bajeza y delincuencia hoy demostrada sólo nos empujan con más fuerza a seguir trabajando por nuestros valores y principios. 15:44 - 9 sept. 2018 https://twitter.com/udipopular/status/1038860739187015680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1038860739187015680%7Ctwgr%5E373939313b73706563696669635f73706f7274735f616374696f6e&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.latercera.com%2Fpolitica%2Fnoticia%2Ftraidor-asesino-atacan-tumba-jaime-guzman-tras-romeria-conmemora-los-45-anos-del-golpe-militar%2F313818%2F Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/traidor-asesino-atacan-tumba-jaime-guzman-tras-romeria-conmemora-los-45-anos-del-golpe-militar/313818/
  23. 05 Septiembre 2018 Vivos Recuerdos: La tecnología que envejeció a Detenidos Desaparecidos Diez familias víctimas de la dictadura forman parte de esta campaña que muestra como habría envejecido un grupo de Detenidos Desaparecidos. Dicen que la tecnología nos vuelve cada vez menos humanos. Que aleja nuestras miradas a los ojos y las coloca sobre una pantalla. Que nos permite escapar de un mundo que no nos interesa a cambio de uno en donde los Me Gusta llegan para validarnos. Pero un grupo de creativos de la agencia Wolf BCPP, decidieron tomar la tecnología y utilizarla para un proyecto en favor de una de las características más humanas de nuestra especie: la memoria. El proyecto se llama Vivos Recuerdos y es un ejercicio tan emocionante como delicado. La agencia se contactó con 10 familias que sufrieron la pérdida de uno de sus seres queridos durante la dictadura de Chile y les ofrecieron un trato muy especial. Mediante un trabajo de restauración digital, tomarían la foto con la que incansablemente han gritado “¿Dónde Están?” en las últimas décadas y la convertirían en una imagen actual, en donde veríamos una aproximación de cómo se vería ese familiar si hoy estuviese vivo. “Esto nace con la intención de acercar el drama de los Detenidos Desaparecidos a toda la gente, sobre todo a los que no logran dimensionar lo que significa perder a un ser querido”, nos explica Sebastián Castillo, Redactor Creativo de Wolf. La idea del proyecto surgió a comienzos de este año y se necesitaron varias voluntades para concretarlo. La primera de ellas, de las familias, a quienes había que convencer de participar en una propuesta bastante particular, sobre todo por las maneras diferentes que existen a la hora de vivir un duelo. Para algunas de ellas, era una forma de reabrir la herida dejada hace 40 años, pero para otros, la importancia de la memoria fue el motor ideal para aceptar someterse a esta experiencia. Luego de que se eligieron a las 10 familias, con la ayuda del Partido Socialista, comenzó el proceso de restauración y envejecimiento de las imágenes, que requirió bastante tiempo. Hablamos de que se pasó de fotos en blanco y negro, de mala calidad y en formato análogo a un resultado que buscaba plasmarse en una gigantografía y además en un formato digital para poder armar un sitio web. “El desafío técnico era tomar estas fotos, que mas o menos te daban el diseño de su cara -que tan alejados tenían los ojos, donde van las cejas- y luego hacer un calce digital con los rasgos que la familia fue desarrollado. Y es impresionante ver como pasamos de una foto en blanco y negro al resultado final”, explicó Gonzalo Baeza, Directo General Creativo de Wolf. Para ese trabajo la agencia contó con los servicios del estudio Salamágica, que por lo general hacen producciones de publicidad, pero que ahora se comprometieron con la historia y el trabajo, que se extendió por cerca de un mes y medio y requirió no solo varias horas en Photoshop, sino que trabajar con descripciones que los mismos familiares hicieron de las víctimas, además de fotografías tomadas en estudio a la familia para conocer qué rasgos se fueron acentuando con el tiempo en cada grupo. Todo este conjunto de datos terminó convertido en una ilustración que si bien cuenta con todo el soporte digital, está hecha con la dedicación de un artesano. Pero además el resultado de este trabajo quedó plasmado en tres obras que llegan justo en el mes de septiembre y en medio del debate sobre la importancia de mantener la memoria histórica del país. El primero de ellos es un video que se ha convertido en viral y que muestra en pocos minutos la idea detrás de toda la campaña. Acompaña a este video un sitio web que podemos visitar para conocer más a fondo las historias de los 10 detenidos desaparecidos escogidos para este proyecto y comparar el proceso de envejecimiento. Y finalmente, una exhibición gratuita, abierta a público que se encuentra en la nueva sala de Vicuña Mackenna 207, y donde podrán verse estas fotografías en el tamaño en que fueron creadas. Todo esto con el fin de mantener la memoria vida y nunca olvidar, ya que como nos dijo Sebastián Castillo: “Si lo olvidamos, puede volver a pasar“. Fuente: http://mouse.latercera.com/vivos-recuerdos-campana-detenidos-desaparecidos/?via=lt&source=link
  24. 04 Septiembre 2018 Villalobos declarará como inculpado ante ministro Carroza por causa de DD.HH. El ex general director de Carabineros es investigado por su presunta participación en la muerte del estudiante de la Universidad de Chile Patricio Manzano. EL EXGENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS BRUNO VILLALOBOS FUE CITADO A DECLARAR EN AYSÉN. En calidad de inculpado deberá declarar el exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, por su eventual participación en el procedimiento en que murió el joven de 21 años Patricio Manzano. Así lo determinó esta jornada la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando al ministro en visita Mario Carroza interrogar al exgeneral. “Encontrándose incompleta la investigación en torno a la eventual participación de terceros en el delito pesquisado, SE REVOCA la resolución fecha 11 de junio de 2018, en cuanto por ella no se accedió a las diligencias pedidas por los querellantes, consistentes en citar a declarar en calidad de inculpados a Bruno Villalobos Krumm y a Ruperto Soto Reyes”, establece la resolución. En 1985 Patricio Manzano, estudiante de segundo año de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fue detenido por efectivos de Carabineros en la Región de Valparaíso. Hasta ahí había llegado junto a otros 172 voluntarios que realizarían trabajos de verano. Ese año, Villalobos se desempeñaba como teniente en la institución policial. Según la información que se tenía, anteriormente solo había declarado como testigo. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/villalobos-declarara-inculpado-ante-ministro-carroza-causa-dd-hh/307091/
  25. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/342832-presos-punta-peuco-ordenan-ingreso-a-colina-i-de-dos-exagentes-de-la-cni-condenados-por-homicidio-calificado-pagina-4/page-1?hl=+presos 02 Septiembre 2018 Punta Peuco: se han aprobado seis beneficios carcelarios de 475 solicitados Registro incluye las peticiones presentadas entre 2015 y 2018. Internos han pedido hasta 35 veces los permisos. Los únicos que fueron otorgados corresponden a exdetectives sentenciados en 2015 por apremios ilegítimos. Hace un mes, la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a siete condenados por crímenes de derechos humanos ocurridos durante el régimen militar. La decisión del máximo tribunal no pasó inadvertida e incluso motivó a un grupo de parlamentarios a presentar una acusación constitucional en contra de los tres jueces que participaron de estas resoluciones. A diferencia de lo que ha resuelto la Sala Penal, Gendarmería no ha entregado entre 2015 y 2017 ningún beneficio intrapenitenciario (salida dominical, de fin de semana o controlada al medio libre) a condenados por casos de derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco. De acuerdo a las cifras que maneja la institución penitenciaria, son 174 las personas que están cumpliendo sentencias por estas causas a nivel nacional. De ellas, 119 están en Punta Peuco, 42 en Colina I y el resto está distribuido en penales de Santiago, Arica, Temuco, Osorno, Nueva Imperial, Cauquenes y Puerto Montt. Así lo revela el oficio N° 5081 firmado por el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, del 22 de agosto pasado, en que se adjunta una presentación de la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck. En el documento se detalla, además, que durante esos tres años se han realizado 475 solicitudes de beneficios intrapenitenciarios por parte de internos de Punta Peuco y solo se han otorgado seis, ninguno a exuniformados condenados por casos ocurridos entre 1973 y 1990 (ver infografía). Los beneficios fueron entregados a cuatro exmiembros de la PDI, que fueron declarados culpables en 2015 de formar una red de corrupción. Según el fallo, los funcionarios cometieron actos indebidos cuando integraban la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel, realizando apremios ilegítimos, detenciones y allanamientos ilegales e infracción a la ley orgánica de su institución. Uno de ellos es el exsubcomisario José Márquez Areyuna, sentenciado a siete años y 172 días de presidio, quien obtuvo en 2016 un permiso de salida controlada al medio libre y otro de salida dominical. Otro es el exdetective Bruno Medina Blanco, condenado a la misma pena que Márquez y obtuvo los mismos beneficios penitenciarios. El tercero que ganó una autorización de permiso dominical fue Godfrey Gamboa Tapia, condenado a siete años y 160 días. Y el cuatro permiso se le entregó al exdetective Juvenal Pérez Blanco, a quien se le dio una pena de siete años y 361 días. Los que más piden Los 469 casos en que se rechazó el permiso para salir de Punta Peuco corresponden a solicitudes realizadas por exuniformados sentenciados por casos de derechos humanos. De total de las peticiones, hay 10 personas que concentran casi la mitad de estas (227). Entre ellos, el que ha requerido más veces este permiso (35) es el brigadier ® de Ejército Francisco Ferrer Lima, condenado a ocho años por el asesinato de Tucapel Jiménez. La misma cantidad de solicitudes que Ferrer ha realizado el coronel ® de Carabineros Gerardo Aravena Longa, condenado por los crímenes de José Barrera, Segundo Gárate, Jorge Toro, Justo Mendoza y Jorge Yáñez, en el sector de la Cuesta Barriga, en Curacaví. Otro que registra elevada cantidad de peticiones a Gendarmería (23) es el mayor ® del Ejército y exagente de la CNI Carlos Herrera Jiménez, a quien se le dio una pena de presidio perpetuo por diversos crímenes, entre ellos los asesinatos de Tucapel Jiménez y Mario Fernández. Visiones contrarias El abogado de internos de Punta Peuco, Raúl Meza, criticó los rechazos constantes de Gendarmería. “La inexistencia absoluta de beneficios intrapenitenciarios a los reos condenados por causas de derechos humanos no responde a razones de carácter jurídico, considerando que muchos de ellos cumple con los requisitos establecidos en el reglamento carcelario para su concesión, sino que obedece a motivaciones estrictamente políticas de todas las autoridades de los gobiernos, desde 1990 a la fecha”. Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), dijo que “me parece bien que durante estos años no se haya entregado un beneficio carcelario a estas personas y creo que no se debe entregar mientras no cumplan los requisitos. Ellos no están rehabilitados, porque no se arrepienten de los graves crímenes que cometieron”. En cambio, Loreto Iturriaga, hija del condenado exmiembro de la Dina Raúl Iturriaga, señaló que “esto es de una gravedad tal que me asusta vivir en este país. Es una cosa tremenda cómo es manejado todo corruptamente para el provecho de algunas personas. Los militares no tienen derechos humanos de nada”. Aplicación de criterios ¿Cuáles fueron las razones para que se entregaran beneficios a los expolicías condenados en 2015 y no a autores de crímenes en el gobierno militar? Al respecto, el jefe de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Fernández, explicó que esa es una decisión que toma un consejo técnico de Gendarmería por decisión unánime de los miembros. Añadió que “el reglamento para otorgar estos permisos se modificó en 2016, aumentando los requisitos a quienes hayan sido condenados por homicidio, mutilaciones, entre otros delitos que fueren perpetrados en el contexto de violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado”. Esto, explicó, hizo que los permisos se redujeran al máximo. En tanto, desde Gendarmería dijeron que “los criterios son insumos de la comisión técnica y son reservados”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/punta-peuco-se-aprobado-seis-beneficios-carcelarios-475-solicitados/304939/
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