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  1. 06 Marzo 2018 Corte de Santiago revoca procesamiento de Bruno Villalobos por tormentos a Patricio Manzano El ex general director de Carabineros había sido sometido a proceso por el juez Mario Carroza en calidad de cómplice, en el caso de la muerte del estudiante de la Universidad de Chile en 1985.. Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el procesamiento de general de Carabineros en retiro Bruno Villalobos, por aplicación de tormentos en la muerte de a Patricio Manzano. Villalobos había sido sometido a proceso por el juez Mario Carroza en calidad de cómplice. Manzano, alumno de la Universidad de Chile (21 años) murió tras ser detenido por un grupo de Carabineros que lideraba en ese entonces Teniente Villalobos (25 años), mientras el estudiante participaba en trabajos de reconstrucción en San Felipe luego del terremoto de 1985. Estos últimos habían sido prohibidos por el régimen de Augusto Pinochet, en línea con el Estado de Excepción decretado en noviembre de 1984. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/corte-santiago-revoca-procesamiento-bruno-villalobos-tormentos-patricio-manzano/557323/
  2. Cayó la “Chani”: detienen en Australia a Adriana Rivas, la torturadora y exsecretaria del “Mamo” Contreras Adriana Rivas, exintegrante de la brigada Lautaro de la DINA, es requerida por la justicia chilena por su participación en 7 secuestros calificados de miembros de la cúpula del PC. En 2014, la Corte Suprema emitió una orden de extradición en contra de esta mujer radicada en Australia desde 1978 y que no ha tenido problemas en reconocer que “los mejores años de mi juventud fueron los que viví en la DINA". Abogados querellantes en la causa la califican como “una de las criminales más peligrosas y agresivas de la dictadura”. 5 años después de requerida su extradición, personal de la Policía Federal Australiana detuvo esta jornada a la ex agente de la DINA y ex secretaria de Manuel “Mamo” Contreras, Adriana Rivas, también conocida como la “Chani”. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, Rivas trabajó como agente en la fatídica Brigada Lautaro de la DINA. Esta unidad, que operaba desde el cuartel Simón Bolívar 8630, tuvo como tarea principal la desarticulación de las direcciones del Partido Comunista. Precisamente por esos casos, Rivas es requerida por la justicia chilena. En 2014, la Corte Suprema emitió una orden de extradición en contra, por su participación en los secuestros calificados de Víctor Díaz, Fernando Ortiz, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Héctor Véliz y Reinalda Pereira, todos ocurridos entre 1974 y 1977. La exsecretaria del “Mamo” se radicó en 1978 en Australia. En 2006 regresó a Chile para asistir al matrimonio de una sobrina, y fue detenida por su participación en el Caso Conferencia. Procesada en febrero de 2007, estuvo casi tres meses detenida. Cuando se le otorgó la libertad condicional, pero con orden de arraigo, se fugó vía Argentina con destino nuevamente Australia. Tras su detención, Rivas compareció ante el juez Robert Williams en el tribunal de Sydney, pero aún falta determinar si"pedirá o no pedirá una libertad condicional. Está en su derecho de hacerlo conforme a la ley de Australia", explicó la abogada Adriana Navarro, representante de las familias de víctimas de Rivas. “Una de las criminales más peligrosas de la dictadura” En 2013, Rivas dio una entrevista a la radio australiana SBS, con ocasión del 40 aniversario del golpe militar en Chile, donde reivindicó sus años en la policía secreta de la dictadura. “Los mejores años de mi juventud fueron los que viví en la DINA", confesó en un diálogo donde además sostuvo que Pinochet "fue un buen presidente". Si bien la exsecretaria del “Mamo” defendió la tortura señalando que era una técnica "necesaria para quebrantar a la gente", negó haber participado en la aplicación de tormentos. Pero esto es desmentido por el abogado Eduardo Contreras, querellante en el caso: “Ella es una de las criminales más peligrosas y agresivas de la dictadura. Participó personalmente en el asesinato de nuestro inolvidable dirigente Víctor Díaz y en el de muchos otros compañeros antifascistas de diversos partidos”, sostuvo. En esa misma entrevista, al ser consultada sobre el paradero de los más de 1.000 detenidos-desaparecidos, Adriana Rivas contestó que es algo que nunca se sabrá: "Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe". La historia de la exsecretaria de la DINA fue relatada por su sobrina Lisette Orozco, en el documental "El pacto de Adriana". Para la autora de este trabajo audiovisual, "todos los que participaron en la DINA hicieron un pacto de silencio y prefieren morir a aceptar y reconocer lo que realmente hicieron. Es un mecanismo de defensa para que puedan vivir en su presente (…) Mi tía se va a morir con su discurso, igual que todos los militares”.
  3. 12 Diciembre 2016 Bachelet y defensa de DD.HH: “Hemos visto que en ocasiones la instituciones no han estado a la altura” La Presidenta agradeció la entrega del Informe Anual elaborado por INDH y aseguró que será referencia para seguir asumiendo “nuestra responsabilidad”. Este lunes el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó su Informe Anual, el que fue valorado por la Presidenta Michelle Bachelet, como una referencia para avanzar en la defensa de los Derechos Humanos y en la definición de nuevas y mejores políticas públicas. “No se ha logrado avanzar a la velocidad de las esperanzas, pero si se han dado pasos. Tenemos que acelerar la marcha y no podemos cerrar los ojos ante los desafíos pendientes”, dijo la Mandataria en medio de la ceremonia. En su discurso, Bachelet destacó, entre otros puntos, la importancia de pensiones dignas, un correcto trato para los migrantes y los derechos de los más vulnerables, considerando que “hemos visto que en ocasiones la instituciones no han estado a la altura”. Lee también: Pensiones y derechos de la niñez marcan Informe Anual del INDHEn esa línea, indicó que los objetivos que el Estado persigue son constantemente renovados, pero que siempre hay que estar preparados para prevenir los abusos, como los que se evidenciaron con el caso de la comunera mapuche que dio a luz engrillada o la situación de cientos de niños. “No debemos temer a la verdad, no debemos temer ante desafíos que den forma a la sociedad. Este Informe Anual es parte de un esfuerzo fraternal que tenemos que hacer, debemos renovar y fortalecer aquella visión compartida (…) Nosotros lo agrademos y lo leeremos con detalle para seguir asumiendo nuestra responsabilidad”, sostuvo la Presidenta. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/bachelet-defesa-dd-hh-no-podemos-cerrar-los-ojos-ante-los-desafios-pendientes/
  4. Defensa de Labbé tras detención: "Está tranquilo porque el que nada hace, nada teme" En conversación con Emol, el abogado Cristián Espejo insistió en la falsedad de los hechos de tortura por los que fue procesado hoy el ex alcalde de Providencia, calificando la decisión del juez Jaime Arancibia como "grave y arbitraria". SANTIAGO.- "Mi representando está tranquilo porque el que nada hace, nada teme", dijo este miércoles a Emol el abogado de Cristián Labbé, Cristián Espejo, luego de la detención del ex alcalde de Providencia tras ser sometido a proceso por delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y secuestro con grave daño respecto del dirigente de Santo Domingo, Cosme Caracciolo. "Esto es absolutamente arbitrario y no tiene relación con la verdad", insistió el defensor, calificando como grave la decisión del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, porque "no es posible que con el solo hecho que una persona acuse a otra, se pueda someter a proceso sin que nadie lo sustente". Asimismo, Espejo agregó que "el sujeto que lo acusa señala que mi representado lo torturó en 1975, pero el ministro -sin que se lo haya mencionado el denunciante- lo procesa además, por detención ilegal y secuestro sin tener antecedentes de ello". Por último, aseguró que la detención por parte de la Brigada de Derechos Humanos "que ya no tiene nada de Derechos Humanos", lo hizo de una manera innecesaria e inusual "porque llegaron a las 5:30 horas, siendo que cada vez que fue citado, el señor Labbé se presentó de manera voluntaria". A esta hora, en tanto, el ex edil se encuentra en Valparaíso, en el despacho del juez para luego ser trasladado hasta la unidad policial que el magistrado disponga. Mientras, su defensa analiza solicitar la libertad bajo fianza una vez que sea notificado sobre el procesamiento del coronel en retiro. www.emol.com
  5. El 33% de los niños en Sename son tratados con fármacos y 184 se encuentran en alto riesgo Minsal y fundaciones de menores expusieron diagnóstico ante la Comisión de DD.HH. del Senado. Plan de salud mental abordará diferentes trastornos, con énfasis en adicciones e intentos de suicidio. El 33% de los niños y adolescentes tutelados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) son tratados con medicamentos. Además, hay 184 casos en los cuales, por distintas enfermedades o trastornos, su condición es calificada como “de alto riesgo”. Eso es parte del diagnóstico que levantó hoy la Comisón de Derechos Humanos del Senado, tras recibir a distintas fundaciones de menores y a la ministra de Salud, Carmen Castillo, para conocer la situación del Sename y las medidas requeridas para reforzar este servicio. Eso, tras la muerte de Lisette (11), producto de un paro cardiorespiratorio, ocurrida en abril pasado al interior de un centro de Sename. Su deceso abrió un nuevo debate en torno a las condiciones y el trato que reciben los niños y adolescentes en los recintos de acogida. Actualmente, sin contar los niños en vías de adopción, cerca de 166 mil menores transitan por las dos grandes áreas del Sename: el sistema de protección de derechos y primera infancia, y la justicia juvenil. Según el Ministerio de Salud, el 69% del primer grupo padece algún trastorno mental, cifra que se eleva al 86% en el caso del segundo. Entre los menores que se encuentran en el sistema de justicia juvenil, además, un 75,5% está asociado al consumo de sustancias ilícitas. Castillo explicó que entre estos últimos hay 184 niños o adolescentes en alto riesgo. “Están en el grupo que requiere tratamiento urgente; se trata de menores con diferentes tipos de adicciones, trastornos conductuales e intentos de suicidios. Ellos necesitan la asistencia de especialistas”. Por ello, Castillo informó que serán fundamentalmente los niños que padecen algún tipo de trastorno mental quienes serán considerados prioridad en el nuevo Plan Protege, diseñado para abordar este problema. Dentro del quehacer inmediato, el programa destaca la “priorización de casos”, en cuanto a la prevalencia de trastornos mentales, siendo el consumo de drogas la causa más directa de patología. Al respecto, la ministra de Salud explicó que la propuesta de intervención incluye levantar seis nuevos servicios de salud, destinados a resolver este tipo de alteraciones, con un presupuesto de $ 4 mil millones en las comunas de Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Valdivia, Magallanes y en el sector sur-oriente de Santiago. “Los adolescentes que se encuentran en Centros Privativos de Libertad recibirán las prestaciones de atención primaria al interior de las Unidades de Salud de dichos centros, donde se contará con médicos, sicólogos y nutricionistas, entre otros. La atención de salud mental será prioritaria para todos los niños del Sename, para evaluación y tratamiento, aumentando horas médico y tratamientos de alcohol y drogas con Senda”, destacó Castillo. Cuestionamientos El senador Alejandro Navarro (MAS) sostuvo que “este es el mismo programa del año 2000, o sea, hace 16 años teníamos el mismo problema y seguimos con una tasa de suicidio importante entre los menores; desde Contraloría se ha cuestionado la calidad profesional en los centros, porque los niños en estas condiciones, de riesgo vital, requieren de atención expedida. Así como Lissette, tenemos un 33% de los menores con tratamiento farmacológico. El presupuesto puede asegurar la vida de esos niños”. La senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) manifestó que “me parece que el presupuesto es insuficiente; como siempre, aquí se ven buenas intenciones, un buen ejercicio académico de la situación, pero muy poca realidad para resolverlo”. Desde la mesa, compuesta por distintas fundaciones de menores y legisladores, se reconoció la aproximación del Ministerio de Salud al drama institucional del Sename. No obstante, se calificaron los montos como “insuficientes”. La próxima semana se constituirá en el Senado una Comisión Especial Permanente de la Infancia. La instancia, requerida por el senador Patricio Walker (DC), buscará apurar las iniciativas legislativas que permitan una mayor fiscalización a Sename. “Hay muchos niños en situaciones de riesgo que necesitan atención médica, y es importante lo que hace el Ministerio de Salud, pero debería ser más contundente también la subvención. Un niño le cuesta al Estado $ 150 mil mensuales. Cuando un preso tiene un gasto de alrededor de $ 600 mil, no puede ser que un niño cueste un cuarto de esa cifra. No pueden ser siempre la última prioridad del Estado”, señaló el parlamentario. www.latercera.com
  6. EEUU interpone sanciones contra Kim Jong-un por violaciones a los DDHH Por esto, sus eventuales activos en EEUU serían congelados. El líder de Corea del Norte fue puesto por primera vez en la lista negra del Departamento del Tesoro de Washington. Estados Unidos anunció el miércoles sanciones financieras contra el líder norcoreano Kim Jong-Un y otros 10 funcionarios de su régimen comunista por violaciones de derechos humanos. Kim fue puesto por primera vez en la lista negra del Departamento del Tesoro y sus eventuales activos en Estados Unidos serían congelados tras un informe del Departamento de Estado que dio cuenta de "graves violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte", según informó el Tesoro. "Bajo Kim Jong-Un, Corea del Norte sigue causando intolerable crueldad y penuria a millones de personas de su propio pueblo, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, trabajos forzados y tortura", dijo Adam Szubin, subsecretario en funciones del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Entre los funcionarios también sancionados se cuentan el ministro de Seguridad Choe Pu Il, su consejero Ri Song Chol y el director del ministerio de Seguridad del Estado, Kang Song Nam. Cinco entidades, entre ellas el ministerio encargado de la censura, fueron también incluidas en la lista negra estadounidense. Corea del Norte ya es blanco de sanciones internacionales, y especialmente estadounidenses, por su programa nuclear y el de misiles balísticos. Un alto funcionario estadounidense, que pidió anonimato, dijo que divulgar los nombres de los gobernantes norcoreanos ayudará a romper el secreto bajo el cual cometen abusos. Las sanciones contra Kim y miembros de su gobierno fueron reveladas luego que el departamento de Estado divulgara documentos que denuncian atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad norcoreanas y en los campos de presos políticos. El funcionario estadounidense dijo que el informe deja en evidencia que Kim es el responsable final de la mayoría de los abusos. La incorporación de esos gobernantes norcoreanos a la lista negra del Tesoro impica que se congelerán sus eventuales activos en Estados Unidos y, además, se prohibirá a los estadounidenses emprender negocios con ellos. Esta es la primera vez que el líder norcoreano es objeto de sanciones estadounidenses. Otros líderes ya fueron sancionados en su momento por Estados Unidos, entre ellos el dictador libio Muammar Kadhafi. www.latercera.com
  7. Cambios en el INDH: Cómo se renovarán los miembros del consejo del organismo que está en la mira En un mes más, se integrarán cinco nuevos integrantes al directorio de la entidad, cuya directora, Lorena Fries, ha estado en el centro de la polémica por sus dichos sobre las últimas marchas y movilizaciones. SANTIAGO.- El próximo 2 de julio vence el plazo para renovar el consejo directivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entidad que ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas debido a su actuación en las recientes protestas y movilizaciones que han ocurrido en el país. La ley 20.405 que rige a la entidad establece que del total de 11 consejeros, dos deben ser designados por el Presidente de la República; otros dos por el Senado; dos por la Cámara de Diputados; cuatro por instituciones vinculadas a la defensa de los DD.HH. y uno por los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del CRUCh. “Quienes sean elegidos deberán ser personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y serán nombrados por un período de 6 años, pero se renovarán por parcialidades cada tres”, agrega el artículo 6° de dicha legislación. De este modo, cinco de los once miembros actuales de la plana ejecutiva deben dejar su cargo este año: La actual directora, Lorena Fries, y Claudio González, ambos elegidos por organizaciones civiles; Carlos Frontaura, designado por el Senado; Roberto Garretón, escogido por la Cámara de Diputados; y Manuel Núñez, propuesto por el ex Presidente Sebastián Piñera. Hasta hoy, ya hay tres de los cinco personeros que deben ingresar a la nueva mesa que ya fueron elegidos: Margarita Romero Méndez y Branislav Marelic Rokov, ambos escogidos por organizaciones civiles relacionadas con la promoción de los DD.HH., y el ex diputado DC, Eduardo Saffirio. Romero, médico de profesión, fue presidenta de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, integró el directorio del Museo de la Memoria, y encabeza actualmente la Asociación por la Memoria y los DD.HH. Colonia Dignidad. Marelic, en tanto, es egresado de Derecho (U. de Chile) y se desempeña en el estudio Rivadeneira, Colombara y Zegers. Está vinculado con la organización Londres 38 Espacio de Memorias y preside la Corporación Fundamental. En tanto, Saffirio fue ratificado por la sala de la Cámara de Diputados el pasado 3 de mayo, en una polémica votación que incluyó las críticas del diputado Gabriel Boric, quien acusó cuoteo político en la designación del ex parlamentario demócrata cristiano. ¿Quién reemplazará a Fries? Los otros dos cupos deben ser definidos por la Presidenta Michelle Bachelet y el Senado. En el primer caso, cabe la posibilidad de que el nombramiento se haga en conjunto con el anuncio del nuevo subsecretario de DD.HH., mientras que en el segundo, se espera un duro debate en torno a dos nombres. Mientras la oposición espera renovar el periodo del abogado Carlos Frontaura, desde la Nueva Mayoría surgió con fuerza el nombre del ex ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic. La decisión debe ser visada por las cuatro séptimas partes de los senadores. Una vez que estén todos los consejeros en sus cargos, estos deben escoger al director del organismo, el cual debe ser elegido por mayoría absoluta de los integrantes del consejo, el cual quedará compuesto además por Sergio Micco (propuesto por las Ues del CRUCh), José Aylwin y Consuelo Contreras (elegidos por organizaciones civiles), Sebastián Donoso (escogido por el ex Presidente Piñera), Carolina Carrera (elegida por el Senado) y Miguel Luis Amunategui (elegido por la Cámara de Diputados). www.emol.com
  8. SML decreta cierre pericial del caso Hornos de Lonquén Tras identificar a todas las víctimas enterradas en los hornos de Lonquén, el Servicio Médico Legal ha dado por finalizada la investigación que logró establecer la identidad de las 15 víctimas, asesinadas por la dictadura de Pinochet en 1973. Las autoridades decretaron hoy la investigación del caso conocido como “Hornos de Lonquén”, tras la identificación de la última persona Manuel Navarro Salinas, una de las 15 víctimas que desaparecieron enterradas en ese lugar durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La información la entregó a los periodistas el director del Servicio Médico Legal (SML), Patricio Bustos, quién explicó que la identificación de las víctimas se logró gracias al apoyo de laboratorios extranjeros y calificó como un hito el término de esta causa. “Lo que nosotros entregamos es una identidad y una causa de muerte. Como es de conocimiento público, lamentablemente en este caso ni siquiera hubo ajusticiamiento a través de proyectiles, fueron asesinados a golpes”, añadió Bustos. Comentó que “no tenemos certeza de las condiciones en las que fueron botados dentro de los hornos, pero el hecho de que fuera un horno de cal tenía como sentido intentar ocultar los crímenes que estaban cometiéndose”. Las quince víctimas del régimen militar fueron lugareños detenidos por carabineros el 7 de octubre de 1973 en Isla de Maipo y ejecutados posteriormente por agentes del Estado y enterrados ilegalmente en los hornos de Lonquén, un pequeño poblado situado a 14 kilómetros de la localidad de Talagante vecina a Santiago. Entre ellos estaban un campesino y sus cuatro hijos, trabajadores agrícolas y hasta un adolescente detenido por fumar marihuana en una plaza. La justicia chilena procesó a un exoficial y siete excarabineros de la Tenencia de Carabineros de Isla de Maipo por el homicidio de estas 15 personas, cuyos restos aparecieron en estos hornos de cal, después de la denuncia de un campesino a la iglesia católica. El vicario Cristian Precht Bañados fue el encargado de coordinar una comisión que finalmente verificó los crímenes de estas quince personas. Fuente: www.theclinic.cl
  9. El silencio otorga: los criminales de la dictadura que morirán como generales Por Equipo Cambio21 Murió Manuel Contreras y Marcelo Moren Brito. A pesar de sus crímenes cometidos durante el régimen militar y las condenas en su contra, murieron con su escalafón oficial. Parlamentarios UDI llamaron incluso a que sus funerales fueran con los honores correspondientes al grado. La discusión quedó desierta y los grupos de derechos humanos reclaman que el gobierno no tiene voluntad política para degradarlos. "Algún día entenderán lo mucho que él hizo por Chile". Palabras de Sergio Arellano Iturriaga, hijo del general del mismo nombre que el miércoles falleció en su casa, con su familia, a los 94 años. Oración cariñosa de parte de un hijo que acaba de perder la figura paterna. Pero que toma otra connotación para quienes conocen el pasado militar escrito con sangre desde septiembre de 1973. El general murió con su grado militar a pesar de los 97 crímenes que protagonizó a cargo de la llamada Caravana de la Muerte. Los familiares de las víctimas han pedido en más de una ocasión que los uniformados involucrados en los delitos de la dictadura sean degradados. Hasta ahora, solo han conseguido que no reciban un funeral con honores acordes a su jerarquía. El que calla no siempre otorga A pesar de lo anterior, para el abogado en causas de derechos humanos Héctor Salazar, el grado militar, aunque importante, no es lo principal y que solo nubla el objetivo que debiera ser primordial: una respuesta de la institución. El jurista explicó que "ese debate más allá del significado simbólico que pueda tener, no creo que sea el elemento central en juego. Lo que sí lo es, a mi juicio, es el comportamiento institucional actual frente a este tipo de personaje. Ahí se tienen que hacer las interpelaciones y las preguntas para que se defina a cómo explica que haya ocurrido lo de la Caravana de la Muerte a manos de un general de la República, sin que la institución asuma responsabilidad. El abogado insiste que es necesario mantener la demanda presente y vigente y sobre la misma, ante la sensación de que el mundo político, simplemente dejó morir el tema. "De alguna manera nuestra institucionalidad y nuestros actores políticos dieron por blanqueada la situación institucional de los derechos humanos y (por ejemplo) todavía no se conoce ningún pronunciamiento de la institución de Carabineros sobre el Caso Degollados", agregó Salazar. El gobierno no abre puertas Desde la comisión de Derechos Humanos del Senado, Manuel Antonio Matta (DC), reconoce que a los partidos les faltó voluntad política para insistir en la materia. La misma que recobró vigencia cuando cayeron los pactos de silencio en torno al Caso Quemados en agosto de 2015. "Indudablemente, si el gobierno nacional no ha abierto las puertas a estas reiteradas peticiones hechas por las organizaciones de derechos humanos, obviamente queda la lectura de que no ha existido voluntad para hacer lo que se ha solicitado reiteradas veces. Es de sentido común. No darse cuenta es tener una mala interpretación de la realidad: el gobierno no va por ese camino y no sé si lo hará", consideró Matta. Teniendo en cuenta que durante este periodo el oficialismo es mayoría en el Congreso, el senador reconoció que este es el momento de tomar medidas de esta orden. Además, para el legislador por el Maule "sería perfectamente posible, sobre todo si es que han sido condenados por los tribunales de Justicia bajo el debido proceso. En consecuencia, podría proceder la degradación en el escalafón militar que alcanzaron. Sobre todo, cuando existen delitos tan graves como los que condujeron a una condena, incluso en algunos casos a perpetuidad". www.cambio21.cl
  10. Murió Arellano Stark: el cruento líder de la "Caravana de la Muerte" El uniformado de 94 años fue sobreseído "por demencia" en 2015 por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. A los 94 años, murió el general ® Sergio Arellano Stark, sindicado como el líder de la denominada "Caravana de la Muerte", comitiva militar que recorrió el país tras el golpe de Estado de 1973. Las causas de su deceso no fueron confirmadas. Sin embargo, había sido sobreseído "por demencia" en 2015 por los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El nombre del ex general del Ejército surgió luego de que Pinochet le diera la orden de intensificar los procedimientos de revisión hacia los presos políticos tras el Golpe Militar de 1973. La situación provocó la matanza de decenas de personas a lo largo del país, luego de que Arellano Stark, junto a un contingente militar, recorrieran el territorio a bordo de un helicóptero Puma de la institución. www.cambio21.cl
  11. No hay vuelta atrás, esta vez no es el cuento del tío: Inminente cierre de Punta Peuco Sus nuevos habitantes han transformado el ambiente al interior y al exterior del penal. Desde “hacinamiento” hasta injusticia en el encarcelamiento de ancianos, reclaman los internos y sus familias. • Cerrar el penal VIP y mandarlos a la cárcel común, responden sobrevivientes y familiares de víctimas. • El gobierno acelera la construcción de módulos de Colina 1, que sería el destino final de los violadores de DDHH. "Esta vez sí es impostergable el cierre de Punta Peuco y que esto se efectuaría a más tardar el primer semestre de este año", aseguraron fuentes de Gobierno a Cambio21. Tres son las circunstancias que gatillaron la decisión, que reconocen es irreversible. Las razones del cierre La primera razón, es que esa unidad penal ya sobrepasó el límite de internos (112) para la cual estaba presupuestada y se espera que en los próximos meses ingresen a lo menos otros 100 nuevos provenientes de nuevas sentencias y traslados. Un segundo elemento que aceleró la medida, es la situación de Álvaro Corbalán, cuyo traslado a otro penal, la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en aplicación de una sanción administrativa por incumplir el Reglamento Interno, demostró que la segregación y seguridad fuera de Punta Peuco está garantizada para esos delincuentes y que el cambio nada tiene de traumático. Por último, existe un deber moral por parte del gobierno de dar una señal potente que los cambios que ha propuesto al país en materias de educación, impuestos, laboral y políticos, no pueden dejar fuera el tema de los Derechos Humanos, uno de cuyos emblemas es la mantención de este penal que se asocia a beneficios y granjerías a sus internos. Sume a eso el que no tendría explicación que un gobierno de centro-izquierda no sea capaz de hacer lo que una administración de derecha hizo con el penal Cordillera. Colina 1 aguarda Según las fuentes de palacio que prefirieron hablar en off, entre mayo y junio se procederá a trasladar a los internos desde Punta Peuco a su nueva residencia denominada Asistyr y que se encuentra al interior de Colina 1. Los trabajos de remodelación se encuentran casi listos y su costo superó los mil quinientos millones de pesos. "Dada la modernidad del recinto, las condiciones permitirán asegurar una mejor calidad de vida para los condenados", aseguran desde Gendarmería. Los módulos dispuestos para recibir a militares y civiles que fueron parte de la represión durante la dictadura, ya tienen habilitada una sección con 60 celdas y la capacidad total del recinto que se construye, permitirán albergar hasta un tope de 345 reclusos. Colina 1 en general se encuentra sobrepoblada pues su capacidad es de 1100 reclusos y en la actualidad la población penal supera los 1600 internos. Para sobrevivientes y familiares de víctimas, importa el cambio a una unidad penitenciaria que sea una cárcel común, pero además interesa que las condiciones que allí imperen no se transformen en una mantención de los privilegios que actualmente gozan. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), destacó que "los violadores de los DDHH tienen que ser trasladados a un recinto común y corriente, sin privilegios". Cuando el río suena... Hace unos meses y luego de una entrevista con la Presidenta Bachelet, la sobreviviente del caso "Quemados", Carmen Gloria Quintana afirmó que "ella (la Presidenta) me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre". En el mismo sentido se pronunció Lorena Pizarro, pero esta vez la interlocutora fue otra, la ministra de Justicia Javiera Blanco: "Hicimos un compromiso con la ministra de Justicia hace una semana, donde nos señaló que visitaríamos las dependencias de Colina y otros penales, para demostrarnos que ese lugar es igual que las otras cárceles", afirmó la dirigenta de la AFDD. Desmentidos más o menos, lo cierto es que existen otros hechos indiciarios que dan cuenta de la cercanía de la medida de traslado. Uno de ellos es el inventario que cada delincuente que habita en Punta Peuco debió realizar sobre sus pertenencias al interior del penal. Debieron llenar y entregar un formulario dando cuenta detallada de sus bienes para ponerlo a disposición de Gendarmería. De hecho fueron los mismos militares y civiles condenados los que levantaron las protestas porque similar situación aconteció poco antes del cierre del penal Cordillera. Los familiares de los condenados y un grupo de "amigos" de los residentes en Punta Peuco, han aumentado la presión a los uniformados en servicio activo para evitar el inminente cierre del penal de privilegio. Protestas frente a la Escuela Militar, páginas web alusivas e intervención de la "bancada militar" en el Congreso son parte de la estrategia que utilizan. También existen abiertos llamados sediciosos que reclaman un nuevo 11. Chiquillos... llegó visita Ese pareciera ser el grito que a partir de ahora se escuchará con más fuerza en Punta Peuco, pues la cantidad de causas ad portas de ser falladas implicaría una cifra no menor a 100 nuevos condenados que debieran cumplir cárcel efectiva y los que sumarían a los 120 actuales habitantes de la cárcel VIP. Por eso la proyección de 345 plazas en Colina1 se efectuó en base a estudios de hasta dónde puede escalar el encarcelamiento de violadores de DDHH. El abogado Nelson Caucoto, aseguró a Cambio21 que "La expectativa es que va a aumentar de manera significativa en un futuro inmediato la población penal de Punta Peuco, más allá de toda proyección, pues se han acelerado claramente las sentencias en las causas por esta clase de delitos, con nombres nuevos de personas que por primera vez se verán privados de libertad.". Casos como el Torres San Borja, Paine, Comando Conjunto y otras centenas de sentencias de término pendientes, elevan el número de nuevos residentes que obliga al cambio. Es cierto, no pueden estar mezclados con los reos comunes, por protección a estos y para evitar que los conocimientos militares que manejan los criminales de Punta Peuco sean trasladados a presos comunes peligrosos. Pero segmentarlos no implica otorgarles un trato privilegiado que viola la igualdad ante la ley. Nada justifica el que existan criminales bajo un régimen "licencioso" comparado con el régimen penal ordinario, lo que causa absoluta desigualdad en nuestro país. Los "otros" familiares Desde antes que terminara la dictadura, familiares de las víctimas y sobrevivientes del holocausto dieron una activa lucha. Primero desde la Vicaría de la Solidaridad y luego desde diversas agrupaciones que los convocaban según su situación. La muerte de familiares y de quienes fueron torturados y violentados y el desgaste de décadas de lucha, han mermado a estos organismos, los que a pesar de todo siguen bregando por verdad, justicia y castigo a los culpables. Al otro lado de la vereda, incipientes organizaciones de familiares de uniformados que cayeron como consecuencia de violencia política y "terrorismo", como suelen identificarse, más que una veta testimonial utilizaban una veta política al amparo de la UDI. Sus apariciones eran esporádicas y sin respaldo real. Sin embargo los "familiares" que sí han asumido una activa presencia en medios a través de protestas y campañas en redes sociales son los familiares y amigos de los presos de Punta Peuco. Los convocan en Facebook, una de las páginas es denominada "La voz de Punta Peuco" que tiene 5530 seguidores y cuyo muro da cabida a los familiares de los condenados y a personeros como Gustavo Hasbún, Jorge Arancibia Clavel, el General de Brigada ®. Álvaro Guzmán Valenzuela y hasta el exsenador y Almirante en retiro Jorge Arancibia Reyes. Todos ellos claman por "justicia" para sus "presos políticos", en alusión a los criminales que asesinaron e hicieron desaparecer a más de 3065 chilenos y torturaron y violaron a más de 40 mil presos, que sí eran presos políticos. Llamados sediciosos Los ataques de estos familiares y amigos de los delincuentes de Punta Peuco, se dirigen preferentemente sobre el gobierno y la Nueva Mayoría, pero también alcanza a los altos mandos de las actuales FFAA a quienes acusan de cobardía y traición. Uno de los blancos ha sido el actual Comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo a quien acusaron: "Usted es un mentiroso, falso y vendido", por la haber "permitido" el traslado de Álvaro Corbalán a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) recientemente. Otros llaman a mantener ¡unidas nuestras promociones, prestos a apoyar lo necesario para preservar la verdadera Justicia que hoy se nos niega!, como el general ® Álvaro Guzmán Valenzuela. Un poema que han hecho circular en redes sociales comienza señalando "¡Qué debemos hacer! Policía acorralada, no hay progreso en el país, Corrupción ya desatada... No hay a quién tirar maíz. Las espadas envainadas, en silencio está el clarín, El país en desbandada y el Arauco está en motín", para continuar llamando a movilizarse para repeler las "agresiones" de que son víctimas. "No hay a quién tirar maíz"... señalan en abierta alusión a los meses previos al golpe de Estado de 1973 en que mujeres de militares y de derecha visitaban los regimientos lanzando maíz a modo de llamarles "gallinas" por no intervenir en contra del gobierno de Allende. "Las FFAA deben rescatar a estos Prisioneros Políticos, de las garras del marxismo", vocifera Eulogio Giorgetti, uno de los seguidores en la web. Para que usted se ubique en el nivel de beligerancia en que están, sepa que a Emilio Cheyre (exjefe del Ejército), lo consideran pro marxista (SIC). Con estos "amigos" ¡Hasta cuando Punta Peuco! titula una carta del Almirante ® y ex Comandante en Jefe de la Armada y senador UDI, Jorge Arancibia Reyes. En ella maldice Punta Peuco porque -asegura-, "en su interior se encuentran cumpliendo condena personas inocentes, sancionados por delitos que la justicia no pudo probar, lo que la hizo recurrió a "Ficciones Jurídicas" como la del secuestro permanente, con el agravante que posteriormente el supuesto secuestrado dejó de interesar". Y agrega: "Ahora, el tema de esta carta es que el penal se llenó, porque ingresaron nuevos condenados por supuestos delitos cometidos hace más de cuarenta años y, no solo eso, sino porque fuentes de gobierno supuestamente bien informadas pero muy cobardes por su falta de identificación, nos dicen que la fecha límite que se habría puesto el Ejecutivo para cerrar el penal sería entre abril y mayo". Arancibia termina lamentándose por la falta de reacción de la "familia militar" frente a la que llama "tragedia" del cierre de Punta Peuco. Otro de los "amigos" que es destacado allí es el diputado UDI Gustavo Hasbún, quien salió en defensa de los criminales de Punta Peuco: "bajo el deseo de justicia, se hace evidente la venganza que ellos (presos) y una buena parte de los militares en retiro sufren a diario. Dado su condición de uniformados no se es concede ningún beneficio carcelario, ni siquiera considerando las existencia de enfermedades o su edad. No se entiende que los indultos que han operado para civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas, no se apliquen de igual manera a los uniformados", reclama. Los "octogenarios" presos Un tema que ha estado en el debate público en los últimos días en Chile y que dice relación con Punta Peuco, es la edad de algunos de los últimos encarcelados. Los familiares de los condenados y la UDI, han planteado que es un "abuso" que una persona de 89 años sea encarcelada cuando no representa "un peligro para la sociedad". Agregan a ello la precaria condición de salud del reo rematado y su cónyuge. La prisión del agente de la DINA Sergio Arredondo González hoy de 89 años de edad, quien fue condenado a 15 años y 1 día por su participación como autor en crímenes de lesa humanidad, ha hecho levantar la voz en la derecha y en círculos militares, señalando que se trataría de una crueldad. Para otros (incluidos los sentenciadores), se trata de un tardío caso de justicia aplicada a quien realmente fue el asesino cruel que masacró a compatriotas amarrados e indefensos, siendo su especialidad la mutilación que gustaba practicar en ellos antes de matarlos. "Sergio Arredondo ingresó a cumplir condena por su participación como autor de 14 secuestros y homicidios calificados cometidos en Antofagasta, en el mes de octubre de 1973, en el marco de una operación de inteligencia militar denominada Caravana de la Muerte (...) que dejó un saldo de más de 90 víctimas chilenas, compatriotas del señor Arredondo, que se cuentan entre ejecutados y desaparecidos hasta el día de hoy (...) En definitiva, me inclino a pensar que ante actos tan crueles como los cometidos por el señor Arredondo, la justicia ha tardado, pero al fin ha llegado", opina el abogado Tomás Pascual Ricke. Los expedientes dan cuenta de la brutalidad despiadada de Arredondo y su nulo arrepentimiento. Lo único que reconoció ante la justicia en un careo con Sergio Arellano Stark (antes que éste fuera declarado demente), era que "la misión que Pinochet le encomendó al general Arellano en octubre de 1973, era para matar prisioneros". Arellano Stark declaró en 1990 ante la Comisión Rettig: "Estas tres personas, Arredondo, (Marcelo) Moren y Fernández (Larios), me fueron impuestas como miembros de mi Estado Mayor en mi viaje al norte, y los tres consignaban en su trayectoria militar caracteres de brutalidad y crueldad desde antes de septiembre de 1973", aunque luego se retractaría de sus dichos. ¿Crueldad o justicia? Por eso es interesante lo señalado por la hermana de una de sus víctimas, Eugenio Ruiz-Tagle expresada en una carta al director dirigida a El Mercurio: "Durante 42 años he escuchado testimonios escalofriantes sobre la saña con que el Sr. Arredondo dirigió la mutilación y asesinato de personas indefensas, entre ellas mi hermano Eugenio", señala María Alicia Ruiz-Tagle, quien hubiera preferido que, la justicia hubiera llegado antes, no 42 años después. La hermana de la víctima de Arredondo reconoce que puede aparecer cruel el que se condene a un "octogenario, frágil y vulnerable" criminal: "En lo personal, habría preferido mil veces que, tras acreditar los hechos, se hubiese informado ampliamente a la opinión pública sobre lo que verdaderamente ocurrió con la misión encabezada por Arellano y Arredondo y se despejaran los mitos y falacias con que por tantos años se disfrazó la verdad. Creo que un mea culpa del Sr. Arredondo habría contribuido mucho más a sanar las heridas que encerrar a un anciano. La verdad es infinitamente más valiosa y sanadora que el castigo", concluye María Alicia Ruiz-Tagle. ¿Beneficios carcelarios? Otro tema que atraviesa la agenda nacional, es el nuevo Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que concedería beneficios a condenados por crímenes de lesa humanidad, en el evento de que estos hayan "aportado y cooperado durante la investigación" del respectivo delito por el cual fueron condenados y acrediten "arrepentimiento" de sus actos. Desde todas las esferas, tanto desde el lado de las víctimas como del de sus victimarios, se alzaron voces de protesta. Los primeros estimaron que, de acuerdo a la normativa internacional vigente en Chile, los criminales condenados por esta especie de delitos no pueden gozar de beneficios intrapenitenciarios ni de ninguna naturaleza, y que en esos crímenes no aplica ni amnistía ni prescripción. Por su parte abogados de los condenados estiman que se elevaron los requisitos para optar a beneficios, lo que no sería constitucional. Lo que se debe tener en consideración en este tema es que este reglamento existe desde 1998 y ahora se ha modificado. El texto originario establecía acceso a tales derechos y, a modo de ejemplo, para conceder beneficios solo se requería un informe del Consejo Técnico, la buena conducta, la autorización del jefe del establecimiento y la ratificación del Director Regional. Hoy se agrega la aportación de datos relevantes y cooperación durante la investigación y el arrepentimiento expresado del crimen por el que haya sido condenado. Además se exige unanimidad en el Consejo Técnico, a diferencia de antes que bastaba mayoría. "No restrinjan, elimínenlos" Lo cuestionable para abogados, víctimas y familiares no es que se aumenten o no los requisitos, sino que se mantengan los beneficios. El mismo Reglamento plantea el tema de la siguiente manera: "Que, no obstante, de tratarse de delitos cuya naturaleza pugna con los más elementales derechos de que goza la persona humana, no procede prohibir la concesión de beneficios intrapenitenciarios a quienes fueren condenados por la participación de los mismos, aun cuando hubiesen sido perpetrados en el contexto de violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio de lo cual si se justifica elevar el estándar el otorgamiento de dicho beneficio". Incluso el mismo reglamento reconoce que la entrega de beneficios a estos condenados podría llegar a constituir "una forma de impunidad", como lo ha señalado la Corte Interamericana de DDHH (CIDH). La Presidenta Bachelet, con ocasión del anuncio de la promulgación de la ley que crea la Subsecretaria de Derechos Humanos, había señalado que la modificación del reglamento penitenciario tenía por fin restringir los beneficios a los militares condenados por crímenes a los DDHH. Al respecto la Presidenta Bachelet aseguró que la norma cumplía con la necesidad de "ponernos al día con la normativa internacional que restringe beneficios intrapenitenciarios a quienes han sido condenados por violaciones a derechos humanos, por lo que se trabajará en estas indicaciones para la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles e inadmnistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio". El "rematado" Corbalán Un caso especial es sin dudas el de Álvaro Corbalán Castilla. Para algunos (muy pocos, menos mal), se trata de un "héroe" que salvó la Patria que del comunismo y que "está siendo castigado por haber sido leal a Chile". Campañas en redes sociales llaman a "liberarlo" y lo consideran "preso político". ¡Hágame usted esa! "Lo que Chile le debe a este soldado es inconmensurable, especialmente en la época en que fue uno de los Jefes de Inteligencia más brillante en los países vecinos, cuando estos intentaron agredirnos (...) Chile entero está en deuda con este soldado. Debemos defenderlo a todo trance. No dejemos que la izquierda vengativa, odiosa y rencorosa consiga destruir aquello porque tanto lucharon estos hombres", son algunas de las expresiones de los seguidores de Corbalán. Un abogado cercano a la defensa de procesados y condenados por estos delitos y que no quiso que se publicara su nombre, sugirió "estar atentos a la salud del Comandante Corbalán", la que se habría visto resentida a partir de la muerte de su madre y el traslado a la CAS como medida disciplinaria en su contra. "Lo que al principio fue una manejo, una presión para que lo devolvieran a Punta Peuco, se ha transformado en una verdadera pesadilla", señala el profesional, quien se refiere a las denuncias de Corbalán de temer por su vida y su "precaria salud". Uno más Desde luego en la CAS no goza de los beneficios de que disponía en Punta Peuco. No tiene acceso ni a internet ni a telefonía celular de libre disposición. También tiene limitado su desplazamiento como cualquier hijo de vecino preso. Es permanentemente vigilado para evitar que atente en su contra o que sea objeto de ajustes de cuentas. Menos puede salir a "pasear" como lo hacía en sus tours al Hospital Militar. Ahora requiere atención o exámenes, está el hospital penitenciario. "Su salud mental se ha debilitado, está muy deprimido", asegura el profesional a Cambio21. "Me privaron de la libertad el 16 de enero de 1991, con 39 años de edad y cumpliré próximamente 65. Un tercio de mi vida en el abismo, encallado en este sepulcro, desvanecido en la memoria de muchos que estuvieron con nosotros. La salud falta, la edad pesa, el bien ausente se siente, el olvido aniquila, y hasta mi ángel de la guarda a veces me cuesta ubicarlo. Dios ha estado muy fugitivo", fue uno de los últimos mensajes que envió a sus seguidores antes que se le quitara el internet de que disponía de manera ilegal. ¿A qué Dios se referirá este criminal? Lo del ángel de la guarda se entiende, debe estar aterrorizado. Pronto el cierre de Punta Peuco y con "sobrepoblación, la vuelta de Corbalán a ese recinto y a sus privilegios se ve muy remota. Como se recordará, Corbalán fue trasladado a la CAS el pasado 20 de noviembre. El "comandante", como gusta ser llamado, posee múltiples condenas por violaciones graves a los derechos humanos, entre esas causas se encuentra el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez y la "Operación Albania", que implicó la masacre de 12 miembros del FPMR en el año 1987. Es de esperar que esa "depresión" no degenere en una enfermedad mental que lo exonere de cumplir las penas de sus crímenes... Pinochet marcó la pauta. Fuente: www.cambio21.cl
  12. El sanguinario cosaco del Ejército suma más años de cárcel: Justicia condena a Krassnoff por tres homicidios calificados y un secuestro Además, el tribunal de alzada confirmó la condena que ordena al fisco pagar una indemnización a los familiares de las víctimas. Miguel Krassnoff Martchenko tiene origenes rusos y llegó a ser general del Ejército de Pinochet. Tiene cerca de 25 condenas y está detenido en Punta Peuco La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó fallo que condenó a cinco agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), entre ellos, Miguel Krassnoff Martchenko, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y secuestro de cuatro jóvenes militantes de izquierda que permanecieron detenidos en el centro de detención clandestino Villa Grimaldi. Se trata de condenas decretadas por el ministro instructor Leopoldo Llanos en contra de los cinco ex agentes por el homicidio calificado Iván Olivares Coronel, Pedro Labra Saure y Jaime Ossa Galdames; y por el secuestro de Gustavo Ramírez Calderón, cometidos el año 1975. La resolución fue confirmada por la Sexta Sala del tribunal de alzada capitalino que condenó a Krassnoff Martchenko a 20 años de presidio como de autor de los homicidios de Olivares Coronel, Labra Saure y Ossa Galdames; además de 10 años y un día en calidad de autor del secuestro de Ramírez Calderón. Junto a él, la Corte dejó a firme las condenas de 10 años de cárcel contra Rolf Wenderoth Pozo, como autor del secuestro de Ramírez Calderón, y a 5 años de presidio como cómplice del homicidio de Ossa Galdames. Mientras, el agente Basclay Zapata Reyes fue condenado a 15 años de presidio por su responsabilidad en el homicidio de Olivares Coronel, más 10 años de presidio como autor del secuestro de Ramírez Calderón. Los agentes Fernando Lauriani Maturana y Francisco Ferrer Lima recibieron condenas de 10 años y un día, respectivamente, por su participación en los mismos hechos, en tanto que el ex agente Orlando Manzo Durán fue condenado a 3 años y un día de presidio en calidad de cómplice en el secuestro de Ramírez Calderón. En el aspecto civil, el tribunal de alzada confirmó la condena que ordena al fisco pagar una indemnización a los familiares de las víctimas. www.cambio21.cl
  13. Ministro Carroza procesa y ordena detención de coronel ® Víctor Echeverria por torturas y apremios ilegítimos El juez Carroza determinó el procesamiento y la detención del coronel en retiro, Víctor Echeverría, por su responsabilidad en torturas y apremios ilegítimos de los abogados Roberto Celedón y Mercedes Bulnes, en el Regimiento Buin. El Ministro en Visita, Mario Carroza, sometió a proceso y solicitó la aprehensión del coronel en retiro, Víctor Echeverría Henríquez, por los delitos de tortura y apremios ilegítimos en contra el matrimonio de abogados Roberto Celedón y Mercedes Bulnes, detenidos en el Regimiento Buin, entre el 23 octubre y el 30 de noviembre de 1973. Los profesionales presentaron la primera querella criminal por torturas en contra de Víctor Echeverría, el 7 de marzo de 2014, tras la denuncia pública realizada por la abogada Bulnes en radio Cooperativa el día 10 de febrero, tras saber de la relación filial entre la entonces designada Subsecretaria de FFAA, Carolina Echeverría y el capitán de inteligencia del Regimiento Buin, reconociéndolo como la persona que había cometido abusos deshonestos contra ella y tortura contra su marido. Cabe destacar que la entonces futura Subsecretaria declinó asumir el cargo luego de las críticas y presiones de diversos grupos ligados a los Derechos Humanos. En la resolución del 22 de febrero de 2016, se señala que se desprenden presunciones fundadas para responsabilizarlo en calidad de autor de los delitos de Aplicación de tormentos cometidos en contra de la persona de María Bulnes Núñez, entre los días 30 de octubre y 12 de noviembre del año 1973, y en el caso de Roberto Celedón Fernández, perpetrados entre el día 23 de octubre y 30 de noviembre de 1973, en la ciudad de Santiago, en el Regimiento Buin, previsto y sancionado en el artículo 150 Nº 1 y 2 del Código Penal. Hace 4 años que los tribunales acogen a tramitación las querellas por torturas. Hasta entonces la tortura era un crimen impune. En este punto el abogado de DDHH, Roberto Celedón destaca que “felizmente hoy día los tribunales están conociendo acerca del delito más masivo que se cometió contra miles de chilenos durante la dictadura, que es la tortura que el derecho Internacional considera un crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible e inamnistiable”. Fuente: www.theclinic.cl
  14. The New York Times reproduce el brutal testimonio de un exsoldado de la dictadura Al regreso de la democracia, los gobiernos nacionales de Chile han investigado la violación de los derechos humanos que ocurrieron bajo la dictadura. Pero el progreso ha sido lento. Más de 1370 militares, policías y agentes civiles han sido denunciados, acusados o sentenciados por estos crímenes. De acuerdo a esas cifras, sólo 117 personas fueron encarceladas, según un reporte publicado en diciembre por el Ministro de Interior del programa de derechos humanos. “La escena ha perseguido a Guillermo Padilla por 40 años”, comienza un relato periodístico sobre los brutales recuerdos de un exsoldado que hizo su servicio militar en el período del golpe de Estado de nuestro país. El extracto de la escena que atormenta a este exconscripto es el siguiente: “Como un soldado de 18 años de la armada chilena en 1973, Padilla estaba de ronda con su unidad en una ciudad del sur cuando el dueño de un supermercado apuntó a su hijo y lo acusó de suplir de comida y armas a un grupo de guerrilla. Los soldados tiraron al joven a un pozo y le empezaron a disparar. Luego arrastraron el cuerpo y lo pusieron en un camión militar y se lo llevaron. Padilla estaba mirando todo de cerca en un jeep”. “Nunca supe donde se lo llevaron y tampoco me enteré de su nombre”, añade el exmilitar. En la publicación realizada por The New York Times, se relata la vida de Guillermo Padilla (62), padre de tres hijos adultos y casado con una esposa que tiene 40 años. Él mantiene una casa bien cuidada en el Cajón del Maipo en las afueras de un área montañosa de nuestra capital. Ahora se desempeña como operador de maquinaria pesada en la represa Alto Maipo. La historia relatada por el medio de comunicación americano se parece a la que ocurrió unos meses atrás en el programa “El Chacotero sentimental” de Radio Corazón, conducido por Rumpy. En aquella oportunidad, Guillermo Reyes Rammsy, un exconscripto del regimiento Carampangue de Iquique, confesó haber cometido asesinatos a través de su largo relato en el programa radial. En este caso, la historia de Padilla no es muy diferente. A pesar de que sus homicidios se mantuvieron impune por la justicia chilena, Padilla dice que la experiencia de “servir a la patria” en esa época le cambió totalmente su visión de vida. Así él lo define con sus palabras: “Toda esta experiencia en la armada me hizo madurar rápido. Me transformé en soldado a los 18 y después de todo lo que vi, a los 21 me transformé en otra persona”. Este exsoldado era integrante de una unidad de comando marcial que estuvo meses en pueblos con valles y otras ubicadas en lugares fronterizos en el sur de Chile en el año del golpe, buscando a oponentes sospechosos contra la dictadura militar del general Augusto Pinochet y también a los que escondían armas. El objetivo de su unidad era “allanar casas, arrestar y torturar sospechosos”. También destaca que su pelotón por lo menos mató treinta personas”, de acuerdo a lo que cuenta Padilla. Sobre si participó en algunas de estas experiencias, el exconscripto admite que sí y dijo que “no sentía nada”, pero ahora confiesa que “hay veces que no me puedo sacar las imágenes de esas personas de mi cabeza”. El artículo realizado por el diario norteamericano analiza la situación de Derechos Humanos en Chile y recalca que: “Al regreso de la democracia, los gobiernos nacionales de Chile han investigado la violación de los derechos humanos que ocurrieron bajo la dictadura. Pero el progreso ha sido lento. Más de 1370 militares, policías y agentes civiles han sido denunciados, acusados o sentenciados por estos crímenes. De acuerdo a esas cifras, sólo 117 personas fueron encarceladas, según un reporte publicado en diciembre por el Ministro de Interior del programa de derechos humanos” “Hasta el momento, no conscriptos han sido encarcelados. Jueces han tratado a estos soldados de manera benevolente, esperanzados de que puedan estimular que ellos puedan después establecer la verdad de lo que sucedió en los días de represión”, agrega la publicación. Al ser consultado por esta situación, el juez Mario Carroza, quien está a cargo de más de 200 causas de derechos humanos dice sobre soldados como Padilla que “son una fuente valiosa de información”. “Ellos estaban atados a una estricta jerarquía militar y fueron obligados a obedecer órdenes que no se podían negar. Nuestras leyes permiten que reciban ciertos beneficios si es que cooperan, entonces ellos (los conscriptos) capaz se sientan más liberados del peso de guardar el secreto”, complementa. Como miles de conscriptos, Padilla todavía carga con cicatrices emocionales de ser forzado a ver esos hechos o de cometer atrocidades. Muchos de los soldados, impulsados por el miedo a morir, fueron ordenados a matar, torturar o violar gente inocente. Todavía sienten la vergüenza de que inspirados por el miedo, ellos saltaron de su adolescencia a la adultez en poco tiempo y en la que fueron evitados por miembros de su familia y amigos, por temor a evitar en la cárcel, consigna el reportaje. Sin embargo, mientras la mayoría es reacia de hablar de sus secretos del pasado, Padilla habla abiertamente de sus propias experiencias. “Los otros me dicen que no mencione las ejecuciones y me recuerdan que tengo casa y familia”, afirma. De la misma manera, el exsoldado explica que “a mi esposa tampoco no le gusta esto, pero yo he perdido todo el miedo”. Cuando dice qué se siente vivir todos estos años con el peso de las atrocidades en sus hombros, Padilla dice: “Estuve dos años de mi vida viviendo en el servicio con miedo”. “Éramos solo unos niños y ellos destruyaron nuestros vidas”, remata. Si quiere leer el artículo completo, haz clic aquí www.theclinic.cl
  15. Otra más de los violadores de los DD.HH: polémica por nuevos beneficios que tendrán presos Un nuevo reglamento será publicado en el Diario Oficial que da cuenta de una serie de nuevas medidas a favor de los condenados por genocidios y crímenes de lesa humanidad. Una fuerte controversia genera la situación de los condenados por causas de DD.HH. a propósito del nuevo regalmento de Establecimientos Penitenciarios, que modifica los beneficios para los internos y que permitiría salidas para quienes fueron condenados por ese tipo de crímenes, dadas ciertas condiciones. El reglamento, que será publicado en el diario oficial mañana, establece según informó El Mercurio, que si bien los delitos contra los DD.HH. son genocidios y crímenes de lesa humanidad, no es posible prohibir la concesión de beneficios a quienes fueron condenados por tales delitos. Para otorgar tales beneficios se considerará el arrepentimiento del condenado y, deberán acreditar haber aportado antecedentes "serios y efectivos" para la investigación de causas de tal naturaleza. www.cambio21.cl
  16. "No hay tales desaparecidos": 39 años de una portada de La Segunda con información falsa El vespertino respaldó así la versión oficial de la época que aseguraba que trece personas pertenecientes a la dirección clandestina del PC habÍan viajado hacia Argentina, cuando con los años se comprobó que fueron hechos desaparecer por la DINA. El 9 de febrero de 1977 el vespertino La Segunda propiedad de la empresa El Mercurio, de Agustín Edwards que tuvo un rol importante en la gestación del golpe militar cuatro años antes, titulaba "No hay tales desaparecidos" con su clásica tipografía en grandes caracteres. Y en el epígrafe estaba escrito "Nueva felonía marxista". El titular se refería al resultado que la justicia de la época le dio al denominado "caso de los trece", referido a 13 personas pertenecientes en su gran mayoría a la segunda dirección clandestina del Partido Comunista, luego de que la anterior fuera aniquilada por la DINA. Este operativo no fue menos efectivo. Todas estas personas fueron detenidas y hechas desaparecer entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976. El caso generó un gran revuelo y en enero de 1977 la justicia designó al ministro Aldo Guastavino quien un mes después, determinó que estas personas habían viajado hacia Argentina, según datos entregados por el Ministerio del Interior. La Segunda hizo eco de la versión oficial e imprimió el recordado titular. Sin embargo con los años se determinó de manera fehaciente que esta versión difundida era completamente falsa. El primero en hacerlo fue el juez Carlos Cerda en 1983 y luego la Comisión Rettig determinó que La investigación de esta situación logró determinar tanto la falsedad de la versión dada por la autoridad acerca de la salida del territorio nacional de los afectados, como la privación ilegal de libertad de dos de ellos (...)por los múltiples antecedentes que existen, especialmente el resultado de la investigación judicial a que ya se hizo alusión y las declaraciones testimoniales recibidas por esta Comisión, ella adquirió la convicción de que todas estas personas antes mencionadas son víctimas de desaparición forzada cometida por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.La investigación de esta situación logró determinar tanto la falsedad de la versión dada por la autoridad acerca de la salida del territorio nacional de los afectados, como la privación ilegal de libertad de dos de ellos". La lista de los desaparecidos en este caso la conforman Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Santiago Araya, Armando Portilla, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Héctor Véliz, Lizandro Cruz, Carlos Durán y Edras Pinto. www.elmostrador.cl
  17. Punta Peuco llega a su capacidad máxima y gobierno alista acondicionamiento de Colina 1 Gendarmería dio cuenta que está al tope el lugar que alberga a condenados por causas de derechos humanos En febrero de 2015 eran 70 los internos que cumplían su condena por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, recinto penitenciario ubicado en la comuna de Til Til. Faltaban 42 cupos para lograr la capacidad máxima, lo que un año más tarde, se logró. Esto obligaría al gobierno trasladar a los reos hacia otro penal. Según informó Gendarmería a La Tercera, “a la fecha, el CCP Punta Peuco tiene un total de 112 internos, para una capacidad según diseño de 112 personas, lo que significa que hoy está en uso el 100% de su capacidad”. Con esto surge la interrogante sobre qué pasara con el futuro de los internos que existen actualmente en el recinto penitenciario. Además, desde la institución, afirmaron que fue en septiembre que se llegó a este tope, y que es la primera vez que ocurre desde su creación vía decreto el 14 de junio de 1995. Según lo que ha señalado la ministra de Justicia, Javiera Blanco, en reiteradas ocasiones, llegado el momento límite de la capacidad de Punta Peuco habrá que destinar otra plaza en Gendarmería para albergar a los militares condenados. Además, ha insistido que cuando haya una decisión sobre el cierre del penal será comunicada por la Presidenta Michelle Bachelet. Según fuentes de gobierno, el cierre del penal es inminente. Entre los planes del Ejecutivo está destinar el lugar para recibir a internos que cumplan penas menores, por delitos comunes y de baja peligrosidad. Ya en octubre de 2015, el director de Gendarmería, Tulio Arce, dijo que “el Ministerio de Justicia nos ha pedido algunas propuestas ante la eventual sobrepoblación que pudiera sufrir Punta Peuco (...). Podría seguir funcionando, a lo mejor con otro giro, no necesariamente con causas que hoy se albergan en ese lugar”. Los reos del recinto, en tanto, serán trasladados hasta Colina 1, donde ya se está trabajando en la implementación de nuevos módulos para que sea ahí donde los militares cumplan sus condenas. Ello, pues en este lugar se cuenta con una capacidad de 345 internos, según confirmaron las mismas fuentes consultadas. Aumentar la capacidad en Punta Peuco no sería una opción, pues el recinto cuenta con un pozo para poder suministrar agua como máximo a 112 internos. De sobrepasarse esta exigencia Gendarmería debería contratar el servicio de agua potable, lo que no está contemplado debido al ajustado presupuesto que maneja la institución. Los plazos En el gobierno evalúan una fecha límite para el cierre del recinto. Sería mayo de 2016, cuando la Corte Suprema debería fallar en relación a diez militares involucrados en la Operación Colombo, luego que en diciembre de 2015 la Corte de Apelaciones sentenciara a presidio a 65 militares (la mayoría ya cumple condenas en el establecimiento, como por ejemplo, Miguel Krassnoff). La presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, valoró el eventual traslado de los internos a Colina 1, aunque advirtió que “el cierre de este lugar no significa que no pueda ser destinado para otra cosa, pero los violadores de los derechos humanos tienen que ser trasladados a un recinto común y corriente, sin privilegios. Hicimos un compromiso con la ministra de Justicia hace una semana, donde nos señaló que visitaríamos las dependencias de Colina y otros penales, para demostrarnos que ese lugar es igual que las otras cárceles. Esperamos que estos módulos no sean un Punta Peuco 2.0”. En tanto, el abogado de cinco de los reclusos del penal, Raúl Meza, sostuvo que “creo que es una decisión que tiene que ser tomada sobre la base de un informe técnico, principalmente de salud y la edad de los internos, y así ver si Colina 1 cumple con todos los requisitos. Además se tiene que garantizar la seguridad del lugar”. www.latercera.com
  18. Ex jefe de la CNI Álvaro Corbalán deja la CAS y es trasladado al Hospital Militar El militar ® -condenado por violaciones a los DD.HH.- sería sometido a diversos exámenes por las enfermedades que lo aquejan. SANTIAGO.- El ex jefe metropolitano de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán Castilla, fue trasladado desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) hasta el Hospital Militar. Según reveló radio Bio-Bio, el militar ® -condenado a presidio perpetuo por violaciones a los Derechos Humanos-, se encuentra internado en el recinto desde el lunes. En el recinto, Corbalán estaría siendo sometido a diversos exámenes por enfermedades que lo aquejan. Éste fue trasladado a la CAS desde el penal Punta Peuco el 20 de noviembre pasado, luego de que se encontrara por tercera vez un teléfono celular y un chip, durante un allanamiento. El mayor en retiro cumple pena de presidio perpetuo por el homicidio del carpintero Juan Alegría, entre otros graves delitos. Hasta ahora, desde el Hospital Militar no se ha informado el procedimiento que se realiza al militar en retiro o si es que éste dejará el recinto. www.emol.com
  19. La vida tras las rejas del Fiscal Torres Silva que encubrió hechos delictuales y participó en torturas durante el gobierno de Pinochet Por Mario López M. A un año de su reclusión en Punta Peuco, el ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, se niega a abandonar su liderazgo en mantener los pactos de silencio. Aconseja “callar y no dar información” a los citados a declarar, aseguran. • También se resiste a continuar privado de libertad y ha manifestado sus esperanzas que el nuevo presidente de la Corte Suprema –el único que votó por exculparlo-, acoja la solicitud que prepara para obtener beneficios. • Mientras, se dedica a leer y preparar argumentos y cartas para exponer la situación de “presos políticos” que, según él, afectaría a los violadores de DDHH recluidos en la cárcel estrella y que amenaza (solo eso) ser cerrada. La historia de esta “cenicienta” dentro del Ejército, que pasó de ser un oscuro y desconocido abogado a transformarse en el principal orejero del dictador, ha estado llena de luces y sombras. En la década del 80 fue uno de los personeros del régimen más conocidos por la opinión pública y más “respetado” al interior de las instituciones armadas. A poco andar llegó a constituirse en un paria entre sus pares al ser sindicado como el responsable del apresamiento de Pinochet en Londres y también uno de los más despreciados de la población. De “porro” a cometa Antes de las causas en contra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que lo “lanzaron al estrellato”, como solía reconocer en privado, Torres Silva era un oficial de justicia del Ejército cuyo rol más relevante era haber sido designado para participar en los Consejos de Guerra acontecidos después del Golpe de Estado de 1973. Luego sería contratado como asesor presidencial y jefe de la Secretaría de Legislación del Diego Portales, donde operaba la Junta de Gobierno en los primeros tiempos. Sus antecedentes militares eran nulos, pues provenía de la civilidad y cuyo nexo con la institución armada eran sus estudios de derecho. El título lo obtuvo a duras penas y tras cerca de dos décadas, en plena dictadura. Torres Silva, ya como “fiscal ad-hoc” se transformó rápidamente en un personaje conocido de la prensa, a la cual solía divulgar “trascendidos” en las causas que llevaba, las que los medios de derecha reproducían como verdades absolutas. Entre las causas emblemáticas a su cargo, una le trajo serios problemas pero que lo catapultaron a la cúpula del Ejército. Luego de que la Corte Marcial, de manera inédita el 7 de diciembre de 1998 acogiera un recurso de queja presentado en su contra por el Obispo Sergio Valech por la incautación de fichas de atenciones médicas desde la Vicaría de la Solidaridad, en que incluso votaron en contra de Torres el representante del Ejército, brigadier general Joaquín Erlbaum y el de la Fuerza Aérea, Adolfo Celedón, Pinochet descabezó la justicia militar. Después de varios conatos, el 28 de diciembre, día “de los inocentes”, Torres fue ascendido al puesto de auditor general del Ejército. Ello fue comunicado a la prensa mediante una declaración para el bronce. El entonces subsecretario de Justicia Luis Manríquez Reyes, señaló: “El fiscal Torres es un héroe de la democracia en Chile”. La Corte Suprema no quedó en menos y dejó sin efecto ese mismo día las sentencias de la Corte Marcial que lo habían castigado por su actuación en el caso Vicaría. Así accedió a la cabeza de la justicia militar, entre gallos y medianoche, sin reunir los requisitos legales, lo que fue obviado por Pinochet quien impuso su nombre por ser “su hombre de confianza”. Hacía gala de su poder Torres Silva, mal que mal, era el único que se había preocupado de perseguir a los autores del atentado que casi le costó la vida a Pinochet y a quien lo mantenía al tanto de las acciones que sus “enemigos” dirigían en su contra. Se enorgullecía de haber procesado a más de 120 terroristas, como les llamaba, incluido entre ellos, como lo diría la propia Corte Suprema, un “ayudista” cuyo único delito era haber prestado un teléfono a un amigo sin saber para qué sería utilizado. Además el dictador percibía que el fiscal le había dado el tinte de legalidad a la dictadura que separaba aguas de la brutalidad de otro general, Manuel Contreras. El fiscal gozaba de gran poder dentro del Ejército y estaba convencido que aún en democracia ese poder debía ser ejercido en plenitud. Uno de los hechos que demostró la presión de la institución armada, se produjo durante el juicio del ex canciller Orlando Letelier, quien fue asesinado a manos de la DINA. Durante las audiencias públicas en Santiago, fue uno de los 4 generales que hizo presencia silenciosa, pero evidente durante los alegatos. También fuera de la sala realizó amenazantes declaraciones que daban a conocer la “molestia de su institución”. El mega fiscal usó y abusó de los poderes que la justicia militar le concedía y de la influencia que obtenía con el uso de información privilegiada. También logró granjerías económicas indebidas, como su nombramiento en 1986, por el entonces Ministro de Justicia Hugo Rosende como “asesor jurídico” de Gendarmería. Su caída se provocó como consecuencia del encarcelamiento del dictador en Londres. Torres lo había convencido que esa causa de España se había terminado, “le mintió”, aseguró la exministra Mónica Madariaga. El “error involuntario” detonó la decisión de Pinochet de viajar a Europa confiado en la información que el fiscal le entregó. Fue también el detonante de su ocaso, debió renunciar al Ejército. Voto decisivo Su trayectoria fue más allá de su cargo en la institución armada, pues en su calidad de auditor integraba la Corte Suprema en causas que involucraban a militares, siendo decisivo su voto en muchas de ellas, como aconteció en el denominado “caso quemados”, que involucró a una patrulla del Ejército en el secuestro y posterior atentado de quemar vivos a Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana. En aquella oportunidad se debatían dos condenas en contra del oficial a cargo de la patrulla, Fernandez Dittus. Tres ministros estaban por condenarlo por homicidio calificado y 2 por cuasidelito. El voto de Torres Silva fue crucial. “En total (Fernández) fue condenado a 600 días, y le fueron descontados los que cumplió en un regimiento. Aquí influyó mucho el fiscal Fernando Torres Silva, porque gracias a su voto se produjo un empate en la Corte Suprema: tres jueces opinaron que esto era homicidio calificado y lesiones graves, mientras otros tres (incluido Torres), votaron por cuasidelito de homicidio. En Chile cuando hay empate se otorga la pena que favorece al reo”, declaró Carmen Gloria Quintana a Cambio21. Para Quintana, “Todos los juicios en que tuvo participación el fiscal Torres Silva deberían ser declarados nulos por su cobarde servilismo con Pinochet. Él, deshonestamente, trabó la posibilidad de justicia en muchos casos”, aseguró. La influencia de Torres en las votaciones era evidente, señalan cercanos al palacio de justicia. “Conocía al dedillo las debilidades de cada uno de los miembros de la Corte y sabía usarlas en el momento preciso”, asegura nuestra fuente. Verdad o no, su “señoría” como exigió que se le llamara, trancó, aún en democracia, importantes votaciones que inhibieron proseguir adelante con investigaciones o que imposibilitaron castigo a los culpables de violaciones a los Derechos Humanos. Para el diputado del PPD, e hijo homónimo del dirigente sindical, Tucapel Jiménez, “Torres Silva, cumplía un rol bastante perverso y gracias a él se impidió que se hiciera justicia y se conociera la verdad, bajo sus órdenes se establecieron los cuestionados pactos de silencio y la complicidad para no cooperar con la justicia”, sentenció. En su propia trampa La principal labor de Torres Silva una vez recuperada la democracia, fue preparar las defensas de los agentes de seguridad y militares involucrados en violaciones a los Derechos Humanos. Lo que no preparó fue su propio caso, que lo llevó a ser uno de los condenados por la Corte Suprema como encubridor del homicidio del entonces presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, asesinato ejecutado por agentes del régimen en febrero de 1982. La sentencia la cumpliría en libertad, pero lo que tampoco pudo prever, era que ese antecedente le quitaría años más tarde el derecho de acceder a la irreprochable conducta y demás beneficios, dada su reincidencia. Torres Silva era quien encabezaba desde el Ejército el llamado “sistema de control de bajas”, parte de una alambicada operación de inteligencia que buscaba evitar que agentes de la dictadura cayeran en manos de la justicia. Más que “solidaridad” institucional, lo que se pretendía era que no hablaran. Por ello era importante generar pactos de silencio que, si no era posible o seguro aplicar, implicaban otras medidas, como sacar gente del país o asesinarlos. Así se hizo con el exagente y químico de la DINA Eugenio Berríos a quien, por orden expresa de Pinochet, se le sacó de Chile con destino a Uruguay, donde se le dio muerte por querer volver al país. Torres fue sentenciado por asociación ilícita en este caso. La condena a 10 años de cárcel sin beneficios procesales ni penitenciarios, a sus 75 años, fue demoledora para el otrora poderoso fiscal. De su departamento en Providencia fue llevado por la Brigada de DDHH de la PDI directo a Punta Peuco, donde ingresó a la 1 de la mañana el 15 de agosto de 2015. Es uno de los pocos residentes en ese lugar que todavía se resiste a su situación y no se conforma con su nuevo estado. Su “desencierro” comienza a las 8:30 de la mañana (no de sus piezas sino que del módulo, por el cual pueden tener acceso a espacios comunes) y a las 22 horas se cierran las puertas a espacios externos. El almuerzo está programado para las 12:30 hrs. y la cena a las 17 hrs. No deja de “ejercer” Los primeros días Torres los pasaba encerrado en su módulo –que comparte con Miguel Krassnoff, e Iturriaga Neumann entre otros, desde donde vio “partir” a dos de sus camaradas que le precedían en el lugar: Marcelo Moren Brito y Álvaro Corbalán Castilla. El primero muerto y el segundo trasladado en castigo a la cárcel de Alta Seguridad. “Lee mucho y escribe, además ocupa su tiempo en elaborar cartas que entrega a abogados y familiares para hacerlas llegar al Papa y hasta a contactos que pudieran ayudarle en su situación”, asegura a Cambio21 una fuente muy bien interiorizada del día a día en Punta ¨Peuco, pero que solicita omitir su nombre. Suele aconsejar a los demás internos que son citados a declarar “para que no se inculpen ni inculpen a los otros agentes. También está preocupado de su propia situación y está redactando una presentación para acogerse a beneficios penitenciarios e incluso ver si puede revertir su condena”, afirma nuestra fuente. Las esperanzas de lograr algo a nivel de tribunales para Torres, se alimentan a partir de la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien fue el único de los ministros de ese tribunal que estuvo por declarar la “inocencia” de Torres Silva. “Hacinados” Para las familias de los habitantes de Punta Peuco, este lugar se encuentra casi a nivel de “hacinamiento”, con una capacidad máxima de 112 personas, lo que les obliga a compartir dormitorios en los módulos que Gendarmería dispone en dicho centro penitenciario y en donde se encuentran concentrados solo algunos de los más grandes violadores a los Derechos Humanos durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Paradojalmente una inspección que realizara el INDH a Punta Peuco fue generada como consecuencia de denuncias de los propios internos, que reclamaron que sus DDHH estaban siendo violados. Según el informe de 2015 entregado por el Instituto de los Derechos Humanos (INDH), dicho establecimiento sigue contando con beneficios carcelarios que no dispone ningún otro penal en Chile. Piscina, cancha de tenis, mesas de billar, acceso a televisión por cable –sobre la que los internos reclaman que no existe gran variedad de canales-, también cuentan con acceso a internet y telefonía celular, entre otros beneficios. Sume a ello “frigobares”. Para el INDH “en términos generales, la infraestructura y equipamiento observado da cuenta de condiciones materiales adecuadas y que no posee ningún otro establecimiento penitenciario del país”. Sobre las celdas el informe establece que son “amplias, con excelentes condiciones de iluminación y ventilación, además de baños y estantes para sus artículos personales”. Cuentan además con “artefactos eléctricos que se encuentran en la cocina y comedor de los módulos, los internos en sus celdas tienen televisores con pantalla plana, televisión satelital, frigobares, entre otros”, consigna el documento. A lo anterior sume una sala multiuso, una biblioteca, una sala de computación, dos multicanchas, cada una de unos 20 por 40 metros cuadradosaproximadamente, que están habilitadas como canchas de tenis, sin techar, pero en buenas condiciones. Claro que muchos por su avanzada edad no usan esas instalaciones. Así que pelotas de tenis no es lo más demandado, por el contrario, uno de los productos que en mayor cantidad ingresa a Punta Peuco, son los “pañales desechables para adultos”. www.cambio21.cl
  20. Fernando Torres Silva y su primer año en Punta Peuco: "Organizó la estrategia en Tribunales para reprimir legalmente" dice el abogado Héctor Salazar Por Felipe Reyes Un personaje que se convirtió en un punto negro en la historia judicial chilena, donde muchos lo posicionan como eje de las políticas de encubrimiento al finalizar la dictadura. La historia del país se construye a partir de la memoria. Algunos elementos se vuelven imborrables y eternos, y marcan el presente y determinan el futuro. Algunas personas se convierten en ejes del acontecer social, pero no siempre dando un buen ejemplo. Fernando Torres Silva, el llamado "fiscal favorito de Pinochet", estuvo a cargo de más de 250 procesamientos a atentados atribuidos al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y era conocido por más del 75% de los chilenos. Se le conoció como uno de los personajes más oscuros de la dictadura militar, protagonismo que se desvaneció cuando a fines de los '90 surgieron críticas a su labor, pues para muchos fue en parte responsable del arresto de Pinochet en Londres. Investido de superpoderes en la justicia militar, con una figura gruesa, anteojos Rayban y declaraciones temibles inundaba los diarios y noticieros de TV. Hasta que se metió con la Vicaría y encontró la férrea oposición de la Iglesia. En la actualidad, se encuentra cumpliendo condena en el penal de Punta Peuco, junto a otros que como él fueron temidos durante dictadura. Una figura maléfica Ingresó al Ejército por la ventana: después de titularse de abogado, comenzó a trabajar al servicio de la dictadura, transformándose en un hombre de confianza de Pinochet, llevando las investigaciones de los principales casos. En 1986 asumió la investigación, como fiscal especial, de la causa abierta en los tribunales castrenses por el asalto a la Panadería Lautaro, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y donde murió un carabinero. Concentraba las causas por el asalto a la Panadería Lautaro; la internación de armas en Carrizal bajo; el atentado contra Pinochet; el secuestro del coronel Carlos Carreño; la fuga del frentista Sergio Buschmann y el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes, entre otras. Los detenidos bajo sus órdenes denunciaron haber sufrido las más aberrantes torturas en cuarteles de la CNI. Uno de los líderes del FPMR, Sergio Buschmann, el encargado de la logística de la internación de armas de Carrizal Bajo, aseguró haber sido torturado en presencia del propio fiscal. Sin embargo, Torres lo negó. Su relevancia mediática y la violencia que impuso, llegó a oídos de Naciones Unidas e instancias internacionales de Derechos Humanos, quienes realizaron visitas para observar desde cerca el accionar del "conocido" jurista. Las conclusiones fueron que el fiscal Torres Silva, constantemente sobrepasaba los límites del derecho, sometiendo a sus investigados a normas irracionales, ilegales y que solamente eran avaladas por encontrarse en una instancia de poder incontrarrestable. Sus investigaciones estaban repletas de prejuicios, con frases acusatorias a priori y con indagatorias que se imponían de forma categórica. Tanto era su influjo que sometió a la Vicaría de la Solidaridad a acusaciones de defender y promover el terrorismo en el país. Experiencias de la dictadura La mirada de un personaje protagónico de los tiempos de dictadura es el abogado Héctor Salazar. El destacado abogado de Derechos Humanos tuvo que vérselas en repetidas oportunidades con el fiscal Torres Silva mientras intentaba que se reconocieran los abusos cometidos en dictadura. "Me tocó conocerlo personalmente cuando integraba la Corte Suprema y la Corte Marcial. Fue un hombre que organizó la estrategia, al interior de la Corte Suprema y de los Tribunales, para reprimir legalmente y además defender y obtener la impunidad de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que estaban siendo investigados", parte diciendo el abogado. "Se puede situar en un lugar fundamental de lo que fue la represión en Chile y de cómo se buscó proteger a los que fueron violadores de los Derechos Humanos. Torres Silva jugó un rol fundamental. En los tiempos en que él se desempeñaba como ministro de la Corte Suprema, los jueces de la Corte tenían atención gratis en el Hospital Militar, lo que se convertía en un elemento que podía incidir fuertemente en el veredicto sobre tesis favorables impuestas por él que apuntaban a la impunidad", comentó Salazar a Cambio21. El abogado lo relaciona directamente con una forma de ser un ‘operador' al interior de la Corte Suprema, además de un elemento fundacional en la política del encubrimiento. Torres Silva habría participado activamente en las medidas parta asegurar esta política. "Una anécdota recurrente del abogado Nelson Caucoto, cuando tenía que alegar sobre causas de Derechos Humanos, y encontrándose Torres Silva, el abogado Caucoto comenta que su sensación en ese momento era similar a cuando uno ingresaba a jugar un partido de fútbol y desde antes de iniciar el partido ya iba perdiendo uno cero. Esta anécdota resume como era la realidad judicial de esos años", finaliza el abogado. Vasili Guillermo Carrillo Nova, fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante los tiempos de dictadura, y participó activamente en la lucha armada contra la dictadura de Augusto Pinochet. Siendo detenido pudo relacionarse directamente con el Fiscal Torres Silva, de quien no guarda los mejores recuerdos. "El hecho de que hoy esté preso refleja que su desempeño durante dictadura nunca fue algo meritorio ni adecuado a su cargo. Se trató de una persona, que antes de ser Fiscal o de aplicar la justicia, se trató de un represor más de la dictadura. Él estuvo presente en muchas torturas, además tomaba su cargo para influir en las torturas, y presionar de forma psicológica a los detenidos", dijo a Cambio21 el actual concejal por Lota. "A mí me tuvo 25 días incomunicado, de no ser por mi abogada Carmen Hertz, quien presentó un recurso de amparo, la situación no hubiera cambiado. Pero, para demostrar su poder, hizo que me llevaran a una galería donde me dejó completamente solo, continuando con la incomunicación. Además, permitía el ingreso de mi abogado y familiares en periodos de tiempo por él estipulado. Esta situación se mantuvo por cerca de seis meses", explica Carrillo. "Ejercía su rol de Fiscal desde una perspectiva completamente parcial, determinada por las ordenes de su jefe, que era Pinochet. Una experiencia vivida por mí, fue mientras mantenía huelga de hambre, coincidente con la venida del Papa. Llevaba cerca de 25 días de huelga, Torres Silva ordenó que me llevaran a su oficina, me mantuvo todo el día esperando en un camión, me obligó a subir y bajar a su oficina, en un quinto piso, por cerca de cinco oportunidades, y cuando finalmente me hizo ingresar a su oficina, estaba con todos sus guardaespaldas sentado a una mesa, y tenían todo tipo de sándwiches, alimentos y bebidas. Fue una actitud violenta considerando mi situación física", concluyó Vasili Carrillo. www.cambio21.cl
  21. Corte Suprema ordena al Estado a pagar mil millones de pesos a víctimas de violaciones a DD.HH. Fallo del organismo establece que la suma deberá ser dividida entre los familiares de cuatro detenidos desaparecidos, entre 1973 y 1974, cuyas causas fueron revisadas sólo en el aspecto civil. SANTIAGO.- Este martes se publicó el fallo de la Corte Suprema mediante el cual ordenó al Estado de Chile a indemnizar con una suma total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos) a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de familiares de cuatro detenidos desaparecidos, en tres causas que fueron revisadas por la Segunda Sala del máximo tribunal del país, sólo en el aspecto civil. En el primer caso, la Sala Penal ordena a pagar una suma total de $190 millones al padre y hermanos de Luis Guajardo Zamorano, destacado ciclista nacional, que figura como detenido desaparecido desde el 20 de julio de 1974 y víctima de la "Operación Colombo". En el segundo caso, la Segunda Sala ordenó indemnizar con $700 millones $700.0000.000 a los familiares de Miguel Rojas Rojas y Gilberto Rojas Vásquez, padre e hijo que fueron detenidos el 13 de octubre de 1973 por personal del retén Catillo en el fundo El Palomar de la ciudad de Parral. En el tercer caso, en tanto, la Sala Penal determinó que el fisco deberá pagar $110 millones a la cónyuge e hijos de Juan de Dios Salinas Salinas, detenido el 14 de septiembre de 1974, en la localidad de Isla de Maipo. En las tres situaciones, en tanto, el máximo tribunal estableció que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles e inadmistiables en el aspecto penal y civil. "Dado el contexto en que el ilícito fue verificado con la intervención de agentes del Estado durante un período de extrema anormalidad institucional, en el que representaban al gobierno de la época y en que -al menos en el caso de autos- claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como el que aquí se estudia, por lo que el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda de jure", señala el fallo. Del mismo modo, el documento añade que "el derecho de las víctimas a percibir la compensación correspondiente implica, desde luego, la reparación de todo daño que les haya sido ocasionado, lo que se posibilita con la recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nuestra legislación interna". "Así, no cabe sino concluir que el daño moral causado por la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores de los ilícitos de lesa humanidad en que se funda la presente acción, debe ser indemnizado por el Estado", concluye. www.emol.com
  22. Padre de la diputada Marisol Turres fue detenido por presuntas violaciones a los DD.HH. La parlamentaria UDI declaró que ha podido visitar a su padre en la unidad militar en la que se encuentra con prisión preventiva (Policía Militar), calificando como “muy dolorosa” la situación para su familia. El retirado oficial de Ejército y ex capitán del Regimiento Yungay para 1973 fue sometido a proceso el pasado mes de diciembre por el ministro Mario Carroza, quien investiga las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la Dictadura Militar. La resolución judicial, según publicó Soy Puerto Montt, consigna que Turres Mery tuvo participación en calidad de cómplice en el delito reiterado de homicidio calificado de 12 personas. Además, también se le procesó por el presunto delito de homicidio frustrado, también en calidad de cómplice, de una persona que salvó providencialmente con vida del fusilamiento. La diputada UDI declaró al mismo medio que ha podido visitar a su padre en la unidad militar en la que se encuentra con prisión preventiva (Policía Militar), calificando como "muy dolorosa" la situación para su familia. "Confío plenamente en la inocencia de los hechos que se le imputan y lo hago además porque él fue herido por una esquirla de granada un par de días después del 11 (de septiembre)", señaló la parlamentaria, en relación a la herida en una pierna que recibió su padre en un enfrentamiento ocurrido el 12 de septiembre de 1973 en calle San Pablo. En ese sentido, recalcó que "él estaba en muy mala situación física, con la pierna muy inflamada, en reposo absoluto cuando ocurrieron estos hechos. Yo confío en su inocencia". www.cambio21.cl
  23. El increíble caso de niña adolescente: La Ana Frank chilena: a los 15 años, presa política Por Mario López M. Crudo testimonio de Mónica Alvarado quien, a los 15 años de edad, se transformó en la presa política y en la exiliada más joven de la dictadura. Hoy rompe el silencio y denuncia: “Me quitaron la inocencia, pero no la dignidad”. Era la madrugada del domingo 21 de julio de 1974, dormía profundamente, al día siguiente tenía clases y no podía faltar al colegio. A sus 15 años, sus sueños e ilusiones de niña se rompieron abruptamente. Sin entender por qué, despertó entre gritos y tirones, un energúmeno la levantó en vilo y la arrastró a una camioneta que esperaba fuera de su casa. Esa cara le era conocida, Más tarde también reconocería su voz y su ferocidad, era el “guatón” Osvaldo Romo. Violento “despertar” Mónica Emilia Alvarado Inostroza, quince años al momento de su detención, sin militancia política entonces, comenzó así un trágico periplo, el que hoy aún no termina. “He tratado de explicarme por años qué sucedió. Por qué viví la barbarie de ver y sentir tanto dolor, de vivir tanta miseria, humana y también económica, que me hayan arrebatado mi inocencia, ser torturada, abusada y esclavizada sexualmente por desgraciados que no tuvieron compasión alguna. Salí al exilio sola, sin apoyo político, porque yo no lo era, ni siquiera la Cruz Roja atendió mi caso”, señala en voz baja. Esa es solo parte del crudo relato que entregó Mónica a Cambio21, un testimonio que por primera vez da a conocer a un medio de comunicación. Esta niña, hoy mujer, denota en sus palabras parte el sufrimiento que le tocó vivir. No solo sus palabras dan prueba del dolor, sus muñecas hasta hoy muestran las huellas de haber estado colgada durante horas mientras era flagelada. “Se dislocaron mis huesos”, nos dice, mientras exhibe sus delgados brazos que dejan a la vista la deformación. Al interior de la camioneta, fue amarrada y vendada. Intentó preguntar qué sucedía, no recibió respuesta, sí un golpe seco que la hizo callar. Al bajar del vehículo, fue llevada a una sala y amarrada a una silla. “Sentía que había gente al mi alrededor, sentía lamentos, no sabía a dónde había llegado. Alguien me preguntó qué hacía ahí, no supe qué responder por que ni yo misma sabía la razón, solo sabía que quería volver a mi casa, al lado de mi madre y hermana”. Moneda de cambio No restó mucho tiempo hasta que supiera al menos cuál era el motivo aparente de su infortunio, tragedia que solo comenzaba para ella. “Un tipo entró a la sala y gritó mi nombre, me llevó a otro lugar, un segundo piso. Aún estaba vestida con mi pijama. Entre gritos e insultos me sacaron la ropa, estaba aterrada, no sabía qué sucedía, qué me harían, no sé si sentía más pánico o vergüenza de estar allí desnuda frente a aquellos hombres que luego conocería muy bien”… “Dónde está tu padre”, fue la primera pregunta acompañada de un golpe… “No sé señor, respondí, porque de verdad no sabía dónde estaba, pues ya no vivía con nosotros, se había ido hacía algún tiempo y no supimos más de él”. Su padre, Natalio Alvarado, era militante y dirigente del Comité Central del partido Socialista. Pero hacía ya tiempo que se había ido del lado de ella y de su familia. “Recuerdo que tras muchas sesiones de torturas, habían dos posiciones entre mis interrogadores, unos decían “esta mina se hace la weona y sí sabe” y otros contestaban “no sabe nada, déjala”, pero no lo hicieron”, relata. Desde luego no le creyeron y continuaron con los golpes y vituperios. “Se sumaron manoseos… conocí la parrilla”, rememora Mónica, mientras sus palabras se interrumpen y sus ojos se humedecen… “Ellos mismos reconocían que no había nada en mi contra, solo ser hija de mi padre, era una “moneda de cambio” para ellos. Así fueron los primeros días o semanas, todas iguales, solo que a lo anterior se sumó una nueva causa de interrogatorio y también que comenzaron a violarme, día tras día, uno tras otro…” Calvario Poco tiempo antes de ser detenida, Mónica prestó servicios en un centro cultural de la comuna donde vivía, Pudahuel. Allí oficiaba de mensajera, pues le tocaba llevar correspondencia y libros de asistencia entre esa institución y algunas oficinas fiscales de las cuales dependía. “En ese lugar trabajaban algunos extranjeros que estaban buscando inserción laboral y también muchas mujeres que hacían manualidades, pinturas, bordados y esas cosas”, evoca. “Quiénes eran esos extranjeros terroristas, dame sus nombres, dónde están”, fueron las nuevas preguntas acompañadas de tormentos que no paraban “y que me duele recordar y más relatar”, susurra mientras aparecen las primeras lágrimas que se deslizan por su rostro. “Qué iba a saber yo a los 15 años de terroristas, si lo único que llevaba eran libros de asistencia”, dice con amargura. Las cercanas campanadas de una iglesia rompían la monotonía de lamentos y tragedia. Por primera vez escuchó hablar de calle Londres, que era el lugar donde algunas prisioneras aseguraban estar… Su salud empeoraba con el paso de los días, los golpes y abusos sexuales hacían mella en su débil e infantil cuerpo, “estuve casi a punto de morir, me salvó Patricia Barceló, otra presa que conocí en ese lugar, ella, Érica Henning y otras prisioneras me atendieron”, recuerda. Usaron hasta un perro En Londres 38 estuvo un largo mes y los nombres que más recuerda entre sus torturadores son los del “guatón” Osvaldo Romo y Marcelo Moren Brito. A Romo lo ubicaba en mi población, pues él era un dirigente social allí antes del golpe de Estado. Él fue uno de los que más abusó conmigo… yo creo que eso es lo que buscaban, más que información porque yo no sabía nada de política”… Desde ese lugar fue trasladada a Villa Grimaldi. “En este lugar me violó un perro negro que tenían adiestrado para esto y después estuve encerrada en una celda pequeña en donde uno estaba en posición fetal ya que no tenía más espacio…”, relata. Allí enteró de otra detenida que era médico y a quien llamaban Michelle, luego supo que se trataba de Michelle Bachelet, la hoy Presidenta de la República a quien vio ocasionalmente. Luego de sesiones de tortura sin sentido, volvió a Londres 38. “Otro mes completo de ensañarse conmigo, de ser una verdadera esclava sexual de esos infelices”, manifiesta con una mezcla de rabia y dolor. “Tomaron mi inocencia pero no mi dignidad, resistí a pesar de todo”, dice con orgullo. Su travesía por el horror continuó en “Cuatro Álamos”, donde la mantuvieron incomunicada y luego fue trasladada a “Tres Álamos”. “Allí, dos veces por semana el jefe de la unidad, el carabinero Conrado Pacheco Cárdenas me abusaba, violándome durante los meses que en ese lugar permanecí. Le gustaba pasearse por el campo de concentración conmigo a su lado. Yo estaba muy débil. Me quedaba en una celda con ocho otras compañeras”, menciona. “Chao maldita puta” Producto de la fuerte presión internacional, la dictadura decidió expulsar del país a varios prisioneros a principios de 1975. El 12 de febrero de ese año, a Mónica Alvarado y a otros 27 residentes de Tres Álamos se les comunicó que debían recoger sus pocas pertenencias pues serían exiliados “por traidores a la Patria”. Al día siguiente los subirían a un avión con destino al destierro. “Esa noche fue muy agitada y llena de emociones, nos despedimos de todas nuestras amigas, ellas bordaron el vestido con que partiría a lo desconocido, sola, sin nadie a quien recurrir, que no fuera la conmiseración del gobierno local”. “Era la más pequeña de las presas políticas –sin haber militado nunca en un partido-, era la más chica”… Esa noche el comandante Pacheco la hizo llevar a su presencia, “me dio unas cachetadas y me dijo: “chao maldita puta, jamás volverás, tu vida será un infierno”. Me fui muy serena a mi pieza, lloré toda la noche pensando ¡por fin me voy, por fin soy libre, mierda, algún día volveré de nuevo!... pero no quería irme, tampoco quería morirme, ya no aguantaba mucho más tiempo allí”… recuerda. “Durante mi cautiverio –cuando podía-, me lavaba la cara, día y noche, me sentía sucia, sentía que ya nada sería como antes, pero tenía ganas de vivir, no quería morir, estaba asustada, extrañaba a mi mamá y hermana, ni siquiera podía dimensionar por lo que ellas estarían pasando también, pero me quería ir, salir de ese calvario”. Así pasó esa noche hasta que de madrugada fueron sacados al patio para ser formados. Los subieron a buses de carabineros y fueron trasladados al aeropuerto. “En el trayecto nos decían “que no merecíamos salir al extranjero, que debíamos estar muertos”, pero allí estábamos, ya camino a la libertad”. Callejón oscuro de despedida “El día cuando fui expulsada, en el aeropuerto estaban mis familiares y algunos vecinos, nos dieron algunos minutos para despedirnos, pude abrazarlos, fueron instantes muy emotivos hasta que nos llamaron por parlantes para embarcarnos, aún no sabíamos hacia dónde saldríamos expulsados. Luego nos hicieron formarnos. Desde el aeropuerto hasta la escalerilla del avión Iberia habría unos200 metros. En la pista había vehículos blindados, con ametralladoras, y carabineros y militares fuertemente armados”. “Formaron un callejón y nos ordenaron ir al trote a través de él, mientras decenas de uniformados nos escupían y golpeaban con puños, pies y culatas, mientras nos insultaban. Así llegamos a duras penas al avión, golpeados y con las ropas destrozadas, pero felices porque salíamos de ese infierno”. Al subir al avión hubo un gesto de humanidad, el primero tras ocho meses de horror. Parados al lado de la escalerilla, el capitán de la nave de Iberia y su tripulación, los saludaron y dieron la bienvenida, “lloraban al ver ese triste espectáculo”, recuerda emocionada. El destino fue Caracas, Venezuela, en ese lugar se les hizo entrega de sus pasaportes. “Estaban sellados y fechados 12 de febrero de 1975 por el Registro Civil chileno. Los documentos tenían un sello que decía “Solo válido para salir del país, no renovable” y tenían una letra “L” muy grande. Era un destierro forzoso con prohibición de retornar”, relata Mónica. “En Venezuela, fuimos acogidos por el gobierno que nos asignó unas piezas en un hotel y luego viví en un sótano, conocido como “la cueva del Guacharo”, era una pieza donde dormíamos 8 personas, en dos camarotes de cuatro literas”. No eran presos políticos conocidos, quedaron literalmente a su suerte señala. Mónica, con sus 15 años y sin contacto alguno en ese país, padeció la miseria. “Como no nadie me daba trabajo por mi edad, perdí ese lugar donde vivir. Durante meses deambulé entre casas de exiliados que podían acogerme, viví como gitana, de casa en casa”. Año Nuevo, miserias nuevas Nunca olvidará como un Año Nuevo, en Caracas, “sentada en una banca, podía ver las luces y sentir las risas de alegría de la gente, mientras yo tenía hambre y frío. A nadie parecía importarle, terminé comiendo las sobras que arrojaron en un restaurant”. Con todo, esta niña se fue haciendo mujer, realizó trabajos y estudió como pudo, salió adelante, tuvo dos hijos hasta que pudo retornar a la patria. Sufrió en Venezuela, es cierto, pero igual guarda agradecimiento a ese país que la acogió tras su desgracia. Ya en Chile, pasaron años antes de que pudiera retornar a Londres 38… regresar, fue una experiencia brutal, recuerda a Lumi Videla antes de ser asesinada. “Sentí nuevamente los gritos de dolor, vi las caras de quienes allí estuvieron conmigo”… No ha podido volver aún a Villa Grimaldi… “me estoy armando de fuerzas para hacerlo este fin de semana”, nos cuenta emocionada… es parte de su duelo, el que necesita superar y ha decidido hacerlo. Los sufrimientos no acabaron con la prisión o el abandono en tierras extrañas, la persiguieron también a su vuelta a Chile. “Por años no relaté a mis hijos por lo que yo viví. Lo que sufrí… solo lo hice una vez, les conté por todo lo que pasé”… el impacto causado fue tremendo, reconoce. Dos años después, el mayor de sus hijos “un hombre maravilloso, trabajador, soñador”, terminaría suicidándose. “Él también fue víctima de todo esto”, asegura. Mónica ha decidido romper el silencio y asumir lo que por años había ocultado, los abusos de que fue víctima siendo solo una niña. Prepara una nueva querella por las torturas y violaciones pedófilas, un necesario testimonio para que ello nunca más ocurra en Chile. Perseguirá la responsabilidad de los agentes del Estado, necesita verdad pero también justicia y reparación. Es cierto que Romo y otros han muerto y ya no podrán responder, pero hay muchos otros, los interrogadores de los centros de tortura y exterminio por donde pasó, los celadores, quienes la transportaron entre los distintos lugares, los cómplices pasivos. www.cambio21.cl
  24. Gervasio fue asesinado por la CNI: las revelaciones de la muerte del cantante Por Equipo Cambio21 En 1990 encontraron el cuerpo colgado del uruguayo. 25 años después comienza a salir la luz. Uno de los peritos que trabajó sobre sus restos reveló nuevos datos que dan un vuelco sobre la versión oficial. Gervasio todavía no descansa en paz. La muerte del cantante estuvo envuelta en misterio y después de 25 años parece que nos acercamos a la verdad: habría sido asesinado. La muerte de José Gervasio Viera Rodríguez ha estado envuelta en una serie de misterios que han retrasado la posibilidad de conocer la verdadera causa de su deceso. Versiones contradictorias son los principales obstáculos que la familia del artista ha debido sortear para tener una respuesta más clara sobre lo ocurrido el 28 de octubre de 1990. Las sombras comienzan a debilitarse de mano de uno de los peritos forenses que trabajaron sobre los restos del cantante uruguayo. Luis Ravanal dijo que "existe con mayor fuerza la posibilidad de cambiar la figura jurídica de suicidio a un eventual homicidio", esto luego de que aseguró que los daños sobre uno de los huesos que forma la laringe es post mortem. "Está demostrando que no hay signos de vitalidad en el hueso, está demostrando que la única situación en que se puede provocar la fractura es post mortem, es que el cuerpo haya sido colocado en esa posición una vez ya fallecido, es la única explicación mecánica y física que hay (...) Esto se analizó con lupa y no hay signos de hemorragia" La versión oficial: la de los militares Oficialmente la teoría que se maneja sobre la muerte de Gervasio es quese suicidó debido a la acusación de abuso sexual que lo mantuvo 52 días detenido en la Penitenciaría de Santiago. Ya en libertad, el cantautor se habría quitado la vida colgándose de una viga en una casa abandonada en la comuna de Talagante. En entrevista con nuestro medio, el perito forense de Criminalista SAV, Juan Francisco Pulgar, quien tuvo acceso a la carpeta investigativa del caso, relató que la investigación está llena de vicios en el procedimiento. Exceso de personas en el sitio del suceso, contaminación de la escena y cómo se levantó al cuerpo son las principales manchas que dificultan el esclarecimiento del caso. "Más allá de los cuestionamientos sobre las formas que rodeó el caso, hay elementos de fondo que son clave respecto al surco que es de carácter ascendente, la lineación entre el muro, el nudo y la posición final del cuerpo es perfectamente alienable, entonces, eso descarta mucho la intervención de terceros. A lo menos que el involucrado haya tenido conocimientos muy avanzados para la época", dijo Pulgar. El cuerpo del artista fue encontrado colgando de una viga en un recinto abandonado en la comuna de Talagante CNI El periodista César Parra es el autor del libro "Quien más que tú", que desentraña la muerte de Gervasio y que vinculó a distintos miembros del espectáculo con la muerte del cantante. En el especula que el crimen habría tenido ligazones políticas, que incluyó a exagentes de la DINA. Al salir el libro Parra se enfrentó con varias personas. Hoy está más tranquilo y asegura que esperaba que llegara este día; en que se le da la razón. "En Chile hubo gente de la noche, de la bohemia, que de algún modo eran amigos o enemigos de Gervasio". En la hipótesis de Parra, el crimen del uruguayo fue producto de una venganza política por exagentes de la dictadura. "Siempre dije que el caso de Gervasio había que ponerlo en el contexto del año 90, donde había una CNI y un FPMR aparentemente disueltos. Ambos grupos iniciaron vendettas que estaban juradas desde hace tiempo (...) En el caso de Gervasio era pasarle la cuenta por sus participaciones en las campañas del "No" de la senatorial de Ricardo Lagos y en la presidencial de Patricio Aylwin". Parra agregó que el resultado de la primera autopsia provino de un Servicio Médico Legal aún intervenido por la dictadura, todavía con los vestigios del régimen. Checho Hirane y la dictadura En su momento Parra fue parte de la polémica, se le acusó de involucrar al humorista Checho Hirane con el crimen. Él aclara que "lo que dije es que esto comenzó con una conversación de sobremesa en un lugar como el "(bar) Romeo" (local de su propiedad), el Rodizio, que eran los lugares que la CNI frecuentaba. En ningún momento insinué que Hirane haya sido cómplice, lo que sí dije es que habían lugares que la derecha frecuentaba". "Es muy dificil imaginar a Gladys Marín salir borracha del Romeo", ejemplificó, agregando que "Gervasio fue víctima de los últimos coletazos de la CNI que estaba desapareciendo". Sobre los comentarios hechos por el perito Luis Ravanal, el Servicio Médico Legal prefirió mantener silencio ante la investigación en curso. www.cambio21.cl
  25. Detenidos desaparecidos: los "transportistas de la muerte", el destino final Por Mario López M. Hoy se sabe quiénes los secuestraron, los lugares donde los retuvieron de manera ilegal, cómo los torturaron de forma brutal y sus cuerpos nunca han sido encontrados. La reciente querella criminal de familiares de quienes desaparecieron desde Londres38, marca, una nueva etapa en la lucha de las organizaciones de DDHH para conocer la verdad sobre su destino final. Agentes del Estado, actuando por instrucción de autoridades de la época, con medios públicos y amparo institucional, seleccionaron personas ilícitamente detenidas en lugares clandestinos, los torturaron y luego los trasladaron a lugares desconocidos e hicieron desaparecer sus cuerpos. Una burla Después de 30 años reconocieron en parte la existencia de detenidos desaparecidos. Aseguraron que todos los cuerpos habían sido lanzados al mar, intentando cerrar la búsqueda de familiares por saber la verdad. También intentaron evadir responsabilidades por las atrocidades cometidas. Hechos posteriores dieron con restos de algunos de aquellos que habían asegurado que se habían tirado a las aguas. Estaban enterrados de manera subrepticia en unidades militares. Se fue a tierra la mascarada del arrepentimiento. La verdad estaba aún lejos de emerger. Recientes revelaciones de personal que cumplía el servicio militar en aquella época, dejo al descubierto pactos de silencio que se mantienen hasta hoy. Cambio21 indagó parte de esos destinos que aparecen de manifiesto y de manera aislada en querellas y testimonios, muchos de los cuales no han sido investigados de manera acuciosa y detallada por ningún juez. Quién los seleccionó, quién los trasladó, adónde, cómo los asesinaron si es que lo hicieron antes de hacerlos desaparecer y, dónde están. La verdad es otra. Algunos fueron arrojados desde el aire al mar en helicópteros del Ejército y provenientes desde la Escuela de Paracaidistas de Peldehue. Otros fueron trasladados por mar, a bordo de embarcaciones como el Trasbordador "Kiwi" en San Antonio, para tirarlos por la borda al océano. Recientes sentencias por torturas cometidas a bordo del buque escuela Esmeralda, el buque Lebu y el Maipo, han indagado si desde algunas de esas embarcaciones, se habrían hecho desaparecer personas. El kiwi Declaraciones del patrón del remolcador “Kiwi” en el puerto de San Antonio, Víctor Hugo Reyes, dejaron al descubierto un horripilante hecho: en su nave y con posterioridad al golpe militar, se trasladaron innumerables cuerpos de personas que llegaban a bordo de vehículos de la Pesquera Arauco. “A nosotros, la tripulación del “Kiwi”, nos encerraban en el pañol de cadenas cuando hacían estas operaciones”, confesó. También participaron el maquinista Manuel Miño y de un ayudante, el “Nacho” Ortiz. El relato, según una investigación del periodista Jorge Escalante, tenía un precedente, las confesiones del capitán de corbeta y práctico de la Armada en San Antonio, Rodolfo Iván Pearce, quien fue además jefe de puerto tras el golpe. Ambos testimonios coinciden. A bordo del Kiwi se trasladaron decenas de cuerpos que provenían de diversos centros de detención, y que eran “sepultados” de manera secreta, en las aguas del Pacífico. Cada viaje llevaba entre diez a doce cuerpos. Reyes reconoció: “El remolcador 'Kiwi' siempre lo pidió la Gobernación Marítima de San Antonio (…) Yo no puedo decir ni sí ni no, porque tengo que velar por la carrera de mi hijo que es militar y por mi tranquilidad ahora que estoy jubilado. No quiero problemas de esto o de esto otro. Vaya a preguntarle esto a la compañía (Kenrick) porque a ellos la Gobernación Marítima les pedía el remolcador. La compañía sabe de todo esto porque una vez me lo preguntaron”, señaló. “Hacían lo que querían” Hubo más testigos de lo que sucedía en ese transbordador. Ortiz coincidió: “a nosotros nos encerraban en el pañol de cadenas” y confirmó que los viajes “fueron varios” y que “en el remolcador iba Miño que era el maquinista, y el patrón, “el Pituco Reyes” (…) hay otros más que también saben (…) En ese tiempo los marinos hacían lo que querían (…) estaban el capitán Pearce y el capitán Barrientos (…) Los cuerpos los llevaban envueltos”, concluyó Ortiz. Coincide con otros testigos. “En el remolcador “Kiwi” botaban los cadáveres de presos políticos al mar (…) uniformados iban a buscar a medianoche a toda la tripulación, pasando a recogerlos una camioneta de la Gobernación Marítima. Se hacía un zarpe normal, a la tripulación la encerraban en el pañol de proa donde se guarda la cadena del ancla. Entonces una vez a bordo, llegaba Pearce o Barrientos con una tripulación de marinos de la Gobernación Marítima”. “Se procedía a cargar los muertos, atracaban el remolcador en el muelle, hasta donde llegaban los camiones de la Pesquera Arauco con unos bultos que eran lanzados desde el muelle a la cubierta del remolcador. Luego se salía a alta mar y a la cuadra del faro de San Antonio, ignorando a qué distancia, botaban los cadáveres”, señalan los testigos. Se presume que su destino final lo saben los que los trasladaron y quienes los arrojaron al mar. El “mundo subterráneo de los muertos” Recientemente fue detenido Guillermo Reyes Rammsy, un ex soldado que relató en un programa radial cómo militares se habían deshecho de cadáveres después del golpe y donde él mismo había participado. Una oportuna orden judicial y una rápida operación policial dieron con él. Más allá de lo señalado al medio radial, Reyes Rammsy alias Demián, es autor de un blog en donde relata con lujo de detalles las andanzas en el norte, Iquique y que ahora ratifica frente al juez. Reproducimos algunos pasajes que hablan por sí solos. “¿Mi sargento, adónde vamos?” Pregunta Demián. “Guarde silencio soldado, usted sólo cumple órdenes” le respondió de manera seca el oficial. Se detuvo el jeep en una puerta de servicio de una unidad militar, y el sargento Mamani ordenó: “Tú, Demián, quédate a un costado del jeep. Ustedes... síganme (…) salieron de inmediato, pero ahora acompañados de dos civiles, maniatados y con su vista vendada. Los subieron al jeep, luego nosotros y en marcha. El preso que estaba a mi lado, tenía el pelo liso y largo, igual que su abundante barba. El otro, pelo corto, tez blanca y repelían un fuerte olor, por el encierro y el mal trato. Dejarlos asearse, a los detenidos, era un lujo”, relata. “El prisionero sentado a mi lado derecho, tiritaba de frío, de miedo, de incertidumbre. Su rostro vendado, se notaba húmedo. Ellos lloraban su propia muerte. Después, sentí sus cuerpos lánguidos. Ya no tiritaban. Se notaban sus cuerpos diseminados de dolor. Hacia el interior del jeep, a través de una ventana, ingresaba la brisa de la pampa. Se olía húmeda y amarga (…) Sentía que la carretera iba como a un puente, hacia el mundo subterráneo de los muertos. La venda en sus ojos era una sábana mortuoria. Parecía que sus espíritus hubiesen abandonado sus cuerpos”, continúa Demián. “No quedó nada de ellos” “¡Disminuye la velocidad, cabo Supanta! Sí. Acá es la güeá. -concluyó el sargento. En medio de la pampa, al costado izquierdo del camino tortuoso, había un cerro de mediana altura. El sargento Mamani ordenó girar en dirección al cerro. Avanzamos varios metros, luego el sargento Mamani, ordenó detener el vehículo diciendo: -Bajen todos. Tú, Demián, trae la caja. El sargento Mamani rompió ese momento demencial y ordenó a los presos caminar. Uno primero el otro después. Después el sargento, el cabo, el pelao Quiroga y yo, avanzamos en fila en dirección al cerro. Parecíamos una procesión de fantasmas. “Avanzamos unos metros, y el sargento ordenó detenerse. Avanzó acercándose al primer preso, lo tomó del brazo. El cabo Supanta tomó al otro preso también del brazo, avanzaron en línea, pero antes ordenó que el pelao Quiroga y yo, nos detuviéramos. Mamani con un gesto de su cabeza le dio una señal al cabo. Los dos soltaron a los presos. Estos titubearon. El sargento los animó a seguir caminando, y a la vez los dos milicos, desenfundaron sus pistolas. Junto con sacar el seguro, pasaron bala a la recámara, levantaron sus armas apuntando a la nuca de los presos, y al unísono, un solo estampido, un solo fogonazo, los presos en el límite de la vida, con unos ridículos movimientos, traspasaron la frontera de la muerte”. No era todo. “Cerca de los cadáveres, creía ver una pequeña y casi imperceptible luz, una chispa o algo parecido. Trataba de fijar mi visión en ese destello. Dudaba dentro de mi estado de embriaguez con la marihuana, alucinaba o algo parecido, pero igual ese punto luminoso que avanzaba hacia los muertos, me inquietaba. El sargento Mamani y el cabo Supanta, llegaron junto a nosotros. El sargento Mamani, dejó la caja metálica en el suelo y pegó su vista en la cagá de su reloj unos segundos, levantó su cabeza y dirigió la mirada hacia los cadáveres y delante de nosotros, ante nuestras miradas, se remeció la tierra, el cielo, el infierno, junto con el bramido de la explosión”. “El sargento Mamani, al vernos, desde su insensible y trastornada forma de cumplir órdenes, emitió una risotada demencial. Burlándose de nosotros dijo: -¡Mira, los güeones! Pelaos maricones, están cagaos de miedo. Llamen a su mamita, ja, ja, ja. - Tomen güeones- El sargento alargó su brazo y ofreció cigarros. Luego la nube se deslizó, llegando la claridad. La nube se internó en la pampa y se disipó, hasta esfumarse por completo. Despareció (…) los milicos culiaos desintegraron los cuerpos de los dos detenidos. Sólo encontramos un mediano círculo, con una profundidad de alrededor de cincuenta centímetros. El sargento miraba curioso, buscando algún vestigio de lo que alguna vez habían sido unos cuerpos humanos. Para sorpresa de todos, no quedó absolutamente nada. La explosión les había desintegrado hasta la sombra”, concluye el soldado hoy en poder de la justicia. “Transportistas de la muerte” Posterior al golpe, Manuel Contreras, procedió a apropiarse de algunos camiones pertenecientes a la estatal Pesquera Arauco. Ellos fueron utilizados para llevar su carga de muerte, prisioneros a su destino final. Declaraciones judiciales de agentes y víctimas, reconocen los vehículos de la compañía cumpliendo la fatídica tarea. Enrique Fuenzalida Devia, ex agente de la DINA, confesó judicialmente: “A Londres 38 llegaban camiones tres cuartos cerrados y acondicionados para la mantención de pescado en frigoríficos, que eran de la Pesquera Arauco. En ellos se traía y sacaba detenidos. Estos camiones frigoríficos de la Pesquera Arauco sacaban desde Londres 38 a prisioneros de la DINA”. Augusto Pinochet traspasó el 25 de enero de 1974 directamente a la DINA la Pesquera Arauco. Su primer directorio fue presidido por Contreras y lo secundaban Pedro Espinoza y Cristopher George Willike. El mismo alto mando del órgano represivo. También hubo civiles: “Hubert Fuchs y Marco Acuña Ramos estaban relacionados con la DINA; el primero era gerente de la pesquera de la que yo era coordinador y en la que Humberto Olavarría me prestaba asesoría desde el momento en que él era además, jefe de inteligencia económica de la DINA", confesó Contreras al ministro Adolfo Bañados. En el caso “Tejas Verdes”, se da cuenta de al menos 7 personas que, “permaneciendo privados de su libertad, sin derecho fueron sacados desde el lugar en una camioneta de la Pesquera Arauco, sin que hasta la fecha se conozca su paradero”. ¿Quién conducía dichos móviles? ¿Quiénes fueron los custodios? Sobre ello no se investigó. No fueron los únicos “transportistas de la muerte”, también hubo civiles que prestaron sus vehículos para llevar a personas que luego serían aniquiladas y hechas desaparecer. Como los buses puestos a disposición por la CMPC en el caso de la “Masacre de Laja” o en el caso de los campesinos de Paine. El CAE, lanzados desde el aire El caso de la profesora Marta Ugarte, fue emblemático para poder conocer efectivamente el destino de miles de personas. Marta fue devuelta por el mar al soltarse las amarras que la ataban a un riel. Su asesino sacó un alambre para ahorcarla al ver que aún sobrevivía a pesar de los tormentos y la inyección de cianuro. El ex agente de la DINA Cristián Álvarez Morales fue detenido y procesado por estos hechos por el juez Víctor Montiglio. Su testimonio y posterior denuncia de sus jefes fue determinante para cerrar el círculo de los criminales que operaban los helicópteros. “Mar adentro, en la costa de la V Región, el piloto hizo una seña y yo (Cristián Álvarez Morales, el estrangulador), tiré unos ocho bultos al vacío”. La falta de una de las amarras del riel permitió que en el fondo del mar el, cuerpo de Marta se desprendiera, liberándola hacia la superficie. Por eso, Marta salió desde el océano, transformándose en la única prueba de esa vía de aniquilamiento de prisioneros. Álvarez denunció al juez a los que fueron sus jefes. “temo por mi vida, pues los brazos del Ejército son largos, por eso tengo mucho miedo”, aseguró. El jefe del CAE, Carlos Mardones, confesó que al iniciar los vuelos, advertía a las tripulaciones: “estas son misiones secretas que ustedes no deben comentar con nadie que no participe en ellas. Ni siquiera deben hablarlo con sus familias”. Antes de cada misión, removían asientos de las máquinas y el estanque adicional de combustible. Se necesitaba espacio para los cuerpos. Los helicópteros salían del aeródromo de Tobalaba hacia Peldehue. Allí esperaban las camionetas C-10 de la DINA con los cuerpos de los asesinados atados a un riel y ensacados. Se subían los "bultos" al helicóptero, que emprendía vuelo hacia la costa de la V Región. www.cambio21.cl
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