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  1. 03 Mayo 2018 Aprueban comisión investigadora por contrataciones en gobierno de Bachelet Instancia fue impulsada por Chile Vamos. Nueva Mayoría dio su respaldo, argumentando que “no hay nada que ocultar”. Por unanimidad fue aprobada el miércoles en la Cámara de Diputados la creación de una comisión investigadora que indagará todas las contrataciones públicas realizadas por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. La instancia, que fue promovida por la diputada Paulina Núñez (RN) y contó con el respaldo de la UDI, tendrá 120 días de plazo para investigar todos los actos en materia de contratación de personal tanto “en los órganos del gobierno como de los servicios públicos, sean estos descentralizados o desconcentrados, y en los gobiernos regionales”. En la solicitud ingresada por los parlamentarios se advierte un “aumento considerable” en la dotación de personal en la administración pública, “particularmente desde 2014 en adelante”, y se acusa que en los últimos años “la práctica de realizar contrataciones mediante la contrata u honorario ha ido extendiéndose, transformándose estos funcionarios en una verdadera planta invisible dentro de la administración”. “Esa situación ha sido empleada, en ocasiones, para fines de suyo ilícitos, toda vez que bajo modalidades de contrata y honorarios se han realizado contrataciones de los llamados ‘operadores políticos’, es decir, de personas que no realizan verdaderos cometidos para la administración, situación que desde toda perspectiva es contraria al ordenamiento jurídico”, se lee en el documento. La ofensiva de Chile Vamos se da luego de que desde ese sector acusaran a la exadministración de dejar supuestos “amarres” en distintas reparticiones públicas para dificultar la instalación del actual gobierno. Y, además, luego de que Contraloría decidiera dejar sin efecto un concurso público iniciado en noviembre del año pasado por el entonces Ejecutivo, específicamente en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por considerar -tras una denuncia de la UDI- que sus disposiciones no se ajustaban a derecho. Este jueves, desde esa cartera anunciaron que llevarán a cabo un nuevo concurso público. “No hay nada que temer” Desde las bancadas de la ex Nueva Mayoría justificaron su respaldo a la creación de la instancia investigadora argumentando que “confían” en que el exgobierno no tiene “nada que ocultar”. El jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, aseguró que “la derecha ha hecho un abuso comunicacional” sobre este tema, por lo que “queremos que esto se transparente”. Por su parte, su par de la DC, Matías Walker, señaló que “dimos la unanimidad, porque aquí no hay nada que ocultar. Quién nada hace, nada teme”. Ofensiva UDI A la creación de la comisión investigadora y a las denuncias presentadas ante la Contraloría, la próxima semana se sumará una nueva acción en este sentido. La bancada de la UDI tiene previsto ingresar un proyecto de ley que, precisamente, busca poner fin a las contrataciones en la administración pública en los últimos seis meses de un gobierno. “Sin perjuicio de las normas establecidas en los ar- tículos anteriores, se prohíbe la contratación o promoción de personas en la administración pública que se desempeñan en calidad de honorarios a contrata y, de esta calidad, a la planta del personal dentro de los seis meses anteriores a la expiración del mandato presidencial”, se lee en el borrador del proyecto. La iniciativa es impulsada por el jefe de bancada de la colectividad, Javier Macaya, y los diputados Issa Kort, Juan Antonio Coloma y Álvaro Carter. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/aprueban-comision-investigadora-contrataciones-gobierno-bachelet/152700/
  2. 15 Mayo 2017 Contraloría advierte contrataciones irregulares en Codelco por $ 31 mil millones Según auditoría, cuprera estatal contrató a empresa cuyo representante legal tenía parentesco con gerente de Proyectos. Ministerio Público recibió los antecedentes el jueves y abrió una causa a cargo del fiscal regional Manuel Guerra. Un informe con 149 páginas es el resultado de una auditoría de la Contraloría a Codelco, remitido el 10 de mayo, y que corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. El objetivo fue revisar si los contratos administrativos de bienes y prestación de servicios suscritos por la cuprera estatal cumplen con las normas legales, disposiciones internas de la empresa y reglamentos vigentes. Según el texto -al que accedió La Tercera-, en el período analizado la empresa efectuó la mayoría de sus adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación privada (45,4%) y asignación directa (19,35%). A su vez, del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,47% se realizó por asignación directa o trato directo. “La situación señalada no se aviene con lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 18.575, en cuanto a que los contratos administrativos se celebrarán, por regla general, previa propuesta pública, por lo cual la corporación deberá tender a que sus negocios sean realizados bajo dicha modalidad”, afirma el informe. La auditoría establece que Codelco no se apegó a la ley en la contratación de servicios con diferentes firmas. Una de ellas es la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, que involucra más de $ 31 mil millones. El organismo remitió los datos al Ministerio Público. El jueves, la fiscalía recibió la información, destinando el caso al fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien abrió una causa penal para indagar posibles delitos de negociación incompatible o fraude al Fisco. “La corporación realizó una contratación con la firma Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, por un monto de $ 31.751.146.264, empresa proveedora cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin informar de dicha operación a este organismo de control ni a la Cámara de Diputados, según lo dispone el inciso sexto del Artículo 4° de la referida Ley N° 19.886”, dice el texto de Contraloría. Esto hace alusión a dos contratos que firmó la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco con esa empresa, que corresponden al “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”, que busca transformar al yacimiento en una operación subterránea. El primero de ellos atañe al contrato de “Ingeniería de Detalle Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Etapa I”, que se adjudicó el 19 de febrero de 2014 por un valor inicial de $ 7.667 millones. El segundo concierne a “Ingeniería de Detalle Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Etapa II”, suscrito el 14 de diciembre de 2015, con un costo inicial de $ 24 mil millones. El informe precisa que al momento de la celebración de los contratos “existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último”. Previo a las dos contrataciones, Codelco celebró el 4 de marzo de 2010, con la misma firma, un contrato para el estudio de factibilidad del “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”. En ese momento, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Proyectos en la estatal era, precisamente, Fernando Vivanco, quien presentó su renuncia a la cuprera a contar del 1 de octubre de 2010, y es el actual representante legal de Hatch. A los meses de firmar ese contrato, Codelco propuso a la firma unas modificaciones para que pudiera cumplir con el trabajo en los plazos fijados, ya que había un retraso de cinco meses. Esto significó un aumento en los gastos. Pese a los problemas que hubo en el cumplimiento de ese contrato, después Codelco suscribió los dos contratos por asignación directa ya mencionados. La estatal argumentó que Hatch cuenta con la experiencia necesaria, equipo técnico especializado y la necesidad de darle continuidad a la etapa de factibilidad del proyecto. Los descargos En el informe, Codelco argumenta que “el señor Casas Cánepa es un ex trabajador de la Vicepresidencia de Proyectos, el cual se desempeñó en Codelco desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011, y entre el 15 de noviembre de 2011 y el 1 de julio de 2016”. La cuprera destaca que no tuvo relación alguna con los contratos contraídos con Hatch. Además, sostienen que al tratarse de una empresa estatal, Codelco “se somete a un régimen especial que tiene legitimación constitucional directa”, por lo que -dicen- no estarían contraviniendo la ley. El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, dijo a La Tercera que “es una vieja discusión que existe entre Codelco y la Contraloría, que tiene que ver con qué ley aplica para este tipo de contratos”. A su juicio, “Codelco sí siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la Ley de Sociedades Anónimas”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/contraloria-advierte-contrataciones-irregulares-codelco-31-mil-millones/
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  12. 14 de julio del 2016 / 00:33 Hrs Contraloría cuestiona contrataciones de Presidencia durante gestión de Dávalos Ente fiscalizador realizó exhaustiva investigación de uso de fondos en la Dirección Sociocultural. Se pide revisar uso de contratación por trato directo y justificar labor de funcionarios a honorarios. El 12 de enero, la diputada UDI Marisol Turres solicitó a la Contraloría iniciar una investigación a los desembolsos realizados por la Dirección Sociocultural de Presidencia durante la gestión de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet. El período de Dávalos comenzó en marzo de 2014 y terminó con la abrupta renuncia del cientista político en febrero de 2015 tras estallar el caso Caval. En específico, Turres pidió investigar la supuesta emisión de un vale vista por $ 1.500 millones, luego de que se hiciera una denuncia a través de las redes sociales. La petición de la parlamentaria fue analizada por la Contraloría durante cinco meses, tiempo en el que la instancia realizó un “Informe investigación oficial” a la Dirección Sociocultural, cuyo documento fue evacuado el 24 de junio. El texto de 24 páginas detalla una exhaustiva fiscalización enfocada, según describe “a examinar el 100% de los gastos” del organismo durante la fecha de gestión de Dávalos. Esto corresponde a “desembolsos por concepto de actividades propias de esa dependencia, honorarios y dos fiestas de Navidad que, en total, suman $789.521.524 millones”. Respecto a la denuncia de Turres, la fiscalización lo desestimó por no existir antecedentes al respecto. Sin embargo, la Contraloría estableció una serie de cuestionamientos sobre el sistema de contrataciones que Presidencia desarrolló durante ese período. Al inicio del documento, el ente fiscalizador alertó que a la fecha de la investigación, Presidencia “no había practicado revisiones a los gastos asociados a la Dirección Sociocultural por cuanto esa materia no fue incorporada en el plan de auditoria de los años 2013 a 2015”. El documento describe que Presidencia “realizó contrataciones mediante trato directo” -es decir, la adjudicación de un contrato sin licitación previa-, en actividades como la fiesta anual de navidad y la exposición “Escultura en La Moneda”. El ente fiscalizador recomendó para ambos casos, a futuro, realizar una licitación, argumentado que el trato directo es una modalidad “excepcional”. En el caso de la fiesta navidad, afirma que “considerando los montos involucrados y que se trata de actividades que esa repartición conoce con antelación (...) se estima recomendable efectuar procesos licitatorios para llevar a cabo tales exposiciones”. Respecto a la exposición de esculturas, el texto señala que “se requiere una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia”. Además, el documento de la Contraloría cuestionó el mecanismo de contrato a honorarios, que en el período fiscalizado tuvo un desembolso de casi $ 170 millones. Según el documento, “los contratos a honorarios de las personas que allí trabajaron debieron contener en sus cláusulas las labores específicas que estaban obligadas a cumplir”. Esto, argumentando que “en una buena administración debe existir certeza sobre la función para la cual fueron contratados”. El texto especificó que “desde el punto de vista de la fiscalización, se debe comprobar que esa función guarda relación con el desarrollo del programa Apoyo a las actividades de la Presidenta de la República”, cargo por el cual se generaron dichos contratos. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/07/674-688712-9-contraloria-cuestiona-contrataciones-de-presidencia-durante-gestion-de-davalos.shtml
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