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  1. 15 Julio 2019 Contraloría cuestiona otorgamiento de beneficios carcelarios a reos de Punta Peuco Ante esto, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de sumarios administrativos contra funcionarios de Gendarmería. La Contraloría General de la República ordenó la apertura de sumarios administrativos contra funcionarios de Gendarmería, luego de detectar irregularidades en el otorgamiento de beneficios carcelarios a reos del penal de Punta Peuco. Según informó Radio Bío-Bío, el organismo fiscalizador cuestionó los exámenes psicológicos realizados por Gendarmería a 4 exuniformados condenados por violaciones a los DD.HH., que solicitaban obtener la salida dominical. Estos exámenes fueron practicados a Francisco Ferrer Lima, Carlos Herrera Jiménez, Basclay Zapata Reyes y Wellington Sarli Pose, quienes suman un total de 48 solicitudes de beneficios carcelarios, para los cuales es requisito realizar informes psicológicos para aprobar o rechazar su otrogamiento. El documento de Contraloría afirma que “Gendarmería no aportó los antecedentes de respaldo que permitan constatar la aplicación de los instrumentos y/o herramientas en los cuales se sustentan los informes psicológicos de los internos”. “Esto no hizo factible corroborar que a contar del 21 de abril de 2016 se esté evaluando la exigencia de arrepentimiento -requisito especial exigido en el artículo 97 inciso segundo del Reglamento Penitenciario, a fin de que soliciten beneficios quienes cumplan condenas por los delitos. Tampoco se remitieron antecedentes que corroboren la aplicación de otras herramientas de evaluación psicológicas que sirvieran de base para la emisión de los informes anteriores a dicha data”, señala el documento. Además, se agrega que “Gendarmería deberá instruir un proceso sumarial tendiente a investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los incumplimientos y falencias observadas, debiendo remitir a esta Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción de este documento, la resolución que ordene su instrucción y designe al investigador”. El abogado Raúl Meza, defensor de varios reos de Punta Peuco, afirmó que “se les ha negado de forma ilegal y arbitraria todos los beneficios a los internos que están condenado por causas de Derechos Humanos”. Además, agregó que “en ese contexto se justifica plenamente ejercer acciones legales, civiles, penales y también responsabilidades políticas de aquellas autoridades que tienen responsabilidad directa en estas graves irregularidades”. No obstante, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, señaló que “no nos sorprende esta medida de la Contraloría, porque creo que a los abogados de los criminales de Punta Peuco se les han agotado las instancias para amedrentar, amenazar o buscar acciones de victimizar a los reos” del penal. La investigación de la Contraloría fue solicitada por los reos Raúl Iturriaga Neumann, condenado por el crimen del general Carlos Prats; Miguel Estay Reino, ex militante comunista e informante de la DINA; y Carlos Herrera, ex agente de la CNI, que cumple pena por el asesinato del ex presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez. Fuente: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/07/15/detectan-irregularidades-en-beneficios-carcelarios-a-reos-de-punta-peuco/
  2. 03 Junio 2019 Contraloría ordenó sumario por millonaria deuda en la Universidad de Chile Un informe del organismo indicó que, hasta fines de 2017, la "Casa de Bello" acumulaba documentos impagos por más de 6.800 millones de pesos. También dispuso que se investiguen problemas en las rendiciones de gastos en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. La Contraloría ordenó realizar sumarios por las "responsabilidades administrativas" que hay detrás de dos multimillonarias deudas en dos planteles estatales: la Universidad de Chile y la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Según informó La Tercera PM, el organismo emitió el 13 de marzo un informe sobre el endeudamiento de la Universidad de Chile en que analizó las obligaciones contraídas hasta el año 2017. En él afirma que corresponde que la institución "realice un análisis detallado de los 10.046 documentos impagos al 30 de noviembre de 2017, por la suma de $6.843.926.976, así como las partidas de las cuentas por pagar con vencimiento de más de un año, por un valor de $ 781.014.312, adoptando las acciones que resulten necesarias para extinguir el pago de ellas, informando documentalmente de ello a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento". Además, ordenó "pagar a la brevedad las 1.630 facturas que tiene pendiente al mes de julio de 2018 y que provienen del año 2017, por la suma de $1.435.747.919". El proceso sumarial, indicó el vespertino, se instruye por las facturas a pagar, las causas civiles abiertas por cuentas impagas y los gastos asociados a multas pagadas por los incumplimientos. Rendiciones en la UMCE En el caso de la UMCE, un informe de mayo sobre tres convenios marco celebrados los años 2015 y 2016 entre la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) y el Ministerio detectó una serie de irregularidades en las rendiciones de la casa de estudios "respecto de recursos destinados al fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión estratégica para formación de profesionales de calidad y la instalación de Plan Plurianual 2016-2020 contenidos en los convenios UMC 1555, UMC 1655 y UMC 1655", informa La Tercera PM. Así, señaló que en un plazo de 30 días hábiles "procede que esa entidad universitaria confirme la efectiva realización de las actividades consignadas en los aludidos acuerdosde voluntades o bien restituya al Ministerio de Educación la suma global de $1.816.554.047, correspondientes a desembolsos que no se relacionan con algún hito de los convenios marco". En paralelo, informa que se "incoará un procedimiento sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas" por pagos de prestaciones de servicios sin boletas de honorarios; pago de honorarios en que no se acreditan las labores ejecutadas y rendiciones de gastos por transferencias de capital superiores a las autorizadas. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/contraloria-ordeno-sumario-por-millonaria-deuda-en-la-universidad-de/2019-06-03/154533.html
  3. Sumario de Contraloría declaró culpable a exalcaldesa Josefa Errázuriz por simulación de contrato La Contraloría General de la República entregó este mes el resultado de un sumario realizado en contra de la exalcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. Así lo informó La Tercera, medio que reveló que el 4 de abril pasado el municipio recibió el resultado de la investigación. Lee también... Auditoría fija en casi $7 mil millones el déficit de la Corporación de Providencia La indagación se inició luego de una denuncia presentada en 2016 por el gerente de finanzas del Club Providencia, quien acusó que en febrero de 2014 se ordenó el pago de $31 millones desde esa entidad con el fin de pagar las horas extra de 285 funcionarios municipales. El contralor, Jorge Bermúdez, firmó el 18 de enero de este año el resultado de la investigación, donde se estableció que Errázuriz tiene responsabilidad en simulación de contrato, lo que está sancionado por el Código Penal. Según La Tercera, el delito habría prescrito en febrero, por lo que la fecha en que la Contraloría entregó el resultado impedirá investigar a Errázuriz por la vía judicial. Defensa de Contraloría Sin embargo, mediante un comunicado la Contraloría descartó que exista dicha prescripción ya que esto recién ocurrirá el 29 de enero de 2020. Además, se reportó que Josefa Errázuriz no fue la única inculpada por parte del ente contralor, sino que también lo fue la jefa del Departamento de Personas del municipio, quien recibió una suspensión de 30 días por falta a la probidad. Por último, Contraloría aseguró que por estos hechos hubo una causa penal donde se indagó fraude al fisco. En aquella oportunidad, el Ministerio Público decidió no perseverar. Fuente: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2019/04/14/atraso-de-la-contraloria-impedira-llevar-a-la-justicia-a-la-exalcaldesa-josefa-errazuriz.shtml
  4. 11 Marzo 2019 Diputados denunciaron a ministra en Contraloría por gira de Admisión Justa Los parlamentarios, integrantes de la comisión de Educación, pretenden que la CGR se pronuncie sobre la legalidad que tuvo la gira de la ministra, en la cual recorrió 26 comunas de 10 regiones. Los diputados Juan Santana (PS), Camila Vallejo (PC) y Gonzalo Winter (MA) presentaron este lunes un requerimiento en la Contraloría General de la República (CGR) contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por el presunto uso de fondos públicos con fines propagandísticos en la gira del proyecto “Admisión Justa”. Los parlamentarios, integrantes de la comisión de Educación, pretenden que la CGR se pronuncie sobre la legalidad que tuvo la gira de la ministra, en la cual recorrió 26 comunas de 10 regiones del país para dar a conocer la iniciativa. Al respecto, el escrito señala que la denuncia es “por utilizar recursos públicos con fines propagandísticos en el marco del ingreso del proyecto de ley denominado ‘Admisión Justa’, en contravención al principio de juridicidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución, del artículo 2 de la Ley Nº 18.956 y del artículo 3 de la Ley Nº 19.896”. Añade que la gira cometió una “infracción grave al principio de juridicidad y legalidad y a la regulación de los gastos en publicidad de proyectos de ley”, mientras que alude que el objetivo de la ministra fue “denostar el sistema de admisión a instituciones educacionales públicas, mediante la desinformación, la caricaturización y la falta a la verdad”. En la Contraloría, Vallejo señaló que “todas las autoridades de nuestro país tienen que ceñirse a los principios de juridicidad y legalidad” y aseguró que las reuniones de la ministra con los apoderados se basaron en la “denostación y mentiras sobre una ley que está vigente, que no ha sido todavía implementada en todo el país”. Fuente; https://www.eldinamo.cl/educacion/2019/03/11/diputados-denunciaron-a-ministra-en-contraloria-por-gira-de-admision-justa/
  5. 08 Febrero 2019 Decretos de catástrofe del gobierno desatan guerra civil en Contraloría: Dorothy Pérez se enfrenta ahora a la División Jurídica En un oficio enviado hoy, la subcontralora –quien protagonizó una larga disputa con Jorge Bermúdez y a quien hoy está reemplazando por vacaciones- cuestionó en duros términos a Camilo Mirosevic, el Jefe de la División Jurídica, por objeciones que éste había realizado a su desempeño y que se vinculan con la revisión de la legalidad de los decretos. Pérez sostiene que se saltó a la división por la rapidez con que debían estar listos los documentos. Un duro intercambio epistolar entre el Jefe de la División Jurídica de Contraloría, Camilo Mirosevic, y la subcontralora Dorothy Pérez, quien se encuentra reemplazando por vacaciones al mandamás Jorge Bermúdez, se desarrolló durante esta jornada en el marco de los decretos supremos de emergencia del Ejecutivo para las zonas afectadas por incendios. En un oficio enviado hoy, Pérez –quien protagonizó una larga disputa con Bermúdez luego de que éste le pidiera la renuncia, a lo que se resistió en tribunales-, la abogada cuestionó en duros términos a Mirosevic por objeciones que éste había realizado a su desempeño y que se vinculan con la revisión de la legalidad de los decretos. Pérez sostiene que se saltó a la División Jurídica por la rapidez con que debían estar listos los documentos, mientras que Mirosevic asegura que en ocasiones anteriores se actuó de forma inmediata cumpliendo con toda la normativa. Además se enfrascan en una discusión sobre la condición de Mirosevic de subalterno. El reclamo de Pérez En el documento, al que accedió La Tercera PM, se lee: “me dirijo a Ud. en relación a su oficio sin numero, de fecha 06 de febrero de 2019, en el que hace nuevas objeciones a mi labor, esta vez respecto de la tramitación de los Decretos Supremos Números 67, 68 y 69, de 2019, del Ministerio del Interior. En síntesis, señala que he desconocido sus atribuciones legales; que he desatendido el conducto regular: que he afectado sus funciones regulares como Jefe de División; que ésta fue marginada; que no advierte la razón por la cual se omitió el paso de tales documentos por la misma y, que por ello, manifiesta su disconformidad”. Pérez detalla que “tales decretos declararon estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones del Biobío, Los Ríos y La Araucanía, atendida la gravísima emergencia derivada de los 614 incendios forestales de magnitud que afectan a la población en esas 3 regiones de nuestro país y, dispusieron medidas tendientes a reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad de las personas y velar por el orden público en tales lugares” . Enseguida, agrega que “parece necesario recordarle que los incisos cuarto y quinto del artículo 10 de la Constitución Política de la República, disponen que ‘el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común…’, y que ‘es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia En tanto, que el artículo 30 de la ley 18.575, señala que la Administración del Estado debe atender las necesidades públicas “en forma continua y permanente…’. Dicha normativa debe presidir toda actuación de las entidades públicas, incluyendo a la Contraloría”. Y luego realiza un largo resumen de sus atribuciones al reemplazo de Bermúdez. Recalca que por ley “el contralor general tomará razón de los decretos supremos y de las resoluciones” y que “en ese contexto y considerando que el Jefe del Servicio se encuentra de vacaciones y que sirvo el cargo de subcontralora general de la República, me corresponde reemplazarlo según ordena el artículo 20 de nuestra ley, y por ende, como contralora general subrogante, contaba con plenas facultades para tomar razón de dichos decretos, con o sin su visación”. Respecto a que Mirosevic y su División fueron “marginados del estudio y conducto regular, le hago ver que los decretos en cuestión ingresaron a esta Contraloría a las 20 hrs. del 5 de febrero, en tanto que según lo informado por el Dpto. de Personal, ese día Ud. se retiró de las dependencias a las 18:51 hrs., mientras que la subjefatura, todos los jefes de comité y las secretarias, tampoco se encontraban al momento en que se efectuó tal verificación, ante lo cual dispuse que me fueran remitidos y torné razón de ellos, siendo despachados a la entidad emisora cerca de las 21 hrs,, ya que a la luz de las normas constitucionales citadas no era procedente dejarlos guardados hasta el día siguiente, sólo a la espera de que Ud. pudiera visarlos”. También plante respecto de que “habría desconocido las atribuciones que le otorga el artículo 33 a) de nuestra ley, debo recordarle que dicha norma establece la obligación de la División Jurídica de informar respecto de la legalidad de los decretos o resoluciones ‘en los casos en que lo ordene el Contralor’. Pues bien, en este caso me encontraba sirviendo dicho cargo y no lo ordené, precisamente porque esperar su retorno hasta el día siguiente, implicaba retrasar en un día completo la publicación y ejecución de los decretos, lo que habría impedido al Estado ejercer nuevas medidas de emergencia en auxilio de la población afectada. No corresponde en caso alguno supeditar la atención de catástrofes que afectan a la población como la de la especie, a ritualidades no esenciales como la que Ud. Reclama”. Pérez asegura que efectuó la toma de decretos “en pleno ejercicio de las atribuciones que me competen, en vista de la legalidad de los mismos y de la grave emergencia que están padeciendo nuestros compatriotas”. Y concluye con una advertencia: “Le hago presente que en mi opinión, a través de sus oficios Ud. ha excedido con creces lo que razonablemente pudiera estimarse una asesoría de buena fe, ya que sus reiteradas y constantes objeciones a la labor de esta jefatura no se ajustan al principio legal de jerarquía y a su condición de funcionario público subalterno respecto de la suscrita. A su vez, sería razonable que destinara dicho tiempo y sus mayores esfuerzos a atender con la debida prontitud y dentro de los plazos que establece la ley N° 19.880, las consultas ciudadanas y de los servicios públicos, pues aún hay presentaciones del año 2017 pendientes en su despacho”. Fuentes consultadas por La Tercera PM aseguran que el escrito es reflejo del mal clima laboral que impera en la entidad luego de que la Corte Suprema ordenara reintegrar a Pérez a su cargo en medio de la desconfianza suscitada entre funcionarios por este episodio que la enfrentó con el contralor. Los descargos de Mirosevic Mirosevic postula que “la orden formal y permanente respecto de los actos que deben ser tramitados en esta División, comprende expresamente la declaración de los estados de excepción entre los culos se encuentra el de catástrofe. Al emitir el contralor general esta orden -al igual que los contralores que le antecedieran- tuvo en cuenta el carácter de urgente que tiene toda declaración de estado de excepción constitucional, cuestión que no fue óbice para radicar el estudio de dicha materia en esta División jurídica. Así, el carácter urgente de una medida administrativa no puede servir de fundamento para marginarla de su estudio y análisis jurídico por la unidad que corresponde”. Añade que “referente al principio de servicialidad (…) conviene recordar que este cuerpo legal consagra también los principios de juridicidad y control; los que se ponen en riesgo cuando no se observa el conducto regular y los actos administrativos son tomados de ramón sin un análisis jurídico efectuado por los funcionarios que tienen asignada dicha labor. Ello es particularmente relevante considerando que los decretos de estado de excepción constitucional pueden limitar el ejercicio de derechos fundamentales, al tiempo que asignar atribuciones extraordinarias a los órganos de la Administración del Estado, lo que refuerza la necesidad de su estudio”. En paralelo postula que en cuanto “informó por escrito el jefe subrogante de la Oficina General de Partes, el día en cuestión recibió una llamada de Ud. a las 10.35 hrs., según consta en el registro telefónico de dicho funcionario. En esa instancia, Ud. le informó que ingresarían los decretos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública después de la jornada ordinaria, instruyéndolo que fueran recibidos y luego remitidos directamente a Ud., como contralora general subrogante. Tal proceder es demostrativo que, no obstante haber tomado conocimiento en las primeras horas del día de que ingresarían los aludidos actos administrativos e instruido a Oficina General de Partes para permitir su ingreso, omitió comunicarme dicha circunstancia, saltándose la tramitación regular de estos documentos. Y remata con que “finalmente, considero que mi condición de funcionario subalterno respecto de Ud. no me impide manifestarle respetuosamente mi disconformidad, como lo he hecho, cuando se actúa pasando a llevar no sólo una instrucción formal y escrita del Contralor General -que no ha sido dejada sin efecto por Ud. ni por el titular del cargo-, sino también las funciones que asisten a la División Jurídica de esta Contraloría General. Calificar como de mala fe mi posición sobre esta forma de obrar me parece descalificatorio e improcedente en el trato que nos debemos guardar como funcionarios públicos”. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/decretos-catastrofe-del-gobierno-desatan-guerra-civil-contraloria-dorothy-perez-se-enfrenta-ahora-la-division-juridica/522192/
  6. 07 Enero 2019 Denuncian a alcalde Sharp ante Contraloría por invitación a celebrar la Revolución Cubana en el municipio De acuerdo a la indicado por el diputado Andrés Celis, el alcalde tiene todo el derecho a realizar este tipo de actividades, pero no en el inmueble municipal y los recursos de este. "No trae ningún beneficio directo para los porteños", dijo. La jornada de este lunes el diputado RN Andrés Celis ingresó una denuncia ante la Contraloría Regional de Valparaíso, para se investigue y determine la legalidad de la invitación que realizó el alcalde Jorge Sharp, referente a conmemorar en el municipio los 60 años de la Revolución Cubana. La solicitud, como detalló el parlamentario, responde a que a su juicio, esta celebración constituye “un acto a todas luces político y no trae ningún beneficio directo para los porteños”. “El patrimonio y los recursos municipales deben ser utilizados en pos de la comunidad, beneficio que no logro vislumbrar en este caso. Por otra parte, para todos los jefes comunales, incluyendo al alcalde Jorge Sharp, aplica el principio de probidad administrativa, es decir, en su función pública, no puede realizar actos de carácter políticos, valiéndose de su cargo para favorecer tendencias”, explicó Celis. Por otra parte, el diputado agregó que “organizar una conmemoración del triunfo de la Revolución Cubana, valida las violaciones a los DD.HH. que se produjeron y que hasta hoy se producen en nombre de dicha revolución”. Fue así como el parlamentario concluyó que “el alcalde se equivoca, no hay ningún problema en que haga este tipo de actividades en un lugar privado o no municipal, pero en este caso está utilizando un bien inmueble municipal y recursos para un evento político que no corresponde según nuestro ordenamiento jurídico”. En el mismo sentido, cabe hacer presente que el RN también solicitó al INDH que se pronuncie respecto a esta actividad. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/denuncian-alcalde-sharp-ante-contraloria-invitacion-celebrar-la-revolucion-cubana-municipio/474405/
  7. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/343233-fraude-en-carabineros-indagan-a-general-gordon-por-el-uso-de-564-millones-en-gastos-de-protocolo/?hl=%2Bfraude&do=findComment&comment=24034362 https://foros.fotech.cl/topic/347740-contralor-los-mails-incautados-de-ramiro-mendoza-y-dorothy-perez-fiscalia-va-tras-sumario-perdido-que-pudo-frenar-fraude-en-carabineros/?hl=%2Bcontralor&do=findComment&comment=24213216 14 Noviembre 2018 Exfuncionaria de Contraloría dijo que Ramiro Mendoza anuló sumario a Carabineros “El contralor (...) luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera”, dice su mail de 2010. El correo de Patricia Arriagada es parte de la denuncia que hizo el fiscal de la Contraloría al Ministerio Público. EL EXCONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA RAMIRO MENDOZA. Un documento clave en el caso que investiga por qué la Contraloría dejó sin efecto un sumario a Carabineros, en 2010, llegó esta semana a manos de Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes. Se trata de una denuncia de 15 páginas que Eduardo Díaz, fiscal administrativo de la Contraloría, entregó al Ministerio Público, en la que se detallan una serie de antecedentes que pudieran “revestir caracteres de delito”, según señala el escrito, en relación al fallido sumario al Departamento III de Carabineros, indagatoria que, si no se hubiese anulado, podría haber detectado el fraude en la policía uniformada que hoy asciende a más de $ 26 mil millones. En específico, la indagatoria de Campos está centrada en pesquisar presuntos ilícitos relacionados con el incumplimiento fiscalizador de funcionarios de la Contraloría, además de la posible injerencia que pudo tener, en estos hechos, una reunión entre el exgeneral director de Carabineros Eduardo Gordon y el excontralor en la época en que se anuló el sumario, Ramiro Mendoza. “En relación con la supuesta anulación del sumario administrativo en análisis, instruido por la resolución N° 1.782 de 2010, consta en el expediente sumarial que en respuesta de un correo electrónico del señor Guillermo Vidal Giordano, subjefe de la exdivisión de Toma de Razón y Registro, de fecha 15 de noviembre de 2010, a la jefa de la ex DAA (División de Auditorías Administrativas), Srta. Patricia Arriagada, consigna: ‘El contralor después que se dictó la resolución (1.782/10) designando al fiscal y luego que vino el general director a hablar con él, decidió que no se hiciera. Atte.’”, dice la denuncia presentada por el fiscal administrativo a Campos. Sin embargo, Patricia Arriagada, quien entre 2011 y 2016 fue la subcontralora de Mendoza, declaró ante Campos que “no recuerdo que durante 2010 yo haya dispuesto una auditoría en Carabineros, tampoco recuerdo que haya dispuesto un sumario administrativo”. En la misma línea, aseguró a Campos que tampoco había visto su anulación. “Nunca lo había visto, es una sorpresa ver este documento. Efectivamente, aparece mi firma bajo mi nombre, pero esto de la leyenda ‘anulada’ no es normal”. Agregó que “yo no le hice seguimiento a este sumario” y que “nunca el señor Mendoza me preguntó por este sumario que yo tampoco recordaba, no obstante haber sido un sumario importante”. Por su parte, el excontralor Mendoza-quien no ha sido citado en el sumario administrativo- declaró el 29 de agosto ante Campos que “no recuerdo que se haya iniciado un sumario en Carabineros durante 2010. Yo, en mi calidad de contralor de la República, no disponía de la apertura de sumarios, estos podían ser aperturados por los jefes de división (…), entre otros funcionarios de la institución”. Sobre la reunión con Gordon y la anulación del sumario, dijo que “no recuerdo por el momento cómo haya terminado este o de haber juntado o reunido con alguien de Carabineros para esto. Sí debo recordar que estas visitas no son extrañas sobre estos temas”. Asimismo, en la denuncia del fiscal de la Contraloría se detalla que en 2017, en el marco de una recopilación de los sumarios contra Carabineros que hizo la entidad fiscalizadora para rendir cuentas a la comisión investigadora de las irregularidades financieras en la policía, nunca se informó sobre el fallido sumario. “Consta en el expediente sumarial que dicha información no fue remitida al contralor general por el Sr. Ricardo Provoste (jefe del Departamento de FF.AA)”, dice la denuncia. También se señala que “habiendo tenido conocimiento de la existencia de esta copia de la resolución exenta N° 1.782 (que dio inicio al fallido sumario), tanto la entonces fiscal de la CGR Carolina Requena como Ricardo Provoste, no efectuaron denuncia (…) a esta fiscalía administrativa, como al Ministerio Público”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/exfuncionaria-contraloria-dijo-ramiro-mendoza-anulo-sumario-carabineros/402484/
  8. 16 Noviembre 2018 ¿Ahora si es el fin? Contraloría ordena paralizar construcción de “guetos verticales” e instruye sumario a Estación Central Tras el requerimiento presentado por el estudio jurídico Osorio Vargas, la entidad determinó que los permisos de edificación otorgados fueron emitidos "en contravención" a la norma". Ahora, evalúan demandar civilmente a las inmobiliarias. Finalmente podría ser el término del cuestionado modelo inmobiliario que se tomó las calles de Estación Central: los “guetos verticales”. Tras un requerimiento presentado por el Estudio Jurídico Osorio Vargas, la Contraloría General de la República ordenó paralizar la construcción de estos mega edificios. Como se establece en la resolución del ente controlar a la que tuvo acceso La Tercera, los permisos otorgados “fueron emitidos en contravención a la normativa aplicable, por lo que es deber de ese municipio (Estación Central) dar cumplimiento” a la normativa “sobre invalidación administrativa de actos irregulares”. Bajo estas consideraciones, y haciendo presente que los dictámenes de la Contraloría son obligatorios para los órganos de la administración, instruye la realización de un sumario administrativo en la Dirección de Obras Municipales de Estación Central. Se exige, de esta manera, que el municipio adopte “las medidas del caso en cuanto a los permisos a que se refiere, los que estarían mal otorgados”. “Procede que ese municipio instruya un sumario administrativo para determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas, en lo que concierne a las materias resueltas en los citados pronunciamientos, debiendo dictar el correspondiente acto administrativo que le dé inicio y remitir una copia a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Órgano Contralor”, dicta la resolución. La determinación, de acuerdo a lo comentado por el abogado Gabriel Osorio a La Tercera, es un triunfo para los vecinos. “Hoy ganaron los barrios, las junta de vecinos y la sociedad civil. Solo pierde la especulación inmobiliaria. Al Contralor no le tiembla la mano para frenar toda especulación”, adujo el abogado. En cuanto a los pasos a seguir, Osorio explica que ahora “tiene que iniciar la invalidación de los permisos otorgados. Las edificaciones que estaban en etapa de construcción, en tanto, deberán ser paralizadas, mientras que se tendrá que evaluar qué sucederá con las que ya están listas o habitadas“. “Lo importante a destacar que una cultura de construcción se termina”, subraya, adelantando que, posiblemente, lo que viene será una demanda civil contra las inmobiliarias y determinar si la Dirección de Obras Municipales tiene responsabilidad penal en los hechos. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/ahora-fin-contraloria-ordena-paralizar-construccion-guetos-verticales-e-instruye-sumario-estacion-central/405047/
  9. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/340740-alcalde-san-ramon-tres-investigaciones-cercan-al-alcalde-vinculado-a-narcotraficantes/?hl=%2Bramon&do=findComment&comment=23771046 22 Octubre 2018 Contraloría hace reparos a compra de casa de alcalde de San Ramón Pagó $ 100 millones en efectivo, “cuyo origen no justificó en la declaración de intereses” ante el SII. “Se constató que el alcalde Miguel Aguilera Sanhueza adquirió en 2016 una propiedad por 13.155 UF, por la que pagó en efectivo la suma de 4.604 UF, monto que a la fecha de la adquisición ascendió aproximadamente a más de $100.000.000, suma cuyo origen no fue justificado en la declaración de intereses y patrimonio presentada por éste”. La anterior corresponde a una parte de conclusiones de la auditoría realizada por Contraloría a la Municipalidad de San Ramón, y que fue informada hoy. A raíz de estas presuntas irregularidades, el ente contralor determinó que “esa autoridad comunal deberá remitir a esta Contraloría Regional Metropolitana la justificación financiera y tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos, con motivo de la adquisición del bien raíz, en el plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe”. También, señala el documento, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En paralelo, la Fiscalía Sur indaga supuestas irregularidades cometidas en la contratación de personas que nunca prestaron servicios -y quienes habrían sido narcotraficantes. Por esto, en octubre de 2017 la PDI allanó las dependencias del municipio. Licitaciones La Contraloría también detectó presuntas irregularidades por parte del director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), de San Ramón. “Se comprobó que José Miguel Zapata Vergara, en su calidad de director de Secpla, tomó conocimiento preciso y detallado de las licitaciones que posteriormente fueron adjudicadas a la empresa de la cual fue dueño”. Además, se señala que “en su rol de secretario comunal, participó en la evaluación y supervisión técnica de la formulación de las propuestas, y luego, en su calidad de jefe de la División de Análisis y Control de Gestión, del Gore Metropolitano, visó los convenios entre esa entidad y el mencionado municipio”. Según la Contraloría, estos actos implicarían una vulneración al principio de probidad administrativa. También se constató que el municipio no habría aplicado a algunas empresas contratistas de proyectos licitados, con plazos de ejecución expirados, el pago de multas por $ 602.797.500. Además, “se comprobaron pagos insuficientemente acreditados por $ 80.550.000, cuyos estados de pago se encuentran visados por el director de la Secpla, a pesar de no haberse comprobado que la empresa adjudicataria haya realizado la entrega del total de los productos comprometidos”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-concluye-existido-irregularidades-financieras-municipalidad-san-ramon/371444/
  10. 18 Octubre 2018 Gobierno de Bachelet redujo sanción a exadministrador de La Moneda Cristián Riquelme recibió la medida de censura y otros tres inculpados por contratos irregulares fueron absueltos. Dictamen de Contraloría, emitido en septiembre, objetó la decisión y ordenó remitir los antecedentes a Piñera. EL EXADMINISTRADOR DE LA MONEDA CRISTIÁN RIQUELME DEJÓ EL CARGO EN FEBRERO DE 2016. El 8 de marzo de 2018, a solo tres días del cambio de mando, el Ministerio del Interior, entonces liderado por el ministro Mario Fernández, firmó de manera reservada los decretos 397 y 398. Lo que a simple vista parecía uno más de los trámites administrativos previos a dejar La Moneda, posteriormente se transformó en objeto de cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República, según consta en un documento al cual accedió La Tercera. ¿El motivo? Los decretos firmados en las últimas horas del gobierno de Michelle Bachelet rebajaban las sanciones decretadas por el ente contralor en contra del exadministrador de La Moneda Cristián Riquelme Urra, y absolvía a otros tres funcionarios vinculados a contrataciones directas de proveedores, sin tener una adecuada fundamentación. La indagatoria administrativa contra Riquelme, exencargado de las finanzas de la campaña de Bachelet de 2013 y parte del extinto G-90 que encabezó el exministro Rodrigo Peñailillo, comenzó en febrero de 2016. Un reportaje de Ciper reveló que dos sociedades formadas por el exadministrador de La Moneda recibieron pagos por más de $ 417 millones entre 2013 y 2015. Tras abandonar las empresas, una pasó a manos de su esposa (Comercial A y R), mientras que la segunda, Greentec, se traspasó a su exsocio. El proceso de la Contraloría, entre otros aspectos, cuestionó los contratos que la Dirección Administrativa de la Presidencia adjudicó por trato directo “a la empresa Gestión y Producción Limitada, cuyo representante legal se desempeñó en la citada Dirección Administrativa”, detalla la indagatoria. La polémica que originó el caso en Palacio terminó con la renuncia de Riquelme el 22 de febrero del 2016, para evitar una nueva crisis en el gobierno. Luego de analizar los antecedentes y tomar declaraciones a los implicados, el 6 de septiembre de 2017 la Contraloría propuso al gobierno imponer sanciones como la aplicación de multas del 15% de su sueldo para Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico (aún en el cargo, según Gobierno Transparente). También planteó sancionar con el 20% de su remuneración a Natalie Vilches Jara, exjefa de Abastecimiento de Palacio, e igual medida contra Óscar Sandoval Navarrete, quien reemplazó a Riquelme tras su renuncia. Para Cristián Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso suspenderlo del cargo por 30 días con goce del 50% del sueldo. El exadministrador de Palacio ganaba un sueldo bruto de $ 7.765.741. Fue entonces que el saliente gobierno decidió absolver a los tres funcionarios indagados y, en el caso de Riquelme, rebajar su sanción a censura, la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa. La resolución volvió a Contraloría para su toma de razón, instancia en que el organismo alertó que esta “no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial”. Dictamen de Contraloría En las tres páginas del dictamen fechado el 11 de septiembre de 2018, el contralor Bermúdez asegura que el proceso que instruyó realizó “todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones”. Del mismo modo, enfatiza que la propuesta de sanciones se sustentaron en las “omisiones en la fundamentación de las causales de contratación directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigación”. Así, el contralor Bermúdez aseguró en su dictamen que “no existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los únicos que cumplían, en cada caso, con los requisitos de discreción y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la República. Asimismo, es importante destacar el carácter público de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas señaladas en cada uno de los cargos”. Tras revisar la rebaja de sanciones que buscaba realizar el gobierno de Bachelet, el contralor aseguró que la nueva medida “no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario”. Por esta razón, la Contraloría ordenó enviar una copia del dictamen directamente al Presidente Sebastián Piñera y al director administrativo de la Presidencia, a fin de que “realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados”. Consultado por La Tercera Cristián Riquelme, respondió que “me parece bien que salga el dictamen, pero no hablo con periodistas”. Exfuncionario Nicolás Enteiche, profesor de Derecho Administrativo de la UDD, explicó el alcance de un dictamen cuando un funcionario público renuncia a su cargo: “Si se ordena la instrucción de un sumario y luego el involucrado cesa en sus funciones, el procedimiento tiene que proseguir hasta su término, debiendo anotarse la decisión que resulte del sumario en su hoja de vida”. Agregó que “en materia de infracción a la Ley de Probidad (N° 20.880), específicamente en cuanto a la infracción del deber de efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, se admite la aplicación de sanciones dentro de los cuatro años siguientes al incumplimiento, independiente del hecho de que el funcionario haya cesado en sus funciones”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/gobierno-bachelet-redujo-sancion-exadministrador-la-moneda/366275/
  11. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/339508-desfalco-municipal-pdi-incauta-documentacion-desde-municipalidad-de-la-florida/?hl=%2Bcarter&do=findComment&comment=23682069 10 Octubre 2018 La Florida: Contraloría rechaza descargos de Carter y sigue cuestionando déficit de $20 mil millones En la respuesta oficial a Carter por el organismo fiscalizador se destaca que terminado el plazo entregado al jefe comunal para realizar sus descargos "el recurrente no aporta nuevos antecedentes ni invoca argumentos que permitan variar lo concluido en el Informe Final". Carter, cuya gestión está siendo investigada por el Ministerio Público, asegura que se está ante un error y solicitó audiencia con Bermudez. La Contraloría General de la República rechazó las reconsideraciones que presentó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, al lapidario informe del organismo fiscalizador que realizó cuestionamientos al control presupuestario y financiero del municipio y de la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación –COMUDEF- respecto de recursos transferidos por aporte municipal y fondos externos provenientes de los Ministerios respectivos, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2017. Aquella auditoría final estableció que existía, entre otras irregularidades un déficit de caja en el municipio de más de $20 mil millones junto a una serie de irregularidades que fueron puestas en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado y del Ministerio Público, que desarrolla una investigación. En la respuesta oficial a Carter, a la que accedió La Tercera PM a través de Transparencia, la Contraloría destaca que terminado el plazo entregado al jefe comunal para realizar sus descargos “el recurrente no aporta nuevos antecedentes ni invoca argumentos que permitan variar lo concluido en el Informe Final N° 834 de 2017” por lo que “se desestima la presente solicitud de reconsideración”. En la práctica, ello significa que se mantienen los reparos y la orden de un sumario administrativo a Carter por su eventual responsabilidad en las anomalías denunciadas y la exigencia de que se corrijan las rendiciones que no cuadran. Cabe consignar que la Contraloría, que consideró la presentación realizada por la diputada Camila Vallejo al respecto, detectó en Educación 57 cheques protestados por falta de fondos, por un monto total de $ 356.735.882; en Salud 195 cheques protestados por $ 701.617.878; y 102 instrumentos financieros protestados y rendidos a la Municipalidad de La Florida por $ 363.504.644. En paralelo, se determinó que los aportes municipales para Salud y Educación no fueron ingresados a las cuentas corrientes creadas para ello. Además se constató que diciembre de 2016 y junio de 2017, la Municipalidad de La Florida presentaba un déficit presupuestario ascendente a la suma de $ 5.902.288.856, y $ 8.562.167.845, respectivamente, y un déficit de caja, a lo menos, de $ 4.389.743.996, y 7.006.454.507. Junto con instarle ajustar su presupuesto acorde con la ley, se le pidió acreditar documentadamente la regularización de los documentos que fueron protestados por falta de fondos y ajustar las rendiciones y conciliaciones bancarias. Un punto crítico, que sí habría sido subsanado, fue el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales que generó intereses, reajustes, recargos y gastos de cobranza en el año 2016 y en los meses de enero a junio de 2017 por un monto total de $ 559.431.202. Consultado por este tema, Carter aseveró que se está ante un error de la contralora regional, que ha llevado adelante la fiscalización, y que por ello pidió una audiencia para la próxima semana con el contralor Jorge Bermudez. “El informe al que usted alude solo levanta las observaciones sobre las cotizaciones previsionales. Sostiene que el déficit sigue siendo el mismo y eso no es así y es lo que vamos a poner en conocimiento del Contralor porque los informes de la contralora regional tienen fallas graves”, adujo. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-florida-contraloria-rechaza-descargos-carter-sigue-cuestionando-deficit-20-mil-millones/349652/
  12. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/340054-codelco-contraloria-congreso-pedira-a-contraloria-informe-que-ve-debil-fiscalizacion-de-cochilco-sobre-codelco/?hl=%2Bcodelco&do=findComment&comment=23733129 09 Octubre 2018 ¿Fin del conflicto? Contraloría y Codelco piden suspender juicio por 90 días y explorarán acuerdo Ambas partes presentaron un escrito de suspensión de procedimiento de común acuerdo ante el 25° Juzgado Civil de Santiago y la idea es que durante la suspensión se alcance un acuerdo. El largo conflicto que protagonizan Codelco y la Contraloría General de la República, luego que este organismo presentara un duro informe de fiscalización sobre la minera el año pasado, estaría pronto a llegar a su fin. Esto, luego que ambas partes acordaran suspender por 90 días el proceso judicial que protagonizan desde agosto de 2017 en el 25° Juzgado Civil de Santiago, lo que se materializó con el ingreso este lunes de una solicitud firmada por el abogado de Codelco, Pedro Pablo Gutiérrez y por el del Consejo de Defensa del Estado (que representa a la Contraloría en el caso), Raúl Letelier. Todo, justo en medio de los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Minería -liderado por Baldo Prokurica- en orden a desactivar la pugna entre las partes. Así, la suspensión terminará el 26 de enero del próximo año y, durante el tiempo en que esté vigente, ambas partes intentarán llegar a un acuerdo, que de concretarse se sumaría al que ya alcanzaron el gobierno, la Contraloría y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) el pasado 24 de septiembre, mediante el cual los dos últimos organismos trabajarán de manera coordinada para fiscalizar a la estatal. Señales La suspensión del proceso se habría gatillado tras la concreción de dicho acuerdo y tras señas de acercamiento por parte del ente fiscalizador, que incluso habría pedido un gesto de “buena fe” por parte de la estatal en el marco del proceso judicial. En ese sentido, fuentes señalaron que lo que busca el gobierno es que Codelco se desista de la demanda. Otro de los puntos que habría incidido en la decisión habría tenido que ver con la necesidad de generar un movimiento dentro de la causa, que se podría haber cerrado al completar seis meses sin ningún hito. “En conjunto con Contraloría, hemos acordado suspender de común acuerdo el procedimiento judicial con la finalidad de encontrar una solución al diferendo planteado tras la demanda de nulidad de derecho público contra el informe de auditoría”, dijeron desde la estatal al ser consultada. Asimismo, explicaron que el propósito, “es tratar de compatibilizar la acción efectiva de Contraloría en la fiscalización de los recursos públicos, con la gestión eficiente de una compañía relevante y estratégica para Chile como Codelco, permitiendo la operación adecuada de su gobierno corporativo”. “Codelco reafirma su compromiso con el cumplimiento de los mejores estándares nacionales e internacionales para su desempeño como empresa, considerando los desafíos que implica su actividad para la economía del país y sus desafíos competitivos en el mundo”, enfatizó. Cabe recordar, que la pugna legal se inició luego de que la Contraloría cuestionara en 2017 una indemnización de más de $ 500 millones dirigida a un exdirector de la cuprera, colocando, además, reparos a las contrataciones de empresas entre partes relacionadas. Escondida inicia conversación con grupo negociador Minera Escondida, controlada por BHP, informó ayer que iniciará las conversaciones con un grupo negociador conformado por 116 trabajadores no sindicalizados. La minera dijo que las tratativas se iniciarán en línea con el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo de Antofagasta, que descartó algún impedimento legal para negociar. Se espera que las conversaciones concluyan el viernes para ser presentadas y votadas tras ello. Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/fin-del-conflicto-contraloria-codelco-piden-suspender-juicio-90-dias-exploraran-acuerdo/348853/
  13. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/344180-gratuidad-mineduc-anuncia-cambios-a-proyecto-de-gratuidad-para-cft-e-ip/?hl=%2Bgratuidad&do=findComment&comment=23955962 09 Septiembre 2018 La gratuidad rinde su primera prueba ante la Contraloría Organismo detectó una brecha de $ 17 mil millones entre aranceles y aportes del Estado para la ayuda estudiantil. Quince de las 46 instituciones adscritas a esta política pública registraron pérdidas por este concepto. Las instituciones adscritas a la gratuidad están en compás de espera. La nueva Ley de Educación Superior establece que este año el gobierno debe nombrar una comisión de expertos que fijará los nuevos valores de los aranceles regulados, que desde 2015 se aplican para definir los recursos que el Estado destina a esta política pública. La diferencia es que esta vez dicho cálculo no solo incluirá a los alumnos matriculados y que pertenezcan a los primeros seis deciles de ingresos familiares, que hasta ahora son los únicos liberados de pagos, sino que también fijará los precios para los estudiantes que se encuentran en los deciles 7, 8 y 9, que están fuera de la gratuidad, pero que verán reducidos sus costos en diferentes porcentajes. Es en ese contexto que la Contraloría analizó por primera vez la distribución de los recursos que el Estado entrega a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica por concepto de gratuidad. Y su conclusión se tradujo en una cifra que va en línea con la preocupación de muchos rectores: la brecha entre los aranceles institucionales y los montos que el Estado entregó el año pasado por este concepto a 46 planteles alcanzó los $ 17.208 millones. En el informe “Financiamiento Fiscal del Acceso Gratuito a las Instituciones de Educación Superior”, al que tuvo acceso La Tercera, el órgano da cuenta de que el monto de los recursos fiscales asignados a gratuidad en 2017 fue de $ 673.990 millones. También detalla que “15 instituciones mostraron una diferencia neta entre el arancel real más los derechos básicos de matrículas que fijan las propias entidades y el monto total asignado por gratuidad” (ver infografía). Este valor, de $ 17 mil millones, disminuye a $ 13.294 millones si se considera el Aporte para Fomento de Investigación que se definió en la Ley de Presupuestos 2017, para palear la merma económica que la gratuidad iba a implicar para las cinco universidades privadas fuera del Cruch que ese año fueron parte del beneficio: U. Diego Portales (UDP), U. Finis Terrae, U. Católica Silva Henríquez, U. Alberto Hurtado y la U. Autónoma. El contralor, Jorge Bermúdez, explicó a La Tercera que “el estudio solo se limita a constatar la diferencia entre el arancel real más los derechos de matrícula fijados por cada entidad de educación superior adscrita, y el financiamiento fiscal por gratuidad -no se incluyen las otras fuentes de financiamiento fiscal a las instituciones o a sus estudiantes- según el cálculo establecido por la Ley de Presupuesto 2017. La interpretación de causalidades o consecuencias respecto de esa diferencia está más allá del alcance del estudio”. Respecto del análisis que hace Contraloría, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, señaló que “es importante recordar que, si bien efectivamente hay una brecha entre el aporte por gratuidad y el valor que cobran las instituciones, se debe considerar que con el aporte directo por gratuidad, las instituciones reducen el gasto en becas internas y la morosidad en el pago que puede existir, por lo que el déficit real es menor al indicado”. Más y menos Según este informe, la U. Diego Portales presenta el mayor déficit del sistema, con $ 5.698 millones. Al respecto, el rector Carlos Peña manifestó que “a esa diferencia nominal hay que descontarle las becas y otros beneficios estudiantiles que la universidad otorgaba y que ahora, en presencia de la gratuidad, no otorga. Efectuado ese descuento, la diferencia real fue de $ 2.500 millones aproximadamente para el año 2017. Eso explica que la diferencia haya podido ser absorbida por la universidad rebajando algunas cuentas y que no se haya traducido en déficit alguno”. Peña agregó que la gratuidad tiene dos problemas. “Uno de ellos es la incertidumbre acerca de los montos de las transferencias y la tardanza en los pagos que obliga a altos costos financieros. El otro es la lesión de índole estratégica que podría producirse con aranceles regulados bajos en aquellas instituciones que poseen altos niveles de investigación y que, a pesar de carecer de aporte fiscal directo, han adherido a la gratuidad. Para probar todo eso basta señalar que aún hoy las universidades no saben el monto de los aranceles regulados para este año. Los costos de esa ineficiencia recaen sobre las instituciones”. Para el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, cuyo plantel presenta un déficit de $ 1.486 millones, “los datos que muestra este informe en relación a las brechas que tuvieron 15 instituciones, entre ellas la Universidad Católica, ratifican el hecho de que hay un desfinanciamiento importante en aquellas universidades cuyos proyectos educativos son más costosos, porque han invertido en infraestructura, mejores profesores y en mayor calidad”. Sánchez agregó que estos antecedentes deben ser considerados por el Ministerio de Educación (Mineduc) y por el comité de expertos, que de acuerdo a la Ley de Educación Superior se va a encargar de definir los nuevos valores de los aranceles regulados que fijará el Estado para financiar la gratuidad. “Los aranceles deben ser calculados considerando indicadores académicos objetivos, como el número de profesores de jornada completa que tienen las instituciones, las bibliotecas, los espacios deportivos, la infraestructura y la investigación, que son elementos que dan cuenta de la calidad de los planteles”. En el caso de la U. Autónoma, Contraloría estableció que la diferencia en los montos fue de $ 2.142 millones. El rector Teodoro Ribera planteó que “es un absurdo que las universidades que colaboran en una política de Estado se vean afectadas en su procesos de crecimiento en calidad. O el Estado pone más recursos, o permite que las universidades determinen qué cantidad de alumnos en gratuidad pueden recibir sin afectar su desempeño”. Ingeniería Comercial, la número uno En cuanto a las carreras con mayor número de estudiantes beneficiados por la gratuidad, el informe muestra que correspondieron a Ingeniería Comercial (9.331), Derecho (7.050), Ingeniería Civil Industrial (6.960), Psicología (6.430), Enfermería (6.322) y Kinesiología (5.220). En tanto, la U. de Santiago y el IP DUOC UC, con 85 carreras cada uno, tuvieron la mayor cantidad de programas con alumnos con gratuidad. Mientras, el CFT Inacap promedió 601 beneficiados por carrera. Por otro lado, la U. de Antofagasta, U. de Magallanes, U. de O’Higgins, U. de Aysén, IP Arcos y CFT DUOC promediaron menos de 50 alumnos con gratuidad por carrera. Asimismo, Odontología, en las universidades Autónoma (con $ 1.066 millones), Diego Portales (MM$ 887) y Finis Terrae (MM$ 700), fue la carrera que mostró las mayores diferencias de arancel, respecto a los aportes del Estado. Esta misma carrera, además, fue la que presentó la mayor diferencia en otras nueve instituciones. 19 planteles con más del 50% de alumnos beneficiados En 2017, las 46 instituciones adscritas a la política pública presentaron un total de 588.697 alumnos de pregrado. Y, según el registro de la Contraloría General de la República, el 44,5% de ellos, es decir 261.744 estudiantes, fue favorecido con la gratuidad. Así también, el ente fiscalizador identificó que 19 instituciones tuvieron a más del 50% de su matrícula total con este beneficio. Entre estas destaca la Universidad de O’Higgins (69,2%), el Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca (66,1%) y el Centro de Formación Técnica de Tarapacá (63,9%). En la vereda opuesta se puede observar que la Universidad Católica solo tuvo un 15,3% de sus matriculados beneficiados con la gratuidad. Sin embargo, el rector de la UC, Ignacio Sánchez, asegura que el 22% de los 25 mil alumnos de pregrado que tiene la institución pudo estudiar con gratuidad el año pasado. “Nos parece una cifra claramente importante, considerando los procesos de selección que tiene la institución”, apuntó. IP DUOC recibió la mayor cantidad de recursos La institución con más recursos fiscales asociados a la gratuidad de sus estudiantes correspondió al Instituto Profesional DUOC UC, que recibió $ 68.559 millones, lo que representa el 10,2% del total de aportes del Estado a los planteles adscritos. Este IP tuvo 35.464 estudiantes con gratuidad, lo que representa el 41,9% de su matrícula. El rector Ricardo Paredes sostuvo que “era lo que esperábamos; que a pesar del menor monto por alumno que recibimos al tener aranceles más bajos que las universidades, somos la institución que mayores recursos del Estado atrae y eso es bueno, pero desafiante”. Paredes apunta dos problemas que afectan a sus plantel producto de la gratuidad: enfrentar un déficit sobre los $ 4 mil millones anuales por la diferencia entre el aporte fiscal y nuestros aranceles. Y la restricción del financiamiento solo a la duración formal de las carreras. “En el sector técnico las tasas de titulación oportuna son bajas porque los alumnos necesitan muchas veces conciliar su jornada académica con el trabajo. El 69,5% de los estudiantes pertenece al 4° decil En 2017 la gratuidad benefició a los alumnos de los seis primeros deciles de ingresos (en 2018 se amplió al sexto decil). Y el mayor porcentaje de estudiantes que accedieron a este financiamiento se encuentra concentrado en el decil 4, con un 69,5%. De acuerdo al informe, el ingreso familiar per cápita en este grupo se sitúa entre los $ 116.806 y $146.042. Por otro lado, la menor cantidad de beneficiados se encuentra en el decil 1, con un 2,1% del total de alumnos. Ellos pertenecen a familias que viven con un máximo de $ 58.000 por cada integrante del hogar, es decir corresponde a la población con la situación socioeconómica más vulnerable. En el texto de Contraloría se muestra que la U. de Antofagasta y la U. de Aysén fueron las que concentraron un mayor porcentaje de alumnos beneficiados en el decil 1 (3,6%). Otro dato relevante es que el 51,3% de los alumnos beneficiados correspondió a mujeres. El CFT ENAC consiguió el mayor porcentaje femenino (84,8%) y el INAF el mayor masculino( 96%). Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-gratuidad-rinde-primera-prueba-ante-la-contraloria/313450/
  14. 10 Agosto 2018 Pensiones: detectan más de 100 pagos por sobre tope legal Auditoría, dada a conocer por la Contraloría General, alertó de irregularidades en pensionados por Capredena. Más de 100 pensiones informadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que se pagaron por sobre el tope legal de 60 Unidades de Fomento, unos $ 1.632.832, fueron detectadas a través de una auditoría, dada a conocer por la Contraloría. “Se determinó que 102 pensiones informadas por Capredena, por un total mensual de $ 200.533.326, a septiembre de 2016, se pagan por montos superiores al tope de 60 UF que les afecta”, señala el proceso auditable. Entre los casos, se detectó que una persona recibió doble pensión, de Capedrena y Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros), entre junio de 2005 y diciembre de 2016, generando el pago irregular de $ 276.873.544. En otra situación, se verificó que Capredena realizó cancelaciones por concepto de pensión de retiro, a una persona que también percibía una pensión de Dipreca, originando desembolsos improcedentes, entre octubre de 1979 y diciembre de 2016, por la suma de $ 64.642.458. Además, el documento detectó los casos de seis exfuncionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND, ex Chiledeportes), cuyas remuneraciones crecieron en una fecha cercana al retiro del servicio, lo que implicó modificaciones de hasta siete grados en la escala de remuneraciones. “Esta Contraloría General, en virtud de que la situación advertida podría revestir carácter de delito, al igual que en los casos anteriores, remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para los fines pertinentes”, señala “Asimismo, se deberá velar para que los documentos adjuntos a los expedientes, a través de los cuales se tramita una pensión, contengan información consistente, íntegra y fidedigna de cada uno de los antecedentes que dan cuenta de los requisitos para la obtención de los beneficios previsionales que tramita”, agrega. Además, el informe reveló que cuatro personas fueron recontratadas por instituciones dependientes del Ministerio de Defensa, (la Armada de Chile y Dirección General de Aeronáutica Civil) con incompatibilidad de acceso al vínculo, debido a que eran beneficiarias de pensiones de retiro por inutilidad de segunda clase. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/pensiones-detectan-mas-100-pagos-tope-legal/277878/
  15. 01 Agosto 2018 Migrantes pagaron $ 2.556 millones en multas y cuestionan uso de fondos Contraloría halló irregularidades en cuenta que recibe el dinero que deben cancelar infractores a Ley de Extranjería. Se estableció un déficit de $ 41 millones. Recurso se usa para pagar los pasajes aéreos a quienes son expulsados. CIUDADANOS HAITIANOS PARTICIPANDO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA, EN SANTIAGO. Con el objetivo de verificar cómo está cumpliendo la Subsecretaría del Interior su rol en materia de migración, la Contraloría realizó una revisión a esta repartición, la que arrojó una serie de situaciones irregulares. El estudio, que está en el informe N° 801/2017 del 24 de julio de 2018, reveló antecedentes poco conocidos en esta área. Por ejemplo, que el Estado cobra multas a los extranjeros que incumplan la Ley de Extranjería, dinero que después se utiliza para expulsar a migrantes infractores. Estos recursos quedan depositados en una cuenta del BancoEstado, que a diciembre de 2016 alcanzaban los $ 2.556 millones. Justamente en este ítem, dice el documento, fue detectada una irregularidad. Al comparar el registro entre el dinero que ingresó al Estado por estas multas en 2016 y 2017 con los fondos que efectivamente entraron a la cuenta bancaria, se encontró un déficit superior a los $ 41 millones. Para subsanar esto, señala la CGR, el gobierno deberá ejecutar la auditoría a la cuenta corriente, “determinando si la diferencia corresponde a la documentación que no ha remitido la Gobernación Provincial de Curicó”, repartición donde se habría generado el descuadre financiero. Sobre esto, el exjefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior (DEM) Rodrigo Sandoval señaló que “en mayo de 2017 se constataron ciertas inconsistencias contables en la gobernación que me indica (Curicó) y alcancé a instruir que se requiriera una aclaración de ese tema por parte de su gobernadora. Renuncié unas semanas después, razón por la que desconozco el resultado de esa indagación ni las medidas aplicadas”. La Contraloría, además, abarcó otras áreas. Así, se detectó “la ausencia de documentación soportante de la devolución de multas mal cobradas” por un poco más de $ 5 millones. Asimismo, el ente contralor identificó adquisiciones de pasajes aéreos para trasladar a extranjeros desde regiones a Santiago, los que debían ser expulsados del territorio nacional. La Contraloría estableció que en la mayoría de los casos el proveedor fue Blanco Viajes Ltda., a pesar de que existía un acuerdo vigente con otra empresa aérea a través del convenio marco. Sobre este punto, Sandoval señaló que “se instruyó proceder a ese pago por parte del subsecretario, a lo cual no me cabía hacer mayor cuestión, pues el reglamento le da a él la facultad de definir esa clase de pagos. Desconozco el modo en que se escogía la agencia, pues luego de la instrucción el rol del DEM pasó a ser más bien de registro de los pagos que la PDI solicitaba y que la subsecretaría financiaba, y no se nos dio ninguna incidencia en esta decisión”. Otro punto que identificó Contraloría fue que al comparar la información de la Subsecretaría del Interior con la del Registro Civil, entre 2015 y 2016, se constató que de un total de 375.986 cédulas de identidad entregadas a migrantes durante ese lapso, hay 10.408 que fueron concedidas y no están registradas en la base de datos del DEM. Esta situación, señala, “evidencia la ausencia de coordinación, interconexión de los sistemas y bases de datos de ambas instituciones”. Desde el DEM señalaron que “el informe de Contraloría hace referencia a las funciones institucionales en materia de migración durante el periodo 2016-2017. Lo que nos corresponde ahora, tras recibir el informe final, es trabajar en la implementación de las observaciones que contiene el documento, no obstante, muchas de ellas ya se encuentran en marcha con la gestión del nuevo DEM, que se inició durante la presente administración”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/migrantes-pagaron-2-556-millones-multas-cuestionan-uso-fondos/266151/
  16. 02 Agosto 2018 Contraloría cuestiona a EFE por no privilegiar licitaciones públicas El fiscalizador cuestionó compras directas y licitaciones privadas que alcanzan el 68% de sus operaciones en 2017. La empresa, que respondió este jueves al preinforme, afirmó que la mayoría de las observaciones quedarán aclaradas. El 3 de julio pasado, la Contraloría General de la República emitió un preinforme de observaciones sobre los gastos de administración y ventas efectuadas durante 2017 por la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), realizados mediante contratación directa, licitación privada y pública. La Tercera tuvo acceso al documento en el que la Contraloría advierte que EFE no ha ceñido su política de contratación al manual de adquisiciones de la empresa, el cual establece “procedimientos para la adquisición de bienes muebles, contratación de servicios y ejecución de obras por parte de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado”. La auditoría consigna que la empresa estatal gastó en 2017 M$ 15.512.911 por conceptos de administración, cifra que representa el 29% de los ingresos brutos de la empresa. La Contraloría realizó observaciones por la contratación directa de EFE, que en el año de estudio tomó una muestra de 5.883 millones de pesos de gasto, donde “se aprecia que la licitación pública no representa el principal método de adquisición en uso, por cuanto solo asciende al 15% del total adquirido en el periodo de análisis”. En contraparte, las compras directas ascienden a $ 1.889 millones, equivalentes al 32% de las adquisiciones, mientras que el 36%, es decir, $ 2.129 millones de pesos, fue destinado para licitaciones directas. El preinforme señala que hubo “incumplimiento de las normas internas de contratación de servicios, ausencia de instrucciones o procedimientos para el pago por asesorías profesionales, falta de supervisión y control” de gastos y pagos, e “incumplimiento del reglamento interno de flota de vehículos”. Desde la empresa explicaron que Contraloría tomó una muestra que solo representa el 7% del total. “Con los antecedentes y documentos que EFE entregará y que no se tuvieron a la vista por parte de la CGR, la empresa tiene la convicción de que la mayoría de las observaciones quedarán aclaradas y sin efecto en el informe final”, explicaron desde la empresa estatal. Los contratos El escrito indica, además, que “EFE pagó por los servicios de aseo y suministro de materiales, desde octubre de 2016 a febrero de 2017, a la empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A. un valor total de $ 73.422.762, sin contar con un contrato vigente”. También verificó “que durante 2017, EFE pagó por concepto de asesorías a servicios externos a la empresa Jorge Quiroz C y Consultores Asociados Spa, mediante dos órdenes de compra por montos de $ 13.264.815 y $ 34.315.344, en circunstancias que el último pago procedía de la suscripción de un contrato entre las partes”. Y agrega que en el último caso correspondía emitir un contrato y no orden de compra, pues el monto “sobrepasó las 1.000 UF”. La CGR resalta en el documento el registro de boletas de honorarios. En este sentido, señala que al 1 de diciembre de 2017, Ferrocarriles gastó $ 7.486 millones en asesorías, “en circunstancias que la emisión de la boleta de honorarios electrónica N° 313 es del 30 de enero de 2018, emitida por la empresa asesoría Ruiz Mai y Compañía Ltda., por el servicio de honorarios jurídicos fijos y adicionales del mes de enero de 2018, imputada a gasto en el año comercial 2017, aun cuando se determinó que la misma fue digitalizada en SAP el 2 de febrero de 2018”. “Durante 2017, EFE pagó $ 69.797.952 a Deloitte Advisory Limitada por la “Asesoría Gestión de Proyectos Teno N° 2 y Panguilemo”, cuya contratación se realizó mediante trato directo, luego de que dejara desierto un proceso anterior de cotización en el cual la empresa aludida declara su inhabilidad para participar en el proceso por presentar conflicto de interés”, por ser la encargada de auditar sus estados financieros en 2017, certificando que al 31 de diciembre la empresa “presentaba una pérdida integral de 51.814.468 millones de pesos”, entre otros asuntos. Reacciones El caso generó reacciones inmediatas en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Congreso. La presidenta, Yenny Álvarez (PS), dijo que “queremos que EFE nos informe de forma clara en qué se están utilizando los recursos que cada año se le entregan a esta empresa. Estamos esperando tener ese informe para ver si el funcionamiento está correcto”. Y agregó: “Hay un plan hasta el 2019, donde se le han asignado 500 millones de dólares, que creemos que es súper estratégica”. Juan Antonio Coloma (UDI) calificó de “gravísimas las conclusiones del preinforme de Contraloría, por los montos involucrados y especialmente por la cantidad de contrataciones directas”. Sobre el déficit, advierte que este “puede explicar las demoras en la realización de otros proyectos, como por ejemplo, el Metrotrén a Melipilla”. El diputado del Frente Amplio Félix González dijo que el caso “amerita que se exponga este tema en la Comisión de Transportes”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-cuestiona-efe-no-privilegiar-licitaciones-publicas/267325/
  17. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/337262-fraude-en-carabineros-fiscalia-investiga-doble-pension-de-exobispo/?hl=carabineros&do=findComment&comment=23630455 19 Junio 2018 Diputados ofician a Contraloría para que entregue detalles por posible nuevo caso de corrupción en Carabineros En la instancia se ofició al organismo fiscalizador para que se den antecedentes al CDE respecto a más de $23 mil millones al interior de la Dirección de Bienestar de la policía, sobre los cuales no existiría registro contable alguno. Los miembros de la comisión investigadora respecto de la operación de mutuales vinculadas a las FF.AA. y Seguridad Pública, así como eventuales irregularidades u omisiones en su fiscalización, recibieron esta mañana al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. En la instancia se ofició al organismo fiscalizador para que entreguen antecedentes al CDE respecto a más de $23 mil millones al interior de la Dirección de Bienestar de Carabineros, sobre los cuales no existiría registro contable alguno. Dicho desorden contable quedó al descubierto luego de dos auditorías realizadas por parte de la Contraloría en la policía uniformada. “Desde la comisión investigadora oficiamos a Contraloría para que envíe al CDE antecedentes de los $ 23 mil millones que debieron ingresar a Carabineros desde Mutucar, sobre los que no existe registro contable ni claridad de su destino. Podría tratarse de un nuevo “pacogate””, sostuvo el diputado Leonardo Soto (PS). El contralor Bermúdez explicó que “de partida no existía ni siquiera contabilidad. O sea cuando usted no tiene contabilizado lo que tiene, lo que debe o que lo que a usted le adeudan, obviamente eso da cuenta de un desorden mayor”. Agregando que “la institución va a tener que adoptar procesos y medidas para mejorar lo ocurría ahí en esa dirección”. Añadió que “el desorden es indiciario de una situación de corrupción mayor”. Acusando, incluso, que los registros contables se destruyeron por normativa interna y que eso era “un problema grave”. “De hecho, el trabajo que tuvo que hacer el equipo auditor allí fue un verdadero trabajo de reconstrucción de la información, porque la mayor parte estaba destruida”, señaló Bermúdez. Diputado Leo [email protected] Desde la Comisión Investigadora oficiamos a Contraloría para q envíe al CDE antecedentes de los 23 mil millones de pesos q debieron ingresar a Carabineros desde Mutucar, sobre los que no existe registro contable ni claridad de su destino. Podría tratarse de un nuevo "pacogate". 12:12 - 19 jun. 2018 Jorge Brito Hasbú[email protected] Hoy en Comisión Investigadora Contralor expuso que en los últimos años la Mutual de Carabineros debió haber transferido a la Dirección de Bienestar de Carabineros por lo menos 16 mil millones de pesos, de los cuales no hay registro. Urge avanzar en transparencia 11:36 - 19 jun. 2018 Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/diputados-ofician-contraloria-entregue-detalles-posible-nuevo-caso-corrupcion-carabineros/212604/
  18. 27 Julio 2018 Cortan las alas a Contralor: Tribunal dice a Bermúdez que “no puede excederse en sus facultades” No es la CGR un Poder del Estado y ciertamente no tiene facultades legislativas ni tampoco potestad para reglamentar una determinada materia, aun entendiendo que podría existir un “vacío legal o reglamentario"" sostiene el fallo de Apelaciones. La discusión sobre las facultades y límites de la Contraloría ha cruzado la gestión de Jorge Bermúdez como cabeza del entidad fiscalizadora este año. El decreto promulgatorio de la ley del Sernac; la declaración de ilegalidad de los cambios al protocolo de objeción de conciencia y la acogida al requerimiento de la ANEF que buscaba limitar los contratos a honorarios del Estado son algunos de los pronunciamientos por los que Bermúdez este año ha provocado escozor en el oficialismo y en la oposición. Esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un fallo de primera instancia que no trae buenas noticias y lo llama específicamente a ajustarse a sus atribuciones. Todo parte con la controversia que mantiene la Contraloría con la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G por el dictamen que emitió en 2016 en que limitaba la entrega de patentes para máquinas electrónicas de juego, exigiendo un informe de la Superintendencia de Casinos de Juegos que acreditara la condición de juegos de habilidad y no de azar. Las asociaciones plantearon un cambio de criterio de la Contraloría y un exceso de atribuciones de parte del contralor, acusándolo de arrogarse facultades legislativas e incluso exclusivas del Presidente de la República. Este miércoles 25 de julio, la Corte de Apelaciones -a través de un fallo firmado en primera instancia por los ministros Juan Cristóbal Mera, Jessica Book y el abogado Integrante señor Jorge Norambuena, acogieron los recursos de amparo económicos deducido por Sebastián Salazar Bastidas, Jaime Hurihual Huircán, Inversiones y Comercio Handel S.A. y Comercializadora e Importadora Matucana Limitada y, por la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos A.G. e Importadora y Comercializadora Calabaza Entertainment Limitada. Así, el tribunal dejó sin efecto el dictamen de la Contraloría y apuntó a las atribuciones del contralor Bermúdez. “¿Puede el señor Contralor, en uso de sus facultades, erigirse en creador de procedimientos no establecidos en la ley y exigir a los municipios que, ante la solicitud de patente para explotar una máquina que se dice de habilidad y destreza, que a su vez exijan a los solicitantes un informe de la SCJ en el que conste que la máquina “no es susceptible de ser registrada en el catálogo, precisamente por no tener la naturaleza de juego de azar”? La respuesta es categórica: no puede, se excede de sus facultades, según se ha visto. Y, por lo demás, con tal dictamen se le otorga a la SCJ una potestad que ni la ley ni norma reglamentaria alguna le ha dado”, dice la sentencia. En el requerimiento los recurrentes acusan una actuación arbitraria de parte de la Contraloría porque “no existen fundamento lógico o racional para que dicho organismo, sin que cambien las circunstancias o la ley modifique y contradiga la doctrina y la jurisprudencia administrativa reiterada y uniforme sobre las máquinas de juego de habilidad y destreza”. Los requirentes acusan que el contralor “excedió las facultades de interpretación que le entrega su ley orgánica ya que, por esa vía reguló una materia que es de exclusivo resorte legal como lo es lo relativo a los “juegos de azar”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 N° 19 de la Constitución Política de la República, reglando también materias”. “La Contraloría no es un poder del Estado” En los puntos décimo y décimo primero de su sentencia, la Corte de Apelaciones señala que “la CGR, entonces, un órgano del Estado y, por tanto, se sujeta a lo que señala el artículo 7° de la Carta Fundamental en cuanto a que no puede apartarse de sus facultades establecidas por ley”. “Ciertamente entre las facultades de la CGR no está la de, a propósito de su labor dictaminadora -de acuerdo al inciso primero del artículo 6° y al inciso segundo del artículo 5°, ambas disposiciones de la ley 10.336, en relación con su artículo 9°- crear procedimientos administrativos, otorgándole a la SCJ una facultad fiscalizadora que la ley 19.995 no contempla, regulando una materia que es de resorte legal -los juegos de azar y disponer un trámite inexistente en la ley para obtener una determinada patente municipal”, añade la sentencia. El texto luego recalca: “No es la CGR un Poder del Estado y ciertamente no tiene facultades legislativas ni tampoco potestad para reglamentar una determinada materia, aun entendiendo que podría existir un “vacío legal o reglamentario”. El fallo de la Corte de Apelaciones es de primera instancia, por lo tanto, la Contraloría debe tomar la determinación de apelar o no a instancias superiores. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/cortan-las-alas-a-contralorito-tribunal-dice-a-bermudez-que-no-puede-excederse-en-sus-facultades/259276/
  19. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/339565-aborto-3-causales-junio-idea-de-la-udi-de-ir-al-tc-no-genera-consenso-en-chile-vamos-pagina-2/page-1 01 Julio 2018 Ignacio Sánchez: “El gobierno no está haciendo un reglamento (de objeción de conciencia) que se ajuste al bienestar de las personas” El rector de la UC analizó el documento sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, presentado el viernes a la Contraloría, donde se reincorpora la restricción institucional para aquellas entidades de salud privadas que reciban recursos del Estado mediante convenios. De oficializarse la iniciativa, anunció que la UC recurrirá a instancias legales. “Yo atribuyo esto a que el gobierno quiere estar completamente en la línea de las pautas que dictó Contraloría, pero no hay una convicción detrás. Esa de decir que están bien los lineamientos de Contraloría, pero que el reglamento tiene que tener aspectos que un gobierno considera importante para las personas y su bien”. Así explicó a La Tercera el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, la sensación que le dejó el reglamento presentado el viernes por La Moneda a Contraloría, respecto de la objeción de conciencia ante la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. El documento en cuestión restablece una restricción en relación a la objeción institucional, en el área de obstetricia y ginecología, para las entidades de salud privadas que reciben fondos públicos. El documento ingresado al ente contralor dice que “los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 36, de 1980, del Ministerio de Salud, podrán ser objetores de conciencia siempre y cuando los referidos convenios no contemplen prestaciones de obstetricia y ginecología”. Para Sánchez, quien fue uno de los artífices y defensores del concepto de la objeción de conciencia institucional, aún quedan instancias para modificar el reglamento. Y no descarta recurrir a instancias judiciales. A partir de la información publicada, ¿qué le parece el reglamento? Aun no hay oficialización de que sea ese el documento, pero nos parece que la objeción institucional está puesta en la ley diciendo que la institución podrá, de acuerdo a su ideario propio, ser objetora de conciencia, con todo un mecanismo al respecto. Los fondos públicos no pueden estar al arbitrio de las iniciativas estatales. Ellos son generados por todos los chilenos y tienen que estar orientados a los proyectos de bien público. Algunos, realizados por instituciones estatales, y otros por no estatales. En el proyecto de ley no aparecen restricciones y nos parece que no es el espíritu de la ley que un reglamento comience a ponerle restricciones a un derecho. Es inconstitucional negar un derecho fundamental a través de un reglamento. El derecho fundamental que la ley promueve es la objeción por instituciones, y este reglamento está acotando y negando ese derecho, poniéndole condiciones. Eso es inconstitucional. En ese escenario, ¿podrían ustedes recurrir al Tribunal Constitucional? Está todo abierto. Las instituciones pueden ir bajo las razones que mencioné, pero también pueden hacerlo los parlamentarios. Es un flanco abierto que podría esgrimirse para acudir al Tribunal Constitucional. ¿E interponer un recurso de protección…? Como esto se conoció ayer (el viernes), es muy encima para hacer un análisis completo. La alternativa que tienen instituciones como la nuestra es, por supuesto, acudir a los tribunales de justicia o al TC. Tenemos que estar atentos para saber si parlamentarios de distintos partidos pueden acudir o no por la interpretación errónea que, a nuestro juicio, se está haciendo de la ley, y a partir de eso ver también qué sucederá con los convenios. De darse todo esto, la universidad tendrá que interponer una instancia legal, porque no nos parece aceptable el reglamento que ha trascendido. ¿A qué responde, a su juicio, esta decisión del gobierno? El gobierno no está haciendo un reglamento que se ajuste al bienestar de las personas, y me parece grave que no tenga esa mirada de bien común, sino solo la de evitarse problemas con la Contraloría. ¿Qué sucederá con los convenios que tienen ustedes con el Estado? Tenemos un convenio amplio con el sistema público de salud, por más de 15 años, en nuestros consultorios de salud en La Pintana y Puente Alto. Atendemos a cerca de 65 mil personas, con todas las prestaciones, incluyendo ginecología y obstetricia. Son consultorios de atención familiar, por lo tanto, es de una gran complejidad separar las prestaciones. Alguien podría decir: “Bueno, por qué la universidad no se queda solamente con las prestaciones que no incluyen ginecología y obstetricia”, pero no es una opción tan fácil de tomar cuando lo que uno quiere es servir a la población. Lo que más llama la atención de este reglamento, bajo la lógica de los lineamientos de Contraloría, es que no se pone en el lugar de las personas. Se pone en el lugar de la asignación de recursos públicos. En términos económicos, ¿cuánto dejaría de recibir la UC de parte del Estado por estos convenios? No es que dejemos de recibir. Es al revés. Nosotros ponemos recursos. La Universidad Católica dejaría de invertir $ 400 millones todos los años, así que no hay ningún detrimento económico, todo lo contrario. Ese es el mejor indicador de cuál es la motivación nuestra: estamos por hacer las cosas bien, pensando en las personas, poniendo recursos extra. Nunca hemos tenido un interés económico. Visto de la óptica del usuario, el hecho hipotético de que ustedes, como objetores, salieran de los convenios, ¿cómo afectaría a la gente? El 100% de las personas que se atienden en estos consultorios son beneficiarios de Fonasa, nosotros no atendemos de manera particular en estos consultorios. Todas las personas tienen un pago per cápita por parte del Ministerio de Salud, una atención gratuita. Por lo tanto, si tuviéramos que cortar parte del convenio, ninguna mujer se podría atender en estos consultorios. Tendrían que ir a otra instancia. Si usted piensa que, en cifras entregadas por el ministro de Salud, son 350 pacientes en algo menos de la mitad de un año (las que han invocado la ley de aborto), podríamos llegar a tener 600 o 700 en todo un año. El 40% de ellas estaría distribuido en la Región Metropolitana. Estamos hablando de un número de pacientes bastante pequeño, que perfectamente pueden tener una derivación segura y oportuna, según los convenios que hemos hecho, tanto con el sector público y privado. Y en vez de solucionarse ese tema acotado, lo que se busca aquí es amplificarlo a un número muchísimo mayor de pacientes. Porque ya no sería una decena, sino que pasarían a ser miles las mujeres que eventualmente tendrían que sufrir las consecuencias de modificar el convenio existente. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/ignacio-sanchez-gobierno-no-esta-reglamento-objecion-conciencia-se-ajuste-al-bienestar-las-personas/227346/
  20. 30 Mayo 2018 Contraloría revela irregularidades en gestiones desarrolladas por Conaf Esto tras la investigación solicitada por Manuel José Ossandón, referente a la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el combate del fuego. Esta jornada la Contraloría General de la República se pronunció respecto de la denuncia presentada por el Manuel José Ossandón, referente a la existencia de presuntas irregularidades en la contratación de aeronaves y en las adquisiciones de bienes y equipos para el combate del fuego, entre enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017, por parte de Conaf. Tras la investigación pertinente, el organismo emitió un informe final en el que concluyen que la Corporación Nacional Forestal, habría incurrido en una serie de irregularidades. Se concluye, entre otras cosas, que durante la temporada 2016-2017, Conaf “no tuvo en operación dos de sus aeronaves, lo que, según sus propias investigaciones internas, obedeció a desperfectos provocados por errores administrativos. Tal falencia se suplió con contrataciones externas, lo que significó un mayor gasto para el combate de los incendios ocurridos en esa temporada de, al menos, USD 1.856.400”. En ese sentido, se indicó que las bases de licitación contenían exigencias improcedentes, falencias en la evaluación técnica de las ofertas, y evaluación errónea de las mismas. Asimismo, se determinó que existió una escasa fiscalización por parte de Conaf a los planes de manejo para incendios en los predios de Santa Olga y Florida. Incluso, se establece que en cuatro de los siete predios con planes de manejo no tenían medidas preventivas. De la misma forma, el organismo detectó que Conaf no cuenta con una política ni instructivo actualizado para el inventario de bienes destinados al combate de incendios. La respuesta de Conaf Por su parte, y por medio de un comunicado, Conaf indicó que “a través de las gerencias y unidades correspondientes, se encuentra analizando las observaciones del informe final a objeto de adoptar las medidas pertinentes e implementar las acciones que en cada caso se señalan tendientes a subsanar las situaciones observadas por el Organismo Contralor”. Las medidas, según agregaron, están sujetas a la revisión de la Contraloría. Contraloría‏Cuenta verificada @ContraloriaclSeguirSeguir a @Contraloriacl Más #InvestigaciónConaf: Te presentamos los resultados de la última Investigación Especial llevada a cabo en @conaf_minagri con relación a la prevención de incendios forestales de 2016-2017 (Santa Olga y Florida) Informe completo https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/23eca34f65a5d56fd8399df477978a4c/html … Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-revela-irregularidades-gestiones-desarrolladas-conaf/186064/
  21. 11 Julio 2018 Contraloría detecta una serie de irregularidades en auditoría realizada a Metro de Valparaíso Entre las principales conclusiones del informe realizado por el organismo fiscalizador hay reparos al actuar de la empresa en las "horas puntas" y falta en el cierre en los registros de averías e incidentes. La Contraloría General de la República encontró una serie de irregularidades en una auditoría realizada al Metro de Valparaíso.El objetivo de la revisión efectuada era fiscalizar el cumplimiento de los contratos de asistencia técnica y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones de la empresa, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Dentro de las principales conclusiones establecidas por la contraloría están que “se comprobó la contratación mediante trato directo de la empresa Servicios de Ingeniería Cat Global Ltda. para realizar los servicios de mantenimiento y apoyo de la gerencia de operaciones, a contar del periodo 2014 y hasta la fecha, sin que se evidencien motivos fundados que justifiquen esa modalidad excepcional de contratación, esa entidad deberá procurar, en lo sucesivo, el apego a los principios asociados a la libre concurrencia, transparencia en sus operaciones, economía y eficiencia, entre otros, sin perjuicio de acreditar la ratificación de dichas contrataciones con el directorio de MERVAL, ello, conforme lo comprometido en su respuesta, lo que se validará en el seguimiento al presente informe”. Se detectó, además, que se establecieron cláusulas de renovación “que eventualmente permiten la extensión indefinida de dichos acuerdos de voluntades, la empresa deberá procurar el apego a los principios de transparencia y libre concurrencia, evitando la inclusión de las citadas cláusulas a modo de prevenir sucesivas prórrogas y acuerdos tácitos con la contraparte”. También se advirtieron deficiencias “en el sistema SIRIAOF, relativas a la ausencia de plazos máximos para el cierre de eventos de averías e incidentes, así como la constatación de 679 averías y 791 incidentes pendientes de finalizar o aclarar en el aludido sistema, la entidad auditada deberá cumplir con la medida comprometida en orden a incluir un plazo límite para estos procedimientos y regularizar lo que se encuentra pendiente, asegurando con ello la integridad y exactitud de la información que administra la citada herramienta informática, lo que será verificado en una visita de seguimiento que realice este Organismo de Control”. El organismo presentó reparos al actuar de la empresa durante la “hora punta”. “Respecto de densidades máximas de pasajeros en trenes, las cuales fueron superadas en los horarios puntas de ambas vías, así como la falta de evidencia en tareas de seguimiento y revisión posterior de los incidentes ocurridos, que den cuenta de medidas preventivas y correctivas adoptadas, la entidad auditada deberá por una parte, instaurar acciones que permitan propender a resguardar las condiciones de confortabilidad y seguridad necesaria para el traslado de pasajeros, y por otra cumplir con las medidas comprometidas en orden a establecer una plataforma común destinada al análisis de eventos que afectan la operación del servicio, lo que será verificado en una futura visita de seguimiento que realice este Organismo de Control”, se señala. Se agrega que “en cuanto a la falta de un procedimiento formal que describa las principales rutinas aplicadas en la medición de la frecuencia, y a la ausencia de un historial de las modificaciones realizadas de intervalos y frecuencias, la empresa deberá implementar las medidas comprometidas, en cuanto a elaborar un documento formal que contenga criterios, definiciones y algoritmos considerados para el cálculo y medición de variables operacionales, y programar una consulta de búsqueda para obtener información específica sobre los cambios de planilla respectivamente”. Contraloría ✔@Contraloriacl Algunos de los principales resultados de la Auditoría realizada a @MetroValpo: Problemas con contrato a empresa de mantenimiento Debilidades en medidas preventivas en horario punta Alto registro de averías e incidentes sin resolver Informe https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/5dc6d2ac1c0d5baef87d4a5b42e58c2e/html … 15:59 - 11 jul. 2018 Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-detecta-una-serie-irregularidades-auditoria-realizada-metro-valparaiso/239557/
  22. 05 Julio 2018 Diputados PS presentarán proyecto para quitar facultad al Presidente de conceder indultos Esto luego de que en mayo pasado la Contraloría decidiera eximir de la toma de razón todos los actos administrativos que conceden indultos, por el plazo de un año. Mañana a las 10.00 am, la bancada de diputados del Partido Socialista presentará un proyecto de Ley que busca quitar de manera constitucional, la facultad al Presidente de la República de conceder indultos a reclusos. Esto luego de que en mayo pasado la Contraloría decidiera eximir de la toma de razón todos los actos administrativos que conceden indultos, por el plazo de un año. Es decir el Mandatario podrá en este plazo indultar a condenados de cualquier tipo de delito, incluidos a quienes se encuentran recluidos en Punta Peuco. Según indicó el organismo fiscalizador, su determinación se da para “priorizar y revisar las materias consideradas esenciales por el contralor general”. De acuerdo a lo indicado por la bancada PS, la presentación de la iniciativa se da “en el marco de impunidad y vacío legal que se ha sucedido posterior a la decisión del contralor general de la República de no realizar toma de razón de los indultos presidenciales hasta por un año”. En junio pasado una publicación de La Tercera reveló que el Presidente Sebastián Piñera había concedido tres indultos en sus primeros cien días de mandato, incluyendo al ex coronel René Cardemil, que cumplía condena en Punta Peuco, por el asesinato de seis personas en octubre de 1973. El beneficio fue solicitado el 11 de marzo por el abogado Raúl Meza, pero el 6 de abril el documento recibió la toma de razón de la Contraloría. Sin embargo, el indulto no logró materializarse ya que Cardemil falleció al día siguiente a causa de un cáncer prostático, antes de que el escrito llegara al Ministerio de Justicia. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/diputados-ps-presentaran-proyecto-quitar-facultad-al-presidente-conceder-indultos/232352/
  23. 26 Junio 2018 Diputado Pablo Vidal solicita a Contraloría investigar a Alcaldesa Cathy Barriga por "uso abusivo de su imagen personal" El parlamentario indicó que la gota que derramó el vaso fue la última cuenta pública de abril pasado, donde se le entregó a los asistentes una revista con “páginas completas donde solo se pueden apreciar fotografías de la Alcaldesa, y uno que otro título alusivo sin mayor descripción o contenido de las actividades informadas, lo cual es la regla general a lo largo de todo el documento” El diputado de Revolución Democrática (RD), Pablo Vidal, presentó un requerimiento ante Contraloría para que se investigue la responsabilidades por el reiterado e irregular uso y abuso de la imagen de la Alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en documentos y actos oficiales de difusión de información del municipio que administra. “Se está financiando la imagen de la Alcaldesa más como rostro que como autoridad”, dijo el diputado. “Hay varios antecedentes que demuestran que la Alcaldesa Cathy Barriga utiliza los recursos del municipio y sus medios de información para promocionar abusivamente su imagen personal, en desmedro de información de verdadera utilidad para los vecinos y vecinas de Maipú”, señaló Vidal, quien es representante en el Congreso del distrito 8, que incluye a esta comuna, entre otras. El parlamentario indicó que la gota que derramó el vaso fue la última cuenta pública de abril pasado, donde se le entregó a los asistentes una revista con “páginas completas donde solo se pueden apreciar fotografías de la Alcaldesa Sra. Barriga, y uno que otro título alusivo sin mayor descripción o contenido de las actividades informadas, lo cual es la regla general a lo largo de todo el documento”, agregó el parlamentario. Según Vidal, esto corresponde a una conducta reiterada, ya que se suma a la entrega de folletos en el 14º Concejo Municipal de Seguridad Pública de Maipú, en el material utilizado en actividades de la feria y la corrida “Fuerza Mujer”, además de un video de homenaje a Barriga en el Colegio Nº1 de Ñuñoa. En el documento dirigido al Contralor Jorge Bermudez se detalla que este tipo de iniciativas están sancionadas por ley. “La difusión de las actividades municipales están financiadas con recursos públicos, por tanto no corresponde utilizar estos recursos para promocionar exacerbadamente la imagen de una autoridad municipal, en desmedro de información relevante para los vecinos y vecinas de Maipú”. Vidal fue acompañado por Tatiana Urrutia, Presidenta Comunal de Revolución Democrática de Maipú, quien añadió que Barriga ha celebrado tanto su cumpleaños como el de su hijo en el municipio, y que Contraloría ya la había advertido al respecto. “No vamos a dejar de fiscalizar este tipo de iniciativas, velando porque los recursos se inviertan dentro de la comuna para los vecinos y vecinas, y no ensalzando la figura de la autoridad”, dijo la dirigente. Fuente: http://www.elmostrador.cl/dia/2018/06/26/diputado-pablo-vidal-solicita-a-contraloria-investigar-a-alcaldesa-cathy-barriga-por-uso-abusivo-de-su-imagen-personal/
  24. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/337155-abuso-sexual-exseremi-de-culturas-se-defiende-de-acusaciones-de-abusos-quienes-nos-atacan-usan-la-justa-causa-del-feminismo-para-acosarnos/?hl=%2Babuso+%2Bsexual&do=findComment&comment=23660159 06 Junio 2018 El mapa del acoso en el Estado: Contraloría cursó 181 denuncias en los últimos cuatro años El sobreseimiento y la dilación de los procesos indagatorios por denuncias de acoso sexual y laboral se repite en la mayoría de las reparticiones. Otras niegan el acceso a la información, aludiendo la protección de los denunciantes y el derecho a la privacidad. El Servicio Nacional de la Mujer tiene 9 sumarios entre 2014 y 2018. Un 300% aumentaron las denuncias por abuso sexual en el último año. La potente cifra la lanzó el lunes la penalista María Elena Santibáñez en la Comisión de Constitución del Senado que revisa en estos días el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos de abuso de menores. Nadie ha quedado inmune. Frente a la ola de movilizaciones y demandas públicas para detener el acoso, las universidades, la Cámara de Diputados y el Senado están en vías de revisar sus protocolos para facilitar las denuncias y entregar mayores garantías a quienes así lo hacen. El Presidente Sebastián Piñera, el 23 de mayo tambie, firmó Instructivo Presidencial para la administración del Estado, que busca mejorar las trabas para denunciar. En el Estado los procesos de investigación son tanto o más lentos que en el resto de las instituciones. Así lo evidencia la información entregada a La Tercera PM a través de la Ley de Transparencia desde la Contraloría, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de la Mujer, la Subsecretaría de la Cultura y las Artes y el ministerio de Desarrollo Social, y también de la Cámara de Diputados y el Senado. Dichas instituciones respondieron a la solicitud de dar a conocer todos los sumarios por acoso laboral y sexual entre marzo de 2014 y marzo de 2018, con sus respectivos resultados. El sobreseimiento y la dilación de los procesos indagatorios se repite en la mayoría de las reparticiones. Otras niegan el acceso a la información, aludiendo la protección de los denunciantes y el derecho a la privacidad. Contraloría: 18 sumarios finalizados y 14 sobreseimientos Según la información proporcionada por la Unidad de Seguimiento de Sumarios de la Contraloría, entre los cinco años consultados (2014 y 2018) se registraron 181 procesos disciplinarios por denuncias laborales y sexuales en las distintas reparticiones del Estado. Pero esas denuncias, solo 18 están en “estado finalizado” y de esas, apenas cuatro derivaron en sanciones administrativas. Uno de los casos donde se aplicaron sanciones fue en la investigación iniciada en 2015 en el comando de Bienestar del Ejército. También la Contraloría ordenó sanción frente a una denuncia realizada en 2014 en el Instituto de Seguridad Laboral y tras dos sumarios administrativos realizados en 2014 en la municipalidad de Pirque y de Tierra Amarilla. En adelante, el informe entregado por la Contraloría a La Tercera PM consigna las 14 investigaciones sumarias restantes bajo la nómina “sobreseído”. Quedaron en esa calidad las indagatorias realizadas en la Municipalidad de Valdivia, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), Servicio de Salud Metropolitano Sur, Subsecretaría de Educación, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, la Municipalidad de Puerto Montt, el Hospital El Salvador, Dirección de Vialidad de O´Higgins, Municipalidad de Osorno, Lota y Coquimbo y el Servicio de Salud Maule. Ministerio del Interior: Seis sumarios El 10 de mayo el Ministerio del Interior, a través del subsecretario Rodrigo Ubilla, respondió que en esa repartición hubo seis sumarios por acoso laboral y sexual en los último cuatro años. Una de esas indagatorias se inició en mayo del año pasado por una denuncia de acoso sexual y está hasta hoy abierta. El 16 de febrero de 2015 hubo otro sumario por acoso sexual, pero se sobreseyó. “De los antecedentes reunidos no se advierten situaciones constitutivas de acoso laboral o sexual”, señala el documento proporcionado por la Subsecretaría. Las otras investigaciones sumariales registradas son por acoso laboral. Presidencia de la República: Sin requerimientos En la respuesta emitida el 26 de abril, el director administrativo de la Presidencia de la República responde: “En lo que dice relación con su presentación, cúmpleme con informar a usted que este órgano público no instruyó ni ordenó investigación sumaria y/o sumario administrativo alguno, en el periodo consultado, sobre la materia que motiva su requerimiento” Servicio Nacional de la Mujer: Nueve sumarios El Servicio Nacional de la Mujer respondió el 2 de mayo, entregando una tabla resumen de los procesos instruidos por denuncias de acoso laboral y sexual. Informa de nueve sumarios. Cinco de ellos laborales y cuatro en curso, y no especifica la naturaleza de ellos en virtud del “secreto de sumario” contenido en el estatuto administrativo. Las cinco denuncias restantes en el Sernameg terminaron con procesos de absolución y sobreseimiento. Subsecretaría de la Cultura y las Artes: Deniega información En la respuesta emitida el 3 de mayo por el subsecretario de la Cultura y las Artes, Juan Carlos Silva, deniega la entrega de información sobre sumarios por acoso laboral y sexual. La repartición alude a causas legales. “La divulgación de los antecedentes solicitados afectaría no sólo la vida privada de la parte denunciante atendida la materia de los hechos a que se refiere sino también, tendría el doble efecto de inhibir la formulación de denuncias por parte de potenciales víctimas de acoso laboral, sexual u otro tipo de conducta impropia…”, argumenta la institución. La entidad también apela a argumentos prácticos: “Invocamos como causal de reserva toda vez que la entrega requerida supondría la digitalización de más de 8.000 fojas, tarea que estaría a cargo sólo de dos funcionarias”. En el Ministerio de Desarrollo Social, en tanto, solicitaron ampliar en 10 días el plazo para la entrega de información. Congreso Nacional: un sumario Tal como publicó este medio el 18 de mayo, en el Senado hay un caso de acoso sexual investigado en los últimos cuatro años. “En el período por el que consulta, se cuenta con un sumario administrativo sobre acoso sexual afinado. Consultado a los terceros que pudieran ver afectados sus derechos (denunciantes y denunciados), si harán uso de la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 20.285, de Transparencia de la Función Pública, han ejercido su derecho de oposición”, respondió la institución. Frente a estos hechos, el presidente del Senado, Carlos Montes, instruyó la actualización de los protocolos internos para facilitar la denuncia al interior del Congreso. En la Cámara de Diputados no hay denuncias investigadas en los últimos cuatro años. La presidenta de la Cámara, Maya Fernández, también impulsa una adecuación de la normativa. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/mapa-del-acoso-estado-contraloria-curso-181-denuncias-los-ultimos-cuatro-anos/194667/
  25. 26 Junio 2018 Contraloría: no proceden reembolsos a funcionarios públicos por viajes en Uber o Cabify El ente de control realizó la aclaración luego de sucesivas consultas sobre si se pueden usar las aplicaciones para fines laborales. El dictamen señala: “al no estar reguladas por el Ministerio de Transportes, no procede que se reembolse los gastos en que incurran”. La Contraloría General de la República emitió un dictamen, el 15 de junio recién pasado, donde se aclara que no se ajusta a derecho el reembolso de los viajes de los funcionarios públicos en vehículos ligados a las plataformas –como Uber y Cabify-, debido a que estos no son parte de los registros del Ministerio de Transportes. El ente de control realizó la aclaración luego de sucesivas consultas sobre si se pueden usar las aplicaciones para fines laborales, lo que implica que el traslado debe ser pagado por las reparticiones. Al respecto, el dictamen señala: “al no estar reguladas por el Ministerio de Transportes, no procede que se reembolse los gastos en que incurran”. La entidad informó en el mismo documento que sí se considera legal que los funcionarios fiscales reserven alojamientos a través de la plataforma que contacta hoteles con clientes, Airnb. “Ese tipo de gastos se encuentra cubierto por el viático, el cual no está sujeto a rendición”, finaliza. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/contraloria-no-proceden-reembolsos-funcionarios-publicos-viajes-uber-cabify/221597/
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