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  1. 24 Octubre 2018 Cámara aprueba crear registro nacional de mortinatos Norma que permite inscribir ante el Registro Nacional a los no nacidos será vista por el Senado. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un catastro nacional de mortinatos, iniciativa que fue presentada por el gobierno en agosto pasado. El texto reconoce la facultad de los padres para inscribir a los hijos que fallecen durante la gestación ante el Registro Civil, en un catastro especial que se crea con la normativa. Esto permitirá que las familias dispongan de los restos del mortinato, para poder darles sepultura. Actualmente, los niños que fallecen antes de nacer se registran como NN y no son individualizados, pues, técnicamente, son tratados como “restos biológicos”. Según estimaciones del gobierno, cada año hay más de 2.000 familias que enfrentan esta situación. Con la ley vigente, la inscripción será voluntaria y no podrá realizarse en caso de que la gestante se oponga. En tanto, para el registro nacional se requerirá la individualización del mortinato a través de un nombre propio, junto con los apellidos de los padres, además de su sexo, en caso de que haya sido identificado. En el contexto de las críticas que ha suscitado esta norma de parte de organizaciones proaborto, el proyecto establece que “esta ley no podrá interpretarse de manera que obstaculice de modo alguno el acceso de las mujeres y niñas a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que estos sean legales”. Además, se hace hincapié en que la inscripción del mortinato “no generará ningún efecto jurídico en el ámbito civil, penal o administrativo”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/camara-aprueba-crear-registro-nacional-mortinatos/374711/
  2. 25 Diciembre 2017 Del 27/F a los incendios: catastro de las obras pendientes en 12 zonas afectadas por tragedias Del terremoto de 2010 solo quedan seis obras sin comenzar, en cambio, del de Coquimbo, ocurrido en 2015, aún faltan 1.437. Gobierno indica que se han emplazado 250 mil viviendas entre Arica y Los Lagos. 8.4 Richter fue el terremoto de Coquimbo en 2015. Chile es un país donde los desastres naturales son asumidos como parte del paisaje nacional. La poca planificación urbana, al ubicar asentamientos cerca de áreas de riesgo, como cauces y quebradas, además de que sea el país más sísmico del mundo, han llevado a que se deban emprender procesos de reconstrucción de forma cada vez más frecuente. Entre 2011 y lo que va de este año, aún se siguen edificando hogares y barrios, luego de 12 desastres naturales entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos. Entre las áreas afectadas están Valparaíso por los incendios de 2014; en la Región de Los Lagos las zonas cercanas al volcán Calbuco, tras la erupción de 2015, o Tocopilla, luego del aluvión del mismo año, entre otras (ver infografía). De acuerdo al último catastro del Ministerio de la Vivienda (Minvu), se han entregado 261.200 subsidios habitacionales a los damnificados. De ese total, hay 250.235 obras que ya fueron entregadas. El resto está pendiente: 8.201 en curso y 2.764 no se han iniciado. Dante Pancani, coordinador de la Reconstrucción de la cartera, sostiene que levantar obras en zonas alejadas o bien en áreas que no eran adecuadas llevó a que, además de casas, se debieran contemplar mejoramientos en el entorno de los barrios. Por ejemplo, en Valparaíso -ciudad que en los últimos dos años ha sufrido incendios de proporciones- se debieron construir escaleras en los cerros para que la población se pueda desplazar en caso de una emergencia. También se revistieron los muros en algunos puntos para evitar derrumbes, lo que supone una labor que toma más tiempo en concretarse. “Estamos muy conformes con lo que se ha hecho: se ha renovado el entorno de los sectores dañados y vemos que las personas afectadas ahora tienen hogares de mejor calidad”, dice Pancani. Otra dificultad que se ha presentado cuando se quiere iniciar los trabajos es que en muchas localidades no existen compañías dedicadas a este tipo de proyectos habitacionales, o bien no hay mano de obra, pues hay empleos de mayor interés, como la minería. El Minvu ha debido contactar a posibles interesados en organizar empresas pequeñas, las que realizan un trabajo de hormiga, pues edifican algunas pocas viviendas y no conjuntos masivos, lo que lleva a mayores demoras. Otro punto que la autoridad ha debido tomar en cuenta es que los vecinos han exigido construcciones en sus propios sitios, los que muchas veces están alejados de centros urbanos. Esto lleva a que se deban trasladar materiales hacia lugares de difícil acceso. Sin embargo, se ha logrado construir en lugares como Pica, Tierra Amarilla, Diego de Almagro o Chaitén (ahora asolada por la catástrofe de Villa Santa Lucía). ¿A cuánto asciende la inversión realizada por el Estado en estas comunas? A un total de M$ 2.528.368.053 (dos billones quinientos veintiocho mil trescientos sesenta y ocho millones cincuenta y tres mil pesos) entre 2011 y lo que va de 2017. La cifra equivale al presupuesto de todo un año del Ministerio de Vivienda. La mayor parte de los recursos fue utilizada en la reconstrucción tras el megaterremoto de 2010, cuando la administración pasada debió hacerse cargo de levantar pueblos completos. Evaluación Los urbanistas tienen una evaluación positiva sobre los procesos que han realizado. El académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos UC, Roberto Moris, quien ha trabajado en las áreas devastadas por los fenómenos naturales, sostiene que ha habido un aprendizaje para los gobiernos tras estos hechos. “La reconstrucción del 27/F tuvo como característica el desarrollo de planes de reconstrucción con mirada urbana. Ahora, esa idea de planificación es más clara. Antes, la reconstrucción se enfocaba sólo en la programación de las inversiones”, plantea. Moris da dos ejemplos de ciudades donde se han aplicado definiciones más estratégicas. Es el caso de Diego de Almagro, en la Región de Atacama, donde se realizó una actualización de las áreas de riesgo; obras de mitigación en caso de desborde del río Salado; proyectos residenciales, de recreación y espacios públicos. Añade que en Chañaral, el total de inversiones llegará a $ 55 mil millones en los próximos años (provenientes de diversos sectores). El académico y representante del Colegio de Arquitectos, Sebastián Gray, agrega que preocupa que haya comunas que no contemplen una planificación para identificar zonas de riesgo, la que debería ser obligatorio luego de sucesivos desastres naturales. “Esto se debe aplicar porque vemos que existe un lobby del sector privado para construir en ciertos lugares, sin importar cuáles sean. Así, el interés superior de que las comunidades vivan en lugares seguros pasa a un segundo plano”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/del-27f-los-incendios-catastro-las-obras-pendientes-12-zonas-afectadas-tragedias/
  3. 10 Julio 2017 Catastro de Techo registra más de 40 mil familias viviendo en campamentos en 2017 Esto representa un aumento del 41% en una década. En el último año se crearon 50 nuevas tomas. Expertos critican que el Minvu trabaje con padrón de 2011. A 2018 habrá entregado nueve mil soluciones. En el Campamento Nueva Esperanza, de Colina, viven unas 80 familias. “Si nos instalamos acá fue porque no teníamos otra alternativa”, afirma con pesar, pero con cierto orgullo, la dirigenta del Campamento Nueva Esperanza, María Gálvez (23). El asentamiento, emplazado de forma irregular en unos terrenos privados detrás de la Cárcel Colina II, comenzó a levantarse hace seis meses con una veintena de familias provenientes principalmente de otros campamentos del sector. Hoy, ya hay más de 80 casas construidas con materiales livianos, sin alcantarillado, conectados “a la mala” a los postes de luz del lugar y ocupando un canal de regadío como única fuente de agua cercana para bañar a los niños y lavar la loza. “No nos gusta vivir así, pero es la necesidad. Muchos llegaron porque perdieron sus trabajos, aunque la gran mayoría son extranjeros que no tienen la (visa) permanente para que les hagan un contrato”, relata la mujer que vive con dos hijos pequeños en una mediagua. Según el último catastro de campamentos de la ONG Techo-Chile, tanto la cantidad de campamentos como de familias viviendo en ellos no para de crecer. Sólo en 2017 se registraron 87 nuevas tomas, de las cuales 50 fueron creadas en el último año, para sumar un total de 702 asentamientos irregulares repartidos entre las regiones de Arica y Aysén. Pero es el número de familias en estos lugares lo que más preocupa a la organización. De hecho, estas han crecido un 41% en la última década, y alcanzan las 40.541, una cifra récord para este período (ver infografía). “Las familias en campamentos vienen aumentando sistemáticamente, pero lo más preocupante es que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Vivienda (Minvu) por erradicarlos, por cada dos familias que logran salir, entran tres más”, afirma el director social de Techo-Chile, Gonzalo Rodríguez. “Ha faltado una solución integral con más viviendas destinadas, sino también el trabajo intersectorial de otros ministerios, como Salud, Educación y Desarrollo Social, para evitar que a las familias no les quede otra opción que irse a los campamentos”, agrega. Si bien el número de familias en las tomas es considerablemente más alto en las regiones de Valparaíso y Biobío, es en el Norte Grande donde el fenómeno ha aumentado de forma exponencial. “Sólo en Antofagasta ellas han aumentado un 400% en los últimos seis años. Pero las entradas de familias son altas también en Iquique, Alto Hospicio y Copiapó, y tiene que ver con el alto valor del precio del suelo, que hace subir el precio de los arriendos”, explica Rodríguez. Soluciones El Programa de Campamentos del Ministerio de Vivienda, cuyo objetivo es entregar soluciones habitacionales a las familias que allí viven, trabaja en base a un catastro creado en el año 2011, cuando en el país se contabilizaban 657 tomas y 31.158 núcleos familiares entre Arica a Magallanes. Según el jefe de la División de Política Habitacional (DPH) de la cartera, José Luis Sepúlveda, “a pesar de este aumento registrado, existe una importante disminución de las familias que estaban catastradas en 2011, y al analizar los casos en detalle, en la gran mayoría de las regiones hay un equilibrio entre las que entran y las que salen de campamentos, excepto en el Norte Grande”. Sepúlveda agrega que “para estas regiones estamos desarrollando, después de varios años, importantes proyectos de vivienda social, en grandes paños de terrenos facilitados por el Ministerio de Bienes Nacionales, para sectores vul- nerables y medios (…). Con esto esperamos que en los próximos años las personas prefieran postular a los subsidios de la política habitacional regular antes que irse a vivir a campamentos”. Asimismo, añadió que para 2018 pretenden “superar la meta de más de nueve mil viviendas entregadas o en construcción destinadas a familias del catastro”. No obstante, esta metodología es criticada. “Se está dejando fuera una parte importante de personas que llegaron a vivir a esta realidad después de 2011”, afirma el director de Techo-Chile. Para la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo y coordinadora programática del ámbito Ciudad del comando del ex Presidente Sebastián Piñera, Paulina Henoch, “es necesario rehacer el catastro y priorizar nuevos recursos. Si hoy vemos que el indicador empeoró, quiere decir que algo se ha hecho mal y que se debe cambiar la metodología”. Henoch agrega que “se debe poner el foco en las causas que hacen que las personas lleguen a campamentos y en esto la desaceleración económica, el desempleo y también la migración tienen mucho que ver”. Al respecto, el presidente del Consejo de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, señala que “la alternativa del campamento y también del allegamiento responde a la demanda de vivir en sectores mejor localizados al interior de la ciudad. En ese sentido, creo que hay dos iniciativas exitosas que se están implementando: la radicación de las tomas en los mismos terrenos donde están emplazados, en los lugares que es posible, y los proyectos de integración social que incluyen viviendas para sectores medios y vulnerables, en las que entran familias de campamentos”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/catastro-techo-registra-mas-40-mil-familias-viviendo-campamentos-2017/
  4. 11 Febrero 2017 MOP reconoce que desde 1990 no actualiza catastro sobre estado de puentes La cartera elabora un estudio para definir un sistema de conservación de estas obras. Estará listo en 2018. Desde 2012 se han gastado $ 129 mil millones que incluyen caminos y estas estructuras. Un total de 1.272 puentes de diferente material de construcción, de más de 30 metros de largo, están distribuidos en el país, según información entregada, vía transparencia, por las direcciones regionales de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La Región de Los Lagos lidera la lista con 305 estructuras y Valparaíso es la que tiene menos, con sólo cuatro puentes . Pero ¿cuánto gasta cada zona en el mantenimiento de estas obras? Esa es la interrogante que el MOP reconoce no puede responder debido a que desde 1990 no se realiza un estudio en detalle de los tipos de puentes, su ubicación, uso y protocolo de conservación. De hecho entre los datos entregados por los servicios regionales están los fondos que, entre 2012 y 2016, se destinaron a mantenimiento. No todas las direcciones regionales tenían información actualizada o la cuenta anual de los últimos cinco años, e incluso había regiones que no podían diferenciar si el monto informado fue destinado a un puente o un camino, debido a que el presupuesto que reciben se asigna a un ítem de conservación global. Sumando las cifras entregadas, Vialidad ha destinado más de $ 129 mil millones para estas tareas desde 2012. La Región del Maule es la que más presupuesto ha obtenido con más de $ 97 mil millones, aunque en esa zona, precisamente, no diferencian si la inversión fue a un camino o para un puente. En Los Lagos, la región con más estructuras en el país, se destinaron más de $ 3.269 millones en el mismo período. Atrás queda Arica y Parinacota, que informa un gasto de $ 136 millones, o la Región Metropolitana, que invierte al año aproximadamente $ 1.600.000 por cada estructura, y tiene 57 puentes, lo que significa un gasto anual de $ 91 millones en este ítem. La falta de diagnóstico fue reconocida por el MOP, y considerando los puentes emblemáticos que se están construyendo, como son Cau Cau y Chacao, se está realizando un “Estudio de Diagnóstico de Puentes e Implementación de un Sistema de Gestión para su Conservación”. Según explicó el ingeniero del MOP e inspector fiscal, Marcelo Márquez, la información más reciente es la que elaboró la cartera mediante un convenio con la agencia japonesa Jica, lo que en 1990 dio paso al Manual de Carreteras. “Lo que se está haciendo es actualizar la base de información que tenemos de nuestros puentes. Con eso listo se va a generar una aplicación informática que nos permitirá mantener la información actualizada y canalizada”, explicó Márquez, quien añade que con esta herramienta se podrá saber cuáles son las labores de mantenimiento y la periodicidad que requiere una estructura. El consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Alvaro González, señaló que “los puentes después de construidos duran entre 30 a 40 años, pero cuando van cumpliendo su vida útil, hacer mantenimiento y saber su estado es vital. Si no se realiza esta tarea pasa el período y tienes riesgo de que colapsen”. El inspector fiscal también aseguró que la herramienta servirá para mejorar la fiscalización de los recursos, porque “este sistema está específicamente enfocado al puente, y vamos a tener el dato exacto de la inversión que va a requerir determinada región para puentes”. El estudio se inició en agosto de 2016 y estará finalizado en enero de 2018. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mop-reconoce-desde-1990-no-actualiza-catastro-estado-puentes/
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