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  1. 01 Octubre 2019 Gobierno aceptó renuncia de Felipe Salaberry pese a que el "ñuñoazo" aún no está aclarado La Moneda informó que el subsecretario presentó hoy su dimisión, y Sebastián Piñera la acogió. El ex diputado UDI dijo que se concentrará en su defensa frente a la acusación de tránsito y tráfico de influencias. "Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente donde él lo estime necesario", señaló. El Gobierno confirmó este martes la salida del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), a cinco días de conocerse públicamente el episodio del "ñuñoazo", en el que fue acusado de pasarse tres luces rojas, insultar y amenazar al inspector que le cursó la infracción y buscar luego, mediante su hermana -desde ayer ex funcionaria municipal- que dejara sin efecto el parte. La gravedad de las acusaciones reveladas el jueves hicieron que, desde el primer momento, se considerara insostenible la presencia en el Gobierno del ex diputado UDI. Sin embargo, dado su categórico desmentido del episodio -que calificó como "falsedad absoluta"-,el Ejecutivo optó en un primer momento por la cautela, a la espera de un pronunciamiento judicial. El panorama comenzó a cambiar ayer, cuando el alcalde RN de Ñuñoa, Andrés Zarhi, validó la versión de sus funcionarios de Seguridad Pública y despidió a Iris Salaberry (hermana del subsecretario), mientras el Presidente Sebastián Piñera contó a diputados del mismo partido, escuetamente, en una reunión, sobre la dimisión del subsecretario. Además, en las últimas horas se cuestionó la presencia de la pareja de Salaberry, Brunella Vinet, como jefa de gabinete en el Gobierno Regional de Arica, sin tener, supuestamente, experiencia ni competencias profesionales para ello. De modo llamativo, no obstante, hasta esta mañana Felipe Salaberry aseguraba su permanencia en el Gobierno: "No he presentado renuncia alguna. La canallada es total... El Presidente sabe que ayer le pedí hablar para explicarle la falsedad de las acusaciones, lo injusto de todo lo que ha pasado y que no merezco este trato", decía. No obstante, alrededor de las 13:30 horas, el ex parlamentario se reunió con el Mandatario en el Palacio de La Moneda por alrededor de 15 minutos. Acusación aún no comprobada ni descartada La noticia de su renuncia fue confirmada por fuentes del Gobierno alrededor de las 15:00 horas, pero sólo hacia las 18:00 se emitió un comunicado oficial respecto de las circunstancias definitivas de su salida. "El Gobierno de Chile informa que ha presentado su renuncia al cargo el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry Soto, y ésta ha sido aceptada por el Presidente de la República. Nuestro Gobierno agradece y valora su aporte y entrega como Subsecretario, llevando adelante las tareas y objetivos encomendados durante este período", dice la nota del Ejecutivo, que especifica que la veracidad de la acusación aún no ha sido comprobada o descartada. "Esperamos que a la brevedad posible puedan esclarecerse los hechos que lo han afectado y son de público conocimiento", señala el comunicado, que anuncia que María Paz Troncoso, jefa de la División de Desarrollo Regional de la Subdere, "asumirá como subsecretaria de Desarrollo Regional, en calidad de subrogante". "Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición" Inmediatamente después del anterior, el propio Felipe Salaberry difundió otro comunicado, en que señala: "Conocidos los hechos que se me imputan, inmediatamente puse mi cargo a disposición del Presidente de la República, hecho que le reiteré hoy, en reunión con él". "Por valoración y convicción del gran trabajo que está llevando a cabo nuestro Gobierno, le he pedido que acepte mi paso al costado, para poder enfocarme en la defensa de los hechos por todos conocidos y así no empañar su exitosa labor. Asimismo, le agradezco haberme nombrado subsecretario y la confianza y respaldo expresado hacia mi gestión. Una vez demostrada mi inocencia, estaré a disposición del Presidente de la República donde él estime necesaria mi colaboración para continuar con el éxito de nuestro Gobierno", explica. Decepción UDI El "caso Salaberry" despertó una cerrada defensa de su partido, la UDI, que reaccionó con especial dureza luego de que la Fiscalía abriera, de oficio, una investigación por el presunto tráfico de influencias gestado al interior de la alcaldía. "La Fiscalía está al servicio de la izquierda", disparó el senador Víctor Pérez, y la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe, fue aún más lejos: "La Fiscalía aparece como un brazo armado de la izquierda", sostuvo. La decisión del Ejecutivo, en consecuencia, ya hace previsible una pública molestia gremialista. Así lo advirtió el diputado independiente Pepe Auth (ex PPD), quien desde la Sala de la Cámara, donde se debate la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos, captó una llamativa escena. "Presidenta de la UDI compungida por explicaciones del Ministro Chadwick sobre la salida del Subdere Felipe Salaberry. Esto después de haber quemado las naves, imputar a la Fiscalía de favorecer a la Izquierda y respaldar negación absoluta de lo ocurrido", comentó el parlamentario. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/gabinete/gobierno-acepto-renuncia-de-felipe-salaberry-pese-a-que-el-nunoazo-aun/2019-10-01/151646.html
  2. 06 Septiembre 2019 Ordenan reabrir la investigación de la muerte de Santiago Maldonado La resolución pide determinar si gendarmes o miembros de comunidades mapuches cometieron el delito de "abandono de persona". De acuerdo al Ministerio de Seguridad argentino, el fallo demuestra que la titular de su cartera "siempre defendió la verdad". Un tribunal de Argentina ordenó reabrir la investigación por el fallecimiento del activista Santiago Maldonado, quien desapareció en 2017 tras participar de una protesta mapuche que fue reprimida por la policía y apareció muerto, ahogado en un río cercano, 78 días después. El hecho generó gran polémica en el país por las críticas de su familia y de organismos de DDHH hacia la Gendarmería (cuerpo policial que desalojó la protesta) y el gobierno de Mauricio Macri, a los que acusaban de haber provocado su "desaparición forzosa", pese a que la autopsia determinó que murió por ahogamiento en las aguas del río Chubut. Según dijeron fuentes jurídicas a Efe, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de la provincia de Chubut ordenó determinar si gendarmes o miembros de comunidades mapuches cometieron el delito de "abandono de persona", aunque se descartó la existencia del delito de desaparición forzada, como ya había determinado un juez en 2018. En el fallo de este viernes, el tribunal anula la resolución del juez federal Gustavo Lleral, quien a finales del año pasado dictó el sobreseimiento "total y definitivo" del gendarme Emmanuel Echazú, único imputado en el caso, lo que supuso el cierre de la causa y generó el repudio de los familiares de Maldonado. Es por ello que la cámara ordena a Lleral avanzar con medidas de prueba para ahondar en las circunstancias en que se produjo la muerte del joven de 28 años. Las reacciones de la familia Sergio Maldonado, hermano de la víctima, dijo en alguna ocasión que el juez instructor -que sustituyó al primer magistrado de la causa, Guido Otranto- recibió presiones del gobierno para cerrar la causa, algo que fue negado por el propio Lleral. "Todo lo que pasó hoy es lo que veníamos diciendo hace meses", expresó el hermano de Santiago a El Destape, donde también relacionó esta decisión con la visita que en esta jornada realiza a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El cuerpo de Santiago, que trabajaba como artesano y tatuador, fue encontrado el 17 de octubre de 2017 en el río Chubut, cerca de donde había sido visto con vida por última vez el 1 de agosto, cuando huía del desalojo policial de la protesta indígena. "En ese lugar murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos", expresó Lleral en su fallo de 2018. "Demuestra que el gobierno siempre defendió la verdad" A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad -del que depende la Gendarmería- destacó que el fallo de la descartara la "desaparición forzada". "Confirma que Santiago Maldonado falleció ahogado sin la intervención de terceras personas, lo que ratifica que la esencia de la causa ha sido desestimada en ambas instancias, descartando definitivamente esa acusación", añade el texto difundido. "Este fallo de segunda instancia ratifica la verdad que siempre sostuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación y Gendarmería Nacional Argentina. Esto demuestra que la ministra (Patricia Bullrich) siempre defendió la verdad", señala. La cartera agrega que, según lo dispuesto, la causa "deberá centrarse en la investigación del posible delito de abandono de persona". "Las pruebas citadas por los jueces en su Resolución dan cuenta de que las últimas personas que vieron a Santiago Maldonado con vida eran tres integrantes del grupo de manifestantes que lo acompañaban en el lugar", concluye. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/argentina/ordenan-reabrir-la-investigacion-de-la-muerte-de-santiago-maldonado/2019-09-06/214809.html
  3. 06 Septiembre 2019 CIDH pide que Chile se pronuncie por la absolución de Martín Larraín La familia de la víctima fatal de un atropello, Hernán Canales, llevó el caso hasta esa instancia internacional en 2015. El Estado tiene tres meses para responder a la petición desde que la Cancillería la recibió el pasado 19 de agosto. La CIDH dijo estar disponible para llegar a un término amistoso del conflicto independiente de la etapa procesal del caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un oficio al canciller Teodoro Ribera solicitando que Chile se pronuncie por la absolución de Martín Larraín, imputado por los delitos de atropello y cuasidelito de homicidio. La familia de la víctima, Hernán Canales, llevó el caso hasta esa instancia en 2015, y tras un estudio de la denuncia, la CIDH notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado de 19 de agosto, publicó hoy La Tercera. La muerte de Canales ocurrió en Curanipe durante las Fiestas Patrias del 2013, y el imputado, hijo del ex presidente de RN Carlos Larraín, fue llevado a juicio en dos ocasiones por este hecho. El escrito solicita una respuesta a esta petición "dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de transmisión de la presente comunicación, conforme al artículo 30(3) del reglamento de la CIDH". "La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición", agrega el documento. Asimismo, independiente de la etapa procesal en que se encuentre esta causa, la Comisión dijo estar disponible para llegar a un término amistoso del conflicto. En el segundo juicio por la muerte de Canales, la jueza Claudia Mora señaló que no se pudo probar que Larraín conducía en estado de ebriedad, como había solicitado la Fiscalía, ni que su vehículo dejó una huella en la berma de la calle. La familia de la víctima cuestionó al Ministerio Público por no insistir luego de esa ocasión para así lograr una condena, y porque tampoco les permitieron participar del proceso. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/cidh-pide-que-chile-se-pronuncie-por-la-absolucion-de-martin-larrain/2019-09-06/200712.html
  4. 02 Enero 2018 Nuevo caso de “La Manada” impacta a Argentina Una joven de 14 años fue abusada por cinco hombres al interior de un exclusivo camping en Miramar, durante el Año Nuevo. En la causa se estableció que la violación se llevó a cabo al interior de una carpa. La que se esperaba fuera una alegre celebración de Año Nuevo en familia, se convirtió en una trágica jornada para una menor de 14 años que habría sido abusada por cinco jóvenes de entre 21 y 23 años, durante los festejos en un camping en la ciudad de Miramar, al sudeste de Buenos Aires. De acuerdo con la información revelada por medios transandinos, la noche del 31 de diciembre, la madre de la joven advirtió la ausencia de su hija de un bungalow que habían arrendado, por lo que comenzó su búsqueda alrededor del camping. Al cabo de unos minutos, la encontró al interior de una carpa siendo sometida por los presuntos agresores que también acampaban allí. Inmediatamente los padres dieron aviso a la policía, que detuvo e identificó a los cinco hombres. Así, todos los acusados quedaron detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán y a disposición de la fiscal Florencia Salas, quien durante la mañana de hoy inició la indagatoria a los acusados. Se trata de Lucas Leonel Pitman (21), Tomás Agustín Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23), Mariano Manuel Díaz (23) y Roberto Fabián Costa (21), al igual que la víctima y su familia, todos oriundos de la ciudad de Mar del Plata. En la causa se estipuló la figura de “abuso sexual con acceso carnal agravado” en el complejo turístico El Durazno. Lo anterior, recuerda el caso de “La Manada” de España, relacionado con el abuso sexual por parte de cinco hombres a una joven de 18 años, durante las fiestas de San Fermín, en julio de 2016. El camping El Durazno es un conocido espacio de albergue turístico que se encuentra sobre el kilómetro 1 de la ruta 11, frente a la zona de playas del norte de Miramar. Sus instalaciones son preferidas por turistas y residentes debido a su variada oferta entre cabañas, bungalows, camping, fogones y piscinas. Además, el espacio cuenta con servicio de seguridad y con un estricto reglamento al que deben apegarse los visitantes para permanecer en el sitio. Es la primera vez que se conoce un escándalo de este tipo en ese complejo. La indagatoria A las 8:45 de hoy los cinco acusados, custodiados por personal policial y penitenciario, ingresaron a los tribunales de Mar del Plata para ser interrogados por la fiscal Salas. Según información revelada por el diario La Nación, “en la causa ya constan informes médicos que confirman que la adolescente fue abusada en el interior de la carpa donde se habían instalado los jóvenes”. En el marco de la pesquisa, a la menor -que recibió asistencia inmediata por parte de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Alvarado, se le tomará mañana o el viernes la declaración a través del sistema conocido como “cámara Gesell”, en el que primero debe ser entrevistada por un psicólogo y luego ser habilitada para prestar testimonio por un juez de garantías. Fuente: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/nuevo-caso-de-la-manada-impacta-a-argentina/467635/
  5. 12 Diciembre 2018 Fiscalía desiste de investigar a Insunza Ministerio Público indagaba al exministro de la Segpres por eventuales delitos de negociación incompatible y cohecho. Tras dos años y medio de indagatorias, el Ministerio Público comunicó hoy su decisión de no perseverar la investigación contra el exministro de la Segpres Jorge Insunza por eventuales delitos de negociación incompatible y cohecho, a raíz de las asesorías que su empresa Vintus Consultores prestó a Antofagasta Minerals mientras era diputado y presidía la comisión de Minería de la Cámara. “Se consideró que no había antecedentes para fundar una acusación, ni mucho menos una formalización”, dijo el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Zona Oriente Felipe Sepúlveda al explicar la decisión de no perseverar con la causa, que también incluía una arista sobre asesorías prestadas por otra firma creada por Insunza a otros parlamentarios. “Se confirma lo que siempre dije: no hubo nada ilegal”, afirmó Insunza, quien en junio de 2015 renunció a su cargo de ministro a las pocas semanas de ser nombrado, justamente a raíz de los cuestionamientos que generaron las asesorías prestadas a la minera del grupo Luksic siendo parlamentario. El abogado del exministro, Carlos Mora, agregó que “hasta el Consejo de Defensa del Estado se querelló y pidió diligencias para “llegar a no tener duda alguna de la inocencia de mi representado”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/fiscalia-desiste-investigar-insunza/441179/
  6. 18 Octubre 2018 Gobierno de Bachelet redujo sanción a exadministrador de La Moneda Cristián Riquelme recibió la medida de censura y otros tres inculpados por contratos irregulares fueron absueltos. Dictamen de Contraloría, emitido en septiembre, objetó la decisión y ordenó remitir los antecedentes a Piñera. EL EXADMINISTRADOR DE LA MONEDA CRISTIÁN RIQUELME DEJÓ EL CARGO EN FEBRERO DE 2016. El 8 de marzo de 2018, a solo tres días del cambio de mando, el Ministerio del Interior, entonces liderado por el ministro Mario Fernández, firmó de manera reservada los decretos 397 y 398. Lo que a simple vista parecía uno más de los trámites administrativos previos a dejar La Moneda, posteriormente se transformó en objeto de cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República, según consta en un documento al cual accedió La Tercera. ¿El motivo? Los decretos firmados en las últimas horas del gobierno de Michelle Bachelet rebajaban las sanciones decretadas por el ente contralor en contra del exadministrador de La Moneda Cristián Riquelme Urra, y absolvía a otros tres funcionarios vinculados a contrataciones directas de proveedores, sin tener una adecuada fundamentación. La indagatoria administrativa contra Riquelme, exencargado de las finanzas de la campaña de Bachelet de 2013 y parte del extinto G-90 que encabezó el exministro Rodrigo Peñailillo, comenzó en febrero de 2016. Un reportaje de Ciper reveló que dos sociedades formadas por el exadministrador de La Moneda recibieron pagos por más de $ 417 millones entre 2013 y 2015. Tras abandonar las empresas, una pasó a manos de su esposa (Comercial A y R), mientras que la segunda, Greentec, se traspasó a su exsocio. El proceso de la Contraloría, entre otros aspectos, cuestionó los contratos que la Dirección Administrativa de la Presidencia adjudicó por trato directo “a la empresa Gestión y Producción Limitada, cuyo representante legal se desempeñó en la citada Dirección Administrativa”, detalla la indagatoria. La polémica que originó el caso en Palacio terminó con la renuncia de Riquelme el 22 de febrero del 2016, para evitar una nueva crisis en el gobierno. Luego de analizar los antecedentes y tomar declaraciones a los implicados, el 6 de septiembre de 2017 la Contraloría propuso al gobierno imponer sanciones como la aplicación de multas del 15% de su sueldo para Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico (aún en el cargo, según Gobierno Transparente). También planteó sancionar con el 20% de su remuneración a Natalie Vilches Jara, exjefa de Abastecimiento de Palacio, e igual medida contra Óscar Sandoval Navarrete, quien reemplazó a Riquelme tras su renuncia. Para Cristián Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso suspenderlo del cargo por 30 días con goce del 50% del sueldo. El exadministrador de Palacio ganaba un sueldo bruto de $ 7.765.741. Fue entonces que el saliente gobierno decidió absolver a los tres funcionarios indagados y, en el caso de Riquelme, rebajar su sanción a censura, la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa. La resolución volvió a Contraloría para su toma de razón, instancia en que el organismo alertó que esta “no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial”. Dictamen de Contraloría En las tres páginas del dictamen fechado el 11 de septiembre de 2018, el contralor Bermúdez asegura que el proceso que instruyó realizó “todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones”. Del mismo modo, enfatiza que la propuesta de sanciones se sustentaron en las “omisiones en la fundamentación de las causales de contratación directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigación”. Así, el contralor Bermúdez aseguró en su dictamen que “no existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los únicos que cumplían, en cada caso, con los requisitos de discreción y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la República. Asimismo, es importante destacar el carácter público de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas señaladas en cada uno de los cargos”. Tras revisar la rebaja de sanciones que buscaba realizar el gobierno de Bachelet, el contralor aseguró que la nueva medida “no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario”. Por esta razón, la Contraloría ordenó enviar una copia del dictamen directamente al Presidente Sebastián Piñera y al director administrativo de la Presidencia, a fin de que “realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados”. Consultado por La Tercera Cristián Riquelme, respondió que “me parece bien que salga el dictamen, pero no hablo con periodistas”. Exfuncionario Nicolás Enteiche, profesor de Derecho Administrativo de la UDD, explicó el alcance de un dictamen cuando un funcionario público renuncia a su cargo: “Si se ordena la instrucción de un sumario y luego el involucrado cesa en sus funciones, el procedimiento tiene que proseguir hasta su término, debiendo anotarse la decisión que resulte del sumario en su hoja de vida”. Agregó que “en materia de infracción a la Ley de Probidad (N° 20.880), específicamente en cuanto a la infracción del deber de efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, se admite la aplicación de sanciones dentro de los cuatro años siguientes al incumplimiento, independiente del hecho de que el funcionario haya cesado en sus funciones”. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/gobierno-bachelet-redujo-sancion-exadministrador-la-moneda/366275/
  7. 29 Mayo 2018 INDH presentó querella por Caso Harex: Pedirán diligencias sobre actuar de Carabineros La acción penal va dirigida contra todos aquellos que hayan tenido algún grado de participación en la desaparición del menor. El caso Harex incluso llegó a manos del obispo Charles Scicluna cuando vino a Chile a investigar los casos de abuso en la iglesia chilena. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una nueva querella en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por la desaparición del estudiante de 17 años Ricardo Harex González, cuyo paradero se perdió el 19 de octubre de 2001. La acción penal, informó el INDH, está dirigida a todos quienes resulten responsables en calidad de autores, coautores, cómplices o encubridores, por el delito de sustracción de menores. El caso es llevado a cabo por la ministra Marta Jimena Pinto, sin embargo, a 17 años de su desaparición aún no hay personas procesadas por la desaparición del estudiante del Liceo Salesiano San José, de Punta Arenas, y cuyo director entonces era el sacerdote Rimsky Rojas, quien fue acusado de abusar sexualmente de tres menores de edad durante la década de los 80 y que, en medio de la investigación, se suicidó en 2011. Según recordó el INDH, la noche del 19 de octubre Harex desapareció tras participar en una fiesta con sus amigos, lugar del que salió con dirección desconocida, convirtiéndose hasta hoy "en uno de los casos no resueltos más complejos en la austral región". El organismo resaltó que durante estos años, "de las diversas líneas investigativas que han surgido, llama poderosamente la atención la actuación preliminar y posterior de Carabineros, que no realizó una investigación exhaustiva y técnica sobre la desaparición de Ricardo, evidenciándose con el transcurso del tiempo una serie de errores, omisiones y contradicciones en sus diligencias, que a la fecha carecen de una explicación lógica". El jefe del INDH en la Región de Magallanes, Cristián Figueroa, dijo que espera que se realicen "diligncias que tienen que ver con testimonios de persoans que no se han podido, hasta el día de hoy, realizar (...) para poder tener algunas certezas que hasta el día de hoy son verdaderas enigmas, sobre todo lo concerniente al actuar de personal de Carabineros". Uno de los últimos antecedentes conocidos surgió en febrero de este año cuando el abogado Marcelo Vargos -denunciante del fallecido sacerdote saleciano Rimsky Rojas- se reunió con el obispo de Malta, Charles Scicluna, quien estuvo en Chile para escuchar a las víctimas de abuso sexual en la iglesia chilena, como parte de la investigación especial encargada por el papa Francisco. En esa oportunidad, Vargas presentó documentación sobre el actuar de la Congregación Salesiana y los nombres de 15 presuntos sacerdotes involucrados en casos de abusos, donde incluyó el de Ricardo Harex. La conexión entre la desaparición del joven y la Iglesia, hecha por el abogado y familiares de Harex, surge de la declaración de Juan Esteban Cárdenas, un hombre que declaró ante la PDI que el sacerdote Rimsky Rojas le había ordenado enterrar el cuerpo del adolescente, situación a la que no se pudo negar debido a supuestas amenazas que habría recibido. Fuente: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/iglesia-catolica/indh-presento-querella-por-caso-harex-pediran-diligencias-sobre-actuar/2018-05-29/171517.html
  8. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/332982-caso-maristas-hermanos-maristas-envian-carta-a-victima-de-abuso-sexual-te-pedimos-perdon/?hl=%2Bcaso+%2Bmaristas 06 Junio 2018 Denunciantes del caso Maristas al Papa: “Tenemos miedo de que las estructuras de abuso y encubrimiento sigan operando” Como indicaron a través de una carta abierta, sobrevivientes de casos de abusos desconfían que la congregación por sí misma pueda afrontar la tarea que les ha encomendado el Pontífice para terminar con los casos conocidos. A través de una carta abierta, los sobrevivientes del caso maristas respondieron al duro balance que realizó el Papa Francisco tras recibir el informe que realizó el Charles Scicluna, mostrándose desconfiados de los pasos que pueda seguir la congregación para enfrentar los desafíos que plateó el Pontífice. “Tenemos miedo de que las “estructuras de abuso y encubrimiento” como usted las llama sigan operando al interior de los Hermanos Maristas”, reconocieron en la misiva que tiene fecha 5 de junio de 2018. En ella, sostienen que son el testimonio vivo de las afirmaciones que realizó Francisco. “Las estructuras del abuso y del encubrimiento operaron cuando siendo niños fuimos abusados y siguen operando ahora maltratándonos como sobrevivientes de ese abuso por el sólo hecho de denunciarlo”, indicaron. “Usted señala en su carta que se ha de “buscar, a tiempo y destiempo, el compromiso por generar una cultura donde cada persona tenga derecho a respirar un aire libre de todo tipo de abusos. (…) No estamos seguros que la Congregación por sí misma hoy pueda afrontar esta urgente tarea”, expresaron. Con esta misiva, como explicaron, buscan poner la alerta en las manos del Papa, para que así los atienda, pues “cada día que pasa las redes de encubrimiento operan para tapar los delitos cometidos y perpetran otros nuevos”. https://es.scribd.com/document/381147840/Carta-al-Papa#from_embed Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/hermanos-maristas-responden-al-papa-tenemos-miedo-las-estructuras-abuso-encubrimiento-sigan-operando/194469/
  9. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/336125-caso-obispo-barros-benito-baranda-esta-senal-del-papa-es-demoledora-para-lo-que-va-a-venir-despues-con-los-obispos-pagina-2/ 02 Mayo 2018 Ángelo Sodano, el hombre clave del Vaticano que está en riesgo por la situación de la Iglesia en Chile El ex secretario de Estado y decano del Colegio Cardenalicio ha manejado su influencia sobre América Latina por más de tres décadas, pero podría ser uno de los mayores damnificados tras el mal manejo de los casos de abusos. Hay un dato que refleja cuán relevante es Ángelo Sodano en el intrincado mundo del Vaticano. El cardenal es el primer hombre desde 1826 que ha ocupado los dos cargos más estratégicos que no son el de ser Papa: la secretaría de Estado y el decanato del Colegio Cardenalicio. Este último, un cargo que es escogido por sus pares, con la anuencia del Pontífice, pero que es vitalicio. En ese rol, dirige la misa Pro Eligiendo Papa, uno de los ritos que se dan cuando los cardenales se juntan en el Consistorio para elegir un nuevo líder. En ese puesto, antes que él, estuvo Joseph Ratzinger, quien sólo dejó ese cargo para convertirse en Benedicto XVI. Con 91 años y un Papa con el que ha tenido diferencias en el pasado, su influencia ha disminuido, pero se mantiene como un factor de poder en la Iglesia, especialmente en América Latina. Y por eso, entre los expertos que cubren el Vaticano se espera que los últimos eventos en Chile tengan un impacto directo en él. Las redes de Sodano en Chile no pueden ser mejores. Es amigo cercano de los cardenales Jorge Medina y Francisco Javier Errázuriz; de hecho, ambos fueron promovidos a sus puestos en la época en que el italiano era secretario de Estado de Juan Pablo II, cargo al que llegó en 1991. Pero además, el actual nuncio, Ivo Scapolo, era considerado un “pequeño Sodano”. Y su designación hace siete años fue interpretada como una muestra más de que el cardenal -nuncio durante la época de Augusto Pinochet- mantenía su poder. Y sus redes. Así, los analistas en Roma apuntan a Sodano como un nombre clave en la dura crítica de Francisco sobre que hubo “falta de información veraz y equilibrada” en relación al caso del obispo Juan Barros. Una designación que, de partida, es atribuida al poder de Sodano, tal como el hecho de que cinco obispos chilenos -incluido el de Osorno- hayan sido formados por un sacerdote con el que el cardenal tuvo cercanía: Fernando Karadima. Con el gesto de invitar a los tres denunciantes principales de Karadima a Roma, Francisco dio una señal potente de que ve el tema como crucial en su pontificado. Y mientras en Chile se sigue con interés cómo quedará la nueva estructura de poder de la iglesia chilena tras la reunión que el Papa tendrá en Roma con toda la Conferencia Episcopal chilena, la pregunta más amplia en Roma es cuán dañado saldrá Sodano de este proceso. El cardenal, eso sí, ya ha sobrevivido otras tormentas. Por ejemplo, permaneció en primera línea tras el escándalo de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, pese a que diversas publicaciones lo apuntaban como uno de sus protectores en el Vaticano. Pero en ese minuto, Benedicto XVI estaba al frente del papado. Hoy, con Francisco, el escenario es distinto. Los medios argentinos han publicado numerosos episodios en los que el entonces cardenal Jorge Bergoglio estaba en contra de las posiciones de Sodano en temas para su país y para América Latina. Un golpe a su influencia también podría llevarse con él a una serie de cardenales y obispos que han sido sus protegidos. Por eso, los próximos días serán claves para saber el futuro de uno de los hombres más poderosos de la Iglesia Católica en las últimas tres décadas. Fuente: http://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/angelo-sodano-hombre-clave-del-vaticano-esta-riesgo-la-situacion-la-iglesia-chile/150995/
  10. 22 Mayo 2018 Defensa de Mateluna acusa cinco errores en sentencia que terminó en condena El decano de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic, pidió a la Corte Suprema revisar sentencia de 16 años de cárcel dictada contra Jorge Mateluna. Con un documento de 26 páginas bajo el brazo llegó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, a la Corte Suprema para presentar un recurso de revisión a la condena del exfrentista Jorge Mateluna, quien cumple una pena de 16 años tras ser sentenciado por la participación de un robo millonario en una sucursal del Banco Santander de Pudahuel. Según el documento, al que tuvo acceso La Tercera, los abogados que han trabajado en el caso y los estudiantes de la clínica jurídica de esa casa de estudios determinaron cinco errores en la sentencia del exsubversivo. Acompañado del colectivo “Mateluna Inocente”, el decano Harasic en el escrito plantea que existen contradicciones entre los testigos en el juicio oral; ninguna de las personas al interior del banco reconoció a Jorge Mateluna; los otros dos imputados declararon no conocerlo y el ADN del exfrentista “no coincide con el obtenido de ninguna especie levantada” Harasic señaló que la condena en contra de Mateluna “es abiertamente injusta”, porque “hay pruebas que se prefabricaron para que Mateluna esté en estas condiciones”. Este “es un problema de humanidad. Nadie en una democracia puede ser condenado sobre la base de pruebas falsas”, advirtió el facultativo, quien solicitó al máximo tribunal suspender la condena a 16 años que pesa sobre su representado y que se reemplace por arresto domiciliario total, hasta la completa tramitación del recurso. Nuevos antecedentes La Fiscalía Occidente ha defendido la sentencia y su investigación, mientras el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, ha indagado las falencias del juicio oral y ha hecho una reconstrucción de los hechos. Respecto de esto último, Harasic evitó entrar en el conflicto entre las fiscalías, aunque reconoció que los nuevos antecedentes surgieron de esta última indagatoria. Se trata del Informe Pericial de Dibujo y Planimetría 439/2018 emitido el 9 de abril pasado por el Laboratorio de Criminalística (Lacrim), que “da cuenta de un video filmado del banco en el día y hora del asalto -no exhibido durante la audiencia de juicio oral-, concluyéndose científicamente que ninguno de los sujetos que allí aparecen es Jorge Mateluna”. En tanto, este viernes el decano Harasic se reunirá con el fiscal metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, en dependencias de la fiscalía. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/defensa-mateluna-acusa-cinco-errores-sentencia-termino-condena/175341/
  11. 13 Mayo 2018 Cita con diputado del FA desata arremetida contra exfiscal Gajardo La reunión, que habría sido en un café de Ñuñoa, se realizó en enero, mientras todavía ejercía como jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la fiscalía. Para conversar de distintos temas, como el aumento de las sanciones en delitos de cohecho o lo que se ha empezado a calificar como la “doctrina Abbott” y que apunta a un supuesto tratamiento judicial distinto en términos punitivos dependiendo de la persona en cuestión. De eso y de otros asuntos conversaron el diputado de RD Renato Garín en enero pasado -en un café en Ñuñoa- con el entonces fiscal Carlos Gajardo, quien dejó la jefatura de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad dos meses después. La cita, que fue develada hoy por Reportajes, y que fue solicitada -y reconocida abiertamente- por el entonces legislador electo, desató una fuerte arremetida en contra del exfiscal. En las últimas semanas, Gajardo se ha mantenido en la primera línea política a partir de la difusión de una iniciativa de su autoría -junto al también exfiscal Pablo Norambuena- para sancionar más duramente el cohecho, la que ha enviado a diputados de distintas tendencias. Entre ellos, los representantes del FA, que han mostrado interés en patrocinar el proyecto. El expersecutor también ha aprovechado su rol público en diferentes plataformas -como Twitter, columnas de opinión y entrevistas- para criticar la gestión del fiscal nacional, Jorge Abbott. Pero ahora es Gajardo quien está en medio de las críticas luego de conocerse su reunión con Garín -debido a que un fiscal debe abstenerse de tener relaciones de este tipo, más aún si tiene investigaciones a su cargo en esta línea-, y que se suma a otras conversaciones que Gajardo ha mantenido esporádicamente con otros diputados. El abogado Gabriel Zaliasnik, quien enfrentó a Gajardo en el caso Penta como el representante del senador UDI Iván Moreira, afirmó que el exfiscal tenía que explicar la reunión con el parlamentario. “Debe dar hartas explicaciones. ¿Hay aquí una doctrina Gajardo y del Frente Amplio? ¿Estaba tratando de mantener arbitrariamente las causas abiertas, en particular la del senador Moreira para hacerlo rehén de un proceso?”, dijo Zaliasnik. Su defendido, Iván Moreira -desaforado por la Corte Suprema y que recuperó sus atribuciones parlamentarias tras un acuerdo con la fiscalía, lo que gatilló la renuncia de Gajardo-, en el programa Estado Nacional fue aún más duro con el expersecutor, a quien acusó de “resentido político”. El senador, además, dijo sentirse “chantajeado” por él. “El exfiscal es el que está falto de pega, entonces está tratando de tener alguna exposición pública para ver si puede atraer algún tipo de clientela. Creo que él empezó bien, pero terminó mal. Quiso fiscalizar, pero después se obnubiló con las cámaras, se sintió un rockstar”, dijo Moreira. Desde la UDI y Renovación Nacional emplazaron a Gajardo a aclarar la cita con Garín, y más allá, que desmienta o confirme que existe una vinculación entre su ofensiva contra Abbott y las conversaciones que ha mantenido con representantes del FA, que preparan en paralelo una petición de remoción en contra del fiscal nacional. “Estas reuniones que hemos conocido obligan a una aclaración de parte del exfiscal Gajardo, en términos de si las críticas que él esgrimió a otras reuniones de políticos con fiscales se las aplica a sí mismo o no. Y al Frente Amplio, preguntar el grado de intencionalidad que tiene en su acusación contra Abbott, y no tan solo una crítica a su actuar”, dijo el diputado UDI Patricio Melero. En tanto, el presidente de RN, Mario Desbordes, señaló que “le preguntaría a Gajardo si cuando él postuló a fiscal regional se reunió con algún ministro de la Corte de Apelaciones, por ejemplo, antes de que le tocara votar porque iba a ser fiscal. A lo mejor le tocó hacerlo, es parte de las cosas que se usan. Les pediría al exfiscal y al FA que dejemos la sospecha permanente y dejemos de apuntar con el dedo a todo el mundo”. Fuente: http://www.latercera.com/politica/noticia/cita-diputado-del-fa-desata-arremetida-exfiscal-gajardo/163753/
  12. 03 Febrero 2018 Óscar Contardo: “Los jesuitas han encubierto abusos” Hace tres años que el periodista Óscar Contardo prepara un libro sobre abusos cometidos por representantes de la Iglesia. En su investigación se encontró con varios casos dentro de los jesuitas que, acusa, han sido tapados. “Hay una tremenda hipocresía de muchos sacerdotes de hacer de Karadima un chivo expiatorio para hacer parecer que su mundo está limpio”, dice. El periodista y escritor Óscar Contardo lleva tres años trabajando en un libro sobre abusos dentro de la Iglesia y ha sido uno de los protagonistas en el reciente destape de las denuncias a sacerdotes jesuitas, en particular del caso del sacerdote Jaime Guzmán Astaburuaga. “Sólo se ha empezado a hablar de esto después del comunicado de los jesuitas del 22 de enero en que decían que el cura Guzmán había sido condenado por abuso”, dice Contardo. Su tesis y una de las razones por las que ha preferido hablar antes de que estas historias se incluyan en su libro, tiene que ver con que “a los jesuitas se les mide con otra vara”. La investigación de Contardo parte con una historia central que es la historia de un cura salesiano. Fue así como se metió en el tema de las denuncias canónicas: cómo se comportaban las congregaciones o el Arzobispado ante denuncias de este tipo. Y así fue como llegó a los jesuitas. Antes de Jaime Guzmán, Contardo tomó el caso de las denuncias sobre Eugenio Valenzuela, un ex provincial de los jesuitas, que fue denunciado por tres hombres. “La solución a esas denuncias fue muy ambigua”, dice. El también columnista de Reportajes relata que se juntó a hablar con los tres acusadores de Valenzuela. “Así me enteré que la Compañía de Jesús había dilatado en más de dos años las primeras denuncias. Este es el mismo modus operandi, lo mismo que pasa en cualquier otra congregación. A mí me sorprendía la manera en que se trataba de otra forma a los jesuitas, y la manera en que los sacerdotes jesuitas más populares y con más tribuna en la televisión y en los medios, pontificaban sobre los otros”. ¿Te consta que los tres acusadores de Valenzuela hayan querido hablar públicamente de estos hechos? Hay uno que fue público, el primero. Los otros dos no. El primero fue un sacerdote jesuita que denunció a Eugenio Valenzuela, pero como éste era el provincial, el mismo denunciado, designó a su investigador. Y su investigador fue un amigo que había sido su director espiritual. Esa persona, en lugar de investigar, maltrató insistentemente al denunciante hasta que le hizo cambiar la figura de la denuncia. ¿Cómo cambió esa figura? De abuso sexual a abuso efectivo. Cuando haces una denuncia canónica ellos no te dan nada, ninguna prueba o documento de que denunciaron. Tampoco les dan un plazo o un documento después de la sentencia. En estos tres casos, los jesuitas se comportaron como todas las otras congregaciones. A partir de esas denuncias di con la condena del cura Guzmán, que era una condena que se había mantenido secreta. Según ellos, porque no les creo, fue porque una de las víctimas había querido que se mantuviera secreto. Pero no era necesario identificar a esa persona para difundir en la comunidad que este señor Jaime Guzmán, que por décadas había trabajado con niños y jóvenes, había abusado de niños y adolescentes. Después aparece otro denunciante, quien dice que nunca pidió que esto fuera secreto. Como todo eso es interno, es secreto. Y la gente no habla porque no saben que otros han denunciado, porque tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Por el poder que tienen los jesuitas. ¿Por qué hubo silencio por tantos años en un colegio como el San Ignacio? Por poder y por contactos, básicamente. Mucha gente que sabía esto dentro del San Ignacio no quería contarlo. Primero, por miedo a la sanción que iba a tener del resto y después por cuidar a la institución porque hay una fuerte idea de que la institución está por sobre las personas. Eso me parece alarmante porque significa un desdén por el sufrimiento ajeno. Ahí entra lo que dice Sebastián Errázuriz, el artista y ex alumno del colegio, quien dice que hace 17 años le hizo saber de esto al padre Fernando Montes y no hizo nada… Sí. Por eso lo digo en la radio porque vi a Fernando Montes pontificando en cuanto al encubrimiento de Karadima cuando en los jesuitas ha pasado lo mismo. Vuelvo al tema del encubrimiento. Cuando pasó lo de Eugenio Valenzuela, el cura Montes fue invitado por lo menos tres veces a TVN y jamás se le preguntó de esto. Berríos estuvo invitado cuatro veces a TVN e incluso había huelga en el Hogar de Cristo y no le preguntaron ni de la huelga ni de los abusos dentro de los jesuitas. Eso es encubrimiento. Hay hipocresía de muchas sacerdotes de hacer de Karadima un chivo expiatorio para hacer parecer que su mundo está limpio. Y eso no es así. Están dando una imagen equivocada a la opinión pública. ¿Son comparables el abuso de los jesuitas al tipo de abuso que ejercía Karadima? Totalmente. Y hay muchos como esos. Lo que pasa es que la opinión pública se ha concentrado en el tema Karadima porque es el primero en que las víctimas aparecen dando la voz. ¿Por qué casi siempre se conocen los abusos de religiosos sobre hombres, muy rara vez sobre mujeres? Como todo esto es secreto y recién estamos alcanzando las dimensiones de los abusos de la Iglesia Católica, no hay una estadística oficial mundial. Creo que uno de los estudios más completos fue el que se hizo hace poco en Australia, de abuso infantil y juvenil en el que también se repitió esta proporción. Hay distintas explicaciones, libros sobre eso, y depende también de la edad de los abusos. Hay una psicoanalista que habla de que en las entrevistas que tuvo con muchos sacerdotes, la justificación que daban para abusar de niños en lugar de niñas era porque no se embarazaban, por no dejar rastro. Ahora, algo que he encontrado es que muchos de esos abusos permanecen en el tiempo hasta la adultez, como el caso de James Hamilton, que a todos nos pareció muy extraño, pero cuando te metes más, aparecen muchos más casos como ese. Que tuvieron como un síndrome de Estocolmo con sus abusadores. Claro. No es lo mismo que te asalten en la calle, en que sabes que ese extraño es el enemigo. En este caso, no. Son personas a las que las víctimas les confiaron su vida, su conciencia, sus secretos. Que entraron en sus casas, conocen a sus padres. Quedan atrapados y calza con la historia de Cristián Precht con Patricio Vela. En el caso que yo me he centrado, que es el del salesiano Rimsky Rojas, llevó a algunas de sus víctimas al seminario. ¿Por qué eliges ese caso como el eje de tu libro? Porque en realidad fue antes del abuso. Llegué al abuso por la desaparición de un alumno suyo en Punta Arenas. Me fijé en esa noticia el 2001 y esa desaparición era muy rara. Era un chico que se llamaba Ricardo Harex, que estaba en cuarto medio, y que en octubre en una fiesta, en una casa en un barrio como Ñuñoa en dimensión de provincia, sale de la fiesta y nunca más se le ve. Desapareció. Vi esa nota y lo seguía cada cierto tiempo, y en un momento aparece como sospechoso ese cura, y después aparecen denuncias de abuso en su contra. Ahí me interesé en el tema y lo fui cercando desde distintos ámbitos. Y aparecieron un montón de historias. Uno de los asuntos que me interesaban era ver cómo se trataba internamente el tema en la Iglesia, y por eso llegué a los jesuitas. Es decir, te metiste en la mecánica de estas congregaciones para enfrentar estos casos. Sí. Y en las congregaciones hay mucha lucha de poder en esto de presentarse como la congregación progre, respetable, que pide justicia y que se erige a pontificar sobre las otras congregaciones. Eso, Cristián del Campo lo tiene muy claro. ¿Qué cosa? Que cometieron un error y que lo siguen cometiendo. Que estaban apuntando al resto y no se fijaban en la mugre que tenían ellos. El caso le estalla en la cara por presión de los alumnos, ex alumnos. Y claro, en vista del contexto -post visita del Papa, escándalo en los maristas- aparece esto mientras sus curas emblemas pontificaban sobre la responsabilidad de los encubridores de Karadima. Hablando con las víctimas, ¿qué pasa con ellos en estos 20 años? El hecho de que se reconozca que esto pasaba es un primer paso para mucha gente y es una especie de alivio. Una especie mínima de alivio porque lo que pasaba era que se lo guardan, no lo cuentan, tratan de seguir su vida, pero esta es una incomodidad que los ronda, una especie de dolor crónico por el maltrato que recibieron muchos, que se atrevieron a hacer la denuncia y nunca fueron tomados en cuenta. ¿Los violenta -por ejemplo- el hecho de que Felipe Berríos o Montes critiquen a abusadores de otras congregaciones y abusos en su propia casa sean ignorados? En el caso de los abusados por Eugenio Valenzuela que son de las tres personas que conocí en un principio, absolutamente. Nunca esos dos sacerdotes se acercaron a ellos ni nunca se interesaron por saber qué había pasado, eludieron públicamente cualquier pregunta, la contestaban con una fórmula que era decir que todo estaba bien y que esos denunciantes estaban conformes y no lo estaban. ¿Por qué crees que pensaban que los denunciantes estaban conformes? Yo creo que no lo pensaban, mentían. Era imposible que lo pensaran, esas tres personas les reclamaron a ellos hasta el final. Tuvieron conflictos persistentes con la forma en que llevaron los casos, en la forma en la que trataron esos casos, como los demoraron primero. Los investigadores que les daban, que les asignaban, Montes fue investigador de uno de esos casos y maltrató a la víctima. Ellos lo único que querían era cerrar y zafar y confiar en que todos sus contactos en los medios ejercieran presión para que eso no apareciera públicamente como lo que era, que era un escándalo. ¿En qué tiempo ocurre la investigación de lo de Valenzuela? Es bien llamativo porque esto estaba ocurriendo mientras pasaba lo de Karadima, y los jesuitas apuntaban a Karadima, pero ellos tenían dos casos en esa misma época, que era Valenzuela y Guzmán. El primero que denuncia fue el 2010 y ahí Eugenio Valenzuela designa a su propio investigador, el cura que fue su maestro de novicio. Y después el 2011 hay otra denuncia de otro hombre que también pasó por el seminario, y que este hombre va y enfrenta a Valenzuela y hace la denuncia con Ismael Aracena. Después del segundo testimonio cambian a Valenzuela de provincial y lo reemplazan por Cristián del Campo de emergencia. Y el otro fue el año 2013. Ese tercer testimonio pide que su psiquiatra esté presente en la entrevista con el investigador. Montes no quiso, se formó una discusión y le dice, ‘tú tenías 18 años y sabías perfecto lo que hacías, hasta te gustó’. Eso declaró esta persona y eso lo sabe Del Campo. Montes negó que hubiera dicho eso pero yo no le creo. Después mandaron al Vaticano, éste dijo ‘miren, no sabemos qué hacer con esto, vean lo que hacen’ y mandaron a Valenzuela a la casa esa que tienen al lado del San Ignacio a vivir. A donde van a morir los jesuitas… Claro, donde van a morir los jesuitas. Teniendo toda esta mugre debajo de la alfombra invitaron a Michael Rezendes al premio Periodismo de Excelencia de la UAH, universidad donde Montes fue rector por años. Rezendes es uno de los periodistas del Boston Globe que denunció la trama de encubrimiento y abusos de religiosos en EE.UU., en Boston. Lo invitaron a hablar sobre esto mismo, sobre encubrimiento y ellos haciendo como si nada. Ahí presentes. Todos los sacerdotes jesuitas que estaban en esa ceremonia sabían que ellos habían hecho lo mismo. Eso, a mí me parece una hipocresía espeluznante. En Curicó, donde creciste, ¿te tocó ver de cerca este mundo? No para nada. De hecho con eso parte el libro. Lo conocí muy, muy tarde. Ni siquiera en la universidad, porque estuve en la Chile. Para mí eran unas personas que de repente aparecían en la misa y nada más. La relación con el cura, como no la tuve, ni la vi cercanamente, no la vi hasta mucho después. No entendí las dimensiones. Como la gente que invitaba a almorzar al cura. O estas entrevistas de la mujer de Kast que hablaba de cómo el cura le dirigía la vida afectiva. Ese tipo de cosas, que para mí eran marcianas, las vi muy tarde, muy viejo. La visita del Papa estuvo lejos de ser un éxito. ¿El país entendió algo que no sabemos? ¿O que sí sabemos? No esperaba un fracaso tan grande. Esperaba que iba a ser muy distinta a la visita de Juan Pablo II. Pero ver Maipú, Iquique, Temuco semivacíos. Yo vivo en Providencia. Creo que esperaban una aglomeración. No hubo. Hubo molestia por el tránsito. Había más argentinos que vecinos mirando la pasada del Papa. Fuente: http://www.latercera.com/reportajes/noticia/oscar-contardo-los-jesuitas-encubierto-abusos/55688/
  13. 30 Enero 2018 Justicia formaliza a carabinero por apremios ilegítimos contra comunero mapuche en 2014 Tras ser detenido por Carabineros el 3 de febrero de 2014, Alberto Curamil habría sido brutalmente golpeado, primero en el carro de traslado de imputados y luego en la unidad policial. Es por esto que el tribunal fijó un plazo de 90 días de investigación y decretó la medida cautelar de arraigo y prohibición de acercarse a la víctima. Este martes el Juzgado de Garantía de Temuco formalizó al funcionario de carabineros de iniciales L.L.R. por el delito de tormentos y apremios ilegítimos en contra del comunero mapuche Alberto Curamil Millanao. El tribunal fijó un plazo de 90 días de investigación y decretó la medida cautelar de arraigo y prohibición de acercarse a la víctima. Tras ser detenido por Carabineros el 3 de febrero de 2014, Curamil habría sido brutalmente golpeado, primero en el carro de traslado de imputados y luego en la unidad policial. Lo anterior sucedió con posterioridad a los incidentes registrados fuera del Centro de Justicia cuando se iniciaba el juicio en contra del machi Celestino Córdoba. Según la narración de Curamil, consignada en el escrito presentado por el INDH, al ser detenido fue esposado y lanzado a un carro policial donde le propinaron “innumerable cantidad de golpes de pie y, mientras permanecía con su cara pegada al piso, un carabinero le dio un golpe en los testículos. Luego lo dieron vuelta y comenzó a recibir nuevamente golpes de patadas. Además, un carabinero se sentó encima de su estómago, así -mirándolo de frente- comenzó a propinarle golpes de puño en su rostro”. Ya en la unidad policial, Curamil Millanao fue bajado del carro policial. En ese momento se encontraba “todo ensangrentado y con la cara inflamada” y, luego de múltiples insultos racistas, fue llevado a un estacionamiento, lugar en el que permaneció esposado por un prolongado período de tiempo, a pesar de la situación física en que se encontraba. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/30/justicia-formaliza-a-carabinero-por-apremios-ilegitimos-contra-comunero-mapuche-en-2014/
  14. 30 Enero 2018 Una querella desde Punta Peuco El teniente coronel de Ejército en retiro, Raúl Pablo Quintana Salazar, preso en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, presentó una querella en contra de Mariano Jara Leopoldo, conocido como “Camaleón” en el libro que el año 2017 lanzó el periodista Javier Rebolledo. En la acción judicial precisa una serie de delitos en los que habría incurrido Jara a través de sus dichos en el libro, los que para Quintana significaron una afrenta a su honra, a la de su esposa y su grupo familiar en su conjunto. El teniente coronel de Ejército en retiro, Raúl Pablo Quintana Salazar, preso en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, presentó una querella en contra de Mariano Jara Leopoldo, conocido como “Camaleón” en el libro que el año 2017 lanzó el periodista Javier Rebolledo, donde Jara relata que fue un integrante secreto del aparato militar del Partido Comunista de Chile y un empresario célebre durante los años más duros de dictadura militar. Aunque Quintana Salazar se encuentra cumpliendo quince años de condena desde 2014, esto no fue impedimento para que presentara una acción judicial por “injurias con publicidad” en contra de Jara, personaje central de la novela de no ficción de Rebolledo. Quintana le dio un poder notarial a su hija, Carolina Quintana, y es representado por el abogado Juan Carlos Manns, quien también ha representado a otras personas acusadas de violaciones a los Derechos Humanos, como el ex director de la DINA, Manuel Contreras. El libelo, en estado de tramitación en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, precisa una serie de delitos en los que habría incurrido Jara a través de sus dichos en el libro, los que para Quintana significaron una afrenta a su honra, a la de su esposa y su grupo familiar en su conjunto. En el libro “Camaleón, Doble vida de un agente comunista” se relata que con la dictadura militar Jara se hizo de un “camuflaje” para ocultar su rol como bodeguero de las armas que el PC tenía escondidas en una parcela ubicada en las afueras de Santiago. Una labor extremadamente sensible para la cual utilizó su poderío económico gracias a su cadena de tiendas de electrodomésticos Nadir, con lo que generó amistades en los centros de poder como la hípica, donde fue un destacado dirigente; en el mundo de la noche, donde se convirtió en el célebre dueño y regente del centro nocturno Flamingo; y entre los uniformados, donde se relacionó incluso con el director de la CNI, Humberto Gordon y el integrante de la Junta Militar, César Mendoza. Dentro de esa labor es que el libro explica que Jara se acercó a Quintana Salazar, entonces teniente de Ejército, casado con una sobrina suya muy cercana debido a que, prácticamente había sido adoptada por sus padres. Durante la dictadura, Jara trabó una relación íntima con el uniformado, quien trabajaba en la DINA con Manuel Contreras. El libelo, que reconoce que Jara es un pariente cercano de la esposa de Quintana Salazar, explica que el militar ( r) leyó impactado el contenido de “Camaleón” desde Punta Peuco, luego de que su hija le llevara un ejemplar, impacto que “fue creciendo al leer pseudo referidos a él, su condición pasada de militar, constatándose relatos dispares, fútiles y exagerados, pero intencionados (…)”. El texto agrega que conscientemente a través del libro, Jara utilizó su cercanía con la familia de Quintana Salazar para sacar a la luz un “cuento intencionado a causar daño a quienes nunca se lo causaron”. El centro de la acusación, en todo caso, apuntaría más que a los dichos de Jara a desmentir el rol de Quintana Salazar como violador a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Desmiente, por ejemplo, que haya sido, como lo señala el periodista autor del libro, el encargado del campo de concentración ubicado en las cercanías del regimiento Tejas Verdes, donde se creó la DINA en 1973 y el sistema de torturas que imperó en Chile durante la dictadura. Según él, en ese momento era un subteniente de reserva, no perteneciente a la planta permanente y que el cargo de jefe del lugar no se encuentra consignado en ninguna resolución judicial. “Más allá de la nomenclatura técnica, son muchos los testimonios judiciales que señalan que Quintana Salazar fue el jefe del campo de prisioneros”, explicó Rebolledo. “Así lo percibían ellos. El tipo duro que los maltrataba y que les daba las órdenes en la mañana, como formarse, y también en los castigos”, agregó. En la actualidad Quintana Salazar enfrenta dos condenas, una de cinco años por torturas en contra de detenidos en Tejas Verdes, y otra de diez años y un día de presidio por su participación como autor de los delitos de secuestro calificados de Miguel Heredia Vásquez, Rebeca Espinoza Sepúlveda, Felipe Marmaduke Vargas Fernández, José Leonardo Pérez Hermosilla y José Orellana Meza. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2018/01/29/una-querella-desde-punta-peuco/
  15. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/324015-eeuu-tiroteo-la-minuciosa-planificacion-del-ataque-en-las-vegas-pagina-2/page-2?hl=%2Bvegas&do=findComment&comment=22830464 19 Enero 2018 Revelan que autor de tiroteo en Las Vegas poseía pornografía infantil en su computador En los nuevos detalles de la investigación sobre Stephen Paddock se demostró que había hecho búsquedas en internet acerca de balística y tácticas de los cuerpos especiales de la Policía. Stephen Paddock, autor del tiroteo en Las Vegas. El asesino que en octubre pasado mató a 58 personas en un concierto al aire libre en Las Vegas (EE.UU.), el tiroteo masivo más sangriento en la historia moderna de Estados Unidos, poseía “numerosas fotografías de pornografía infantil” en su ordenador, informaron hoy las autoridades. El alguacil del condado de Las Vegas, Joe Lombardo, compareció ante los medios de comunicación para dar nuevos detalles sobre la investigación, pero aclaró que todavía no saben la razón por la que Stephen Paddock, un hombre jubilado de 64 años, cometió la masacre del pasado 1 de octubre en Las Vegas. Un total de 58 personas murieron y más de 700 resultaron heridas después de que Paddock abriera fuego desde su habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay contra una multitud de más de 22.000 personas que asistían a un concierto al aire libre del festival country Route 91 Harvest. El alguacil anunció que la Policía de Las Vegas compartió hoy, en su página web, un informe preliminar de la investigación con los detalles de sus pesquisas. El oficial adelantó ante los medios que, tras investigar las computadoras de Paddock, encontraron “numerosas fotografías de pornografía infantil”. Además, descubrieron que el asesino había hecho búsquedas en internet acerca de balística y tácticas de los cuerpos especiales de la Policía. Sin embargo, los investigadores no han hallado notas de suicidio, manifiestos de algún tipo o rastros de ideología o radicalización de un asesino que, según la Policía, actuó en solitario. Bruce Douglas Paddock, hermano del autor del tiroteo, fue detenido en Los Ángeles a las pocas semanas de la masacre por poseer también pornografía infantil. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/revelan-autor-tiroteo-las-vegas-poseia-pornografia-infantil-computador/
  16. 19 Enero 2018 Macarena Valdés, la joven activista medioambiental de una comunidad mapuche cuya muerte provoca controversia El pasado agosto de 2016 Valdés fue hallada sin vida en su hogar presuntamente por suicidio. Sin embargo una nueva autopsia descartó que se haya quitado la vida por ahorcamiento. Conoce su historia El 22 de agosto de 2016 Macarena Valdés, una activista medioambiental de 32 años fue hallada muerta en su hogar por un presunto suicidio en la comunidad mapuche Newen de Tranguil en la comuna de Panguipulli. Sin embargo su familia no creía la tesis del Servicio Médico Legal y de Carabineros de esa fecha. El cuerpo de Valdés fue exhumado para un nuevo análisis forense que se inició en octubre del mismo año, el cual arrojó que no se trataba de una muerte por “un ahorcamiento en vida”. En una entrevista para Radio Universidad de Chile Luis Ravanal, médico forense encargado de la autopsia de Macarena descartó la tesis inicial del SML cuando fue hallada colgada en una de las vigas de su casa. En la explicación del especialista señala que “no habían signos que demostrasen que se tratase de un ahorcamiento en vida, es decir en el área más importante, que es el cuello, que es donde una persona cuando está con vida se lesiona producto del ahorcamiento”. Una muerte que no se explica la familia y cercanos de Macarena. Su repentina muerte causó conmoción dentro de la comunidad mapuche en Newen de Tranguil donde la mujer lideraba una lucha en contra del proyecto de una hidroeléctrica de la empresa austriaca RP Global y de la chilena Saesa que instalaría en la zona. Mónica Paillamilla, dueña de los terrenos de donde vive la familia de Macarena aseguró a Radio Villarrica que el domingo 21 de agosto, el día antes de la muerte de la activista, dos contratistas de RP Global llegaron hasta su casa para exigirle que sacaran de su propiedad al werkén de Tranguil, Rubén Collío, esposo de Valdés, porque estaba revolucionando a la gente, que había personas que quería hacerle daño y agredir a él y a su familia. Así mismo, el medio regional señala que al día siguiente el cuerpo de Macarena fue hallado sin vida, aparentemente por un suicidio por ahorcamiento, en la habitación de uno de sus hijos. Al día siguiente de su fallecimiento, maquinarias de Saesa acompañados por el GOPE de Carabineros, llegaron al sector para instalar el cableado de alta tensión, aseguró Paillamilla. En octubre de 2017 el cuerpo de Valdés entraba nuevamente a peritaje en el Servicio Médico Legal. La familia de Macarena había solicitado iniciar de forma independiente una nueva investigación sobre los reales motivos de su muerte y solicitó reabrir el caso en la Fiscalía de Valdivia. En esa oportunidad Luis Ravanal ya señalaba que la primera autopsia no lograba comprobar que se tratara de un suicidio. Resultados entregados durante esta semana sobre la nueva autopsia al cuerpo de Macarena “se demuestra que no hay signos de vitalidad, es decir, no hay signos que demuestren que el cuerpo se haya suspendido a través del ahorcamiento estando en vida”, señaló Ravanal a Radio U. de Chile. La familia de la fallecida activista se cuestiona ahora que se descartó el suicidio, quién o qué habría provocado su muerte. “Hoy tenemos la certeza de que la mataron, entonces ahora saltan las preguntas ¿Quién la mató?, ¿Por qué la mató?, ¿Por qué la trataron de ocultar?”, se pregunta Collío en una entrevista de Radio U. de Chile. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/macarena-valdes-la-joven-activista-medioambiental-una-comunidad-mapuche-fue-hallada-sin-vida-hogar/
  17. 11 Enero 2018 Banco Itaú demanda por más de US$ 5,4 millones a ex socios de Fernández Wood Los demandados, que fueron notificados el pasado 8 de enero, enfrentan otras acciones judiciales de la misma índole, entre ellas, una de Consorcio, por más de $ 3 mil millones y otra de Banco Santander, por $ 2.600 millones. Una nueva demanda por indemnización de perjuicios enfrentan los ex socios y directores de la fallida Fernández Wood Corp (FW): Vicente Aresti, Alejandro Irarrázabal Ureta, Francisco Javier Errázuriz y Pedro Pablo Errázuriz. Itaú presentó, a fines de noviembre, una acción judicial con la cual demanda un pago de $3.317.549.078 (unos US$ 5,47 millones), más reajustes e intereses, por parte de los ex directores, con el fin de que respondan “por todos los perjuicios que le ocasionaron por el incumplimiento de obligaciones válidas, vinculantes y enteramente exigibles”. La medida, que también exige el pago de las costas del caso, también se hizo extensiva a sociedades ligadas a los ex directores: Inversiones y Asesorías Arlop Limitada (Aresti); Inversiones Neltume (Irarrázabal ); Asesorías e Inversiones Santa Cecilia (Pedro Pablo Errázuriz); Inmobiliaria El Cedro (Pedro Pablo Errázuriz Domínguez y Francisco Javier Errázuriz Domínguez); e Inversiones y Asesorías Las Cruces (Francisco Javier Errázuriz Domínguez ). En el escrito, la defensa de Itaú explica que el banco fue contactado por los demandados, con el objeto de que renegociara y refinanciara las deudas que, a esa fecha, eran pasivos de FW y que, según se le indicó, ésta se encontraba imposibilitada de cumplir en los términos originalmente pactados. “Mi representada concurrió al refinanciamiento resultando determinante el compromiso asumido por los accionistas, propietarios y controladores de FW, de asumir un conjunto de obligaciones, dentro de las que se cuenta la de hacer un aporte de fondos suficientes a FW para que ésta pagare, de ser necesario, de manera íntegra y total sus acreencias para con mi representada”, dice la demanda de Itaú, banco en el que participa como accionista el Grupo Saieh, que a su vez es controlador de Copesa, empresa que edita La Tercera. Los demandados, que fueron notificados el pasado 8 de enero, enfrentan otras acciones judiciales de la misma índole, entre ellas, una de Consorcio, por más de $ 3 mil millones y otra de Banco Santander, por $ 2.600 millones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/itau-demanda-mas-us-54-millones-ex-socios-fernandez-wood/
  18. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326842-caso-luchsinger-mackay-ingresan-tres-recursos-de-nulidad-por-sentencia-absolutoria-del-caso-luchsinger-mackay/?hl=%2Bluchsinger&do=findComment&comment=23005678 02 Diciembre 2017 Juez que absolvió a comuneros en caso Luchsinger: “Es un honor ser calificado de garantista” Hace unas semanas, José Ignacio Rau, miembro del Tribunal Oral de Temuco, liberó a 11 comuneros mapuches que fueron absueltos por el brutal crimen ocurrido en 2013. Vestido con una chaqueta roja, aseguró que no hubo pruebas para “derribar la presunción de inocencia” de los inculpados. Hoy, defiende el fallo, critica la calidad de la investigación en el caso Luchsinger y asegura que fue la fiscalía la que no pudo justificar una condena. “Esa chaqueta roja me la compré en Roma, en mi último viaje a Europa, y la esperaba usar en algún momento. Me gusta el rojo, me gustan mucho los colores. ¡Y es eso! No había ningún otro mensaje detrás en el uso de ese atuendo”. El juez oral de Temuco, José Ignacio Rau Atria, quien presidió las audiencias del segundo juicio por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay, afirma a Reportajes que no pensó que su vestimenta el día del veredicto causaría impacto y que -incluso- se abriría lo que califica “un absurdo debate” de cómo un magistrado debe vestir al momento de administrar justicia. “Juramos cumplir con la Constitución y la ley. La dignidad de la magistratura está en ese apego, no en cómo uno vista”, dice. No oculta cierta decepción de que ese día su chaqueta roja haya captado más la atención que la resolución que dictó -junto a los jueces Patricia Abollado y Luis Torres- y en que se absolvió a 11 personas acusadas por la fiscalía de participar en el asesinato del matrimonio ocurrido el 4 de enero de 2013 en el fundo La Granja Lumahue, en Temuco. “Yo me visto de manera distinta, uso pañuelos, humitas de colores celeste, rojo, azul, siempre… Obvio que después me di cuenta de una situación que no preví: muchísima gente se distrajo del fondo trascendente de lo que estaba ocurriendo en ese acto republicano, la culminación después de un juicio larguísimo, con una relevancia muy importante para la manera de investigar casos de esta magnitud”, señala. Rau tiene 49 años. Ingresó al Poder Judicial en 1998, fue juez de letras en Panguipulli, Natales, juez de garantía en Castro y secretario de la Corte de Apelaciones de Temuco, además de dirigente de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM). Su labor gremial -según cercanos- la ejerce con intensidad, al igual que la mayor pasión de su vida: la música. Desde hace 40 años canta. Su actividad coral partió a los nueve años y se ha consolidado llegando a ser tenor solista del coro de cámara de la Universidad de la Frontera y participado en festivales internacionales. Es primo del también abogado y militante socialista Fernando Atria, de quien es muy cercano. Crecieron juntos y, pese a estudiar la misma carrera, tomaron caminos muy distintos: “Fernando es un prestigioso abogado constitucionalista y político. Yo, al ser juez, elegí la prescindencia política. Hay respeto y admiración mutua, en algunas cosas coincidimos, en otras no tanto”, dice. En lo que ambos concuerdan y defienden es la relevancia del respeto al debido proceso y el rol que en ello juega el Poder Judicial para resguardar el control de las garantías de los ciudadanos ante el poder del Estado y las policías. Así lo dejaron de manifiesto Rau y sus colegas en el fallo del caso Luchsinger, del 14 de noviembre, y en que asestan una dura crítica al actuar de la fiscalía y Carabineros. El juicio En el fallo señalan que entienden el dolor de la familia. ¿Cómo se explica que un caso como este tenga solo un responsable? Una primera cuestión, y lo digo en lo personal, aunque lo conversamos también con los jueces de la sala, es que este hecho es brutal. Lo vivido en sí por esta familia en esta causa fue desgarrador y espantoso. Ninguna persona en este país, menos nosotros, hubiese querido que esto quedara impune. ¿Qué pasó, entonces? Lo que la gente debe entender es que la labor de los jueces es analizar la calidad de la prueba que se rinde en un juicio para establecer si es posible o no condenar a tales o cuales personas. La labor de un juez no es actuar como justicieros en este país. Es ejercer el último bastión de control de la legalidad de una investigación y del estado de derecho. La fiscalía insiste, pese a la absolución, en que los acusados participaron en el crimen. ¿Qué responsabilidad le cabe al Ministerio Público? La sentencia lo dice claramente. Nosotros evaluamos la prueba y no llegamos al convencimiento de que aquella fuera suficiente para condenar. En esos términos, la investigación no logró su objetivo. Hay que separar lo que es el caso policialmente resuelto de lo que luego se lleva a juicio oral, porque el estándar es distinto. Ahí lo que nos corresponde, no porque queramos, sino por ley, es ejercer el control en la investigación. En este juicio quedó de manifiesto que la investigación de la fiscalía no logró sortear este control. ¿Cuál fue el problema? El problema es que se crean expectativas en la gente, se hacen afirmaciones antes del juicio que nos ponen a los magistrados en una posición incómoda. Se lanzan afirmaciones a la opinión pública con poca responsabilidad. Como jueces, tenemos un rol específico, que no es ser popular, y quizás en eso como Poder Judicial hemos fallado, en que la ciudadanía entienda bien cuál es nuestra función. Los jueces no fallamos según la pretensión o clamor popular. De otro modo, seriamos justicieros, estaríamos a la altura de un superhéroe como los que están de moda en el último tiempo. No. Nuestra labor tiene que ver con un juramento que hicimos cuando asumimos nuestros cargos, que es someternos a la Constitución y a la ley, nada más. Y como se nos exige evaluar la investigación del Ministerio Público, lo hicimos, y los fiscales no lograron superar los estándares para condenar. Y en eso las pruebas fueron clave. En el fallo hablan de pruebas defectuosas, ¿a qué se refieren? En la sentencia consideramos que la información introducida a juicio y respecto de la cual se trabajó en el informe pericial, correspondiente a teléfonos asociados a los acusados, no tenía ninguna explicación racional. No había nada que justificara que esos teléfonos estaban asociados a tales personas, ni que fueran utilizados por ellos. Nunca supimos. Entonces, si no hay claridad respecto del insumo sobre el cual se trabaja en un peritaje, si hay dudas sobre su obtención, el origen, el peritaje en sí es deficiente y genera dudas. Critican a la policía por realizar un levantamiento tardío de evidencia. Parece grave que en un caso como este haya errores de ese tipo… Hay mucha gente que critica nuestra decisión sin haber estado en el juicio ni un día, ni haber leído la sentencia. Llama la atención que ante un hecho tan grave, en el que se produce un incendio con resultado de muerte, se obtenga una evidencia clave vinculada directamente a la manera de producir un incendio, como es un bidón con combustible en su interior varios días después del siniestro. Es decir, se estaba investigando un incendio y no se le dio la relevancia a levantar un bidón con combustible. Ese tipo de situaciones generan dudas acerca de cómo llega esa evidencia a ese lugar y por qué se recoge tan tarde. Siendo un caso emblemático, ¿les sorprendió la deficiencia en la investigación? Una crítica que hacemos internamente es si así se investiga un caso prioritario, ¡qué queda para el resto! Los casos de absolución, en general, tienen que ver precisamente con deficiencias graves en las investigaciones. Y lo grave es que no se vislumbra algún plan de retroalimentación, porque pese a las advertencias que hacemos los jueces en las sentencias, no se ve que las investigaciones mejoren. Incluso, hablan de vulneración de garantías constitucionales en la indagatoria… Sí, fue en uno de los allanamientos de la casa de la machi. La falta de prolijidad en la manera en que se lleva a cabo la diligencia quedó en evidencia cuando se exhibió el video que la policía hizo. Ahí quedó registro de que mientras se hace ingreso y se allana una de las dependencias del domicilio se le impide el acceso libre. El dueño o el ocupante del lugar allanado tiene derecho a estar presente en la diligencia, y eso, por razones de evidente control de lo que se pueda ir encontrando en el lugar. Eso no se lleva a cabo, se les impide el ingreso a la ruca que hay en el lugar, y aparentemente habiendo estado editado el video, aparecen imágenes de lo que estaba en su interior, donde no hay nadie más que policías sacando objetos de un lugar en específico. Eso generó dudas en términos de la legitimidad de ese procedimiento. ¿Ahí se hallaron pruebas? Así es. La pregunta es ¿por qué se graba y se permite el acceso de todas las personas al resto de las dependencias y no a ésta en específico?, que es el lugar donde supuestamente se encuentran evidencias que serían del tipo incriminatorias. Esa diligencia es desprolija y atenta contra normas específicas del Código Procesal Penal que obligan a las policías a facilitar el acceso de los ocupantes del lugar que están siendo allanados. Como jueces, no podemos dejar pasar por alto cosas de ese tipo. También hubo erróneos registros de reconocimientos fotográficos y rutas de huida de los atacantes y operaciones de rastreos de huella que no estaban escritas en ninguna parte. Y qué pasa con el testimonio de uno de los acusados, José Peralino, que era considerado clave por la fiscalía… Lo que pasa es que la información que pudo haber introducido esta persona en la fase de investigación se allega al juicio a través de testigos que estuvieron presentes mientras esta persona hizo su declaración en esa fase. Pero, insisto, esta persona jamás declaró en el juicio. Guardó silencio. Y nosotros valoramos lo que se nos presenta. La información que sí se introdujo a través de policías es lo que él habría dicho, lo que los policías escucharon. Eso se somete a la valoración y es lo que nosotros decimos en la sentencia que fue insuficiente. ¿Cree que hubo prueba fabricada? Eso ya es especulación, pero ante ese riesgo un juez debe actuar y lo hicimos. Lo que quiero es que se entienda que el riesgo de que inocentes hubieran sido condenados en esta causa era muy alto. Con una prueba de esas condiciones se corría ese riesgo. Y el estado de derecho actual no lo permite. El ciudadano Rau Antes de que empezara el juicio lo cuestionaron por unos posteos de Facebook. ¿Qué pasa con sus opiniones de terrorismo antes de un juicio como este? ¿Debió inhabilitarse? Soy de la postura de que los jueces somos ciudadanos. Como tales, tenemos derechos a manifestar nuestra opinión en el ámbito que sea. Luego, yo jamás he hecho comentario alguno sobre causas que me toquen intervenir como juez. Dichas publicaciones en mi cuenta personal de Facebook tenían que ver con situaciones que habían estado ocurriendo con muchísimo tiempo antes de mi designación como integrante en la sala de este juicio. No tenían ninguna vinculación con la causa en concreto, jamás lo he hecho y jamás lo haría. Y sí, efectivamente, jugué con la ironía en algún momento dado. Algún personaje irresponsablemente, y varios en realidad, dicen que en la IX Región no hay estado de derecho. A los pocos días aparece una publicación que da cuenta que la capacidad hotelera de la región ha aumentado en términos muy significativos. Y yo lo que digo en el posteo es que debe ser muy interesante vacacionar en una región donde no hay estado de derecho. Eso es lo que digo de manera irónica. En este juicio, es el estado de derecho, finalmente creo yo, el que prosperó y es el exitoso. Porque a través del estado de derecho, siendo los jueces el último bastión para su defensa, es el que determinó que una investigación como la que vimos que se llevó a cabo por un ente de Estado, el Ministerio Público, no superó los estándares que la ley exige para haber obtenido condena. Entonces, señalar con tanta irresponsabilidad que no opera el estado de derecho en Chile, en algunos casos y en la región particularmente, me parece que es inaceptable. ¿Usted cree que vive en una zona donde hay terrorismo? Vivimos en una zona donde hay situaciones complejas que deben ser resueltas, a veces, de manera política, no judicial. Y hay hechos que podrían calificarse, tal vez, de terrorismo, siempre y cuando tengamos la posibilidad de probarlo, ese es un asunto fundamental. La ley en Chile tiene graves deficiencias al momento de describir conductas terroristas, porque introduce exigencias del tipo subjetivas muy difíciles de probar. En definitiva, eso atenta contra quien pretende invocarla, porque las pruebas no logran finalmente llevar a convicción de aquellas voluntades o ánimos en los perpetradores. Y, por otra parte, esa ley permite que para que a un imputado se le revoque su prisión preventiva, la decisión en la corte deba ser unánime. Creo que debería modificarse en ambos sentidos. Causó revuelo que se anunciara su participación en un seminario sobre la Ley Antiterrorista, uno que se suspendió después, ¿por qué quiso asistir? Fui invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, a través de un querido colega, quien me pidió intervenir únicamente en una primera parte del conversatorio, que tenía que ver con la función del juez en el juicio penal. Sin hablar en particular de la Ley Antiterrorista. Se levantó una polémica absurda, por un tema, además, de índole académica, cuestión que no se nos tiene prohibido a los jueces. ¿Se considera usted un juez activista? Si por juez activista corresponde decir que somos aquellos que nos interesa relevar el rol de los jueces en la sociedad y defender a ultranza la independencia judicial, tanto interna como externa, sí soy activista. Soy activista para que la independencia judicial sea un baluarte que sea imposible de derribar acá en Chile. Mi única causa es que la independencia judicial sea respetada siempre. ¿Y garantista? No es una calificación peyorativa ser tildado de garantista, al contrario, es un honor de los jueces en Chile. Insisto, juramos nuestro desempeño en torno a la Constitución y la ley para ser garantistas, para garantizar el derecho de las personas. Pero somos garantistas de los derechos de todos, no sólo del imputado. Después del veredicto, el fiscal nacional visitó a los familiares de las víctimas. ¿Qué le pareció? Escuché que dijo que había fracasado el Estado. A título personal, rebatiría esa opinión haciendo la siguiente afirmación, “pudo haber fracasado una parte del Estado en su pretensión punitiva”. Esa “parte del Estado” se refiere a la fiscalía… Sí, pero prosperó el estado de derecho al haber obtenido la resolución que se obtuvo. Cuestión que no todo el mundo entiende en realidad, y en la cual hay que hacer un reforzamiento, porque, de otro modo, estaríamos retrocediendo a estados más primitivos de la convivencia nacional, como cuando el juez investigaba y fallaba, juez y parte. Esa etapa está superada y tenemos un sistema procesal penal que cumple con los estándares de derecho internacional, de derechos humanos. Y a los cuales el Estado está obligado a respetar. También la fiscalía. El estado de derecho fue, finalmente, el triunfador en este asunto. fuente: http://www.latercera.com/noticia/juez-absolvio-comuneros-caso-luchsinger-honor-calificado-garantista/
  19. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/322644-caso-nabila-rifo-mauricio-ortega-acusa-silencio-de-nabila-rifo-por-presiones-de-la-fiscalia/?hl=%2Bcaso+%2Bnabila+%2Brifo&do=findComment&comment=22738984 28 Diciembre 2017 Nabila Rifo demanda a Canal 13, a Tonka Tomicic y a ex director de matinal por difusión de peritaje ginecológico "Los demandados se comportaron como si Nabila lisa y llanamente no existiera, como si se tratara de un personaje ficticio, sobre el cual especular con absoluta libertad, frente a todo el país", se señala en el texto. El total exigido es de $200 millones. Una demanda por un total de $200 millones presentó Nabila Riffo en contra de Canal 13, del ex director del matinal Bienvenidos Pablo Manríquez y de la animadora Tonka Tomicic, por la difusión de los detalles que el ginecólogo Francisco Redondo entregó durante el juicio oral por la agresión que sufrió la mujer en Coyhaique. Se debe recordar que el profesional entregó el testimonio en el tribunal de la Región de Aysén el 11 de abril de este año, mientras que el matinal las difundió un día más tarde, en un episodio que derivó en la salida de Manríquez y en diversas manifestaciones de repudio, entre ellas las de la ministra de la Mujer Claudia Pascual. De acuerdo al texto de la demanda, presentado en el 26° Juzgado Civil de Santiago, “tanto Tonka Tomicic como Pablo Manríquez en la dirección, aún cuando sabían que el juicio continuaba su curso, instalaron ante la opinión pública que la estrategia de la defensa (insisto, exclusivamente la prueba e intervenciones de la defensa) eran lo medular del caso y tenían el mérito para a partir de ellas, arribar a conclusiones. Esto es, a partir de los supuestos conflictos por dinero y la vida sexual e íntima de mi representada. Cabe precisar que ninguno de los demandados ejerce una actividad que los autorice a realizar dicho escarnio televisivo”. (Nota: Acá se puede ver la querella completa https://es.scribd.com/document/368036374/Demanda-Nabila-RIfo-contra-Canal-13-Pablo-Manriquez-y-Tonka-Tomicic#from_embed ) Agrega que “los demandados, negligentemente, no tomaron en cuenta el delicado proceso en que se encontraba envuelta, y difundieron esta pericia y sus conclusiones, sin detenerse en que con ello entorpecieron la viabilidad de que ella pueda superar la experiencia traumática vivida. Esta circunstancia aumenta la gravedad de las conductas de los demandados, ya que Nabila es una mujer gravemente violentada, que se encontraba y aun se encuentra en un evidente estado de vulnerabilidad, que se hizo patente desde la ocurrencia del ataque”. “Los demandados se comportaron como si Nabila lisa y llanamente no existiera, como si se tratara de un personaje ficticio, sobre el cual especular con absoluta libertad, frente a todo el país”, subraya. El texto destaca que “los demandados solo habrían actuado de manera diligente, si hubieran decidido abstenerse de exhibir el contenido completo de la declaración del ginecólogo, y sin adicionar una pauta, comentarios, elementos de especulación e interrogantes que claramente tenían como objetivo hacer una interpretación lo más perversa posible de la situación, para aumentar la audiencia y generar así más ganancias económicas; sin ninguna consideración del momento delicado que estaba viviendo Nabila, que además de otros asuntos, estaba marcada por el establecimiento de la responsabilidad de su expareja en la agresión que casi le quita la vida”. Por este motivo, “los demandados deberán indemnizar, solidariamente o de acuerdo a como S.S. determine, los perjuicios morales causados, por la suma de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos), o la suma que S.S., se sirva fijar, más reajustes conforme a la variación experimentada por el IPC, intereses legales, todo lo anterior desde al presentación de esta demanda, y además las costas de este juicio”. Esta demanda fue ingresada el 23 de diciembre recién pasado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nabila-rifo-demanda-canal-13-tonka-tomicic-ex-director-matinal-difusion-peritaje-ginecologico/
  20. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326192-caso-caval-juan-diaz-es-condenado-a-tres-anos-de-carcel-por-soborno-y-delitos-tributarios/?hl=%2Bcaso+%2Bcaval&do=findComment&comment=23008931 01 Diciembre 2017 Caso Caval: Las escuchas entre el yerno de Lavín y el operador político UDI para coordinar declaración ante la fiscalía Esta mañana el Ministerio Público expuso una conversación ocurrida en 2015 entre Isaac Givovich y Juan Díaz, que fue calificada por la magistrada como una "coordinación para la justificación material de la factura que se atribuye falsa". Con arraigo nacional y prohibición de mantener comunicación con los coimputados del caso Caval, quedó Isaac Givovich, yerno del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, luego de que fuera formalizado esta mañana tras ser acusado de emitir boletas ideológicamente falsas en 2014 por cerca de $400 millones al autodenominado operador político de la UDI, Juan Díaz, quien el 25 de noviembre pasado fue condenado a más de tres años de cárcel por soborno y delitos tributarios. En la audiencia, el Ministerio Público encabezado por el fiscal Sergio Moya, expuso una escucha teléfonica entre Givovich y Díaz ocurrida en 2015 -al año siguiente de que se emitiera una boleta y se anulara a los meses después-, la cual está dentro de la carpeta de investigación del caso. En esta conversación, según sostuvo el persecutor, se muestran “una serie de maniobras tendientes a resolver la situación de haber emitido una factura falsa” y a “ocultar los hechos”. Tras escuchar el audio expuesto por la fiscalía, la magistrada señaló que se escucha lo que “parece una coordinación para la justificación material de la factura que se atribuye falsa”. Así comenzó la conversación: Givovich: Hola, ya mira. Díaz: Hola, ya sin nombre ni apellido, lo más reservado. Givovich: Lo que yo expliqué es la verdad y es que se me encargó por parte de la oficina de Chadwick, en su minuto, asesorarlos en el tema. Y yo vi que no tenía la capacidad técnica para hacer la asesoría y anulé la factura correspondiente, porque yo facturo antes porque muchas veces no me pagan las asesorías que voy a prestar. Esa es la explicación correspondiente. Díaz: ¿Y a qué fue eso? ¿Por qué, oye? Givovich: Porque apareció en la rendición de cuentas de Chadwick. Aparece mi factura reemplazada con tu boleta, entonces me preguntaron que qué tenía que ver yo contigo y dije ‘mire yo en verdad no tengo nada que ver con el tema, yo presté… iba a prestar una asesoría y al final no la presté. Díaz: ¡Si poh h…, pero acuérdate que me diste una boleta, pelota! Por la venta a mí. Givovich: Pero anulada Díaz: ¡Pero a mí h…, me hiciste una a mí como Isaac! Givovich: Si, y esas son las que tenemos que ver, ¿y esas qué hiciste? Díaz: ¿Cómo? Esa yo la declaré h…, como Juan Díaz eso si. Como comisión de venta mía. Givovich: Ya poh, a ti te van a pedir ahí, y ahí explicaremos, pero hoy yo no puedo decir que GES prestó el servicio, lo presté personalmente a ti. Díaz: Ah no, a mí sí, claro. Givovich: Y por varias asesorías inmobiliarias. Díaz: No, tú tienes que decir, ¡escúchame! Tú tienes que decir yo a Juan Díaz le presté asesorías en la venta, a él, a él cuando vendió… Givovich: No me preguntaron por tu boleta. Me preguntaron por la factura de GES a Wiesner, la que anulé. Díaz: Ya. Givovich: Y yo lo que expliqué fue mira, a mí se me encargó en su momento, a la empresa mía se le encargó una asesoría, el servicio no se prestó por lo tanto fue anulada en su momento. Díaz: ¡Listo! ¡Basta con eso! ¡Cambio y fuera! No hay nada más que hablar. Dentro de la conversación, Givovich le indica a Díaz que la idea es que “todos” tengan la misma versión en caso de ser llamados a declarar: “Y si te preguntan a ti, tú no tenías idea”, le explica. A lo que el operador de la UDI responde: “Me voy a hacer el h… no más”. Posteriormente, continúan estableciendo la manera en que explicarán la supuesta asesoría que se llevó adelante, y los lugares en los que se reunían. En ese momento Díaz indica que declaró toda la venta en SII, y que con eso pagó a los abogados y a las asesorías de Givovich “por ayudarme en la venta”. Al final del llamado, el yerno de Lavín explica porqué contó en su declaración que había anulado las facturas, argumentando que con eso “le mato la h…”. Givovich: No si yo lo tengo súper claro. Lo que pasa es que dí la explicación correspondiente, porque como está vinculada la h… de las facturas, le mato la h… diciendo que está anulada. Así se mata. Díaz: Claro. Givovich: Yo no cobré por esa h… y mi empresa anuló la factura porque no prestó el servicio porque no tenía la capacidad técnica para hacerlo. Punto, y así se mata. Díaz: Y en el fondo tú me asesoraste a mí. Tu eres el que más conoce a Valero, si tú se lo presentaste al Pato, o el Pato a ti, no sé cómo es. Tu lo conoces. Givovich: No si tranquilo. Tratemos de juntarnos para armar la fórmula de la cobranza del cheque. Díaz: El martes. Cuídate, un abrazo, que esté bien, chao compa. (Nota en página de fuente, se puede escuchar el audio) Fuente: http://www.latercera.com/noticia/caso-caval-las-escuchas-yerno-lavin-operador-politico-udi-coordinar-declaracion-ante-la-fiscalia/
  21. Historia del caso acá http://foros.fotech.cl/topic/326350-caso-ex-gral-fuente-alba-defensa-de-general-fuente-alba-evalua-querellarse-contra-detectives/?hl=%2Bcaso+%2Bfuente+%2Balba&do=findComment&comment=22930817 20 Diciembre 2017 A fines de 2011, cuando el investigado general en retiro encabezaba el Ejército, exigió renovar un viejo y defectuoso avión que usaba el Alto Mando. Así, se convocó a una licitación privada que se adjudicó en 2012 a la empresa Aircraft Sales Corporation por 9,3 millones de dólares. Una de las etapas clave contó con la aprobación del general Ricardo Martínez, quien asumirá como comandante en Jefe en marzo. A cinco años de aquello, el fiscal José Morales investiga si la transacción pudo constituir un eventual fraude al Fisco. Esto, por los múltiples cuestionamientos que la rodean: la Contraloría detectó que los precios de aviones similares iban entre 7,3 a 7,9 millones de dólares, una gran brecha respecto a lo pagado; un informe de la PDI estableció que existe un vínculo directo entre la empresa ganadora y Virgilio Cartoni, el mayor proveedor de armas del Ejército y cercano a Fuente-Alba; y de las 10 empresas invitadas a participar, 3 simplemente no pudieron presentarse por no cumplir algunos requisitos mínimos. Era un miércoles a comienzos de abril pasado cuando Fabiola Jaque León llegó hasta una oficina de la Policía de Investigaciones (PDI), en Ñuñoa. Ella, ejecutiva de ventas de la empresa Importaciones y Exportaciones Airsealand Ltda., había sido citada a declarar ante la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef), sobre una compra de un avión que realizó el Ejército en 2012 para que lo utilizara el Alto Mando, a petición del entonces comandante en jefe, Juan Miguel Fuente-Alba Poblete. La firma en la que trabaja Jaque, que a su vez representa a la estadounidense DM Aircraft Services Inc, fue una de las 10 compañías invitadas a participar de la licitación privada mediante la que la institución castrense adquirió una aeronave en 9,3 millones de dólares. Sentada en las dependencias de la PDI, Jaque tuvo que responder ante un policía si la empresa había participado de la subasta. También se le pidió que explicara el motivo, en caso de que la respuesta fuera negativa. “No se participó porque ninguna de las dos empresas comercializa aeronaves”, respondió Jaque de forma tajante, quien entregó su testimonio pese a que no estaba obligada. Un día antes de la declaración de Jaque, había asistido a las mismas dependencias de la PDI Mauricio Henríquez Flores, gerente de proyectos de Servicios Aéreos y Terrestres Aviasur S.A., otra de las empresas invitadas a la subasta del Ejército. Durante su testimonio, que duró más de dos horas, Henríquez explicó por qué, pese a ser invitados, no pudieron participar del proceso a través del que la institución castrense buscaba adquirir un avión marca Cessna, modelo Citation 680 Sovereign. “En el año 2012 no comercializamos aviones marca Cessna, sean nuevos o usados, por no tener la representación de dicha marca”, sostuvo Henríquez. “Los funcionarios del Ejército de Chile que participan en el proyecto y proceso licitatorio, tienen cabal conocimiento y creo que es así, que las empresas de este giro, no comercializamos aeronaves de marcas que no representamos. Por tal motivo desconozco por qué nos invitaron”, agregó. Al igual que Aviasur, otra compañía que no pudo presentar una oferta para el proceso fue Aerocardal, pues tampoco comercializaba la marca Cessna. Así, tres de las 10 empresas que fueron invitadas por la entidad no poseían los requisitos mínimos para poder competir. De las restantes siete, seis se restaron de participar por distintos motivos y la única que presentó una oferta, la estadounidense Aircraft Sales Corporation, terminó adjudicándose la subasta. Esta empresa fue representada por Juan Guillermo Soto Campos, un exoficial del Ejército que trabaja desde hace varios años para Virgilio Cartoni, uno de los mayores proveedores de la institución y quien ha sido mencionado en diversos artículos periodísticos como cercano a Fuente-Alba. Esta situación forma parte de los antecedentes que investiga el fiscal jefe de Santiago, José Morales, de la Fiscalía Centro Norte, para establecer si detrás de esa operación hay o no un posible fraude al Fisco. Radio Bío Bío accedió a detalles inéditos de esa investigación que aún no se formaliza y que surgió como una arista del caso sobre el injustificado crecimiento patrimonial de Fuente-Alba. De esta forma, ese eventual delito se suma a los que ya lo enfrentan a una indagatoria judicial: enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fuente-Alba fue una pieza clave en la compra del avión. De hecho, fue él quien siendo comandante en jefe del Ejército pidió en 2011 que se iniciara un proceso para reemplazar el avión que utilizaba el Alto Mando, pues, según consignan los documentos que respaldan la subasta, era antiguo y presentaba fallas. Y después fue quien aprobó la adjudicación a Aircraft Sales Corporation, empresa ligada a Cartoni. Durante el desarrollo del proceso también jugó un rol importante el recién nombrado comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, quien en su calidad de director de Proyectos e Investigación visó algunos pasos de la operación. Martínez, en tanto, había sido designado en ese cargo por Fuente-Alba a fines de 2010, cuando lo ascendió al Alto Mando. Cessna, modelo Citation 680 Sovereign (imagen de referencia). La transacción ha sido objeto de varios cuestionamientos, los que están incorporados dentro de los antecedentes que maneja el fiscal Morales. Uno de los ámbitos bajo tela de juicio es el precio que pagó el Ejército: 9,3 millones de dólares. Esto, ya que tanto la Contraloría General de la República como la Bridef de la PDI han realizado cotizaciones de aviones de similares características al comprado, las que arrojaron precios inferiores al monto desembolsado. Estas diferencias, que en algunos casos superan el millón de dólares, podrían conllevar un eventual sobreprecio. A ello se suma que un informe de la PDI profundizó en los nexos que tiene la empresa ganadora de la subasta con Virgilio Cartoni y apuntó a los líos judiciales en que se ha visto envuelto Mark Graubart, quien firmó el contrato en representación de Aircraft Sales Corporation. En este contexto, fuentes que saben del tema aseguran que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) está al tanto de la investigación de Morales y que está evaluando presentar una querella por eventual fraude al Fisco. Radio Bío Bío envió varias consultas sobre el tema al Ejército, sin embargo, declinaron dar una respuesta. Tampoco quisieron dar sus versiones para este artículo el fiscal Morales, Juan Guillermo Soto, ni Virgilio Cartoni. El sello de Fuente-Alba En octubre de 2011, el entonces comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel-Fuente Alba, sobrevolaba Arica en un avión Cessna, modelo Citation 650. Venía de una comisión de servicio al extranjero y se dirigía hacia Santiago. La aeronave presentó una falla y el piloto tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la ciudad nortina, lo que generó la molestia de Fuente-Alba. El avión tenía más de 20 años de uso y mostraba un evidente deterioro. “A raíz de esto, el general Fuente-Alba ordenó realizar dicho proyecto para la renovación del avión antes señalado. Debo hacer hincapié en que la orden fue generar dicho proyecto, sin especificar marca, año, modelo o empresa”, declaró el teniente coronel Claudio Fuentealba Acuña ante la PDI, el 31 de mayo pasado. Lo anterior, en el marco de la investigación que desarrolla el fiscal José Morales. Fuentealba Acuña se refería a la iniciativa que sentó los pilares y las bases para convocar a una licitación cuyo fin era adquirir un avión para uso del Alto Mando, de la cual fue designado como el encargado. Juan Miguel Fuente-Alba suma una nueva investigación por presunto fraude al Fisco tras la compra del avión Cessna, modelo Citation 680 Sovereign. A fines de agosto de 2012, tras varios meses de elaboración, Claudio Fuentealba expuso la propuesta que había preparado junto a su equipo ante el Comité Permanente de Adquisiciones del Ejército. En esa instancia explicó la necesidad de renovar la mencionada aeronave y puso énfasis en que debía ser de marca Cessna. Esto, argumentó, ya que el personal de la Brigada de Aviación del Ejército (BAVE) poseía una experiencia de 30 años con esa línea y su unidad de mantenimiento tenía herramientas especiales que eran de esa marca. Junto con ello, especificó que el año de fabricación tenía que ser de 2005 en adelante. También propuso que el precio a pagar por el Ejército debía ser de 9,3 millones de dólares; 9,2 millones de dólares por la aeronave y 100 mil dólares por el soporte de mantenimiento de ella. Estos recursos serían financiados con el Fondo Rotativo de Abastecimiento (FORA). A ello se sumaban 92.764 dólares para gastos administrativos correspondientes al protocolo de pruebas, habilitación de tripulaciones de la BAVE y el traslado del material aéreo desde el extranjero. Este monto, en tanto, provendría de los fondos presupuestarios con los que contaba la institución. Tras escuchar el plan detallado por Claudio Fuentealba, los miembros del comité lo aprobaron y autorizaron que la Jefatura de Adquisiciones del Ejército realizara una licitación privada para adquirir el nuevo avión. Así lo consigna el acta de aquella reunión, que aparece firmada por el general Antonio Cordero, jefe del Estado Mayor General; el general Miguel Muñoz, director de Logística; el general Werther Araya, director de Operaciones; el coronel Ricardo Fernández, director subrogante (s) de Finanzas; y el coronel Andrés Moraga, director (s) de Proyectos e Investigación. El proyecto aprobado por el comité llegó a manos de Fuente-Alba, quien le dio luz verde el 20 de septiembre de aquel año. Con el camino despejado, la institución extendió la invitación a participar de la subasta a 10 empresas nacionales y extranjeras: Aeroservicio S.A.; DM Aircraft Service; C&M S.A.; Air Mate Trade Winds Aircraft Sales Inc.; Aviasur; Aerocardal; Aircraft Sales Corporation; Diamond Aircraft Leasing; Cessna Customer Care Cessna Aircraft Company; y Aircraftdealer. En ese momento comenzaron a evidenciarse algunas inconsistencias, ya que como declararían algunos ejecutivos de las empresas años después ante la PDI, tres de las compañías no cumplían criterios mínimos para presentarse al proceso. En el caso de DM Aircraft Services, ni ella ni su representante en Chile, Airsealnd, vendían aviones. Mientras que Aviasur y Aerocardal comercializaban otras marcas con las cuales tenían exclusividad, por lo que no podían vender aeronaves de la línea Cessna. Como sea, el 31 de octubre de 2012 se abrió el sobre con las ofertas de las firmas interesadas. De las siete que quedaban en carrera, solo tres se presentaron al proceso: Cessna Customer Care Cessna Aircraft Company, C&M y Aircraft Sales Corporation. Sin embargo, C&M no dejó precisamente una oferta. “Lamento informar que en esta oportunidad nuestra empresa no podrá participar en esta propuesta”, escribió en una carta el director y socio de la empresa, Virgilio Cartoni, quien es conocido por ser uno de los mayores proveedores del Ejército y por sus vínculos con Fuente-Alba. Cessna Customer también presentó una carta de excusa, por lo que la única empresa que hizo una oferta concreta fue la estadounidense Aircraft Sales Corporation. Así, con el camino despejado, su propuesta fue analizada el 12 de noviembre por el Comité Permanente de Adquisiciones, que leadjudicó la licitación sin formular ningún reparo sobre el proceso. Dentro del comité había cinco miembros que tenían derecho a voto: el general Antonio Cordero, jefe del Estado Mayor General; el general Werther Araya, director de Operaciones; el general Jozo Santic, director de Finanzas; el general Ricardo Martínez Menanteau, director de Proyectos e Investigación; y el general Miguel Muñoz, director de Logística. De todos ellos, hay dos que llaman la atención. Uno es Jozo Santic, quien aparece involucrado en investigaciones sobre millonarios fraudes al interior del Ejército (ver acá el artículo). El otro es Ricardo Martínez, quien en marzo próximo asumirá como el nuevo comandante en Jefe del Ejército. Martínez es cercano al general en retiro Fuente-Alba, ya que fue él quien lo ascendió al Alto Mando en 2010 y lo instaló como director de Proyectos e Investigación, cargo en el que, justamente, visó la cuestionada compra del avión. Luego del visto bueno del comité, la decisión final quedó en poder del general Juan Miguel Fuente-Alba. Su aprobación, firmada el 15 de noviembre de ese año, selló la licitación a favor de Aircraft Sales Corporation (revisa acá los pasos de la operación). El factor Cartoni Después de que el fiscal José Morales separó la investigación de la compra del avión respecto de la que lleva a cabo sobre los eventuales delitos cometidos por Juan Miguel Fuente-Alba, en noviembre de 2016, le encargó a la Bridef que realizara diversas diligencias. Estas incluyeron tomar declaraciones a los involucrados en la subasta y la revisión de documentos, entre otras. Luego de varios meses, la Bridef emitió un informe en agosto de este año, al cual accedió Radio Bío Bío. Dentro de las observaciones que formuló, una de las principales apuntó al papel que desempeñó en el proceso Juan Guillermo Soto Campos, oficial del Ejército en retiro (revisa acá el informe de la PDI). Cuando las empresas invitadas a participar debían retirar las bases de la licitación, Soto Campos lo hizo en representación de C&M, la compañía donde Virgilio Cartoni es socio y director. Después también retiró en nombre de C&M las respuestas que dio el Ejército a las preguntas formuladas por las compañías. Hasta ahí todo parecía normal. Sin embargo, ocurre que Soto Campos de forma paralela representó a Aircraft Sales Corporation, la firma que terminó adjudicándose la subasta. “La representación de Juan Soto Campos, ahora para la empresa Aircraft Sales Corporation, se materializó mediante el poder especial que le fue otorgado con fecha 31 de octubre de 2012, por Michael Ángel Domínguez, gerente internacional de Aircraft Sales Corporation, en el que se registra como domicilio comercial de esta empresa (N° 8356, NW 30, Terrace, Miami, Florida, Estados Unidos), el mismo que figura asociado a la empresa C&M World Enterprises S.A., en su página web, en donde además se observa una vinculación de esta última con C&M Chile y www.cymchile.cl, ambas correspondientes a Comercializadora, Exportadora e Importadora CYM S.A., de la cual es socio Virgilio Cartoni Maldonado”, estableció el informe de la Bridef, firmado por el subcomisario Rodrigo Millán, quien fue el oficial investigador. Es decir, la PDI estableció que, a través del rol desplegado por Soto, existía un vínculo directo entre la compañía ganadora de la subasta y Virgilio Cartoni, quien es conocido por ser uno de los más importantes proveedores del Ejército, principalmente de armas. El histórico nexo de Cartoni con el Ejército, además, ha estado envuelto en varias polémicas. Una de las más difundidas está ligada al contrato por 16,5 millones de dólares que se adjudicó una firma representada por Cartoni para la provisión de más de 3.000 visores nocturnos. La primera licitación por este material se debía adjudicar en enero de 2013, pero se invalidó por supuestos errores administrativos. Luego se abrió un nuevo proceso que se adjudicó la firma belga OIP Sensors, representada por Cartoni, luego de sortear una serie de cuestionamientos. Entre ellos, algunas de las compañías rivales acusaron que Cartoni se reunió con uno de los evaluadores del proceso, el coronel Alex Gluzman, unos días antes del anuncio de los resultados, lo cual estaba prohibido en las bases. Cabe precisar que en la licitación del avión Cessna, Alex Gluzman también tuvo injerencia: formó parte del comité permanente de adquisiciones, donde tenía derecho a opinar pero no a votar. Viriglio Cartoni también ha sido sindicado como alguien cercano al investigado general en retiro Fuente-Alba, quien fue un personaje clave en la compra del avión Cessna. Según publicó Ciper en 2016, hay al menos tres nexos entre ellos. Uno de ellos consiste en que dos primos de Cartoni, los generales ® Patricio Cartoni Viale y Alessandro Cartoni Pruzzo, coincidieron con Fuente-Alba en el Alto Mando del Ejército en 2005. De hecho, el general en retiro ha reconocido públicamente que Alessandro es uno de sus mejores amigos, aunque ha descartado algún tipo de amistad con Virgilio. Otro de los nexos se generó cuando Fuente-Alba asumió como comandante en jefe en marzo del 2010, pues nombró como auditor general del Ejército al abogado Marcelo Felipe Cibié Bluth, quien tiene una sociedad con Cartoni en Miami desde 2005. Los enredos de Soto Para aclarar los evidentes nexos de Juan Soto Campos con Virgilio Cartoni y la empresa que se adjudicó la subasta, la PDI interrogó al primero el 10 de mayo pasado. Soto relató en su testimonio, que se extendió por casi cinco horas, que ingresó al Ejército en 1975 y jubiló el 2000 con el grado de teniente coronel, al tiempo que egresó como ingeniero aeronáutico. De hecho, precisó que formó parte de la Brigada de Aviación durante los últimos años de su carrera. Posterior a su retiro, comenzó a realizar asesorías aeronáuticas de forma independiente y en un principio le prestó servicios a la empresa Aero Dealer. “Mientras prestaba servicios a esta empresa, fui contactado por el señor Virgilio Cartoni Maldonado, a quien conocía anteriormente a través del Ejército de Chile y en circunstancias que yo desempeñaba funciones como ingeniero aeronáutico en Timor Oriental y él en su calidad de proveedor de repuestos de helicópteros”, contó Soto al subcomisario Millán. “El llamado de este señor fue con el objeto de que los asesorara administrativamente en el departamento de logística de su empresa C&M S.A., por cuanto existía un desorden generalizado”, añadió. Así, desde el 2001 hasta la actualidad presta servicios a la empresa de Cartoni como asesor de ingeniería aeronáutica y también como asesor técnico, aunque, precisó, sin estar contratado y sólo a través de la emisión de boletas. Cuando le preguntaron por la subasta convocada por el Ejército, el exoficial sostuvo que tras enterarse de ese proceso realizó un estudio de los aspectos que involucraba, entre ellos, los costos que debía asumir la empresa ganadora. Al presentárselo a Cartoni, aseguró, éste optó por no presentar una oferta pues consideró que las exigencias eran muy altas. “Sin perjuicio de ello, debo manifestar que luego que C&M S.A. declinara participar en la licitación, yo continué con mis labores habituales y en estas circunstancias fui contactado por Horacio Peiro, según tengo entendido amigo de Virgilio Cartoni y a su vez, a quien conocí cuando yo trabajaba en el Ejército de Chile, y en circunstancias en que viajé a Estados Unidos a inspeccionar el motor de un avión y él me acompañó y brindó el apoyo de transporte, apoyando dicha visita a petición de Virgilio, como el proveedor de dicho servicio al Ejército”, señaló Soto. Detalló que Horacio lo contactó “para que colaborara con Aircraft Sales Corporation en poder representarla y así participar en la propuesta y vender el avión requerido al Ejército de Chile y, por esa razón, se comunicó directamente conmigo, pero según su pregunta, no hablamos de honorarios, solo acepté para hacer un favor a los pilotos de la BAVE, supongo que Rossi y Fuentealba”. Soto se refería al teniente coronel Claudio Fuentealba Acuña, el jefe del proyecto para la compra del avión, y al teniente coronel Francisco Rossi Giacossa, ambos miembros de la Brigada de Aviación del Ejército en aquel entonces. El exoficial continuó su relato y reveló que “recibí en las oficinas de C&M S.A., quizás a través de empresas de courier, el poder o mandato entregado por la empresa Aircraft Sales Corporation, no sé qué persona precisamente lo suscribía, para presentar la oferta técnica y económica ante el Ejército de Chile. Dicho eso, participé en dicha reunión presentando dicho documento, además de otros, con el personal respectivo”. Sin embargo, acotó, “debo manifestar que el avión que sería ofertado por Aircraft Sales Corporation ya había sido observado y analizado técnicamente por los pilotos antes señalados y en mi caso ayudaría solo en la formalidad representando a esta empresa en Chile, para cumplir con los protocolos de la licitación”. Dudas sobre el precio La primera pista que despertó el interés del fiscal José Morales sobre la compra del avión a Aircraft Sales Corporation fue un informe reservado que emitió la Contraloría General de la República en enero de 2014. El ente contralor elaboró este documento en base a la auditoría que hizo a las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), unidad del Ejército que fue la encargada de concretar la adquisición de la aeronave. Radio Bío Bío accedió a detalles del informe reservado que están ligados a la polémica licitación, donde se aprecian algunas observaciones formuladas por la Contraloría. Una de las más relevantes tiene que ver con el precio que pagó el Ejército en la transacción: 9,3 millones de dólares. “A fin de verificar la pertinencia del valor de la transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para aeronaves de similares características, constatándose que este oscila entre US$7.295.000 a US$7.975.000, monto menor al de la transacción analizada”, consigna el documento firmado por Patricia Arriagada Villouta, contralora general subrogante. En vista de la diferencia por al menos 1,3 millones de dólares que arrojó esta revisión respecto del monto que desembolsó la institución, la Contraloría le preguntó al Ejército cuáles eran las razones que explicaban aquello. La respuesta que dio la entidad, según se consignó en el informe, fue que “el material fue adquirido ocho meses antes de la fecha en que la comisión fiscalizadora efectuó la consulta por internet e incluyó una serie de prestaciones que en esa misma referencia no se considera”. Pese a ello, el ente fiscalizador remarcó que tanto “en el transcurso de la auditoría como en el oficio de respuesta, la entidad no proporcionó los antecedentes que tuvo en cuenta para fijar el valor estimado de la aeronave a adquirir, ni tampoco las variables previamente citadas en su respuesta”. Pero la Contraloría no fue el único organismo que formuló observaciones sobre el precio pagado. El informe que elaboró el subcomisario Millán de la PDI también abordó este factor. “En la presente investigación, bajo este mismo tipo de procedimiento (consulta en internet), constató un rango de precios para el mismo tipo de aeronave, año 2005, que fluctúa entre US$5.495.000 y US$8.100.000, aproximadamente”, se determinó en el documento. De todos modos, matizaron que para la brecha existente entre estos valores y lo pagado por el Ejército había considerar la depreciación de los aviones en razón del desgaste y del tiempo transcurrido. En este contexto, fuentes que saben de la investigación del fiscal Morales comentan que el persecutor busca establecer si las diferencias de los valores podrían conllevar un sobreprecio. Otro antecedente incluido en el informe de la PDI y que incrementa el manto de dudas que hay en torno a la operación, son los líos judiciales en los que ha estado involucrado Mark Graubart. Él fue quien firmó el contrato en representación de Aircraft Sales Corporation, el 21 de noviembre de 2012, mediante el cual se concretó la venta del avión al Ejército. Graubart, quien además era presidente de Aircraft, fue sentenciado en 2013, en Estados Unidos, a cumplir 1 año y 1 día de cárcel después de admitir que usó números de registros para aviones que no le pertenecían. Lo anterior, con el objetivo de asegurar cerca de 3 millones de dólares en préstamos bancarios para financiar su negocio. Nota de la redacción: La defensa de Juan Miguel Fuente-Alba, aludido en este artículo, envió una carta a Radio Bío Bío para expresar su opinión respecto a lo publicado. El contenido íntegro de dicha carta puede revisarlo acá. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/12/20/la-millonaria-compra-de-un-avion-que-abrio-una-nueva-investigacion-contra-fuente-alba.shtml
  22. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/326960-ataque-a-fulvio-rossi-fulvio-rossi-no-veo-relevancia-en-que-un-cuchillo-tenga-o-no-tenga-sangre-pagina-7/page-7 05 Diciembre 2017 Hijo de Fulvio Rossi presentó pruebas de presuntos atacantes Franco Rossi mostró imágenes de una cámara de vigilancia del edificio donde reside el parlamentario. Imágenes de una cámara de vigilancia del edificio donde reside el senador Fulvio Rossi son las nuevas pruebas que aportó el parlamentario a la indagación que lleva adelante el Ministerio Público, tras el presunto ataque que habría sufrido al interior de su comando de campaña a mediados de noviembre. El video muestra al senador saliendo de las dependencias y nueve minutos más tarde, el desplazamiento por el lugar de un vehículo del comando de la candidatura de su rival político, el senador electo Jorge Soria, el cual permaneció por casi media hora estacionado a unos 40 metros del acceso a los departamentos. A juicio de Franco Rossi, hijo del senador y quien exhibió el video a los medios de prensa, “parece razonable creer, después de estas imágenes, que en los días previos al ataque mi padre sufrió algún tipo de vigilancia. Este es un pequeño camión de los que colocan banderas en las campañas, pero nadie colocó alguna. Hay testigos dispuestos a declarar que quien iba en ese vehículo es el sospechoso del cual entregamos antecedentes al OS-9 de Carabineros. Esperamos que la investigación muestre a los responsables”, dijo. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/hijo-fulvio-rossi-presento-pruebas-presuntos-atacantes/
  23. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/306575-caso-matute-johns-l-ministra-que-investiga-caso-matute-estoy-cerca-de-la-verdad/?hl=%2Bmatute&do=findComment&comment=21820456 01 Diciembre 2017 Ministra en visita confirma investigación por posible “ataque sexual” a Matute Johns Esta tarde la magistrada se reunió con la madre de Jorge Matute y con su abogado Fernando Saenger, luego de que comenzara a circular la información de una red de abusadores sexuales. En una conferencia de prensa, la ministra en visita del caso Matute, Carola Rivas, confirmó que se encuentra investigando un posible “ataque sexual” a Jorge Matute Johns, luego de la publicación hecha por La Cuarta el 29 de noviembre pasado. El medio había indicado que la magistrada se encontraba investigando a un grupo de abusadores sexuales que en esa época operaba en la Región del Biobío. El modus operandi consistía en buscar a jóvenes en estado de ebriedad para invitarlos a una fiesta, y ahí los drogaban para cometer sus delitos. La confirmación de Rivas ocurrió luego de reunirse con la madre de Jorge Matute, María Teresa Johns y con su abogado, Fernando Saenger. En la instancia, la ministra además indicó que se daba término parcial al secreto de sumario, pero que de todas formas se mantiene un “cuaderno secreto”, cuya información será reservada. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/ministra-visita-confirma-investigacion-posible-ataque-sexual-matute-johns/
  24. 05 Noviembre 2017 Los asesinos de Rayén Meñaco fueron sentenciados a cadena perpetua calificada "Hace más de un año nos trasladamos desde Santiago para poner todos nuestros recursos investigativos, con el fin de aclarar el homicidio de la pequeña Rayen para entregarle a su familia la tranquilidad de que íbamos a detener y llevar a juicio a los responsables. Es así como hoy, junto al Ministerio Público luego de un trabajo dedicado, abnegado e integrado con más de mil diligencias investigativas realizadas entre ellos y la Dirección de Investigación Criminal a través de Labocar y Os9, hemos asistido a esta lectura de sentencia donde se ha condenado con la máxima condena que permite la ley a quienes de manera "cruel y violenta" le quitaron la vida a la pequeña Rayen" señaló el General Daniel Tapia de la Dirección de Investigación Criminal. Alfonso Monje y Belarmino Mansilla, los asesinos de Rayén Meñaco, fueron sentenciados a cadena perpetua calificada este domingo. La menor murió en abril del 2016, luego de ser atacada con un objeto cortopunzante por los dos hombres cuando iba camino a su casa. "Hace más de un año nos trasladamos desde Santiago para poner todos nuestros recursos investigativos, con el fin de aclarar el homicidio de la pequeña Rayen para entregarle a su familia la tranquilidad de que íbamos a detener y llevar a juicio a los responsables. Es así como hoy, junto al Ministerio Público luego de un trabajo dedicado, abnegado e integrado con más de mil diligencias investigativas realizadas entre ellos y la Dirección de Investigación Criminal a través de Labocar y Os9, hemos asistido a esta lectura de sentencia donde se ha condenado con la máxima condena que permite la ley a quienes de manera "cruel y violenta" le quitaron la vida a la pequeña Rayen" señaló el General Daniel Tapia de la Dirección de Investigación Criminal. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/05/los-asesinos-de-rayen-menaco-fueron-sentenciados-a-cadena-perpetua-calificada/
  25. 15 Noviembre 2017 Hans Niemeyer sale en libertad de la Cárcel de Alta Seguridad El sociólogo, quien fuera indagado por colocación de artefacto explosivo, fue condenado en 2013 por infracción a la Ley de Armas. Hace pocos minutos salió en libertad desde la Cárcel de Alta Seguridad, Hans Niemeyer Salinas, quien en 2013 fue condenado a 5 años de cárcel por porte de artefacto explosivo. El sociólogo fue investigado por la Fiscalía Sur a raíz de la colocación de una bomba en una sucursal del banco BCI en Macul y por la instalación de otro artefacto en el memorial de Jaime Guzmán. Todo ello en el marco de la Ley Antiterrorista. Sin embargo, el Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal descartó la calificación invocada por el Ministerio Público, pero condenó a Niemeyer por el delito de infracción a la Ley de Armas. Si bien el sociólogo, quien fue calificado por la fiscalía como anarquista, debía salir en libertad en febrero de 2018, se le redujo la condena por los días que estuvo en prisión preventiva. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/hans-niemeyer-sale-libertad-la-carcel-alta-seguridad/
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