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  1. 21 Septiembre 2016 Ministro Gómez asegura que 30 ex funcionarios de la CNI siguen en servicio activo en el Ejército "Hay una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura. De eso quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos. Eso es lo que tenemos como información, pero era personal civil", manifestó. ATON Compartir El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, sostuvo que al menos 30 funcionarios de la ex Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de represión durante la dictadura de Augusto Pinochet, aún siguen en servicio activo al interior del Ejército, pero ninguno ejerce cargo en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Orden. En entrevista con Emol, el titular de la cartera informó que durante los años 90 existían mil 200 funcionarios que mediante una ley secreta siguieron al interior de la institución castrense. "Hay una lista que está en una ley secreta que existe del personal que fue traspasado al Ejército al término de la dictadura. De eso quedan muy pocos y se han ido yendo a medida que se cumplen los requisitos. Eso es lo que tenemos como información, pero era personal civil", manifestó. Por otra parte, el ex senador reafirmó que las fuerzas armadas no avalan los pactos de silencios hechos por los ex miembros de las instituciones castrenses para no informar sobre las violaciones a los derechos humanos, argumentado que “todo lo que sea 'pacto de silencio', de quedarse callados en violaciones a los Derechos Humanos, si existe, son de quienes fueron miembros de las Fuerzas Armadas que hoy están en retiro. Pero la institución hoy no ampara 'pactos de silencio'. Al revés, se están buscando y entregando todos los antecedentes". En este sentido, Gómez indicó que al interior de los actuales altos mandos del Ejército "ninguno de ellos perteneció a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) ni a la CNI (Central Nacional de Informaciones), ni tuvo participación en los hechos que se investigan en los tribunales", afirmó. En dicho contexto, recordó que el comandante en jefe de esa institución, general Humberto Oviedo, elaboró un documento en el que se "hace explícita la situación que se vivió en esa época y se habla sin eufemismos, se habla de violaciones a los Derechos Humanos y creo que eso es muy importante de decirlo, porque si yo culpo al actual comandante en jefe de las violaciones que cometieron (Augusto) Pinochet y los criminales de esa época, estamos trasladando eso al actual mando y lo que tenemos que hacer es que las nuevas generaciones miren hacia atrás, les dé vergüenza los delitos cometidos y no que se establezca una cierta relación de defensa si es que es atacado el actual Ejército". Además , la autoridad efectúo un llamado a los militares en retiro a que “si tienen antecedentes lo pudiera declarar ante los tribunales”, sin embargo, “esta gente participó en una época en que había impunidad total y por lo tanto han tenido una participación en el tiempo que no ha sido de colaboración, salvo casos muy particulares". Finalmente, el otrora timonel Radical valoró la acción de la justicia para buscar la verdad sobre los delitos de lesa humanidad durante la dictadura, argumentando que “los jueces están haciendo una labor increíble desde el punto de vista de la investigación, en particular Mario Carroza. Él está haciendo una buena labor y día a día logra mayores antecedentes, con lo que significa la demora en el tiempo". Fuente: http://www.publimetro.cl/nota/cronica/ministro-gomez-asegura-que-30-ex-funcionarios-de-la-cni-siguen-en-servicio-activo-en-el-ejercito/xIQpiu!299RUy8xaA34s/
  2. 31/08/2016 Justicia tarda pero llega: identifican a agente CNI infiltrado en grupos de izquierda y responsable de crímen de dos jóvenes en 1989 Fueron uno de los últimos crimenes de la dictadura. A menos de un año que se fuera Pinochet del Gobierno en marzo de 1990 los criminales aún actuaban en plena impunidad. El agente-homicida fue encontrado en Iquique. La información se entrega después de 27 años de ocurridos los hechos. Se trata de Jorge Rivas Arancibia, ex cabo de Carabineros. El Poder Judicial hizo pública hoy el acta de procesamiento de Jorge Rivas Arancibia, ex cabo de Carabineros a quien se acusa como autor de los homicidios de Iván Palacios Guarda y Eric Rodríguez Hinojosa. Palacios (18 años) y Rodríguez (19) fallecieron en 1989 a manos de agentes de la CNI mientras intentaban instalar una bomba en una torre de alta tensión. Ambos creían que trabajaban para la resistencia, una célula independiente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Lo cierto es que Rivas Arancibia, cuya labor para la CNI consistía en infiltrar grupos armados de izquierda, los había reclutado, les dio alguna formación militar y también equipamiento para llevar adelante sus tareas. Fue él quien les encargó poner la bomba en esa torre de alta tensión, ubicada en Avenida San Pablo. Y, de acuerdo al expediente que es instruido por el juez Mario Carroza, fue el mismo Rivas quien dio aviso a la CNI para frustrar la intentona de los jóvenes y engañados terroristas. Palacios falleció en el lugar de los hechos, el 18 de abril de 1989, producto de múltiples heridas de bala. Rodríguez sobrevivió al fatídico encuentro con los efectivos de inteligencia, pero murió cinco meses más tarde. Este 4 de septiembre se cumplen 27 años de su muerte. La historia de Palacios y Rodríguez es conocida entre quienes siguen de cerca los movimientos judiciales en materia de violaciones a los derechos humanos. Uno de los trabajos más completos en torno a ella es el libro "La Trampa", escrito por el periodista Víctor Cofré. Pero había un cabo suelto. Lo único que se sabía del falso reclutador de terroristas era su chapa: Miguel. El procesamiento tramitado ayer por el juez Carroza, en el que se identifica a Rivas Arancibia, viene a cerrar una interrogante de casi tres décadas. La identificación Hasta la semana pasada, Jorge Rivas Arancibia vivía en Iquique y manejaba una empresa de seguridad que incluso tenía contratos con el municipio de la ciudad. Pero en las últimas horas fue detenido y trasladado a Santiago. Una vez en la capital, fue sometido a un careo con ex agentes de la CNI y con ex militantes de grupos de extrema izquierda. El resultado de estas diligencias permitió al juez Carroza tramitar el ya referido procesamiento. De acuerdo a los antecedentes del caso, a Rivas Arancibia se le encomendó hacerse pasar por miembro del MIR con el fin de llegar a los altos mandos de la organización. Para ello esgrimió un discurso extremo cuyo objetivo era atraer a quienes parecían desencantados con los aires más moderados que comenzaban a circular en la organización. Su objetivo fueron jóvenes que tuvieran alguna relación con presos políticos o detenidos desaparecidos. Les decía que la lucha ya no era la misma de antes, que el MIR estaba desgastado y, sobre todo, que no podían tener contacto con otros miembros del movimiento para no contaminarse. Según las declaraciones que constan en el expediente, algunos miembros de La Resistencia sospecharon de Rivas. Como no tenían acceso a ningún integrante verdadero del MIR, les resultaba imposible comprobar si su estilo marcial y su amplio acceso a toda clase de recursos eran lo habitual en el movimiento. Esas sospechas se confirmaron tras el fallido atentado en la torre de alta tensión, en abril de 1989, que terminó con la muerte de Palacios y con Rodríguez agonizante. Después de eso, los del grupo la Resistencia jamás volvieron a ver a Rivas. Hasta el careo del pasado lunes, 27 años más tarde. Este crimen se produjo sólo a menos de seis meses de la elección presidencial que determinó Patricio Aylwin fuera electo presidente de Chile y que Pinochet dejará el cargo como Jefe de Estado. Y los grupos de criminales de la policía secreta de Pinochet aún operaban en plena impunidad, a pesar de la cercanía de la vuelta de la democracia. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160831/pags/20160831130055.html
  3. Corte de Apelaciones ratifica sentencia que obliga al Ejército a dar nombres de generales que participaron en la DINA y CNI Cabe decir que la solicitud que se efectuó el pasado 7 de julio tuvo como respuesta del Ejército lo siguiente: Se entregaron los datos de un general que participó en la DINA, sin embargo se encuentran “impedidos” de dar nombres de oficiales actualmente en servicio activo, por considerarse información reservada. Pese a su explicación, la justicia rechazó los argumentos de la entidad castrense, enfatizando que lo solicitado se encuentra dentro de lo público. La Corte de Apelaciones de Santiago decidió por unanimidad ratificar la sentencia que obliga al Ejército a liberar la lista completa de generales que pertenecieron tanto a la DINA como a la CNI en periodo de dictadura. Según consigna Emol, la instancia conformada por Maritza Villadangos, Javiera González y Mario Rojas dieron el visto bueno a la resolución del Consejo Para la Transparencia que ordenó, tras la petición del abogado de DD.HH Cristián Cruz, liberar esta información. Cabe decir que la solicitud que se efectuó el pasado 7 de julio tuvo como respuesta del Ejército lo siguiente: Se entregaron los datos de un general que participó en la DINA, sin embargo se encuentran “impedidos” de dar nombres de oficiales actualmente en servicio activo, por considerarse información reservada. Pese a su explicación, la justicia rechazó los argumentos de la entidad castrense, enfatizando que lo solicitado por Cruz se encuentra dentro de lo público. Con esto, la sentencia ordena al Ejército concretamente a entregar “el listado o nómina de los oficiales ascendidos al rango de general entre el 10 de marzo de 2002 y el 11 de marzo de 2006 y que en cualquier período que va entre 1973 y 1990 formaron parte, estuvieron adscritos, integraron, fueron destinados o símil a la comisión DINA, la DINA o la CNI”. A su vez, el tribunal fijo un plazo de 10 días para hacer efectiva laa entrega de la información requerida. Fuente: www.theclinic.cl
  4. Ex jefe de la CNI Álvaro Corbalán deja la CAS y es trasladado al Hospital Militar El militar ® -condenado por violaciones a los DD.HH.- sería sometido a diversos exámenes por las enfermedades que lo aquejan. SANTIAGO.- El ex jefe metropolitano de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán Castilla, fue trasladado desde la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) hasta el Hospital Militar. Según reveló radio Bio-Bio, el militar ® -condenado a presidio perpetuo por violaciones a los Derechos Humanos-, se encuentra internado en el recinto desde el lunes. En el recinto, Corbalán estaría siendo sometido a diversos exámenes por enfermedades que lo aquejan. Éste fue trasladado a la CAS desde el penal Punta Peuco el 20 de noviembre pasado, luego de que se encontrara por tercera vez un teléfono celular y un chip, durante un allanamiento. El mayor en retiro cumple pena de presidio perpetuo por el homicidio del carpintero Juan Alegría, entre otros graves delitos. Hasta ahora, desde el Hospital Militar no se ha informado el procedimiento que se realiza al militar en retiro o si es que éste dejará el recinto. www.emol.com
  5. Gendarmería: Alvaro Corbalán seguirá preso en módulo de máxima seguridad de la CAS Alcaide le notificó al ex jefe de la CNI que no volvería a Punta Peuco ni tampoco podrá ser trasladado a una cárcel distinta, pues en ningún otro penal del país pueden asegurar su integridad física. Más de dos meses ha estado el ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Alvaro Cobalán, en el módulo de máxima seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), luego que fue trasladado desde Punta Peuco el 20 de noviembre. El organismo tomó esa decisión porque, tras un allanamiento a su celda, se detectó que tenía un celular y un chip. El jueves pasado, el alcaide del CAS, Rodrigo González Ramos, notificó a Cobalán que seguirá recluido en el sector de máxima seguridad. “Si bien es cierto que el referido no ha cometido faltas al régimen interno durante su permanencia en dicha sección, no es posible que sea devuelto a Punta Peuco, toda vez que en ese recinto cometió graves faltas al régimen interno”, señala el documento. La autoridad agregó que “no existe otro establecimiento que reúna las condiciones de seguridad necesario para poder mantener al referido, es que se hace necesario para resguardar su integridad física, mantenerlo en la unidad especial de alta seguridad”. Finalmente se decretó su reclusión en ese módulo, pero con un régimen diferente. www.latercera.com
  6. Gervasio fue asesinado por la CNI: las revelaciones de la muerte del cantante Por Equipo Cambio21 En 1990 encontraron el cuerpo colgado del uruguayo. 25 años después comienza a salir la luz. Uno de los peritos que trabajó sobre sus restos reveló nuevos datos que dan un vuelco sobre la versión oficial. Gervasio todavía no descansa en paz. La muerte del cantante estuvo envuelta en misterio y después de 25 años parece que nos acercamos a la verdad: habría sido asesinado. La muerte de José Gervasio Viera Rodríguez ha estado envuelta en una serie de misterios que han retrasado la posibilidad de conocer la verdadera causa de su deceso. Versiones contradictorias son los principales obstáculos que la familia del artista ha debido sortear para tener una respuesta más clara sobre lo ocurrido el 28 de octubre de 1990. Las sombras comienzan a debilitarse de mano de uno de los peritos forenses que trabajaron sobre los restos del cantante uruguayo. Luis Ravanal dijo que "existe con mayor fuerza la posibilidad de cambiar la figura jurídica de suicidio a un eventual homicidio", esto luego de que aseguró que los daños sobre uno de los huesos que forma la laringe es post mortem. "Está demostrando que no hay signos de vitalidad en el hueso, está demostrando que la única situación en que se puede provocar la fractura es post mortem, es que el cuerpo haya sido colocado en esa posición una vez ya fallecido, es la única explicación mecánica y física que hay (...) Esto se analizó con lupa y no hay signos de hemorragia" La versión oficial: la de los militares Oficialmente la teoría que se maneja sobre la muerte de Gervasio es quese suicidó debido a la acusación de abuso sexual que lo mantuvo 52 días detenido en la Penitenciaría de Santiago. Ya en libertad, el cantautor se habría quitado la vida colgándose de una viga en una casa abandonada en la comuna de Talagante. En entrevista con nuestro medio, el perito forense de Criminalista SAV, Juan Francisco Pulgar, quien tuvo acceso a la carpeta investigativa del caso, relató que la investigación está llena de vicios en el procedimiento. Exceso de personas en el sitio del suceso, contaminación de la escena y cómo se levantó al cuerpo son las principales manchas que dificultan el esclarecimiento del caso. "Más allá de los cuestionamientos sobre las formas que rodeó el caso, hay elementos de fondo que son clave respecto al surco que es de carácter ascendente, la lineación entre el muro, el nudo y la posición final del cuerpo es perfectamente alienable, entonces, eso descarta mucho la intervención de terceros. A lo menos que el involucrado haya tenido conocimientos muy avanzados para la época", dijo Pulgar. El cuerpo del artista fue encontrado colgando de una viga en un recinto abandonado en la comuna de Talagante CNI El periodista César Parra es el autor del libro "Quien más que tú", que desentraña la muerte de Gervasio y que vinculó a distintos miembros del espectáculo con la muerte del cantante. En el especula que el crimen habría tenido ligazones políticas, que incluyó a exagentes de la DINA. Al salir el libro Parra se enfrentó con varias personas. Hoy está más tranquilo y asegura que esperaba que llegara este día; en que se le da la razón. "En Chile hubo gente de la noche, de la bohemia, que de algún modo eran amigos o enemigos de Gervasio". En la hipótesis de Parra, el crimen del uruguayo fue producto de una venganza política por exagentes de la dictadura. "Siempre dije que el caso de Gervasio había que ponerlo en el contexto del año 90, donde había una CNI y un FPMR aparentemente disueltos. Ambos grupos iniciaron vendettas que estaban juradas desde hace tiempo (...) En el caso de Gervasio era pasarle la cuenta por sus participaciones en las campañas del "No" de la senatorial de Ricardo Lagos y en la presidencial de Patricio Aylwin". Parra agregó que el resultado de la primera autopsia provino de un Servicio Médico Legal aún intervenido por la dictadura, todavía con los vestigios del régimen. Checho Hirane y la dictadura En su momento Parra fue parte de la polémica, se le acusó de involucrar al humorista Checho Hirane con el crimen. Él aclara que "lo que dije es que esto comenzó con una conversación de sobremesa en un lugar como el "(bar) Romeo" (local de su propiedad), el Rodizio, que eran los lugares que la CNI frecuentaba. En ningún momento insinué que Hirane haya sido cómplice, lo que sí dije es que habían lugares que la derecha frecuentaba". "Es muy dificil imaginar a Gladys Marín salir borracha del Romeo", ejemplificó, agregando que "Gervasio fue víctima de los últimos coletazos de la CNI que estaba desapareciendo". Sobre los comentarios hechos por el perito Luis Ravanal, el Servicio Médico Legal prefirió mantener silencio ante la investigación en curso. www.cambio21.cl
  7. La CNI infiltrada en el Ejército: la confesión del comandante en jefe que sacudió a Chile. Por Equipo Cambio21 El general Humberto Oviedo reconoció que la institución mantiene contrato como "asesor" a 36 personas que pertenecieron a la Central Nacional de Inteligencia, CNI, la base represora de la dictadura. Otro "autogol" de los uniformados en días que la agenda de DD.HH se agita con nuevas revelaciones. Conmoción. El comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, reconoció ante los diputados de la comisión de Defensa, que 36 personas que fueron parte de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) figura contratada en el Ejército, en calidad de asesores. Pero destacó: en 1990, más de mil funcionarios fueron contratados, de los que quedan, ninguno tiene procesos judiciales pendientes. A la sesión asistió con el ministro de Defensa, José Antonio Gómez. Ambos expusieron ante los parlamentarios, luego de los emplazamientos públicos desde el mundo político y civil sobre las declaraciones del Caso Quemados y la revelación que uno de los autores del crimen de Rodrigo Rojas de Negri, el oficial ® Julio Castañer, estaba contratado por el Ejército. Las declaraciones ponen en duda la real voluntad de las Fuerzas Armadas por colaborar en la investigación de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. El pacto de silencio también es un concepto que hace eco durante estos meses. Sobre esto, el uniformado fue claro para decir que la institución "no tiene ni ampara ningún pacto de silencio (...) No podría, ni por ética, decir y poder confirmar que nosotros albergamos pactos o amparamos pactos de silencio". Además, aseguró que la CNI no perteneció a la institución uniformada: "Quiero ser claro, podrán existir interpretaciones, pero la CNI nunca tuvo dependencia del Ejército, era un organismo del Estado. No fue un organismo del Ejército y (sólo) existieron personas que fueron comisionadas". Sin embargo, lo anterior fue rechazado por el diputado Ricardo Rincón (DC) quien documento en mano le demostró que mediante un oficio de 1975 se consignaba que la CNI era una rama del Ejército para funciones "especializadas". Oficio a las FF.AA y a Defensa A las declaraciones anteriores, se sumaron las que el general tenía preparadas sobre el fallecido Manuel Contreras. Ante los diputados aseguró que "se dice que murió como general, eso no es efectivo. El murió como una persona que tiene responsabilidad la familia para poder darle la digna sepultura que todo humano merece, pero no tuvo los honores militares que están dispuestos en el reglamento de Servicio de Guarnición porque hay un Decreto Supremo que ello lo prohíbe". El diputado Jaime Pilowsky (DC), presidente de la comisión, destacó que, a pesar de lo dicho por Oviedo, "no cabe duda que personal que perteneció al Ejército, y que cometió violaciones a los derechos humanos, o que los presenciaron, mantienen pactos de silencio que no corresponden, que son absolutamente condenables. Mientras no podamos esclarecer la verdad y reunir todos los antecedentes de lo que ocurrió, difícilmente se podrá cerrar una herida tan profunda para ​C​​​​hile". "Respecto de los 36 ex funcionarios de la CNI que aún pertenecen al Ejército, el general Oviedo nos ha señalado que no están vinculados a ningún proceso judicial. Cualquier persona, civil o militar, que se encuentre trabajando en la institución y que se vincule a alguna causa o sea condenado por algún delito debe ser desvinculado inmediatamente del Ejército", agregó. Pilowsky adelantó que la comisión que preside ya acordó oficiar a las FF.AA y al ministerio de Defensa para que entregue un listado de los funcionarios civiles y militares que estén contratados como asesores externos. "De encontrarse alguna vinculación entre actuales funcionarios y causas de derechos humanos deben ser desvinculados inmediatamente". Oviedo fue nombrado comandante en jefe del Ejército por Sebastián Piñera en noviembre de 2013 Ejército en duda Por su parte, el diputado y jefe de bancada del PPD, Jorge Tarud, manifestó que no quedó conforme con las explicaciones sobre la contratación de Castañer -uno de los principales inculpados en el caso Quemados-, y por eso solicitó al general Oviedo la entrega del listado completo de todas las contrataciones que hace al exterior el Ejército de Chile. Tarud agregó que "el reconocimiento del propio Comandante en Jefe de que hasta el día de hoy tienen contratados a 36 ex agentes de la CNI me parece absolutamente inaceptable, y en consecuencia llamo al ministro de Defensa a que esta gente que formó parte de una organización criminal, sea desvinculada del Ejército de forma inmediata". Tecnicismo uniformado El diputado Pedro Browne, secretario general de Amplitud, también manifestó sus dudas al respecto. En entrevista con Cambio21, destacó que aún quedan muchas preguntas sin responder, misma razón por la que Oviedo volverá a la instancia el 25 de agosto. El parlamentario consideró que las explicaciones solo dañan a la institución y la dejan bajo la duda. Según Browne "Oviedo defiende que una persona que no esté juzgada o condenada tenga el derecho a trabajar, pero una institución como el Ejército, no puede correr riesgos. Estamos viendo que de esas personas comienza a parecer más información, la que termina generando un problema al Ejército. Es un riesgo que no tiene sentido. Habiendo tantas personas que pueden colaborar, eligen a los vinculados a la CNI, la DINA y a casos de DD.HH" Sobre la supuesta independencia de la CNI de los uniformados, el diputado dijo que "es un eufemismo. No lo comparto. Quizá durante la dictadura, dependía del Ministerio del Interior, pero estaba vinculada al Ejército y controlada por las Fuerzas Armadas. Termina siendo un eufemismo sin sentido. Es un tema semántico, pero sabemos que tiene dependencia. El que estaba a cargo era un general y no un civil". El parlamentario consideró que las señales que entrega el Ejército, mientras dice que colabora con la justicia, "no se conllevan con algunas que quizás no son tan grandes, pero significan mucho y terminan empañando todo lo que hagan (...) Las contradicciones existen y una más de estas es que existan dentro del Ejército cuadros colgados de Manuel Contreras. Lo único que hacen es desprestigiar a la intuición y claramente es alguien con el que no deberían tener vinculación www.cambio21.cl
  8. Encontramos “casa del horror” de la CNI en pleno centro de Santiago (Primera parte) Por Nicolás Borcoski Sólo algunos detalles separan al edificio ubicado en avenida Blanco Encalada Nº 1935 de ser uno de los destacados en los sitios especializados en oferta inmobiliaria. Pero sus detalles son macabros: marcas de balazos en la azotea, una losa de cemento de muro a muro en el patio del primer nivel, un dudoso diseño arquitectónico y la extraña opción de usar esquirlas de plomo en los muros A finales de abril pasado una inusual denuncia, de esas que congelan los huesos, llegó hasta Cambio21.cl. Una joven pareja estaba pronta a cumplir un año de arriendo en uno de los departamentos del edificio ubicado en la Av. Blanco Encalada Nº 1935, en Santiago centro. El duodécimo mes fue el último que pudieron soportar. Necesitaban sacar su voz. Que se sepa. "Tengo sospechas, y evidencia, de que mi departamento fue un cuartel de la DINA o de la CNI". Sin filtro. El golpe fue certero. En pleno 2015, la mayoría de los chilenos podrían esperar que lo peor de la dictadura ya estuviera siendo investigado por los tribunales. Es lo que pasó con edificios de historia escrita con sangre como los cuarteles: Simón Bolívar 8800 (el descubrimiento más reciente), Londres 38, Tejas Verdes, Venda Sexy, Villa Grimaldi... la lista suma y sigue. Aún así, todavía quedan en el anonimato edificios o casas que guardan secretos de sangre en sus muros, gritos silenciosos en los rincones más profundos de su historia. Es posible que uno de esos edificios sea el de Blanco Encalada. Hay evidencias. La casa de Blanco Encalada está a una cuadra del Parque OHiggins Las marcas del horror Vayamos por parte. Hay puntos que sustentan la versión de los ocupantes de uno de los seis departamentos del edificio, quienes prefieren conservar su identidad en reserva. Lo primero que dicen es que la distribución habitacional es "peculiar". Un living-comedor ajustado, una kitchenette, un closet en el pasillo que las hace de bodega pequeña, sostienen la teoría: el edificio era de oficinas, readecuado para el arriendo como vivienda. Segundo. Cuando la pareja que nos contactó realizaron arreglos a su depto, detectaron "astillas" de plomo en la mezcla del cemento. Curioso. Eso explicaba la mala señal de los celulares. El padre de la denunciante, coronel en retiro de Gendarmería, les alertó sobre el dato. Ese metal pesado era frecuentemente usado para interferir las señales de radio. Método poco efectivo, pero eso no se sabía en los 70's. Un tercer factor llama a las sospechas sobre la existencia de este irregular "departamento". El más fuerte. El edificio de tres pisos cuenta con un patio pequeño en el primero, exclusivo para esa vivienda. Con la venta de las primeras viviendas, el primer dueño del departamento "A" dio inicio a trabajos de ampliación hacia el patio, según relató a los denunciantes. Comenzó a cavar. Solo pudo hacerlo unos centímetros. Se encontró con una losa de cemento que va de muro a muro. Dentro de la mezcla había elementos que corresponderían a restos orgánicos. Luego se sabría, por medio de equipos especiales, que el cemento tenía 1,5 metros, aproximadamente, de profundidad. Todo esto transcurrió al inicio de los años 90, en el período más duro de la transición a la democracia. La persona que hizo el hallazgo (y cuya identidad se mantiene bajo reserva), se puso en contacto con organismos de Derechos Humanos. Sin embargo, no fueron ellos los que llegaron a tocar a su puerta, sino que militares, los que se ofrecieron a realizar el trabajo, sin costo. Una condición: silencio. En esa misma conversación dijo a nuestros confidentes que el edificio había funcionado como cuartel de la CNI. Dato que reveló con total liviandad y sin explicar cómo lo sabía, dando cuenta que aún hay personas que no le toman el peso a las situaciones que vivió nuestro país o el nivel de atrocidades que hubo , con crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Por último, según los denunciantes, en los muros de la azotea hay perforaciones que corresponderían a marcas de impactos de bala. Los reconocieron al tener familiares con formación militar que lograron identificar las perforaciones como tales. El padre de él, marino. Estas son las marcas de los supuestos balazos en uno de los muros de la azotea. Esto no existe. El árbol de los secretos Existe un cuarto factor que prende las alarmas sobre la oficina/departamento de Blanco Encalada: no tiene historial que acredite su existencia, es decir, no está registrado en el Conservador de Bienes Raíces. Es aire. Saquemos las telarañas, desempolvemos las repisas y los secretos saldrán a la luz. El baúl de los secretos resultó estar a plena vista. El "clóset" del pasillo principal tenía más pasado que el que aparentaba. Cuando comenzó la mudanza y a medida que se comenzó a ocupar el espacio, encontraron documentos que simplemente no pertenecían al lugar ni a ningún otro. Varios fajos de documentación oficial correspondiente al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estaban en el fondo de esta bodega. Documentos en blanco, listos para usar, apilados. Nunca supieron de dónde aparecieron. La única certeza que tenían es que su arrendador, era un hombre de secretos. Un árbol cuyas ramas crecen a otros misterios. Los hallazgos siguieron apareciendo. El "dueño" aseguró que la vivienda había sido recientemente desocupada. Aún así, su estado era deplorable, con marcas propias del paso del tiempo. Piso manchado, murallas en malas condiciones y otras señas de abandono, además de varios objetos "olvidados" en la bodega, como cintas de video y audio y un calendario de 1992 en un muro. Después de un año viviendo ahí, la pareja denunciante estaba agotada. Dicen haber vivido el peor tiempo que recuerden. Acusan que durante los doce meses que soportaron, su arrendador los presionaba por el pago. Debía ser depositado los días 21 de cada mes, sin posibilidad de otro. Misma fecha en que los antiguos funcionarios públicos recibían sus sueldos. Los denunciantes pasaron un año completo con un montón de teorías sobre los hombros. Es bajo esa razón que denunciaron el supuesto ante el programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior. La autoridad tomó el caso y comenzaron las pericias. Sin embargo, poco pudieron hacer en primera instancia. Para poder indagar en profundidad, necesitaban tomar control de la vivienda, lo que no ocurriría con ellos viviendo ahí. Solo pudieron obtener muestras de los muros para comprobar la presencia de plomo. El ministerio se llevó parte de las hojas supuestamente pertenecientes al INE. La Policía de Investigaciones (PDI), hizo lo suyo con el resto. Esta es sólo la primera parte de la historia. Espere la siguiente parte en la próxima edición. www.cambio21.cl
  9. PROCESAN A EX AGENTES DE LA CNI POR CRÍMENES COMETIDOS EN MAYO DE 1984 Los ex represores, entre los que se encuentra Álvaro Corbalán, son acusados de asesinar a Jorge Muñoz, ultimado a balazos en Renca, y a María Loreto Castillo, dinamitada en una torre de alta tensión. Jueves 2 de julio de 2015 + Sigue a La Nación en Facebook y Twitter Cinco ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron sometidos a proceso por su responsabilidad en los homicidios calificados de dos militantes del MIR, cometidos en mayo de 1984. Los procesamientos fueron decretados por el ministro en visita Mario Carroza, en contra de los ex agentes Álvaro Corbalán Castilla, Fernando Rojas Tapia, Patricio González Cortez, Rafael Riveros Frosty Luis Torres Méndez, por su responsabilidad en el homicidio de María Loreto Castillo Muñoz, ocurrido el 19 de mayo de 1984, en la comuna de Pudahuel. También el ministro Carroza sometió a proceso Corbalán Castilla y además a los ex agentes Fernando Rojas Tapia, Luis Sanhueza Ross y Rafael Salas Cataldo por el homicidio de Jorge Muñoz Navarro, perpetrado el 18 de mayo de ese mismo año. De acuerdo a los acontecimientos, Jorge Muñoz, a la fecha militante del MIR fue ultimado a balazos en la comuna de Renca, tras ser interceptado por una unidad de la CNI, mientras que María Loreto Castillo, también militante del MIR, fue dinamitada a los pies de una torre de alta tensión en la comuna de Pudahuel. www.lanacion.cl/
  10. No más secretos: se estima que el Ejército deberá entregar los nombres de 7.436 militares en servicio activo involucrados con la CNI Por Equipo Cambio21: El Ejército chileno se verá en la obligación de tener que entregar información considerada confidencial para transparentar las investigaciones de abusos de derechos humanos y de las desapariciones en dictadura. La vía a la verdadera reconciliación nacional no ha llegado a puerto, ni siquiera con la vuelta a la democracia, pues aún quedan muchos cabos por atar en materia de derechos humanos. Este mismo razonamiento fue refrendado cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia que ordenó al Ejército entregar información sobre integrantes del organismo represor de la dictadura la Central Nacional de Informaciones (CNI) que se mantengan en activo en la institución armada. El fallo fue unánime, y los ministros de la Novena Sala, Pilar Aguayo, Jorge Norambuena y el abogado Óscar Torres, rechazaron el reclamo de ilegalidad presentado en contra de la resolución que ordenó la entrega de una copia del listado de los funcionarios del Ejército, relacionado con el personal activo, y que fueron integrantes de la agencia de la dictadura de Pinochet. El Ejército sostenía la imposibilidad de entregar dicha información dado que no existirían registros acordes con los solicitados. Además de considerarse tal información de carácter reservado, personal y por un tema de inteligencia del Ejército. La instancia judicial "En relación al primer argumento invocado en el recurso de reclamación presentado por el Ejército, esto es, que no tiene registro o archivo con los nombres de los funcionarios del Ejército de Chile, correspondiente al personal activo de la institución, que integraron la Central Nacional de Informaciones (CNI), cabe precisar, que si en su oportunidad la institución pudo cumplir con la entrega de la nómina de funcionarios de la CNI que habrían participado en el proceso denominado operación Albania que conoció el Ministro en Visita Sr. Hugo Dolmestch Urra en el año 1998, ello significa que sí se encuentra en condiciones de entregar la información referida", detalla el fallo. "Máxime si se considera que actualmente se encuentran disponibles aplicaciones tecnológicas y computacionales que permiten cumplir con aquello en mejores condiciones materiales y administrativas que en el pasado", complementa la resolución. Más aún, la resolución de la Corte añade que "la causal de secreto o reserva no resulta aplicable al caso en análisis, ya que la excepción a la obligación de entregar información por un órgano del Estado, se basa en la hipótesis de: "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", atendido a que el requerimiento de entrega de información no tiene un carácter genérico, sino que especifico, ni se han aportado antecedentes que puedan justificar que la labor requerida implique procesar un elevado número de actos administrativos, ya que la propia recurrente ha señalado en su reclamo que estima el número de funcionarios que estaría comprendido en la citada entrega de información corresponde a un universo de 7.436 funcionarios, lo que además implica que ya ha cuantificado la información atingente". La mirada de los involucrados Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto para saber cuáles eran sus apreciaciones frente a esta situación. El abogado dijo: "me parece que la Corte ha actuado bien pues esa es una información que se necesita en los procesos que se están investigando actualmente". "Es una información que debe ser pública por lo demás, por lo tanto me parece bien que la Corte obligue al Ejército a masificar esta información. Para el futuro es elemental, además de demostrar que no se trata de información confidencial y secreta del Ejército, luego, abre la posibilidad para que los jueces puedan realizar sus investigaciones con mucha más libertad y rapidez", explica el abogado. "Las causas se entorpecen sin la información, y el que estos nombres se liberen generará una mayor transparencia, optimismo y destacar los avances de los Tribunales que aportan y apoyan las causas de los Derechos Humanos. No debe haber tantos secretos al interior de la administración pública", finaliza el abogado Caucoto. La abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, en conversación conCambio21, se refirió también a la situación. "El Ejército tiene la obligación interna y nacional de entregar toda la información que sea requerida por las instituciones de investigación, y sobre todo los que tienen que ver con los listados de funcionarios de la DINE y de la CNI. Aquí no se realizan cosas con una finalidad de riesgo para el país, todo lo contrario", explica. "Que la Corte de Apelaciones pida esto es a raíz de que el Ejército tiene la obligación de proporcionar toda la información requerida. Hasta el momento ellos siempre evitaron entregar la información, a lo más proporcionaban los alias pero muy raramente los nombres", afirma la abogada. Finaliza sus comentarios refiriéndose a la responsabilidad del Ejército: "es inadmisible la forma de obrar de ellos. Los nombres reales de quiénes participaron es una obligación y si no la entregan se ponen al margen de la Constitución y de las obligaciones internacionales que obligan al Estado nacional en materia de Derechos Humanos internacionales", concluye. www.cambio21.cl
  11. Histórico: Corte de Apelaciones dictó condenas contra 33 exagentes de la CNI por crímenes en los últimos años de la dictadura La sentencia es por el secuestro de cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la que afecta, entre otros, a Álvaro Corbalán, Hugo Salas, Iván Quiroz Ruiz y Gonzalo Maass, en calidad de autores. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia en contra de 33 ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) como responsables de los secuestros calificados de Julián Peña, Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz, ilícitos perpetrados en septiembre de 1987. En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada ratificó la sentencia dictada, en octubre de 2013, por el ministro en visita Mario Carroza; sin embargo, modificó el quantum de las penas aplicadas y participación de algunos de los sentenciados por los secuestros de los cinco integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y que corresponden al último caso de detenidos desaparecidos del periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. En la resolución, el tribunal de alzada ratificó las condenas de 15 años de presidio para: Hugo Salas Wenzel y Álvaro Corbalán Castilla, en calidad de autores de los ilícitos. Asimismo, se confirmaron las penas de 10 años y un día de presidio para Iván Quiroz Ruiz y Gonzalo Maass del Valle por su responsabilidad como autores de los delitos. En el caso de Raúl Durán, Luis Santibáñez, Víctor Ruiz, Juan Jorquera, Hernán Vásquez, Sergio Mateluna Pino, José Fuentes, Juan Carlos Orellana, Roberto Rodríguez, Alejandro Astudillo, José Salas, Heraldo Velozo, Marco Antonio Pincheira, Jorge Ahumada, José Morales, Ema Ceballos, Patricio González, César Acuña y René Valdovinos, se elevó la pena de 5 años y un día a 10 años y un día de presidio, también en calidad de autores. En tanto, al ex agente Luis Sanhueza Ross, el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los ilícitos. A los agentes Manuel Morales Acevedo y Manuel Ramírez Montoya se les elevó la pena de 3 años y un día a 5 años y un día, en calidad de autores de los ilícitos. Para los agentes Aquiles Navarrete, Fernando Rojas, Julio Cerda, Marco Antonio Bustos y Hugo Prado, se dictó condena de 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como cómplices de los ilícitos, modificando su participación inicial de encubridores y, consecuencialmente, se les elevó la pena inicial de 3 años y un día de presidio. En el caso de Rodrigo Pérez y Víctor Campos se dictó pena de 3 años y un día de presidio -con el beneficio de la libertad vigilada- por su responsabilidad como cómplices, cambiándose la participación inicial de encubridores y elevando la pena inicial de 541 días de presidio. Finalmente, se absolvió a Rodrigo Barría Roger, condenado inicialmente -como encubridor- a 541 días de presidio. En el aspecto civil, la Corte de Santiago confirmó las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado de Chile, determinando que el fisco debe pagar en total la suma de $380.000.000 (trescientos ochenta millones de pesos) a los familiares de las víctimas. Monto que se dividen en $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada uno de los tres padres y un hijo demandantes, y $20.000.000 (veinte millones de pesos) para cada uno de los nueve hermanos de las víctimas www.cambio21.cl
  12. Procesan a seis agentes de la CNI por asesinato de jóvenes miristas en 1989 El ministro Mario Carroza sometió a proceso a seis agentes de la CNI implicados en el homicidio calificado de los jóvenes del MIR, Iván Palacios y Eric Rodríguez, asesinados en una emboscada previamente preparada el 18 de abril de 1989, en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana En su resolución, el juez Carroza sostiene que los agentes Humberto Leiva Gutiérrez, Hugo Acevedo Godoy, Luis Arturo Sanhueza Ross, Víctor Caro Pizarro, Armando Ávila Fierro y Juan Farías Orellana tuvieron directa participación en el operativo que terminó con la vida de ambos jóvenes. El caso de los jóvenes miristas Eric Rodríguez e Iván Palacios es recordado porque fue consecuencia de una operación de infiltración orquestada por la CNI y que estuvo a cargo de un sujeto conocido como “Miguel”, empleado civil de ese aparto represivo de la dictadura de Pinochet, quien proveía de armas a jóvenes de zonas populares del Gran Santiago. Ambos jóvenes fueron emboscados en el sector de calle San Pablo con Radal, lugar donde Palacios falleció abatido por los agentes, mientras que Rodríguez dejó de existir días después, en un centro asistencial. En su indagatoria, el ministro Carroza estableció que luego de disparar contra ambos jóvenes, los agentes de la CNI “realizaron una serie de maniobras en el sitio del suceso con la finalidad de aparentar la ocurrencia de un enfrentamiento entre los agentes del organismo de seguridad y las víctimas”. Fuente : CONTENIDO OCULTO http://www.publimetro.cl/nota/cronica/procesan-a-seis-agentes-de-la-cni-por-asesinato-de-jovenes-maristas-en-1989/xIQobq!QSzionAzRrZ2/
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