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  1. 23 Abril 2019 Chile y otros cuatro países pidieron reformar la Corte Interamericana de DDHH Junto a Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, el Gobierno firmó una nota expresando inquietudes con el actual funcionamiento del organismo. Piden a estas entidades asumir no "invadir esferas de competencia de cada uno" de los países. La Cancillería y el Ministerio de Justicia informaron que junto a otros cuatro países de Sudamérica presentó ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del Sistema Interamericano de DDHH. De acuerdo a un comunicado, los representantes permanentes de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay (todos países que actualmente tienen gobiernos de derecha) ante la entidad expresaron "las inquietudes de los Estados en relación con el actual funcionamiento del sistema regional de protección de derechos humanos", ante lo cual proponen "tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI". "La declaración subraya la importancia crítica del principio de subsidiariedad como base de la distribución de competencias del sistema interamericano. Dicho principio exige que tanto los Estados como los órganos del sistema asuman sus propias responsabilidades en la promoción y protección de derechos en la región, sin invadir las esferas de competencia de cada uno", sostiene el comunicado de Cancillería. En la nota enviada a Abrao el pasado 11 de abril, los cinco países consideran que "los Estados gozan de un razonable margen de autonomía para resolver acerca de las formas más adecuadas de asegurar derechos y garantías, como forma de dar vigor a sus propios procesos democráticos", margen de apreciación que "debe ser respetado por los órganos del sistema interamericano". Asimismo, hicieron hincapié "en la necesidad de que tanto la Comisión como la Corte apliquen de forma estricta las fuentes de derecho internacional en la resolución de los casos sujetos a su conocimiento. En este caso, dichas fuentes se identifican, principalmente, con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". El texto enfatiza que "los Estados consideran que la declaración presentada a la Comisión Interamericana representa un aporte con propuestas concretas destinado a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema de protección regional de derechos humanos". "Los Estados que suscriben la declaración conciben a la misma como el punto de partida de un diálogo transparente y abierto con los órganos del sistema, convencidos de que éste puede producir valiosos frutos en beneficio de la promoción y protección de los derechos humanos en toda nuestra región", concluye el texto. Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/relaciones-exteriores/chile-y-otros-cuatro-paises-pidieron-reformar-la-corte-interamericana-de/2019-04-23/122809.html
  2. 03 Febrero 2019 Exagente de la CNI condenado en caso Frei recurrirá a la CIDH por “trato inhumano” Raúl Lillo, preso en Punta Peuco, fue sentenciado a siete años por el homicidio del expresidente. “Ha existido una grave y persistente vulneración del debido proceso”, expresa en el escrito que presentará ante la Comisión Interamericana de DD.HH. UNA “VELATÓN” REALIZADA EL MIÉRCOLES EN HOMENAJE AL EXMANDATARIO EDUARDO FREI MONTALVA. “No me atrevería a llamar la atención y a molestar con este clamor de justicia a los miembros de esta Comisión Internacional de Derechos Humanos, si no fuera absolutamente inocente de todas y cada una de las acusaciones”. Así, a través de un escrito de nueve carillas, el exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Raúl Lillo Gutiérrez, condenado a siete años de presidio por el homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva, pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “requiera antecedentes al Estado de Chile sobre la forma y condiciones en las que el juez Alejandro Madrid ha llevado la causa”. En el documento requirió, asimismo, “que se solicite un nuevo proceso penal conducido de acuerdo con las garantías del justo y debido proceso, permitiendo que no sea un juez quien procese, acuse y condene, ya que una facultad de estas características se presta para (…) ilegalidades”. Según el exagente -quien cumple una condena de 10 años en Punta Peuco por secuestro y asociación ilícita en la muerte del exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) Eugenio Berríos-, “la posibilidad de que la muerte del expresidente haya obedecido a un homicidio ha sido creada sobre bases ficticias y es el resultado de una imposición a la fuerza del poder político y de un juez obcecado”. En ese sentido, apuntó a una “condena anticipada” por parte de autoridades políticas. Entre ellas cuestionó a Michelle Bachelet, quien cuando era mandataria escribió en Twitter que “la justicia está avanzando a quienes asesinaron al presidente Frei Montalva”. Del mismo modo fustigó al actual Jefe de Estado, Sebastián Piñera, “que también emitió juicios condenatorios sobre un caso que está en pleno desarrollo”. Con esto, dijo, se atropella su presunción de inocencia “en condiciones de enorme desigualdad y, además, vulnerando el principio de que no hay condena sin sentencia firme”. De esta forma, señaló Lillo, “en un país como el mío nadie pensaría que las opiniones condenatorias (…) no tengan repercusión en el ánimo y las decisiones de un juez que, si tiene aspiraciones de ascender, dependerá del apoyo que reciba de las autoridades mencionadas”. Según el exintegrante de la CNI, esta situación vulnera garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Resulta innegable que en este proceso me encuentro en una situación de escandalosa desigualdad en cuanto a garantías, derechos, recursos y medios”, dijo. En la misma línea, insistió en que “ha existido una grave y persistente vulneración del debido proceso”, y apuntó que Madrid “ha hecho permanecer en forma ilegal bajo reserva (…) información absolutamente relevante para las defensas, incluso información exculpatoria”. El exagente argumentó que se le diagnosticó una “depresión severa” y que “lo obrado en mi contra por altas autoridades del Estado (…) constituye un trato cruel, inhumano y profundamente degradante”. La petición a la CIDH será presentada por el abogado Raúl Meza el 12 de febrero en Washington. El profesional dijo que se sumará a la defensa de Lillo en la causa penal. “Confiamos en que nuestra denuncia internacional sea acogida y que dicha instancia exija al Estado chileno una explicación sobre las razones jurídicas y constitucionales que justifican la aplicación de un sistema procesal penal inquisitivo solo a los militares”. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/exagente-la-cni-condenado-caso-frei-recurrira-la-cidh-trato-inhumano/513314/
  3. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/344860-nicaragua-septiembre-las-razones-del-gobierno-de-daniel-ortega-para-ilegalizar-las-protestas-en-el-pais-y-la-reaccion-de-sus-criticos/?hl=%2Bnicaragua&do=findComment&comment=24099732 02 Octubre 2018 CIDH avisa de más represión en Nicaragua con giro hacia “estado de excepción” En un informe presentado en junio, el organismo documentó un "patrón" del uso de la violencia por parte de la Policía y grupos paramilitares, así como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, censura en medios de comunicación y obstáculos para la atención médica. OPOSITORES PROTESTAN AYER EN EL INICIO EL DIÁLOGO NACIONAL, EN MANAGUA. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, avisó hoy de la existencia de una “nueva etapa” de la represión en Nicaragua con restricciones de derechos que apuntan a la implementación de un “estado de excepción”. “Ese camino de empezar a constituir normas de excepción a las garantías constitucionales, a las libertades, estableciendo un régimen de prohibiciones en el país, nos parece apuntar a una transformación de un Estado de derecho a un estado de excepción”, afirmó el titular de la CIDH. Abrão se posicionó así en una audiencia para evaluar denuncias de represión y violencia durante las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en el marco del 169 periodo de sesiones del organismo, que se celebran en Boulder (Colorado). El secretario ejecutivo de la Comisión mencionó “cambios de costumbres” y la “normalización de excepciones” mediante decretos como el emitido en septiembre por la Policía Nacional para establecer que es “ilegal” organizar protestas contra Ortega. Ese “régimen de prohibiciones” podría demostrar que Nicaragua se está sumergiendo en una nueva etapa de la represión, indicó Abrão. El Gobierno nicaragüense no envió hoy a ningún representante a comparecer ante la CIDH porque consideró que las dos audiencias sobre su país no debían haberse celebrado. Según explicó Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua, el Ministerio de Exteriores envió este lunes a la Comisión una nota en la que consideraba “improcedente e innecesario” la celebración de las audiencias porque el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) ya está actuando sobre le terreno. El Meseni es un organismo creado por la CIDH y que tiene como objetivo vigilar la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Además, el Ministerio de Exteriores remitió a la Comisión un informe sobre la situación de los derechos humanos. Urrejola explicó que el Ejecutivo de Ortega no participa desde 2015 en las audiencias públicas de la Comisión para evaluar la situación de los derechos humanos en el continente americano. En la primera de las audiencias, miembros de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y periodistas de Radio Darío y Canal 100 % Noticias, entre otros grupos, denunciaron “el asedio frontal de fuerzas paramilitares y policiales” que tratan de impedir el flujo de la “información independiente”. Desde el inicio de las protestas, un periodista ha sido asesinado, otro fue herido de bala, cinco canales de televisión han sido censurados y 38 comunicadores han sufrido amenazas de muerte, secuestros o han visto cómo sus equipos eran robados, detalló el dueño de Radio Darío, Aníbal Toruño. Esta radio, la emisora más importante de León (oeste de Nicaragua), fue quemada en abril supuestamente por simpatizantes de Ortega en represalia por su línea crítica con el mandatario. Toruño, además, denunció “intimidación por parte de la policía y paramilitares” a corresponsales del diario La Prensa y lamentó la expulsión este lunes de Nicaragua de un documentalista de origen austríaco-estadounidense que trabajaba para los diarios The Guardian y The Washington Post. En la segunda sesión, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) denunciaron las detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia que sufren los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Los grupos dijeron haber recibido 182 denuncias de violencia contra defensores de derechos humanos, entre los que se encuentran mujeres que han padecido violencia sexual mientras eran detenidas, especialmente en la cárcel de El Chipote, uno de los penales donde hay manifestantes presos. El comisionado Joel Hernández, relator para las personas privadas de libertad, dijo haber recibido información sobre una mujer que fue violada en El Chipote, así como denuncias de presas a las que los guardias obligaron a tomar baños de madrugada o hacer sentadillas mientras están desnudas. “Son casos que nos preocupan y sean actos aislados o parte de un patrón generalizado, hay que documentarlo”, subrayó. En un informe presentado en junio, la CIDH documentó un “patrón” del uso de la violencia por parte de la Policía y grupos paramilitares, así como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, censura en medios de comunicación y obstáculos para la atención médica. Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, la Comisión ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de 115 individuos y sus familiares, detalló Urrejola. Fuente: https://www.latercera.com/mundo/noticia/cidh-avisa-mas-represion-nicaragua-giro-hacia-estado-excepcion/339396/
  4. 06 Diciembre 2018 Oposición se reúne con CIDH por libertades condicionales a uniformados ® entregadas por la Suprema El senador PS José Miguel Insulza, uno de los que participará de la reunión, sostuvo que en la cita se podrían abordar otros temas como el matrimonio igualitario y "a lo mejor, hasta nos preguntan algo sobre La Araucanía". Este martes a las 20.00 de nuestro país (18.00 de Washington DC) los líderes de la oposición, José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA; Heraldo Muñoz, ex canciller; y Álvaro Elizalde; timonel del PS, se reunirán con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el tema de las libertades condicionales otorgadas por la Corte Suprema a condenados por delitos de lesa humanidad. La reunión se da luego de que en agosto pasado Insulza solicitara el encuentro a raíz de las primeras libertades otorgadas por el máximo tribunal de nuestro país. “Optamos por este camino y no por el de la acusación porque nos parecía que por aquí podíamos tener más acogida y, efectivamente, la comisión emitió una declaración criticando fuertemente las decisiones sobre libertad condicional de algunas personas afectadas por delitos de lesa humanidad”, explicó el senador Insulza en diálogo con La Tercera. Justamente después de que la CIDH manifestara su “preocupación” tras la presentación de los parlamentarios de derecha ante el Tribunal Constitucional, la oposición iba a reunirse con la instancia, lo que no se pudo concretar debido al fallo de La Haya. Por lo que “fijamos una reunión para esta vez, que es una reunión de trabajo, no es todavía un debate ante la comisión, es solamente una reunión de trabajo y ahora traemos la nueva ley que se dictó, el recurso ante el Tribunal Constitucional que presentaron una cantidad de senadores de la derecha y las opiniones nuestras frente a este proyecto y la vamos a conversar con la comisión, se las vamos a exponer, lo vamos a conversar con el presidente y el relator de la comisión”, detalló Insulza. Agregó que van a exponer su postura frente a la comisión, “pero no esperamos que haya ahora una decisión ni mucho menos, más bien ponerlos en aviso de lo que está ocurriendo y a medida de que vayan desarbolándose los hechos los mantendremos informados”. Lo que buscan los parlamentarios, según indicó el senador, es que en la CIDH “tengan claro que la ley que se dictó por el congreso es una buena ley sobre las libertades condicionales, y por lo tanto sería un retroceso que esa sea, por así decirlo, anulada de alguna manera por el Tribunal Constitucional”. El parlamentario no descartó que en el encuentro se aborden otros temas que para la CIDH sean de relevancia. “Ahora seguramente vamos a hablar de otros temas también. Yo sé que la comisión está muy preocupada de los temas de matrimonio igualitario y otras cosas y probablemente nos va a pedir alguna información sobre eso. Y a lo mejor, hasta nos preguntan algo sobre La Araucanía, pero no tenemos claro eso”, indicó. Consultado por la visita que hizo el ministro Hernán Larraín a la instancia en la víspera a la reunión de la oposición, Insulza indicó que “es muy posible” que el titular de Justicia haya abordado el tema de las libertades condicionales con la CIDH, pero que “no tuve oportunidad de conversar con él y de preguntarle qué cosas había conversado y quedamos de conversar sobre esto en Santiago”. Tras la cita, Insulza sostuvo que fue “una buena reunión muy receptiva. Quedamos de informarlos apenas se viera el recurso que ha presentado la derecha en el Tribunal Constitucional y la forma en que se va a ir aplicando la nueva ley en los tribunales de justicia”. Por su parte, Heraldo Muñoz también valoró la reunión. “Fue una audiencia positiva sobre la comunicación que realizamos sobre libertades condicionales y sobre indultos a personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Informamos sobre el trámite de la ley y de este recurso que ha sido presentado ante el Tribunal Constitucional, de modo que fue una reunión donde informamos sobre la materia y expresamos nuestra preocupación sobre cómo decisiones judiciales pueden terminar acercándose a una situación de impunidad, que es necesario que la comisión conozca y que se tenga en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia y de organismos internacionales de Naciones Unidas”, dijo el excanciller. Fuente: https://foros.fotech.cl/index.php?app=forums&module=post&section=post&do=new_post&f=182
  5. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/347435-matrimonio-igualitario-octubre-ministro-de-justicia-y-subsecretaria-de-ddhh-son-citados-a-la-camara-tras-incumplimientos-con-el-matrimonio-igualitario/?hl=%2Bmatrimonio+%2Bigualitario&do=findComment&comment=24180467 02 Noviembre 2018 Gobierno revisará criterios para firmar acuerdos a nombre del Estado La Subsecretaría de DD.HH. y Cancillería crearán protocolo para la suscripción de los Acuerdos de Solución Amistosa, como el que se firmó por matrimonio igualitario. LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CANCILLERÍA HAN SOSTENIDO REUNIONES PARA ABORDAR LA FIRMA DE ACUERDOS EN EL EXTRANJERO A NOMBRE DEL ESTADO. Una serie de conversaciones entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Cancillería se ha iniciado en los últimos días para comenzar a abordar un tema que ha generado preocupación en el gobierno y que se instaló con mayor fuerza luego de que representantes de ambas carteras asistieran a una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos. El 2 de octubre, el Ejecutivo planteó ante ese organismo que el Estado chileno ha cumplido los tres puntos sobre el matrimonio igualitario que son parte del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) con el Movilh, firmado en 2016 ante la CIDH por el gobierno de Michelle Bachelet. En ese acuerdo se resolvió un compromiso que implicaba ingresar un proyecto de matrimonio igualitario al Congreso y “adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa (…) como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”. Y es este último aspecto el que ha sido utilizado por el Movilh, parlamentarios de oposición y exministros de Bachelet que suscribieron ese acuerdo para acusar al gobierno de Sebastián Piñera de un incumplimiento de ese compromiso, lo que el Ejecutivo ha desestimado argumentando que jamás se estableció una obligación para acelerar el proyecto en el Parlamento ni tampoco para asegurar su aprobación. En ese contexto, fuentes de gobierno dicen que se están comenzando a revisar los criterios bajo los cuales se firman ese tipo de acuerdos a nombre del Estado para precisar la aplicación que tendrán posteriormente en la legislación chilena. Y detrás de este objetivo se encuentra no solo el compromiso sobre matrimonio igualitario ante la CIDH, sino que también otros acuerdos internacionales que implican, por ejemplo, entrega de tierras, algunos de los cuales -dicen en el Ejecutivo- no se pueden cumplir por aspectos legales y presupuestarios. Así, el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, planteó este inconveniente el martes 23 de octubre ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, cuando fue citado a esa instancia para exponer la postura del Ejecutivo sobre el compromiso por matrimonio igualitario firmado ante la CIDH. “Creo que puede ser de interés, en algún minuto dado, ver bien el alcance y naturaleza de los acuerdos de solución amistosa. Nosotros, a propósito de un seminario que organizó Lorena Recabarren, nuestra subsecretaria de Derechos Humanos, respecto de los planes nacionales de DD.HH. y cómo cumplirlos, contó con la participación del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD.HH. y tuvimos la oportunidad de conversar con él sobre, precisamente, los ASA, porque plantean problemas”, dijo Larraín ese día. El secretario de Estado sostuvo en la Comisión de Constitución que “hay una serie de compromisos que se han adoptado y que han sido imposibles y que no se van a poder cumplir o se van a poder cumplir parcialmente”, junto con señalar que “estos acuerdos han aumentado en los últimos años, pero no tienen un procedimiento o un protocolo”. Y agregó: “No es llegar y dar un acto que pueda ser político, popular, pero que no tenga respaldo jurídico, a pesar de que el gobierno lo firme y pudiera parecer completamente dentro de norma. Entonces, hay ahí un tema que lo levanto solamente porque eso nos podría permitir entender cómo este gobierno no va a poder cumplir compromisos en algunos ASA, porque exceden de las atribuciones del gobierno”. La Tercera consultó a la Subsecretaría de DD.HH. al respecto, desde donde señalaron que se encuentran trabajando, precisamente, en un protocolo para la celebración de los Acuerdos de Solución Amistosa. En ese sentido, explicaron que “es esencial para el buen funcionamiento de un ASA que el Estado se comprometa de forma responsable únicamente a aquello que se encuentra en condiciones de cumplir desde una perspectiva constitucional, legislativa, política o presupuestaria”, junto con agregar que “a través del establecimiento de criterios generales y uniformes para la celebración de Acuerdos de Solución Amistosa se busca también evitar que este mecanismo tan útil y positivo sea utilizado de forma mañosa por quienes detenten el Poder Ejecutivo”. Así, recalcan que este protocolo apunta a “garantizar que los acuerdos de solución amistosa sean instrumentos de política de Estado, y no instrumentos de política de gobierno”. En el Ejecutivo explican que el protocolo definirá los elementos principales que todo servicio del Estado debe tener en consideración al momento de participar en un proceso de negociación para un acuerdo de este tipo. Entre otros factores, plantean la necesidad de especificar qué se puede comprometer dentro del ámbito de competencia de cada ministerio, garantizar que el compromiso tiene un sustento financiero y legal para ser cumplido, además de establecer plazos para la ejecución de esas medidas. Fuente: https://www.latercera.com/politica/noticia/gobierno-revisara-criterios-firmar-acuerdos-nombre-del-estado/385355/
  6. Historia del topic acá https://foros.fotech.cl/topic/338326-matrimonio-igualitario-marcelo-diaz-exige-claridad-del-gobierno/?hl=matrimonio+igualitario&do=findComment&comment=23611096 26 Septiembre 2018 Comisión Interamericana cita a Chile para discutir avance en trámites legislativos por matrimonio igualitario El Ejecutivo ha sido citado el próximo 2 de octubre en Estados Unidos para tratar el tema y sus compromisos pendientes respecto al Acuerdo de Solución Amistosa que firmó ante la comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Gobierno de Chile para que avance los trámites legislativos del matrimonio igualitario en el país tal y como se comprometió a hacerlo en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado ante el ente continental. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) anunció hoy el “inédito” llamado de la CIDH al Ejecutivo chileno, al que se ha citado el próximo 2 de octubre en Estados Unidos para tratar el tema. Dicha audiencia viene precedida de un aviso del Movilh a la Comisión, a través de un documento en el que explicaba que el Gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, mantenía incumplidos varios puntos firmados en el ASA. Entre esos puntos se encuentra el negativo avance parlamentario del proyecto de matrimonio igualitario que impulsó en agosto de 2017 el Ejecutivo de Michelle Bachelet. Bajo el segundo período de la ex mandataria (2014-2018) se aprobó la ley que establece el Acuerdo de Unión Civil (AUC) entre parejas de distinto o el mismo sexo, pero se ha mantenido la presión de organizaciones sociales a favor del matrimonio homosexual. Además de ese ámbito, el Movilh también denunció “declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales contra el matrimonio igualitario”, como las realizadas por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, el pasado julio, en las que se manifestó en contra de este tipo de enlaces. Además, Chadwick, en una reunión con evangélicos en la sureña región del Biobío, afirmó que Piñera “es contrario al matrimonio igualitario”, lo mismo que al aborto libre. Otros puntos que destacó el Movilh en su reporte a la CIDH fueron la presentación de indicaciones a la Ley de Identidad de Género o presentación de reformas a la Ley de Adopciones que no fueron trabajadas con la sociedad civil. “En las próximas horas el Gobierno recibirá además consultas de la CIDH sobre todos estos puntos, para que prepare sus respuestas para la histórica cita del 2 de octubre”, indicó la asociación LGTBI a través de un comunicado. Desde que se firmó el ASA en 2016, explicaron desde el Movilh, esta es la primera vez que la CIDH cita al Gobierno ante una denuncia por incumplimientos de los acuerdos. Fuente: https://www.latercera.com/nacional/noticia/cidh-cita-chile-discutir-avance-los-tramites-legislativos-del-matrimonio-igualitario/331270/
  7. 21 Junio 2018 Corte Interamericana de DD.HH. condena a Chile por violar acceso a la salud de adulto mayor La sentencia declara por unanimidad que nuestro país "no garantizó a Vinicio Antonio Poblete (76) su derecho a la salud, sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad". La situación derivó en la muerte del anciano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó este jueves al Estado de Chile por no garantizar el derecho a la salud básico y urgente de un adulto mayor, de 76 años, lo cual derivó en su muerte. La sentencia declara por unanimidad que nuestro país “no garantizó a Vinicio Antonio Poblete su derecho a la salud, sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes con relación a su situación especial de vulnerabilidad como persona mayor”. La Corte además explica que el Estado chileno vulneró los derechos a la vida e integridad personal, así como el derecho de obtener el consentimiento informado y al acceso a la información en materia de salud, en perjuicio de Poblete y sus familiares. Los hechos El caso se relaciona con la atención brindada durante los meses de enero y febrero de 2001 en el Hospital Sótero del Río a Poblete. Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su primer ingreso al establecimiento asistencial se le practicó una intervención cuando el paciente se encontraba inconsciente, sin el consentimiento de su familia y se le dio de alta de manera temprana sin mayores indicaciones. Posteriormente en su segundo ingreso al mismo hospital se le negó el tratamiento que requería, derivando en su fallecimiento en el mismo hospital el 7 de febrero de 2001. “La Corte concluyó de manera general que el Estado chileno es responsable internacionalmente por la falta de garantía de los derechos a la salud, vida, integridad personal, libertad, dignidad y acceso a la información, en perjuicio del señor Poblete Vilches, en relación con las obligaciones de no discriminación”, cita la sentencia. El caso también se relacionó con las investigaciones y acciones judiciales que se realizaron para esclarecer su muerte y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes, así como las posibles afectaciones que sufrieron sus familiares. Sobre este tema, los jueces declararon al Estado de Chile como responsable por la falta de debida diligencia y plazo razonable en la investigación de los hechos. Asimismo, se acreditaron ciertas afectaciones que repercutieron en el seno familiar y en el desarrollo de sus planes de vida. Reparación La Corte ordenó como medidas de reparación integral brindar medidas de rehabilitación para los familiares, implementar programas de educación en derechos humanos, fortalecer el Instituto Nacional de Geriatría, así como otorgar las indemnizaciones correspondientes a daños materiales e inmateriales. La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado chileno haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La Corte es un tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros. Fuente: http://www.latercera.com/nacional/noticia/corte-interamericana-dd-hh-condena-chile-violar-acceso-la-salud-adulto-mayor/216002/
  8. 21 Octubre 2017 Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La Ley Antiterrorista impide tratar el tema mapuche, que es político y social” El comisionado, de origen peruano, señala que en los casos de violencia con imputados de la etnia mapuche “es evidente que lo que está en el fondo no es un tema de terror o terrorismo, son conflictos sociales respecto de un territorio, a actividades extractivas respecto de una identidad”. Francisco José Eguiguren actualmente ocupa el cargo de presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo, que opera en Washington D.C. y es dependiente de la OEA, es uno de los dos organismos encargados de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente. El otro es la Corte Interamericana. Durante esta semana, Eguiguren -de nacionalidad peruana- estuvo en Chile para dictar una clase magistral en la celebración de los 25 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca. El comisionado, quien es relator para los temas indígenas, conversó con La Tercera sobre la situación de los derechos humanos en el país, la relación que debería tener el Estado chileno con las personas de los pueblos originarios y cuestionó que se utilizara la Ley Antiterrorista en las causas que involucran a personas de la etnia mapuche. ¿Cómo está Chile en la materia de los derechos humanos? En toda democracia siempre ha habido casos de vulneraciones de los derechos humanos, pero es distinto que pueda haber una vulneración muy puntual o un conflicto determinado que una situación estructural. Aquí las instituciones funcionan en cuanto al sistema judicial, en cuanto a las fuerzas de seguridad. Se vive una democracia, hay libertad de expresión, hay libertad de protesta, hay libertad de discrepancia. Habrá problemas a veces, como tiene que haber en una democracia, pero lo importante es cuando hay un compromiso del Estado de contribuir al fortalecimiento del sistema y dialogar con la sociedad civil y con la comisión, y buscar soluciones a los problemas con buena voluntad, con sinceridad y dialogando. ¿Cómo ve la situación del Estado de Chile con los pueblos originarios? Ha habido conflictos y se ha debatido sobre la utilización de la Ley Antiterrorista en causas con imputados mapuches. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer cuando existe algún tipo de problema es reconocer que hay un problema. A veces, lo peor que se hace es ignorarlo o desconocerlo. Creo que la sociedad chilena y el gobierno son conscientes de que debe tener una atención particular al tema de los pueblos indígenas u originarios de distintas partes del país. Creo que el tema de la Ley Antiterrorista es algo negativo, es algo cuestionable. Que en una democracia, más allá que haya habido algunos sectores radicales y actos de violencia, cuando hay un conflicto de esas características que tienen un componente de problemáticas indígenas, obviamente no es la Ley Antiterrorista el mejor mecanismo para enfrentarlo. Esperamos que esto sea pronto dejado de lado. ¿Qué efectos negativos produce aplicar la Ley Antiterrorista en casos donde estén vinculadas personas de la etnia mapuche? Siempre las legislaciones antiterroristas son controversiales. Hay un debate, incluso en el derecho penal, sobre si el terrorismo es un delito autónomo o, simplemente, es un método o un modo de cometer delitos que ya existen, como homicidios, robo, destrucción. Se supone que el terrorismo tiene la finalidad de crear terror, alarma, zozobra en la población. Más allá de que en algunos casos se utilicen métodos violentos de protesta, es evidente que lo que está en el fondo no es un tema de terror o de terrorismo, son conflictos sociales respecto de territorio, a actividades extractivas respecto de una identidad, participación a consulta o no. Entonces, creo que la idea de una legislación antiterrorista impide ver o tratar adecuadamente el tema mapuche, que es político y social. Chile ha llegado ante la comisión por temas mapuches o rapa nui. ¿Algo está pasando con el Estado que no logra solucionar sus problemas con los pueblos originarios? Yo creo que no es un tema que se resuelve con una ley o con una medida. Es un tema de políticas sostenidas, de espacios de diálogo dentro de una orientación de reconocimiento, y lo que yo he recibido de parte del Estado y del gobierno es la voluntad de trabajar en esa dirección. ¿Por dónde debería ir el camino? Para un diálogo tiene que haber voluntad, del Estado y de las organizaciones sociales, para buscar algún tipo de solución que respete el derecho a la identidad, a la tierra, a la historia, a la cultura, a la vida de los pueblos indígenas. Pero, obviamente, creo que son ellos los que tienen que definir su futuro como parte de un país. No creo que la solución tampoco sea quererlos mantener como una urna, aislados del continente. Lo importante es el poder estar plenamente ejerciendo y viviendo su identidad en un mundo integrado y desarrollado, porque existen indudables elementos del desarrollo y de la modernidad que a todos nos benefician. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/presidente-la-comision-interamericana-derechos-humanos-la-ley-antiterrorista-impide-tratar-tema-mapuche-politico-social/
  9. 10 Octubre 2017 Ya presentaron recursos de protección y requerimientos al TC contra ley de reajuste del sector público Jueces y fiscales estudian llevar a Chile a la CIDH por congelamiento de sus sueldos más altos Las asociaciones de Magistrados y persecutores penales acusan una "discriminación arbitraria" en la medida que impedirá a sus funcionarios que ganen más de 4,4 millones de pesos acceder al beneficio que elevará en 3,2% los ingresos de los empleados fiscales. Como contraparte, el CDE recordó que se trata de una medida que también afecta a ministros, subsecretarios y otros altos cargos. “Discriminación arbitraria” es de lo que acusan al gobierno las asociaciones de Magistrados y de Fiscales por excluir a sus funcionarios que ganan más de 4,4 millones de pesos del reajuste de 3,2% para el sector público, por lo que no descartan denunciar al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo indicó el abogado Hernán Bosselin, quien representa a ambas entidades, durante su alegato ante el Tribunal Constitucional en el marco de los requerimientos que éstas presentaron contra el artículo 1 de la Ley 20.975 del Ministerio de Hacienda y que se refiere precisamente al incremento de las remuneraciones de los empleados fiscales. Una vez que el organismo presidido por el ministro Iván Aróstica se pronuncie sobre dichos requerimientos, continuará la tramitación de dos recursos de protección cuya tramitación está suspendida y que fueron interpuestos en la Corte de Apelaciones de Santiago. Desde la Asociación de Fiscales se indicó que la vía de la CIDH es una opción que se evaluará conjuntamente con la asociación de jueces dependiendo del dictamen del TC y cuando se agoten las vías judiciales internas, es decir, con el pronunciamiento final de la Corte Suprema. En tanto, durante los alegatos ante el TC, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Quintana, desestimó los argumentos de los requirientes, indicando que no existe tal disciminación, ya que la norma se aplica a todos los funcionarios públicos, incluyendo a ministros, subsecretarios, consejeros del consejo de defensa del estado y ministros de otros tribunales. Y en declaraciones consignadas por el portal DiarioConstitucional.cl, afirmó que "si hubiera una restricción y en eso quiero ser muy categórico, aunque no le guste a mi querida contraparte, es que esta plenamente justificada de acuerdo a la Constitución hacer reducciones a las remuneraciones de los empleados públicos del Estado”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/10/10/jueces-y-fiscales-estudian-llevar-a-chile-a-la-cidh-por-congelamiento-de-sus-sueldos-mas-altos/
  10. 11 Julio 2017 ANP critica informe de OEA sobre libertad de expresión Asociación Nacional de Prensa apuntó a falta de evidencia en cuestionamientos a la concentración y pluralismo de los medios. El lunes se lanzó el Informe Especial sobre Libertad de Expresión 2016, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La investigación postuló que hay avances “notables” en esta materia, pero que aún existirían una concentración en la propiedad de los medios y falta de pluralismo en la información. Ante esto, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) cuestionó el análisis y apuntó a una falta de evidencia para llegar a esas conclusiones. El gremio señaló que no se evaluó el sistema normativo vigente, el cual garantizaría la diversidad de visiones dentro de la defensa a la libre competencia. Tampoco se habría considerado el aumento de medios digitales y su nivel de penetración en el mercado. Por eso, sus dirigentes se reunieron este martes con el relator especial de la OEA, el uruguayo Edison Lanza, quien inició la indagación en junio del año pasado, tras una visita al país. En la cita, el presidente de la ANP, Ricardo Hepp, afirmó que “las amenazas a la libertad de prensa están dadas, principalmente, por iniciativas legales que se tramita en la actualidad el Congreso Nacional, más que por los actuales actores del sistema informativo nacional, tal como sostuvo la Sociedad Interamericana de Prensa en su último informe sobre Chile”. El dirigente, quien actúa como Representante del Lector en La Tercera, indicó que si bien existen “áreas sensibles” donde el sector puede ir mejorando, “el relator Lanza no consideró en su informe la figuración que Chile ha alcanzado en prestigiosas mediciones internacionales tales como el índice de Freedom House y el de Reporteros Sin Fronteras, que califican a Chile como ‘un país donde existe un alto nivel de libertad de prensa’”. Asimismo, la ANP reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la libertad de prensa. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/anp-critica-informe-oea-libertad-expresion/
  11. 27 Abril 2017 Cuba, Venezuela y R. Dominicana, en "lista negra" de derechos humanos de CIDH El capítulo IV del informe, conocido como la "lista negra", señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial" por parte de este organismo, con sede en Washington. Cuba, Venezuela y República Dominicana figuran en la "lista negra" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el informe anual de 2016 que publicó hoy ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). El capítulo IV del informe, conocido como la "lista negra", señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial" por parte de este organismo, con sede en Washington. Cuba y Venezuela repiten en esa lista y República Dominicana sustituye a Guatemala con respecto al informe de 2015. "En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba", apunta el informe. A lo anterior, agrega el estudio, "se suma el incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) y la exclusión de la población afrodescendiente, que está subrepresentada en altos cargos del Estado". En el caso de Venezuela, la CIDH denuncia que "persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos" y se ha registrado "un agravamiento" de la situación de la seguridad ciudadana en relación al derecho a la vida e integridad personal y "un deterioro del Estado de Derecho y las instituciones democráticas". La comisión también alerta de la vulnerabilidad al derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria y el encarcelamiento de opositores, así como de aquellos ciudadanos que "hacen público su disenso con el gobierno". El informe también subraya los altos índices de represión en el país caribeño, las restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta y los despidos y amenazas a empleados públicos con la pérdida de su cargo si manifiestan opiniones políticas contra el oficialismo. Respecto a República Dominicana, la CIDH alerta de "la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales", lo cual ha impactado particularmente en "el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas". Para la Comisión esto muestra "los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial". "La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos", recalca. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2017/04/27/cuba-venezuela-y-r-dominicana-en-lista-negra-de-derechos-humanos-de-cidh/
  12. 08 Abril 2017 México: gobierno e indígenas llevan ante CIDH reclamo contra muro de Trump De construirse esta polémica medida, la comunidad asegura que "destruiría el ecosistema tan importante para los miembros de su tribu". El gobierno mexicano y la tribu indígena Tohono O’odham, que habita en una zona desértica entre México y Estados Unidos, llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo contra el muro fronterizo que busca construir el presidente estaounidense, Donald Trump. Ambas partes presentaron el viernes “una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de detener la construcción del muro fronterizo”, informó un comunicado divulgado este sábado por la dirigencia indígena. El polémico muro con el que Trump promete detener a indocumentados, criminales y drogas afectaría una zona entre el estado mexicano de Sonora y el estadounidense de Arizona. El territorio antaño era todo de México pero quedó dividido tras la guerra de 1847 con Estados Unidos, aunque los Tohono O’odham la transitan libremente gracias a un acuerdo binacional. La petición ante la CIDH llama a que se respeten distintos instrumentos internacionales, sobre todo el artículo 36 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación (…) a través de las fronteras”, cita el comunicado. Al presentar la petición ante la CIDH, la gobernadora tradicional de la comunidad indígena, Alicia Chuhuhua, explicó que el muro “destruiría el ecosistema tan importante para los miembros de su tribu”. Por su parte, Jaime Martínez Veloz, comisionado gubernamental mexicano para el diálogo con los pueblos indígenas, recalcó que si Estados Unidos viola los instrumentos en la materia “no solo sería un golpe para la etnia sino para el derecho internacional y las Naciones que integran la OEA y la ONU”. Los Tohono O’odham se han venido pronunciado contra el muro de Trump y la semana pasada la AFP fue testigo de una ceremonia en la que con danzas y cantos ancestrales invocaron a su tótem, el águila. Cerca de 3.000 tohonos viven en la zona, la inmensa mayoría del lado estadounidense, y aunque pueden transitar libremente por la frontera, sus movimientos se han visto limitados en los últimos años por una valla fronteriza ya existente. Hace unos años, la tribu cruzaba por nueve puertas fronterizas a lo largo de 120 kilómetros, pero ahora sólo queda una. Pero el reclamo contra el muro no es unánime, pues algunos dirigentes del lado estadounidense temen perder los apoyos económicos que Washington les otorga. El muro de Trump ha contribuido a sumir a la relación entre ambos países en su mayor crisis en décadas, sobre todo por su reclamo de que México pague la obra, a lo que se opone el gobierno mexicano Fuente: http://www.latercera.com/noticia/mexico-gobierno-e-indigenas-llevan-ante-cidh-reclamo-muro-trump/
  13. 04 Diciembre 2016 CIDH convoca al gobierno a encuentro en Panamá por matrimonio igualitario Comisión Interamericana de DD.HH. citó mañana al Ejecutivo y a abogados de los demandantes. Hasta Panamá deberán llegar mañana los representantes designados por La Moneda para sostener una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, además, los abogados Ciro Colombara y Hunter Carter. La cita fue convocada por el organismo dependiente de la OEA para abordar el estado de avance del acuerdo entre el gobierno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para una solución amistosa que permita retirar la demanda que pesa contra el Estado chileno desde 2012. Esto, por denegación de matrimonio a tres parejas del mismo sexo. Según la convocatoria enviada por la CIDH al Ejecutivo y a los abogados que representan a los demandantes, el encuentro se llevará a cabo en el hotel Radisson Decapolis, de Panamá. Y se desarrollará en medio del 159 período ordinario de sesiones. El objetivo es revisar la implementación de las medidas que fueron incluidas en el acuerdo, algunas de las cuales, según reclama el Movilh, se encuentran atrasadas. Así, Colombara llegará a la reunión de mañana con una minuta en la que se especifica la situación actual. Los principales puntos que estarían atrasados son la inclusión de políticas para homosexuales, lesbianas y transexuales en el programa de salud sexual y reproductiva, y la modificación de contenidos complementarios a la base curricular y a los planes de estudios para educación parvularia y escolar. Otro tema sobre el que aún no hay avances es la modificación del Decreto 924 del Ministerio de Educación para evitar que las iglesias impidan que los homosexuales puedan realizar clases de religión. Todas estas medidas son parte central del acuerdo, además del compromiso del gobierno de ingresar al Congreso un proyecto para permitir el matrimonio igualitario en Chile, algo para lo que la Presidenta Michelle Bachelet fijó como límite fines de julio de 2017, lo que también será revisado en la cita de hoy. Esa iniciativa y los otros aspectos del acuerdo deberán ser comunicados públicamente en un acto en el que La Moneda pretende lanzar oficialmente los denominados diálogos ciudadanos participativos, una fase similar al proceso constituyente que se realizará en las regiones y que servirá de insumo para la elaboración del proyecto de ley. El acto ya se había postergado para después de las elecciones municipales. Esto, en medio de las divisiones en el oficialismo por la agenda valórica del gobierno, que también incluye la despenalización del aborto en tres causales. Y si bien se había reagendado para noviembre, nuevamente fue pospuesto, justo cuando el Ejecutivo se encuentra definiendo con la Nueva Mayoría las prioridades para la recta final de la administración de Bachelet. Esta vez, la ceremonia se reagendó para enero de 2017. En las organizaciones de diversidad sexual, como el Movilh y la Fundación Iguales, existe inquietud por el real avance que se logrará con el proyecto de matrimonio igualitario. Si bien están confiados en que el Ejecutivo debe ingresar el proyecto -porque de lo contrario estaría contraviniendo el acuerdo ante la CIDH-, no tienen certeza de si avanzará en el Congreso y de si incluirá la posibilidad de adopción. En medio de este escenario, el director del área de DD.HH. del Movilh, Rolando Jiménez, se reunió el miércoles, junto a otros miembros de la organización, con la ministra de la Segegob, Paula Narváez. En la cita -dicen los asistentes- la secretaria de Estado se comprometió a pedirles a los ministerios de Salud y de Educación que apuren la implementación de los puntos del acuerdo que les corresponden a esas carteras. El plazo para la mayoría de los aspectos del pacto vence el próximo 31 de diciembre. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cidh-convoca-al-gobierno-encuentro-panama-matrimonio-igualitario/
  14. 13 Septiembre 2016 Familia de paciente muerto recibió seis causas distintas sobre el deceso La indignidad de la salud pública chilena llega a la CIDH y revela precariedad del Estado El año 2001, la muerte de Vinicio Poblete Vilches desmembró a una familia completa. Desde entonces, sus hijos golpean puertas para que alguien responda por los atropellos que han tenido que vivir. Lo dieron de alta sin hablarles de la gravedad de sus heridas. Les dieron seis diagnósticos distintos y la justicia fue un frontón. Recurrieron a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), que en junio entregó recomendaciones al Estado chileno que, entre otras cosas, pedían disponer de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para que nadie volviera a pasar por lo que los Poblete Tapia soportaron. Esta vez el Estado fue también un frontón. El caso escalará en los próximos días a la CIDH. Parece un santuario. Lo que quedó de la casa de Vinicio Poblete Tapia en La Pintana -después que un incendio el año 2010 se llevara parte de una ampliación de madera-, parece sostenerse con el único objetivo de que se haga justicia a la historia familiar que alguna vez albergó. Al tango que sonaba siempre desde una radio, a los fines de semana de fiesta en torno a pescado frito con ensalada, al sencillo gesto de salir todos juntos a las misas de domingo en la Catedral. Las fotografías de los padres de Vinicio se apilan por montones. En las fotos también aparecen los otros dos hermanos: Leyla y Gonzalo. En esta casa el tiempo parece detenido y las únicas escenas en movimiento son los recuerdos. -Tengo que poder pagar mi manda -comenta Vinicio mientras seca sus ojos enjugados con un papel higiénico que vuelve a guardar en su bolsillo. Una y otra vez. Cumplirá la manda a pesar de su diabetes y una operación por cáncer renal que lo hace cojear y por la que se apoya en una muleta. Quiere entrar de rodillas a la Catedral de Santiago a darle las gracias a Dios porque la vulneración que siente hace 14 años por fin está en la cancha de la justicia internacional. Aunque Vinicio desconfía de todos. De la misma justicia, de los médicos y de las autoridades. Por ahora, solo se aferra a una carpeta con papeles. Algunos ajados, viejos y casi en sepia. Son parte del archivo por el caso de su padre. La historia sin fin La peregrinación de Vinicio comenzó cuando la familia -que siempre había vivido junta en la Villa Eleuterio Ramírez de La Pintana- era más numerosa y gran parte de la vida giraba en torno a Vinicio Poblete Vilches, el patriarca. En el tercer punto de recomendaciones escritas por la CIDH, se concentraba quizás el tema más potente para el Estado. La comisión pedía disponer de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que permitieran que en Chile ningún ciudadano vuelva a vivir lo que la familia Poblete Tapia. Incluso se apuntaba la necesidad de incluir medidas presupuestarias para asegurar que el Sótero del Río cuente con medios e infraestrutrura para entregar una adecuada atención, sobre todo cuando se requiera terapia intensiva. A mediados de enero de 2001, Vinicio Poblete Vilches llegó hasta el Hospital Sotero del Río por problemas respiratorios. Sus hijos dicen que la diabetes que padecía impedía que fuera operado del corazón y por eso nunca autorizaron ese procedimiento. Sin embargo, de igual modo, fue operado. En los registros quedó constancia de que sí hubo una autorización, supuestamente firmada por su esposa, Blanca Tapia, aunque ella no sabía leer ni escribir. “Lo dieron de alta, pero nadie nos dijo que estaba mal y tenía tres heridas abiertas, por donde botaba pus”, cuenta Vinicio sobre su padre, que debió ser reingresado dos días después al hospital de donde salió muerto el 7 de febrero de ese mismo año. ¿De qué murió Vinicio Poblete Vilches? A su familia le dieron seis respuestas diferentes: un paro cardíaco, bronconeumonía, shock séptico, edema pulmonar, entre otros. Cada persona a la que le pidieron una explicación sobre la muerte de su padre, tenía una respuesta diferente. Blanca Tapia murió el año 2003 esperando justicia por su marido. La angustia de no saber, de ser mal tratados, de sentirse ignorados, comenzó a desmembrar a la familia. El año 2003, Blanca Tapia murió de cáncer al estómago. -Yo estoy seguro que fue la pena -comenta Vinicio entre sollozos, aferrado a la carpeta con los archivos sobre la causa que le arrebata, cada día, un poco más de vida. Sus padres se conocieron en Valparaíso cuando no pasaban los 20 años y después de la muerte de su papá, Blanca no soportó la pena. Se sentaba tardes enteras en una silla que instalaba en la puerta de su casa, solo a llorar. Se conformaba con mirar las fotografías de su esposo que hoy pueblan todo. -Nosotros éramos felices, una familia unida. Mi papá nos enseñó a perseguir el bien, a hacer el bien en la tierra. Bendice a los que te maldicen y hazle el bien a los que te hagan el mal, nos decía siempre, y nosotros perseguimos la justicia por donde pudimos, como personas cristianas. Pero nuestra vida ha sido sufrimiento tras sufrimiento -dice Vinicio. Vinicio tiene que hacer frente a su salud que se ha ido deteriorando con los años. Tiene diabetes y el año 2005 perdió el riñón derecho. A fines del 2010, la hermana de Vinicio, Leyla (47), disparó un revólver en su cabeza sin éxito. Intentó percutar cinco veces hasta que la última bala cruzó su estómago. “Yo estaba en una depresión profunda por falta de justicia”, cuenta Leyla. Ahora vive con dos hernias producto del impacto que, además, le dejó una deuda gigantesca en la Clínica Dávila. Leyla, hija de Vinicio Poblete Vilches, quiso terminar con su vida el año 2010. Una bala le atravesó el estómago, pero no la mató. El impacto le dejó dos hernias. El año 2011 murió el menor de los hermanos, “Gonzalito”, quien vivía con una paraplejia desde que nació. Vinicio lo resume así: - Nuestra familia se desplomó. Cuando mi mamá murió estaba sumida en una depresión profunda. Los últimos años de su vida quería ir todos los días al cementerio; teníamos que decirle que no se podía. Desde la muerte de mi papá todos nos volcamos a que nos dijeran la verdad, a entender por qué murió o por qué lo mataron. Solo justicia La interrumpida peregrinación de los Poblete Tapia por justicia comenzó el mismo año de la muerte de su padre. Presentaron dos querellas por homicidio y el Juzgado de Letras de Puente Alto sobreseyó el caso en más de una oportunidad. Pidieron ayuda en la Corporación de Asistencia Judicial; sin embargo, la respuesta tampoco fue exitosa. El año 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso y hoy, después de más de 15 años de la muerte de Vinicio, sienten que podrían acercarse a la justicia. En junio pasado, la CIDH hizo tres recomendaciones al Estado de Chile -la contraparte es la Cancillería- donde pedían reparar integralmente a los familiares de Vinicio Poblete Vilches por las violaciones de Derechos Humanos a los que pudieron ser sometidos, incluyendo una debida compensación por el daño material y moral. Otra de las recomendaciones, era realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de Derechos Humanos a fin de que los familiares cuenten con claridad respecto a lo sucedido y se impongan las sanciones correspondientes. Para eso, el Estado debía continuar la investigación reabierta en 2008 o iniciar una nueva investigación. En el tercer punto de recomendaciones escritas por la CIDH, se concentraba quizás el tema más potente para el Estado. La comisión pedía disponer de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que permitieran que en Chile ningún ciudadano vuelva a vivir lo que la familia Poblete Tapia. Incluso se apuntaba la necesidad de incluir medidas presupuestarias para asegurar que el Sótero del Río cuente con medios e infraestrutrura para entregar una adecuada atención, sobre todo cuando se requiera terapia intensiva. La CIDH dio dos meses de plazo al Estado chileno para contestar a las recomendaciones; sin embargo, no hubo una respuesta satisfactoria, según relata el abogado de Vinicio, Nicolás Daneri: -Nosotros entendemos que no existe una voluntad seria por parte del Estado de responder a la solicitud. Tampoco hay una estructura adecuada para llevar a cabo estas recomendaciones -dice Daneri. La CIDH pudo haber dado prórroga al Estado para implementar las recomendaciones, si es que hubiera visto voluntad por parte del Estado; sin embargo el frontón dio pie a un paso siguiente. Hace unas semanas se le comunicó a Vinicio la decisión de enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a por qué el Estado no estuvo la capacidad de responder a las recomendaciones de la CIDH, desde la Cancillería señalan que trataron de “acercar posiciones con el representante de los peticionarios, pero no fue posible un acuerdo, principalmente en lo referido a las indemnizaciones propuestas por ellos, toda vez que su monto se alejaba con creces de los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior y de que el caso ya fue elevado al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha estado realizando gestiones con miras a dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana”. Daneri resume los atropellos a los que ha sido sometida la familia: “Ellos han tenido un peregrinaje por todas las instituciones públicas buscando justicia y respuestas por la muerte de su padre. Hay diagnósticos contradictorios. No se les informó la gravedad del estado de salud del padre y sin embargo, fue dado de alta de forma negligente. En cada instancia pública a la que recurrieron se vieron enfrentados a una falta de respuestas. Y así se fueron enfermando, muriendo. Ellos viven enfocados en obtener justicia por la muerte de su padre, son toda la afectación sicológica que ellos supone”. Vinicio Poblete Tapia se vuelve a secar las lágrimas con el pedazo de papel que había guardado en su bolsillo minutos antes. Piensa en cómo pagar la manda ahora que la causa llegará a la Corte Internacional. Insiste en que quiere entrar de rodillas a la Catedral, donde iban a rezar en familia. Lo va a hacer aunque ni el bastón en el que se apoya le quita el dolor de la pierna derecha. -Tuvimos que recurrir a un organismo internacional para que se hiciera justicia porque acá se nos negó el derecho. En Chile no hay justicia para los pobres. ¿Quién se hace responsable por el sufrimiento y el dolor de toda una familia? -se pregunta Vinicio, mientras llora abrazado a la carpeta con la última parte de la historia de su vida. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/13/la-indignidad-de-la-salud-publica-chilena-llega-a-la-cidh-y-revela-precariedad-del-estado/
  15. 5 Junio 2016 CIDH cita al Estado para evaluar avance de ley de matrimonio igualitario Los recurrentes, una pareja que no ha podido casarse en Chile, iniciaron en 2012 las acciones legales en sede internacional patrocinados por los abogados Ciro Colombara, Branislav Marelic y Hunter Carter, quienes debieran participar en el encuentro que se realizará el, próximo 11 de junio en Santiago. Convocado por el secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez, busca llegar a una solución amistosa y evitar así que el caso llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Estado chileno a una reunión de coordinación, con miras a que la demanda de una pareja homosexual que no ha podido casarse en Chile, sea retirada, a cambio de que se establezcan iniciativas legales para terminar con dicha discriminación. Los recurrentes iniciaron en 2012 las acciones legales en sede internacional patrocinados por los abogados Ciro Colombara, Branislav Marelic y Hunter Carter, quienes debieran participar en el encuentro, convocado por el secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez, con el fin de llegar a una solución amistosa y evitar así que el caso llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH). Básicamente, los alcances de este posible acuerdo, se basa en que el actual gobierno debe fijar una fecha en concreto para presentar un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, derogar artículos discriminatorios del Código Penal y la implementación de políticas sobre diversidad sexual en los colegios de la red pública, entre otros tópicos. El encuentro, da cuenta La Tercera, se realizará el sábado 11 de junio a las 9.00 en el hotel Plaza San Francisdco. Es decir un día después que la CIDH termine de sesionar su período 158 en Santiago. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/05/538151/
  16. Representante mapuche denuncia ante CIDH en Washington agresiones en zona de conflicto Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Mijael Carbone Queipu dio su testimonio ante el organismo internacional, y habría mostrado imágenes de niños violentados por policías. "Nosotros estamos fortaleciendo a nuestros niños para que cambien la historia y sostengan nuestro pueblo. Que cambien esa historia de piedras contra balas", dijo Mijael Carbone. SANTIAGO.- El representante del pueblo mapuche de la comunidad Temucuicui, Mijael Carbone Queipu, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que los indígenas en el país han sido agredidos por "fuerzas de seguridad" chilenas. El hombre se presentó en el organismo internacional acompañado por la Alianza Territorial Mapuche (ATM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Fundación Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide). Según el Cejil, en la ocasión el representante de los mapuches mostró pruebas visuales de hechos violentos contra niños y adolescentes indígenas, correspondientes a acciones policiales. "Vivimos en la comuna más pobre del país. El Estado no invierte dinero en nosotros pero cada vez mandan más operativos policiales, más tanquetas, más tecnología punta, para proteger la propiedad privada de las empresas", expuso Mijael Carbone. "Nosotros estamos fortaleciendo a nuestros niños para que cambien la historia y sostengan nuestro pueblo. Que cambien esa historia de piedras contra balas, de la policía fuertemente armada contra la gente desprotegida", añadió. En tanto, la abogada de ATM Manuela Royo, denunció la "impunidad con la que el Estado trata a los policías que cometen estos actos de violencia contra la niñez mapuche, pese a que las autoridades judiciales chilenas hayan declarado la ilegalidad de dichos actos". Según el Cejil, entre el 2011 y el 2015, 73 niños han sido afectados por la violencia policial. Así, aseguran que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile le ha expresado su preocupación al Comité de las Naciones Unidas por los Derechos del Niño, el cual habría pedido recientemente al Estado chileno que acabe con esta situación de violencia. Finalmente, desde el organismo informaron que la comisión interamericana, tras recibir la información de los peticionarios, solicitó al Estado durante la audiencia, que presente información precisa sobre las investigaciones abiertas para sancionar a los funcionarios responsables de los hechos. "Esperamos que Chile responda a la altura de sus responsabilidades internacionales y de un mensaje político claro de no tolerancia a este tipo de agresiones por parte de las fuerzas de seguridad a los niños, niñas y adolescentes mapuches, testigos y víctimas de esta injusticia que todavía se encuentra impune", remarcó Juliana Bravo, abogada de CEJIL. www.emol.com
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