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  1. Comisiones de servicio falsas: CDE se querella en contra de 26 exuniformados del Ejército El Consejo de Defensa del Estado presentó esta acción legal por fraude al Fisco luego de que la Contraloría detectara que el Ejército pagó cerca de 180 millones de pesos a través de dos mecanismos irregulares. Uno de ellos consistió en comisiones de servicios que nunca se realizaron y el otro fue por medio de contratos a honorarios por trabajos que no fueron prestados. Todos estos pagos fueron efectuados para compensar a los ahorrantes que se vieron afectados por el cierre del Fondo de Ayuda Mutua, también conocido como FAM . Entre los querellados se encuentran tres generales en retiro. A fines de marzo pasado, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío publicó un artículo que dio cuenta de un nuevo fraude al interior del Ejército, institución que ha estado envuelta en diversos casos de corrupción en los últimos años. Lo anterior, pues un informe de la Contraloría General de la República (CGR) detectó que se habían pagado cerca de 180 millones de pesos, entre 2015 y 2016, a través de dos mecanismos irregulares con cargo a recursos castrenses, es decir, del Fisco. Uno de ellos consistió en el pago de 122,7 millones de pesos a 90 funcionarios activos a través de viáticos derivados de comisiones de servicio que no se habrían realizado, ya que no existe documentación que respalde su ejecución. El otro fue el desembolso de 56,9 millones de pesos por parte de la Tesorería del Ejército a 19 funcionarios en retiro por contratos de servicios a honorarios, de los cuales tampoco hay evidencia de que se hayan efectuado. Todo esto se llevó a cabo en la IV División del Ejército que funciona en la Región de Aysén. Estos pagos realizados a través de vías fraudulentas se efectuaron con el fin de compensar a los uniformados que se habían visto afectados por el cierre del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema de ayuda solidaria que había funcionado de forma extra institucional en la zona de Aysén entre la década de 1950 y 2006. El término del FAM generó fuertes cuestionamientos por parte de los aportantes que se vieron perjudicados, pues cientos de ellos no pudieron recuperar los dineros que habían ahorrado en el fondo solidario. Para evitar que el conflicto escalara, en 2008 el entonces comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, instruyó que se buscaran soluciones para resarcir de alguna forma a los afiliados al FAM, aunque, según él mismo aseguró a Radio Bío Bío, pidió que todo se hiciera dentro de los marcos legales y normativos. Si es que hubo algo irregular, dijo, fue después de que él dejara el mando de la institución castrense. Como sea, nunca imaginó los ribetes que alcanzaría esta decisión 10 años después. Esto, ya que varios han sido los flancos que se han abierto a raíz del informe de la Contraloría. Cuando el organismo fiscalizador emitió el informe, envió dichos antecedentes al Ministerio Público de la Región de Aysén para que investigara los posibles delitos que podrían implicar los pagos realizados de forma irregular. En base a las indagaciones que lidera la fiscalía de la zona, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) esta semana presentó una querella por el delito de fraude al Fisco contra 26 ex uniformados y todos aquellos que resulten responsables. La acción legal, a la que accedió Radio Bío Bío (ver querella), apunta contra tres generales en retiro ® y, entre otras diligencias, instruyó al Laboratorio de Criminalística de la PDI de Coyhaique para que realice un informe que determine el monto de dinero defraudado. En paralelo a ello, el Ejército está desarrollando un sumario interno para determinar quiénes fueron los responsables y en base a ello aplicar sanciones, y la Fiscalía Militar de la zona lleva a cabo un juicio por el mismo tema. El rol de los comandantes de división “Con el objeto de defraudar al Fisco de Chile, los comandantes en Jefe de la IV División del Ejército, Rodrigo Díaz Amechazurra y Fernando San Cristóbal Schott, ordenaron la devolución de los aportes efectuados al FAM a los ex ahorrantes, con cargo a fondos fiscales”, cita la querella del CDE. “Para tales efectos, procedieron a disponer comisiones de servicio a distintas localidades de la Región de Aysén, las que, en algunos casos no se realizaron; sin embargo, los viáticos asignados a las comisiones, fueron pagados, teniendo los funcionarios querellados, designados para su ejecución, pleno conocimiento de que se trataba de un mecanismo para la devolución de dineros aportados al FAM”, añade. Junto con ello, los generales ® Díaz Amechazurra y San Cristóbal Schott fueron quienes dispusieron la contratación en calidad de honorarios de 19 uniformados en retiro, cuyos servicios fueron pagados pese a que nunca fueron prestados. En esos contratos, además, intervino el entonces comandante del Comando de Personal, general de brigada Daniel Aberl Pacheco, pues fue quien suscribió los mencionados contratos. En tanto, los ex funcionarios que firmaron los contratos aceptaron los dineros fiscales teniendo pleno conocimiento de que formaba parte de “un mecanismo ideado e implementado para hacer devolución de los aportes que estos hicieron al FAM, consigna el documento. En vista del rol que jugaron en la creación y ejecución de los mecanismos irregulares de compensación para los ex afiliados del FAM, el CDE estableció dos clases de acusados. Mientras los generales ® Díaz, San Cristóbal y Aberl fueron acusados de ser autores directos del delito de fraude al Fisco, el resto de los uniformados, que en su mayoría eran suboficiales, fueron querellados por ser coautores del mentado ilícito. Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2018/06/06/comisiones-de-servicio-falsas-cde-se-querella-en-contra-de-26-exuniformados-del-ejercito.shtml
  2. Formalizarán por fraude al fisco a la alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo Fue en febrero de 2016 cuando se conocieron los primeros antecedentes del “caso asesor”. El concejal de Antofagasta, Jaime Araya, presentó un requerimiento a Contraloría para que fiscalizara las labores del experto comunicacional José Miguel Izquierdo con la Corporación Municipal, a raíz de sospechas de que, en realidad, se tratarían de asesorías a la alcaldesa, Karen Rojo. El órgano fiscalizador no solo ordenó un sumario administrativo por el caso, sino que determinó que el círculo cercano de Rojo mintió en la investigación. Por lo mismo, remitió los antecedentes a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, el Ministerio Público decidió ordenar la formalización de la alcaldesa por el delito de fraude al fisco. El proceso judicial comenzará el próximo 1 de agosto y será contra Karen Rojo y el controvertido asesor José Miguel Izquierdo. https://cambio21.cl/politica/formalizarn-por-fraude-al-fisco-a-la-alcaldesa-de-antofagasta-karen-rojo-5afc8491cd49b02f2f0136c3
  3. Cámara aprueba oficio a Bachelet que solicita remoción de Javiera Blanco del CDE La iniciativa de parlamentarios de Chile Vamos fue aprobada por 40 votos a favor, 30 en contra y cinco abstenciones. "Los funcionarios realizan desempeños mediocres y la Nueva Mayoría los premia", dijo el diputado UDI Gustavo Hasbún. SANTIAGO.- La Cámara de Diputados aprobó por 40 votos a favor, 30 en contra y cinco abstenciones la solicitud de diputados de Chile Vamos de enviar un oficio a la Presidenta Michelle Bachelet, con el cual le solicitan remover Javiera Blanco del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La ex ministra de Justicia, cuestionada por la crisis de Sename, los "jubilazos" en Gendarmería y por supuestamente recibir sobresueldos como subsecretaria de Carabineros, fue designada por la Mandataria como consejera del CDE. La solicitud fue presentada por el diputado UDI Gustavo Hasbún junto a parlamentarios de RN, sobre la base del artículo 52 Número 1 inciso 2° de la Constitución. "Javiera Blanco fue designada por la Presidenta por una compensación por los servicios prestados al Gobierno. Es decir, se repite la máxima de la Nueva Mayoría; Los funcionarios realizan desempeños mediocres en el ejercicio de sus cargos y la Nueva Mayoría los premia", señaló. "Alberto Arenas se va a la Cepal, Rodrigo Peñailillo parte a estudiar al extranjero, no sabemos cómo financia su estadía; y Javiera Blanco la designan en el Consejo de Defensa del Estado", criticó. www.emol.com
  4. 19 Marzo 2017 Raúl Letelier: “La tradición del CDE está llena de políticos” El nuevo consejero del organismo aborda las críticas a la institución que integrará a contar del martes 21. “Hay que desmitificar que se trabaja poco”, dice. El abogado, que participa en un proyecto académico que promueve modificar la Constitución vía asamblea constituyente, explica que aunque ahora moderará sus comentarios, no dejará de opinar de política en su calidad de ciudadano. Nunca había hablado con la Presidenta Michelle Bachelet, por lo que su llamado telefónico del lunes 13 sorprendió por completo a Raúl Letelier Wartenberg. La Jefa de Estado comunicó al abogado que lo nominaría como consejero del CDE en la vacante que días antes había dejado el hoy ex presidente del organismo, Juan Ignacio Piña. A diferencia de la nominación que lo antecedió, la de la ex ministra Javiera Blanco, la designación de Letelier no provocó mayor polémica. Aunque tampoco tiene experiencia como litigante en tribunales, uno de los principales cuestionamientos que se le hizo a Blanco, este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile ha estado siempre ligado al CDE, primero como abogado y hoy como asesor. “Todos los abogados que trabajan en el servicio tienen las legítimas aspiraciones de poder llegar a ser consejeros, pero el CDE es bueno concebirlo como un gran estudio jurídico, el más grande del país, que para defender los intereses del Estado debe tener varios perfiles de abogados en el que cae uno más académico, uno de abogado litigante puro y también otro más político o que pueda planificar estrategias”, sostiene. ¿Le hizo daño al CDE la polémica por Blanco y que se viera al organismo como un destino para “pagar favores políticos”? Que la gente pueda creer eso, claro que provoca un daño a la imagen de la institución, pero esa afirmación es falsa. Los nombramientos polémicos han sido pocos y, claro, en ellos lo que se castiga es el hecho de haber participado en el gobierno que los nombra. Pero la tradición del CDE está llena de políticos. Hay buenos políticos, políticos relevantes, que han sido ministros y que luego han estado en el CDE. ¿Está de acuerdo, entonces, con esa nominación? El problema es que la gente asocia que una persona por ser político no tiene conocimiento de experto. Eso es lo que ha dañado a las instituciones, que cada vez que va un político a un lugar se piensa que se produce una especie de contaminación. Estando devaluada la política se piensa que se puede contaminar de alguna manera cualquier lugar, pero eso es falso. No es correcto. ¿Considera injusto lo que pasó con la ex ministra Blanco? Llegar a ser ministra de un gobierno requiere un currículum. No es que los presidentes pongan a cualquier persona a la cabeza de los ministerios, requiere ciertas habilidades: manejos de equipo, coordinar grupos, conocimiento jurídico, legal (dependiendo del ministerio) y creo que la Presidenta habrá considerado bien todos estos elementos para proponerla a ella y, supongo, que elige correctamente, porque valora todas estas habilidades. Es positivo que haya personas distintas. Llega a un CDE que está en el centro de las críticas, con iniciativas legales que buscan que su rol sea exclusivo, por ejemplo… Hay que desmitificar que los consejeros tengan poco trabajo. Tienen a su cargo las causas más importantes del CDE, hay muchos juicios que atienden personalmente, con ayuda de otros abogados, pero los dirigen ellos. Es muy necesario revalorizar el trabajo del CDE, es decir, el CDE es un servicio de abogados, es un staff de abogados que su principal objetivo es custodiar férreamente, y eso lo hacemos todos de manera muy eficiente, el erario público para sean otros los que, en buenas cuentas, deciden cuáles son los objetivos de justicia social que quieren concretizar, cuáles son las políticas que quieren implementar en salud, educación, etc. Somos un servicio accesorio y por eso es que superamos en buenas cuentas la lógica de derecha o izquierda: nosotros no defendemos al Estado de derecha o al Estado de izquierda de manera indistinta, lo que hacemos es defender al Estado. Usted tiene 42 años. ¿Se ve hasta los 75 años en el CDE? ¿Le parecen estos cargos sin límite? La no existencia de limitación de edad es de alguna forma una garantía de independencia para el CDE. Para que el Consejo actúe persiguiendo a funcionarios que han cometido delitos de corrupción. Es cierto que se pueden buscar otras formas para garantizar esa independencia sin tener que asegurarle a esa persona un trabajo por demasiados años, porque claro… hasta los 75 es algo excesivo. Pero también hay que entender que la idea es que ese consejero no se transforme en el abogado del Presidente o el gobierno de turno, la gracia del CDE es que defiende al Estado, con independencia si el gobierno es de izquierda o de derecha. Defiende las atribuciones estatales, las prerrogativas del Estado. Custodia el patrimonio estatal con independencia de quién democráticamente ha sido elegido para distribuir ese dinero. ¿Cuál sería su periodo ideal? Me parece que ocho años, como el fiscal nacional o el contralor. ¿Y respecto de la facultad del Presidente? Porque también eso ha estado en discusión, que la Mandataria designa a dedo… Los nombramientos son muy complicados. A veces uno los ve como que involucrar a otro poder del Estado da garantía de algo, pero eso es lo menos que hace. Por ejemplo, cuando uno involucra al Poder Legislativo, eso quiere decir que uno está dispuesto a politizar el nombramiento. Quiere decir que un grupo de parlamentarios se va a poner de acuerdo, entonces si hay dos consejeros, entonces parece razonable en un país tan binominalizado como este, que vaya uno de la derecha y uno de la izquierda. Eso genera que no se elija a las personas más calificadas. La cooperación entre muchos órganos a veces no es la forma más ideal. ¿Prefiere el actual sistema? La gracia que tienen los nombramientos de un solo poder es que éste tiene que dar muchas explicaciones cuando nombra y eso genera una buena rendición de cuentas a los ciudadanos sobre quién fue la persona que nombró. Eso es positivo, porque cuando se cuotea y van unos de un lado a otro al final no produce escrutinio público, porque está dividido todo. En cambio, esto otro no, esto genera más rendición de cuentas. ¿Y ante la crítica de que pese a la alta remuneración no es un trabajo exclusivo? Esa crítica no la comparto. En muchos lugares del mundo es así, porque lo que se requiere es que el CDE capture a los mejores abogados de cada una de las plazas y eso supone que ellos van a seguir en sus asuntos, siempre y cuando eso no colisione con las obligaciones del Estado. Los problemas se originan cuando se está muy cerca de la litigación contra el Estado y con los intereses que los propios consejeros defienden en el CDE. En eso hay que tener cuidado. ¿Hay conflictos de interés entre lo que hace un consejero y lo que puede hacer su oficina de abogados? Puede haber conflictos de interés, pero lo que suele suceder es que los abogados consejeros se inhabilitan. Los problemas pueden surgir cuando ya son demasiadas las inhabilidades, que uno diga ‘bueno, al final se pasa en inhabilidades’. Ahí hay que tener cuidado, eso es algo que el propio Consejo tiene que custodiar. Pero, insisto, la completa exclusividad no la veo provechosa. Letelier: el tuitero y la AC ¿Usted tiene alguna inhabilidad? No, ninguna. ¿Ni de naturaleza familiar? No, ninguna. Estoy totalmente alejado del poder, no tengo ningún vínculo con nadie. Soy un profesor universitario y los profesores tenemos vidas más apacibles y menos vinculadas con las redes de poder. Sin embargo, usted es muy cercano a un precandidato presidencial, el socialista Fernando Atria. ¿Cómo es su relación? Ambos somos profesores en la Universidad de Chile. Fernando trabaja en el área de la Teoría del Derecho, yo trabajo en el Derecho Administrativo. Tenemos oficinas cerca, somos amigos hace años. ¿Usted es socialista también? Soy socialista. Juntos ayudamos a crear el Proyecto Puentes, un conjunto de grupos de profesores que estábamos a favor de la asamblea constituyente y de reconstruir la mejor tradición constitucional chilena de la Constitución del 25 y sus reformas. Hemos hecho acciones activistas en ese sentido, dentro de los cauces institucionales que tiene este país. Lo que queremos es tener una asamblea constituyente, modificar la Constitución. ¿Le pidieron del CDE morigerar sus tuits y que cuando escribiera cartas y columnas desligara al organismo? Sí. Cuando firmamos la carta, este manifiesto por la asamblea constituyente y después escribí unas columnas en pro de la AC, alguna vez me pusieron que era asesor del Comité Contencioso Administrativo del CDE y eso no cayó bien. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a limitar también? Porque a contar del martes, sí va a ser parte del CDE, un consejero… No voy a dejar de emitir opiniones como ciudadano. Aquí hay una mala comprensión de la participación en la política. En la política en el sentido no partidista. O sea, uno quiere que el país vaya en una dirección y no por el hecho de ser funcionario público uno debiese abstenerse de eso. La imagen errada de la ciudadanía, y de la política en general, incluso de los mismos políticos, es que por el hecho de ser un funcionario público uno va a privilegiar a la gente que piensa como uno y eso es lo más contrario a cualquiera de las ideas, de derecha o de izquierda, que sea más o menos coherente. Eso, privilegiar al otro, ¡se llama delito! Está fuera del ámbito de la política. ¿Y qué es política para usted? La política es pensar que la distribución de los recursos debe ser de una determinada manera; la sociedad debe ser pensada de una determinada manera. Hay una errónea comprensión de pensar de que porque uno tiene ideas políticas no puede ser funcionario público o los funcionarios públicos no pueden hablar de política. Eso es errado. ¿No se va a inhibir, va a seguir opinando en redes sociales, en cartas…? Voy a opinar como un ciudadano. Ahora tengo que tener más cuidado con los casos que vamos a ver, porque esos tienen estrategias que hay que custodiar, intereses que hay que verificar, procesos que son más largos que es necesario investigar. Pero lo que pienso en materias de reforma constitucional, en cómo tiene que ser organizada la salud, las pensiones, eso es parte de la ciudadanía. Siempre he sido muy crítico de las isapres, no voy a dejar de serlo. Una vez tuiteó que la discusión de la nueva Constitución generaba temor… ¿Por qué cree que pasa eso? Pasa eso porque conversar sobre la Constitución es volver a pensar sobre los pactos básicos, sobre la legislación de aguas, sobre la salud, sobre el sistema de pensiones. Eso genera algo de inestabilidad en un statu quo que es juzgado como injusto. Los que han sido beneficiados por mucho tiempo por ese statu quo sienten temor a que sus ganancias se rebajen, que la facticidad se termine, que el poder que antes tenían por mucho tiempo se disminuya y eso genera temor. Diría que es positivo, me gusta, porque altera un statu quo que es juzgado por la ciudadanía como injusto, como incorrecto. Al parecer, lo que fue una promesa de este gobierno del cambio constitucional no se va a concretar. ¿Qué opina? Siempre he sido un ferviente partidario del cronograma que estableció la Presidenta para la discusión constitucional. La participación que hubo en los encuentros locales la encontré maravillosa. Juntarse en una casa a discutir, a repensar el pacto más básico es un ejercicio que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Me parece positivo que haya ahora la posibilidad de que se reforme la Constitución para que el Congreso siguiente pueda pronunciarse sobre las vías que la propia Presidenta estableció, una de las cuales -que es la que yo adhiero- es la asamblea contituyente. ¿Cuál va a ser su sello en el CDE? Conozco al CDE hace mucho tiempo y me he dedicado casi toda mi vida al Derecho Administrativo. Dentro de éste, soy un profesor que tiene una especial sensibilidad ante lo comunitario. Al contrario de muchos otros colegas, estoy convencido de que las sociedades de bienestar en general no se logran exclusivamente a punta de derechos individuales, sino que es necesario comprender la comunitariedad, y el Estado en buena cuenta encarna ese sentido de lo común. Eso da cuenta de una visión de Estado con menos límites… Si uno esta pensando en una sociedad de bienestar no puede sino pensar en la figura del Estado. Uno no puede pensar al Estado como ese órgano que hay que limitar constantemente. Muchos de mis colegas piensan que el Derecho Administrativo limita al Estado, en cambio, yo creo que eso pierde de vista el hecho de que el Estado construye derechos también, operativiza ciertas cosas y para eso necesita facultades, para eso necesita poderes. Soy un defensor de que se custodien y se potencien bien ese tipo de poderes, de direccionar los procesos sociales antes que la limitación. Ese es mi gran aporte de siempre, creo yo, al CDE. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/raul-letelier-la-tradicion-del-cde-esta-llena-de-politicos/
  5. 08 Marzo 2017 Juan Ignacio Piña presenta renuncia al Consejo de Defensa del Estado El presidente del CDE comunicó hoy su decisión a La Moneda. La presidenta Michelle Bachelet debía decidir este 11 de marzo si lo confirmaba como presidente por un nuevo período. Juan Ignacio Piña, quien es el actual presidente del Consejo de Defensa del Estado, presentó hoy su renuncia a su cargo de consejero. El abogado comunicó hoy su decisión a La Moneda, y luego le informó a los consejeros y al equipo del CDE. Piña envió una carta a ellos explicando su decisión. De acuerdo con los estatutos del CDE, Michelle Bachelet debe decidir antes del 11 de marzo quién será el nuevo presidente de la entidad. De todas formas, Piña no sólo dejará su puesto como presidente, sino que también el cargo de consejero, en el que podía permanecer hasta los 75 años. Piña fue nombrado en el CDE por el ex presidente Sebastián Piñera en 2014. Había sido subsecretario de Justicia en su gobierno. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/juan-ignacio-pina-presenta-renuncia-al-consejo-defensa-del-estado/
  6. CDE: Consejera Javiera Blanco dice que se inhabilitará de aquellos casos "que correspondan" La ex titular de Justicia reiteró en que no participará en las causas en la que haya tenido alguna vinculación debido a sus funciones anteriores en el Gobierno. SANTIAGO.- La consejera del Consejo de Defensa del Estado, Javiera Blanco, aseguró este jueves tras la rendición de la última cuenta pública del presidente del organismo, Juan Ignacio Piña, que se inhabilitará de conocer aquellas investigaciones en los que pueda estar vinculada debido a sus funciones anteriores en el Gobierno como ministra de Justicia. "Todos los consejeros en la historia, esto no es de ahora, se han inhabilitado de los casos que correspondan y se inhabilitan legalmente", dijo, enfatizando que "eso no será una excepción para esta consejera". Se trata de la primera aparición pública de la ex secretaria de Estado luego que el 1 de febrero asumiera como consejera del organismo tras ser nombrada por la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Consultada al respecto, y por los cuestionamientos que ello generó tras su designación, Blanco evitó hacer comentarios e instó -siguiendo la misma línea del discurso de Piña- a respetar todas las instituciones. Esta semana, en tanto, se conoció que la abogada integrará el Comité Tributario Medioambiental, que además de estas materias, ve temas laborales. Blanco fue designada para integrar el CDE a 105 días de que la ex titular de Justicia renunciara a su cargo, en medio de las críticas a su gestión por los conflictos en el Sename y en Gendarmería. Con la decisión de la Jefa de Estado, el CDE quedó integrado por primera vez con paridad de género: seis hombres y seis mujeres. Blanco (44), en tanto, podría desempeñar el cargo durante 31 años, es decir, hasta que cumpla 75, límite de edad para permanecer en el organismo. www.emol.com
  7. Ex ministra Javiera Blanco es designada Consejera del Consejo de Defensa del Estado La ex titular de Justicia asumió sus nuevas funciones este 1 de febrero, según informó el CDE en un comunicado. La presidenta Michelle Bachelet nombró a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, como Consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La ex secretaria de Estado asumió el cargo a partir del 1 de febrero de 2017, según informó el CDE mediante un comunicado. Blanco es abogada titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha ejercido los cargos de Ministra del Trabajo y Previsión Social y Ministra de Justicia y Derechos Humanos, entre los años 2014 y 2016. Además, fue Subsecretaria de Carabineros entre 2006 y 2010 y directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana entre los años 2010 y 2013. Dentro de su trayectoria académica ha ejercido docencia en distintas universidades, y ha sido consultora para el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó el CDE. www.latercera.com
  8. Los apetecidos cargos “vitalicios” Ser consejero del CDE, notario o conservador son algunos de los puestos más codiciados en el sector público: duran hasta los 75 años y tiene altos sueldos. Incluso, los jueces de policía local pueden ejercer sin límite de edad. La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet de designar a su ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya permanencia será hasta que cumpla 75 años, gatilló una serie de cuestionamientos sobre los cargos públicos que no son renovables y cuyo periodo termina sólo una vez que la persona llega a esa edad o no puede seguir ejerciéndolos. Entre estos están los puestos de los notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales. Y hay un caso aún más especial, el de los jueces de policía local, cargo que es vitalicio, es decir, dura hasta que la persona no esté en condiciones de ejercerlo. Según Alberto Precht, director ejecutivo de Gobierno Transparente, la lógica de la ley que justifica estos puestos se relaciona con que “se generará una cierta expertis mientras se desarrollara la labor. Eso haría que se preste el servicio de mejor manera, lo que en alguno de esos casos es bastante discutible. No se requiere necesariamente una permanencia para asegurar un buen servicio”. En esa línea, con el objetivo de cambiar la calidad de vitalicio a los jueces de policía local, los diputados Jaime Pilowsky (DC) y Osvaldo Urrutia (UDI) presentaron un proyecto de ley “que regula esa situación y establece la limitación en los 75 años. Ello debiera significar un ‘tiraje a la chimenea’ y mayor eficiencia al sistema de justicia local”, dijo Pilowsky. Pero ¿cómo se llega a estos apetecidos trabajos? Los notarios, conservadores y archiveros son elegidos por una terna que hace la Corte de Apelaciones y de ella el ministro de Justicia elige a uno. Sin embargo, “el problema es que nadie sabe cómo se constituyen esas ternas, muchas veces se asocian esos nombres a ministros de la Corte de Apelaciones o con personas designadas políticamente. Por lo que esos concursos debiesen transparentarse”, dijo Precht. En tanto, los consejeros del CDE son nombrados por el Presidente de la República, y los jueces de policía local, por un municipio a partir de una terna elaborada por el tribunal de alzada de cada ciudad. Al respecto, Precht indicó que “habría que cambiar la ley propia del mismo Consejo y sin duda, revisar no solamente el tema de extensión de los consejeros, sino que también cómo se realizan los nombramientos. Debiera pasar por la Alta Dirección Pública”. Esta idea también es respaldada por el senador RN Alberto Espina, quien señaló que “el procedimiento debe cambiarse sin lugar a dudas. Debe ser por Alta Dirección Pública y con acuerdo de los dos tercios del Senado, previa audiencia pública en donde se pueda ser objeto de preguntas sobre su trayectoria, capacidades y propuestas para mejorar la forma de cómo se defienden los derechos e intereses del Estado”. En relación a los sueldos, el director ejecutivo de Gobierno Transparente explicó que “varía muchísimo. Es distinto ser Conservador de Bienes Raíces en Santiago que ser conservador en una pequeña localidad. Pero como se cobra por tarifa, podemos hablar de sueldos arriba de los $ 70 u 80 millones mensuales. A diferencia de los consejeros del CDE que tienen un sueldo fijo, los conservadores y notarios cobran por trámite”. En el caso del puesto que empezó a ejercer Javiera Blanco el 1 de febrero pasado, es remunerado con un sueldo que oscila entre los $7,6 y $7,9 millones mensuales. En tanto, para los jueces de policía local la remuneración es de cerca de $ 3,5 millones al mes. Para Pablo Collada, director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, “es necesario dejar de verlas como designaciones realizadas por ‘dedo’ y convertirlas en procesos abiertos, en los que la sociedad civil participe del cuestionamiento y análisis de los perfiles, y que de ahí se pase a un esquema con el Senado”. En el mismo sentido, María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, manifestó sobre estos cargos “vitalicios” que “las designaciones no debiesen ser por afinidades políticas, porque estos puestos son técnicos, por lo que debieran ser por mérito. Y la manera de realizar el proceso debiera ser por Alta Dirección Pública y ratificado por el Senado”. Añadió que “los nombramientos deben ser con mecanismos de transparencia hacia la ciudadanía. Lo principal es que sean por mérito y no por cuoteo”. Los consejeros del CDE La Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado (CDE) establece que deben ser 12 los consejeros existentes, incluido el presidente. En el caso de ellos, éstos son designados por el Presidente de la República en ejercicio. Este cargo es de carácter inamovible, pudiendo ser ejercido hasta los 75 años. Mientras que para ser removidos debe existir acuerdo por parte de los integrantes del Senado. Para el caso del presidente, este cargo dura tres años -con opción de ser reelegido- y su nombramiento es decisión directa del Presidente en funciones. Conservadores, notarios y archiveros Para optar a estos cargos, la ley establece que deben ser abogados con dos años de ejercicio a lo menos, ser mayores de 25 años y chilenos. Los interesados deben postular a la Corte de Apelaciones correspondiente, previo llamado a concurso notarial. Esta instancia realiza una terna de tres nombres, la cual es enviada al Ministerio de Justicia. Siendo el titular de esta cartera quien decide respecto de cuál de los nominados se hará cargo del puesto. Este puesto puede ser ejercido hasta los 75 años de edad. Los jueces de policía local Según la ley, los jueces de policía local serán designados por la municipalidad que corresponda tras la propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva, la cual abrirá un concurso. El tribunal de alzada deberá formar la terna entre los funcionarios de las municipalidades de la provincia. Para ello, los secretarios municipales deberán remitir a las Cortes respectivas, en enero de cada año, una nómina completa de los funcionarios que puedan ser considerados en las ternas. Este cargo dura hasta que la persona no esté en condiciones de ejercerlo. www.latercera.com
  9. 18 Mayo 2016 EX GERENTE PATRICIO CONTESSE ENFRENTARÁ DELITO DE SOBORNO Consejo de Defensa del Estado se querella por cohecho contra Pablo Longueira El pleno del organismo tomó la decisión esta tarde y a solo semanas de que el Ministerio Público pidiera la formalización del ex parlamentario de la UDI. De esta manera el organismo se suma a la petición de formalización presentada por la Fiscalía hace algunas semanas. Hay que recordar que el fiscal regional, Pablo Gómez, descubrió una cadena de correos entre Longueira y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, donde este último participó de manera irregular en la redacción de la Ley de Royalty Minero. SQM aportó más de 700 millones a distintas fundaciones de Longueira. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordó esta tarde presentar una querella por el delito de cohecho en contra del ex senador de la UDI, Pablo Longueira. La decisión del pleno del organismo se produce a solo dos semanas de que el Ministerio Público solicitara su formalización ante el Octavo Juzgado de Garantía por el mismo ilícito. La decisión del Ministerio Público, como también la del CDE, radican en que el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, intervino para beneficio de la empresa -en conjunto con Longueira- en la redacción de la Ley del Royalty Minero. Respecto de Contesse el organismo resolvió también querellarse en su contra por el delito de soborno. La acción legal del CDE fue analizada, en primer lugar, por el comité penal del organismo y luego el ampliado de consejeros, atendida la importancia y alcance de un libelo de estas características. Hay que recordar que la investigación por cohecho está en manos del Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, y los antecedentes aparecieron en una cadena de correos entre Contesse y Longueira, donde este último permite que el ex gerente de SQM, literalmente, redacte a su favor parte del articulado del cuerpo legal. El libelo del CDE debiera ser presentado mañana o en los próximos días ante el Tribunal de Garantía, que lo proveerá y lo enviará al Ministerio Público para su integración en la carpeta de investigación. Los 730 millones de SQM vinculados a Longueira en el informe de Shearman & Sterling – The Clinic Online Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/05/18/consejo-de-defensa-del-estado-se-querella-por-cohecho-contra-pablo-longueira/
  10. Lunes 16 mayo de 2016 | Publicado a las 9:24 · Actualizado a las 10:23 Hasta 10 años de cárcel arriesgan imputados en caso CNA por corrupción Tras cuatro años de pesquisas por parte de la Fiscalía Oriente en el caso de corrupción en el proceso de acreditaciones de tres universidades -en la Comisión Nacional de Acreditación- se inicia esta semana la preparación de juicio oral contra tres exrectores y el expresidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz. Los imputados arriesgan penas que llegan hasta los 10 años de cárcel por delitos tributarios, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias. El Ministerio Público en tanto, espera validar este viernes ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la prueba de cargo contra los requeridos, quienes se verán favorecidos por la actual legislación que considera penas de menor entidad respecto al lavado de activos. “El imputado Luis Eugenio Díaz, aprovechándose de su posición y sus funciones públicas desempeñadas dentro de la CNA, en su calidad de comisionado y de presidente interino, se concertó con; el rector de la universidad del Mar, el acusado Héctor Zúñiga; con el rector de la Universidad Pedro de Valdivia, el acusado Ángel Maulén y con el rector de Universidad Internacional Sek, José Shroder, para colaborar indebidamente con ellos en sus respectivos procesos de acreditación institucional, entre los años 2010 y 2011″, detalla la acusación presentada por los fiscales de Alta Complejidad Oriente Calos Gajardo y Pablo Norambuena en el caso de corrupción al interior de la Comisión Nacional de Acreditación respecto a los cuatro imputados en la causa. El Ministerio Público determinó además que los acusados con sus acciones “infringieron gravemente los deberes de su cargo, a cambio de pagos por dicha labor ilícita y de beneficios a favor de terceros”. Tras cuatro años de investigación los persecutores deberán acreditar en un tribunal oral los delitos de corrupción relacionados a Díaz, Zúñiga, Maulén y Schroer, para lo cual tendrán que validar una multiplicidad de pruebas en la audencia de preparación de juicio oral fijada para este viernes a las 09:00 horas. La Fiscalía Oriente estableció que el expresidente de al CNA, recibió una paga de más de $300 millones, con el fin de que facilitara la acreditación de las tres universidades referidas, configurándose en su contra el delito de cohecho. Además intentó esconder el origen ilícito del dinero emitiendo boletas ideológicamente falsas, suscribiendo contratos por asesorías a través de su empresa, que usaba como fachada a Sociedad Gestión Ltda. Se busca probar contra Díaz delitos tributarios, tráfico de influencias, lavado de activos y revelación de secreto, lo que lo exponen a una pena de 10 años de presidio. Por su parte Maulén, Zúñiga y Shroeder, arriegan seis años de cárcel. La penas son menores que las consideradas en la primera acusación presentada en 2015, debido al cambio en la ley de lavado de activos, tal como lo explicó el fiscal Gajardo, cuando se presentó la acusación. El abogado Juan Carlos Manríquez, defensa de Zúñiga, dijo que están preparados para enfrentar un juicio oral tras estudiar la acusación de la Fiscalía. Explicando que cuestionan la calidad de funcionario público de Díaz. Pero antes de entrar a la discusión de fondo, el jurista detalló que se tienen que definir cuestiones previas, como la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado, alternativa a la que se mostró abierto. Fuente: http://www.biobiochile.cl/2016/05/16/hasta-10-anos-de-carcel-arriesgan-imputados-en-caso-cna-por-corrupcion.shtml
  11. Senadores de la Comisión de Constitución envían oficio al CDE por demanda a Rajevic Alfonso de Urresti y Pedro Araya solicitaron información sobre el candidato a contralor. Un oficio dirigido a Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), enviaron el martes los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (Ind), ambos miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. En el documento, los parlamentarios solicitaron remitir información sobre las demadas que el CDE ha interpuesto contra quienes adeudan becas de estudios entregadas por el Estado, apuntando a la situación que afectaría a Enrique Rajevic, nominado por el gobierno para ejercer como nuevo contralor general de la República y quien debe ser ratificado por el Senado. Esto, pese a que el gobierno ha desestimado la existencia de una demanda pendiente contra el jurista propuesto para reemplazar a Ramiro Mendoza. Los cuestionamientos que en su momento generó la nominación de Rajevic, tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, se alimentaron, en parte, por las dudas en torno a una beca que recibió en 2000 para realizar un doctorado en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y una demanda archivada por prescripción. Por eso, los integrantes de la comisión de Constitución - instancia que debe elaborar un informe y citar a Rajevic para que su designación sea votada en sala- pidieron al CDE conocer “respecto de él o los procedimientos utilizados por el CDE para los efectos de cobros asociados al sistema de becas de estudios otorgadas por el Estado”. Además, se solicita un “listado de becarios que fueron demandados por el CDE los últimos 10 años por incumplimiento de algún requisito estipulado” y un informe procesal “que indique la política del servicio para perseguir el cobro de las indemnizaciones”. Según De Urresti “queremos tener todos los antecedentes sobre la demanda contra el Sr. Rajevic. Es importante saber cuál fue el proceder de cobro y si cuenta con las condiciones de probidad”. Hasta el momento el gobierno no cuenta con los 22 votos para ratificar en el Senado al abogado como nuevo contralor. Al rechazo de la oposición, se suman los reparos de parlamentarios del oficialismo como De Urresti y Alejandro Guillier, además de independientes como Pedro Araya, Lily Pérez y Antonio Horvath. De hecho, el propio senador De Urresti le dijo el martes al ministro del Interior, Jorge Burgos, durante una reunión con senadores PS, que no apoyará la postulación. En esa oportunidad, Burgos insistió en que la designación fue de la Presidenta y que un rechazo debilitaría al gobierno. www.latercera.com
  12. Caso Litio: CDE pide que fiscal nacional investigue rol de Pablo Wagner El Consejo de Defensa del Estado (CDE) envió una carta al fiscal nacional, Sabas Chahuán, solicitándole que asuma la dirección de la investigación del fallido proceso de licitación para la explotación de litio, que se remonta al año 2012. Según informó Ciper este martes, la misiva está firmada por la abogada Irma Soto, fue entregada en dependencias de la Fiscalía Nacional el pasado 20 de mayo, y apunta a determinar el rol que jugó el ex subsecretario de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera Pablo Wagner, quien actualmente está proceso en el marco del caso Penta. Sabas Chahuán asumió personalmente, en febrero, la dirección de la investigación del caso Penta-SQM y, en opinión del CDE, la indagatoria de la licitación del litio podría arrojar también luces sobre la otra causa. Pablo Wagner (ex UDI) cumple actualmente arresto domiciliario tras ser formalizado por cohecho, delitos tributarios y lavado de activos por los 42 millones de pesos que recibió del grupo Penta mientras era subsecretario a través de boletas falsas emitidas por su cuñada, María Carolina de la Cerda. De la Cerda también emitió boletas falsas para SQM: una en 2009, que aparentemente se utilizó para financiar la campaña senatorial de Joaquín Lavín en Valparaíso, y otra en 2010, cuando Wagner trabajaba en el Ministerio de Minería. En ambos casos fueron por 7,5 millones de pesos. La carta que recibió Sabas Chahuán resalta que "todas las irregularidades" detectadas en el proceso de licitación -que obligaron a anularla y terminaron con la salida de Wagner del Gobierno- "se encaminaban a beneficiar al oferente inhabilitado, SOQUIMICH". Wagner y Jimena Bronfman, fiscal del Ministerio de Minería, están querellados por el CDE en este caso. Agrega también que "todas las irregularidades fueron dirigidas por doña Jimena Bronfman, Fiscal del Ministerio de Minería, Secretaria del Comité Especial Licitación (encargado de velar por el fiel cumplimiento de los procedimientos de la licitación) y por don Pablo Wagner San Martín, Ministro de Minería subrogante, Presidente del Comité Especial de Licitación" ante la inhabilidad del entonces ministro Hernán de Solminihac, cuyo hermano, Patricio, era y es ejecutivo de SQM. El Consejo de Defensa del Estado busca determinar, en consecuencia, si los pagos de SQM a Wagner pudieron incidir en que la minera controlada por Julio Ponce Lerou se adjudicara en 2012 derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio. Tanto Wagner como Jimena Bronfman fueron querellados por el CDE en julio de 2013 y acusados de posible falsificación de instrumento público: ambos firmaron un acta que acreditaba que SQM cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos en las bases, cuando uno de ellos era que la empresa que se adjudicara el contrato no tuviera litigios pendientes con el Estado, mientras SQM tenía al menos 20 juicios abiertos con el Fisco, la Tesorería, la Dirección General de Aguas y la Seremi de Salud, recordóCiper. www.cooperativa.cl
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