Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Aurora Williams'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Administración
    • Presentación & Bienvenida Nuevos Fotechitos
  • Premios Fotech
  • Portal Fotech
    • Televisión Chilena
    • Teleseries & Ficción Nacional e Internacional
    • Televisión Internacional por Cable y Plataformas Digitales
    • Área de Ficción Virtual
    • Arte, Cultura y Sociedad
    • Cine
    • Música Nacional y Radioemisoras
    • Música Internacional
  • Mundo Animado & Comunidad Asiática
    • Mundo Animado
    • Mundo Asiático
  • Actualidad, Ciencia, Deportes, Afectividad y Tecnología
    • Actualidad Nacional e Internacional
    • Ciencias, Historia y Naturaleza
    • Deportes
    • Afectividad, Salud y Sexualidad
    • Tecnología, Videojuegos y Diseño Gráfico
  • Ciencias, Educación y Tecnología
  • Pasatiempo
    • Recreo

Calendars

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Ubicación


Intereses


Facebook


Twitter


Instagram


Skype


Website URL

Found 4 results

  1. El radical socavón en Minería: la crisis de la ministra Aurora Williams Ivonne Toro Agurto 03 Diciembre, 2015 Williams ha perdido el apoyo del Partido Radical tras una demanda laboral por despido injustificado presentada por Víctor Vega, amigo del exdiputado Alejandro Sule. En paralelo, continúan abiertos dos flancos: el sumario por el trato privilegiado a minera Los Pelambres, que reveló The Clinic Online; y la guerra civil con el subsecretario que mantiene en tensión permanente a la repartición pública. El 7 de noviembre, ingresó ante el juzgado de letras laboral de Santiago una demanda de Víctor Manuel Vega Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Minería en la que se acusa vulneración de derecho fundamental y despido injustificado tras desempeñarse a honorarios en la repartición. En la acción judicial, que ya fue notificada en la cartera, Vega asegura que fue contratado para trabajar entre febrero y diciembre de este año en el equipo territorial de la Ministra Aurora Williams y que en agosto, tras ser operado de un tumor cerebral y una posterior infección intrahospitalaria, fue desvinculado por no haber llevado su licencia médica a tiempo. Y asegura que Williams “me quería despedir a toda costa, ya que a esta no le servía un trabajador enfermo y no le interesaba tener lastras en su Ministerio, por lo cual se empezó a encargar, por medio (de) otros compañeros de trabajo, como a su vez de quien tenía como superior jerárquico, el hecho de descalificar mi trabajo realizado y que dudaba si realmente mi condición física era tal, para estar hospitalizado con licencias tan extensas”. El 23 de diciembre, un representante de la Ministra debe acudir a declarar en la causa, pero el asunto tiene además otras aristas. Según fuentes del ministerio, el caso se ha convertido en un dolor de cabeza para la Secretaria de Estado en momentos en que continúan abiertos dos flancos: el sumario por el trato privilegiado a minera Los Pelambres, que reveló The Clinic Online; y la guerra civil con el subsecretario que mantiene en alerta la repartición pública. SOLEDAD RADICAL “Es una situación muy ingrata, los detalles los tiene que dar la Ministra y si hay militantes que quieran acudir al Tribunal Supremo están en su derecho”, plantea el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, cuando es consultado sobre la situación de Williams, que es parte de la colectividad, y la imputación que realiza Vega, que también es miembro del partido. Respecto de su evaluación de Williams, asegura que una calificación de gestión corresponde a la Presidenta Michelle Bachelet y acota que si bien el PR no interviene en asuntos gubernamentales, es “compleja” la denuncia. Desde el ministerio, fuentes consultadas por este diario, plantean que la tesis de Williams es que se estaría ante una revancha del exdiputado Alejandro Sule. Sule debió renunciar el 26 de junio como asesor legislativo de Williams luego que The Clinic Online publicara que el exsubsecretario Rodolfo Baier había revelado que la boleta por 6 millones que giró a SQM durante el 2013, y que lo llevó a dimitir de su cargo, la hizo a petición de Sule para justificar gastos de campaña. Desde Minería aseguran que aunque públicamente se habló de una salida voluntaria de Sule, en los hechos se trató de un despido y que por ello Sule habría instado a Vega, de quien es cercano, a realizar la acción judicial. Consultado por este medio, Sule niega cualquier intervención en esta línea. Asevera que es amigo de Vega y que lo ha acompañado en este periodo, pero niega estar tras la denuncia. Además recalca que él ofreció salir del cargo para no perjudicar al Ejecutivo y que, por lo tanto, no tiene asuntos pendientes con Williams. Como sea, cercanos a la ministra admiten que ésta ha perdido el apoyo de su partido y que ello la tiene golpeada. De manera oficial, en tanto, desde el ministerio aseguraron que “el señor Víctor Vega prestó servicios al Ministerio de Minería en calidad de honorarios. En relación al término de sus servicios, este se materializó conforme a los procedimientos que ordinariamente aplica la unidad competente del Ministerio. Respecto a las declaraciones por él expuestas, creemos que no es pertinente pronunciarnos ya que este tema está en poder de los tribunales de justicia, los que deberán resolver conforme a los antecedentes y pruebas que se presenten en las instancias pertinentes”. EL SUMARIO El 4 de junio de este año, a exactos diez días de una publicación de The Clinic Online que reveló un trato preferente a la minera Los Pelambres, del grupo Luksic, por parte del ministerio de Minería, el subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno, decidió iniciar un proceso sumario en el organismo. La acción se sustentó en dos hechos denunciados por este medio el 25 de mayo: la entrega de una carta firmada por el jefe de gabinete de Williams, Adolfo Galindo, certificando la “buena fe” de la empresa en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, en el límite entre Chile y Argentina y por el cual existe una controversia judicial en el vecino país; y el timbraje por parte del funcionario de un estudio técnico relacionado con el mismo tema que fue financiado por Antofagasta Minerals. El proceso fue asignado a la fiscal jefa del departamento jurídico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Doris Roa, quien se inhabilitó. Finalmente, el tema quedó a cargo del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien interrogó como inculpado a Galindo el 18 de noviembre. En las próximas dos semanas, Hernández daría a conocer los cargos y, dependiendo de su resultado, se podría judicializar el asunto. Galindo es mano derecha de Williams y al puesto habría llegado auspiciado por el exministro de Interior, Rodrigo Peñailillo. Galindo también es cercano a uno de los amigos de Peñailillo, Alex Matute, quien se desempeña como fiscal de Cochilco. Pese a la crisis que significó el favor a Luksic, para quien Williams trabajó en Antofagasta, Galindo se mantuvo por semanas en el cargo y aún sigue siendo parte, con otra función del gabinete ministerial. LA GUERRA CIVIL La mala relación entre los equipos de la ministra Williams y el subsecretario Moreno partió desde el minuto en que ambos asumieron en la repartición y se sustenta en sospechas mutuas de filtraciones y operaciones políticas. Aunque las dos autoridades se tratan con educada deferencia, fuentes de Minería confirman que ninguna decisión clave se toma de forma conjunta, que no se coordinan y que hay “codazos” constantes. “Es un ambiente de guerra fría”, plantean. Cercanos a Williams apuntan a que siempre Moreno ha aspirado a ser ministro y que ha apostado por la caída de Williams, quien no tiene grandes padrinos políticos. “Desde el principio ha existido mala fe en el trato hacia la ministra y se ha tratado de perjudicarla. Ella ha intentado mantenerse alejada de los conflictos, pero ha sido muy difícil, sobre todo este año con lo del sumario”, recalca una fuente consultada por The Clinic Online. En el entorno de Moreno, en tanto, subrayan que éste tiene el conocimiento técnico y profesional en el área y que ello ha provocado que Williams se sienta “amenazada” y haya optado por “protegerse” a través de Galindo, quien ofrecía tal condición cuando Peñailillo estaba en el poder. Con todo, el nivel de disputa ha implicado que en ambos bandos se asuma que, de haber un cambio de gabinete, es altamente probable que Bachelet opte por sacarlos a los dos para “limpiar” el ambiente enrarecido en la cartera. Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/12/03/el-radical-socavon-en-mineria-la-crisis-de-la-ministra-aurora-williams/
  2. Dirigentes del PR pedirán a tribunal supremo expulsar a ministra de Minería Esto, a raíz del despido de Víctor Vega, integrante de la comisión política del partido y ex jefe territorial de la secretaria de Estado, pese a encontrarse con licencia a raíz de complicaciones derivadas de un tumor cerebral. Una solicitud al tribunal supremo del Partido Radical ingresará en los próximos días un grupo de dirigentes para que se expulse a la ministra de Minería, Aurora Williams, militante de la tienda. Esto, a raíz del despido de Víctor Vega, integrante de la comisión política del PR y ex jefe territorial de la secretaria de Estado, pese a encontrarse con licencia a raíz de complicaciones derivadas de un tumor cerebral. El líder del PR, Ernesto Velasco, tomó distancia de la ministra. “Le preguntamos, y ella dijo que el funcionario entregó su licencia fuera de plazo”. Así, agregó: “Ella tendrá que dar explicaciones. Esto es lamentable, porque tiene una dimensión humana”. www.latercera.com
  3. El trato preferente a Los Pelambres de la ministra de Minería que trabajó en empresa controlada por Luksic Ivonne Toro Agurto | 25 Mayo, 2015 Durante el mes de abril, el jefe de gabinete de la ministra Aurora Williams, Adolfo Galindo, le entregó a la empresa una carta certificando la “buena fe” con que actuó la minera del grupo Luksic en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, en la frontera con Argentina y por el cual Los Pelambres mantiene un litigio con Glencore en tribunales trasandinos. Ello pese a que a Minería le corresponde fiscalizar a Los Pelambres. No fue la única gestión: ese mismo mes el equipo jurídico de esta mina solicitó acceso a un estudio sobre contaminación hecho en la zona a través de una carta directa a Williams donde se aludía a la ley de Acceso a la Información Pública. A fines de abril, Galindo entregó el análisis para ser presentado ante la justicia, pero el ingreso oficial al sistema de la solicitud se cumplió recién en mayo. Desde Cancillería, ministerio que durante el año pasado había consignado que la disputa entre Los Pelambres y Glencore era un tema entre privados, aseguraron a The Clinic Online que no fueron informados de las diligencias que beneficiaron al grupo Luksic. El 8 de abril, el abogado Andrés Jana Linetzky, en representación de Minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luksic, le hizo llegar dos cartas a la ministra de Minería, Aurora Williams, quien antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A. e Inversiones Punta de Rieles Ltda. En una de las misivas, Jana le informa sobre la querella criminal iniciada en Argentina por Glencore contra Los Pelambres producto de la disputa judicial por el Botadero Cerro Amarillo -en el límite entre Chile y Argentina- y le solicita a la autoridad que le otorgue una especie de certificado de “buena fe” a la empresa; en la otra, le pide acceso a un estudio técnico. La primera petición, contenida en un documento al que tuvo acceso The Clinic Online tras consultar por el tema en el gabinete ministerial, Jana recalca que “nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”. El 22 de abril, con la firma del jefe de gabinete de Williams, Adolfo Galindo- hombre de confianza del exministro del Interior Rodrigo Peñailillo y miembro del grupo G90- se extendió a Jana un documento oficial, con membrete ministerial, donde se consignó precisamente lo pedido: “la buena fe” de los Pelambres en los procedimientos relacionados con el terreno en controversia. La situación es a lo menos extraña, ya que una cartera no puede extender una calificación de este tipo a una entidad que debe regular. Un exministro destaca que no existe una atribución ministerial para garantizar la buena fe de una empresa y que frente a una solicitud de esta naturaleza lo normal es extender los permisos con los que cuenta la compañía para que ésta los use como estime conveniente. Además, agrega, la buena fe se presume en el ordenamiento jurídico nacional. Otro elemento que agrega complejidad es que se está ante un conflicto que en diciembre de 2014 la Cancillería definió como un tema estrictamente entre privados. “El Estado de Chile estima que la situación de la Minera Los Pelambres constituye un tema entre empresas particulares, en el cual no le cabe responsabilidad”, respondió oficialmente el ministerio de Relaciones Exteriores al ser consultado por el asunto por El Mercurio. El botadero Cerro Amarillo, del tamaño de un Parque Bicentenario y medio, está emplazado a cuatro mil metros de altura en la frontera de Chile y Argentina. Fue asignado en el año 2004 para tirar los desperdicios de la actividad minera de los Luksic y funcionó hasta 2011. Ello porque en el año 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos corrigió los hitos y se descubrió que parte del basurero minero -51 hectáreas- está en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore. Glencore realizó entonces tres acciones : 1) En 2013 solicitó a los Luksic sacar los materiales. 2) En 2014 presentó una demanda civil ante el juez federal de la Provincia de San Juan para que Los Pelambres retire sus residuos, los traslade a Chile y pague por los daños; y 3) En marzo de 2015, a través de su filial Pachón, entabló una querella criminal contra los ejecutivos de Pelambres. Frente a esto, la minera de los Luksic ha respondido que se operó con los permisos oficiales chilenos que sólo se modificaron cuando ya se estaba en funcionamiento. También han asegurado que los desechos son inocuos para el medio ambiente, pero que trasladarlos generarían un problema ambiental. Como sea, la respuesta de la ministra Williams a Luksic, a través de Galindo, certificando la “buena fe” en aspectos comprobables sólo con los papeles de permiso de la compañía es algo que conocedores del servicio público califican como “anómala”. Desde Cancillería, en tanto, aseguraron a este medio que no hubo información sobre las gestiones y que para Exteriores el tema sigue siendo un asunto entre privados. INFORMACIÓN PÚBLICA El mismo día 8 de abril, Jana -asesor jurídico técnico de Chile en la demanda de Bolivia ante La Haya, amigo del senador Ricardo Lagos Weber y del exministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter- envió una segunda carta a Williams en que, aludiendo a la ley 20.285 de Acceso a la Información Pública y Transparencia, pidió “todos los análisis efectuados, los resultados obtenidos y cualquier conclusión emanada” del peritaje técnico el 30 de enero realizaron funcionarios de Chile y Argentina en las las aguas aledañas al botadero y que, por indicación del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomín) fueron llevadas la consultora SGS. El 22 de abril, desde el gabinete de la ministra se entregó una copia de los estudios a Jana, pero éstos no tenían timbre oficial por lo que el abogado insistió en tener acceso a documentos formales. El 28 de abril, Sernageomín entregó los resultados con membrete al ministerio de Minería y 48 horas después, otra vez a través de Galindo, se derivó el estudio a Jana. Lo extraño del caso no es que Jana haya elegido una vía directa para hacer la petición que podría haber realizado a través de la web institucional, sino que no se haya generado, tras la petición, un número de atención, paso que la ley 20.285 contempla como obligatorio, y que le hubiera permitido al abogado conocer si se estaban cumpliendo los plazos legales establecidos. Es más, el 8 de mayo, una semana después de que Galindo entregó el estudio -que fue presentado en el tribunal de San Juan- se ingresó al sistema la solicitud de Jana con fecha estimada de resolución del 20 de mayo, pero se consignó que ya había sido respondido todo vía sistema. Frente a esto existen dos versiones contradictorias. Desde el gabinete ministerial aseguraron a The Clinic Online que al ingresar la petición por la ley 20.285 como Acceso a la Información Pública no es preciso generar el número de seguimiento. Sin embargo, un experto en esta área asegura que da igual si se apela a eso o Transparencia, porque el procedimiento es el mismo. Este medio consultó en el Consejo para la Transparencia sobre el procedimiento. Judith Ledezma, Analista de la Unidad de Promoción y Clientes del organismo aseveró que un servicio público, independiente de la forma en que ingresa una petición, tiene la obligación de dejar un código de identificación de éste para salvaguardad los intereses del solicitante y de la institución pública y garantizar que se responda en un tiempo y forma adecuado. Eso no se cumplió en este caso. Ledezma explicó que ello está contenido en la Instrucción General Número 10 de la ley de transparencia en su artículo 1.4. referido al “acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información”. En este punto se establece que los órganos públicos “deberán otorgar a los requirentes el correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación, el número de ingreso y su contenido, cuando así éstos lo exijan” y que “para dar cumplimiento a esta obligación podrán disponer de formularios autocopiativos o la entrega de una copia de la presentación en la cual se estampe la fecha de recepción, así como el envío de un correo electrónico en el que se incorpore de manera textual la solicitud formulada, ya sea por transcripción de aquélla o mediante su escaneo, o bien, la remisión a través de carta certificada, de una copia de la presentación en la que conste la fecha y hora de recepción de la misma, en caso que la solicitud se haya enviado por ese medio y el peticionario no haya solicitado ser notificado vía correo electrónico” . Se destaca que se “considerará buena práctica que el servicio entregue en todos los casos el referido recibo, aún en ausencia de solicitud expresa del peticionario” e informe, entre otras cosas, cuándo comienza a correr el plazo para responder al requerimiento. PELAMBRES: SÓLO SE BUSCABA DESCARTAR CONTAMINACIÓN Desde Pelambres, en tanto, se respondió por escrito a este medio que el objetivo de los análisis realizados era “verificar si existía contaminación, tal como sostenía Glencore en su demanda” y que la minera de los Luksic “sólo tuvo acceso a los resultados de las muestras chilenas, pero estamos seguro que no pueden ser distintos a los obtenidos por el Estado argentino”. Acotan que los resultados “prueban que el Botadero no está generando drenajes ácidos que puedan contaminar el ambiente”. “Nosotros entregamos copia de la información del primer informe, sin timbres en cada hoja, a las autoridades argentinas a través de nuestros abogados. Al Tribunal, en cambio, se le entregó el mismo informe días más tarde, pero con las hojas certificadas”, destacan. De acuerdo al estudio jurídico de Los Pelambres “lo que ocurre en este caso es que Glencore ha preferido ignorar esta evidencia y no solicitar los resultados, por cuanto éstos desmienten de manera irreversible sus alegatos de existencia de contaminación por drenaje ácido proveniente del Botadero” y acusan que “el propósito último de obtener un beneficio económico, totalmente injustificado”. Desde la empresa, además, rechazaron cualquier trato preferente a la compañía. Desde Minería, en tanto, sólo se precisó que se “ha recibido la solicitud del estudio de abogados, y ha respondido a ella, en virtud a lo dispuesto en la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública”. LUKSIC, OTRA VEZ La relación de Andrónico Luksic, líder del grupo económico, con el Ejecutivo ha estado en entredicho desde que se conoció que en noviembre de 2013 él, como vicepresidente del Banco de Chile, recibió al hijo de la Presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos y su esposa Natalia Compagnon quienes solicitaban un préstamo de $6500 millones para la compra de 44,3 hectáreas en Machalí, que se vendieron generando una ganancia de $2.500 millones. El caso, que provocó la renuncia de Dávalos como director de desarrollo sociocultural de La Moneda, está siendo investigado en la Fiscalía de Rancagua y fue el detonante de la crisis del Gobierno. Lea la petición de Minera Los Pelambres de certificar la “buena fe” y la respuesta de Minería: Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/05/25/el-trato-preferente-a-los-pelambres-de-la-ministra-de-mineria-que-trabajo-en-empresa-controlada-por-luksic/
  4. Desfile de políticos al servicio del conglomerado que lidera ranking de millonarios en Chile Puerta giratoria público-privada: todos los focos sobre el Grupo Luksic por Ximena Pérez Villamil | 15 julio 2015 Cuatro ministros del gabinete fueron directores o ejecutivos de empresas del grupo o de Canal 13, que sólo pertenece a Andrónico, el mayor del clan. Dos autoridades de los gobiernos de Piñera y de Bachelet, en su primera versión, trabajan en el holding Quiñenco. Dos miembros del gabinete debieron renunciar con diferencia de un mes por su relación con el grupo. Cuando no es una cosa, es otra. Las miradas hace rato están puestas sobre el mayor conglomerado económico chileno, el único que figura entre los 100 más ricos del mundo. Desde hace ya algún tiempo el foco está puesto en el grupo Luksic. Por sus directorios “cuoteados” que incluyen profesionales de trayectoria en el mundo de los negocios y ex ministros, principalmente de la Concertación. Porque se ha generado una suerte de puerta giratoria: no solo entran ex autoridades a sus empresas, sino que salen ejecutivos y directores que estaban trabajando o trabajaron en sus compañías y asumen en el gabinete de Michelle Bachelet. Por el crédito de $6.500 millones otorgado por el Banco de Chile, controlado por los Luksic, el 16 de diciembre de 2013 –un día después de ser electa la actual Presidenta–, a Caval, la sociedad de su nuera Natalia Compagnon, en una modalidad llamada bullet, que se paga en una sola cuota al momento de vencer y que representa un mayor riesgo para el banco, porque solo al final sabe si le van a pagar o no, por lo que se le entrega únicamente a clientes de alto patrimonio. Porque no fue una reunión la que sostuvo Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, con Compagnon para analizar el crédito, sino que fueron ocho y salieron tres asesorías que el gerente de finanzas de Caval, Marcelo Carreño, le prestó a CCU, filial del grupo. Cuando se supo del extendido vínculo Luksic-Compagnon, el periodista Matías del Río sostuvo en 'Tolerancia Cero', el domingo 12 de abril, que “Andrónico Luksic tiene una cierta compulsión en borrar esta muralla china que quisiéramos tener entre la política y el dinero, entre lo público y lo privado”. Lo calificó como más grave que el financiamiento irregular de las empresas a las campañas políticas, porque puede arreglarse con una buena ley, graficándolo como “un tumor que hay que extirpar”. “No es un relación puntual para un determinado caso, porque se da en el tiempo, es constante”, aseguró, refiriéndose a la relación de negocios entre el empresario y la nuera de Michelle Bachelet. El viernes anterior, Luksic –en un comunicado público– afirmó que “no he buscado establecer una relación impropia” con la autoridad, ante lo cual Del Río aseguró que “lamentablemente, haciendo una búsqueda en Google, hay que decirle al señor Luksic que sí ha establecido no solo una o dos, sino muchas relaciones impropias entre lo público y lo privado”. Y enumeró los cuatro ministros del gabinete de Bachelet que fueron directores o altos ejecutivos del grupo y, en algunos casos, ex autoridades de gobiernos concertacionistas: el ex director de Presupuestos, Alberto Arenas (PS), quien renunció al directorio de Canal 13 en abril de 2013 para integrarse al comando de la candidata PS y fue designado ministro de Hacienda; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre (PPD), que, en agosto de 2013, dejó el directorio de la estación televisiva por problemas con la línea editorial y, más tarde, fue nombrado ministro de Educación y ahora es Segpres; Máximo Pacheco (PS), a cargo de la cartera de Energía, amigo personal de Andrónico Luksic, ambos veranearon en Hornitos, recorrieron Croacia en yate y subieron el Mount Vinson en la década pasada, mientras en simultáneo Pacheco era director del Banco de Chile y Lucchetti; Aurora Williams (PRSD), ministra de Minería, quien anteriormente fue gerente de finanzas del terminal portuario de Antofagasta –con un 65% que controlan los Luksic–, seremi de Obras Públicas de la primera gestión de Bachelet, y previamente gerenta de clientes en la Empresa Sanitaria Aguas de Antofagasta, entonces de propiedad de los Luksic. Andrea Tokman, a quien Del Río no mencionó, es economista jefe de Quiñenco, doctorada en Economía de la U. de Berkeley, y hermana de Marcelo Tokman (PPD), actual gerente general de la Enap y ex ministro de Energía del anterior Gobierno de Bachelet. El también columnista de La Tercera asegura a El Mostrador que “el grupo Luksic está envuelto en una serie de escándalos, lo que ha sido costoso para su imagen. Me remito a lo que dijo Andrónico Luksic, esto le ha costado un gran desprestigio al Banco de Chile, si él lo dice, que es el más consciente de lo que ha pasado...”. Afirma que pagarle al diputado Insunza es “cruzar una línea bastante imprudente, su salida (del Gobierno) prueba que no era correcto y debiera ser investigado, porque (Pablo) Wagner (ex subsecretario de Minería que recibió pagos de Empresas Penta) está formalizado por cohecho por una cosa muy parecida”. “Sólo quiero decir que se ve pésimo y son muy imprudentes y muy poco cuidadas estas relaciones. Pero no se queda ahí este flujo constante entre lo público y lo privado”, dijo apuntando a dos altos ejecutivos del holding Quiñenco, que controla las inversiones productivas y bancarias del conglomerado. Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior y de Defensa de Sebastián Piñera, una vez terminado el Gobierno pasó a ser gerente legal de Quiñenco, y Álvaro Sapag trabajó diez años en la Conama hasta ser su director en la primera administración de Bachelet, renunció en junio de 2010, se fue al estudio de abogados de Carlos Larraín, el ex presidente de RN, y en abril de 2014 asumió como gerente de sustentabilidad de Quiñenco. Y, además, los ex ministros DC René Cortázar y Soledad Alvear, quienes pasaron a integrar el directorio de Canal 13 y que, en el caso de la segunda, fue dejado el pasado 30 de abril, cuando la mesa se redujo de 11 a 7 miembros, pero ella es parte del equipo de abogados que defiende a Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, en los dos juicios –uno civil y otro criminal– iniciados por la suiza Glencore por el botadero de escombros de Los Pelambres que ocupa terrenos de Glencore en el lado argentino, a cuatro mil metros de altura. También estuvieron en el directorio de Canal 13 dos ex ministros de Minería: Alejandro Jadresic y Rodrigo Álvarez, elegido con los votos de Andrónico Luksic y la Universidad Católica, a sugerencia del primero, y quienes desempeñaron sus cargos en los gobiernos de Frei y Piñera, respectivamente. Otro movimiento fue el del socialista Jaime Estévez, quien presidía BancoEstado cuando se le otorgó un crédito por US$120 millones, a fines de 2000, al grupo Luksic, para comprar el control del Banco de Chile, y luego fue ministro de Obras Públicas entre 2005 y marzo de 2006, para luego asumir como miembro del directorio del Banco de Chile, cargo en el que se mantiene. “Yo no he acusado ningún acto de corrupción, porque no conozco que estas personas hayan hecho nada malo puntualmente. Quiero terminar con la misma frase de Andrónico Luksic en sus declaraciones del viernes. Dice ‘podrán decir que he sido imprudente’; efectivamente, ha sido, no imprudente, ha sido muy imprudente, porque está súper abierto a que las relaciones se crucen y entrecrucen entre lo público y privado y lo que queremos para mejorar esto es establecer una cierta muralla china”, concluyó Del Río, que trabajó en la revista Capital cuando era de propiedad del fallecido Guillermo Luksic. Los descargos del conglomerado apuntan que el mayor número de directores políticos se dio en Canal 13, una inversión personal de Andrónico, el hermano mayor, y que apuntó a imitar el directorio de TVN para dar garantías de transversalidad y pluralismo. Y que Aurora Williams fue contratada en Antofagasta Terminal Internacional cuando su controlador era el grupo Claro y los Luksic tenían sólo un 30%, cosa que cambió en 2012 con la compra de la Sudamericana de Vapores (de Ricardo Claro y sus socios). Pero Williams sí prestó servicios en un cargo de menor jerarquía en la Empresa Sanitaria Aguas de Antofagasta, entonces de propiedad de los Luksic, antes de ser Seremi de OO.PP. en el primer Gobierno de Bachelet. La “mesada” a Jorge Insunza El estilo del mayor conglomerado económico chileno –el único que figura entre los 100 más ricos del mundo, en el puesto 82, con una fortuna avaluada en US$13.500 millones, según el último ranking de Forbes– ha cobrado dos víctimas en el Gobierno, con apenas 31 días de diferencia. El PPD Jorge Insunza asumió el 11 de mayo como ministro secretario general de la Presidencia y debió renunciar el 7 de junio después de hacerse público que, mientras era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, asesoraba a Antofagasta Minerals, brazo minero del grupo Luksic. El también PPD Adolfo Galindo, ex jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, y miembro de la G90, dejó su cargo el pasado 8 de julio mientras se le hacía un sumario por el trato preferente otorgado a la minera Los Pelambres. En concreto, le entregó a Los Pelambres una carta, en abril, en la que certificaba la “buena fe” con que actuó la minera de los Luksic en la construcción y operación del botadero de residuos Cerro Amarillo, en la frontera con Argentina, y por lo cual Glencore mantiene dos juicios en su contra en tribunales trasandinos. “Me parece realmente insólito que haya empresas del grupo Luksic que le paguen a un parlamentario una especie de mesada, como pasó con Jorge Insunza. Muchos han criticado a Insunza, pero a mí me tiene horrorizado, ¡horrorizado!, o sea, ¿qué estaban pensando en el grupo Luksic cuando le pagan a un diputado que preside la Comisión de Minería?”, afirmó el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, en la última edición de la revista Paula. Incluyó en su crítica al grupo Angelini, “que parece que le pagó el sueldo a (Rodrigo) Peñailillo, o SQM o Corpesca a Jaime Orpis”. Y remató: “Los tenían comprados a todos. Tengo una visión muy crítica de los políticos que aceptaron todo esto, pero a mí me parece que el político es mucho más vulnerable”. El también columnista de La Tercera asegura a El Mostrador que “el grupo Luksic está envuelto en una serie de escándalos, lo que ha sido costoso para su imagen. Me remito a lo que dijo Andrónico Luksic, esto le ha costado un gran desprestigio al Banco de Chile, si él lo dice, que es el más consciente de lo que ha pasado...”. Afirma que pagarle al diputado Insunza es “cruzar una línea bastante imprudente, su salida (del Gobierno) prueba que no era correcto y debiera ser investigado, porque (Pablo) Wagner (ex subsecretario de Minería que recibió pagos de Empresas Penta) está formalizado por cohecho por una cosa muy parecida”. Tener directorios con figuras de distintas tendencias políticas –opina– “es una forma de llevar a las empresas más allá de sus límites estrictamente productivos para vincularlas con el mundo político, lo que siempre es útil, pero se pueden cruzar líneas muy precarias”. Cree que no es una práctica extendida entre los grupos económicos chilenos ni necesaria, “hay empresarios igualmente exitosos que no lo hacen y Luksic no es grande porque tenga estos directores; es grande porque se lo ha ganado”. Apunta a que, en su caso, puede tener más que ver con su manera de ser, “de ver los negocios quizás demasiado vinculados a la política”, pero “cuotear” directorios –agrega– “es una fórmula que está siendo superada por los tiempos”. Coincide el abogado y experto en comunicación, Patricio Dussaillant: “Hoy día es mal visto tener políticos metidos en las empresas, porque la gente está viendo que ha existido una relación estrecha entre empresa, política y dinero y esto lo que hace es confirmarlo y en un contexto que se presume negativo, porque los grupos lo están haciendo para conseguir influencia o lobby en el Estado”. Dice que aunque así no sea, esa es la lectura que se le da. Proyecto de ley: desde tres a seis meses de restricción para puerta giratoria Hasta ahora, la ley establece un período de seis meses de restricción para que los funcionarios de instituciones fiscalizadoras, como las superintendencias de valores y bancos, puedan emplearse en una empresa que haya estado bajo su supervisión. El Consejo Asesor Presidencial Contra Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, presidido por el economista Eduardo Engel, fijó en un año el “período de enfriamiento” e incluyó a ministros y subsecretarios, prohibiendo además que en esa etapa pudiesen contactar a funcionarios de la entidad en que trabajaron u otros organismos del Estado en relación con materias en las que se tuvo responsabilidad. Sin embargo, el proyecto de ley enviado el 17 de junio fue más suave. Mantuvo en seis meses la restricción para que funcionarios de organismos fiscalizadores puedan prestar cualquier tipo de servicio a una empresa supervisada: Aduanas, Impuestos Internos, Fiscalía Nacional Económica, Dirección del Trabajo, superintendencias de Valores, de Bancos y de Seguridad Social, excluyendo a las de isapres y AFP, las carteras de Medio Ambiente, Telecomunicaciones y Energía, que son reguladores, explica María Jaraquemada, directora de investigación de Ciudadano Inteligente, que ha seguido paso a paso los proyectos anunciados y enviados al Congreso. Para los ministros y subsecretarios –primer y segundo nivel jerárquico- establece una prohibición de tres meses para trabajar en cualquier empresa fiscalizada después de dejar el cargo y les permite recibir un 75% de sus sueldos durante ese período. Establece una multa de 100 UTM para las personas que incumplan la norma y de 4 mil UF para la empresa que la transgreda. Y dos años para que ex funcionarios del Estado puedan realizar lobby en las entidades fiscalizadas. Al revés, del sector público al privado fija seis meses para directores o gerentes de empresas sujetas a fiscalización, es decir, no podría ingresar a trabajar en el Ministerio de Minería el director de una compañía del sector. Para Jaraquemada el riesgo de la “puerta giratoria” radica en que al contratar a un ex ministro o ex funcionario de Gobierno “pueda usar sus contactos para que la autoridad que hoy está en el cargo beneficie a la empresa porque él está ahí y no a otros”. Agrega que esta práctica antes no era muy criticada, “pero ahora sí, porque como sociedad estamos exigiendo mayor igualdad de trato: es imposible que exista una muralla china, pero tiene que haber reglas claras. Para estar tranquilos una nueva ley debiera incluir no sólo a fiscalizadores, sino a ministros y subsecretarios por un período de restricción mínimo de un año y máximo de dos. Seis meses me parece poco”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/07/15/puerta-giratoria-publico-privada-todos-los-focos-sobre-el-grupo-luksic/
×