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  1. 24/06/2016 Fiscalía pide sobreseer 6 causas a empresas por aportes irregulares a campañas Sin embargo, la abogada querellante se opondrá a este término judicial, pues "se pasan a llevar los derechos de los accionistas minoritarios". La Fiscalía solicitó sobreseer las causas contra seis empresas por financiamiento de campañas políticas mediante aportes reservados. Se trata de Banco de Chile, Empresas Copec, Falabella, Endesa, Enersis y LAN. El fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal, le pidió al Séptimo y al Segundo Juzgado que se fijen las audiencias para evaluar el sobreseimiento de las causas, cuyas audiencias fueron fijadas para el 7 de julio y, en el caso de LAN, para el 5 de julio, consignó El Mercurio. Recordemos que la investigación comenzó en 2015 cuando el accionista minoritario Óscar Gajardo presentó 10 querellas que además de estas seis empresas incluye a SQM, Quiñenco, Cencosud y AntarChile. Se debe precisar que de estas cuatro, la única que sigue su curso es la causa en contra de SQM. En la querella argumentaba que se desvió dinero de las sociedades para efectuar aportes electorales por parte de los directores, quienes no están facultados para realizar este tipo de aportes y que los accionistas no fueron consultados previamente. Según el matutino, la abogada querellante, Bárbara Salinas, se opondrá a este término judicial, ya que sostiene que es lamentable "porque se pasan a llevar los derechos de los accionistas minoritarios". Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160624/pags/20160624095050.html
  2. Ejecutivos dicen que Luksic ordenaba a qué políticos se les daba dineros vía Servel “El presidente del directorio decide la distribución ejerciendo el mandato conferido por el directorio de la compañía, y la distribución la hacía yo, siguiendo sus instrucciones y siempre dentro de los límites”, aseguró el gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna. Nacional17 de febrero, 2016 Autor: El Dínamo En el contexto de una serie de querellas que presentó el accionista minoritario Óscar Gajardo, el Ministerio Público ha estado citando a una serie de altos ejecutivos de las más grandes empresas del país. En el caso de Quiñenco, matriz de negocios del grupo Luksic, declararon dos gerentes, en compañía de su abogado Juan Domingo Acosta. El objetivo de la querella es esclarecer si es que se cometió delito en la entrega de aportes a la política, pero por la vía legal, o sea a través del Servel. Según Gajardo, existiría el delito de apropiación indebida, ya que con estos aportes se habría afectado el patrimonio de los accionistas minoritarios. El 19 de noviembre del año pasado, el gerente de Administración y Finanzas y Recursos Humanos de Quiñenco desde 1996, Luis Fernando Antúnez Bories, explicó cómo se realizan estos aportes. “En las últimas elecciones parlamentarias y de Presidente de la República estuve presente en la sesión de directorio en que se aprobó efectuar un máximo de aportes a candidatos. En esa sesión, el directorio tomó el acuerdo de autorizar al presidente del directorio (Andrónico Luksic Craig, máximo ejecutivo del holding) para instruir al gerente general Francisco Pérez Mackenna o a mí para formalizar la distribución de los aportes ante el Servel en la forma en que el presidente lo estableciera”, declaró Antúnez, según publica La Tercera. En ese sentido, agregó que “el directorio nos mandató a mí y al gerente general para que cualquiera de nosotros, y bajo las instrucciones del presidente del directorio, perfeccionáramos los aportes ante el Servel, labor que finalmente efectué yo, pero siempre siguiendo las instrucciones del presidente de la compañía”. “El presidente del directorio decide la distribución ejerciendo el mandato conferido por el directorio de la compañía, y la distribución la hacía yo, siguiendo sus instrucciones y siempre dentro de los límites que establece la ley”, precisó Antúnez. En relación a la forma cómo se concretaba ese aporte, el mismo ejecutivo explicó que tras recibir instrucciones, éste a su vez instruía a tesorería de Quiñenco para que emitiera un cheque nominativo y cruzado a nombre del Servicio Electoral “que se depositaba en la cuenta que el Servel tiene en el Banco Estado”. Luego, “transcurridos tres o cuatro días, yo concurría con la documentación respectiva a las oficinas del Servel, donde, luego de esperar mi turno, me conducían a un computador donde debía ingresar el destino de los aportes de manera reservada. En el menú del sistema del Servel me aparecía a qué candidato le quiere donar y qué monto”. El gerente general del holding, José Francisco Pérez Mackenna, indicó que no sabía cuál fue la distribución de los aportes, ya que los directores de Quiñenco “no tenían conocimiento de los candidatos que específicamente recibirían los aportes, sino sólo el monto hasta el cual se autorizaba hacer en forma global el aporte, todo ello por tratarse de aportes reservados”. Respecto de rol de Luksic, Pérez Mackena se cuadra con Antúnez y declaró que “según lo acordado por el directorio, se autorizó al presidente del directorio para que instruyera al gerente de Finanzas o a mí, como gerente general, para materializar la distribución de los aportes ante el Servel”. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/02/17/andronico-luksic-aportes-legales-servel-instrucciones/
  3. LEY QUE LE ASEGURA PISO FIJO DE GANANCIAS ESTÁ INTACTA HACE 26 AÑOS Platas políticas: la generosa billetera de Aguas Andinas Por : Nicolás Sepúlveda y Alberto Arellano en Reportajes de investigación Publicado: 04.01.2016 A pesar de que Aguas Andinas rectificó dos veces ante Impuestos Internos gastos sin respaldo contable, y que la Fiscalía y el SII tienen evidencias de pagos de la sanitaria a sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Laurence Golborne, al yerno de Eduardo Frei, Pedro Yaconi y a una corporación ligada a la UDI, la situación judicial de la sanitaria está en la hielera. Su contabilidad arroja además pagos por $422 millones a think tanks de todos los sectores políticos. Es un caso sensible pues la sanitaria está sometida a una regulación de la que dependen la tarifa del agua y sus ganancias. Transcurridos ocho meses desde que la principal empresa sanitaria de Chile, Aguas Andinas, se viera involucrada en el financiamiento irregular de la política, la investigación de los pagos ilícitos que arroja su contabilidad entre 2009 y 2014, está paralizada tanto en Impuestos Internos (SII) como en el Ministerio Público. Y ello, a pesar de que la propia empresa hiciera al menos dos rectificaciones ante el SII, en abril y junio de este año, reconociendo pagos que no tienen respaldo contable y que beneficiaron a una empresa de Sebastián Piñera y del abogado Carlos Castro, ligado a Renovación Nacional. Más inexplicable resulta esta paralización a la luz del rastreo que realizó CIPER a la contabilidad de la sanitaria. A los pagos por trabajos no realizados ya mencionados, se suman otras transferencias a sociedades vinculadas a personas que ya han sido querelladas o están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política. Entre ellos figuran: $430 millones pagados por Aguas Andinas a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y miembro del comité de finanzas de su fallida campaña presidencial en 2009; los $27 millones cancelados a una sociedad personal de Pablo Longueira y los $53,5 millones que recibió Vox Comunicaciones, la misma empresa querellada por el SII por recibir dineros de Penta para la campaña presidencial de Laurence Golborne. Pablo Longueira En 2014, las utilidades de Aguas Andinas, que suministra y trata el agua en la Región Metropolitana, rozaron los $120 mil millones. Pero el éxito empresarial de la sanitaria controlada por Aguas de Barcelona (Agbar), se vio empañado con el estallido del escándalo de las platas políticas, trama en la que el pago de boletas y facturas falsas por parte de Soquimich terminó por incluir a Aguas Andinas en el club de las empresas bajo sospecha. Hasta ahora, Aguas Andinas ha ingresado al menos dos rectificaciones ante el SII, reconociendo que no existe respaldo para justificar algunos pagos. Entre ellos, los $76 millones girados a los entonces ejecutivos de CHV, Jaime de Aguirre y Mario Conca, que emitieron facturas falsas a la sanitaria por solicitud de Santiago Valdés, ex gerente de Administración y Finanzas de Bancard, sociedad de propiedad de Sebastián Piñera, quien en esa época también controlaba ese canal de TV. La onda expansiva de las platas políticas que salpicó a una de las empresas de Piñera resulta sensible. Fue el propio Piñera quien a fines de 2010, ya siendo Presidente, autorizó la polémica enajenación de la mayoría de las acciones (35%) que el Estado aún poseía en Aguas Andinas, hecho que se materializó en junio del año siguiente. Desde entonces, el Fisco, a través de Corfo, posee solo una participación nominal (5%) en la propiedad de la sanitaria. Como el detalle y los montos de las rectificaciones que hicieron los ejecutivos de Aguas Andinas ante el SII han sido mantenidas en riguroso secreto por esa entidad, no ha sido posible clarificar cuántos son los pagos bajo sospecha de haber sido aportes ilegales a la política que realizó la principal empresa sanitaria del país. El problema no solo afecta a Aguas Andinas sino a todas las empresas que rectificaron entre marzo y junio de este año. De la decisión que asuma el SII respecto de los ilícitos cometidos por la sanitaria, dependerá en gran medida el futuro de las otras investigaciones. ALCANZA PARA TODOS CIPER revisó la contabilidad que la empresa sanitaria entregó al SII y a la Fiscalía. Se trata de los libros de compras y de retención de honorarios con registros contables desde el 2009 al 2014. Allí, entre los cientos de proveedores que prestaron servicios a la sanitaria entre esos años, CIPER detectó cerca de 30 receptores de pagos –entre personas jurídicas y naturales– con vínculos políticos directos. Un puñado de ellos son los mismos que figuran en la carpeta investigativa que indaga la repartija de platas políticas de SQM, la empresa controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y también de Penta. Felipe Larraín Aspillaga Pero las platas sospechosas de haber ido a parar al financiamiento ilícito de la política, no es lo único que resalta en los registros contables de la sanitaria filial de Aguas de Barcelona (Agbar). Resultan llamativos también los más de $420 millones girados por la sanitaria entre 2009 y 2014a casi una decena de centros de pensamiento estrechamente vinculados a partidos políticos de derecha y centro-izquierda, desde la Fundación Jaime Guzmán (UDI), pasando por el Instituto Libertad (RN), a Chile 21 (PRO-PS-PPD). Más sensible resulta el hecho de que Aguas Andinas es un monopolio regulado por el Estado, cuyas tarifas –que deben responder a parámetros de máxima eficiencia– se negocian cada cinco años con el organismo regulador, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). La pregunta que ronda es si los cuantiosos pagos desembolsados por la sanitaria a esas sociedades y centros de pensamiento forman parte del “modelo eficiente” al que debe ceñirse por ley la sanitaria. Más importante aún es si todos estos aportes y donaciones –a los que se suman transferencias por más de $3 mil millones a universidades– son finalmente absorbidos por el bolsillo de los casi dos millones de clientes de la sanitaria en la Región Metropolitana. Pregunta que toma fuerza a la luz de un estudio de la Red Internacional de Comparaciones para Empresas de Agua y Saneamiento de 2011, que concluyó que el metro cúbico de agua en Santiago es más caro que en Lima, Sao Paulo, Caracas, Roma, Shanghai y Seúl. Contactado por CIPER, el presidente del directorio de Aguas Andinas, Felipe Larraín Aspillaga, afirmó: “Por decisión de la empresa nadie de nosotros hablará con la prensa de estos temas. No es un problema con CIPER, todo lo contrario, es solo que hemos decidido colaborar con todo lo que el SII y el Ministerio Público nos pidan y nada más”. PAGOS SOSPECHOSOS En los numerosos archivos revisados por CIPER, llaman la atención los pagos girados por Aguas Andinas a tres sociedades ligadas a Pedro Yaconi, mano derecha del ex presidente Eduardo Frei que participó en el comité de finanzas de la última aventura electoral del ex mandatario en 2009. Precisamente en octubre de ese año figuran transferencias por $81,2 millones desde la sanitaria a estas sociedades. El 20 de octubre de 2009 aparecen $49 millones pagados a C2P –sociedad de asesorías constituida por Yaconi en 2003–, a través de dos facturas de $13 millones y $36 millones. El mismo día Aguas Andinas giró otros $14 millones a Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, Rinvesa, la misma sociedad que recibió ese año $30 millones de SQM, pago que la minera luego rectificó ante el SII. Rinvesa fue constituida en 2006 por Yaconi y por la que era entonces su cónyuge, Mónica Urzúa Frei, sobrina del ex presidente Frei Ruiz Tagle. Pedro Yaconi (Foto: Twitter) Seis días antes de esos pagos, el 14 de octubre de 2009, Aguas Andinas giró otros $18 millones a una tercera sociedad ligada a Yaconi: Selectiva Consultores, constituidaen 2004 junto a su hermana, Lorena. Consultada por CIPER, Lorena Yaconi aseguró que Pedro solo le ayudó a conformar la sociedad pero que nunca ha participado en ella, y que el pago corresponde a un informe que por motivos de confidencialidad del contrato no puede mostrar ni tampoco revelar la materia que trató. “Se entregó un informe, y este año, cuando comenzaron los comentarios sobre este tema, Aguas Andinas nos pidió que lo volviéramos a enviar. Como ha pasado mucho tiempo, no tenían el respaldo, pero nosotros se lo enviamos”, afirmó. A diferencia de Selectiva y Rinvesa que, de acuerdo a la contabilidad de la sanitaria, recibieron dineros solo en octubre de 2009, C2P recibió pagos mensuales durante todo 2009 ($120 millones en total), los que se retomaron en mayo de 2012 y siguieron hasta diciembre de 2014. En total, los pagos a sociedades ligadas a Yaconi acumulan $430 millones. Pedro Yaconi aseguró a CIPER: “Mis trabajos están respaldados por contratos”. Dice que las transferencias de 2009 desde Aguas Andinas a C2P se justifican por labores que realizó desde 2007 por la implementación de plazas de agua en distintas comunas y un informe sobre biosólidos. Respecto del pago a Rinvesa afirma que fue por un juicio en que representó a la sanitaria, que duró tres años y que “se pagó por adelantado”. También señala no tener nada que ver con Selectiva Consultores, a pesar de que en el registro del Diario Oficial aparece como parte de la propiedad con el 50%, equivalentes a $124,6 millones, hasta diciembre de 2012 (cuando vendió su parte). El abogado Cristián Quinzio también participó junto a Pedro Yaconi en el comité de financiamiento de la campaña presidencial de Frei en 2009. A ese grupo también perteneció Giorgio Martelli, quien además fue recaudador de dineros de la pre-campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. En ese preciso año 2009, Quinzio era socio del staff de Marcelo Olivares, abogado que además participa en el directorio del Centro de Estudios del Cobre y la Minería. El 10 de diciembre de ese año, la sociedad Asesorías Marcelo Olivares recibió $20 millones de Aguas Andinas. El abogado no respondió los llamados de CIPER para explicar ese pago. Otra de las empresas ligada a precampañas de la Concertación o de la Nueva Mayoría y que en la contabilidad de Aguas Andinas aparece recibiendo pagos, es Soluciones en Gestión Ambiental (SGA), de propiedad de Jaime Solari (PS). SGA recibió de Aguas Andinas $393,4 millones entre 2009 y 2014. Esa misma sociedad organizó en 2013 un taller para la empresa Rockwood Lithium (competencia de Soquimich Salar ya que tiene una parte de la concesión de la explotación de litio en Chile) y terminó derivando $37 millones a Asesorías y Negocios, la empresa de Giorgio Martelli que financió la pre-campaña de Bachelet, transferencias que investiga el Ministerio Público y el SII. Jaime Solari fue enfático al responder a CIPER: “Aguas Andinas es nuestro cliente desde 2006 y le hacemos diversas asesorías. En 2013 partió un estudio que se hizo con ellos y que duró hasta el 2015. Están los informes y todo el respaldo. No puedo mostrarlos porque es confidencial. Se pagó en varias partes, eso explica que haya pagos en 2013 y 2014”. LONGUEIRA Y GOLBORNE Desde abril de 2014, Aguas Andinas registra giros mensuales a Asesorías e Inversiones LB SpA, sociedad constituida el 12 de diciembre de 2013 por Pablo Longueira y su señora (Cecilia Brinkmann). Son nueve pagos que totalizan $27,5 millones. Esta sociedad de Longueira también figura recibiendo pagos de SQM por algo más de $65 millones entre 2014 y 2015. El abogado de Pablo Longueira, Alejandro Espinoza, no respondió los mensajes que se le enviaron para obtener su versión de estos hechos. Laurence Golborne En la contabilidad de la sanitaria, hay otra sociedad que posee estrechos vínculos con la UDI: la Corporación de Asuntos Públicos, que recibió pagos por $43,7 millones entre 2012 y 2014. Esa sociedad de la UDI también registra pagos bajo investigación del Ministerio Público: recibió de SQM $131 millones, montos que la minera rectificó. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993. Registra domicilio en Arturo Prat 60, departamento 54, ubicado frente al Instituto Nacional. Allí también funciona la oficina de la contadora Graciela Alcamán, quien firma los balances anuales de la UDI desde 2002 (ver reportaje de CIPER). En esa misma dirección registra domicilio la Sociedad Comercial L y L Limitada, de Pablo Longueira y Cristián Leay, quien hoy ocupa un cupo UDI en el directorio de TVN. Otra empresa que aparece recibiendo pagos de Aguas Andinas y que se ha visto involucrada en el financiamiento irregular de la política, es Vox Comunicaciones, en cuya constitución participó el ex candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne. La Fiscalía investiga a la firma que hoy es liderada por Gabriele Lothholz, por emitir seis facturas falsas a Penta por un total de $120 millones, los que se ocuparon para financiar la fallida campaña presidencial de Golborne. Vox también registra pagos desde SQM que la minera rectificó y que según aseguró Lothholz a la Fiscalía, obedecen a un contrato que comenzó en julio de 2013 y dura cuatro años. De Aguas Andinas recibió $53, 5 millones entre junio de 2013 y febrero de 2014, periodo que abarca la aventura presidencial y senatorial de Golborne. En julio pasado La Tercera informó que la Fiscalía comenzó a indagar los supuestos informes realizados por Vox para la sanitaria en la preparación de la futura formalización de Golborne. En ese contexto concurrió a declarar a la Fiscalía Víctor Salazar, quien fuera gerente de asuntos corporativos de la sanitaria. En su declaración señaló que Vox hizo un trabajo de medios sociales para manejar la crisis desatada por el corte masivo de agua en Santiago en febrero de 2013. El 8 de octubre el SII se querelló en contra de Golborne, Gabriele Lothholz, Luis Calvo Astorquiza (socio de Lothholz en Vox), y ejecutivos de Penta por la entrega de $120 millones a la campaña de Laurence Golborne. El perjuicio fiscal se estableció en $45,3 millones. La acción judicial del SII no incluyó los más de $50 millones que le pagó Aguas Andinas. Otra de las empresas de comunicaciones que figura en la contabilidad de Aguas Andinas es Imaginacción, de Enrique Correa. Aunque no está siendo indagada en ninguno de los procesos por el financiamiento ilegal de la política, Correa ha jugado un rol de primera línea en éstos, asesorando a los dueños del Grupo Penta, a Julio Ponce Lerou (controlador de SQM), y al ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. Entre 2009 y 2012 Imaginacción recibió $179 millones deAguas Andinas. Una segunda sociedad de Correa –Consultores en Asuntos Públicos– registra pagos por más de $97 millones. RECTIFICACIONES La contabilidad de Aguas Andinas fue entregada a la PDI en mayo de este año en tres partes. Con la información completa, el Ministerio Público citó a Eduardo Yarur Sairafi, gerente corporativo de Finanzas y Abastecimiento de Aguas Andinas, quien declaró el 4 de septiembre. En esa ocasión, apuntó a Joaquín Villarino –ex presidente de la compañía y actual presidente del Consejo Minero–, como la persona que le indicó que debían pagarse los giros a Mario Conca y a Jaime de Aguirre, ejecutivos de Chilevisión que reconocieron ante la Fiscalía no haber prestado servicios para Aguas Andinas. En su declaración, Yarur afirmó que habló varias veces con Santiago Valdés –el administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009, quien fue formalizado en el caso Penta–, para coordinar los pagos, y que los documentos que autorizaron las transferencias fueron firmados por Francesc Mayné, el gerente corporativo de Comunicaciones de la sanitaria en 2010. Sebastián Piñera Cuatro meses antes de que el gerente de Aguas Andinas, Eduardo Yarur, asumiera ante los fiscales la existencia de pagos irregulares, ya la sanitaria había dado el primer paso que aliviaría su situación tributaria. El 30 de abril, el gerente general de Aguas Andinas, Jordi Valls, presentó al director de Grandes Contribuyentes del SII, Bernardo Seaman, la primera rectificación tributaria de la empresa. Con ello, la sanitaria reconoció pagos no respaldados. Una semana antes se habían hecho públicos los pagos irregulares de Aguas Andinas a los ejecutivos de Chilevisión: tres facturas emitidas por Inversiones La Música (De Aguirre) entre enero y marzo de 2010, por un total de $30 millones; y cuatro facturas de Inversiones y Servicios Carrizal (Conca), entre enero y abril de 2010, por $46,7 millones. Cuando De Aguirre y Conca declararon ante los fiscales, afirmaron no haber prestado ningún servicio ni a Aguas Andinas, ni a otras empresas a las que también emitieron facturas falsas. Y describieron cómo esas facturas les fueron pedidas desde la empresa de Sebastián Piñera, Bancard, para concretar el pago de bonos y otros servicios que le prestaron al ex presidente y que terminaron siendo trianguladas y canceladas desde Aguas Andinas, SQM, Pampa Calichera, Andes Task (de propiedad de Alejandro Reyes, contralor de Sigdo Koopers), e Inversiones Ilihue (ligada a José Cox, socio histórico de Piñera). No obstante que las facturas pagadas a Conca y De Aguirre fueron incluidas en las primera rectificación que hizo Aguas Andinas el 30 de abril, la empresa finalizó ese documento afirmando: “Nuestra compañía no ha registrado pagos irregulares a ejecutivos propios ni de terceros, tampoco ha disfrazado bonos, ni jamás ha celebrado contratos de especulación a fin de generar pérdidas dolosas”. Pero alinterior de Aguas Andinas la situación no estaba controlada. De hecho, en ese preciso momento se realizaba contra reloj una auditoría interna para detectar otros pagos irregulares, a cargo del abogado tributarista Christian Aste y del auditor Francisco Ramos. A pesar del secreto que ha rodeado el trabajo de ese equipo y la investigación que ha realizado el SII, algo se encontró. Porque el 4 de junio Aguas Andinas procedió a realizar una segunda rectificación en la que reconoció que no tenía respaldo para dos facturas pagadas el 23 de marzo y el 23 de abril de 2009 al abogado Carlos Eugenio Castro Castro, por un total de $5,5 millones,. En la rectificación de Aguas Andinas ante el SII, se hizo mención al vínculo de Castro con otros pagos irregulares: el abogado integró la nomina de denunciados por el SII el 2 de abril, por haber recibido $31 millones sin respaldo contable desde SQM. Pero hubo más, ya que Castro también le facturó en 2009 a Inversiones Caburga, de propiedad del Grupo Said. Esa empresa rectificó ante el SII $663 millones por concepto de boletas y facturas sin respaldo contable, parte de cuyos pagos –como quedó consignado en declaraciones de ejecutivos del grupo– fueron aportes a las campañas presidenciales de Frei y Piñera en 2009 (ver reportaje de CIPER). LOS PAGOS A THINK TANKS Y UNIVERSIDADES Aguas Andinas también registra millonarios pagos a centros de pensamiento ligados a casi todos los sectores políticos. Los think tank han justificado su trabajo señalando que los pagos de las grandes empresas están respaldados en informes de coyuntura política y seguimiento legislativo. La mayoría de estos centros cuentan con un sistema de suscripción para las empresas, donde se paga una mensualidad a cambio de un boletín. Los aportes a think tank políticos son transversales y totalizan $422,4 millones entre 2009 y 2014. El Instituto Libertad, vinculado a RN, es el que concentra los mayores pagos: entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 suma $117,6 millones. Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) recibió $72 millones de Aguas Andinas. En el mismo período, la Fundación Jaime Guzmán (UDI) obtuvo $52,3 millones. Los centros de pensamiento de la centroizquierda también aparecen: Chile 21, ligado al progresismo, percibió entre 2009 y 2014 $34,5 millones. Proyectamerica, el think tank creado a fines de la administración de Ricardo Lagos y que funcionó hasta fines de 2013, recibió $66,3 millones entre junio de 2010 y junio de 2013. El Centro de Estudios y Gestión Ambiental Para el Desarrollo (Cegades), ligado a la corriente que encabeza Gutenberg Martínez en la Democracia Cristiana, recibió $75,6 millones. El centro de estudios que recibió la menor cantidad de dinero de Aguas Andinas es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED): $4,2 millones en marzo de 2009. Además de los centros políticos de pensamiento, la contabilidad de Aguas Andinas registra pagos regulares a distintas instituciones de educación superior. Parte de esos dineros son por servicios prestados y otros corresponden a donaciones, sin que se conozca los montos asignados para cada ítem. Entre 2009 y 2014, Aguas Andinas transfirió $3.189 millones a casas de estudios superiores. Entre los que recibieron más dineros están la Universidad de Chile ($1.408 millones, incluye al Centro Nacional de Medio Ambiente, la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación para la Transferencia Tecnológica); y la Universidad Católica ($922 millones, incluye al Duoc y el Dictuc). Completan la lista, la Universidad Católica de Valparaíso, la de Concepción, el Inacap, y las universidades Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, del Desarrollo y Arcis. EL CÓDIGO ÉTICO DE AGUAS ANDINAS Aguas de Barcelona –que controla el 50,1% de Aguas Andinas a través de Inversiones Aguas Metropolitanas – tiene operaciones en 24 países, aunque tal como reveló CIPER en un reportaje publicado a fines de 2014, Chile se ha transformado en una verdadera joya para los intereses del grupo (ver reportaje). Tanto su operación en Chile como las que mantiene en los 23 países restantes están sujetas a un Código Ético que aplica a todas las empresas del Grupo Agbar. Entre los valores y principios de cabecera del Código Ético del grupo están la integridad, el respeto, la honradez y el actuar de acuerdo con leyes y normativas. Cuando Agbar habla de integridad, por ejemplo, remite entre otras cosas a la prohibición de financiar la política. “La política del grupo consiste en abstenerse de financiar cualquier actividad política. En los países en los que este tipo de financiación esté permitida, el grupo puede, bajo determinadas condiciones, someter a consideración la realización de aportaciones”, señala el Código Ético del grupo (ver documento). Hasta antes de estallar el escándalo del financiamiento irregular de la política, era difícil dudar respecto del firme cumplimiento por parte de Aguas Andinas de aquella norma: nunca el directorio de Aguas Andinas ha aprobado donaciones políticas a través del conducto regular del Servel. Pero las esquirlas del capítulo platas políticas dejaron al desnudo la fórmula que encontró la sanitaria para saltarse, sin hacer ruido, los estatutos que le impone su controladora y también las restricciones que le impone la ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral (Ley 19.884). Esa normativa prohíbe a los órganos de la administración del Estado, de las empresas del Estado, o de aquellas en que el Estado (sus empresas, sociedades o instituciones) tengan participación, hacer donaciones políticas. Hasta mediados de 2011, el Estado tenía un 35% de participación en la propiedad de la sanitaria, la que, aunque reducida, aún mantiene en un 5%. En ese contexto, las facturas emitidas a Aguas Andinas por los entones ejecutivos de Chilevisión, por servicios que nunca se prestaron y cuyos dineros se presume fueron finalmente a financiar la campaña presidencial de Piñera, se estrellan de frente con la ley. En una polémica situación quedan también los más de $422 millones que Aguas Andinas pagó entre 2009 y 2014 a los centros políticos de pensamiento. CIPER se contactó con el departamento de comunicaciones del Grupo Agbar con sede en Barcelona, desde donde declinaron referirse al tema. ABOGADOS, SUBSECRETARIOS Y DC La contabilidad de Aguas Andinas también registra pagos por asesorías a tres ex subsecretarios de Obras Públicas -cuando ya no estaban en el ejercicio de su cargo- ministerio del que depende el ente estatal que regula a las sanitarias: la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Y si bien no forman parte del cúmulo de dineros sospechosos repartidos por la sanitaria en el periodo revisado por CIPER, sí resultan llamativos por ser pagos cuyos destinatarios han ocupado cargos clave en el sistema de regulación al cual deben someterse las sanitarias. Guillermo Pickering El caso más emblemático es el del abogado y ex subsecretario de Obras Públicas (1996-1999) y de Interior (1999-2000), Guillermo Pickering (DC). Su vínculo con la sanitaria es través de una de sus sociedades: Pickering, Puga y Compañía, la querecibió cuatro pagos –todos correspondientes a 2012– por un total de $35 millones. La relación de Pickering con el mundo sanitario es estrecha y de larga data. Como subsecretario de Obras Públicas, Pickering participó en la elaboración y promulgación de la ley que en 1998 modificó el régimen jurídico que regulaba a las sanitarias. Pocos años después, el ex subsecretario se convirtió en el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) –organismo privado que reúne a las empresas del sector– y en consejero de la Fundación Agbar, creada por la matriz de Aguas Andinas. Pickering también es director de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), controlada por Aguas Andinas (51%). –Llevo 15 años como asesor de Aguas Andinas. Trabajé toda mi vida en el sector agua, soy experto en temas sanitarios. Desde que salí del gobierno he trabajado en el sector y hace 15 años que no realizo ningún trabajo para el Estado –dijo Pickering a CIPER. En la contabilidad de Aguas Andinas figura también el abogado Juan Eduardo Saldivia (DC), actual presidente deCopsa, asociación de empresas concesionarias. Saldivia no solo se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas entre 2006 y 2010. También lo hizo como superintendente de Servicios Sanitarios entre 1996 y 2006. Entre mayo de 2010 y marzo de 2015, Saldivia recibió pagos que totalizan poco más de $55 millones por diversas asesorías a Aguas Andinas. Consultado por CIPER, el abogado señaló: “Mi trabajo es jurídico, hago informes en derecho y análisis de temas. Era un contrato anual, con una tarifa fija. Dejé de ser superintendente en 2006 y la ley de superintendencia establece una prohibición de seis meses desde que dejas el cargo, así que no tenía impedimento legal”. A Pickering y Saldivia, se suma el también abogado Clemente Pérez Errázuriz (DC), subsecretario de Obras Públicas entre 2003 y 2005. Pérez es presidente del directorio de Sustentable, empresa que entre 2009 y 2014 recibió $46 millones de Aguas Andinas. Sobre el detalle de los trabajos que realizó Sustentable para Aguas Andinas, ver Nota de la Redacción. Un cuarto abogado figura en la lista de asesores de Aguas Andinas. Se trata del senador Andrés Zaldívar (DC), quien según informó El Mostrador, recibió pagos mensuales por más de $150 millones, entre octubre de 2006 y marzo de 2010 por asesorías de “seguimiento legislativo”. LEY CONGELADA HACE 26 AÑOS Cada cinco años, todas las sanitarias del país deben negociar con la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), las tarifas que cobrarán a sus clientes en el próximo quinquenio. Como son monopolios regulados por el Estado, la SISS debe simular escenarios de competencia para su cálculo. Lo hace a través de la creación de una “empresa modelo”, es decir, una empresa ficticia que realiza lo mismo que la empresa real (la sanitaria), bajo parámetros de máxima eficiencia. La “empresa modelo” es el estudio que presenta la SISS en la negociación de tarifas, el que se enfrenta al que ponen sobre la mesa las sanitarias. En la negociación de tarifas de 2009 entre la SISS y Aguas Andinas –proceso que se realiza a puerta cerrada– los cálculos de la superintendencia en base a la “empresa modelo” indicaban que la tarifa eficiente que debía cobrar la sanitaria debía ser 21% menor a la que estaba cobrando a sus clientes. Tras la negociación, la SISS anunció que las tarifas para la Región Metropolitana bajarían solo un 1,3%. Es precisamente en ese periodo (2010-2014), en el que pese a los cálculos a la baja del ente regulador la tarifa se mantuvo prácticamente intacta, donde Aguas Andinas ha obtenido utilidades por $572 mil millones. Casi el mismo tramo en el cual realizó pagos irregulares a sociedades vinculadas a personeros políticos y desembolsó $422 millones a think tanks de distintos partidos políticos. Pese a que la ley que regula los servicios sanitarios arrastra evidentes falencias, su esencia no ha sido modificada en 26 años. La propia ex superintendenta de área, Magaly Espinoza, (dejó su cargo en octubre de 2015) reconoció a CIPER a fines de 2014 que las utilidades de las sanitarias en Chile debían revisarse, ya que la ley que les asegura un piso de rentabilidad del 7% y que fue creada con el fin de atraer inversión extranjera, ya no se justifica. NOTA DE LA REDACCIÓN En la edición original de esta investigación se incluyó entre los ex subsecretarios de carteras relacionadas con Aguas Andinas que han recibido pagos de esa empresa directamente o a través de empresas relacionadas, al abogado Clemente Pérez (DC), quien fue subsecretario de Obras Públicas entre 2003 y 2005 y ex director de Conama entre 1996 y 1998. En la contabilidad de Aguas Andinas aparecen $46 millones pagados entre 2009 y 2014 a la empresa Sustentable.cl, cuyo directorio es presidido por Clemente Pérez. Cuando en el curso de la investigación CIPER le pidió a los ejecutivos de Sustentable –como a los más de 100 proveedores y profesionales que aparecían en la nómina- la copia del o los contratos o la materia del trabajo que justificaba los dineros cancelados por la sanitaria, la respuesta fue una rotunda negativa. Sin embargo, horas después de publicado este reportaje, nos hicieron llegar el detalle de tres contratos firmados con la sanitaria:-Entre 2007 y 2010 realizaron una auditoria ambiental sobre la construcción del Colector Mapocho Urbano Limpio; tres años después (2013) recibieron pagos por un estudio ambiental sobre el entorno de tres plantas de tratamiento de Aguas Andinas en La Florida, Melipilla y Til Til; y entre 2013 y 2015 un informe técnico de compensación por forestación de dos proyectos de la empresa (plantas Chamisero y Vizcachas). La información entregada por Sustentable.cl calza con el detalle de los pagos revisados por CIPER en la contabilidad de Aguas Andinas. Mónica González Fuente: http://ciperchile.cl/2016/01/04/platas-politicas-la-generosa-billetera-de-aguas-andinas/
  4. Los 20 millones que recibió Iván Moreira del presidente del BCI The Clinic Online 14 Noviembre, 2015 De acuerdo al diario La Tercera, Yarur explicó: “Iván Moreira me llamó a principios de 2013 (…) me solicitó aportes para su campaña porque iba a ser candidato a senador. Estaba muy complicado y necesitaba ayuda financiera. Yo, de buena voluntad, transferí los dineros desde mi cuenta corriente y con fondos personales como una mera liberalidad”. Nada menos que 20 millones recibió el ahora senador Iván Moreira de parte del presidente del BCI Luis Enrique Yarur. Así da cuenta la declaración de este último en la investigación que lleva la fiscalía. De acuerdo al diario La Tercera, Yarur explicó: “Iván Moreira me llamó a principios de 2013 (…) me solicitó aportes para su campaña porque iba a ser candidato a senador. Estaba muy complicado y necesitaba ayuda financiera. Yo, de buena voluntad, transferí los dineros desde mi cuenta corriente y con fondos personales como una mera liberalidad”. Indicó que la plata en ningún caso tuvo que ver con boletas ideológicamente falsas y que salieron de su patrimonio personal. “Los dineros estaban en mi cuenta y provienen de mis remuneraciones o por dividendos o por inversiones que realizo. Son dineros personales míos y de nadie más y que cuando ya están en mi cuenta han pagado todos los impuestos que debieran ser pagados. Nunca le pedí ni me dio boletas de honorarios por estos aportes”. Los aportes, en total, fueron a través de cinco transferencias, indica el medio, desde el 13 de marzo de 2013 al 4 de julio de 2013, en plena campaña al Senado. Yarur reconoció además, tal como lo adelantó este diario, que rectificó ante el SII $ 240 millones desde 2009 a 2014. Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/11/14/los-20-millones-que-recibio-ivan-moreira-del-presidente-del-bci/
  5. Ministerio Público aplicó secreto de su testimonio por 40 días A horas de votación de Fiscal Nacional, trasciende que presidente del BCI reconoció en fiscalía aportes a campaña de Iván Moreira Jorge Molina Sanhueza 20 Octubre, 2015 Las platas, según lo que testimonió ante el fiscal Carlos Gajardo, vendrían de su patrimonio personal y no de la entidad financiera y se trataría de transferencia donde no hay uso de boletas falsas. El trascendido se da a un día de que el Senado vote por aprobar o rechazar la nominación de Jorge Abbott a Fiscal Nacional y luego de que Sabas Chahuán reconociera en El Mercurio que se buscaba un acuerdo con la defensa de Moreira. El presidente del BCI Luis Enrique Yarur Rey, declaró en calidad de imputado en la investigación por aportes ilegales a campañas políticas y reconoció aportes a la última contienda senatorial de Iván Moreira. De acuerdo a la información recabada por este diario, el monto llegaría a más de $30 millones entre Moreira y Evelyn Matthei, los que salieron de su patrimonio personal y no de la entidad financiera de la cual es dueño. Aunque respecto a Matthei, en la UDI descartaron esta información y explicaron que no hubo tales aportes. El testimonio se llevó a efecto el pasado 8 de octubre con el fiscal Carlos Gajardo, oportunidad en que estuvo acompañado de su abogado Cristián Muga y trasciende a 24 horas de que la Cámara Alta deba votar por aprobar o rechazar el nombre de Jorge Abbott Charme a la Fiscalía Nacional. Por lo mismo, fuentes de la UDI recalcan que se podría tratar de “otra presión indebida” del Ministerio Público en alusión a los términos en que se habría manejado por parte de la entidad las ofertas de salidas alternativas para Moreira y Felipe De Mussy que se conocieron en El Mercurio la semana pasada, un día antes de que la Presidenta Bachelet informara que su elegido como sucesor de Sabas Chahuán era Abbott. En particular, recalcan estas fuentes, “llama la atención que se conozca esta información si no hay boletas de por medio que configuren un eventual delito”. ¿QUÉ SE BUSCA? Básicamente, Gajardo busca determinar si las platas habían salido del banco, ya que dicho acto complicaba la situación procesal de Yarur. En otras palabras, el fiscal sospechaba que podían existir de por medio boletas ideológicamente falsas, tal como ocurrió con Penta. Sin embargo y debido a que se trata de dinero personal, tendría un escenario complejo para acreditar un delito, indicaron fuentes de la fiscalía. No fue lo único que testimonió Yarur, quien además es suegro del diputado gremialista Felipe De Mussy quien está formalizado por delito tributario por haber recibido $ 7 millones desde Penta. Yarur también fue inquirido respecto del funcionamiento del banco, la estructura, cómo se manejaban eventuales aportes y cómo se adoptaban decisiones. Esto según las fuentes consultadas habría sido en calidad de testigo. Sin embargo, existe otra arista que sí podría complicarlo dijeron en la fiscalía. Sucede que el BCI, tal como lo informó este diario, rectificó a mediados de junio ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) más de $ 250 millones, por aportes fuera de la Ley Electoral las que iban dirigidas principalmente a la UDI. Los primeros indicios, aparecieron en el testimonio que prestó Ana Palacios ante la fiscal Carmen Segura. En la oportunidad, la ingeniera comercial reveló que a petición de su cuñada Carmen “Titi” Valdivieso, la histórica asesora de Pablo Longueira, emitió una boleta al BCI por $ 9 millones. Lo hizo también a Cencosud Retail por 7 palos. No fue lo único, hizo lo propio con SQM por más de $ 67,5 palos, también por recomendación de Valdivieso. Así declaró: “Quiero agregar que la Titi me pidió otras boletas en el año 2010 para dos empresas distintas a SQM, al ver el documento de mis agentes retenedores del año 2011, una de estas empresas es Cencosud Retail… quien me retuvo el 10% de la boleta correspondiendo a $ 793.334 y la otra empresa es Banco de Crédito e Inversiones… la retención del 10% es $ 909.333. Los servicios de estas boletas yo no los presté a estas empresas y si bien conozco a Cencosud Retail y al Banco de Crédito e Inversiones, yo nunca les he prestado servicios a ellos y no conozco a nadie de las gerencias ni nadie intentó contratarme este año para prestarle ningún servicio”. La maquinaria de aportes ilegales y las peticiones de boletas por parte de Valdivieso quedaron estampadas en la carpeta en las declaraciones de Solange Hermosilla, Ricardo Jorquera, y el ex concejal de RN, Patricio Lazcano. Los documentos fueron girados a empresas como Soquimich, Pesquera El Golfo y Metalpar en distintos periodos. *Iván Moreira fue contactado por este medio, pero declinó referirse al tema. Fuente: http://www.theclinic.cl/2015/10/20/a-horas-de-votacion-de-fiscal-nacional-trasciende-que-presidente-del-bci-reconocio-en-fiscalia-aportes-a-campana-de-ivan-moreira/
  6. Von Baer: la senadora investigada por casos Penta y SQM que no se abstendrá en votación de Fiscal Nacional "Me debo a mis electores que me eligieron como senadora y voy a cumplir con mi deber", declaró la UDI involucrada en la investigación del Caso Penta. Así, descartó la inhabilitación y dejó entre ver que votará en contra o a favor en vez de abstenerse, tal como lo afirmó su compañero de bancada Iván Moreira. Por eldesconcierto.cl | 07/10/2015 A poco tiempo de las elecciones del próximo fiscal nacional, que asumirá en diciembre, han surgido presiones hacia aquellos senadores que están involucrados en investigaciones por los casos Penta, SQM y Corpesca. En ese marco, la senadora por la región de Los Ríos, Ena Von Baer (UDI), acaba de confirmar su participación en la elección del sucesor de Sabas Chahuán. “Yo me debo a mis electores que me eligieron como senadora y voy a cumplir con mi deber de representar a los ciudadanos de la Región de los Ríos”, aseguró. Su respuesta deja abierta las tres posibilidades de voto desde el punto de vista legislativo: a favor, en contra o abstención, ya que en los tres casos cumpliría su deber. Aunque no fue clara y no respondió a las preguntas de la prensa, su declaración deja entrever que votará a favor o en contra y no se abstendrá, como lo anunció su compañero de bancada, el senador Iván Moreira (UDI). Tampoco sigue la línea del senador Fulvio Rossi (PS), que anunció que se inhabilitaría. “Como senadora de la república no tengo ninguna inhabilidad, en este caso no cabe inhabilitarse. He sido sumamente respetuosa de la instituciones, en su momento entregué toda la información al Ministerio Público, mucha gente no sabe, pero yo no fui formalizada”, añadió Von Baer, que estará presente cuando sea el momento de ratificar la elección que realice la presidenta Michelle Bachelet entre los cinco candidatos propuestos por la Corte Suprema. Cabe recordar que, además de su vínculo al caso Penta, el 22 de septiembre pasado el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra la sociedad del ex administrador de la campaña de Von Baer por falta de antecedentes justifiquen los pagos que obtuvo desde SQM Salar. Además, en enero de este año se conocieron correos electrónicos de la senadora pidiendo ayuda económica de manera irregular para su campaña política. En ese entonces, la parlamentaria se dirigió sin intermediarios y solicitó directamente a Carlos Alberto Délano ayuda con la deuda que le había dejado la campaña electoral. En un correo enviado el 18 de diciembre, la senadora escribió: “Como te podrás imaginar de la experiencia que tienes, después de haber pasado por dos campañas en un año: los inicios de la primaria en Santiago y la campaña en Valdivia, he quedado con una importante deuda. Esto se debe a la deuda de la campaña de Santiago y, además, a que la UDI recortó en 50 millones el aporte que había comprometido. Bueno, y ahora tengo que tratar de poder cubrir una deuda de alrededor de 100 M. Espero que me puedas ayudar, espero con ansias la respuesta“, Fuente: http://eldesconcierto.cl/von-baer-la-senadora-investigada-por-casos-penta-y-sqm-que-no-se-abstendra-en-votacion-de-fiscal-nacional/
  7. Justicia decreta que Cencosud deberá revelar sus aportes a campañas políticas En un escrito presentado por el fiscal Ezio Braghetto, el que está investigando un posible delito de apropiación indebida, después de que el accionista minoritario Óscar Gajardo presentara una querella por este ilícito, solicitando que múltiples ejecutivos de diversas empresas en Chile prestaran declaración. El criterio de esta jueza podría influir en otras investigaciones de financiamiento irregular de la política. Nacional2 de octubre, 2015 Autor: El Dínamo La jueza Carolina Araya, del Cuarto Juzgado de Garantía, ordenó al Servicio Electoral que levante el secreto que pesa sobre los aportes reservados a campañas políticas realizadas por la empresa Cencosud S.A., de Horst Paulmann, desde el 16 de junio de 2005 hasta la actualidad. El escrito fue presentado por el fiscal de la zona Oriente, Ezio Braghetto, el que está a la cabeza de una investigación por el delito de apropiación indebida, después de que el accionista de Cencosud, Óscar Gajardo, presentara una querella en este caso. De acuerdo a lo que indica el libelo, que revela The Clinic, las donaciones políticas se habrían realizado a espaldas de los accionistas, lo que habría provocado disminución de las ganancias de los minoritarios. De acuerdo a lo escrito en la querella, Braghetto fundamentó la solicitud considerando que “los aportes o donaciones políticas provendrían de la distracción de fondos sociales que fueron entregados en administración por la sociedad, por lo que dichas donaciones habrían generado un evidente perjuicio tanto para la sociedad como para cada uno de los accionistas, entre los que figura el querellante, Óscar Gajardo Sepúlveda”. Esta decisión, la que aún podría impugnarse, es la primera que se toma en ese sentido, ya que aún se está analizando si es que se levanta o no el secreto de las donaciones en el caso Corpesca, que afecta al senador UDI Jaime Orpis. Además, también se cuenta que en el caso SQM, el Ministerio Público está solicitando terminar con la reserva de estos aportes políticos, para indagar si es que se cometió delito en el caso de Fulvio Rossi, quien envió un correo al ex gerente de la minera no metálica, Patricio Contesse, solicitando financiamiento para una treintena de candidatos locales. Gajardo no sólo presentó una acción penal contra Cencosud, sino que ingresó escritos similares, que tienen por foco el Banco de Chile y Quiñenco (ambos del grupo Luksic), Lan, Copec y Antar Chile (ambos del grupo Angelini), Falabella y Enersis. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2015/10/02/justicia-decreta-que-cencosud-debera-revelar-sus-aportes-a-campanas-politicas/?rel=abajorelacionados
  8. Boletas y facturas están en poder de la fiscalía Sociedades ligadas a familia Said rectifican pagos a empresas vinculadas a Piñera y Frei Ruiz-Tagle por El Mostrador 18 septiembre 2015 La primera sociedad que realizó la rectificación fue Inversiones Caburga, controlada por la familia Said Somavia, mientras que la segunda corresponde a Inversiones Newport, sociedad controlada por la familia Said Handal. En manos de la fiscalía se encuentran las boletas y facturas de distintos emisores que fueron rectificadas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) por dos sociedades de inversión ligadas a la familia Said, entre los que se repiten pagos realizados a empresas controladas por los ex Presidentes Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La primera sociedad que realizó la rectificación fue Inversiones Caburga, controlada por la familia Said Somavia, quienes participan en la propiedad de varias empresas, como Parque Arauco, Embotelladora Andina, Edelpa, BBVA y Bupa Chile, por pagos entre 2009 y 2014. La segunda corrección realizada corresponde a Inversiones Newport, sociedad controlada por la familia Said Handal, quienes también son accionistas de Embotelladora Andina y BBVA, la cual rectificó sus declaraciones tributarias de 2009 y 2010. Según consigna La Tercera, dichas rectificaciones tienen algunos emisores que se repiten en 2009, como es el caso de empresas que son controladas por Piñera y desembolsos hechos por sociedades y personas que aparecen vinculadas a Eduardo Frei. El razonamiento para que el grupo Said realizara las presentaciones fue el de rectificar todo aquello que no tuviese documentación suficiente para respaldar los pagos al momento en el que el SII hizo, en marzo pasado, el llamado a los contribuyentes a corregir sus declaraciones tributarias. La información señala que tres empresas de Piñera figuran con seis pagos rectificados entre las dos ramas de la familia Said, llegando en total a los $ 100 millones, la mitad de las cuales fue proporcionada por Inversiones Caburga y la otra por Inversiones Newport. Dichos pagos se realizaron entre fine de 2009 y comienzos de 2010, coincidiendo en fechas con otros desembolsos recibidos por empresas ligadas al holding Bancard de parte de otras compañías que han sido investigadas por la fiscalía, como es el caso de SQM. Piñera al asumir la Presidencia presentó su declaración de patrimonio en la que enumeró las sociedades en la que participa directa o indirectamente, entre las que figuran Inversiones Santa Cecilia, Inmobiliaria El Boldo y Bancard Inversiones y Asesorías Inmobiliarias. En total, tanto Caburga como Newport hicieron pagos por $ 49,9 millones a esas empresas, cuyos montos se desglosan de la siguiente forma: Caburga pagó $ 41 millones a El Boldo y $ 8,2 millones a Santa Cecilia en 2010, cuyas cifras fueron rectificadas para el año comercial 2010. En tanto, Newport canceló $ 25 millones a Bancard Inversiones y Asesorías Inmobilarias en dos pagos; $ 16 millones a El Boldo y $ 8 millones a Santa Cecilia. En total entre ambas empresas pagaron $ 99.999.552 y las fechas de los documentos entregados a Newport van desde el 25 de noviembre de 2009 al 27 de enero de 2010. Fuentes de Bancard citadas en la información señalan que “en relación a su consulta respecto de eventuales procesos de rectificación tributaria de terceros, en el evento de que se nos soliciten antecedentes a través de los organismos competentes, ellos se pondrán a disposición de éstos, como corresponde de acuerdo a la normativa vigente”. Además, en el caso del grupo Bancard, la fiscalía investiga otras operaciones como un forward con CB de 2009 que le otorgó ganancias por $ 49,9 millones a Administradora Bancorp; 16 facturas emitidas por la misma Bancorp a SQM por $ 340 millones; y pagos que dos ex ejecutivos de Chilevisión recibieron de empresas externas cuando el canal era controlado por Piñera. En tanto, la empresa Asesores en Gestión Integral Limitada (Agesin) de la contadora Clara Bensan, que recaudó fondos para la campaña del ex presidente Eduardo Frei, tiene dos pagos rectificados ante el SII por igual monto: $ 12 millones a Newport y $ 12 millones a Caburga. Ambas facturas fueron emitidas el mismo día: 9 de diciembre de 2009. La glosa de la factura a Caburga describía el supuesto servicio: asesoría contable. Por su parte, Agesin está involucrada en pagos presuntamente irregulares de SQM con $ 34.750.000 el 8 de octubre de 2009 y $ 58 millones el 9 de febrero de 2010. Ambos documentos a la minera no metálica fueron emitidos por la empresa de Bensan a petición de Giorgio Martelli, según declaró el 17 de abril ante los fiscales. Militante DC desde 1983, la contadora testificó en el SII que las facturas emitidas a SQM y Caburga fueron para “conseguir fondos para la campaña presidencial”. La rectificación de Caburga incluye otros $ 8 millones para la propia Clara Bensan, también en 2009. El abogado de Bensan, Alvaro Morales, declinó referirse a estas rectificaciones. La rectificación de Newport, en cambio, no incluye pagos a Bensan como persona natural, pero sí un desembolso equivalente, de $ 8 millones, de fecha 11 de diciembre de 2009, a un abogado cercano a Eduardo Frei. Se trata del abogado Alfredo Ugarte Soto, quien fue secretario de la Fundación Eduardo Frei y socio de la empresa G2M, la cual administró los recursos de la campaña presidencial de Frei en 2009. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/09/18/sociedades-ligadas-a-familia-said-rectifican-pagos-a-empresas-vinculadas-a-pinera-y-frei-ruiz-tagle/
  9. Su “amigo íntimo”, Gonzalo Infante Urrejola, declaró como imputado ante la Fiscalía Platas políticas: ahora involucran a Cristián Monckeberg, presidente de RN por Nicolás Sepúlveda 2 octubre 2015 Según declaró el abogado que es amigo y compadre del timonel –además de primo de los también diputados Nicolás Monckeberg y Pedro Browne–, ha participado en el financiamiento de las campañas políticas de los tres legisladores. Sin embargo, los tres parlamentarios niegan financiamiento a través del mencionado personaje. Gonzalo Infante es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, donde obtuvo su título en 1994. Ha trabajado en el mismo staff en el que participó el diputado DC Jaime Pilowsky –Cisternas, Concha & Pilowsky abogados–, y su nombre apareció en el caso luego de que el Servicio de Impuestos Internos lo incluyera en la denuncia que presentó el 2 de abril por pagos irregulares recibidos desde Soquimich. El abogado, de 48 años, recibió $4 millones gracias a una boleta que emitió a SQM en junio de 2009, año de elecciones parlamentarias. Esa boleta fue rectificada por la empresa, reconociendo que no se halló documentación suficiente que respaldara dicho pago. Infante es compadre y amigo íntimo del presidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg –como él mismo reconoció ante el Ministerio Público–, y en el partido de centroderecha comentan que ha participado en las campañas parlamentarias del legislador. Debido a su boleta cuestionada fue llamado a declarar en la Fiscalía el pasado 5 de agosto y, a diferencia de varias personas que están en su misma situación, no guardó silencio y decidió entregar su verdad a los persecutores. A las 09:40 horas del primer miércoles de agosto, Infante entregó su testimonio ante el fiscal Carlos Gajardo. En la ocasión fue consultado por la emisión de cuatro boletas, para dos de las cuales tuvo una explicación, pero no para las otras dos. Según indicó, “respecto de la boleta extendida a GPS Ltda. Urbano Ltda. Señalo que es una empresa de mi cuñado Sebastián Izquierdo a la cual ese año efectivamente le presté servicios de asesoría profesional legal. Respecto de la boleta extendida a Lexicom Ltda. Señalo que es una empresa filial del grupo Falabella, empresa a la cual yo le presté servicios legales de abogado en el área de cobranza desde el año 2008 o 2009 al 2013 inclusive”. Respecto de los giros de dinero que recibió desde GPS Ltda. y Lexicom Ltda., dijo que tenía como respaldarlos y autorizó al Ministerio Público a que se levante el secreto bancario del año 2009 de la cuenta corriente que mantiene en el Banco Internacional. El compadrazgo y la amistad entre Gonzalo Infante y Cristián Monckeberg no es la única vinculación entre ellos. El 15 de octubre de 1999, en la Notaria de Nancy de la Fuente Hernández, ambos abogados constituyeron la sociedad “Infante & Monckeberg Abogados Limitada” con un capital de $1 millón de pesos, el que fue pagado en partes iguales por los socios. Consultado por El Mostrador, el presidente de RN indicó que “el parentesco y la amistad no se niegan, pero hay que ser cuidadoso y separar los temas. Él no tuvo ninguna relación con el financiamiento de mi campaña, ni directa ni indirecta”. Sobre el documento que emitió a SQM, y otra boleta extendida a Pesquera Landes, Infante optó por “guardar silencio”. Cuando el fiscal Gajardo le preguntó por sus vinculaciones políticas, el abogado Infante le respondió: “Tengo varios parientes que se dedican a la actividad política, entre ellos Cristián Monckeberg que es primo de mi madre y somos compadres e íntimos amigos. También con el diputado Nicolás Monckeberg que es primo en segundo grado mío. Con el diputado Pedro Browne Urrejola que es primo hermano mío. Además algunos concejales. He participado indirectamente en el financiamiento de dichas campañas, pues he contactado gente que ha colaborado económicamente en esas campañas”, señaló ante el fiscal. Eso sí, luego relativizó esa declaración. “Pensándolo mejor, no estoy seguro de haber conseguido indirectamente dinero para esas campañas, por lo tanto, ante la duda me abstengo”, rectificó. Amigo íntimo El compadrazgo y la amistad entre Gonzalo Infante y Cristián Monckeberg no es la única vinculación entre ellos. El 15 de octubre de 1999, en la Notaria de Nancy de la Fuente Hernández, ambos abogados constituyeron la sociedad “Infante & Monckeberg Abogados Limitada” con un capital de $1 millón de pesos, el que fue pagado en partes iguales por los socios. El acta de constitución es la única huella de la sociedad en el Diario Oficial, por lo que no existe registro de que se haya disuelto. Consultado por El Mostrador, el presidente de RN indicó que “el parentesco y la amistad no se niegan, pero hay que ser cuidadoso y separar los temas. Él no tuvo ninguna relación con el financiamiento de mi campaña, ni directa ni indirecta”. Eso sí, Monckeberg no desconoció que Infante pudo haber colaborado en sus campañas. “Todas las personas que son parientes han ayudado, a conseguir votos y a colaborar, pero no tengo recuerdos de haberlo visto con una polera repartiendo volantes”, aseguró a este medio. Los otros parlamentarios mencionados por el abogado en su declaración al Ministerio Público, Nicolás Monckeberg (RN) y Pedro Browne (Amplitud), también descartaron la participación de Infante en el financiamiento de sus campañas. Según Nicolás Monckeberg, lo que se busca es proteger a otra persona: “Definitivamente no le creo que no se acuerde o no sepa a favor de quién él hizo la boleta y no tengo por qué aceptar que este señor, por proteger a alguien, afecte mi nombre y el de otros”, declaró. Pesquera Landes Aunque la Fiscalía no ha dado a conocer los detalles de la boleta que Gonzalo Infante emitió a la pesquera, y sobre la cual el abogado optó por guardar silencio, en el Diario Oficial sí existe información sobre quiénes son sus controladores. El capital social de Landes asciende a US$64 millones y tiene dos socios controladores: Eduardo Fosk –parte de la comunidad israelita de Santiago, poseedor de 40.800 acciones de la empresa a través de la sociedad Inversiones Mar Afuera– y Eduardo Bohorodzaner Tider –socio mayoritario con 79.169 acciones, las que posee de manera individual y a través de las sociedades Inversiones Medoc y Servicios e Inversiones Rossini–. Según información del Servel, Landes fue una de las empresas que aportó dinero a la política en las campañas de 2013, aunque esos aportes son legales. Contactados por este medio, desde la empresa señalaron que “la situación ha sido del todo sorpresiva, puesto que no somos parte de ninguna investigación judicial, no hemos sido citados ni consultados formalmente por autoridad alguna de la situación descrita por El Mostrador”. En la empresa agregaron que se inició un proceso de revisión interna para “rescatar los antecedentes descritos, que creemos datan del año 2009. Paralelamente estamos analizando los pasos a seguir”, indicaron, para finalizar asegurando que “la principal dificultad que enfrentamos es que gran parte de nuestra documentación –no solo contable– resultó destruida durante el terremoto y posterior tsunami de 2010 que devastó nuestra planta y oficinas centrales ubicadas en Talcahuano, las que además fueron saqueadas. Esto fue informado en su oportunidad al Servicio de Impuestos Internos”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/10/02/platas-politicas-ahora-involucran-a-cristian-monckeberg-presidente-de-rn/
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