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  1. 18 Septiembre 2017 Gobierno se querella por incendios en Isla de Pascua Gobernadora afirmó que fenómeno sería intencional. Solo en sector de Rano Kau van 150 hectáreas quemadas. Incendio forestal en el sector del cráter volcánico Rano Kau, Isla de Pascua. “Vamos a perseguir a los autores hasta el final, para encontrarlos y aplicar las sanciones que corresponda”, sostuvo Melania Hotu, gobernadora de la Isla de Pascua, respecto de los presuntos responsables de un total de seis focos de incendios forestales que se registraron entre la mañana del domingo y la tarde de este lunes en la isla. Debido a la emergencia, la Onemi decretó alerta amarilla en la isla. Durante la tarde del lunes personal de Carabineros, voluntarios de Bomberos y brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se desplazaron hasta las zonas más afectadas para combatir el fuego, que correspondería en su mayoría a pastizales y eucaliptos. Hasta el cierre de esta edición, no hubo personas ni viviendas afectadas. Con todo, la gobernadora anunció que en conjunto con Conaf se van a querellar contra quienes resulten responsables y no descartó intencionalidad en el inicio de los siniestros. “Lo que pasó no es aceptable y creo que fue con mucha mala intención”, dijo. En la misma línea, Hotu explicó que “también estoy solicitando a otras instituciones que se querellen. En este caso al Consejo de Monumentos Nacionales, porque hay muchos daños patrimoniales”. En el sector del cráter volcánico Rano Kau, se han contabilizado cerca de 150 hectáreas consumidas por el fuego. Sin embargo, dicha información será corroborada cuando el fuego se haya extinguido en su totalidad. De hecho, según explicaron desde Conaf, el incendio de mayor gravedad y que reúne la mayoría de las fuerzas de combate es el de “Rano Kau 2”, que afectó al sector patrimonial de la aldea ceremonial de Orongo, consumiendo aproximadamente 50 hectáreas. Por lo anterior se decidió cerrar su acceso para visitantes y turistas. Además, desde la entidad sostuvieron que, “según informes preliminares de la isla, el incendio avanza hacia el lado del volcán y su combate terrestre es complejo, dada la presencia de un acantilado”. Sobre los llamados de incendio, Bomberos de la isla señalaron que durante la mañana del domingo asistieron a apagar un primer foco de incendio en Rano Kau, que logró ser controlado. Sin embargo, horas más tarde hubo un nuevo llamado en el sector de Orongo. De los daños causados por este siniestro, la segunda comandante de Bomberos, Blanca Lasso, explicó que “en Orongo se quemó la mayoría del parque. El fuego entró descontroladamente a donde están las casas de Orongo, los petroglifos y el sistema de iluminación (…) alcanzamos a cubrir los estanques de agua para los baños y la casa de los guardaparques”. Por su parte, el alcalde de la isla, Pedro Edmuns, explicó que “como municipalidad estamos apoyando con personal, con el camión aljibe y con los recursos necesarios para enfrentar estos focos”. En ese contexto, el edil también hizo un enfático llamado a la comunidad a “reflexionar sobre la necesidad de cuidar y proteger nuestra isla y ser responsables en cada una de nuestras acciones”. Y añadió que “sabemos que Rapa Nui es frágil, y es nuestro deber cuidarla y entregársela a nuestros hijos como la vemos hoy, un territorio autosustentable y con una cultura viva que vela por lo suyo”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-se-querella-incendios-isla-pascua/
  2. Historia del topic acá http://foros.fotech.cl/topic/321553-minorias-sexuales-agresiones-y-amenazas-homofobicas-obligaron-a-pareja-lesbica-a-abandonar-su-casa/?hl=%2Bataque&do=findComment&comment=22674894 12 Septiembre 2017 Pareja lesbiana que sufrió amenazas y golpes de su vecinos presenta querella contra responsables “Lesbianas cochinas”, “lesbianas drogadictas y alcohólicas”, “mariconas de mierda” y ”perras sarnosas” son algunos de los insultos que las pareja escuchaba a diario, a lo que en el último mes se agregaron las amenazas de asesinarlas con una pistola, así como los golpes con una pala contra una de ellas. Las jóvenes Dominique Moreau (28) y Melannie León (25) presentaron hoy una querella contra los responsables de agredirlas física y verbalmente durante dos años en razón de su orientación sexual, hechos que terminaron con la salida de la pareja de su casa por temor a perder la vida. La querella por el delito de consumado de amenazas que exige aplicar el agravante contemplado en la Ley Zamudio fue presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Érika Lizana, su hija Javiera Sepúlveda y el esposo de esta última, Jorge Areco, todos ex vecinos de la pareja lésbica. Fue el pasado 27 de agosto cuando Dominique y Melannie debieron abandonar la casa donde vivían hace tres años debido a los abusos que el anterior 24 de agosto se tradujeron en explícitas amenazas de muerte, en la destrucción de las plantas de la pareja y el lanzamiento de pintura roja en el frontis de toda su vivienda, un atentado lesbofóbico sin precedentes. “Lesbianas cochinas”, “lesbianas drogadictas y alcohólicas”, “mariconas de mierda” y ”perras sarnosas” son algunos de los insultos que las pareja escuchaba a diario, a lo que en el último mes se agregaron las amenazas de asesinarlas con una pistola, así como los golpes con una pala contra una de ellas. La abogada del Movilh, Paola Jiménez, explicó que con la querella se están pidiendo tres años de presidio y que los hechos constituyen “discriminación arbitraría fundada en la orientación sexual situación que configura la circunstancia agravante contemplada en la Ley Zamudio” El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, enfatizó que “estos deleznables hechos no pueden quedar impunes. Aquí se alteró toda la vida de una familia producto de la lesbofobia. Esperamos la máxima sanción posible contra los responsables”. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/09/12/pareja-lesbiana-que-sufrio-amenazas-y-golpes-de-su-vecinos-presentan-querella-en-su-contra/
  3. 04 Agosto 2017 Lo acusa del "asesinato" de Sebastián Pinuer y Julio Ulloa Vargas Hugo Gutiérrez se querella contra general de Carabineros por muerte de aspirantes a oficiales en 2011 La acción legal es contra el ex general director de la institución Eduardo Gordon y contra el actual jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, Víctor Herrera, quien ocupa quinta antigüedad en el Alto Mando y que suena como uno de los posibles reemplazantes del general director Bruno Villalobos en 2019, debido a sus funciones distantes a las del escándalo del "Pacogate". Herrera estuvo presente cuando murieron los jóvens en Curacaví, ya que era el director en ese entonces de la Escuela de Carabineros. El diputado del PC Hugo Gutiérrez presentó una querella contra el ex general director de Carabineros Eduardo Gordon y contra el actual jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de la institución, general Víctor Herrera Pintor, por el “asesinato” de dos aspirantes a oficial el 1 de febrero de 2011, durante una campaña de instrucción en Curacaví. Herrera, quien al momento de los hechos tenía el grado de coronel y era director de la Escuela de Carabineros, ocupa actualmente la quinta antigüedad de la institución. El hecho que se desempeñe en tareas no administrativas que lo mantienen alejado del escándalo por el millonario fraude por más de 22.500 millones de pesos conocido como el “Pacogate”, lo habían convertido en uno de los candidatos con más posibilidades para reemplazar al actual general director, Bruno Villalobos, cuando éste termine su período en septiembre de 2019. Sin embargo, para el parlamentario comunista el general es responsable de la muerte de los jóvenes Sebastián Pinuer Barría de 19 años, y Julio Ulloa Vargas, de 22, caso por el que la Sexta Fiscalía Militar sometió a proceso en su momento a cuatro oficiales activos de mediano rango. La acción legal, que fue ingresada el pasado martes 1 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Curacaví, detalla que tanto Gordon y Herrera se encontraban en el recinto de campaña y estuvieron presentes mientras se cometían “apremios ilegítimos” contra las víctimas y otros jóvenes, a quienes se les obligó a realizar extenuantes pruebas físicas a pleno sol con una temperatura de más de 31 grados y sin que pudieran acceder a la hidratación necesaria “Estamos frente a un asesinato inducido a través de un golpe de calor, producido por exceso de ejercicios y deshidratación originada por la falta de consumo de líquidos, especialmente agua, como sucedió con el joven estudiante de ingeniería de la Universidad de Chile, Patricio Manzano González, asesinado por funcionarios de carabineros el año 1985, fallecido de un paro cardiorespiratorio. Nadie, ni el mando ni los médicos detuvieron la tortura. Solo la muerte puso fin al dolor”, indica el texto. Y agrega que “Gordon era el General Director de la institución y Herrera Pintor, el Director de la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, quienes, además, se encontraban presentes en el sitio del suceso el día del crimen, en sus calidades de jerarcas de la organización, ejerciendo el control y el mando”. Asimismo, plantea que “este crimen es producto de varias causas concomitantes que no podemos soslayar. De partida, está la malversación de caudales públicos en la Escuela de Oficiales de Carabineros que racionó la compra de agua para consumo en la campaña de 2011. Esta ausencia de recursos también impidió la asistencia de monitores que ostentaran los respectivos cursos de instrucción”. “Tampoco había médicos especialistas que atendieran a los candidatos a oficiales así como de ambulancias de servicio en las cercanías de los campos de ejercitación. Se debe agregar que los alumnos que no contaban con padrinos militares o políticos,- así como aquellos que pudieran reclamar en calidad de testigos o víctimas de los abusos los sexuales ocurridos al interior de la Escuela de Oficiales -, debían ser presionados para renunciar por medio de apremios y de sobre exigencia física”. Investigación de la Cámara El caso de Sebastián Pinuer y Julio Ulloa llevó a la Cámara de Diputados a conformar una comisión investigadora. De hecho el general Herrera concurrió el 21 de junio pasado a la instancia legislativa para entregar antecedentes del caso. En esa oportunidad Gutiérrez dijo haber quedado insatisfecho y lleno de dudas e incertidumbres. "Me hago cargo de ese dolor que se expresó en esta Comisión, cuando vinieron los padres de dos aspirantes a carabineros que demostraron y nos evidenciaron su dolor. Porque, durante muchos años, no se conforman con que no haya justicia y que la única explicación que les entregue tanto Carabineros como el Estado de Chile es que sus hijos que pretendían ser oficiales de Carabineros, en un entrenamiento murieron por un golpe de calor", enfatizó. En la oportundidad también resaltó que se desconoce "quién resolvió que tenían que entrenar bajo ese sol intenso, quien designó a los instructores que sacaron a entrenamiento a estos jóvenes. Tampoco se sabe quien lo designó. Todo es un manto de dudas. Entonces, claro, nosotros tenemos la desazón de buscar explicación para estos familiares que vienen para acá, con todo el derecho a exigirnos algo que a nosotros nos acongoja mucho". Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/04/hugo-gutierrez-se-querella-contra-general-de-carabineros-por-muerte-de-aspirantes-a-oficiales-en-2011/
  4. 20 Julio 2017 CDE amplía querella por fraude al Fisco contra senador Eugenio Tuma Parlamentario contrató a un asesor en el Congreso por servicios que no se habrían prestado. Acción penal coincide con decisión del parlamentario de no repostular en elección de noviembre. Una ampliación de una querella criminal por el delito de fraude al Fisco presentó hace dos semanas el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Temuco contra el senador del PPD Eugenio Tuma. El ingreso del libelo coincide con la decisión del legislador anunciada el fin de semana pasado de no repostular al Senado en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre. Según se expone en la querella, declarada admisible por el Tribunal de Garantía de Temuco, Tuma contrató al ex gobernador de la provincia de Cautín, Juan Diego Montalva, como asesor externo en el Senado entre abril de 2013 y marzo de 2014. Se agrega que los servicios no fueron prestados al Congreso y que los fondos pagados a Montalva tuvieron como objetivo financiar la campaña electoral a diputado del ex gobernador, quien finalmente no fue electo en 2013, pero sí nombrado autoridad provincial. Montalva recibió durante 11 meses la suma mensual de $ 1,5 millones como asesor del senador PPD, mientras que en marzo de 2014 un pago de $ 500 mil. De este modo, el consejo cifró en $ 17 millones el perjuicio fiscal causado por Tuma. “Los hechos descritos satisfacen el tipo penal del artículo 239 de Código Penal, esto es fraude al Fisco, toda vez que el funcionario público, senador Sr. Eugenio Tuma, en las operaciones intervino por razón de su cargo, la contratación de personal de apoyo, consintiendo que se defraudara al Estado, originándose pérdida por haber desembolsado fondos públicos en asesorías inexistentes”, dice la querella, que también se dirige en contra de Montalva y quienes resulten responsables. Al ser consultado, el senador señaló a La Tercera que ni él ni Montalva han sido citados a declarar y que el CDE está siendo utilizado políticamente. “El prestó servicios en la oficina parlamentaria, hay abundante material que lo acredita”, agregó. Tuma también descartó que su decisión de no repostular haya sido influenciada por esta querella. La Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco lleva adelante una investigación que comenzó en 2011, cuando la ex jefa de gabinete del senador Claudia López interpuso una denuncia por presunto fraude al Fisco, donde se acusaba al senador de haber financiado mediante uso de asignaciones parlamentarias la elaboración de propaganda electoral en favor de la ex candidata a consejera regional de la Conadi Ana Llao. En julio de 2015, el mismo CDE interpuso una querella por hechos vinculados a los años 2011 y 2012, época en que todavía existía una normativa interna en el Congreso en que los parlamentarios podían gozar de libre disponibilidad de sus asignaciones. Según registros en la causa, en dos ocasiones la fiscalía ha solicitado al tribunal autorización para realizar diligencias intrusivas en contra de los imputados, permisos vinculados a la ley general de bancos y solicitados bajo reserva por los fiscales. La última de estas fue solicitada en marzo de este año. Del mismo modo, la fiscalía ha pedido al Congreso toda la información relacionada con los gastos operacionales de Tuma. Esto es, comprobantes de cuentas de agua, luz, teléfono, bencina y otros. La información se encuentra en poder de los persecutores. Con los antecedentes, la fiscalía estaría habilitada para formalizar la investigación. Fuente; http://www.latercera.com/noticia/cde-amplia-querella-fraude-al-fisco-senador-eugenio-tuma/
  5. Historia del topic acá : http://foros.fotech.cl/topic/313067-caso-insunza-rechazan-sobreseimiento-de-ex-ministro-jorge-insunza/?hl=%2Bcaso+%2Binsunza CDE se querella contra ex diputados Jorge Insunza y Patricio Hales por fraude al fisco De acuerdo al organismo, la empresa Sistema Consultores Limitada, fundada por el ex ministro de la Segpres pagó asesorías externas al ex embajador en Francia, pero que "dichas asesorías resultaron ser inexistentes, provocando un perjuicio al fisco de Chile". El Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra de los ex diputados del PPD, Jorge Insuza y Patricio Hales por fraude al fisco, por el pago de asesorías externas que no se realizaron. Según el organismo, la empresa Sistema Consultores Limitada, fundada por Insunza, quien además se desempeñó como ministro de la Sepgres, realizó pagos de asesorías externas, aunque “dichas asesorías resultaron ser inexistentes”. En la querella -a la que tuvo acceso La Tercera- se indica que el fraude al erario fiscal se realizó a través de la utilización del sistema de asignaciones parlamentarias , entre los años 2007 y 2014, por lo cual la Cámara de Diputados contrató a la empresa controlada materialmente por Insunza, servicios de asesorías externas parlamentarias “las que no se verificaron, recibiendo de esta manera el querellado Insunza cuantiosos recursos públicos, en perjuicio del erario fiscal, solicitados, a su vez, por el ex diputado Hales”. Esto le causó un perjuicio al fisco de a lo menos $22.672.000, por once boletas a la Cámara Baja. A esto se suman otras nueve boletas emitidas por la sociedad Virtus Consultores Limitada, propiedad de Insunza y su esposa Claudia Jara Meza, las cuales tampoco se verificaron por $27.702.438. “A través de la utilización del sistema de asignaciones parlamentarias para la contratación de asesorías externas parlamentarias, a solicitud del ex diputado Patricio Hales, empleando en algunos casos la modalidad de asesorías verbales, práctica improcedente, en razón de la evidente falta de respaldos de la misma, durante 2012, la Cámara de Diputados contrata con Sistema Consultores Limitada, empresa controlada materialmente por el imputado Jorge Insunza, la asesoría en comento; entidad asesora que posterior o coetáneamente, a su vez, efectúa pagos a Virtus Consultores Limitada, sociedad en la que Insunza posee el 60% de los derechos, causando con ello un evidente perjuicio, toda vez que a través de este actuar doloso se destinaron fondos públicos a otros propósitos”, dice el documento. La acción judicial del CDE igualmente es contra Insunza como autor del delito de negociación incompatible, debido a que mientras era diputado “se interesó en la discusión parlamentaria que abiertamente afectaba a Antofagasta Minerals, representada por su presidente, don Jean Paul Luksic Fontbona y de otras mineras pertenecientes al mismo grupo económico (Luksic), empresa de la que percibía a través de Virtus Consultores Limitada, durante el año 2014, un ingreso promedio mensual de $3.600.000”. Según la querella, durante el periodo en que se mantuvo la relación entre Antofagasta Minerals y el ex ministro de la Segpres, se “suscitan varias intervenciones del imputado en la tramitación parlamentaria verificada en comisiones, en claro y evidente favor de dicha empresa”. En la carpeta de investigación constan siete pagos realizados por la empresa del grupo Luksic a Virtus Consultores, por un total de $25.265.572. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cde-se-querella-ex-diputados-jorge-insuza-patricio-hales-fraude-al-fisco/
  6. 05 Mayo 2017 El INDH se querella contra centro de Coanil por "torturas" a personas con discapacidad mental La denuncia fue realizada directamente al organismo por trabajadoras de la residencia Alihuén de Buin, quienes acompañaron videos y grabaciones de audio que registran la violencia y maltrato sufridos por estas personas, mientras eran objeto de procedimientos llamados “contenciones”. Un recurso de amparo y una querella por torturas fueron presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por la aplicación de contenciones físicas a tres personas con discapacidad mental severa en la Residencia Alihuén, de Buin, administrada por la Fundación Coanil, las que habrían ocurridos en abril de este año. Según informó el organismo, La Residencia Alihuén es un centro de protección que atiende a niños y personas mayores de 18 años, con discapacidad mental grave o profunda, ingresados por medida judicial y con subvención Sename. El pasado miércoles 3 de mayo, el juez del Tribunal de Familia de Buin, magistrado Rodolfo Medalla, se constituyó en la Residencia Alihuén, y dictaminó medidas cautelares para proteger la integridad de las tres víctimas, dada la gravedad de estos hechos. La denuncia fue realizada directamente al INDH por trabajadoras de la residencia, quienes acompañaron videos y grabaciones de audio que registran la violencia y maltrato sufridos por estas personas, mientras eran objeto de procedimientos llamados “contenciones”. En las contenciones, que el INDH califica de torturas en sus presentaciones, habrían participado el director del centro y otros funcionarios de la Residencia Alihuén. Según el INDH, los registros audiovisuales entregados muestran el caso de un niño de 17 años, con discapacidad intelectual severa, que es reducido y amarrado boca abajo a una camilla portátil de emergencia, como parte de una contención física realizada al interior de la cabaña 8 de la residencia Alihuén. El joven habría permanecido una hora y media en esta posición, orinándose en sus ropas. En otro registro de video, agrega, se muestra a una segunda víctima, de 33 años de edad, que también padece una discapacidad intelectual severa, siendo contenida y amarrada boca abajo a una camilla portátil de emergencia. Las imágenes muestran a lo menos a cinco funcionarios del centro participando en este procedimiento. En tanto en otro video, se muestra la aplicación del mismo procedimiento a un joven de 23 años, también con discapacidad severa. En sus presentaciones judiciales, el INDH manifestó que requiere la urgente intervención de la justicia y del Sename, por la gravedad de los hechos y la indefensión de las víctimas que han sido puestas bajo custodia del Estado como medida de protección. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/05/05/el-indh-se-querella-contra-centro-de-coanil-por-torturas-a-personas-con-discapacidad-mental/
  7. 25 Marzo 2017 El nuevo flanco de Julio Ponce Una querella de ex trabajadores de SQM por estafa y apropiación indebida contra Julio y Eugenio Ponce fue declarada admisible en febrero. La investigación fue derivada a la Fiscalía Centro Norte, quien ya citó a declarar al ex y al actual presidente de la minera. Miles de trabajadores de SQM eran accionistas, en 1990, de Pampa Calichera, sociedad que era, a su vez, el accionista mayoritario de la minera, con casi 20%. Pampa Calichera se había formado en noviembre de 1986 como parte del programa de capitalismo popular impulsado por el gobierno y que buscaba convertir a los trabajadores en accionistas. El plan en SQM se denominó Cachucho 7 e involucró a miles de empleados de la minera. Tres décadas después, en octubre de 2016, unos 1.400 trabajadores, liderados por el ex dirigente sindical Hugo Herrera, se querellaron contra Julio Ponce y su hermano Eugenio, actual presidente de SQM, por estafa y apropiación indebida. El tiempo transcurrido era su principal obstáculo. Para vencer la discusión sobre la prescripción, los abogados de los trabajadores, Daniel Ibáñez y Luis Carmona, enarbolaron así la tesis del delito continuado. Esa tesis originó una contienda de competencia entre el 34 Juzgado del Crimen y el Séptimo Juzgado de Garantía. El primero es el que debe revisar las causas por hechos ocurridos antes de junio de 2005, cuando comenzó a operar la reforma procesal penal en la Región Metropolitana. El abogado de Eugenio Ponce, Marcelo Torres -defensor también de varias personas investigadas por pagos irregulares desde SQM- pidió al Séptimo Juzgado declararse incompetente porque la querella de los ex trabajadores aludía a hechos ocurridos entre 1983, cuando se inició la privatización de SQM, y 1990, cuando vendieron sus títulos de Calichera, acusan, mediante engaños. La diferencia la resolvió la Corte de Apelaciones el 18 de enero, que estableció que la causa debía ser vista por los actuales juzgados, acogiendo la tesis de los querellantes y del fiscal judicial, Jorge Norambuena, quien informó a la Corte sobre la causa. Norambuena opinó que “estamos ante un delito continuado -de estafa o apropiación indebida- (…) atendidos los hechos que se describen en la querella, en que se relata una reiteración de actos que se han venido prolongando en el tiempo, y cuyos primeros actos comenzaron desde las primeras maniobras dolosas, que indujeron error a las víctimas, para que se desprendieran de sus acciones”. El fiscal escribió que esto “ha generado un perjuicio a las víctimas que se ha mantenido (…) y sin que hasta la fecha se haya efectuado devolución a las víctimas, de aquello que los imputados recibieron en su oportunidad con obligación de restituir”. El Juzgado remitió en febrero la querella a la Fiscalía Centro Norte, que inició una investigación liderada por Jaime Retamal, de la unidad de Delitos de Alta Complejidad. Una de las primeras diligencias dictaminadas fue citar a declarar a Julio y Eugenio Ponce, para el 9 y 10 de marzo. La citación, sin embargo, fue reagendada y se espera que Eugenio Ponce declare ante la Fiscalía la próxima semana. Julio Ponce ha declarado en otras ocasiones, ante otros fiscales, que no tuvo relación con la creación de Calichera en 1986, ya que volvió a SQM como director en 1987, y que recién en 1991 entró a la estructura de sociedades que tenían participación en la minera. Lo que acusa la querella En la querella, de 199 páginas, los ex mineros dicen que en medio de una negociación colectiva en 1986, la empresa les ofreció adelantar el proceso sindical a cambio de acciones de la minera, las que se irían a un fondo de indemnización una vez dejaran de trabajar en Soquimich. Más tarde, ejecutivos de la empresa, según el relato de la querella, los instaron a crear Pampa Calichera, para tener más acceso a la propiedad de la minera. Así, se quedaron con el 86% de la nueva sociedad, los supervisores con el 12,46% y los ejecutivos con el 1,54%. Sin embargo, y a pesar que el estatuto no lo permitía, las acciones fueron prendadas a cambio de préstamos con los bancos Español (hoy Banco Santander), A. Edwards (hoy Banco de Chile) y Banco del Estado, para obtener más acciones de SQM. El compromiso era que “una vez pagados los créditos bancarios para adquirir las acciones SQM, es decir, en el año 1992, se procedía a disolver la sociedad Pampa Calichera S.A. y se nos entregaba a los trabajadores 3,8 acciones SQM por cada acción SQM aportada al negocio”. La restitución de esas acciones, según los trabajadores, nunca ocurrió. La querella estima que los perjuicios ocasionados a los ex empleados de la minera ascienden a unos US$ 78 millones. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/nuevo-flanco-julio-ponce/
  8. Historia del topic aca: http://foros.fotech.cl/topic/306735-atentado-caso-landerretche-fiscalia-accedera-a-registros-de-chilexpress-pagina-6/page-6 02 Febrero 2017 PS presenta querella por atentado explosivo a Óscar Landerretche La acción legal está dirigida contra quienes resulten responsables del delito de envío de bombas o artefactos explosivos de carácter terrorista. El Partido Socialista presentó hoy una querella ante el Décimosegundo Juzgado de Santiago por el atentado explosivo que afectó al presidente del directorio de Codelco y militante de esa colectividad, Óscar Landerretche, el pasado 13 de enero en su domicilio de La Reina. La acción legal, que está suscrita por la presidenta del PS Isabel Allende, está dirigida contra quienes resulten responsables del delito de envío de bombas o artefactos explosivos de carácter terrorista, consigna Radio Cooperativa. Esta querella se suma a la presentada por el gobierno por "atentado terrorista" contra quienes resulten responsables del hecho. La causa está siendo investigada por el fiscal Raúl Guzmán. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/02/02/ps-presenta-querella-por-atentado-explosivo-a-oscar-landerretche/
  9. 09 Diciembre 2016 Vicky Barahona presenta querella por injurias y calumnias contra actual alcalde de Renca La acción legal se realiza luego de que el edil declara a algunos medios que no habían computadores, sillas, ni fibra óptica de Internet en el municipio a la hora de asumir el cargo. Este viernes, la ex alcaldesa Vicky Barahona presenta una querella por injurias y calumnias graves con publicidad contra el actual alcalde de Renca, Claudio Castro, por “faltar a la verdad en sus infames declaraciones a algunos medios de comunicación, en relación con el traspaso de mando de la administración municipal”. Asimismo, la militante UDI pide un peritaje psiquiátrico para conocer si Castro realmente puede estar ejerciendo el cargo. Lee también: Vicky Barahona decide no repostular a la alcaldía de Renca tras cuatro períodos en el cargoEn la instancia, Barahona es acompañada por la diputada Karla Rubilar, quien califica a Castro de “mitómano”. En sus declaraciones a T13 Radio, Castro aseguró que él su equipo recibieron “las oficinas sin computadores, nos cortaron la fibra óptica (…) No estaba el escritorio que solía ocupar la alcaldesa, ni sillas, computadores (…) Es una situación grave, es causal de notable abandono de deberes por parte de la administración anterior”. Agregado a esto, el edil anunció un sumario y acciones judiciales para dar “con los responsables del hecho”. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/vicky-barahona-presenta-querella-injurias-calumnias-actual-alcalde-renca/
  10. 12 Noviembre 2016 Gobierno anuncia querella contra delincuentes que provocaron muerte de dos Carabineros De los seis detenidos, cuatro pasaron a control de detención, mientras que los otros se encuentran en un hospital custodiados por personal de Gope de Carabineros. Esta mañana el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy[/size], se refirió al fallecimiento del sargento segundo Hans Knopke Briones y al Carabinero Luis Díaz Manriquez, durante un operativo policial en Coquimbo y anunció la presentación de una querella por homicidio calificado en contra de los imputados[/size], que fueron detenidos por personal policial. El acto ocurrido en la ruta D-43 fue calificado por la autoridad como una barbarie.[/size] Lee también: Persecución en Coquimbo deja dos Carabineros fallecidos[/size]Estamos consternados. Seis sujetos hicieron un robo, cuatro menores y dos adultos atropellaron y asesinaron a dos carabineros que murieron en el lugar. Estas personas, sumadas entre ellas tienen 25 detenciones previas, uno de ellos había sido detenido dos días antes y había quedado en libertad, continuó el subsecretario. Tras las declaraciones del Aleuy, el Jefe de la IV Zona Rolando Casanueva De Rosa, agradeció el gesto del Ejecutivo. Queremos darle las gracias por hacerse parte de esta querella. Entre los detenidos están Bastian Díaz Segura (18 años) quien tiene 12 detenciones por robo, receptacion, porte arma, hurto y dos condenas; Dixon Saavedra Cortes (20), una detención por robo y otros cuatro menos, todos con antecendentes por robo y otras infracciones. Cuatro de los seis detenidos pasaron a control de detención, mientras que los otros se encuentran en un hospitalizados y custodiados por personal del Gope.[/size] La viuda del Sargento Segundo Hans Knopke Briones, la también Sargento Segundo María Cecilia Zepeda[/size], acompañada de Rolando Casanueva De Rosa y el Intendente Regional Claudio Ibáñez, interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de Coquimbo[/size] contra los autores del homicidio calificado agravado. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-anuncia-querella-delincuentes-provocaron-muerte-dos-carabineros/
  11. 07 Noviembre 2016 Instituto de Derechos Humanos inicia querella por desaparición forzada en cárcel de Arica Al caso de Hugo Arispe Carvajal se suman otros de la misma índole en Alto Hospicio y Puerto Montt. A la hora de determinar su paradero, las investigaciones han permitido constatar irregularidades como la adulteración de documentos y la manipulación en las declaraciones de testigos. Este lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presenta una querella por el delito de secuestro calificado —desaparición forzada de personas —de Hugo Arispe Carvajal, detenido en el Centro Penitenciario de Acha en Arica, y desaparecido desde el 14 de enero de 2001. Este se trata del primero de los tres casos que se conocen de detenidos desaparecidos ocurridos en democracia. Arispe Carvajal, quien trabajaba como cuidador de autos, había sido detenido cuatro días antes por Carabineros, con el argumento de que se encontraba en estado de ebriedad en la vía pública. Lee también: FEUC presenta cinco querellas por casos de detenidos desaparecidos Al no contar con el dinero suficiente para pagar la multa por su falta, Arispe fue llevado a la cárcel donde se le perdió el rastro. Se presume que al interior del penal de Acha, el desaparecido habría sido aislado y castigado con una golpiza en la que habrían participado a lo menos cuatro gendarmes, integrantes del llamado Grupo de Reacción que se especializa en amagar riñas y hechos violentos que ocurran dentro del recinto penitenciario. La familia de Arispe lo ha buscado insistentemente, encontrando todo tipo de dificultades en el proceso. Habían pasado 52 días cuando una sobrina y el hermano de Hugo pudieron entrevistarse con el alcaide de la época, quien le mostró los libros de registros —que fueron adulterados, según las investigaciones —, y les facilitó el acceso al lugar donde son guardadas las pertenencias de los internos. En el lugar encontraron la cédula de identidad de Hugo Arispe Carvajal. Otros obstáculos han sido las versiones contradictorias de los gendarmes, la negación permanentes de los hechos por parte de los guardias del lugar y la manipulación de documentos y declaraciones de testigos que hablan de la golpiza, indica en un comunicado oficial el INDH. CASOS SIMILARES Otros incidentes parecidos a los de Arispe ocurrieron posterior a su desaparición. José Huenante, un joven de 16 años y mapuche, fue detenido por Carabineros el 3 de septiembre de 2005 en Puerto Montt y aún se desconoce su paradero. Al igual que lo mencionado anteriormente, la investigación ha permitido constatar irregularidades como la adulteración de documentos, incluso del kilometraje de la patrulla a la que Huenante fue subido y visto por última vez. En Alto Hospicio, Región de Tarapacá, cuatro uniformados detuvieron a José Vergara Morales en momentos que sufría una crisis derivada de su esquizofrenia. Los funcionarios policiales llegaron hasta la casa del joven a solicitud de la propia familia, que pidió ayuda para controlar los movimientos violentos del joven. Se suponía que Vergara sería llevado a la comisaría, sin embargo, los carabineros encargados dicen que lo dejaron unos metros al interior del desierto. A la fecha, también se desconoce qué fue de él. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/instituto-derechos-humanos-inicia-querella-desaparicion-forzada-carcel-arica/
  12. 07 Octubre 2016 CDE se querella por pensiones de Gendarmería e individualiza caso de Olate En el texto ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se individualiza la situación de la ex esposa de Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó este viernes una querella criminal “en contra de las personas que resulten responsables por la comisión del delito de fraude al fisco” en medio del caso de las pensiones en Gendarmería. De acuerdo al CDE, “al interior de Gendarmería, y tal como consta en la carpeta investigativa, se han realizado una serie de maniobras orientadas a la obtención fraudulenta de pensiones abultadas que exceden el tope legal (…) esto se ha veridicado sin cumplir por lo demás con los requisitos que para su otorgamiento ha dispuesto la ley, generando un perjuicio cuya determinación deberá ser establecida en la presente investigación”. En la querella aparece individualizado el nombre de Myriam Olate, ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade. “Mediante resolución N° 347 de 2015 de la Dipreca, se otorgó pensión de retiro a la ex servidora, en circunstancias que conforme se advirtiera en el informe final número 56 de 7 de septiembre de 2012 sobre auditoría efectuada en la Dipreca, por la Contraloría General de la República, la señora Olate Berríos, entre otros funcionarios, no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional, instruyéndose al efecto que aquella debía remitir las erogaciones recibidas de Gendarmería de Chile de esa servidora a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que la Superintendencia de Pensiones señalase”, dice. “Luego, en el correspondiente informe de seguimiento, de 7 de octubre de 2014, se dejó constancia que la objeción antes referida no había sido corregida, en la medida que Gendarmería de Chile no dio respuesta a las solicitudes de la Dipreca respecto de la AFP a la cual estaba adscrita la funcionaria y en lo tocante a abstenerse de remitir las erogaciones de esta última”, agrega. De este modo, “no obstante haber sido advertida por el ente contralor, y pese a que la propia Dipreca, que ordenó la desvinculación de la funcionaria del sistema previsional de que se trata, igualmente esa repartición procedió, con infracción a la normatica vigente, y en un evidente actuar doloso a emitir la Resolución N° 347 de 2015, otorgándole a aquella la pertinente pensión de retiro”. “Dicha resolución señala, luego de citar las disposiciones legales que la sustentan, ‘que se concede a la funcionaria de Gendarmería de Chile, Ema Myriam Olate Berríos, subdirector técnico, por la causal de renuncia voluntaria, fecha de retiro 1 de octubre de 2015 pensión de retiro ascendente a $5.241.799’ (…) resoluci´n que se aparta, más aún, desconoce y desacata lo ordenado en el informe final 56-2012 y de seguimiento 56-2014, emanado de la Contraloría General de la República”. Por otro lado, “en lo tocante a las remuneraciones percibidas por la señora Olate Berríos durante el año 2015, y que sirvieron de cálculo a la pensión de retiro obligada, se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible. De este modo, se incorporó una bonificación indebida, lo que generó un aumento remuneracional que causa, a su vez, el efecto de aumentar la cantidad a pagar por concepto de jubilación”. Esta querella se suma a las presentadas por el abogado Roberto Avila (de manera particular) y por el diputado Gustavo Hasbún. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/cde-se-querella-pensiones-gendarmeria-e-individualiza-caso-olate/
  13. 30 Septiembre 2016 Presentan primera querella criminal contra grupos pro-vida por "ridiculizar a las mujeres" La acción legal fue presentada por Miles Chile contra los grupos Investigación, Formación y Estudio sobre la Mujer InformAborto (Isfem) y la Fundación Soñando Chile. Las ONG a favor y en contra del aborto por tres causales podrían enfrentarse por primera vez en tribunales. El Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos Miles Chile presentó hoy la primera querella criminal contra grupos “anti-derechos” comúnmente autodenominados “pro vidas”, en el marco del debate por la despenalización de la interrupción del embarazo. La querella fue presentada contra las ONG Formación y Estudio sobre la Mujer (Isfem), InformAborto, Fundación Soñando Chile y contra todos quienes resulten responsables de ridiculizar a las mujeres que luchan por despenalización del aborto en tres causales, llegando al extremo de injuriarlas al vincularlas con asesinatos de niños y niñas. Miles precisó que el “asedio de los grupos anti derechos se expresa en una estrategia común de redes sociales donde en forma constante se difama a quienes integran nuestra organización. Nos ridiculizan con la fantasía de que pretendemos enriquecernos de una supuesta futura industria del aborto en caso que este llegue a ser legalizado en Chile”. Asimismo, Miles denunció en la querella que la estrategia comunicacional de los “pro-vida" ha llegado al extremo de “emplear signos prácticamente idénticos a nuestro logo, confundiendo a las personas con nuestro nombre”. Señalan que estos grupos “generaron una campaña social que denominaron #SomosMillones, donde llaman a apoyar candidatos a cargos de elección popular que se manifiesten públicamente contra la ley de aborto. Para ello, emplean una tipografía y diseño idénticos a la marca de Miles, asociándonos a demandas que no compartimos y a mensajes que nos ofenden e injurian”, indicó la directora de la organización, Claudia Dides. Algunas de las cuentas promotoras de la campaña son @RECHAZAelABORTO, @Somos_Millones, @InformAborto, @sonandochile, @MujeresBlanco e @ISFE. “El delito es aún más burdo tratándose del nombre de la cuenta @MilesChileAyuda, la cual no es de nuestra propiedad, y que ha sido empleada para suplantarnos, haciéndose pasar por nuestra institución en múltiples oportunidades y entregando información falsa y errónea al público general.”, denunció Dides. El abogado de Miles, Alan Spencer, explicó que entre otras diligencias pidió al tribunal que se cite a los máximos dirigentes de los grupos pro-vida, que la Policía de Investigaciones dé seguimiento al uso indebido del nombre y de la imagen de Miles y que se sancione a los responsables. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/09/30/presentan-primera-querella-criminal-contra-grupos-pro-vida-por-ridiculizar-a-las-mujeres/
  14. 17 de agosto del 2016 / 23:32 Hrs Abogado de Bachelet solicitó audiencia de conciliación en caso contra Revista Qué Pasa Juan Pablo Hermosilla sostuvo que, en caso que las "explicaciones" sean estimadas "suficientes", se podría considerar "retirar la querella". El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien representa a la Presidenta Michelle Bachelet en la demanda presentada contra la Revista Qué Pasa informó que solicitó una audiencia de conciliación. En Radio Cooperativa, el abogado explicó que, en caso de que las explicaciones sean consideradas suficientes, incluso se podría retirar la querella. "Si se dan explicaciones que nosotros estimamos suficientes podríamos considerar la alternativa de retirar la querella, si no se dan explicaciones que estimamos que son suficientes seguirá adelante el curso y en algún momento tendrá lugar, espero que próximamente, un juicio oral donde se discutirá si hubo delito o no", dijo Hermosilla. Bachelet interpuso el 31 de mayo una querella criminal por el delito de injurias y calumnias en contra de revista Qué Pasa, luego de que el medio de comunicación diera a conocer afirmaciones realizadas por el gestor inmobiliario Juan Díaz y en las que éste le atribuía a la Mandataria participación en el caso Caval. Fuente: http://www.latercera.com/noticia/politica/2016/08/674-692919-9-abogado-de-bachelet-solicito-audiencia-de-conciliacion-en-caso-contra-revista.shtml
  15. 24 Julio 2016 FALTA A LA PROBIDAD Ministerio Público se querella contra fiscal por obstruir investigación de tráfico y mentir a jueza para conseguir allanamiento El jefe regional Sur, Raúl Guzmán ingresó esta “querella de capítulo” en la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del perseguidor Centro Norte, Álvaro Núñez, por hechos ocurridos la noche del 18 de julio de 2012, cuando ejercía el turno de noche. En esa oportunidad realizó un llamado telefónico a la magistrada del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, Sandra Rojas, con el fin de obtener una “orden de estrada, registro e incautación por un caso de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades” con datos falsos, instando a que un detective de la PDI, alterara el parte policial. Pidiendo expresa reserva y custodia de antecedentes, el titular del Ministerio Público Sur, Raúl Guzmán, interpuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago una “querella de capítulo” en contra del fiscal Centro Norte Álvaro Núñez, por obstruir una investigación de tráfico, falsificar documentación, instar a un policía a mentir y faltar a la verdad a una jueza de garantía para conseguir una orden de entrada y registro. El libelo, que publica íntegramente The Clinic Online, es el paso previo para formalizar la investigación en contra del imputado y pedir medidas cautelares que van desde la más gravosa como es la prisión preventiva u otras como el arresto domiciliario -total o nocturno- arraigo y firma semanal o mensual. Los hechos por los cuales Guzmán requiere la actuación del tribunal de alzada capitalino, ocurrieron la noche del 18 de julio de 2012, cuando ejercía el turno en la Fiscalía de Primeras Diligencias. En esa oportunidad realizó un llamado telefónico a la magistrada del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, Sandra Rojas, con el fin de obtener una “orden de estrada, registro e incautación por un caso de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades” que, presumiblemente, ocurría en la comuna de Lo Prado. “Al momento de entregar los antecedentes con que contaba para solicitar la orden referida y frente a una pregunta realizada por la señora magistrada de turno, en orden a saber cómo llegan los policías (PDI) al lugar, tras simular estar leyendo un documento, señala el fiscal que gracias a un llamado anónimo de un vecino, los funcionarios policiales tomaron conocimiento del hecho delictual y se apersonaron en el sito del suceso. Dicho antecedente resultó ser falso en cuanto inexistente, toda vez que no provino de información alguna que el fiscal mantuviera en su poder. En base a los antecedentes expuestos se concedió la orden (…)”, señala la acción legal. El parte La autorización era sólo el comienzo del delito imputado por Guzmán a Núñez. Acto seguido se comunicó con el detective de la PDI Kurt Borneck de la Bicrim de Pudahuel. “En dicha conversación, informa a título de advert encia al funcionario policial, del hecho que, ante la consulta de la jueza de garantía (…) sobre cómo había llegado la PDI al sitio del suceso, él le indicó que fue en razón de un llamado telefónico anónimo, el cual había sido hecho por un vecino, quien señaló que en el lugar vendían drogas, por lo que a raíz de este llamado, detectan la existencia del delito haciendo vigilancias discretas”, sigue el escrito de Guzmán. Posteriormente, Guzmán Núñez inquiere al policía para que agregue estos últimos datos al parte policial, pese a que “le constaba que dicho antecedente no era efectivo (…) toda vez “que así se lo hizo ver el propio funcionario” de la PDI “de manera inmediata”. “Frente a la renuencia del (policía) Kurt Borneck, el cual señala que comentaron previamente a la fiscal anterior de lo que ocurrió que fue transitando por el lugar vieron la transacción, el fiscal Álvaro Núñez insiste (…) Para darle más énfasis a esta idea y jactarse de ello, agrega el fiscal Núñez al final de su conversación (…) ‘Así es que hay que conseguirse las órdenes’”, agrega la presentación. El regional Sur apuntó que no bastó con lo anterior, sino que además envió a la magistrada un parte preparado por él a la magistrada y que se incluyó en la carpeta judicial e investigativa”. Falta de probidad A juicio de Guzmán, el fiscal adjunto no sólo atentó en contra de la probidad en el ejercicio de su cargo como funcionario público que “detenta el ejercicio de la potestad punitiva”, sino que además incurrió en “abuso de poder” pese a estar llamado “a resguardar los derechos de las personas”. Previamente a la investigación criminal que derivó en esta “querella de capítulo” el jefe regional Centro Norte Andrés Montes, ordenó un sumario administrativo a cargo de la fiscal Ximena Chong, la misma que hoy sustancia el caso Corpesca. Las diligencias quedaron a cargo del OS-9 de Carabineros, unidad que interrogó a los detectives, dejando al descubierta la irregularidad. Terminada esta indagatoria, a Núñez le fue aplicada una multa del 50% de su sueldo. En dicho expediente, Núñez aseguró que todo se trató de un mal entendido. Si la Corte de Santiago acoge la querella de capítulo en contra de Núñez, los antecedentes serán derivados al Séptimo Juzgado de Garantía, donde Guzmán solicitará fecha para formalizarlo por falsificación y obstrucción a la investigación, donde podría enfrentar una eventual condena y expulsión del Ministerio Público. El abogado, Ricardo Freire, patrocinante de Núñez, indicó que “si bien mi representado cometió un lamentable error en el marco de su actuación administrativa como fiscal -por lo que fue sancionado por el Ministerio Público- tales hechos no son constitutivos de los delitos por los que se le pretende formalizar. En definitiva, estamos en presencia de faltas administrativas ya sancionadas, pero en ningún caso de delitos, como demostraremos en las instancias judiciales respectivas”. Lea la querella completa http://issuu.com/jorgemolinasanhueza/docs/fiscal-querella/1?e=4883542/37422871 Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/07/24/ministerio-publico-se-querella-contra-fiscal-por-obstruir-investigacion-de-trafico-y-mentir-a-jueza-para-conseguir-allanamiento/
  16. Metro de Santiago anuncia querellas por tren rayado en la estación Colón Los individuos fueron detectados por el personal de seguridad del servicio mientras realizaban graffitis a un tren que se encontraba estacionado en las vías. SANTIAGO.- A través de un comunicado, el Metro de Santiago anunció que se querellará por contra los responsables del acto que tildaron como "delictual", tras el rayado realizado durante la madrugada de este domingo por dos argentinos y un chileno en la estación Colón de la línea 4. Los individuos que fueron detectados por el personal de seguridad, hicieron rayados con pintura spray en el tren que se encontraba estacionado, resultando afectado el primer y segundo coche, además del vidrio de la cabina delantera. Los daños fueron avaluados en 1 millón y medio de pesos. En la misiva enviada por la institución, se condena enérgicamente los hechos, recalcando que los daños provocados afectan la infraestructura que posibilita el traslado de miles de pasajeros que usan a diario la línea 4 del metro. "Independientemente del costo material, es importante tener presente que al rayar un tren, se está perjudicando directamente a la comunidad, ya que ese tren debe ser sacado de circulación y enviado a talleres para su limpieza. Esto representa, sin duda, un perjuicio para nuestros pasajeros, ya que hay menos coches disponibles para trasladarlos", sostuvo a través del comunicado el Metro de Santiago. Sobre la limpieza a la que deberá ser sometida el coche afectado, la empresa explicó que se demora entre dos y tres horas, dependiendo de su tamaño. En este caso, que abarca más de uno, el trabajo puede provocar que el tren esté entre 4 a 6 horas fuera de circulación. www.emol.com
  17. 01 Julio 2016 Abogado de Bachelet rechazó la actitud de Copesa Hermosilla acusa de desacato a Qué Pasa: "Esto se trata de poner un límite a una actitud abusiva por parte de uno de los grupos económicos más importantes del país" Frente a un eventual desestimiento, el penalista aseguró que "si se dan explicaciones adecuadas, podrán atenderse y podrá uno eventualmente considerar el desestimiento. Eso es lo que dice la ley, es lo que corresponde. Pero ellos, lejos de eso lo que han hecho es arrancar en la dirección opuesta", afirmó. El abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de la Presidenta Michelle Bachelet en la querella por injurias que presentó contra cuatro periodistas de revista Que Pasa acusó a los responsables de la publicación de caer en abierto desacato, luego de que el Segundo Juzgado de Garantía, donde se tramita la causa, ordenara que los editores enviaran al tribunal una copia impresa de la publicación. "Una cuestión que es muy decidora, es el comportamiento de la revista, desde antes de esto y confirma los motivos de la presentación de la querella. Hasta el día de hoy inexplicablemente, en una situación de desacato abierto a la corte, la revista no ha mandado nada. Se han tenido que reiterar dos veces los oficios", afirmó Hermosilla a radio Cooperativa. La querella surge a partir de la edición de la revista del 26 de mayo en que se reprodujeron una serie de escuchas telefónicas, interceptadas por orden judicial en el marco de la investigación del caso Caval, al operador UDI, Juan Díaz. Una serie de mensajes de whatsapp de Díaz daban cuenta de que supuestamente la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon, dijo que la Presidenta cobraría $500 millones del negocio inmobiliario en Machalí. La revista sacó estos párrafos de su edición digital con una aclaración. Pero en la versión impresa, quedó el texto donde se aludía de esta manera a Bachelet, lo que según los querellantes constituye el ilícito de atentar contra la honra de las personas. La querella abrió un intenso debate sobre la libertad de expresión, argumento que es enarbolado también por la revista. En este sentido, Juan Pablo Hermosilla insistió en que la acción legal no busca perseguir ni restringir la libertad de expresión. Es una muestra más de que aquí el tema no es de libertad de prensa, sino que lo que hay es un acto de desinformación y manipulación política por parte de un medio de comunicación", aseguró. El penalista enfatizó que "esto se trata de poner un límite a una actitud abusiva por parte de uno de los grupos económicos más importantes del país y uno de los dos controladores de la prensa escrita y la radio en este país", afirmó refiriéndose de esta manera a los medios que maneja Copesa, conglomerado al que pertenece revista Que Pasa junto a los diarios La Cuarta, La Tercera, La Hora, Pulso y las radios del grupo Dial, como radio Zero, donde Bachelet dio una entrevista para explicar por qué presentó la querella. Sobre un eventual desestimiento, Hermosilla adelantó que "si se dan explicaciones adecuadas, podrán atenderse y podrá uno eventualmente considerar el desestimiento. Eso es lo que dice la ley, es lo que corresponde. Pero ellos, lejos de eso lo que han hecho es arrancar en la dirección opuesta", afirmó. El Segundo Juzgado de Garantía aún no fija la audiencia en la que se van a encontrar las partes. En tanto que respecto del caso Caval, la declaración de Bachelet deja de tener carácter reservado desde el próximo lunes, aunque la fiscalía podría pedir que la reserva se extienda por otros cuarenta días. Juan Díaz en tanto, permanece con arresto domicialiario nocturno. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/01/hermosilla-acusa-de-desacato-a-que-pasa-esto-se-trata-de-poner-un-limite-a-una-actitud-abusiva-por-parte-de-uno-de-los-grupos-economicos-mas-importantes-del-pais/ _________________ Usuarios que quieran ver la historia http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/07/01/hermosilla-acusa-de-desacato-a-que-pasa-esto-se-trata-de-poner-un-limite-a-una-actitud-abusiva-por-parte-de-uno-de-los-grupos-economicos-mas-importantes-del-pais/
  18. 22 Junio 2016 Bruno Vidal: El principio de autoridad se fue a las pailas y no hay palabra que valga en el mando de la nación Es triste decirlo pero una vez más somos los mismos chilenos aniquilándonos con querellas intestinas, sin pies ni cabeza. Campea la sorna, la estupidez, el vejamen despiadado El desarreglo de la vida institucional –patentizándose en los últimos años y hoy quedando a las claras en forma grosera– nos está llevando a consecuencias desastrosas. Para qué enumerar los síntomas de la podredumbre moral y política, son de sobra conocidos, demasiado públicos y notorios (la desintegración de la familia es total), de ahí el estado de alarma que suscitan. Cualquiera con dos dedos de frente sabe que estamos farreándonos una vez más la democracia y sus instituciones, y que nadie se salva en el empeño de echarlas abajo. Todos los actores en juego tienen su tejado de vidrio, todos están interdictos y bajo sospecha. Como diría una pituca de viejo cuño, “es un espectáculo atroz”, o como diría una iñora deslenguada del bajo pueblo, “a estos jetones se les pasó la mano con el choreo”. Vivimos un descalabro que horada el bien común en sus cimientos. El principio de autoridad se fue a las pailas y no hay palabra que valga. La cháchara cínica es el tono predominante, habla el fraile, habla el militar, habla el político, habla el activista… pero con qué ropa, con qué validez argumentativa, con qué moral. La cadena de mando falla en todos los niveles, no hablemos de conducto regular, la noción de jerarquía se ha devaluado al extremo. Y esa redundancia grotesca de buscar el maná en el pasado reciente de la época autoritaria es muy lamentable y vamos exhumando cadáveres con el solo objeto de justificar lo injustificable, puras movidas para sacarse los pillos, ya tocamos fondo, ya la convivencia se ha hecho insostenible, y a los delincuentes qué les han dicho, actúan desembozadamente, y los vecinos nos agarran pal leseo, especialmente el caudillo nefasto de Evo Morales y no somos capaces de pararle el carro. Es triste decirlo pero una vez más somos los mismos chilenos aniquilándonos con querellas intestinas, sin pies ni cabeza. Campea la sorna, la estupidez, el vejamen despiadado, nos estamos sacando los ojos nosotros mismos. La falta de profesionalismo es brutal, los límites de la imprudencia temeraria ya no se pueden medir. Estamos perjudicándonos, en lugar de tirar todos para el mismo lado nos desquiciamos en reveses y en autogoles, la idea es fregar la convivencia, hacen nata las catervas y las mafias, cada uno se siente con el derecho de echar la foca y el arte comprometido brilla por su ausencia. La Presidencia de la República ha quedado totalmente desguarnecida. El movimiento social vale callampa, pura perorata, hemos perdido el norte, entonces más huemul, entonces más cóndor, ni lo uno ni lo otro, puros pericotes y ratas de la peor especie, la patria está atacada por parásitos, por canallas, impera la prepotencia, la falta de solidaridad, escasea la unidad patriótica. Por fortuna el marxismo está de capa caída, si no estaría felizcote echándole leña al fuego, pero los lotes de la androginia poli perversa mueven los palillos y afloran los cahuines, las histerias populistas y las pachotadas. La serpiente pone sus huevos y como es pilla y dolosa y atrevida no los pone todos en la misma canasta. La pus repelente y la corrupción son las notas altas y por desgracia los institutos armados no están dispuestos ni siquiera a un ruido rasca de sables, los altos mandos están en entredicho y eso es muy peligroso. Las condiciones objetivas y subjetivas para dar un golpe de Estado saltan a la vista y vaya uno a decirles a los uniformados pónganse las pilas, se matarían de la risa y es harto probable que el oficial de guardia te diga sin miramientos: ándate a la mierda facho exagerado. Chile: directo al precipicio, a la destrucción de sus instituciones. A las clases dominantes no les cae la teja, la pequeña burguesía como nunca mostrando la hilacha y al cateo de la laucha y el proletariado a la siga de los petimetres de la pasarela cultural progresista. En esas condiciones el llamado a reformar la Constitución es de una ridiculez soberana. Chile se nos va de las manos. Y lo más desgraciado y patológico: nadie quiere de verdad tomar el toro por las astas y salvar la situación, recuperar la mesura y el talante verdaderamente democrático. Y lo doloroso y pareciera irremediable: faltan hombres hechos y derechos al mando de la nación, escasean los taitas en los diversos oficios, gallos de pelea que den guaraca al que quiera salirse de madre y del buen camino. Pero no se diga que no hubo uno de la patria que llamó la atención. ¡No, señor! Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/22/bruno-vidal-el-principio-de-autoridad-se-fue-a-las-pailas-y-no-hay-palabra-que-valga-en-el-mando-de-la-nacion/
  19. por JAVIERA OLIVARES 8 junio 2016 Libertad de expresión, oportunismo y clasismo mediático Es válido preguntarse: ¿cuál es la libertad de expresión que hoy se defiende? Si por voluntad política todavía nos posicionamos en uno de los tristes primeros lugares en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile cerca de un 90%. El escenario es sintomático: un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales extranjeros y concesiones hasta hace poco indefinidas y un 45% del mercado radial concentrado en manos de un conglomerado transnacional. Para quienes nos dedicamos a estudiar, observar o trabajar el ejercicio de la comunicación y el periodismo, sin duda esta última semana ha sido más que nutrida. No recuerdo desde hace cuánto tiempo el derecho a la libre expresión estaba puesto en cuanta columna, entrevista o nota periodística se hiciera, copando sendos reportajes televisivos e incluso portadas de los diarios más tradicionales del país. Sin duda, una oportunidad interesante para quienes hemos insistido tenazmente en la idea de que, para fortalecer nuestra democracia, urge instalar, como problema político, el derecho del pueblo de Chile a expresarse democrática y pluralmente, a contrapelo de la tónica del proceso transicional. Pero así como el florido debate ha arrojado insumos periodísticos interesantes, ha sido casi surreal –al menos para quienes llevamos años analizando este tema– el ver cómo aparecidos personajes manosean con ligereza y oportunismo el concepto del derecho a la libre expresión. Como si fuera un trofeo político, hoy connotados líderes se pelean por aparecer en titulares vociferando en favor de la libertad de expresarse y contra cualquier tipo de sanción a la prensa o incluso contra la criminalización del periodismo, pintoresca frase que usó la ex vocera Cecilia Pérez en un programa de debate de domingo. Casi como un #JeSuiCharlie, las palabras en defensa al tipo #YoSoyQuePasa se han convertido en propuesta hegemónica, donde cualquier atisbo de distingo –hasta hace muy poco– era interpretado como un rechazo al libre ejercicio del periodismo, una defensa soterrada a la Presidenta en ejercicio o, peor aún, un oprobio al derecho a expresarse. Pero la cuestión es simple. Lo primero que ha de aclararse es que la libertad de expresión es un derecho colectivo, que le pertenece a la ciudadanía toda y no solo a los periodistas, quienes con nuestro trabajo hemos de cumplir el rol social de hacer de puentes para coadyuvar al ejercicio de ese derecho. Señalado eso, el cuidado de esta garantía ha de tener siempre, como último objetivo, proteger el bien común y no, particularmente, los intereses de determinados holdings mediáticos. En ese sentido, para quienes defendemos este principio, siempre es necesario realizar el análisis sobre eventuales colisiones de derechos o acerca del ejercicio ético de la profesión. Cuestión distinta es la perspectiva crítica que se debe hacer de la legislación chilena que mantiene en su ordenamiento jurídico (específicamente en la ley 19.733 con alusiones al Código Penal) penas corporales para las faltas asociadas a injurias o calumnias. Es esa figura la que hoy pone en riesgo de penas de cárcel a los periodistas querellados. Pero el actual debate también ha develado el profundo clasismo que hay no solo en la sociedad chilena, sino también en el discurso forzoso de las grandes cadenas de medios de comunicación masiva. Resulta increíble, hipócrita, observar cómo la agenda ha sido copada por la supuesta preocupación en torno a la afectación que generaría la interposición de una querella cuyo fallo podría afectar a miembros de un medio masivo y tan poderoso, como aquel en que su propietario es a la vez controlador de uno de los grupos económicos más importantes del país que, además de Copesa, cuenta con el cuarto banco más importante de Chile. Lo cierto es que la persecución penal de periodistas no es una figura novedosa. Apenas en octubre del año pasado el Colegio de Periodistas junto a los directores del diario El Ciudadano, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la condena de cárcel para los directores del semanario a raíz de la publicación, en 2013, de un artículo sobre el ex diputado Miodrag Marinovic, el cual fue calificado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago como injurioso. Gracias a la irreprochable conducta anterior de los profesionales, estos quedaron firmando en Gendarmería por 18 meses. Para ese entonces, ningún adalid de la libertad de expresión rechazó la pena de cárcel, tampoco la noticia fue portada de los matutinos. Claro, esa vez, el medio en cuestión era considerablemente más pobre. Hoy connotados líderes se pelean por aparecer en titulares vociferando en favor de la libertad de expresarse y contra cualquier tipo de sanción a la prensa o incluso contra la criminalización del periodismo, pintoresca frase que usó la ex vocera Cecilia Pérez en un programa de debate de domingo. Casi como un #JeSuiCharlie, las palabras en defensa al tipo #YoSoyQuePasa se han convertido en propuesta hegemónica, donde cualquier atisbo de distingo –hasta hace muy poco– era interpretado como un rechazo al libre ejercicio del periodismo, una defensa soterrada a la Presidenta en ejercicio o, peor aún, un oprobio al derecho a expresarse. Como si ello fuera poco, en estos días, se han atrevido a hacer impolutas defensas a la libre expresión sus más viejos opositores. El ex Presidente Sebastián Piñera –que hoy asegura ser un defensor de este derecho– conoció durante su mandato los cerca de 50 casos de detenciones, maltratos y golpes a periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, entre otros, que organizaciones sindicales y el Colegio de Periodistas denunciaron. Si bien esta no era una práctica novedosa, pues se venía produciendo desde los gobiernos de la Concertación –que cargan con el emblemático caso del fotógrafo Víctor Salas, que perdió un ojo a golpes de carabineros–, las movilizaciones estudiantiles y socioambientales de 2011 marcaron un hito de persecución a los trabajadores de la prensa. Peor aún, fue durante el Gobierno de Sebastián Piñera que se tomó prácticamente la única decisión que ha provenido del poder político en materia de comunicaciones desde el fin de la dictadura y que culminó privatizando el único medio público impreso de Chile desde 1917, despidiendo a sus decenas de periodistas y trabajadores. En 2014, un 99,4% de la propiedad del diario La Nación fue vendido por 320 millones de pesos a un privado, consolidándose el duopolio mediático que mantienen El Mercurio y La Tercera, ambos de orientación ideológica similar. Ese día, en medio de una manifestación pacífica para evitar la venta del diario La Nación, ocho periodistas fuimos detenidos en el desalojo y llevados a la Cuarta Comisaría de Santiago. No sería lo único a empeorar: si los gobiernos concertacionistas dejaron morir a todos aquellos medios de comunicación que habían sido la voz crítica de la dictadura, la administración Piñera amparó el crecimiento de los grupos económicos Saieh, Luksic y Bethia, todos con intereses tanto en holdings de medios de comunicación como en industrias de retail, del sector inmobiliario y de la banca. También permitió el ingreso y/o fortalecimiento de capitales extranjeros, como Time Warner(CHV) e Iberoamerican Radio. Entonces, es válido preguntarse: ¿cuál es la libertad de expresión que hoy se defiende? Si por voluntad política todavía nos posicionamos en uno de los tristes primeros lugares en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile cerca de un 90%. El escenario es sintomático: un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales extranjeros y concesiones hasta hace poco indefinidas y un 45% del mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional. Por cierto, no existe regulación alguna contra la concentración de la propiedad, salvo la regulación de monopolios estatales prohibidos en la Constitución dictatorial de 1980. Absurda preocupación, pues Chile no posee medios de carácter público, salvo Televisión Nacional, cuyas instalaciones, si bien pertenecen al Estado, tienen su financiamiento que es privado por ley, al igual que cualquier canal comercial. En Chile, tal como ocurrió con muchos otros derechos universales, como el derecho a la educación pública o la salud, el derecho humano a la información ha funcionado bajo las condiciones del mercado y tanto la sociedad civil como el Estado han tenido escasa participación, desde que la perdieron en plena dictadura. Ese es el peor atentado a la libre expresión que vivimos, naturalmente, día a día. ¿Quién denuncia eso? En ese escenario, resulta lamentable el intento inicial de castrar este debate a propósito de la sonada querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. Lamentable esa idea de instalar a todos quienes pusieron este eje de análisis como contrarios a la defensa del periodismo, de la libre expresión o defensores irrestrictos de La Moneda. Como Colegio de Periodistas hemos tenido una vocación unívoca de proteger la garantía de libertad de expresión en su amplia magnitud y como derecho colectivo, pero no como un absoluto, sino como la vocación de un periodismo responsable, plural y diverso, cuyo escenario ideal debe contar con regulaciones especiales para los medios que permitan regular la concentración de la propiedad en manos privadas y estatales. Por eso hemos insistido en la urgencia de eliminar de la legislación chilena las leyes que establecen penas corporales para infracciones vinculadas con la libertad de expresión; promover la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales y la urgente iniciativa de leyes antimonopólicas que permitan confrontar la altísima concentración mediática, verdadero poder en ciernes que construye y deconstruye la subjetividad de este pueblo. Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/08/libertad-de-expresion-oportunismo-y-clasismo-mediatico/
  20. Santiago, 3 de junio de 2016 | Hora: 14:32:09 ¿Y cómo salimos de esta? Abogados analizan querella de Bachelet contra revista y buscan una vía de escape La mandataria presentó acciones judiciales contra los periodistas responsables de la publicación de una escucha telefónica que pretendía ligarla al caso Caval. Mientras en el Congreso la mayoría de los parlamentarios oficialistas lo ve como un error, abogados revisan la postura y las posibles consecuencias. En el Congreso ya parece haber una convicción: la querella de la presidenta Bachelet contra los periodistas de la revista Qué Pasa no fue una decisión "conveniente". Es que finalmente es una lucha difícil, en que hay mucho que perder, no porque no tenga razón, sino muchas vías en que se puede generar un alto costo político. Lo anterior debido a que si gana, se establecería la sensación de estar coartando la libertad de expresión, como alega la derecha. En cambio, si llegara a perder, sería un golpe a la imagen presidencial. Cabe recordar que todo esto se desarrolla mientras las encuestas muestran el nivel más bajo al trabajo ministerial y presidencial. En la acción judicial se lee que "para todos los querellados la pena solicitada en concreto es la de 3 años de reclusión y multa de 150 unidades tributarias mensuales". La revista Qué Pasa publicó la transcripción de una escucha telefónica del operador de la UDI Juan Díaz, en que ligaba a Bachelet al caso Caval. La publicación reconoció que sólo mostró la parte en que se refería a la mandataria, retiró el contenido de su sitio web y se presentaron las excusas del caso. Se disculpó. Este punto es fundamental para el abogado penalista Cristián Riego. Para el experto, no hay vía para ganar, considerando que el medio se disculpó públicamente y manifestó no tener intenciones de injuriar a la presidenta. "Es un error monumental que no tiene ninguna buena salida. Si gana y obtiene cualquier cosa contra los periodistas, ellos se van a victimizar, porque son perseguidos por ejercer la libertad de expresión. No hay salida, la única que hay es tratar de llegar a un acuerdo y que le pidan algún tipo de disculpas, pero eso ya ocurrió, es difícil". "Tiene que salirse de este lío. No tiene ninguna fórmula positiva", agregó el jurista, recalcando que es poco probable que uno de los querellados termine preso y que incluso, el juez puede determinar que no hay delito, puesto que no hubo ánimos de injuriar. "El que calla otorga" Más positivo es el abogado Cristián Cruz, quien sí consideró que la presidenta puede ganar el caso, aunque no hubiera aconsejado que se iniciara la acción en primer lugar. En conversación con Cambio21, el profesional recordó que la mandataria cuenta con dos abogados "y tres opiniones" sobre cómo saldría ganadora en el caso, pero que de todas formas no era conveniente. Cruz dijo que "obviamente ella habla como ciudadana, pero es difícil para la ciudadanía desentenderse de que habla la autoridad. Efectivamente, da la apariencia o impresión no deseada que desde el Ejecutivo quieren coartar la libertad de expresión. Eso es al menos lo que va a acusar el ente querellado. Donde hay dos abogados, hay tres opiniones y de ello no puedo pronunciarme, pero si a mí me hubieran pedido una asesoría no lo hubiera aconsejado. Me gustaría más ver a un ejecutivo presentando querellas contra militares corruptos, en todas las causas de derechos humanos". El abogado consideró que la presidenta tiene una base para presentar la acción. "Nace la pregunta sobre si a mí me señalan públicamente como la beneficiaria de un delito ¿me tengo que quedar callada? (...) existe un aforismo común: el que calla otorga; no lo ocupo en lo jurídico, pero no podemos desconocer que es uno muy sentido por la población", agregó. Fuente: http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160602/pags/20160602172523.html
  21. 4 Junio 2016 Piñera: “Yo prefiero el ruido de una prensa libre que el silencio de una prensa amordazada” El exMandatario, defendio la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa, aludiendo a las declaraciones que prestó en el caso Caval, el operador político de derecha Juan Díaz, donde involucró a Bachelet en esta indagatoria por corrupción, donde aparece ligada su nuera Natalia Compagnón. De esta manera aludió a la querella presentada por la Presidente Michelle Bachelet en contra de los periodistas de la revista Qué Pasa. Vamos Jóvenes, una actividad que se realizó esta mañana, a la que asistió el ex Presidente Sebastián Piñera, fue la ocasión donde aprovechó de criticar la querella presentada por Michelle Bachelet, en contra de periodistas de la revista Qué Pasa. El exMandatario, defendio la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa, aludiendo a las declaraciones que prestó en el caso Caval, el operador político de derecha Juan Díaz, donde involucró a Bachelet en esta indagatoria por corrupción, donde aparece ligada su nuera Natalia Compagnón. Piñera explicó -recoge el portal Emol- (http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/06/04/806129/Pinera-por-querella-de-Bachelet.html) que cuando ocupaba la Primera Magistratura, hubo hechos y situaciones donde pensó en querellarse, pero desistió. “Cuando yo era Presidente se escribían tantas cosas que eran falsas que a veces me daban ganas de ejercer acciones legales, pero se me pasaban, porque siempre privilegiaba la libertad de expresión que es un valor fundamental”, manifestó. “La libertad de expresión es fundamental. Yo prefiero el ruido de una prensa libre que el silencio de una prensa amordazada”, agregó. En todo caso, conminó a los medios al respeto a la dignidad y honra de las personas. “Yo creo que siempre hay que respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de opinión, porque sin ellas todas pierden su sentido”, añadió. La actividad de Vamos Jóvenes, es la plataforma, donde la oposición presentó a sus candidatos a concejal y alcalde, que son menores de 30, con miras a las próximas municipales. Concurrieron los presidentes de RN, UDI, Evópoli y el PRI. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/04/538062/
  22. 3 de junio, 2016 Dura editorial de Qué Pasa: seguiremos trabajando para que la Presidenta se entere por la prensa La revista publicó en su edición de hoy una nota que relata cómo sucedieron los hechos que gatillaron la molestia de la Presidenta dado que, a su juicio, se dañaba su honra. Lejos de entender la decisión de la Mandataria, el medio advierte las inconsistencias de la acción penal, así como el efecto de cortar la libertad de expresión. “Nuestro compromiso es que todo el país, incluida la presidenta, se siga enterando de los asuntos importantes por la prensa”. Con esa frase finaliza la nota redactada en Qué Pasa para referirse a la querella por injurias que presentó la Presidenta Bachelet contra ese mismo medio. Las palabras escogidas hicieron clara referencia a cómo la Presidenta dijo que se enteró de los negocios que tenía su hijo junto a su nuera en el denominado caso Caval; por la prensa.De eso ha pasado más de un año y desde entonces Bachelet dejó de contar con la aprobación ciudadana que gozaba en un inicio. La polémica escaló luego que el jueves pasado la revista publicara una transcripción de uno de los imputados de Caval, el operador Juan Díaz, quien la vinculaba directamente con la investigación mediante una llamada telefónica. A raíz de ello, la revista hace un mea culpa diciendo que ello no cumplía con sus estándares editoriales y pide disculpas a los lectores y a las personas que se mencionaban en acusaciones graves. Sin embargo, lejos de entender la decisión de la Mandataria, el medio advierte las inconsistencias de la acción penal contra cuatro de sus periodistas. "Resulta, por decir lo menos, curioso, dado que el anuncio de posibles acciones judiciales fue anunciado por la presidenta el jueves 26, y considerando además que el abogado Hermosilla alude a ‘los periodistas que firman la nota’, siendo que las notas en esta sección no llevan firmas y que la edición en papel no estaba en la calle”, explica. Bachelet se querelló como ciudadana, pero aún así fue anunciado por el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, fija su domicilio en La Moneda y presenta como testigos a funcionarios de Gobierno para su defensa. Como muchos periodistas que han hablado del tema, la revista advierte que el calidad de ciudadana no se puede separar de su calidad de Jefa de Estado. Ahí radica, advierten, la presión que coartaría la libertad de expresión. La revista indica: “En Qué Pasa nos preocupa el efecto amedrantador que la acción judicial y las acusaciones públicas vertidas en contra del medio potencialmente puedas tener contra nuestras periodistas y contra los otros medios del país”. “Lamentamos que la presidenta se haya inscrito en la historia como la primera gobernante en querellarse contra un medio de comunicación y contra periodistas desde el retorno de la democracia”, dice el medio. Fuente: http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/06/03/dura-editorial-que-pasa-seguiremos-trabajando-para-que-presidenta-se-entere-por-la-prensa/?rel=sociales
  23. Alcaldesa de Providencia enfrenta nueva querella por fraude al fisco La acción penal en contra de Josefa Errázuriz fue presentada este miércoles ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por el abogado Mario Zumelzu. Se suma a la interpuesta hace un año por un ex funcionario del municipio. SANTIAGO.- Una querella por presuntos delitos de fraude al fisco fue presentada este miércoles ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz. La acción penal -patrocinada por el abogado Mario Zulmelzu- busca perseguir presuntas irregularidades en la emisión de boletas por servicios no prestados, que habrían sido entregadas por funcionarios del municipio para justificar el pago de un bono de vacaciones comprometido por la edil durante su periodo de campaña. Se trata de 285 documentos por un monto de $110 mil por servicios que no se habrían realizado. "La alcaldesa Errázuriz tuvo una actuación directa al cumplir una promesa de campaña de ella, que era un bono de vacaciones que se pagó a funcionarios municipales con platas del Club Providencia, por servicios no prestados", detalló al respecto Zumelzu, recalcando que "es muy fácil ser generoso con el dinero ajeno y parece que más fácil aún, es ser generoso con fondos públicos". Respecto a los hechos, el querellante enfatizó que se trataría de eventuales actos que podrían ser constitutivos de delitos de fraude al fisco. El libelo se suma al presentado en junio del año pasado por un ex funcionario del Club Providencia, Carlos Sánchez, quien acusó a la autoridad comunal -además- de hechos que tienen relación con ilícitos de falsificación de instrumento público y fraude tributario. www.emol.com
  24. 1 Junio 2016 Columna de Faride Zerán: El ataque de la ciudadana Bachelet a la Presidenta de la República Faride Zerán, Premio Nacional de Periodismo 2007, se pronunció respecto a la querella presentada por la Mandataria Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa. “La ciudadana Bachelet es la Presidenta de la República, la máxima autoridad del país, y la pretensión de que puede desdoblarse en tanto ciudadana resulta una quimera o a lo menos un acto de ingenuidad”, afirmó. En la lógica de la irrestricta defensa de la libertad de expresión resulta una pésima señal para el ejercicio del periodismo y su rol fiscalizador la querella interpuesta por la ciudadana Bachelet en contra de la revista Qué Pasa por la publicación de la nota en la cual un oscuro operador de la derecha la involucraba en el caso Caval. En este sentido, si la revista publicó el texto que filtraba la imputaciones de Juan Díaz a la Presidenta de la República porque era parte de una operación o complot en contra de la mandataria; o si el ex operador UDI dijo lo que dijo a sabiendas de que estaba siendo grabado y de que eso iba a salir en los medios, son argumentos que pueden hacer comprensible la reacción de Bachelet en su legítimo derecho de defenderse de lo que ella considera son mentiras e injurias, pero que sin embargo en la lógica de la defensa de la libertad de expresión no la justifican. Primero, porque la ciudadana Bachelet es la Presidenta de la República, la máxima autoridad del país, y la pretensión de que puede desdoblarse en tanto ciudadana resulta una quimera o a lo menos un acto de ingenuidad. Segundo, porque con esto la señal al periodismo resulta nefasta, más cuando éste transitaba por sus momentos de gloria, investigando y denunciando temas frente a los que por años hizo vista gorda, como puede ser por ejemplo la colusión entre dinero y política. Y tercero, porque si bien resulta grotesca y poco creíble la acusación en contra de Bachelet, al entablar esta querella encubre un debate de fondo en el periodismo de hoy, que tiene que ver con la ausencia de rigor en las rutinas periodísticas, como puede ser la ausencia de chequeo de la veracidad de las fuentes, por citar un ejemplo atingente en este episodio. Hoy el debate estará centrado en una querella que, quiéralo o no, atenta contra la libertad de expresión en tanto atemoriza o coarta el derecho a la información, la fiscalización a los poderes y la demanda de mayor transparencia que la ciudadanía le hace a todos los sectores de la sociedad. Querella que sumada al fracasado intento de hace pocas semanas de aprobar modificaciones al Código Penal con una normativa que sancionaba con penas de cárcel las filtraciones en casos que investiga la Fiscalía, cuestión que amordazaba a la prensa y que concitó en un primer momento el apoyo de todo el espectro político, nos permiten interrogarnos acerca del espesor democrático no solo de nuestras instituciones sino además de quienes detentan el poder. En esa perspectiva, con la querella interpuesta contra un medio de comunicación la ciudadana Bachelet le infringió un grave daño a la Presidenta de la República y al país. Fuente: http://www.theclinic.cl/2016/06/01/columna-el-ataque-de-la-ciudadana-bachelet-a-la-presidenta-de-la-republica/
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