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COHECHO | ¿Dar sin recibir? La discusión sobre el cohecho que se abre en el Congreso

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ChicaLiberty

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:latercera:

09 Julio 2018

 

 

¿Dar sin recibir? La discusión sobre el cohecho que se abre en el Congreso

 

 

 

Mientras algunos parlamentarios proponen elevar las penas para este delito y el de soborno, otros quieren ir más allá y rebajar los requisitos, partiendo por que no se exija acreditar una contraprestación a cambio del pago.

 

 

 

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No es sólo un asunto de subir las penas y ya. El debate acerca de cómo y hasta dónde modificar la figura penal del cohecho -vulgarmente conocido como coima- y su delito asociado, el soborno, va mucho más allá, al decir de algunos de sus participantes. Por lo pronto, esta tarde se presentarán en el Congreso indicaciones que apuntan a hacer más fácil la persecución de ambos delitos, suprimiendo un requisito: que no se exija acreditar, además del pago que recibe el funcionario público, una contraprestación a cambio.

 
Dicho punto ha destacado al calor de la polémica por la decisión del fiscal Manuel Guerra de recalificar los delitos a la hora de cerrar las aristas del Caso Penta. Guerra -en la entrevista que dio el fin de semana en La Tercera para encarar las críticas que ha recibido-, aseguró que “lo que nosotros sí teníamos acreditado, sin ninguna duda, son los pagos hechos a Wagner”,  y “que la debilidad de este caso, que siempre estuvo presente en la interna del Ministerio Público, era el tema de los actos propios del cargo que se exigen en el cohecho”.
 
En simple: la legislación hoy, para perseguir a alguien por cohecho, exige probar no sólo que se coimeó pagándole a alguien, sino que además acreditar que ese alguien cumplió con su parte del trato. Al día de hoy, la discusión legislativa está radicada en la Comisión Mixta, donde la atención se ha centrado en subir las penas (como impulsan los senadores Felipe Harboe y Andrés Allamand), con la idea de que algunas de ellas importen prisión efectiva.
 
Pero con la polémica a raíz de los casos Penta y SQM, algunos quieren subir la vara. Esta tarde, el senador Alfonso de Urresti y el diputado Leonardo Soto, ambos PS, presentarán una indicación para suprimir dicho requisito,  ya que -dice Soto, miembro de la mixta-, “hasta este momento no hay indicaciones que busquen rebajar los requisitos del cohecho o establecer una redefinición del tipo penal del cohecho que elimine o que aumente las posibilidades de castigar sin haber una prestación muy clara”.
 
Hasta hoy sí hay un proyecto que lo propone. Es uno presentado por diez diputadas y diputados (Jiles, Bellolio, Hirsch, Boric, Auth, Walker, Pérez, Soto, Alessandri) que propone castigar al funcionario “por el solo hecho de solicitar, ofrecer, demandar, aceptar o convenir en”. Dicho texto, en su presentación, declara que “la definición vigente del delito de cohecho ha demostrado ser completamente ineficiente, pues probar que aquello que primó en la decisión de un funcionario o autoridad fue el interés particular implica generar una prueba prácticamente imposible en juicio”.
 
Otra propuesta que apunta en ese sentido fue la que los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena compartieron con varios legisladores, y que acogieron en el Frente Amplio. “Si este delito hubiese estado vigente en estos años, se podría haber perseguido el cohecho cada vez que un funcionario público hubiese recibido dinero, como en los casos de Pablo Wagner o en otros que no pudieron ser perseguidos como cohecho, como el del senador Iván Moreira”, explica el mismo Gajardo.
 
El diputado Soto detalla que en la mixta se han fusionado tres textos, un mensaje presidencial y dos mociones parlamentarias, uno de los cuales es el de los diez diputados y diputadas. “Creo que sí hay piso para esto, pero nunca se sabe hasta que se sometan a votación los proyectos, y eso ocurrirá a partir de hoy en la tarde”, agrega.
 
Según él, “tenemos que aprender de la experiencia judicial que hemos tenido en el último tiempo, donde se han acreditado de manera fehaciente la entrega de millonarios recursos a funcionarios públicos que no tienen ninguna justificación, y que sólo se explican en cuando buscan cohecharlos; sin embargo, no se ha podido acreditar judicialmente la contraprestación asociada a la entrega de estos recursos, y terminan siendo enjuiciados por delitos menores, como enriquecimiento ilícito”.
 
 
 
 
 

 








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