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MINISTERIO DE JUSTICIA | Cohecho: gobierno presenta propuesta y busca acuerdo para aumentar penas

Ministerio de Justicia Ministro Larrain

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ChicaLiberty

ChicaLiberty
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:latercera:

02 Junio 2018

 

 

 

La compleja agenda del ministro Larraín

 

 

El titular de Justicia es uno de los más expuestos mediáticamente del gabinete. Debe impulsar una serie de proyectos que han sido criticados en el propio oficialismo. Este miércoles deberá enfrentar una interpelación en su contra.

 

 

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No ha sido fácil el aterrizaje del ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el gobierno. Desde que asumió como secretario de Estado, Larraín ha tenido una agenda programática intensa y “compleja”, reconocen en La Moneda. Debido a la misma razón, sostienen que es uno de los ministros más expuestos mediáticamente, teniendo que enfrentar más de una crítica, incluso desde su propio sector.
 
El secretario de Estado tiene que encabezar varios proyectos que han estado en el foco de atención; por ejemplo, el proyecto de identidad de género, la indicación para la ley de adopción, y el proyecto de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores, entre otros.
 
De hecho, esas iniciativas están incluidas dentro de las 26 urgencias legislativas que ingresó el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el pasado 29 de mayo, junto con otras que recaen en la cartera de Justicia.
 
Pero no solo “la carga legislativa” ha sido la razón del complejo aterrizaje en Justicia. El ministro ha tenido que lidiar con algunas descoordinaciones, según han calificado del propio Ejecutivo, a la hora de anunciar el contenido de los proyectos, lo que -según reconocen desde La Moneda- ha generado que Larraín manifieste su incomodidad en más de una oportunidad.
 
Uno de los primeros episodios fue cuando el Presidente Sebastián Piñera fijó, el 7 de abril pasado, postura sobre el proyecto de identidad de género, y dijo estar a favor de incluir a los menores desde los 14 años de edad para el cambio registral de sexo. Tema que genera resistencia en los sectores más conservadores de Chile Vamos y que -hasta hoy- tiene entrampada la discusión en la comisión mixta.
 
El “problema” fue, sostienen fuentes de Palacio, que minutos antes, en el marco de un consejo programático de la UDI, el ministro Larraín había dicho que “no hemos tomado una decisión definitiva”.
 
Ese hecho, de todas formas, pasó inadvertido. Ese mismo día, Larraín afirmó la polémica frase de que “la mayoría de jueces son de izquierda”, lo que le significó una semana de críticas del Poder Judicial y cuestionamientos privados del oficialismo, ya que el gobierno públicamente salió a respaldarlo y rápidamente dieron por superado el tema.
 
Un segundo episodio fue cuando, el 29 de abril pasado, la Segpres retiró el proyecto que venía de la administración de Michelle Bachelet y que repara a víctimas de violaciones a los DD.HH. Si bien el ministro estaba de acuerdo con la idea, acusó que fue avisado sobre la marcha.
 
La decisión generó tanto rechazo en la oposición que impulsaron una interpelación que se realizará este miércoles y que está a cargo de la diputada Carmen Hertz (PC). “Cuando tuve la certeza de este retiro por parte de quienes lo hacen en el gobierno, ya era tarde”, dijo Larraín cuando se aprobó la ofensiva.
 
De hecho, por estos días el secretario de Estado se ha enfocado en preparar junto a su equipo la interpelación. No ha realizado entrevistas, ha tenido poca exposición mediática y se ha dedicado a estudiar los temas. “Está minimizando riesgos”, comentan en su entorno.
 
Otro hecho que debió enfrentar el ministro fue cuando el Mandatario anunció, el 3 de mayo, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. El día anterior, Larraín y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, habían transmitido en el Congreso que el gobierno estaba por aumentar el plazo de la prescripción del delito.
 
Con todo, en esa oportunidad, en La Moneda destacaban el rol que jugó el ministro. De todas formas, la iniciativa -que está con urgencia suma en el Congreso- lo ha tenido dando explicaciones debido a que no genera consenso ya que algunos acusan que se afecta “la certeza jurídica”.
 
El último episodio que debió enfrentar el ministro Larraín es la decisión del Presidente Piñera de aplazar el envío de la indicación por adopción hasta después de la cuenta pública que se realizó el viernes. Otra iniciativa que genera división en Chile Vamos, debido a que la propuesta “no discrimina a nadie” y se deja abierta la opción de que familias homoparentales puedan adoptar.
 
El ministro exteriorizó su desacuerdo y dijo que “lamentaba” el retraso. Esto, según dijeron desde el gobierno, debido a que no le cayó bien que no pudiera cumplir, por segunda vez, el compromiso que había adquirido con el Congreso para ingresar la indicación.
 
En el Ejecutivo algunos comentan que con estos episodios se pone en riesgo el capital político del ministro, debido a que pierde “fuerza” su rol negociador con la oposición. Otros, en tanto, sostienen que es parte de la tarea que tiene que asumir como secretario de Estado y alinearse con lo que diga el Mandatario.
 
Con todo, en el Ejecutivo sostienen que la relación del ministro con el jefe de Estado es directa y que está bien evaluado en su trabajo. Una señal que apunta en esa línea fue cuando en la cuenta pública el jefe de Estado dijo que esta semana se ingresará finalmente la indicación. “Si no hubiese dicho nada del tema hubiese sido una mala señal”, comentan las mismas fuentes.
 
 
 
 

 


Editado por ChicaLiberty, 12 junio 2018 - 17:47 hrs..



#2
ChicaLiberty

ChicaLiberty
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:latercera:

12 Junio 2018

 

 

Cohecho: gobierno presenta propuesta y busca acuerdo para aumentar penas

 

 

 

 

Ministro de Justicia, Hernán Larraín, asistirá hoy a la comisión mixta que revisa los cambios al Código Penal en materia de delitos funcionarios.

 

 

 

Imagen-MINISTRO-DE-JUSTICIA-HERNAN-LARRA

 

 

Que el proyecto de ley que aumenta las penas en delitos funcionarios sea despachado durante este mes. Ese es el objetivo que se trazó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien -desde hace semanas- ha estado en conversaciones con parlamentarios de la oposición para llegar a un acuerdo en aumentar las penas en seis delitos: cohecho, cohecho a funcionarios públicos extranjeros, soborno, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y fraude al Fisco.
 
Por esta razón, Larraín llegará hoy, a las 19.00, al Congreso, en Valparaíso, para participar de la segunda sesión de la comisión mixta que revisa el proyecto que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno.
 
La instancia, que preside el DC Francisco Huenchumilla, agrupa en un boletín propuestas de un mensaje presidencial de Michelle Bachelet ingresado en junio de 2015, un proyecto presentado por diputados y otro impulsado por senadores (ver historia del proyecto).
 
Aumento de penas
 
En las iniciativas recopiladas, junto con modificar el Código Penal para aumentar las penas, se tipifican los delitos de administración desleal y de soborno entre particulares. De igual manera, modifica la ley 20.393 y 19.913 sobre responsabilidad penal en personas jurídicas y sobre lavados de activos, respectivamente.
 
Así, el ministro irá a la comisión mixta con una propuesta que plantea respaldar la iniciativa que se encuentra en tramitación. Idea que ya ha socializado con integrantes de la instancia, entre ellos, Huenchumilla y el senador PPD Felipe Harboe.
 
Junto con lo anterior, el ministro planteará la necesidad de revisar que no haya inconsistencias entre los distintos tramos de penas que plantean algunos delitos, por ejemplo, entre malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. En Justicia explican que esto es necesario ya que, en uno de los apartados del proyecto, ambos delitos quedan con la pena de presidio menor en su grado máximo, siendo que malversación es más grave y debe quedar establecida una diferencia.
 
Respecto de los delitos de soborno y cohecho, en el Ejecutivo dicen que hay acuerdo en aumentar en un grado la pena. Según el Código Penal, el soborno es el delito que comete una persona cuando “le ofrece o consiente dar a un empleado público un beneficio económico indebido” para ejecutar u omitir un acto de su cargo. El cohecho, en tanto, es el delito que comete el empleado público al aceptar un beneficio económico (coima, soborno) o solicitarlo para “ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo”.
 
En el gobierno explican que la iniciativa establece la diferencia entre tres tipos de cohecho: Simple, con infracción de deberes y para que se cometa algún crimen.
 
En el primero, por ejemplo, actualmente contempla una pena privativa de libertad de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, desde los 61 días hasta los 540 días de cárcel. Y, además, establece una multa que va desde la mitad del valor ofrecido hasta igualar el monto. El proyecto, en tanto, propone presidio menor en su grado medio, es decir, desde 541 días a tres años, con una multa que va del valor recibido al doble.
 
El cohecho con infracción de deberes, en tanto, se sanciona en la normativa vigente con reclusión menor en su grado medio y una multa que va desde el valor que se le pagó hasta el doble. El proyecto, por su parte, estipula una pena privativa de libertad de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde tres años y un día hasta cinco años, con una multa que va desde el doble de lo recibido hasta el cuádruple.
 
Larraín también propondrá perfeccionar la redacción respecto al delito de administración desleal, añadiendo que este se comete cuando hay una infracción a la ley; y perfeccionar la redacción de la suspensión de prescripción, para que quede establecido que cuando un funcionario sigue en su cargo no corre la prescripción.
 
Cumplir con la OCDE
 
Para el ministro es relevante que el proyecto se despache durante este mes, ya que, de esta forma, junto con cumplir el compromiso que realizó el Presidente Sebastián Piñera durante la cuenta pública, podrá concretar los cambios que solicitó la OCDE en esta materia.
 
De hecho, ayer la Segpres puso urgencia suma a la iniciativa (15 días de plazo para ser despachado). La premura, comentan en Justicia, radica porque un grupo de trabajo de la OCDE visitará Chile, entre el 2 y 6 de julio, para revisar el estado de avance de los compromisos adquiridos.
 
“Esperamos que el Congreso despache en el mes de junio este proyecto para estar al día con nuestros compromisos, que reflejan la voluntad política de todos los sectores para avanzar en la probidad pública”, sostuvo el ministro Larraín.
 
En Justicia explican que acudirán con una propuesta a la comisión mixta y no una indicación, argumentando que hay “elevado consenso” en la iniciativa. De esta forma, buscan que sean los mismos integrantes de la mixta quienes pidan añadir los cambios al proyecto.

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.latercera...r-penas/202006/







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