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CASO CORPESCA | La jugada judicial de Orpis que podría detener la preparación del juicio oral

Caso Corpesca condena Orpis

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12 respuestas a este tema

#1
ChicaLiberty

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Historia del topic acá

http://foros.fotech....+caso +corpesca

 

 

 

:latercera:

15 Marzo 2018

 

 

 

La más alta condena para un político: Fiscalía pide 21 años de cárcel para Orpis

 

 

 

Contardo y Chong, anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo.

 

 

 

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A primera hora de hoy, el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo Escobar, junto a la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, presentaron ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en que se solicita la más alta pena que se ha pedido en un caso de corrupción en el actual sistema: 21 años de presidio efectivo para el ex senador UDI Jaime Orpis Bouchon.

La solicitud -según constató La Tercera PM- se da esta nueva fase del único juicio oral que se realizaría en los denominados casos de financiamiento ilegal de la política. En particular, la causa de Orpis está dentro del Caso Corpesca que se inició hace tres años, luego que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera del grupo Angelini.

El escrito de más de 900 páginas ya está en poder del tribunal y es el puntapié inicial para que se agende la preparación de un juicio oral. La pena solicitada para el desaforado parlamentario –quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016- se desagrega en los tres delitos por los cuales los fiscales Contardo y Chong enjuiciarán al ex parlamentario. Por el cohecho se solicitó 6 años de cárcel, por delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y por fraude al fisco reiterado 12 años de cárcel. En total, la condena solicitada suma 21 años de presidio efectivo.

Orpis, quien ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016, fue desaforado por la Corte Suprema el 29 de abril de 2016, tras lo cual el Ministerio Público lo formalizó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco. La imputación de la Fiscalía se basa en que la investigación arrojó que entre los años los años 2009, 2010 y 2013, el senador estando en ejercicio en el Congreso –según expuso ante tribunales el ente perseguidor penal- solicitó al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico consistente en la entrega regular de distintas sumas de dinero.

El pretexto, según la Fiscalía expuso en audiencias, habría sido obtener financiamiento de su campaña electoral de senador por la UDI y para pagar deudas derivadas de la misma campaña. A cambio, acusa la Fiscalía, el parlamentario comprometió favorecer los intereses de la referida empresa mediante el desempeño de sus labores como senador, usando actos propios de su cargo para influir en la tramitación de la Ley de Pesca a favor de los intereses de la aludida empresa de propiedad del grupo Angelini.

Esos aportes, que en total suman más de $233 millones, (en promedio con pagos mensuales de $4 millones 500 mil) fueron solicitados y otorgados al margen del régimen legal de financiamiento de campañas políticas previsto en la ley.

El fiscal regional Contardo y la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Chong, anunciaron que presentarán 228 testigos y 1.100 documentos para acreditar estos hechos, además de los fraudes reiterados al fisco que se le atribuyen por “asesorías parlamentarias” que contrató y que luego llegaron de vuelta a su bolsillo. Arista descubierta en el marco de la investigación.

Como penas accesorias, el Ministerio Público pidió que se inhabilite de por vida a Orpis a ejercer cargos públicos.

 

7 años para Marta Isasi

 

Para la ex diputada UDI, Marta Isasi, se solicitó por cohecho y delitos tributarios 7 años de cárcel (4 por el primer delito, 3 y 1 por la infracción ante el SII); mientras que para el ex ejecutivo de Corpesca se solicitó la misma condena, 7 años de cárcel, acusado de sobornar a un parlamentario y por los delitos tributario asociados a la petición de boletas falsas e incorporación a la contabilidad de esos documentos fraudulentos.

Como se trató de un caso que involucró el soborno por parte de un gerente, la investigación también apunta a la empresa Corpesca contra quien se solicita –por responsabilidad de la persona jurídica- una pena de 20.000 UTM ($946.620.000, como multa fiscal), 5 años de prohibición de celebrar actos con el Estado y la pena accesoria de publicar en un diario de circulación nacional la sentencia contra la empresa de ser hallada culpable en juicio.

A Carolina Gacitúa, ex asesora del parlamentario que emitió boletas por servicios inexistentes, se pidieron en su contra 8 años de presidio efectivo.

Para la arquitecta Lorena Lara, quien aparecía recibiendo asignaciones de Orpis sin haber trabajado para el Congreso, la Fiscalía pidió 3 años y un día por fraude al fisco, y 3 años y un día por delitos tributarios. Ambos ilícitos en carácter de reiterados.

Para Georgio Carrillo y Raúl Lobos, otroras asesores, se pidieron condenas de 541 días y 3 años y un día respectivamente.

Ahora el tribunal deberá preparar el juicio que se vislumbra como histórico, pues será la primera vez que un político chileno en el actual sistema penal, arriesgue efectivamente una condena tras las rejas.

 

 

Fuente:  http://www.latercera...a-orpis/100676/


Editado por ChicaLiberty, 13 junio 2018 - 15:45 hrs..



#2
Evaristo

Evaristo

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Ohhhh sería muy bueno que así sea :meencanta:



Aunque por mi que pase esto con todos los que obtuvieron weás irregulares :pera:


#3
Alberich

Alberich
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Lo que me da algo de lata es que -a todas luces- Orpis no creo sea el único caso de parlamentario sobornado, para que sólo él termine pagando por ello. 


Editado por Alberich, 15 marzo 2018 - 13:33 hrs..

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#4
Gonzalin

Gonzalin
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Y a davalos cuaños años? A no verdad que esta protegido igual que la zorra de su esposa :ji:


#5
PauloS

PauloS
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La diferencia que Dávalos no ha hecho fraude al fisco como Orpis.

 

Que ahora lo quieran procesar, es debido a un litigio entre particulares



#6
PauloS

PauloS
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Lo que me da algo de lata es que -a todas luces- Orpis no creo sea el único caso de parlamentario sobornado, para que sólo él termine pagando por ello. 

 

En el mismo caso está Longueira y Wagner, pero la derecha aplica muy bien la teoría del mal menor que consiste, en este caso, dejar que uno solo se hunda y no tres.



#7
ChicaLiberty

ChicaLiberty
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En el mismo caso está Longueira y Wagner, pero la derecha aplica muy bien la teoría del mal menor que consiste, en este caso, dejar que uno solo se hunda y no tres.

 

Totalmente de acuerdo Longueira y Wagner debieran estar tras las rejas hace muchisimo tiempo.



#8
HarveY

HarveY

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Igual encuentro razon en algo q dijo este viejo el otro día. Solo para él piden tantos años como pena, mientras q otros por el mismo delito tuvieron salidas alternativas :paso:

 

ley pareja no es dura dicen.



#9
ChicaLiberty

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:latercera:

22 Mayo 2018

 

 

 

Caso Corpesca: fiscalía alista cierre e insiste en 21 años de pena para Orpis

 

 

 

Tras reapertura del caso, Ministerio Público concretó últimas diligencias y cerrará esta semana.

 

 

 

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En los próximos días, los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong notificarán por segunda vez al Cuarto Juzgado de Garantía el cierre de la investigación del caso Corpesca.
 
A partir del cierre, el Ministerio Público posee 10 días para presentar la acusación contra todos los imputados del caso. Sin embargo, pese al tiempo legal, fuentes vinculadas a la causa explican que los fiscales presentarán esta misma semana también la acusación.
 
La causa había sido cerrada el 5 de marzo pasado y 10 días después, el 15, se presentó la acusación, pero los abogados defensores del principal imputado en el caso, el senador UDI Jaime Orpis, solicitaron la reapertura del caso para concretar diligencias pendientes, que ellos mismos habían solicitados, pero que el Ministerio Público denegó. Así, tras la autorización del tribunal para concretar esas diligencias, la causa fue reabierta por otros 60 días.
 
Según explican conocedores de los pasos que dará la fiscalía ahora, se solicitarán los mismos 21 años de pena con cárcel para el exparlamentario UDI.
 
Orpis está formalizado por los delitos de cohecho, fraude al Fisco y tributarios, tras recibir pagos permanentes desde Corpesca -mientras se tramitaba en el Congreso la Ley de Pesca-, y beneficiarse del pago de honorarios de asesores externos contratados por el Senado. Todo esto, solicitando boletas ideológicamente falsas para respaldar los fondos. Así, según se explica, se mantendrá la solicitud de seis años de cárcel por cohecho, tres años y un día por tributarios y 12 años por fraude al Fisco.
 
Orpis estuvo en prisión preventiva tras ser formalizado en mayo de 2016. Del mismo modo, restituyó ante el Senado los montos defraudados.
 
Sin embargo, el exsenador ha negado insistentemente haber sido sobornado por Corpesca, delito que, según cercanos, no piensa reconocer.
 
El Ministerio Público ha señalado, en tanto, que no piensa ofrecer un procedimiento abreviado al exsenador. Esto, porque técnicamente las penas no dan.
 
Así, el juicio oral contra el exsenador es el primero confirmado en las causas por platas políticas.
 
 
 
 


#10
Evaristo

Evaristo

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Te veo :cruzpalcielo: Orpis



#11
ChicaLiberty

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:latercera:

24 Mayo 2018

 

 

 

 

A diferencia de SQM y Penta, fiscalía busca condenar a Corpesca

 

 

Fiscal Julio Contardo notificó a la empresa del grupo Angelini que una suspensión condicional del procedimiento para la pesquera está descartada.

 

 

 

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La fiscalía piensa distinto a lo que el propio presidente de Corpesca, Roberto Angelini, señaló en una carta enviada a accionistas este año, y donde se refiere a la investigación por cohecho contra la pesquera: “La empresa, como tal, es totalmente ajena”, dijo el controlador de la firma.
 
El fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, de hecho, notificó la semana pasada a los abogados defensores de la empresa que no le facilitará una suspensión condicional del procedimiento.
 
La notificación implica que el Ministerio Público espera condenar a la empresa e imputarle, como persona jurídica, responsabilidad en los delitos de cohecho y soborno presuntamente cometidos por el exsenador Jaime Orpis y el exgerente general de la pesquera, Francisco Mujica.
 
“Efectivamente. Le fue comunicado al abogado de la empresa, que no se va a arribar a una suspensión condicional”, señala a La Tercera el fiscal Contardo.
 
Este miércoles, los fiscales a cargo del caso, Contardo y Ximena Chong, presentaron ante el Cuarto Juzgado de Garantía la acusación del caso, donde no solo se pide 21 años de pena para el exsenador gremialista, sino que también se incluye una acusación contra la responsabilidad de la empresa, donde se solicita como pena el pago de 20 mil UTM ($950 millones) y la prohibición de que la compañía pueda celebrar contratos con el Estado.
 
Según señalan fuentes ligadas a la causa, la fiscalía barajó la opción de solicitar, incluso, la disolución de la empresa -pena contemplada en la ley-, pero tras el análisis jurídico, se determinó que técnicamente no correspondía.
 
La definición de los fiscales también fue notificada a la Fiscalía Nacional, en cuya instancia Jorge Abbott habría apoyado la ofensiva judicial.
 
Imputar penalmente a Corpesca por su responsabilidad como persona jurídica marca una diferencia con el resto de las causas relacionadas con financiamiento irregular de la política. En el caso de SQM, los fiscales y la defensa de la empresa arribaron a una suspensión condicional del procedimiento respecto de la responsabilidad de la minera en los aportes que su ex gerente, Patricio Contesse, autorizó a personas cercanas al exministro Pablo Longueira.
 
En el caso Penta, en tanto, la Fiscalía Oriente visó la recalificación del delito de cohecho imputado a los controladores, Carlos Délano y Carlos Lavín, y a su ex ejecutivo, Pablo Wagner.
 
En ese sentido, la experta en modelos de prevención del delito, Susana Sierra, afirma que es justamente Corpesca la causa donde el cohecho -delito base para imputar responsabilidad penal a una empresa-, se ve más nítido. “Si en este caso no se puede seguir, ¿entonces dónde? Esta causa está de cuento. Están los correos electrónicos, y está bien estructurado el cómo la empresa influyó en la Ley de Pesca”, opina la abogada. “Yo creo, y quiero pensar, que los fiscales siempre tienen la voluntad de imputar la responsabilidad”, agrega sobre la diferencias con los casos Penta y SQM. “En estos casos, si bien formalizaron por responsabilidad penal de la persona jurídica, tenían menos de donde afirmarse”, enfatiza.
 
La fiscalía, por su parte, no descarta que para condenar a la empresa se tenga que hacer vía juicio oral. Esto, pese a que no se cierran a llegar a un procedimiento abreviado. Y si bien reconocen que la empresa prestó colaboración con la investigación -un atenuante a considerar-, no coinciden en que esta contaba con un sistema de prevención del delito adecuado. Según la Ley 20.393, es la introducción de ese método en una empresa la que contribuye a eximirla penalmente.
 
Así, el propio Angelini anticipó el escenario de un posible juicio cuando en la carta enviada a sus accionistas, y contenida en la memoria de la empresa, se refirió al tema. “Bajo supuestos incumplimientos a la Ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, se argumentó que la compañía no contaba en aquella época con las medidas de prevención requeridas por la ley. Desde el comienzo de la investigación, Corpesca ha aportado con todos los antecedentes solicitados, los que, a nuestro juicio, demuestran que efectivamente se contaba con dichas medidas y, por ende, se daba cumplimiento a lo dispuesto en la normativa”.
 
“Precisamente es esta materia la que se debatirá en un juicio futuro, donde el Ministerio Público debe probar los hechos en que funda su acusación”, sentenció.
 
La partida de Contardo
 
Según el cronograma de la causa, el fiscal regional del Biobío no alcanzará a comandar el juicio oral en contra de Orpis y, de no llegar a acuerdo, tampoco contra la propia empresa.
 
Según explican conocedores de la causa, el juicio podría comenzar en agosto. Sin embargo, el fiscal Contardo culminará en julio su período de ocho años como autoridad regional del Biobío.
 
En ese sentido, será el fiscal nacional quien deberá asignar la causa a otro persecutor. El equipo de fiscales a cargo de la causa que radica en la fiscalía de Alta Complejidad de la Centro Norte -y que comanda Chong-, en tanto, se mantendría.
 
Tras asumir el mando en 2015, Abbott designó a Contardo a raíz de que el fiscal regional Centro Norte de entonces, Andrés Montes, se había inhabilitado por su parentesco con el senador PS, Carlos Montes.
 
Fuentes de la fiscalía explican que la causa podría quedar en manos de su sucesor en el Biobío o a cargo del recién nombrado persecutor regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.
 
 
 


#12
ChicaLiberty

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:latercera:

31 Mayo 2018

 

 

 

Senadora UDI que ocupó escaño de Orpis ficha a condenada en caso Corpesca como jefa de gabinete

 

 

 

La ex intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger, contrató a Marianella Ovalle, una de las mujeres sindicadas por la Fiscalía como "testaferro" en la arista lavado de activos del millonario fraude que se le imputa al ex parlamentario.

 

 

 

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“Todas las personas merecen una segunda oportunidad”. Eso respondió la senadora UDI por Taracapá Luz Ebensperger al ser consultada por La Tercera PM el motivo por el cual contrató como jefa de gabinete a Marianella Ovalle, una de las personas condenadas en el denominado caso Corpesca y que ahora trabajará en el Congreso.
 
La mujer fue sindicada por la Fiscalía como uno de los “testaferros” que usó el exsenador UDI Jaime Orpis en el marco de la trama por lavado de dineros que el Ministerio Público investigó, en un inicio, en esta causa penal que irá a juicio luego que se acusara y se pidiera 21 años de cárcel para el otrora parlamentario por Tarapacá. Ovalle era quien recibía -según se formalizó- los dineros que falsos asesores de Orpis cobraban al Congreso y luego ella devolvía dichos recursos a la jefa de gabinete del exsenador, Viviana Quiroz, o al propio parlamentario.
 
El 6 de diciembre del año pasado, tres semanas después de que Ebensperger fuera electa como senadora, Ovalle junto a la secretaria del otrora parlamentario, Blenda Huus, fueron condenadas en medio de un procedimiento abreviado en el caso Corpesca. El magistrado Guillermo Rodríguez del 4° Juzgado de Garantía de Santiago dictó una sentencia en su contra como autora del delito de lavado de activos y la condenó a una pena de 541 días de presidio remitido, multa de 5 UTM y la inhabilitó por 61 días a ejercer cargos públicos.
 
En la página de transparencia del Senado aparece Marianella Ovalle Henríquez contratada como jefa de gabinete de la senadora Luz Eliana Ebensperger con un sueldo mensual de $2.500.000.
 
En estricto rigor, la pena accesoria -aquella que la inhabilitaba a ejercer cargos públicos por 61 días- ya se cumplió, y esa es una de las justificaciones que entrega la senadora UDI. “Ella no tiene ningún problema para asumir este cargo, no está inhabilitada. La conozco hace años, es una excelente profesional y ella siempre ha dicho que es inocente de esos hechos. Y aunque así fuera que los hubiera cometido, me parece que las personas siempre merecen una segunda oportunidad. No veo problema en que asuma este cargo”, dijo Ebensperger al ser consultada.
 
El abogado Matías Ramírez, quien es querellante en el caso Corpesca por el diputado PC Hugo Gutiérrez, cuestionó la contratación de Ovalle en el Congreso: “Es impresentable su contratación, primero teniendo en cuenta que es una de las primeras condenadas en el caso Corpesca por lavado de activos y, segundo, por la señal que se da de transparencia y probidad en el Senado. Desde el punto de vista ético no puede ser que llegue al Congreso una persona que participó en un fraude al fisco a la misma institución que hoy la contrata, y en ese sentido la senadora Ebensperger pareciera que está siguiendo los pasos de su antecesor en este cargo, el exsenador Orpis”.
 
En la investigación del caso Corpesca apareció el nombre de Ovalle -quien entonces era jefa de gabinete del gobernador Felipe Rojas- debido a transferencias que hacía la jefa de gabinete de Orpis, Viviana Quiroz y otros boleteros del entonces senador UDI. Una publicación de Ciper Chile sostiene que cuando Ovalle declaró ante la Fiscalía dijo que ella sólo le prestaba cheques a Quiroz y que el parlamentario le devolvía la plata. “De Viviana soy amiga. Soy militante de mi partido (UDI) y lo que me pidan hago”, dijo.
 
 
 


#13
ChicaLiberty

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:latercera:

13 Junio 2018

 

 

La jugada judicial de Orpis que podría detener la preparación del juicio oral

 

 

 

Pese a que la ofensiva podría ser interpretada derechamente como una maniobra tardía en el proceso, lo cierto es que, de ser acogida por el tribunal, esta podría alterar la realización de la audiencia programada. 

 

 

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El próximo jueves 21 de junio, el Cuarto Juzgado de Garantía tiene programado realizar la audiencia de preparación del juicio oral en el caso Corpesca, cuyo principal acusado es el ex senador UDI Jaime Orpis.
 
Sin embargo, la instancia podría verse truncada luego de que la defensa del exparlamentario ingresara hoy una cautela de garantía al Tribunal.
 
En el escrito ya sumado al expediente judicial, el abogado Sergio Rodríguez –representante de Orpis- pidió al tribunal que se realice una audiencia para discutir respecto de las garantías judiciales de su defendido. Esto porque, según lo que se señala en el documento, el 29 de mayo pasado, el tribunal ordenó que le fueran facilitados a la defensa del exsenador, los antecedentes acumulados en la carpeta de investigación, lo que se materializó en la entrega de un pendrive con cerca de 90 carpetas.
 
Sin embargo -dice el escrito de la defensa- “revisado el contenido de esas carpetas, se pudo constatar que en ellas no se encuentra copia de la totalidad de los antecedentes recopilados por el Ministerio Público en la etapa de la investigación”. En ese sentido, a juicio del abogado, y en virtud del artículo 19 de la Constitución que alude a la defensa jurídica, con esa presunta omisión se estaría perturbando el debido ejercicio de las garantías judiciales de Orpis.
 
Pese a que la ofensiva podría ser interpretada derechamente como una maniobra tardía en el proceso, lo cierto es que, de ser acogida por el tribunal, esta podría alterar la realización de la audiencia programada.
 
 
 






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