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FRAUDE CARABINEROS | Las horas clave del general Villalobos

Fraude Carabineros palos blanco

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5 respuestas a este tema

#1
ChicaLiberty

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Historia del topic acá

http://foros.fotech....s#entry22660684

 

 

 

 

:elmostrador:

12 Septiembre 2017

 

 

 

"Por favores, amenazas y necesidad", son algunas de las razones que declaran los involucrados

 

 

 

Caso Carabineros: red de palos blancos revela detalles de como se articuló mega fraude

 

 

 

 

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Hay entre ellos funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora. Por otra parte, se descubrió una nueva arista en el caso que tiene relación con licitaciones arregladas dentro de la institución, la cual está siendo investigada por la fiscalía.

 

 

 

Reportajes Bío Bío reveló este martes que luego de acceder a documentos contenidos en la investigación del Ministerio Público, encontró a lo menos 50 declaraciones de personas que, a sabiendas o no de que la plata provenía de Carabineros, accedieron a abrir cuentas bancarias y prestarlas a distintos oficiales para recibir depósitos que luego les devolverían en efectivo. Estas personas con quienes constituyen la red de “palos blancos".

 
Entre ellos, hay funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora. Algunos lo hicieron por necesidad, otros por pagar un favor o por lealtad a sus superiores. Y hay quienes alegan que no les quedó otra, que estaban bajo amenaza, o que simplemente fueron engañados.
 
En la nota, figura el nombre de Miguel Ángel Becerra, quien se convirtió en un palo blanco, luego de que un viejo amigo carabinero lo llamara por teléfono y lo invitara a ser parte de una compleja y extensa red de favores, lealtades, mentiras, codicia y plata fácil. El riesgo era alto, pero el dinero en juego era tanto que Becerra no lo pensó dos veces.
 
“Me llamó y me dijo que le prestara una factura. Le dije que sí. Cuando nos juntamos en mi oficina me dijo que saldrían unos cheques a nombre mío y que yo me podría quedar con el 10%. Sabía que era un fraude a Carabineros e igual accedí”, reconoció a mediados de mayo de este año, cuando el caso ya habia salido a la luz y debió declarar como imputado ante los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín.
 
Como ocurrió con Becerra, también sucedió con varios personeros más. Según relató, en una reunión pactó con su amigo, el teniente coronel ® Juan Guillermo Maldonado, que por entonces trabajaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Oeste de Carabineros, que le pasaría los cheques a su nombre para que los depositara en su cuenta bancaría, para luego ir a retirar el dinero, guardar su parte y hacer el cambio de bolsos fuera de sospecha.
 
Asimismo, cuando Becerra confesó ante los fiscales sobre licitaciones arregladas se supo la existencia de un delito paralelo que nunca había sido publicado.
 
Esas licitaciones hoy son parte de una nueva arista en el fraude, y que la fiscalía está siguiendo dentro de la misma investigación sobre cómo se extraían recursos desde Carabineros.
 
 
 
 



#2
ChicaLiberty

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:biobio:

12 Septiembre 2017

 

 

 

De favores, lealtades y plata fácil: los relatos de los palos blancos del caso Carabineros

 

 

 

 Al menos unas 50 personas ya reconocieron ante la fiscalía haber sido reclutados para cumplir un rol instrumental en el intrincado esquema para robar miles de millones de pesos a Carabineros. Sin ellos, el fraude hubiera sido imposible: a través de sus cuentas salía el dinero que luego devolvían en efectivo a los oficiales que organizaban el desfalco. Hay civiles y uniformados activos y en retiro. Algunos alegan que los engañaron, mientras otros reconocen que siempre supieron que cometían un delito. Sus relatos dan cuenta de operaciones muy bien planificadas que involucran mentiras, cobro de favores, codicia y traspasos de cientos de millones en bolsos y en plena calle, estacionamientos e incluso bajo el Palacio de La Moneda. Uno de ellos confesó que además se benefició con licitaciones arregladas, dejando en evidencia otro hoyo por el que se extraían ilegalmente fondos institucionales y que ahora el Ministerio Público ha empezado a indagar.

 

 

No hay una definición oficial, pero en Chile se entiende que un “palo blanco” es una persona que participa en una intriga o un montaje para engañar a otros. Alguien que sirve de fachada y que cumple un rol secundario, pero esencial: actúa como distractor y desvía la atención de donde se pudiera estar cometiendo un delito. Es quien deja la vía libre para que se concrete la trampa. Y eso es precisamente lo que Miguel Ángel Becerra empezó a hacer en algún minuto de 2014, luego de que un viejo amigo carabinero lo llamara por teléfono y lo invitara a ser parte de una compleja y extensa red de favores, lealtades, mentiras, codicia y plata fácil. El riesgo era alto, pero el dinero en juego era tanto que Becerra no lo pensó dos veces.

 

“Me llamó y me dijo que le prestara una factura. Le dije que sí. Cuando nos juntamos en mi oficina me dijo que saldrían unos cheques a nombre mío y que yo me podría quedar con el 10%. Sabía que era un fraude a Carabineros e igual accedí”, reconoció a mediados de mayo de este año, cuando ya todo se había desmoronado y tuvo que declarar como imputado ante los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín.

 

Fue en esa reunión que pactaron los pasos a seguir. Su amigo, el teniente coronel ® Juan Guillermo Maldonado, que por entonces trabajaba en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Oeste de Carabineros, le pasaría a Becerra cheques a su nombre para que los depositara en su cuenta bancaria. Eran montos grandes, de entre $90 millones y $100 millones.

 

Luego él iría al banco y tras guardarse para sí la parte que le correspondía, retiraría el resto en efectivo, lo pondría en un bolso y saldría a la calle como si nada. Iría hasta la salida del Banco Central, donde ambos se encontrarían para hacer el traspaso. Ya con el bolso en manos de Maldonado, cada uno se iría por su lado. Todo eso habría ocurrido unas dos o tres veces, según declaró Becerra, por un total de unos $300 millones. Nunca usaron la factura pactada desde un principio.

 

Aunque Maldonado incorporó varios nombres a la lista de personas que servirían de vehículo para extraer fondos de Carabineros de forma ilegal, el de Becerra era para él el de mayor confianza. Se conocían desde que eran niños, y aunque se dedicaron a cosas muy distintas –mientras uno se unió a las fuerzas de orden, el otro se convirtió en técnico instalador sanitario–, eran bastante cercanos.

 

Tanto, que incluso ya tenían, desde hacía unos años, un acuerdo para defraudar a la institución por otra vía que nada tenía que ver con la gran estafa que hoy investigan los persecutores liderados por el jefe de la Fiscalía Regional de Magallanes, Eugenio Campos. Un delito paralelo por medio de licitaciones arregladas del cual sólo se supo cuando Becerra lo confesó ante los fiscales y que hasta la publicación de este reportaje, nunca había salido a la luz.

 

Las únicas 12 órdenes de compra que figuran en Mercado Público a nombre de Miguel Ángel Becerra fueron emitidas entre 2011 y 2016 por alguna unidad de Carabineros. Eran sus únicos clientes del sector público y suman en total casi $117 millones (ver lista). Se le pagó por regularizar la piscina de la Casa de Campo de Suboficiales en La Reina (donde Maldonado estuvo a cargo entre 2011 y 2012), la remodelación de distintas oficinas y talleres, además de algunos trabajos de pintura, entre otros. Antes de que se publicara la licitación de esos servicios en el portal Chilecompra, Maldonado le filtraba la información a Becerra para que viera si le convenía o no participar. Era su socio en las sombras. Si resultaba rentable, Becerra competía por el contrato y Maldonado se aseguraba de que se lo adjudicara su amigo. ¿Cómo lo hacía? Becerra dijo no saberlo. Luego se repartían las ganancias en partes iguales.

 

Esas licitaciones hoy son parte de una línea que la fiscalía sigue dentro de la misma investigación y que apunta a definir otros hoyos por los cuales se extraían recursos desde Carabineros. Fuentes del Ministerio Público señalan que no serían las únicas operaciones de este tipo y que la indagatoria se enmarca dentro de la arista del posible lavado de activos y la recuperación del dinero malversado.

 

Pero ese era un negocio sucio que sólo los involucraba a ellos dos. El otro, el de los cheques y los depósitos a cuentas corrientes de terceros, era algo mucho más grande, extenso y coordinado. Radio Bío Bío accedió a diversos documentos contenidos en la investigación del Ministerio Público y encontró a lo menos 50 declaraciones de personas que, a sabiendas o no de que la plata provenía de Carabineros, accedieron a abrir cuentas bancarias y prestarlas a distintos oficiales para recibir depósitos que luego les devolverían en efectivo. Son los que constituyen la red de “palos blancos”. Hay entre ellos funcionarios institucionales activos y en retiro, obreros, ingenieros, mecánicos, transportistas, comerciantes e incluso una profesora. Algunos lo hicieron por necesidad, otros por pagar un favor o por lealtad a sus superiores. Y hay quienes alegan que no les quedó otra, que estaban bajo amenaza, o que simplemente fueron engañados y recién supieron en qué estaban metidos cuando en marzo de este año se destapó el millonario fraude que ya se alza por sobre los $25.500 millones.

 

 

Transacciones bajo La Moneda

 

Cuando al comandante Juan Guillermo Maldonado le tocó declarar a fines de marzo, reconoció que su rol en el entramado era el de reclutar gente “de confianza” que les sirviera a los organizadores de la estafa para extraer el dinero sin manchar sus nombres. Le pagarían $500.000 por cada persona que trajera. A algunos supuestamente los engañó. Fue así que involucró a tres suboficiales bajo la excusa de que se estaba separando y que, para que su esposa no le quitara el dinero, debían prestarle sus cuentas para retirar la plata en efectivo. Ninguno de los tres recibió alguna comisión, ya que asumieron que era un favor que le hacían a un oficial, aunque a uno, al sargento 1° Jaime Astudillo, Maldonado le invitó una bebida.

 

A Rolando Sanzana, otro suboficial que en su declaración judicial aparece identificado como “obrero”, le depositaron desde Carabineros, sin avisarle, $42 millones de más. A poco de haberse dado cuenta, ese mismo día lo llamó Maldonado y le dijo que había sido un error, que la plata en realidad era para el pago de proveedores, y le pidió que se lo transfiriera de vuelta a su cuenta personal.

 

Así lo habría hecho Sanzana de forma íntegra, sin quedarse con un peso en su poder. En cambio, con Aníbal Lira todo fue distinto: a él, al igual que a Becerra, no tuvo que mentirle.

 

Lira es técnico electrónico y conoció al comandante Maldonado hace mucho, cuando trabajaba en la Prefectura Norte. Cuenta que lo llamó en 2014, que se juntaron a tomar un café bajo el Palacio de La Moneda y que fue entonces que el oficial le dijo que había “una movida de unos cheques para robarle a Carabineros”. Él regateó su tajada. La oferta inicial de Maldonado incluía una comisión de un 5%, pero luego subió a un 7% y después a un 10%. Aníbal Lira, dueño de una importadora de artículos electrónicos junto a su hijo Jimmy, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), había accedido a ser parte del fraude.

 

Maldonado y Lira se juntaban en una farmacia en el centro de Santiago, donde el primero le pasaba los cheques al segundo. Luego iban juntos a un banco Santander ubicado en Teatinos y retiraban el dinero en efectivo. Lira contó a los fiscales que lo hacía de forma fraccionada, porque “era mucha plata para sacarla de una sola vez”. En alguna oportunidad los habría acompañado el capitán Diego Valdés, colega de Maldonado en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Zona Oeste de Carabineros y, como dio cuenta un artículo de The Clinic, tanto o más involucrado en el fraude. Del banco se iban al estacionamiento público que está bajo el Centro Cultural de La Moneda. Y era allí, bajo la superficie y a sólo metros de las oficinas del Alto Mando de Carabineros y de las más altas autoridades políticas del país, que “guardaban la mochila con la plata en un vehículo grande, color negro, parecido a un Hummer”, y en seguida se iban. Unos $400 millones se habrían desviado de forma ilícita en esas operaciones.

 

No fueron las únicas transacciones que se concretaron en ese lugar. Tres años antes, en algún momento de 2011, el mecánico Luis Véliz bajó de un avión que venía de Calama y se encontró con un hombre que no conocía y que lo esperaba en el aeropuerto internacional de Santiago. Se subieron a un furgón y fueron directo al centro de la capital. Se estacionaron bajo La Moneda, descendieron del vehículo y se dirigieron a una sucursal del BancoEstado. Véliz se acercó a la caja y pidió que le pasaran en efectivo todo el dinero que le habían depositado el día anterior en su cuenta de ahorro. Como era tanto, lo hicieron pasar a la bóveda, y en billetes de alta denominación le pasaron $22 millones. Los puso muy ordenados en un maletín y salió del banco. Una vez afuera se lo entregó al hombre cuyo nombre desconocía. Volvieron juntos al estacionamiento y allí le pasaron su comisión: $300.000. Nunca más se volvieron a ver.

 

“Yo sabía que la cosa no era transparente, que era un negocio irregular. Por eso incluso le oculté a mi señora el motivo del viaje a Santiago”, dijo Véliz a los fiscales, aunque aseguró ignorar que se tratara de platas de Carabineros.

 

En lo de Véliz, el comandante Maldonado no tuvo nada que ver. A él lo invitó a participar la entonces pareja de su hermana, un proyectista mecánico llamado Carlos Aguilar. Y a Aguilar lo reclutó el mismo hombre que esperaba en el aeropuerto en 2011 y que se llevó el dinero. Véliz dijo que recién se enteró de su nombre una semana antes de declarar: Miguel Bettiz. No es uniformado, sino un civil, un ingeniero en minas que forma parte de una cadena de reclutadores por fuera de la institución. Era sólo un eslabón más; Bettiz era un hombre de Inapaimilla.

 

 

 

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Fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, a cargo del caso. La banda de Inapaimilla

 

 

Nada tendría que ver en esta historia la sargento 1° Cristina Olivero si no fuera por ese colega que llegó el 9 de septiembre de 2010, según ella sin invitación, a la celebración de su cumpleaños en su casa en Estación Central. Su nombre: José Inapaimilla, por entonces un funcionario civil de Carabineros que al igual que ella se desempeñaba en el Departamento de Gestión Administrativa y Desarrollo Profesional (P3). Se conocían, pero no eran amigos ni cercanos. Era de los que regularmente llegaban con cosas para comer y compartir a la oficina y que a veces invitaba al equipo completo a almorzar y pagaba todo en efectivo. El hermano de la suboficial, el ingeniero civil industrial Javier Olivero, lo conoció esa misma noche. Cuando los fiscales le preguntaron por él, lo definió como alguien que “se desenvolvía muy bien y con mucha facilidad de palabras. Mi padre era sargento y mi hermana también, pero José tenía desplante y un manejo social distinto al de un uniformado”.

 

Esas cualidades le servirían de gancho para atraer gente al esquema de defraudación. Esa noche les dijo a varios que aunque trabajaba en Carabineros y se sentía orgulloso, también manejaba un negocio de venta de autos y, que por eso pasaba una buena situación económica. Y de paso, les ofreció un negocio: abrir cuentas corrientes para recibir depósitos que luego le tendrían que pasar en efectivo, ya que él supuestamente no podía registrar altos montos por ser funcionario policial. Si accedían, les prometía una comisión.

 

Al menos dos personas se convirtieron esa noche en “palos blancos” del fraude: Javier Olivero y su socio en una empresa de certificaciones ambientales, Miguel Bettiz (el mismo hombre del aeropuerto). Aunque el primero nunca reconoció su participación directa, hay quienes lo sitúan en el retiro y movimiento de platas. Bettiz, en cambio, lo reconoció todo: que recibió varios depósitos por los cuales recibía un pago de $300.000, que además actuó como reclutador de otras personas y que estuvo encargado de recaudar el dinero que les depositaban; siempre operando para Inapaimilla.

 

Fue así que se empezó formar, a través del boca a boca, una suerte de banda que llegó a contar con unos 25 nombres en distintas ciudades del país; todo coordinado desde Santiago por el funcionario policial.

 

Bettiz sirvió de nexo para que sus hermanos Julia y Jorge prestaran sus cuentas corrientes para extraer fondos de Carabineros. También sumó a dos amigos de su niñez, Herman Cortés y Carlos Aguilar. El primero llevaba años radicado en La Serena, mientras que el segundo vivía en Calama. Y la mayoría de ellos, a su vez, sumarían gente. Julia Bettiz, profesora de profesión, atrajo al ingeniero matemático Carlos Cifuentes; Cortés convocó a Arnaldo Pastén, un carnicero del supermercado donde trabajaba como cajero; y Aguilar involucró a los hermanos Luis y Nelson Véliz.

 

Otra persona que se sumó al entramado fue el preparador físico Guillermo Ulloa, profesor de Bettiz y Olivero en el gimnasio Energy del Mall Plaza Vespucio. Las dos veces que este último declaró, aseguró que ambos lo llevaron a ser parte de la red y que otros dos funcionarios del gimnasio también habrían sido incluidos en el esquema fraudulento.

 

Pero había también otras vías por las que José Inapaimilla extendió su red. Por un lado estaban los hermanos Edith y Caín Sáez, ambos de la VII Región. Y por otro, los hombres que contrató en 2012 para hacer unas reparaciones en su casa en la comuna de Macul: Mario Yerkovic y Leonel Pinto. A los dos les ofreció una fórmula para ganar “platita extra”. Accedieron sin darle muchas vueltas. Ellos no sólo abrieron libretas de ahorro y recibieron depósitos irregulares, sino que también sumaron a su red de “palos blancos” a otras nueve personas. Muchos de ellos, bajo engaño, lo hicieron como un favor. Terminaron involucrados en uno de los mayores fraudes de la historia de Chile y no obtuvieron ninguna ganancia.

 

En todo caso, el papel de José Inapaimilla no se limitaba a sólo reclutar gente. Tal como consignó un reportaje de Radio Bío Bío, él mismo reconoció ante los fiscales que era uno de los encargados de alterar los documentos que permitieron la malversación de fondos provenientes de distintas cuentas de Carabineros. Participó en la tramitación y pago de desahucios falsos y generó resoluciones de retiros ficticios que iban a parar a las cuentas de civiles, para así obtener dineros y repartirlos. Por supuesto, no lo hacía solo y cada movimiento que hacía tenía la venia de sus superiores.

 

Juan Patricio Barrera, un contador que trabajaba en la Tesorería de Carabineros, relató que cada vez que llegaba Inapaimilla con documentos alterados para emitir los pagos, decía que eran órdenes de arriba, que Barrera tenía que darles curso y que, si no lo hacía, tomarían medidas en su contra.

 

Barrera también aseguró a los fiscales que a mediados de marzo pasado, Inapaimilla fue a su casa una noche y lo amenazó: le dijo que si lo llamaban a declarar, debía decir que toda la plata en efectivo pasaba íntegramente al capitán Diego Valdés, y que de eso él había sido testigo. También le dijo que no podía nombrar en nada al coronel ® Carlos Cárcamo (ex jefe del Departamento III de Tesorería y Remuneraciones entre 2010 y 2014), porque les estaba pagando los abogados y porque tenía un problema, por lo que no quería que su nombre se viera involucrado. “Si hablas, te voy a joder la vida”, le habría dicho.

 

Tanto Inapaimilla como todos los demás que recibieron dinero –se lo hayan quedado o no– hoy enfrentan a la justicia como autores o cómplices del fraude. Ya son más 100 personas las que han sido formalizadas en la causa judicial. Y en ese amplio grupo también se encuentran los altos oficiales que estaban al tope de la estructura y sus propios “palos blancos”, a quienes utilizaban para camuflar su participación.

 

 

 

 

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Carabineros en audiencia de formalización. “Favor con favor se paga”

 

 

Era marzo de 2017, y mientras cursaba una pasantía en Japón, el médico Claudio Arriagada se enteró por la prensa, a través de internet, que un millonario fraude se había detectado al interior de Carabineros y que una persona que conocía estaba entre los responsables. Se trataba del teniente coronel Héctor Nail, desde 2014 jefe del Departamento III de Tesorería y Remuneraciones de la institución y un viejo amigo de su tío, Boris Valenzuela. Lo llamó de inmediato para preguntarle qué había pasado. Fue entonces que se enteró: “Me dijo que teníamos que conversar porque yo también estaba involucrado”, declaró ya de vuelta en Chile a comienzos de abril.

 

Arriagada no entendía nada. Si bien conocía a Nail, nunca había prestado su cuenta ni recibido platas de forma irregular. Llamó a otro tío, Jaime Valenzuela, y confirmó que unos carabineros lo habían ido a buscar a su casa y que muy posiblemente lo formalizarían cuando volviera al país, “porque estaba metido en todo”. El traumatólogo de 37 años no lo sabía, pero sus dos tíos y la pareja de uno de ellos eran parte de la trama, “palos blancos” de Nail, y sin preguntarle ni advertirle nada, lo habían incorporado.

 

Fue así: a fines de 2013, su tío Boris pasaba por problemas económicos y se fue a vivir con él a su casa. En junio de 2014, Arriagada abrió una cuenta bancaria a su nombre, pero para que su tío la manejara de forma exclusiva. Fue en esa cuenta que Nail le hizo dos depósitos por un total cercano a los $80 millones, de los cuales Boris Valenzuela se quedó con el 10%. Arriagada dice que sólo se enteró cuando ya había sido citado a declarar, revisó las cartolas históricas y vio las transferencias bajo la glosa “Carabineros de Chile”.

 

No era la primera vez que su tío actuaba como facilitador del robo. Tres años antes, en 2011, otro funcionario de Carabineros, el mayor Nelson Valenzuela (uno de los precursores del fraude), lo invitó a participar. También fueron unos $80 millones los que le depositaron esa vez.

 

De las cerca de 50 declaraciones que identificó Radio Bío Bío, en a lo menos 10 se señala que el vínculo es Nelson Valenzuela y/o Héctor Nail. Pero hay muchas otras personas que consiguieron ayuda para aprovechar la debilidad del sistema de pagos de Carabineros y sacar fondos fraudulentamente. Al menos dos identificaron al coronel ® Fernando Pérez como la persona que los reclutó; y dos también mencionaron al general ® Flavio Echeverría cuando les preguntaron por su contacto. Otros nombres que surgieron fueron los del capitán Francisco Estrada, los coroneles ® Arnoldo Rivero y Jaime Paz, el teniente coronel ® Robinson Carvajal, el capitán ® Randy Maldonado y el funcionario Luis Vilchez.

 

Algunas personas, como el ex funcionario de Carabineros Rodolfo Sepúlveda y el coronel ® Arturo Rojas, aseguran que aceptaron ser un canal para la extracción de platas como una forma de pagar favores. Otros, como el capitán Sergio Collao, -ex miembro de la escolta presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle-, cuentan que los metieron sin siquiera preguntarles. Y hay quienes dicen que si bien aceptaron en un momento ser parte del negocio ilícito, cuando quisieron retirarse no se los permitieron. Ese es el caso del coronel ® Renato Sarabia.

 

Sarabia declaró que en 2008, cuando ya llevaba casi ocho años retirado, lo llamó el coronel Fernando Pérez, su antiguo subalterno en el Club de Carabineros: le dijo que le depositaría un dinero, que se podría quedar con el 10% y que el resto se lo tendría que transferir.

 

Le habló de unos $50 millones. “No le cuestioné nada”, señaló Sarabia.

 

Fueron varios depósitos cuya glosa decía “Carabineros de Chile”, aunque asegura que recién se dio cuenta de eso cuando ya llevaba un año adentro del esquema de defraudación. Cuando Pérez se retiró en 2009, Sarabia siguió operando con otros un tiempo: con el mayor Nelson Valenzuela (2010) y después con el general Flavio Echeverría (2011). Pensó que ahí se acababa todo, pero no.

 

Cuando en 2015 lo llamaron del banco para decirle que tenía un depósito, ya llevaba varios años fuera del esquema, así que llamó a Echeverría para pedirle explicaciones. El general, por entonces a cargo de las finanzas de Carabineros, le dijo que había sido un error del comandante Nail, y que debía devolver la plata. Sarabia dijo que emitiría un cheque a Carabineros, pero el general lo paró y le dijo que no, que parte de ese dinero era de él, que tenía que operar como en 2011. “Yo le dije que no me venga con huevadas y que mandaría el cheque por el conducto regular”, declaró.

 

-No mi coronel, no la cague. Ahí hay platas mías. En 2013 contratamos a su hija, y favor con favor se paga. Si devuelve toda la plata por el conducto regular… –recuerda Sarabia que le dijo Echeverría.

 

El coronel retirado lo interpretó como una amenaza de represalias contra su hija, así que dice que no le quedó más que hacer lo que le pidieron: devolvió todo el dinero fraccionado en transferencia, efectivo, cheque y dólares al comandante Nail. A diferencia de las operaciones anteriores, Sarabia dice que no se quedó con nada en esa última oportunidad.

 

Revisa a continuación cómo operaba la red de palos blancos y qué declararon ante la fiscalía:  

 

(ver en pagina original de la fuente)

 

 

 

Fuente:  https://www.biobioch...rabineros.shtml



#3
Acertijo

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13 Septiembre 2017

 

 

Lucrativa martingala legal que benefició a cientos de civiles y uniformados está bajo sospecha

 

 

 

Pez Gordon: las declaraciones que mencionan al ex general director de Carabineros en nueva arista del fraude investigado por la Fiscalía

 

 

 

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Desde hace 20 años, personal civil de la institución ha ganado en tribunales el derecho a ser indemnizado con importantes sumas de dinero, gracias a la gestión del abogado Juan Badilla, ex oficial de la policía uniformada y compañero de promoción de Gordon. Precisamente los testimonios de los involucrados en el fraude cuestionan la cantidad y celeridad de pagos efectuados por esta vía durante su mandato, incluidos dineros a su esposa.

 

 

“No es efectivo, eso es una mentira, nunca influí en nadie para que se hiciera algo. Esos son malos comentarios. Lo que sucedió es que el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, fue modificado durante algún período, en el cual se procedió a discutir por muchos funcionarios ya retirados el tema de 'asimilación de grado', por lo que legítimamente, las personas que se sentían afectadas por ello, podían recurrir a la vía administrativa o judicial. Por ello, es que mi cónyuge –y muchas personas más de diferentes profesiones–, se asesoró y solicitó vía procedimiento judicial, el reconocimiento de este derecho. Un tribunal de la República lo reconoció y se cumplió, pero por ser una resolución judicial de la Corte Suprema”.
 
Eduardo Gordon, ex general director de Carabineros –entre junio de 2008 y septiembre de 2011–, declaró ante el fiscal Eugenio Campos, el 26 de mayo, a pocas semanas de conocerse el fraude al interior de la policía uniformada, que todavía no se calculaba en los $25 mil millones de la actualidad. Gordon reiteró que nunca tuvo ninguna señal de que hubiera malversación, asegurando que todo el trabajo contable se hacía en la Dirección de Finanzas, a cargo del entonces general Iván Whipple, imputado en el caso. Además, reconoció que luego de tomar el mando de la institución, tras la muerte de José Bernales, decidió mantener a Whipple en el mismo puesto que ocupaba como gesto de confianza. Pero insistió en que nunca supo de un grupo de oficiales concertados para vulnerar los controles financieros.
 
De lo que sí reconoció estar al tanto, es del mecanismo que describe en su declaración. Mediante un diseño legal, casi 1.500 personas han sido compensadas económicamente por Carabineros, quienes –como explicó Gordon– son funcionarios civiles beneficiados con una “asimilación de grado” respecto del personal uniformado y, a partir de una resolución judicial, la institución les ha pagado legalmente importantes sumas de dinero.
 
Entre los beneficiados está su esposa, María del Pilar Orduña, quien fue enfermera de Carabineros y dejó su puesto en 2005, cuando Gordon asumió como subdirector.
 
El abogado y ex carabinero
 
No fue casualidad que el fiscal Campos abordara este tema con Gordon, consultándole si había influido en alguien para que los pagos, por dicha vía legal, se activaran más rápido.
 
Semanas antes, en una declaración el 3 de abril de este año, el coronel Rodrigo Orellana Cabello –hoy formalizado en el caso– describió el apuro del general Whipple para que se pagara un cheque asociado a un dictamen judicial de este tipo y mencionó a Gordon:
 
“En 2011, me llamó el general Whipple a su oficina y me ordenó que girara un cheque a nombre de un abogado que estaba patrocinando a varios funcionarios, no recuerdo si el monto fue 9 o 19 millones. En esos momentos, el general Whipple recibió un llamado telefónico y comenzó a hablar con una persona a la que se refería como 'Lalito, Usía', yo asumí que estaba hablando con el general director de la época, el general Gordon. Ahí el general Whipple le dijo que estaba hablando con el mayor que sacaría el cheque, o sea, yo. Entonces el general Whipple me ordenó que girara el cheque con cargo a la cuenta de desahucio, yo le representé que con qué respaldo y él me insistió. En definitiva giré y firmé el cheque, documento que por intermedio del ayudante pasó a la firma del en ese entonces coronel Echeverría, desconozco en definitiva a quién le pasaron el cheque”, aseguró Orellana.
 
El abogado al que alude el coronel es Juan Badilla Drago. El 31 de agosto del año pasado, en representación de nueve personas, Badilla pidió a Bruno Villalobos, general director de Carabineros, a través de un recurso de protección, que se reconozcan a nueve funcionarios civiles de la institución los mismos beneficios económicos del personal uniformado que tiene grados equivalentes. Badilla fundamentó su petición en 73 sentencias anteriores, que desde hace 20 años han favorecido a 1.423 personas en la misma situación. A través de este diseño judicial, los beneficiados han recibido entre 30 y 40 millones de pesos cada uno. Esto, según cálculos extraoficiales al interior de la policía uniformada.
 
En el recurso, Badilla se queja de que el general Villalobos ha omitido responder a una carta en la que, semanas antes, le recordó que estos beneficios para el personal civil están dispuestos en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y ha sido precisamente esta disposición, con efecto retroactivo, la que ha permitido, en la práctica, ganar la gran mayoría de los recursos, que –de acuerdo a este diseño legal–se presentan en bloque para luego repartir el dinero conseguido.
 
Badilla Drago sabe de lo que habla. Desde que la Corte Suprema aceptó el criterio de equivalencia entre civiles y uniformados de Carabineros, el 3 de diciembre de 1996, su diseño para obtener el pago desde la policía uniformada ha sido exitoso. Antes de ser abogado, Badilla fue carabinero y egresó en la misma promoción que Gordon.
 
Según las cifras que se calculan al interior de la institución, Badilla a lo largo de estos años ha recibido en honorarios ocho mil millones de pesos. A sus clientes les exige el 30% de lo ganado.
 
Pagos duplicados
 
El general Flavio Echeverría, señalado como uno de los participantes más activos del fraude, se refirió a estos pagos durante el mandato de Gordon en su declaración ante los fiscales Miguel Ángel Orellana y Patricio Macaya:
 

 

"Desde mi punto de vista había dos situaciones irregulares. La primera tiene que ver con los altos montos pagados a los abogados por parte del departamento III Tesorería y remuneraciones, quienes defendían en tribunales a ex funcionarios de Carabineros que presentaban disconformidad con sus remuneraciones percibidas durante los años de servicio, en comparación a otros de su mismo grado y de otros escalafones (Artículo 6). El criterio de pago lo aplicó la Dirección Nacional de Personal y fue para ciertos grupos con prescripción de cinco años y para otros grupos sin prescripción. Los antecedentes se encuentran en la contabilidad de esos años”, manifestó Echeverría.
 
 
El abogado al que alude el coronel es Juan Badilla Drago. El 31 de agosto del año pasado, en representación de nueve personas, Badilla pidió a Bruno Villalobos, general director de Carabineros, a través de un recurso de protección, que se reconozcan a nueve funcionarios civiles de la institución los mismos beneficios económicos del personal uniformado que tiene grados equivalentes. Badilla fundamentó su petición en 73 sentencias anteriores, que desde hace 20 años han favorecido a 1.423 personas en la misma situación. A través de este diseño judicial, los beneficiados han recibido entre 30 y 40 millones de pesos cada uno. Esto, según cálculos extraoficiales al interior de la policía uniformada.
 
 
 
Un testimonio clave en relación con este asunto es el de Nelson Valenzuela, mayor de Carabineros que implementó el software de pagos en la institución y que posteriormente participó del fraude. Valenzuela aseguró a los fiscales que, en su llamado a retiro de la institución, influyó el hecho de que cuestionara los pagos mediante el diseño del abogado Badilla:
 
"Un grupo de 50 personas demandó a Carabineros por el reconocimiento de este artículo 6. A mí se me dio la orden de pagar todo retroactivo, pero yo era de la opinión contraria, de que solo se debían pagar los últimos cinco años. Eso nunca fue entendido, lo que me desgastó mucho, sosteniendo reuniones en las que traté de convencer al mando, entre ellos al general Gordon, que eso no era lo debido, me daba rabia que se pagara todo, ahí debía aplicar la prescripción civil de este beneficio, pero no se entendía. Me daba pena que se estaba botando plata con este artículo 6”, declaró Valenzuela a los fiscales.
 
Valenzuela, que conocía a la perfección el sistema informático, admitió además que en un momento estos pagos fueron duplicados por error y el dinero debió ser restituido.
 
“Dentro de ese mismo tema, recuerdo que en un momento se pagó dos veces, pero también reconocer que se produjo el reintegro”, afirmó.
 
Este episodio del pago duplicado lo menciona también otro de los imputados, el ex coronel Arnoldo Rivero, quien reconoció haber sustraído unos 300 millones desde 2004, cuando Valenzuela les propuso abultarse los sueldos a través de las planillas a las que el policía con conocimientos de informática tenía acceso.
 
Rivero detalló a los fiscales cómo fue que se generó el pago duplicado a los funcionarios civiles, ocurrido a mediados de 2010:
 
“En una oportunidad se dispuso que había que pagar unos reintegros de dineros a médicos, enfermeros, oficiales de secretaría, etc. A esto se le denominaba el pago del artículo 6to, a raíz de un fallo legal que dispuso esos pagos. Entonces el mayor Valenzuela ideó el pago por intermedio del nuevo sistema que él había diseñado. Yo autoricé este pago y de esa forma entonces, luego y por algunos reclamos, me percaté que muchas personas recibieron el pago duplicado. Entonces le dije al mayor Valenzuela que había quedado la escoba, y que reuniera a las personas que habían recibido pagos de más, para explicarles que tenían que reintegrar los dineros, me reuní con ellos y luego de explicarles comenzaron a reintegrar, los dineros comenzaron a ingresar a la cuenta de reintegros, producto de esto el general Whipple me trasladó y llegó el coronel Luis Torres Rebeco. A mí me relegaron a una oficina en la que prácticamente no hacía nada”, reconoció Rivero.
 
Gordon paga la fiesta
 
También en el año 2010 ocurrió el episodio que obligó a Gordon a declarar nuevamente ante la Fiscalía, el 17 de julio. Se trata de la fiesta de Navidad para ese año, que dejó un saldo de poco más de 21 millones que fueron objetados por la Contraloría. El general Jorge Serrano, encargado entonces de Asuntos Públicos, pidió un préstamo a la propia institución por el total de ese monto y lo reintegró antes de que comenzaran procedimientos administrativos en su contra, en junio de 2011. El 21 de ese mes, el general Eduardo Gordon le dio un cheque que Serrano depositó de su cuenta personal, por un total de $21.703.000, según publicó The Clinic. Gordon, como trascendió de su declaración, le señaló a la Fiscalía que restituyó el dinero a Serrano porque “encontraba injusto” que asumiera la deuda.
 
Ambos oficiales, Gordon y Serrano, se conocen desde que fueron parte del staff académico de la Escuela de Carabineros, donde el primero fue director. Durante el período de José Bernales a cargo de la dirección de Inteligencia, en 2003, Serrano trabajó bajo su mando en la sección de Asuntos Internos, encargada de detectar a los Carabineros que comenten delitos. Gordon, en tanto, era el general a cargo de la zona policial en la Región de Valparaíso.
 
El apuro de Whipple
 
Una vez que el coronel Arnaldo Rivero fuera removido después del episodio del pago duplicado a los funcionarios civiles, asume como director de Finanzas y Contabilidad el coronel Luis Torres Rebeco.
 
El retraso en el pago a los clientes de Badilla, en la práctica la ejecución del dictamen judicial, también le significó a Torres ser removido a otro puesto.
 
En su declaración del 26 de mayo, el oficial, actualmente en retiro, detalla lo siguiente:
 
“En el mes de marzo o abril, no recuerdo muy bien la fecha, llegó un dictamen judicial, el cual disponía el pago de remuneraciones no percibidas por personal civil que cumplía y cumplió funciones dentro de Carabineros, por lo cual fui citado por el general Whipple a su oficina, el cual me preguntó cuándo se haría efectivo dicho pago, para lo cual consulté al mayor [Nelson] Valenzuela, quien estaba a cargo de realizar los cálculos respectivos para dicho proceso, el cual me indicó que estaría en condiciones de ejecutarlo a fines del mes de mayo, eso fue lo que le informé al general Whipple”, afirmó Torres.
 
Y continúa detallando el enojo de Whipple por el atraso en el pago:
 
“Posteriormente, a una semana de que se cumpliera el plazo para realizar el pago respectivo, solicitándose la información faltante a los estamentos involucrados, determinándose como nueva fecha de pago el mes de junio. De lo anterior fui personalmente a poner en conocimiento al general Whipple, el cual se ofuscó y me llamó la atención, aduciendo que la primera información ya la había entregado a la jefatura superior, desconociendo los motivos de su reacción (...) el pago definitivo se realizó entre los meses de junio y julio de ese año. A posterior de esta situación me comentan que el general Whipple manifestó que me trasladaría del Departamento de Finanzas, por no haber dado el ancho como jefe de repartición, estamos hablando del mes de junio, es decir, no llevaba ni seis meses y ya sabía que sería trasladado”, reconoció Torres en su declaración.
 
El testimonio que apunta a la Dipres
 
Otro de los interrogados, el coronel Renato Sarabia, habla de los pagos a partir del artículo 6º y los describe como un proceso especialmente rápido, en el que involucra al funcionario de la Dipres Hugo Zúñiga, que ha declarado –tanto en la investigación penal, en condición de imputado, como en la comisión investigadora de la Cámara– que efectuaba “asesorías” en materia de presupuesto a algunas ramas de la Defensa, incluyendo Carabineros.
 
Esto fue lo que dijo el coronel Sarabia, el 26 de mayo:
 
“Respecto del artículo 6, esas platas para pagar: nunca existió un atraso entre Dipres e Intendencia de Carabineros para pagar. Es decir, salía el dictamen de la Corte, cuando salía la resolución, al par de días llegaban los dineros. Yo asumo que esto salía con esta celeridad por los honorarios pagados por Carabineros a Hugo Zúñiga. Con Hugo Zúñiga se trabajaba contra boletas de honorarios, los cheques eran por el total de la boleta”, aseguró Sarabia, que desde junio cumple prisión preventiva.
 
"Nunca vi a Hugo Zúñiga haciendo algún curso, o alguna acción laboral en Carabineros, él solo llegaba a cobrar sus honorarios", declaró Sarabia ante los fiscales Orellana y Macaya.
 
Versiones con whisky
 
La Fiscalía también incluyó en el expediente de la investigación un testimonio donde se menciona a Eduardo Gordon, pero sobre la base de una versión "de oídas", en que el mayor Diego Valdés Bustamante contó, con varios vasos de whisky en el cuerpo, que le había entregado un maletín con dinero al ex general director, por orden de Iván Whipple, en ese momento director de Finanzas de la institución.
 
Esto fue lo que dijo a los fiscales el 24 de abril, el mayor Fabián Cárdenas, también involucrado en el fraude, sobre la versión que escuchó de Bustamante durante una reunión social en el departamento de otro carabinero:
 
“En algún momento mi general Whipple me dio la misión de entregar personalmente un maletín a quien llamaba 'Lalito', que era el general director Eduardo Gordon, en cuyo interior, suponía, iban muchos millones en dinero efectivo, ya que se encontraba cerrado con llave, no teniendo oportunidad de abrirlo, debió seguir las instrucciones de subirse al vehículo fiscal del general director, quien lo recibió directamente de sus manos en el estacionamiento ubicado atrás de calle Alameda Libertador Bernardo O’Higgins nº 1196. Una vez entregado el maletín, a poco andar el vehículo –una cuadra– se bajó del vehículo sin el maletín. Cabe hacer presente que quien conducía era uno de los conductores asignados al citado general”.
 
Fuentes allegadas al proceso afirman que la Fiscalía investiga si hubo irregularidades en los pagos gestionados por el abogado Badilla a los funcionarios civiles que representó en esta serie de recursos de protección. En ese contexto, y también para dilucidar un eventual mal uso de gastos reservados, es que el Ministerio Público pidió levantar el secreto bancario de los generales que componen el alto mando de Carabineros. Sin embargo, la petición fue rechazada hace algunos días, con el argumento de que puede vulnerar garantías constitucionales.
 
Luego de enviar un cuestionario a Carabineros sobre los pagos derivados de esta “asimilación de grado”, la institución no se refirió al tema. Tampoco lo hizo el abogado Juan Badilla.
 

 

 

 

Fuente:  http://www.elmostrad...or-la-fiscalia/



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14 Septiembre 2017

 

 

 

Fraude en Carabineros: Fiscalía le hace la guerra a imputados y pide congelar $1.000 millones en desahucios

 

 

 

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El Minsiterio Público buscará resaltar la gravedad de los delitos que se le atribuyen a estos 20 imputados, quienes se arriesgan al pago de una multa de 1.000 UTM (más de $47 millones), aparte de las penas corporales de cárcel.

 

 

 

Este jueves la Fiscalía dio a conocer que pretenderá congelar los desahucios de los carabineros llamados a retiro por su presunta participación en el mayor fraude de la institución.

 
El Ministerio Público estimó en casi $1.000 millones el total de los desahucios que pidió congelar respecto de 20 imputados.
 
Entre ellos figuran aquellos que habrían pertenecido a la cúpula de la presunta organización criminal, como el general en retiro e imputado Flavio Echeverría, cuyo desahucio se estimó, según conoció este medio, en $98 millones.
 
Lo sigue el coronel dado de baja Jaime Paz, con algo más de $77 millones; y Héctor Nail con $60 milllones, informó Radio Biobio. 
 
Según relatan fuentes de la Fiscalía el objetivo de esta medida es evitar la disponibilidad del bien por los requeridos, argumento que fue rechazado en primera instancia por los tribunales de garantía y que ahora definirá la Corte de Apelaciones.
 
En dicha instancia, el Minsiterio Público buscará resaltar la gravedad de los delitos que se le atribuyen a estos 20 imputados, quienes se arriesgan al pago de una multa de 1.000 UTM (más de $47 millones), aparte de las penas corporales de cárcel.
 
 
 
 


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17 Septiembre 2017

 

 

Las horas clave del general Villalobos

 

 

 

La crisis en Carabineros ha terminado por desgastar a su general director y amenaza con desestabilizarlo en el breve plazo, ante su inminente citación a declarar -como imputado- en la causa del fiscal Eugenio Campos. Ya se habla de una renuncia anticipada de quien por estos días alista el nuevo Alto Mando.

 

 

 

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Hace tres meses, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, grabó el último video vía YouTube que fue difundido por las redes sociales a sus subalternos.

 

Desde que en marzo el caso conocido como “fraude en Carabineros” golpeó con fuerza a la institución, el alto oficial había optado por ocupar ese canal para comunicarse: mirando a la cámara y con un símbolo patrio detrás suyo, Villalobos calificó de “grupo de traidores” a los responsables de la mayor malversación de la historia y, con voz firme, alentó a su personal a seguir adelante para recuperar la confianza ciudadana que -según la encuesta CEP de mayo- cayó estrepitosamente en 17 puntos, de 54% a 37%, lo que llevó a la institución que encabeza -desde el 8 de septiembre de 2015- a dejar el lugar que por años tuvo como la mejor evaluada por los chilenos.

 

De esa voz fuerte poco queda. Cercanos al general director de Carabineros aseguran que la crisis que se ha acrecentado en los últimos meses lo ha desgastado y -peor aún- amenaza con desestabilizarlo en breve plazo por una nueva e inminente citación a declarar, esta vez como imputado en una de las aristas que tramita el Ministerio Público y de la cual ya se habría enterado el gobierno por el propio alto oficial -aseguraron a Reportajes fuentes de Palacio- y que se concretaría en las próximas semanas o a inicios de octubre.

 

Los últimos días han sido intensos en Zenteno 1196, recinto del centro de Santiago que alberga la oficina del general Villalobos. En paralelo a la conformación del Alto Mando 2018 -que debe entregar los primeros días de octubre a la Presidenta Michelle Bachelet a través del Ministerio del Interior-, el general director estaría diseñando también su salida anticipada de la institución, la que se podría concretar antes de que asuma el nuevo gobierno, en marzo próximo.

 

Desde el Ejecutivo niegan que él haya explicitado esta intención a La Moneda. De hecho, esas mismas fuentes siguen sosteniendo que el ex jefe de Inteligencia cuenta con el respaldo de la Mandataria y que desde el Ministerio del Interior se evalúa de forma positiva la manera en que ha logrado afrontar la mayor crisis de Carabineros de la última década, desatada por la más grande malversación de caudales públicos, que ya va en $ 25.772 millones.

 

Se espera que la propuesta de Villalobos a La Moneda implique el llamado a retiro de entre 15 y 20 integrantes del Alto Mando, integrado por 41 generales, desde donde podría salir también su sucesor.

 

Pese a todo, es comentario obligado, en diversas instituciones ligadas a las policías, el que Villalobos podría dejar su cargo antes de los cuatro años que dura su designación, el que expira en septiembre de 2019. Así lo aseguraban hace algunas semanas generales de su confianza, con un pesimismo que, sin embargo, se ha ido diluyendo y que ha sido reemplazado por la esperanza de que Villalobos complete su período y logre terminar el plan de modernización que quedó trunco con el estallido del caso.

 

Ante una salida anticipada de Villalobos, en el Alto Mando algunos ya aventuran quiénes aparecen como eventuales sucesores en Carabineros. Sea quien sea, dicen sus pares, deberá contar con la venia de la próxima administración.

El mayor recambio 


La última vez que hubo un cambio sustantivo de generación en las altas esferas de la institución uniformada fue en 2011. Esa vez, tras un reportaje de Ciper que denunció la adulteración de un parte policial de un accidente en que se vio involucrado el hijo mayor del general director de ese entonces, Eduardo Gordon, este último dimitió y su sucesor, Gustavo González Jure, propuso para el Alto Mando 2012 la salida de 13 generales.


Se espera que este año Villalobos materialice un retiro masivo que podría involucrar a entre 15 y 20 de los 41 generales que integran el Alto Mando (38 de ellos constituyen el Escalafón de Orden y Seguridad). De allí saldrá su sucesor si se concreta su salida.

 

Quienes apuestan por la renuncia anticipada de Villalobos sostienen que el general director se ha preocupado de que el Alto Mando 2018 sea “a prueba de balas”. Es decir, debe lograr que ningún alto oficial que tenga algún vínculo con las dos causas que involucran a Carabineros -la millonaria malversación y el supuesto mal uso de gastos reservados- quede en la nueva conformación para alejar a los mandos de los cuestionamientos, interrogatorios y eventuales -incluso- formalizaciones y condenas ante tribunales. En esa línea, Villalobos ya comprometió al ministro del Interior, Mario Fernández, que realizaría un estudio exhaustivo de las hojas de vida de los próximos ascensos, consciente de que no puede equivocarse ni generar un nuevo contratiempo al gobierno.

 

Por eso es que es casi un hecho la salida del general Jorge Serrano, actual jefe de la Dirección de Gestión de Personas. El oficial fue el primer general activo citado a declarar en calidad de imputado en el caso. Poco antes de ser citado a declarar por el fiscal Eugenio Campos, fue removido en la reestructuración que se hizo en junio de 2017 “posfraude en Carabineros”. Serrano ocupaba un cargo de enlace entre Villalobos y el subdirector de Carabineros, Marcos Tello, en la secretaría general y después fue enviado para hacerse cargo de la unidad de Personal.

 

Serrano es investigado, al igual que el general director ® Eduardo Gordon, por una extraña restitución de $ 21 millones que hizo -desde su bolsillo, pidiendo un crédito particular- a fondos de “gastos de representación” que fueron cuestionados por la Contraloría en 2011 y que sólo se destapó a propósito de diligencias de la “causa madre” denominada “fraude en Carabineros”.

 

En el nuevo diseño de Alto Mando Serrano no tendría cabida. Tampoco permanecería la antigüedad 23 del escalafón, el general Manuel Letelier, contra quien la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda reportó ingresos por más de $ 500 millones que no tienen justificación.

 

Al interior del Ministerio Público se observa con atención cuáles serán los cambios que propondrá el número uno de Carabineros y si se tomarán en cuenta las indagatorias abiertas contra la institución.
Hay otros miembros del escalafón de Orden y Seguridad que han declarado, de forma reservada, en la misma calidad: exhortados a decir la verdad o con el derecho a guardar silencio.

 

 

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Uno de ellos fue el general inspector Gonzalo Blu Rodríguez, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. Reconocido como uno de los hombres del círculo de hierro de Villalobos, el alto oficial también podría dejar el Alto Mando, pese a que antes de que estallara el caso del fraude se perfilaba como uno de los hombres fuertes de la institución. Además, sostienen fuentes policiales, habría estado aquejado en los últimos meses por problemas de salud, lo que reforzaría su inminente salida.

La fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas, ha realizado varias pesquisas en la arista en que se indagan eventuales delitos por el mal uso de gastos reservados que denunció el supuesto líder de la “mafia de la Intendencia de Carabineros”, general ® Flavio Echeverría.

 

En esta causa se busca esclarecer la veracidad de lo denunciado por los principales formalizados del caso “fraude” respecto de que en el ítem gastos reservados se repartían “sobresueldos” entre oficiales, en los que aparecen mencionados Villalobos y también civiles, como la ex subsecretaria de Carabineros Javiera Blanco.


En esta investigación ha declarado también como imputado el general Fernando Riveros, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, quien -antes de la reestructuración de junio- era el director nacional de Logística. Otro miembro del escalafón de Orden y Seguridad 2017 que renunció en enero de este año, “por una situación familiar”, y que ha debido ir a la Fiscalía Centro Norte, aunque lo hizo en calidad de testigo, fue el general ® Rodney Weber, jefe de la Zona Santiago Oeste.

 

A esta causa se anexó hace pocas semanas un informe en derecho realizado por el ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Juan Ignacio Piña, en el que se señala que existiría malversación de caudales públicos en la medida en que la fiscalía acredite que los funcionarios de Carabineros -o civiles- recibieron dineros del ítem “gastos reservados” y los usaron para fines personales. El documento sería negativo para la institución, pues descartaría lo que en derecho se denomina “error de prohibición”, que se configura cuando una persona desconoce la ilegalidad de su conducta, lo que en el caso de los funcionarios públicos como carabineros -según ese informe-, estaría descartado.

 

En los movimientos que realice Villalobos será clave a quiénes designe como las cinco primeras antigüedades. De esos generales inspectores -que visten uniforme verde olivo con tres estrellas doradas en su hombro- saldrá el nuevo general director en el caso de que Villalobos renuncie anticipadamente.

 

Como hasta el momento los sondeos dan por vencedor de la próxima elección presidencial a Sebastián Piñera, desde su comando observan atentos las piezas que se están moviendo en Carabineros, en especial las últimas señales que ha dado el director general.

 

En el comando del ex presidente también tomaron nota de la audiencia que el pasado jueves 7 Villalobos concedió al candidato presidencial del oficialismo, Alejandro Guillier, en medio de las acusaciones por copy paste en sus asesorías parlamentarias.

Guillier -quien fue a presentar su propuesta de seguridad- enfrentó las acusaciones en una puesta en escena en que a sus espaldas estaba el logo de Carabineros.

 

Para el entorno del ex mandatario, el general director -a quien además consideran cercano a Bachelet- habría traspasado límites básicos de prudencia al inmiscuirse en la carrera a La Moneda.

 

El dolor de cabeza “del uno”


Dejar ordenado el panorama interno de la institución y una sólida defensa de su nombre. Eso es lo que Villalobos prometió en una de las reuniones que ha sostenido con autoridades de La Moneda. Pese a que aún formalmente no se ha cursado la citación para ser interrogado en la denominada arista “obstrucción a la investigación”, el alto oficial ya ha conversado con personeros de Interior de este inminente interrogatorio que -dijo- se concretaría a fines de septiembre.

 

En ese sentido, dicen fuentes de gobierno, el general director aseguró que ha preparado una sólida defensa de los actos que desarrolló cuando fue jefe de Inteligencia, hasta 2011. Por esa época, un informe de la UAF reportó a la Fiscalía Centro Norte irregularidades en las cuentas de uno de los miembros de la institución, sin embargo, un contrainforme realizado por Flavio Echeverría -y visado por un oficial de Dipolcar- descartó anomalías y sirvió para que el fiscal José Morales archivara el caso, bloqueando en esa época el descubrimiento del megafraude. Esta indagatoria, que también está a cargo del fiscal Campos y su equipo, es denominada “obstrucción a la investigación”.

 

Desde el Ejecutivo dicen que la citación a declarar de Villalobos como imputado es “una situación incómoda” y “compleja”, pero en ningún caso decidora para -por ejemplo- pedirle que dé un paso al costado. En La Moneda aseguran que un acto como ese constituye sólo una diligencia, por lo que ese tipo de interrogatorios no es “estándar” para una pérdida de confianza en su mando. Otras fuentes de Carabineros consideran improbable que Villalobos declare como imputado.

 

La decisión de que Villalobos sea interrogado en esa arista se tomó luego de que uno de los investigados de la mafia del escalafón de Intendencia, Diego Valdés, prestara testimonio judicial anticipado. En esa instancia, Valdés sostuvo que Villalobos, como director de la Dipolcar en esos años, tuvo “pleno conocimiento” de lo que estaba pasando tanto en Finanzas como el visto bueno que se le dio al informe que confeccionó Flavio Echeverría, en que descartó irregularidades en las cuentas bancarias de Carabineros y determinó el archivo de una causa que investigó la Fiscalía Centro Norte.

 

Uno de los favoritos para asumir la Dirección General de Carabineros es Víctor Herrera Pintor, quinta antigüedad y director nacional de Orden y Seguridad, uno de los cargos operativos más relevantes de la institución.

 

Pese a que el testimonio de Valdés tiene varias inconsistencias comprobables -por ejemplo, equivoca fechas-, ese oficial fue también uno de los primeros en mencionar a la ex oficial subalterna de Dipolcar Silvia Marisio, quien fue dada de baja a mediados de agosto y será formalizada el 16 de octubre por haber recibido en su cuenta $ 80 millones de su ex pareja y padre de uno de sus hijos, el integrante de la cúpula de “la mafia” Nelson Valenzuela.

 

La comandante Silvia Marisio fue hasta el 24 de agosto la segunda jefa de la Central de Comunicaciones de Carabineros.

 

Todos los nombres del general


Al interior de Carabineros, en las unidades operativas que trabajan en la causa del “fraude”, se sostiene que, en caso de que Villalobos decida no seguir, sería una buena señal nombrar como general director a Álvaro Altamirano, de la Dirección de Control de Drogas, número 15 en el escalafón. El rol que ha jugado el OS-7 de Carabineros en la investigación del fraude ha dado notoriedad a este oficial, aunque algunos sostienen que es muy joven para liderar la institución.

 

Otro de los nombres que se mencionan para suceder a Villalobos es el de Víctor Herrera Pintor. Hoy es la quinta antigüedad y es director nacional de Orden y Seguridad, uno de los cargos operativos más relevantes, ya que es el responsable de los carabineros que andan en la calle.

 

Sin embargo, Herrera Pintor cuenta con un hecho que podría traerle problemas y que se produjo hace sólo un mes. El 1 de agosto, el diputado PC Hugo Gutiérrez se querelló en su contra -y del retirado general director Eduardo Gordon- por su responsabilidad en el supuesto homicidio por omisión de dos aspirantes de Carabineros ocurrido hace seis años en un recinto de entrenamiento en Curacaví, luego de que sufrieran “un golpe de calor”. Herrera Pintor en esa época era director de la Escuela de Oficiales.

 

Este es el nombre que más simpatía genera al interior del piñerismo. De hecho, cercanos al ex presidente han señalado que de concretarse una salida de Villalobos sería importante -como gesto- dejar a un subrogante en Carabineros y entregar la decisión de nombrar a un general director a la próxima administración.

 

Otros oficiales, sostienen fuentes institucionales, han levantado el nombre de Hermes Soto Isla, décima antigüedad del Alto Mando, jefe de la VIII Zona Bíobío, quien tendría alto apoyo interno. Otros nombres que se han mencionado son Fernando Vera, de El Maule, y Hugo Inzulza, de Fronteras. Ahora, para hacer un cambio radical en el Alto Mando será importante ver qué coroneles tienen votación suficiente para ascender a general. El requisito para integrar las altas esferas institucionales es llevar al menos 30 años de servicio.


Hace un año, Villalobos hacía noticia. Convertido en un incipiente “youtuber”, había mandado un duro mensaje a través de esa red social. Ante cuestionamientos al sistema de pensiones de la policía uniformada, derivada del caso “jubilazos” en Gendarmería, el general había grabado asegurando a sus carabineros que sería el primero en defender su sistema de retiro, radicado en Dipreca.

 

De ese perfil de general duro poco queda. En su último video, hace 101 días, les habló a los “carabineros honestos”, a quienes les aseguró que seguirían investigando “¡hasta atraparlos a todos!”.

 

 

Fuente:  http://www.latercera...ral-villalobos/

 
 






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